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sábado, 11 de julio de 2015

Comisión de la CNTE ingresa a Gobernación tras marchar

México, DFProfesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribaron a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Los dirigentes sindicales ingresaron a la dependencia federal para solicitar la reinstalación de una mesa de diálogo.
Los docentes inconformes se concentran en la calle de Abraham González, esquina con avenida Morelos, donde realizan un mitin.
A la protesta se han sumado docentes inconformes de Jalisco, Durango y Colima, así como de Michoacán, Oaxaca y Distrito Federal.
En tanto, un reducido grupo de manifestantes agredió verbalmente a un representante de los medios de comunicación, a quien con gritos de "fuera, fuera" le obligaron a que se retirara, luego de que reportó que mil 500 manifestantes participaron en la protesta.
Ante estos hechos, el secretario general de la sección 9 del Distrito Federal, Enrique Enríquez, rechazó estos actos y afirmó que "esto no debe ocurrir".
Maestros disidentes iniciaron la marcha desde las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos hacia la dependencia.
El secretario general de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, afirmó que "estamos sin temor nuevamente en las calles para pedir al gobierno federal que se instale la mesa de diálogo".
El dirigente sindical, quien rechazó haber tramitado un amparo ante la denuncia de hechos presentada en su contra en la Procuraduría General de la República, insistió en que "el único amparo que tengo está aquí, con los compañeros".
Tras denunciar que existe una "campaña de linchamiento" en contra de los docentes inconformes, aseguró que en más de 26 estados del país se realizan actos de protesta en contra de la reforma educativa.
En tanto, Enrique Enríquez informó que "no hay ninguna excusa para que no quieran atendernos. Hemos insistido en que es necesario retomar el diálogo y esperamos que hayan comprendido este mensaje".
Los docentes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmaron que pese a que aún no ha concluido el ciclo escolar 2014-2015, cuya clausura oficial es el 14 de julio, "miles de maestros en diversas entidades realizarán acciones simultáneas de protesta en contra de la reforma educativa y la evaluación docente".
La movilización es encabezada por educadores de Colima, Michoacán, Distrito Federal y Estado de México.

Fuente: La Jornada
Autor: Laura Poy

miércoles, 8 de julio de 2015

Alista defensa legal líder de la CNTE; “miente Mexicanos Primero”, acusa


MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de ser acusado penalmente por cobrar sin trabajar, el secretario general de la sección 22 y uno de los líderes máximos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez Ginez, aseguró que “oficialmente” no ha sido notificado de la denuncia que promovió en su contra la agrupación civil Mexicanos Primero ante la PGR.

Sin embargo, aclaró que el cuerpo jurídico del gremio trabaja ya en su defensa legal.

El líder sindical desestimó la denuncia de la asociación que dirige Claudio X. González, aseguró que se trata de “denostaciones de ese grupo de empresarios que nada tienen que ver con la educación, porque el responsable es la Secretaría de Educación Pública (SEP)”.

Ayer, la organización denunció ante la PGR a Núñez Ginez por fraude y peculado, debido a que durante cinco años, dijo, cobró 3 millones 313 mil pesos de salario sin dar clases.

En conferencia de prensa, el secretario de la Sección 22, una de las principales cabezas del grupo opositor a la reforma educativa, destacó que hasta el momento únicamente ha sabido de la supuesta denuncia a través de los medios de comunicación, porque “oficialmente no hemos sido notificados”.

Además, aseguró que percibe un salario de 13 mil pesos quincenales, y es mentira lo que dice Mexicanos Primero.

Aclaró que tiene una plaza única, y al interior del Comité Ejecutivo Seccional (CES) existen 160 comisionados que realizan actividades políticas y sindicales, respetando su salario.
Sobre las publicaciones difundidas, señaló que se trata de una campaña de denostación, y van dirigidas no sólo a los líderes, sino a toda la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Es una lucha del Estado, no contra personajes, sino contra la Coordinadora Nacional”, expuso.

Añadió: “Los gobiernos estatales y federales se dan cuenta que la Coordinadora es más vigente que nunca y que reúne a 26 contingentes contra la reforma educativa, por lo cual han emprendido esta campaña”.

Y advirtió que seguirá en la lucha por la resistencia contra las reformas en rechazo a la evaluación “punitiva”, y para ello cuentan con cuatro rutas de acción.

Sobre la denuncia que Mexicanos Primero interpuso ante la PGR, Claudio X. González aseguró ayer que incluye a todos los servidores públicos de Oaxaca y del gobierno federal que han permitido los pagos, pese a que son ilegales.

“La denuncia no es en contra de los maestros de Oaxaca, sino contra las cúpulas sindicales, contra la mafia enquistada en la cúpula sindical. No sólo es contra Rubén Núñez, sino contra los presuntos responsables del IEEPO (Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca) y del gobierno federal”, puntualizó.


Fuente: Proceso
Autor: Redacción

martes, 7 de julio de 2015

Protestan maestros de Irapuato

Irapuato, Gto.- En el municipio de Irapuato, Guanajuato, unos 200 profesores se aglutinaron en un movimiento magisterial para protestar contra la reforma educativa y la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala el despido de los mentores que no aprueben las evaluaciones. 

Los docentes acordaron impugnar ante organismos internacionales la determinación del cese sin importar los años de servicio. 

Asimismo, criticaron que no puedan ser representados de manera colectiva y tengan que enfrentar al aparato gubernamental ‘‘en soledad’’. Los despidos de los maestros serán inmediatos, situación que viola los derechos laborales, ‘‘en un acto sin precedente en la historia del país’’. Advirtieron a la sociedad civil que ‘‘estas arbitrariedades pueden aplicarse a los trabajadores petroleros, del Seguro Social o cualquier otro sector productivo, si no nos unimos’’.


Fuente: La Jornada
Autor: Carlos García

Maestros y alumnos de la UAEM piden retroceder ley que 'viola' autonomía


Cuernavaca, Mor. El Consejo de Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se declaró en sesión permanente y aprobó que mañana (martes) los alumnos y trabajadores de la máxima casa de estudios salgan a marchar a las calles para exigirle a los diputados del Congreso local y al gobernador, Graco Ramírez, que retrocedan en sus intenciones de violar la autonomía universitaria.

En entrevista, el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, precisó que la demanda concreta a los legisladores será que saquen a la UAEM de la Ley Anticorrupción, porque por media de esta, el Congreso local, por ordenes del gobernador, Graco Ramírez, pretende “controlar” a la máxima casa de estudios del estado; situación que no pasó con la UNAM en la Ley nacional Anticorrupción, argumentó, el rector, Vera Jiménez.

“Es una intromisión directa a la vida universitaria, nos parece que violenta la autonomía de manera total y absoluta, los alcances de la Ley federal, de las reformas constitucionales que se hicieron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, no contemplan en lo absoluto a las universidades, ahí lo podemos ver en las minutas de trabajo y en los acuerdos que sostuvieron tanto la Cámara de Diputados, como el Senado, en donde ellos precisan a quienes se están refiriendo cuando hablan de los organismos autónomos y no incluyen a la universidades. Ya quisiera ver que la impusieran algunas cuestiones en la vida interna a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por supuesto que no lo iban a permitir, y me parece que en este caso (Morelos), se extralimitan totalmente e invaden la esfera de la autonomía de la Universidad”, aseguró.

El rector, Alejandro Vera Jiménez, explicó a los diputados locales que la UAEM es “un organismo constitucionalmente autónomo, somos un organismo público autónomo y somos autónomos por ley, en consecuencia no nos aplica en absoluto esta reforma, eso no quiere decir que no estemos comprometidos y asumamos compromisos claros y contundentes con la rendición de cuentas, con la transparencia, el acceso a la información y todas estas cuestiones que la Universidad por cierto está muy bien calificada”, agregó el rector.

Alejandro Vera Jiménez criticó además que el congreso local haya aprobado de manera exprés la mencionada (la Ley Anticorrupción), ya que la reforma constitucional anota que las entidades federativas tendrán después de emitidas las leyes 6 meses para hacer las reformas constitucionales que consideren “en el ámbito de sus entidades federativas y aquí no entiendo la prisa. Y por otro lado no entiendo por qué en el propio decreto que está sacando el Congreso- de reformas constitucionales- se haga expreso de manera tan puntual y tan contundente su interés por incorporarnos dentro del conglomerado de organismos constitucionalmente autónomos cuando no se ha reformado el Artículo Tercero Constitucional y en consecuencia nosotros seguimos siendo autónomos por Ley. No entiendo las razones de meternos en ese paquete y violentar la autonomía”, subrayó el rector Vera Jiménez.

Por esta situación esta tarde el Consejo Universitario aprobó declararse en sesión permanente y salir a marchar toda comunidad universitaria este martes, desde el campus Chamilpa, al Congreso local, para entregarle un documento a los legisladores y éstos “reconsideren, hagan las precisiones y los alcances necesarios a efecto de salvaguardar la autonomía universitaria; la autonomía universitaria no tiene que ver solamente con cuestiones de carácter académico , sino también de autogobierno y financieras”.

Para el rector de la máxima casa de estudios la mencionada ley, que aprobó el congreso local la pasada semana y envió ya los ayuntamientos para que la aprueben, pretende, por órdenes del gobernador, Graco Ramírez, “amordazar a la universidad y de callar a la universidad, y someter a la universidad, y eso justamente no lo vamos a permitir”, advirtió.

Aclaró que si fuera transparente esta ley, y realmente fuera para combatir la corrupción de las autoridades del estado, los legisladores hubieran invitado a la comunidad universitaria para proponerles e informarles sobre las reformas a la ley orgánica de la UAEM, pero como lo que quieren es “controlarla”, pues no se les convocó, y quieren “cambiar la constitución del estado”, sin que esta sector sea consultado.

En caso, de que los diputados no saquen a la UAEM, adelantó el rector, los titulares de los órganos de control estarían nombrados por el congreso local, y en ese sentido pierden “total autonomía”. Además el rector atribuyó que el gobernador, Graco Ramírez, y la mayoría de los diputados locales quieren amordazar a la UAEM, por su acompañamiento que ha hecho a los 60 pueblos de Morelos que se oponen a las mega obras que impulsa el gobernador y el presidente priísta del país Enrique Peña Nieto. “ Lo que quieren es tener una universidad sometida, dominada, callada y que responda a intereses y vaivenes políticos; y eso es lo que no vamos a permitir”, concluyó.


Fuente: La Jornada
Autor: Rubicela Morelos Cruz
 


sábado, 4 de julio de 2015

Sobre el desastre educativo

MÉXICO, D.F: La dolorosa realidad de la educación en México es el resultado de la mezcla de pobreza y desigualdad, incompetencia y cinismo, corporativismo y corrupción. A pesar de la reforma educativa, esa funesta combinación no ha variado demasiado.

Ello explica que más de la mitad de los alumnos de 15 años no alcancen el nivel de competencia básico en matemáticas, y que un poco menos de la mitad no comprendan lo que leen ni tengan las nociones elementales de ciencia, lo cual significa que al terminar la secundaria no reúnen los conocimientos y habilidades necesarios para participar activamente en una economía moderna donde se recompensa a los individuos no sólo por lo que saben, sino por lo que son capaces de hacer con lo que han aprendido.

En esa situación se encuentra la mayoría de los mexicanos, cuyo promedio de escolaridad es de nueve años. Entre los 15 y los 19 años de edad, el 53% de los alumnos abandonan la escuela.

Aunque la reforma educativa hizo obligatoria la educación media superior y se espera que para 2022 todos los jóvenes de esa edad hayan terminado la preparatoria, los niveles de deserción escolar siguen siendo muy altos (datos de la OCDE, 2014).

A la baja calidad de la educación se suma la falta de equidad: La diferencia en el índice de calidad de los recursos educativos entre las escuelas de nivel socioeconómico más elevado y las menos favorecidas en México es la mayor que existe entre los países miembros de la OCDE, y la tercera más alta entre las 65 naciones que participan en la prueba PISA. De las 258 mil escuelas mexicanas, aún existen muchas en condiciones lamentables; algunas de ellas no cuentan con electricidad, servicios sanitarios o agua potable.

Numerosos vicios que han causado ese rezago educativo y social siguen vigentes, lo cual dificulta todavía más el enorme desafío que representa garantizar a más de 35.74 millones de niños y jóvenes mexicanos una educación equitativa y de calidad, para lo cual es necesario, entre otras cosas, evaluar y capacitar a 1.97 millones de maestros (cifras del Sistema Educativo Nacional 2013-2014).

Enfocada principalmente a la situación del magisterio, la reforma educativa es necesaria y –a pesar de sus limitaciones– está bien estructurada. Los que han fallado son los responsables de hacerla realidad. En especial, el secretario de Educación, el gobernador de Oaxaca, el titular de Gobernación y el subsecretario Luis Miranda, a quien se le ha encargado la negociación con los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se oponen a ella.

Al no haber sido debidamente explicada y negociada, la evaluación de los docentes –uno de los ejes de la reforma educativa– ha causado una riesgosa polarización. El asunto se agravó por la torpe y arbitraria decisión del gobierno federal de suspender el proceso de evaluación en vísperas de las elecciones del 7 de junio mediante un escueto boletín, contrario al mandato del artículo 3° constitucional y que atropelló la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Ante la reacción firme y crítica de la sociedad, el gobierno se vio obligado a recular. Pero el mal estaba hecho.

Infructuosamente, Emilio Chuayffet trató de justificar esa medida en su comparecencia ante la Comisión Permanente. Lo menos que le dijeron los legisladores de la oposición fue que su explicación era inverosímil, que atentaba contra su inteligencia o, de plano, que consideraba imbéciles a los legisladores y a los ciudadanos. Seguimos sin saber la verdadera causa por la que el gobierno federal adoptó esa decisión, si fue tomada por el secretario de Educación, por el de Gobernación o fue resultado de una orden presidencial. Tampoco sabemos si detrás de ese embrollo se oculta una pugna al interior del gabinete.

Resulta difícil entender el silencio y desapego mostrados por el secretario Chuayffet después de la promulgación de la reforma. Encerrado en su despacho, el funcionario ha desatendido su responsabilidad primordial de explicarla y promoverla. Sigilosamente, ha removido a tres de sus cuatro subsecretarios y ha metido varias zancadillas en el sector cultural. No sabemos si el presidente Peña lo mantendrá en la silla de Vasconcelos por ser uno de los cerebros del Grupo Atlacomulco, pero lo cierto es que su autoridad como cabeza de la reforma educativa está severamente deteriorada.

El aval unánime de los ministros de la Suprema Corte de Justicia a la constitucionalidad de la reforma educativa y a la obligatoriedad de la evaluación del magisterio exige un liderazgo firme, sensato y entusiasta del gobierno federal para impulsar las modificaciones.

El proyecto presentado por el ministro Fernando Franco González Salas sostiene que la Ley General del Servicio Profesional Docente no transgrede los derechos de los maestros. Los artículos 52, 53, 8° y 9° transitorios de dicha ley reglamentaria del artículo 3° constitucional establecen que los docentes tendrán tres oportunidades de ser evaluados. En caso de no ser aprobados en la primera y la segunda, serán incorporados a programas de regularización con la tutoría correspondiente. Si el resultado de la tercera evaluación fuera insuficiente y el maestro cuenta con un nombramiento definitivo, no perderá su plaza y será readscrito a otras tareas. Al que tenga un nombramiento provisional y alcance un resultado satisfactorio en cualquiera de las tres evaluaciones se le otorgará la plaza definitiva; sólo si el resultado es insuficiente en la tercera evaluación será separado del servicio público.

Por tanto, la evaluación no es “punitiva”, es decir, no representa un castigo. Por el contrario, le ofrece al maestro una oportunidad de ascender, recibir incrementos salariales, además de poder actualizarse, capacitarse y, en caso de tener un nombramiento provisional, obtener una plaza definitiva. Ello explica que en el concurso de oposición para la promoción a cargos directivos de la educación básica haya participado 82.7% de los docentes registrados en 30 estados. En Guerrero, una entidad conflictiva con fuerte presencia de la CNTE, la concurrencia de los maestros fue de 90%. En Chiapas, miembros de la CNTE trataron de impedir la evaluación, pero con la intervención de la fuerza pública pudo realizarse. Sólo en Oaxaca y Michoacán la disidencia magisterial impidió el proceso.


La gran interrogante ahora es si el gobierno federal y los gobernadores de Oaxaca y Michoacán serán capaces de aplicar la ley o si prevalecerán la incompetencia y el cinismo frente a la intransigencia de los líderes de la CNTE, que han logrado someter a Gabino Cué y parecen haberse acostumbrado a las dádivas de Luis Miranda. Propongo un diálogo público entre los líderes de la CNTE e interlocutores idóneos del gobierno y la sociedad que sea transmitido por los medios de comunicación, como se hizo con el conflicto del Politécnico. La transparencia favorece el uso de la razón sobre el de la fuerza.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HÉCTOR TAJONAR.