Policía Federal balea a maestros en la zona de Nochixtlán, Oaxaca. Continúa la represión

Continúa la represión de la Policía Federal enviada por el gobierno federal para reprimir y detener a los maestros oaxaqueños que resisten en la zona de Nochixtlán. Hay una persona muerta, cientos de heridos y detenidos.

Llegaron lanzando gas lacrimógeno, y hasta comenzaron a disparar a los maestros y padres de familia, quienes están defendiendo en la zona para no permitir la imposición de la mal llamada reforma educativa.

Hubo un deceso durante la represión al magisterio, una persona de nombre Óscar, fue alcanzado por una bala, tratando de detener la sangre sus propios compañeros con pañoletas y trapos que traían consigo no alcanzaron a salvarle la vida.

En estos momentos en el hospital general del poblado no permiten la atención médica por órden directa del gobierno federal, y sólo atienden a los federales heridos. Por lo cual los maestros que se encuentran heridos o de gravedad están siendo atendidos en la iglesia, pero los policías están sacando a los heridos a la fuerza y continúan disparando con arma de fuego.

Con información de El Pueblo, Medio Independiente

Comunicado de organización de pueblos y comunidades mexiquenses contra las detenciones arbitrarias a maestros

Comunicado

16 de junio de 2016

Las comunidades y organizaciones que conformamos el Fuego de la Digna Resistencia condenamos enérgicamente la detención de los compañeros miembros de la CNTE, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, detenidos el pasado fin de semana.

Una vez más se pone en evidencia el totalitarismo con que actúa el gobierno mexicano, ya que castiga a los que disienten y se organizan para defender sus derechos. Por otro lado, los corruptos, los narcotraficantes y los asesinos represores gozan de plena impunidad y hasta son premiados con puestos gubernamentales o concesiones a sus empresas.

El único delito de los profesores detenidos es defender la educación pública y gratuita, y tuvieron que inventarles delitos de lavado de dinero y robo de libros. 

Lo que han hecho en realidad los dirigentes magisteriales, de manera totalmente legal y sin utilizar cuentas propias, son convenios para apoyar económicamente a las escuelas de las zonas marginadas de Oaxaca que el gobierno mantiene en condiciones paupérrimas.

Pero eso sí, se le dan más concesiones a OHL, a Grupo Higa y otras muchas empresas que despojan a los pueblos de sus tierras, su agua y su identidad.

Y ustedes, los gentleman despachadores de las grandes empresas, los del gobierno de la corrupción, los captadores de honorarios de sus majestades multinacionales; ustedes, los de las desapariciones, de los asesinatos extrajudiciales, los del despojo, reciben más casas blancas, más financiamiento a sus campañas, y más puestos políticos y desvíos de dinero público para sus familiares y sus incondicionales.

Por todo lo antes expuesto lucharemos codo a codo con el magisterio por la libertad de los presos políticos y por una educación del pueblo y para el pueblo. 

A pesar de las campañas de desprestigio contra los profesores críticos y conscientes, lo que han logrado es aumentar la inconformidad y la solidaridad de las comunidades y de la sociedad civil.

¡¡Exigimos la libertad inmediata de Rubén Núñez Ginez, Francisco Villalobos Ricárdez y todos los presos políticos y de consciencia!!

¡¡Alto a la criminalización de la protesta social!!

¡¡No más represión y despojo contra el pueblo!!

Fuego de la Digna Resistencia:

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra – Atenco, Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec A. C., Alianza Única del Valle, Apaxco Comunidades por la Vida, Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, Delegación Indígena Otomí San Francisco Magú, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Francisco Xochicuautla, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Huitzizilapan, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra Santa Cruz Ayotuxco, Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales A. C., Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa – CNTE, Sistema de Agua Potable de Tecámac A. C., Temascalapa, Vecinos Unidos del Poniente.

La PGR niega fines políticos en detención de líderes de la CNTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la detención de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Procuraduría General de la República (PGR) no actuó de manera política, aseguró la titular Arely Gómez González.

Explicó que la PGR actuó dentro del marco jurídico porque había una denuncia contra ellos por presuntamente usar recursos que tenían otros fines estipulados.

Aclaró: “Actuamos con absoluta responsabilidad. Cuando tenemos integrada una averiguación y sabemos que ya estamos en posibilidad de presentarla ante el juez y después tener una resolución favorable, lo presentamos. La Procuraduría no actúa de manera política. La Procuraduría actúa de manera jurídica”.

En entrevista con la prensa al término de la declaratoria de inicio de operaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Delitos del Orden Federal, Arely Gómez descartó cualquier sesgo político.


El pasado domingo 12, la PGR dio a conocer la detención de Rubén Núñez, secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales ascienden a 24 millones de pesos.

Mediante un comunicado, argumentó que de acuerdo con los resultados de la investigación, las empresas transferían al líder sindical y otros integrantes de la organización gremial, los montos de la comisión ilegalmente pactada con la Sección 22 (3.5%) y éstos a su vez distraían esos recursos mediante cheques o transferencias, para beneficio propio y para financiar las movilizaciones magisteriales, informó Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo (Scrppa).

“Se trata de una estrategia de estratificación y concentración de recursos, tanto por parte de las empresas involucradas, como de la organización sindical, para evadir los controles de blanqueo de activos que establece la ley de la materia, con el claro fin de impedir el conocimiento de tales cuentas y recursos así como el origen, propietarios y destino final de las mismas”, señaló.

En suma, “el aprehendido, con conocimiento de su procedencia ilícita, adquirió, administró y aprovechó recursos económicos provenientes de adquisiciones y servicios erogados por sus propios agremiados, al amparo de convenios ilícitos, en beneficio propio y para el uso de sus actividades de movilización, utilizando las cuentas de la Sección XXII del SNTE”.

La ley prohíbe que la Sección XXII suscriba ese tipo de convenios, dado el carácter eminentemente lucrativo, de conformidad con los artículos 378 de la Ley Federal del Trabajo y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prohíben a los sindicatos ejercer la función o profesión de comerciantes, con ánimo o fines de lucro.

De acuerdo con la ley, los sindicatos gozan de un régimen tributario de excepción, precisamente por el impedimento legal para realizar actividades lucrativas. Por tanto, solo pueden recibir recursos que provengan de una fuente lícita. Lo que, según la autoridad, en el caso se transgredió.

Por su parte, el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) Renato Sales Heredia afirmó que no permitirán que integrantes de la Coordinadora bloqueen carreteras durante sus manifestaciones en protesta por la detención de varios de los dirigentes magisteriales.

Prisión preventiva, la excepción

A ocho meses de que la Procuraduría General de la República (PGR) inició la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se han dictado 10 sentencias condenatorias de 12 juicios orales, así como 718 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados.

“Hoy, la prisión preventiva es la excepción, no la regla. Más de mil medidas cautelares han sido determinadas, evitando que igual número de personas vayan a prisión”, aseguró Arely Gómez González.

Durante el acto de declaratoria de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel federal, la procuradora sostuvo que en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías, Gómez González, hay 609 resoluciones mediante la determinación de la suspensión condicional del proceso.

Es decir, abundó, se propicia que el acusado presente una opción para reparar el daño a la víctima y se resuelva el proceso, comprometiéndose a cumplir con las restricciones impuestas por el juez.

También destacó que confía en que, durante el actual periodo extraordinario del Congreso de la Unión, se avanzará en la aprobación de la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley Nacional de Ejecución de Penas, la miscelánea penal y las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Arely Gómez insistió en que la armonización de los criterios de actuación de las autoridades federales en la implementación del sistema continúa, al igual que la adopción de mejores prácticas en las entidades federativas donde previamente ya operaba el proceso penal acusatorio.

Asimismo, acotó que a partir del 18 de junio inicia la etapa de consolidación, la cual obligará a hacer un ejercicio de autocrítica respecto de la actuación de los servidores públicos en el procedimiento penal.

Por ello, agregó, “se requiere que las instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia fomenten la correcta observancia de los protocolos nacionales de actuación, la capacitación y profesionalización permanente de nuestros servidores públicos”.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: PATRICIA DÁVILA
LINK: http://www.proceso.com.mx/444020/la-pgr-niega-fines-politicos-en-detencion-lideres-la-cnte

Aplica Nuño “pedagogía del garrote”: Hernández Navarro

"Hay una cerrazón absoluta del gobierno federal a negociar", lamentó.

Tras la detención de dos líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a quienes se les acusa de lavado de dinero y robo, el periodista y coordinador de la sección Opinión del diario La Jornada, Luis Hernández Navarro, señaló que a uno de ellos, Francisco Villalobos , se le acusa de robo de libros de texto en “una demanda que pone el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no las autoridades de Educación Pública, en septiembre de 2014, y que se ejecuta el 11 de junio, ha pasado más de un año. Se le acusa de haber robado mil cajas de libros de texto, cada caja tiene 40-50 libros, dependiendo del grosor”.

En entrevista para Aristegui CNN, expuso que a Villalobos “lo están acusando de 50 mil libros robados, es una locura. ¿Dónde caben 50 mil libros?, y la historia tiene un contexto que es necesario precisar. En Oaxaca, el ex gobernador Ulises Ruiz, junto con ex lideresa Elba Esther Gordillo, promovieron la formación de una sección disidente, la Sección 59, formado por esquiroles, eso lo dice la Sección 22”.

“Aunque formalmente ese pequeño grupo de la Sección 59 no tenía reconocimiento, por debajo del agua el IEPO, equivalente a la secretaría de Educación de Oaxaca, les proporcionaba a ellos uniformes, desayunos escolares, zapatos, becas, libros de texto, que no les correspondían”, indicó.

Detalló que “la Sección 22 tomó el acuerdo de que no iban a permitir que ese material fuera distribuido por la Sección 59, y fueron haciendo labores de investigación donde estaban, sacando lo uno, sacando lo otro”.

“En ninguna de estas actividades participó Francisco Villalobos, sin embargo lo acusan de eso, y lo meten a la cárcel un año y pico después con una demanda, que insisto, no presentaron las autoridades educativas, sino el sindicato”, insistió.

Sobre la detención del secretario General de la sección 22, Rubén Núñez “es diferente, a él lo están acusando de lavado de dinero, de recursos de procedencia ilícita. Lo primero que hay que decir es que se trata de una acusación muy poco original. Porque de eso acusaron también a Elba Esther Gordillo, cuando la metieron a la cárcel, parece que no tenían demasiada imaginación”.

“Lo están acusando (a Núñez) de (operaciones ilícitas por) 24 millones de pesos… de dónde viene el dinero, esa es la pregunta. Y es muy sencillo explicarlo… cuando hace casi un año se decidió por parte de la secretaría de Educación Pública dar el golpe en contra del IEPO, se congelaron no solamente las cuentas del SNTE, sino también las cuentas personales de los dirigentes, ilegalmente. Entonces la Asamblea Estatal acordó hacer un fondo extraordinario para apoyar las actividades sindicales con dinero de los maestros… si en Oaxaca hay 80 mil maestros, ponle 60 mil que estén dispuestos a cotizar, y cotizan treinta pesos al mes, estamos hablando de que ahí hay más de 60 millones de pesos”, expuso sobre las cuentas de la sección 22.

“Hay diez cuentas que el gobierno intervino ilegalmente, son fondos (de los maestros)”, puntualizó.

El periodista refirió que los dos dirigentes detenidos el fin de semana “son dos dirigentes más que han sido detenidos , van ocho dirigentes oaxaqueños que están en penales de alta seguridad. Han sido asesinados tres maestros por la violencia policíaca, dos en Guerrero y uno en Chiapas. Han sido amenazados con el despido, despedidos más de cinco mil maestros, y han sido golpeados muchos más”.

“Hay por parte de Aurelio Nuño (secretario de Educación Pública) una pedagogía del garrote, que quiere hacer que una reforma que no ha sido aceptada por los maestros, entre por medio de la fuerza. No va a entrar”, sentenció.

Se piensa que deteniendo a dos dirigentes se va a descabezar el movimiento magisterial, pero “no se entiende que la coordinadora… es un movimiento de bases, no de líderes, que a lo largo de su historia ha venido recambiando a sus dirigentes, y esos dirigentes en su gran mayoría regresan a sus centros de trabajo. De tal manera que esta detención lejos de descabezar el movimiento, lo que va a hacer es fortalecer la rabia y el coraje”, sostuvo.

Precisó que en Oaxaca, los maestros tienen una dirección política muy amplia, por lo que hay “capacidad de conducción del movimiento”.


Recordó que los maestros están pidiendo “la libertad de sus presos, pero también que las autoridades se sienten a dialogar con ellos. Ha pasado un año de que se realizó el último proceso de negociación. Hay una cerrazón absoluta del gobierno federal a negociar… ellos (los maestros) señalan que necesitan una mesa para discutir la transformación de la educación en México. Ellos son una fuerte legítima, de bases, legal, que tiene que ser considerada desde el punto de vista para reformar la educación”.

Añadió que los maestros de la CNTE no están en contra de la evaluación, sino que no aceptan una evaluación que se reduce a la medición mediante exámenes estandarizados de opción múltiple y que mide de la misma manera a un maestro que trabaja en la Montaña de Guerrero, en condiciones muy difíciles, con uno que trabaja en una zona urbana como la Ciudad de México.

“Dicen sí a la evaluación pero la evaluación tiene que ser diferente. Y esa evaluación no puede condicionar derechos que ya tenemos ganados desde el punto de vista constitucional”, señaló.

Respecto a la reforma educativa, aseveró que es “básicamente laboral y administrativa” y consideró que el proyecto del gobierno federal “no tiene contenidos pedagógicos”.

Lo que esperaría, adelantó, es una radicalización del movimiento por la actuación del gobierno federal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/1406/mexico/aplicanunopedagogiadelgarrote-hernandez-navarro-en-cnn/

Atenco con la CNTE: Maestra, maestro: No están solos

MAESTRA, MAESTRO: NO ESTÁN SOLOS 

Una vez más el Estado criminal de México insiste en profundizar la impunidad, arremetiendo contra los maestros dignos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que ejercen el pleno derecho de movilizarse y exigir dialogo ante una de las Reformas más sinvergüenzas como la Reforma Educativa que los propios maestros traducen como un despojo de su materia laboral y una embestida contra la educación pública.

El vil secuestro que han perpetrado para encarcelar en un penal de máxima seguridad al compañero secretario de la sección 22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretario de organización, es repudiable e inaceptable, y vuelve a mostrar no sólo la falta de capacidad de dialogo de la mafia que gobierna en México sino también la embestida abierta contra los sectores que nos oponemos de manera organizada a la política dictatorial con la que han impuesto reformas ilegales y violatorias, y leyes que condenan al retroceso los derechos humanos de los mexicanos y sobre todo, de los mexicanos que ejercen el derecho a luchar, a protestar, a disentir.

Todos somos testigos de la valentía y dignidad de nuestros queridos maestros que a lo largo y ancho del país se han movilizado para exigir la abrogación de la «Reforma Educativa» y la instalación de un espacio de dialogo para discutir de manera pública los argumentos y razones que bien podrían demostrar los agravios que hay detrás de dicha Reforma y el problema integral de la educación que han ido heredando las políticas mercantilistas de los últimos sexenios.  Pero también somos testigos de cómo estos esfuerzos de los maestros, totalmente legítimos, una y otra vez han sido objeto de represión, calumnias y el más bajo linchamiento mediático, y que ya han dejado un saldo de maestros torturados, golpeados, encarcelados y hasta en deceso.

Quizás nadie como los maestros en los últimos años se ha movilizado, desplegado y resistido en las calles para manifestar la oposición en la que muchos nos vemos representados frente al puñado de mafiosos que todos los días hunden a la patria. Quizás nadie como ellos, se han mantenido en resistencia contra la bestia neoliberal desde que ésta se impuso en México. Quizás nadie como ellos en este momento nos alientan para fortalecer nuestras trincheras en el campo y en la ciudad, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las colonias y cada rincón de esta patria a la que por momentos le han hecho creer que no hay razones para levantar la voz.

La batalla histórica que han dado los jornaleros de la educación, desde los ochentas hasta estos tiempos, ha sido un referente de moral para nosotros y lo mínimo que podríamos hacer en estos momentos difíciles, es respaldarlos y sumarnos junto a ellas y ellos.

Urge detener la embestida dictatorial del PRI y su Enrique Peña Nieto, urge liberar a los maestros, urge reconstruir la justicia, la libertad y la dignidad que le arrebatan a nuestra patria.

Desde la orilla del agua, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, nos sumamos al llamado de los maestros, porque así como amamos a nuestra madre tierra, amamos y reconocemos a quienes nos siguen enseñando desde el aula, y hoy, en la lucha, a seguir abriendo surcos de dignidad en la historia: MAESTRA, MAESTRO, NO ESTÁN SOLOS.

¡LIBERTAD AL PROFESOR RUBEN NUÑEZ GINÉS!
¡LIBERTAD A FRANCISCO VILLALOBOS RICARDEZ!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS!
¡QUE RENUNCIE AURELIO NUÑO!
¡MESA DE DIALOGO, YA!

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

FUENTE: CENTRO DE MEDIOS LIBRES
AUTOR: FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA
LINK: https://www.centrodemedioslibres.org/2016/06/12/atenco-con-la-cnte-maestra-maestro-no-estan-solos/

CNTE exige a PGR liberar a líderes presos

Ciudad de México. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifiestan en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir la liberación de líderes de la sección 22 de Oaxaca detenidos este fin de semana y a quienes el magisterio disidente considera “presos políticos y de conciencia”.

Desde las primeras horas de esta mañana decenas de profesores comenzaron a movilizarse poco a poco y en pequeños grupos desde el plantón que mantienen en la Plaza de la Ciudadela, ello con el fin de evitar que las autoridades policiacas se percataran de que su destino era la PGR.

No obstante de ello la sede de la dependencia se encuentra custodiada por decenas de elementos de la policía capitalina.

Los profesores realizan un mitin en el exterior de las instalaciones de PGR en el que señalaron que en lo que va de este sexenio son 14 “los presos políticos” de la CNTE. Recordaron que a lo largo de la semana continuarán realizando diversas acciones para exigir la liberación de sus compañeros Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretario general y de organización de la sección 22 en Oaxaca; así como para exigir con su exigencia de instalar una mesa de negociación con el gobierno federal donde presentarían su oposición a la reforma educativa.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: EMIR OLIVARES
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/13/maestros-de-cnte-se-manifiestan-ante-pgr

Acusan de robo y pandillerismo a detenidos por saqueo en Palenque

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis, (apro).- Derivado de los hechos violentos registrados el pasado martes en la ciudad de Palenque, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado informó que las 43 personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público investigador en Tuxtla Gutiérrez, acusadas de robo con violencia agravado y pandillerismo.

La dependencia estatal agregó que en atención a la denuncia formal presentada por el corporativo Coppel, se continúa con las investigaciones por los actos vandálicos perpetrados en el marco de una manifestación encabezada por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del sector Salud, quienes se manifestaban contra la reforma educativa.

De acuerdo con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Distrito Selva con sede en Palenque, la mañana del martes pasado se registró una marcha a la que se sumaron alrededor de 200 agremiados de la Organización Movimiento Campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (MOCRI CNPA-MN), quienes se encontraban encapuchados, cubiertos del rostro con paliacates y armados con palos y machetes, portando lonas distintivas de dicha organización.

En la carpeta de investigación, iniciada por la Fiscalía de Distrito Selva, se señala que alrededor de las 14:00 horas el grupo de manifestantes arribó a la Presidencia Municipal de Palenque donde sustrajeron equipos de cómputo, papelería y mobiliario, mismos que incendiaron a las afueras del inmueble.

Más adelante, prendieron fuego a una patrulla de la Policía Municipal e ingresaron de forma violenta a la sucursal de la tienda Coppel, donde se apoderaron de artículos diversos.

Es importante señalar que, a partir de estos hechos, a través de las redes sociales circularon imágenes del momento justo en el que los ahora detenidos robaban pantallas de televisión, estufas, colchones y hasta refrigeradores.

Por su parte, la Dirección General de Servicios Periciales de la PGJ local lleva a cabo el avalúo de los daños ocasionados en ambos inmuebles, con el objetivo de cuantificar el detrimento patrimonial de la empresa.

Cabe recordar que, al ser detenidos en flagrancia, a los imputados les fueron asegurados diversos artículos electrónicos, electrodomésticos, ropa y calzado, en el momento que estaban siendo sustraídos de la tienda Coppel.

Hasta 10 años de prisión

Ante estos hechos, la Procuraduría estatal informó que en las próximas horas se realizará la judicialización de la carpeta de investigación ante el Juez de Control para determinar la legal detención de los imputados y se solicitará su vinculación a proceso por los delitos de robo con violencia agravado y pandillerismo.

En virtud de ser delitos considerados graves, se solicitará la prisión preventiva contra los detenidos, quienes podrían alcanzar una pena de 10 años de prisión.

Los detenidos son: Pedro Méndez Arcos, Gerardo Chagala Sánchez, Enrique Camas Montejo, Víctor Manuel Gutiérrez Cabrera, Jorge Ricardo López Ballinas, Luis Manuel Melchor López, Miguel Méndez Díaz, Miguel Eleazar Álvaro López, Guillermo Jiménez López y Francisco Munguía Meza.

Asimismo, Jorge Méndez Álvaro, Mariano Gómez Álvarez, Carlos Humberto Ramírez Pérez, Candelario Correa Chan, Pablo Gonzalo Alcudia Vázquez, Nicolás Leonel Hernández de la Cruz, José Ricardo Gutiérrez Cabrera, José Ignacio Vidal Magaña, Martha Alicia Liat Chin, Delia Maritza López López y Aurelia Jiménez López.

También, Guadalupe Cruz Morales, María Consuelo Cruz Saraos, Maricela Rodríguez Hernández, Juana Vázquez Pérez, Valeria Moreno Vázquez, Amalia Díaz Arcos, Saúl Aguilar Rosas, Pascual Sánchez Montejo, José Luis Díaz Pérez, José Armando Ramírez Pérez y Adriel Antonio Gutiérrez Cabrera.

Así como, Pedro Zetina Mazariego, Raúl Zenteno Hernández, José Antonio Avendaño López, Moisés Antonio Ramírez Vidal, Alonso Velázquez Díaz, Miguel Ángel Arcos Martínez, Sebastián Sánchez Gómez, Josué Abraham Méndez, Gerardo Díaz Chable, Saturnino Ricardo Gómez Gómez y Juan Carlos Reyes Cruz.

Actualmente se realizan patrullajes preventivos coordinados por la Fiscalía de Distrito Selva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y el Mando Único Policial.

MOCRI se deslinda

Por su parte, el Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI CNPA MN) dijo que el pasado martes participaron en las acciones acordadas previamente junto con padres de familia, organizaciones sociales y magisterio de difusión y propaganda con el fin de echar abajo la reforma educativa y exigir un alto a la represión y a la criminalización de la protesta.

Afirmó que el MOCRI CNPA MN mantuvo acciones de solidaridad en San Cristóbal de las Casas, Palenque, La Trinitaria y Frontera Comalapa, en los dos primeros lugares en función de lo acordado hicieron presencia en los centros comerciales como previamente se había planeado.

Sin embargo, desde las primeras horas de la movilización en algunos medios regionales de Palenque se mencionó que esa organización mantenía una actitud agresiva y que se habían quemado llantas.

“En ese desde el principio nos deslindamos de tales altos, el MOCRI CNPA MN no promocionó ni participó en estos actos pues no son las prácticas de nuestra organización, posteriormente al darse los altercados nuestro contingente decidió replegarse pues un acuerdo central es no caer en provocaciones ni hacer desmanes”, dijo la organización en una misiva.

Indicaron que ellos no participaron en ningún acto vandálico: “nosotros acudimos junto con el sector salud, padres de familia y magisterio, quienes son testigos de lo acontecido, para expresar nuestro repudio a la reforma educativa que no es más que una reforma laboral la cual lacera al gremio magisterial y golpea de muerte a la escasa educación pública hiriendo así a nuestro pueblo.

“Estamos convencidos que lo que busca el gobierno de Chiapas es desarticular al sindicato más fuerte y democrático representado por la CNTE. Por lo anterior nos deslindamos rotundamente de los actos vandálicos que medios de comunicación han difundido e informamos que ninguno de los supuestos detenidos son miembros de nuestra organización”, dice la carta.

“Denunciamos esta práctica tan ruin que tiene el gobierno federal y el del estado, donde infiltra al movimiento social para desprestigiar la lucha popular, pero sobre todo para crear cortinas de humo y generar confusión entre la ciudadanía. Repudiamos el uso de grupos porriles, de choque y paramilitares que los gobiernos en turno usan para agredir a los pueblos que se organización y luchan por sus derechos”, concluye la misiva de los campesinos.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO
LINK: http://www.proceso.com.mx/443501/443501

Encarcelan a representantes de Coyotepec por la defensa del agua

Vecinos de Coyotepec denunciaron que el presidente municipal, Pedro Luna, trata de "municipalizar" el agua para la “Ciudad Bicentenario”, con la intención de construir un centro comercial de grandes dimensiones. El pasado 26 de mayo decenas de granaderos entraron a esta comunidad en el Estado de México para detener a integrantes del organismo independiente de agua potable Administración de Agua Potable Coyotepec.

Alrededor de las 10 horas, elementos de la policía municipal, estatal y granaderos detuvieron al presidente de Administración de Agua Potable Coyotepec, Sergio Velázquez Morales; a Anselmo Zarate Pérez, Roberto Anguiano Meléndez, Efraín Robles Quiroz y al parecer dos personas más.

Esta detención se dio a unos días de que los vecinos de esta población tomaran la presidencia municipal, luego de que Pedro Luna, presidente municipal de Coyotepec y militante del Partido Acción Nacional (PAN), intentara realizar una consulta sin el consentimiento del pueblo que se rige por usos y costumbres. En protesta por los malos manejos en el subministro de agua potable, los habitantes denunciaron que no es la primera vez que se actúa con engaños, "no es municipalizar el agua, sino privatizarla".

Las autoridades municipales están en disputa por la gestión del pozo número 30, que es el que suministra totalmente de agua al poblado de Coyotepec; sin embargo, los habitantes de la comunidad se oponen a la gestión de este vital líquido por parte del ayuntamiento.

En esta detención fue arbitraria, como lo denunciaron los vecinos, pues no partió de una orden de aprehensión y se realizó por "cuestiones políticas y por defender el agua de Coyotepec."

También denunciaron la "brutalidad policiaca" con la que fueron detenidos no sólo ellos, sino también colonos que los defendían incluyendo al sacerdote Mendoza, quien fue golpeado al tratar de resguardar personas dentro del atrio. El pueblo fue sitiado por la policía durante algunas horas después de la detención.

Más tarde, en asamblea, Pedro Luna Vargas ofreció "no municipalizar el servicio de agua potable", retirar a la policía y liberar a los detenidos, reunirse con la CFE y negociar por una supuesta deuda en la gestión pasada por 32 millones de pesos. Dicha deuda ha repercutido en casi el 80% de los vecinos que viven sin agua desde los primeros días de mayo.

Aun en esta situación, vecinos de esta entidad denunciaron para este medio "no firmaremos ningún acuerdo, nuestra agua no se vende. No importa que nos encarcelen lucharemos por el agua que es para los hijos y seguiremos pase lo que pase."

Fuente: Somos el medio

Autor: Perseo Greco

http://www.somoselmedio.org/article/encarcelan-representantes-de-coyotepec-por-la-defensa-del-agua

#AlertaCoyotepec Entran granaderos del gobierno de Eruviel Ávila a desalojar inconformes con la municipalización del agua.

Coyotepec, Méx.- Aproximadamente 500 granaderos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) del Estado de México, irrumpieron en el Palacio Municipal de Coyotepec donde se encontraban vecinos inconformes con la municipalización del agua potable, para el lucro del gobierno municipal y el beneficio de las empresas para obtenerla.

El desalojo inició a las 9:30 de la mañana, hora central de México, debido a que el día domingo tomaron el palacio municipal en protesta de una iniciativa llamada 'consulta ciudadana', que pretendía obtener supuestamente de 'forma democrática' el control del agua potable, y así poder lucrar con el incremento de cobro por su utilización, además de beneficiar a las empresas transnacionales cercanas a la zona como Coca-Cola y Nestlé, aseguran vecinos de la zona.

Además de los desalojados, se encontraba el presidente del organismo independiente de la Administración del Agua Potable (AAPC), Sergio Velázquez, quien fue detenido por los granaderos, además de Efraín Robles Quiroz, Roberto Aguiano y Anselmo Zárate Pérez, perteneciente a la organización independiente 9 de junio de ese municipio.

Vecinos trataron de impedir la detención del administrador del agua potable, sin embargo los granaderos fueron a agredirlos, informan a través de la página de facebook de Alianza del Valle que hay decenas de lesionados y 5 detenidos. Por lo cual han decidido convocar por estas detenciones arbitrarias a cerrar la autopista México-Querétaro, aproximadamente a esta hora, lo cual se teme una posible represión por parte de la policía estatal del gobierno mexiquense y de la federal.

En estos momentos el grupo de la CES resguardan alrededor del Palacio Municipal, sin permitir al paso libre de los vecinos y hacer el cierre de los negocios cercanos.

PGR “analiza los términos de resolución” para ofrecer disculpa a Jacinta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR), condicionó acatar la sentencia inapelable de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, que la obliga a ofrecer una disculpa pública y reparar el daño causado a la indígena ñhä-ñhú (otomí), Jacinta Francisco Marcial, a “analizar” los términos de la resolución. A partir de ello, advirtió, se “cumpliría” la ejecutoria.

La sentencia es inapelable, por lo que la dependencia tiene un plazo de cuatro meses para cumplirla.

En 2006, la PGR acusó a Jacinta Francisco Marcial y a otras dos indígenas, Alberta Alcántara y Teresa González, de secuestrar a seis elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación Criminal (AFI)-, delito por el que pasó tres años en reclusión penitenciaria.

En un comunicado emitido esta mañana, la Procuraduría señaló que reitera su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos y a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, a través de sus instancias o tribunales especializados.

Sin embargo, acotó: “En cuanto a la resolución del caso de Jacinta Francisco Marcial, la Institución estará atenta a que la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa notifique la resolución correspondiente, a fin de analizar los términos en que fue dictada”.

A partir de ello, se “cumpliría” la ejecutoria respectiva, condicionó la PGR.

Jacinta y dos mujeres más fueron detenidas de forma arbitraria el 3 de agosto de 2006, acusada de secuestrar a los seis agentes, quienes, seis meses antes- realizaron un operativo para decomisar mercancía apócrifa en al mercado central de Santiago Mexquititlán, Querétaro.

Tras un proceso en el que no se respetaron los derechos fundamentales al debido proceso, las tres fueron sentenciadas injustamente a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos.

El proceso que condujo a la condena por un delito inexistente estuvo lleno de fallas que constituyeron violaciones a los derechos humanos: la PGR consignó el caso con pruebas inventadas y contradictorias. Hubo, además, irregularidades relativas a su condición étnica.

Teresa y Alberta, también fueron procesadas por delitos contra la salud. A pesar de que no existían pruebas en su contra.

Luego de tres años de permanecer presa, Jacinta quedó en libertad en septiembre de 2009, después de que la PGR se desistió de la acusación.

Alberta y Teresa fueron liberadas en abril de 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó su sentencia y las declaró inocentes.

El jueves 19 de mayo, el Tercer Tribunal Colegiado desechó el recurso de la PGR que pretendía impedir la disculpa pública y la reparación del daño a la indígena.

Después de conocer la sentencia inapelable que obliga a la PGR a ofrecer una disculpa pública y reparar los daños causados, en conferencia de prensa, Jacinta Francisca señaló:

“La reparación no me deja contenta, hasta me da coraje, porque no me pueden reparar nada, nada… La reparación del daño no me regresa el tiempo que no estuve con mis hijos… Preferiría cambiar esa reparación por el hecho de que ya no hubiera injusticia en los procesos judiciales”.

FUENTE: PROCESOAUTOR: PATRICIA DÁVILALINK: http://www.proceso.com.mx/441688/pgr-analiza-los-terminos-resolucion-ofrecer-disculpa-a-indigena-acuso-plagio

A 10 años de Atenco: Tortura sexual, práctica común de la policía mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- A 10 años de la tortura sexual perpetrada por agentes federales y estatales contra 27 mujeres en operativos policiacos realizados en las localidades mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, siguen saliendo a la luz casos similares que demostrarían que en México la violación sexual es una práctica común de las fuerzas de seguridad.

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza si el Estado mexicano es responsable o no de la tortura sexual contra 11 de las 27 mujeres que decidieron denunciar sus casos, las organizaciones civiles continúan documentando nuevas violaciones.

De encontrar indicios de responsabilidad, la CIDH podría remitir el caso Atenco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el máximo tribunal continental que en 2009 condenó a México por los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas sexualmente por militares en el estado de Guerrero en 2002.

La CoIDH ha emitido tres condenas por violación sexual como forma de tortura: dos contra México y una contra Brasil. Y aunque no hay plazo para conocer la decisión de la CIDH respecto al caso Atenco, este es el tercer hecho de violación sexual cometida por agentes del Estado mexicano que se ventila ante una instancia internacional.

La CIDH analiza el caso de tortura sexual como una acción que se usó contra las mujeres que en 2006 protestaron por la reivindicación de sus derechos. En los operativos de aquel entonces hubo 207 detenidos, la mayoría gente que apoyaba a un grupo de floricultores que serían desalojados del Mercado Belisario Domínguez, aunque hubo otras personas arrestadas que no participaron en la movilización social.

Las sobrevivientes denunciantes son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

El caso llegó hasta la CIDH porque el 4 de abril de 2007 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México archivó la averiguación. Ante esta falta de justicia, el 29 de abril de 2008 las sobrevivientes solicitaron al organismo analizar el caso con el objetivo de buscar justicia a nivel internacional.

Aunque la CIDH sólo actúa cuando se agotan los mecanismos nacionales, el órgano interamericano decidió aceptar la solicitud ante la dilación e ineficacia de las instancias mexicanas.

“Tierra sí, aviones no”, el reclamo de Atenco en el Tribunal Agrario. Foto: Miguel Dimayuga

Caso abierto

La abogada Araceli Olivos Portugal, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a las 11 mujeres ante la CIDH, explica que el caso sigue abierto y en investigación, gracias a la presión de organismos internacionales como el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y a la insistencia de las sobrevivientes.

Mientras ellas litigan contra el Estado mexicano por el caso Atenco, a la fecha hay 50 personas acusadas de participar en la violación sexual: 12 policías presos, acusados de tortura por omisión; 21 médicos señalados por encubrimiento, quienes llevan el proceso en libertad; un agente del Ministerio Público imputado por tortura, y 16 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

Las primeras detenciones de los policías iniciaron hasta seis años después de los hechos, en julio de 2012, luego de que representantes del Estado mexicano se presentaron ante el CEDAW para informar que había “avances” en las investigaciones.

Sin embargo, hasta ahora no hay policías acusados de cometer tortura, sino de encubrirla. Aun así, Olivos Portugal asegura que la acusación es trascendente porque encubrir el delito invisibiliza el problema. Seguramente el caso Atenco, apunta la abogada, es uno de los pocos en México que tiene tantos procesos penales abiertos por tortura sexual.

Tampoco se ha investigado la responsabilidad de las personas al frente de esos operativos. Y es que, según la defensora, si bien desde 2012 hay una averiguación abierta para determinar probables conductas delictivas, no se especifica que sea para investigar a los mandos policiacos.

En 2006 el secretario de Gobierno del Estado de México era Humberto Benítez Treviño, actual presidente del Colegio Mexiquense; Wilfredo Robledo fungía como secretario de Seguridad Pública –hoy asesor de seguridad del candidato priista al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa–; el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva era Ardelio Vargas Fosado, ahora comisionado del Instituto Nacional de Migración, y el actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, era gobernador de la entidad.

Sigue la resistencia en Atenco contra el nuevo aeropuerto. Foto: Hugo Cruz

Inacción judicial

En meses recientes, otras de las 207 víctimas que fueron detenidas y sometidas a tratos crueles durante los operativos en Texcoco y Atenco declararon y dieron nombres de personas que, dijeron, deberían ser llamadas para que rindan su testimonio, ya que coordinaron los operativos. Sin embargo, esto no ha derivado en alguna orden ministerial para llamarlos a declarar.

Según Olivos Portugal, estos casos de tortura sexual reflejan el patrón de discriminación en razón de género en el contexto de represión de una protesta social, dado que el día de los operativos las mujeres estaban en el lugar apoyando una manifestación pacífica para evitar el desalojo de los vendedores de flores.

Desafortunadamente, explica la abogada, la tortura se sigue usando en el país en las mismas circunstancias, tomando en cuenta que el Centro Prodh ha documentado otros casos. Incluso en 2014 las sobrevivientes de Atenco lanzaron una campaña por la justicia, en la que reunieron otros testimonios de mujeres víctimas de violación sexual por parte de agentes de seguridad.

Entre estas mujeres están Norma Jiménez, Yolanda Muñoz, Verónica Razo, Belinda Garza, Valentina Rosendo, Inés Fernández, Yesenia Armenta, Cristel Piña, Miriam Isaura López y Claudia Medina.

Y resaltan también los casos de tortura durante el traslado de internas del Centro Federal Femenil Noroeste, en Tepic, Nayarit, en diciembre de 2015, y en febrero de 2016 contra internas del Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, cuando fueron llevadas al recién inaugurado Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Morelos.

De acuerdo con testimonios recibidos por el Centro Prodh, durante el traslado, las mujeres que estaban bajo custodia de agentes federales y/o de custodios fueron víctimas de tortura y malos tratos, incluidos actos de tortura sexual como violación, tocamientos, descargas eléctricas, golpes e incomunicación.

Estos casos aún están en proceso de documentación por parte de grupos civiles, por lo que no hay un número preciso de mujeres víctimas, aunque ya hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Para la litigante, estas denuncias son graves porque ocurren en las mismas circunstancias en que se dieron los casos de Atenco, es decir, tortura durante un traslado, en el que las mujeres son más vulnerables por encontrarse bajo custodia de policías y sin supervisión alguna. La única diferencia es que las internas no estaban en una protesta social.

Al respecto, entre 2014 y 2015 el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, Juan E. Méndez, recopiló información de los estados y encontró que las mujeres y las niñas están particularmente expuestas a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad y permanecer en prisión preventiva.

En este contexto, el Senado analiza ahora una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, enviada por el Ejecutivo federal en 2015, y en la que las organizaciones buscan incidir para que se castigue la tortura sexual.

Sobre la denuncia internacional, luego de analizar la situación y recibir información de las víctimas y del Estado mexicano, la CIDH podría pasar el caso a la CoIDH para que dicte una posible sentencia, o bien llegar a una solución “amistosa” entre las partes, opción que las mujeres de Atenco descartan de antemano.

Fuente: Proceso

Autor: Anayeli García Martínez

http://www.proceso.com.mx/439222/a-10-anos-atenco-tortura-sexual-practica-comun-la-policia-mexicana

Detienen autoridades michoacanas a 45 pescadores en bloqueo

Morelia, Mich. Elementos de seguridad pública del estado detuvieron a 45 pescadores después de que bloquearon la carretera Morelia-Cuitzeo a menos de 500 metros del cruce del lago.

Los manifestantes de la comunidad de San Agustín del Maíz protestaban porque las autoridades abrieron las compuertas que dividen el embalse, argumentando que los peces se iban del otro lado.

Fuentes de la Secretaría de Gobierno aseguraron que las compuertas fueron abiertas porque fue estrictamente necesario tras un accidente en la carretera Morelia-Salamanca, cerca del lago de Cuitzeo.

Las autoridades del estado no pensaron que los pescadores de esa zona de la ribera del lago se fueran a molestar y bloquearan la carretera libre a la cabecera municipal de Cuitzeo.

Es por ello que tuvieron que intervenir elementos del Grupo de Operaciones Especiales ante la negativa de los pescadores de despejar el área. Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua se comprometieron a cerrar las compuertas.

Fuente: La Jornada

Autor: Ernesto Martínez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/22/detienen-autoridades-michoacanas-a-45-pescadores-en-bloqueo-7250.html

PGR se niega a investigar detenciones ilegales del #20NovMx; víctimas se amparan

A más de un año de las detenciones, los afectados han esperado, en vano, dos cosas: que las autoridades responsables respondan ante un juez penal, y que las dependencias involucradas restituyan a las víctimas.

El 20 de noviembre de 2014, Hugo, Tania, Luis Carlos, Atzin e Isaac fueron detenidos por policías federales y de la Ciudad de México, por participar o estar cerca de las manifestaciones que ese día se realizaron en la capital del país, para reclamar la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala… los cinco fueron golpeados por los agentes, amenazados con sufrir desapariciones forzadas como aquellas contra las que se manifestaban, y luego fueron enviados a un penal federal de alta seguridad, acusados de los delitos de “motín”, “homicidio en grado de tentativa” y “asociación delictuosa”.

Pero nueve días después, todos obtuvieron su libertad, al demostrarse que, en realidad, eran inocentes, y que las pruebas en su contra habían sido fabricadas por la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Ha pasado un año y cuatro meses, durante los cuales, estas víctimas han esperado, en vano, dos cosas: que las autoridades responsables de la detención y tortura sufridas respondan ante un juez penal por los delitos cometidos en su contra, y que las dependencias de gobierno involucrada en estos abusos restituyan a las víctimas por las afectaciones sufridas a manos de sus servidores públicos.

De hecho, destacó la abogada Margarita Grieshbach –integrante del colectivo CompasDH, que brinda acompañamiento legal a las víctimas– “el pasado 20 de noviembre de 2015, es decir, al cumplirse un año del operativo policiaco, presentamos una denuncia penal formal, de forma escrita, ante la Procuraduría General de la República, con el objetivo de que oficialmente se iniciara una investigación por estos hechos, y cuatro meses después de haber realizado dicho procedimiento, la PGR ni siquiera nos ha notificado la recepción de nuestro escrito.”

Esta omisión por parte de la PGR, explicó la también directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, representa una abierta violación al Código Federal de Procedimientos Penales, que obliga al Ministerio Público a iniciar una investigación de forma inmediata ante cualquier denuncia de delitos graves, y en este caso los delitos que se denuncian son considerados graves: detención arbitraria, tortura y fabricación de pruebas.

“Todos los detenidos del 20 de noviembre de 2014 obtuvieron la absolución –subrayó la abogada–, es decir, se comprobó que en su contra se fabricaron pruebas y testimonios de funcionarios públicos, y a partir de ellos un juez determinó que todos eran inocentes.”

Este veredicto no sólo puso en evidencia las irregularidades cometidas por la PGR durante el proceso (especialmente el haber fabricado la acusación contra los detenidos), sino que, a partir de tal determinación del juez, la Procuraduría incurrió en nuevas irregularidades: “En realidad, no era necesario que las víctimas denunciaran los atropellos que sufrieron, la PGR tenía la obligación de iniciar una averiguación previa, por el sólo hecho de haber tenido conocimiento de estos abusos, durante el proceso penal seguido a las víctimas que, finalmente, fueron liberadas”.

Sin embargo, abundó la abogada, la PGR no abrió ninguna investigación por iniciativa propia, “y ahora no quiere iniciar una averiguación ante la demanda presentada formalmente por las víctimas, aún cuando, para ello, tenga que violar el Código Federal de Procedimientos Penales, en el que claramente se estipula que cuando una persona acude a denunciar un delito, esta denuncia le debe ser recibida oficialmente y, como segundo paso, se debe citar al denunciante para que ratifique su dicho. Eso está establecido en la ley, no a gusto de la PGR.”

La demanda penal presentada en noviembre pasado, cabe destacar, no sólo va firmada por cinco de las once personas que fueron detenidas durante el operativo del #20NovMx, sino también por ocho académicos y periodistas, que pertenecen al colectivo CompasDH: Denise Dresser, Lorenzo Meyer, José Luis Caballero Ochoa, Luis González Placencia, Francisco Barrón Trejo, Layda Negrete, Juan martín Pérez García y Lydia Cacho.

–¿Cuál fue el objetivo de integrar el ColectivoDH, y de que se sumen como denunciantes, aún cuando no hayan sido detenidos el 20 de noviembre de 2014? –se pregunta a la abogada.

–Éste es un grupo integrado en el que habemos muchas personas, y algunas de ellas son personalidades de reconocida calidad ética. Y somos personas cansadas de denunciar en lo particular un acto represivo, y luego otro acto represivo también en lo particular, y luego otro… cuando, lo que nos deja ver esa situación es que se está aplicando una estrategia de Estado, una estrategia represiva.

Para entender esto, abundó, “hay que subrayar la diferencia entre delitos cometidos por servidores públicos, y crímenes de Estado. Si lo vemos de forma particular, pareciera que en cada caso de represión, lo que ocurre es que un grupo reducido de agentes del Estado cometieron delitos. Pero si lo vemos de forma más amplia, nos damos cuenta de que esto es tan sistemático y generalizado que puede visualizarse un patrón, que se repite por todo el país: ante la protesta social, se responde con operativos de barrido policiaco, con detenciones arbitrarias, con tortura, con fabricación de pruebas para encarcelar a inocentes. Y entonces ya no puede verse éste como un problema de unos agentes que se salieron de sus obligaciones, sino como una estrategia a la que responden las distintas dependencias de gobierno involucradas. Y este mismo esquema de barrido de espacios donde se realizan manifestaciones, con detenciones arbitraria, tortura y criminalización, se viene aplicando al menos desde el 1 de diciembre de 2012″.

El objetivo final que se planteó este colectivo, señaló la abogada, es obligar a las autoridades a realizar una investigación real, sobre esta estrategia represiva de Estado. “Queremos que se determinen las responsabilidades de los agentes que participaron en los operativos represivos, sí, pero también que se investigue a los mandos, de todas las áreas de los gobiernos implicados, e investigar hasta las más altas esferas de toma de decisión, porque estas son acciones que rebasan la capacidad de decisión de los mandos medios, de los comandantes de tropa, esta estrategia represiva demanda la coordinación de altos mandos a muchos niveles de la administración pública: sólo el 20 de noviembre de 2014, en el operativo con el que se desalojó a los manifestantes pacíficos del Zócalo, participó la policía del DF y la Federal, coordinándose con militares desde Palacio Nacional”.

–Pero, ¿cómo llegar a esa investigación, si la PGR ni siquiera les tomó nota de su denuncia?


–Nosotros esperamos el plazo razonable para recibir respuesta, que en asuntos legales es de 90 días, y al no obtener nada, el pasado 25 de febrero presentamos un amparo, que esperamos se resuelva en dos meses. Y confiamos, obviamente, en que un juez de amparo nos conceda la razón y obligue a la PGR a iniciar una investigación por los hechos denunciados. Creemos que es un amparo imperdible: ningún juez podría convalidar que la PGR ignore los procedimientos básicos estipulados en el Código Federal de Procedimientos Penales –concluyó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/pgr-se-niega-a-investigar-detenciones-ilegales-del-20novmx-victimas-se-amparan/

Condenan a locutora a 2 años de prisión por denunciar a gobierno de Veracruz

Veracruz, Ver (02 de Marzo del 2016).- Tras siete años de persecución, la locutora Paola Ochoa Tlapanco fue condenada a dos años de prisión por hacer mal uso del espectro radioeléctrico (pena que purgará en libertad), pese a que sólo era locutora de Radio Identidad, una emisora comunitaria del municipio de Paso del Macho, al suroeste del estado de Veracruz.

En entrevista, la locutora explicó que desde hace siete años, cuando se fundó la radio comunitaria, ella y el equipo de estación son objeto de persecución, pero fue apenas la semana pasada cuando recibió la notificación de que fue condenada a dos años de prisión por una denuncia que data de 2009, pena que purgará en libertad y firmando cada 15 días ante una autoridad.

En 2007, cuando se fundó la radio comunitaria, Ochoa Tlapanco empezó a conducir un programa donde se abordaban temas de género, pero a unos meses de la transmisión las autoridades del estado montaron un operativo para cerrar el medio informativo.

De acuerdo con la locutora, en aquel año el entonces alcalde Rafael Pacheco Molina juntó firmas de la población para hacer una denuncia penal contra los dueños de la emisora, y denunciar que el medio estaba en la ilegalidad y que transmitía contenidos que afectaban a la sociedad y causaban conflictos.

Ochoa Tlapanco afirmó que el funcionario hizo la denuncia porque la gente comenzó a usar la radio para expresar sus demandas y señalar la ineficiencia del gobierno municipal.

En ese entonces, se desplegó un operativo para impedir las trasmisiones y se detuvieron a tres personas para que rindieran su declaración. No obstante, tras el incidente la radio siguió transmitiendo.

Fue así que en 2009 nuevamente se desplegó otro operativo y se giró una orden de aprehensión contra la locutora por “hacer mal uso del espectro radioeléctrico”. En ese momento, a fin de no pisar la cárcel Paola estuvo firmando su libertad condicional.

Explicó que la radio no cuenta con recursos económicos ni con abogado, y por ello fue hasta 2011 que descubrió que la orden de aprehensión seguía vigente, así que se dio a la tarea de buscar un defensor de oficio y hacer los trámites correspondientes para resolver el caso.

Según narró, se enteró de que fue condenada a dos años de prisión y aunque apeló la sentencia un tribunal ratificó la pena dictada por el juez, misma que le fue notificada la semana pasada.

Señaló además que aunque la radio comunitaria buscó regularizar su situación ante la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), nunca obtuvo respuesta y hoy no saben cuál es el proceso a seguir ante el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Por último, la locutora dijo que decidió cumplir su condena en libertad, por lo que pagó una fianza y tendrá que presentarse a firmar. Para colmo, Rafael Pacheco Molina –quien la denunció– es de nuevo presidente municipal.

Fuente: Revolución 3.0

Autor: CIMAC Noticias

http://revoluciontrespuntocero.com/condenan-a-locutora-a-2-anos-de-prision-por-denunciar-a-gobierno-de-veracruz/

CDH inicia queja a favor de joven de la UAEM detenido por elementos del MU

Cuernavaca, Mor. La Comisión de Derechos Humanos inició una queja a favor de David, estudiante de la facultad de ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, detenido por elementos del Mando Único en Cuernavaca por presunta posesión de marihuana y en cuyo caso se advierte abuso de autoridad.


Dentro del expediente 153/2016-5 el organismo investiga si existen arbitrariedades en el aseguramiento de este muchacho.


El visitador  Daniel Portugal Lagunas, dio a conocer que el estudiante confirmó que la policía lo detuvo en posesión de  menos de 5 gramos de vegetal verde (permitida en la Ley General de Salud para consumo personal) y 2 pipas, por lo cual fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, lugar en el que le fue sembrada una mayor cantidad a la que portaba.


Aunque el organismo constató que el joven no presentaba lesiones, si se confirmó que durante el arresto le fueron retiradas todas sus pertenencias: acta de nacimiento, credencial para votar y CURP; papeles que portaba para la realización de trámites académicos en la máxima casa de estudios, los cuales no fueron puestos a disposición del ministerio público.


Sin embargo, el pasado martes, integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) denunciaron abuso de autoridad por parte de elementos del Mando Único en este caso.


El líder de los universitarios, Israel Reyes Medina, aseguró que la detención de su compañero fue una atrocidad, ya que los efectivos se excedieron en el aseguramiento del estudiantes de ingeniería, a pesar de que el muchacho, en ningún momento, puso resistencia.


Fuente: La Jornada Morelos
Autora: Elizabeth Cuevas Villalobos
http://www.jornadamorelos.com/site/noticias/politica/cdh-inicia-queja-favor-de-joven-de-la-uaem-detenido-por-elementos-del-mu