Mejoredu desaparecerá por la reforma que elimina organismos autónomos, sin publicar los resultados de la prueba diagnóstica 2023-2024, de estudiantes de educación básica. Ahora, PISA será la única evaluación educativa.

Animal Político consultó a la SEP sobre los resultados de la última evaluación diagnóstica, sin que al momento de la publicación haya recibido respuesta.

Resultados preliminares son positivos, señala comisionado de Mejoredu

Florentino Castro, comisionado del organismo, explicó que la evaluación aplicada al inicio del ciclo escolar en curso es la primera que permitirá hacer un comparativo de los cambios reflejados de un ciclo escolar a otro, pero no hay fecha para que se hagan públicos los resultados, ya que “los equipos técnicos de Mejoredu continúan trabajando en las etapas de análisis”.

El comisionado detalló que la prueba se aplicó entre los meses de septiembre y diciembre de 2024, y por primera vez se aplicó en tercer año de preescolar, todos los grados de primaria y de secundaria, y entre los principales hallazgos está que “se detuvo la caída en la pérdida de aprendizajes que derivó entre otros factores de la pandemia de COVID-19″.

“Incluso se identificaron pequeñas mejoras en las áreas de conocimiento evaluadas, lo que es una buena noticia para el Sistema Educativo Nacional”, celebró Castro, pero no hay para cuándo se puedan conocer.

La evaluación diagnóstica anterior, que evaluó los aprendizajes del ciclo escolar 2022-2023, se dio a conocer en octubre de 2023, es decir, a sólo tres meses del siguiente inicio de clases.

Los resultados de este diagnóstico señalaron que, en materia de civismo, los estudiantes tuvieron baja comprensión de temas como la participación de manera honesta e informada en decisiones colectivas, la libertad de expresión, la organización ciudadana, la importancia de cumplir con las leyes y la diferencia entre situaciones justas e injustas.

Además, la evaluación mostró niveles bajos en el entendimiento de los estudiantes en las materias de lectura y matemáticas, lo que el especialista Francisco Landero explicó que implica que hay carencia de conocimientos básicos para comprender textos y la incapacidad de realizar operaciones aritméticas.

PISA será la única evaluación de la educación con la desaparición de Mejoredu

En junio de 2024, cuando estaba en curso la discusión de la reforma de “simplificación administrativa” que propuso eliminar a siete organismos autónomos, Óscar del Río, entonces comisionado de Mejoredu, consideró que la desaparición de la comisión eliminaría los contrapesos institucionales de la aplicación e interpretación de resultados de evaluaciones independientes en materia educativa.

Ahora que la desaparición de Mejoredu es un hecho, Alma Maldonado, especialista en temas educativos, subrayó que es importante la confirmación del titular de la SEP, Mario Delgado, de que México continuará dentro de la prueba PISA, ya que es la única evaluación con la que contará el país para medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes.

“Qué bueno que la SEP confirme que sí vamos a continuar en la prueba PISA, porque como prueba estandarizada de comparación nos va a permitir ver dónde estamos, y aunque nunca ha gustado a ningún gobierno porque no se notan mejoras claras, es un indicador importante”, comentó Maldonado.

La especialista destacó que PISA dará información sobre los resultados que ha tenido la Nueva Escuela Mexicana –modelo educativo instaurado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador–, “y si realmente está mejorando la educación”.

“Entendemos que los resultados de las reformas educativas toman tiempo, es algo que nunca entendieron los gobiernos anteriores, y pues ya veremos qué datos arroja PISA con sus pruebas que están diseñadas para aplicarse en diversos contextos”, agregó.

En septiembre pasado, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, llamó a los maestros de todo el país a no presentar la evaluación diagnóstica de la Mejoredu, ya que esta iba en contra del enfoque pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana, y que se trata de un “ejercicio neoliberal”.

A través de redes sociales, el funcionario pidió a los docentes que resistieron a la evaluación, y que no permitieran “que la Nueva Escuela Mexicana se convierta en un producto.

Esto, aunque Mejoredu, así como sus pruebas diagnósticas, fueron creados por el gobierno de López Obrador, con la reforma constitucional en materia educativa aprobada por el Congreso en 2019.

Ante este llamado, Mejoredu emitió un comunicado en el que indicó que sus evaluaciones, cuyo objetivo es mostrar los aprendizajes con los que los estudiantes de educación básica inician el ciclo escolar, responden a lo previsto en el artículo 3° Constitucional y que los instrumentos para su aplicación fueron desarrollados en colaboración de la SEP.

“Estas aplicaciones son el último reducto de la evaluación educativa que conserva el país, por lo que no se puede renunciar a estos ejercicios, que son el único elemento para dar cuenta del estado que guardan los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica, para contar con elementos que permitan fortalecer la política educativa”, expresó el organismo.

Sin embargo, Educación con Rumbo aclaró que la aplicación de la Prueba PISA se dará “en cumplimiento a la suspensión definitiva emitida por el Poder Judicial de la Federación”, desde el año pasado, dentro del amparo que promovió contra la SEP.

“Derivado de un amparo presentado por Educación con Rumbo, el Poder Judicial de la Federación ordenó desde el último trimestre de 2024 a la Secretaría de Educación Pública llevar a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que se realice la Prueba PISA en México en el 2025”, dijo en un comunicado.

Miguel Ángel Ortiz Gómez, abogado constitucionalista de la firma Cuatrecasas, explicó que la decisión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de cumplir una sentencia de amparo y llevar a cabo la Prueba Pisa “es una señal alentadora a fin de que la presente administración privilegie el derecho humano a la educación privilegiando el interés superior de los niños y garantizar la mejora continua de la educación”.

El especialista recordó que dicha prueba se aplica a estudiantes de 15 años en los rubros de lectura, ciencias y matemáticas y que “resulta fundamental para diseñar políticas públicas que permitan ajustar los planes de gobierno”.

En el mismo comunicado, Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, reconoció la decisión del secretario Mario Delgado y lo exhortó a “constituir el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación previsto en la Ley General de Educación”.

El propósito de este Consejo, dijo, es “que los sectores de la sociedad civil puedan aportar de manera corresponsable junto con la SEP en el diseño de políticas públicas y colaborar de manera proactiva en el diseño y seguimiento del Plan Sectorial en materia de educación durante el sexenio 2024-2030”.

Dicho Consejo sería “la mesa de diálogo y consensos con los maestros, especialistas y padres de familia”.

La polémica con la Prueba PISA

En mayo del año pasado, el director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, declaró que la participación de México en la Prueba PISA estaba “en riesgo”, pues el entonces goberno del presidente Andrés Manuel López Obrador había suspendido algunos requisitos para su aplicación en el 2025, incluido el pago de la cuota correspondiente.

La confirmación del titular de la SEP, Mario Delgado, de que México sí participará este año en la Prueba, se dio en la conferencia presidencial matutina, a pregunta de Proceso y a propósito de la publicación del reportaje “Con AMLO mayor crisis y estancamiento de la enseñanza en México”, en su edición impresa de marzo.

En dicho texto, expertos en temas educativos cuestionaron el hecho de que la administración obradorista se retiró de algunas pruebas a nivel internacional en la materia y que estaba en duda si aplicaría la de PISA.

También aseguraron que en la gestión de López Obrador hubo un “retroceso” en el nivel de aprendizaje de los estudiantes, particularmente, en comprensión de lecto-escritura y en la realización de operaciones matemáticas básicas.  

De acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2022, México obtuvo 126 puntos menos que Japón, el país mejor evaluado; y se quedó a solo seis puntos arriba de Colombia, el último lugar de la OCDE, entre los 37 países participantes.

En ese año, México fue el tercer país peor evaluado de la OCDE en Matemáticas y Comprensión Lectora, así como el peor en el puntaje en Ciencia. Obtuvo un puntaje promedio de 407, frente al más alto que es de 478; es decir, 71 puntos por debajo del promedio.

Fue la peor caída de México en sus resultados desde que participa en PISA en el 2000, de acuerdo con una evaluación del Centro de Investigación en Política Pública.

Con este panorama de “retroceso” que dejó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la “ausencia” de un cambio de ruta en la nueva administración que, por el contrario, recoge gran parte de lo hecho en los últimos seis años, el deseo que Sheinbaum Pardo expresó en su campaña, de convertirse en “la presidenta de la educación”, parece lejano, coinciden especialistas en el ramo.

En entrevistas por separado con Proceso, resumen los principales elementos de esa crisis educativa: bajo y desigual nivel de aprendizaje en general, ausencia de organismos de evaluación, carencia de diagnóstico tras la pandemia de covid-19, opacidad en los resultados de los nuevos modelos, incremento en el número de becas que agravan las desigualdades; distribución de presupuesto para infraestructura escolar sin asesoría, preparación técnica deficiente ante la demanda laboral, falta de capacitación y estímulos a los maestros y recorte presupuestal, entre otros.

Eso es lo que enfrenta el sistema educativo mexicano compuesto por 34 millones 941 mil 380 alumnos, desde educación inicial hasta superior, en 260 mil 262 escuelas de los tres tipos de enseñanza y dos millones 160 mil 440 maestros, según las cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al inicio del ciclo escolar 2023-2024.

Con AMLO, retroceso

Alma Maldonado Maldonado, experta del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), asegura: “En materia educativa el sexenio pasado fue un retroceso significativo en muchos frentes”. Peor aún, lamenta que distintas iniciativas del tabasqueño “las hereda Sheinbaum con más o menos la misma retórica y mismos programas”.

Ese retroceso lo explica con distintos argumentos. Recuerda que López Obrador derogó la reforma educativa hecha por el presidente Enrique Peña Nieto, “pero él no traía un proyecto contundente”. Mientras, su iniciativa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) “fue un invento un poco raro y muy apresurado de Esteban Moctezuma y luego con Delfina Gómez”, los primeros dos de tres titulares de la SEP en esa gestión.

Critica que el cambio de modelo se hizo sin tener planes y programas de estudio previos y “con mucha opacidad en todo el proceso. Aunque digan que hicieron asambleas y consultas, la verdad es que ocultaron información”.

Con Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 25 años de experiencia en investigación educativa, Maldonado recuerda que, tras la pandemia por covid-19, tampoco se hizo…

Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0021 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2025

Asimismo establece una ruta atenciones compuesta por una serie de apoyos, bienes y servicios específicos para garantizar el bienestar de cada grupo de edad, tomando en cuenta las necesidades de aquellos niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

En el caso del grupo de primera infancia compuesto por menores de seis años, se plantea la publicación de un programa de acción específico en materia de salud, nutrición y desarrollo; ampliar la oferta y calidad de los servicios en los centros de cuidado, educación inicial y preescolar; el desarrollo de un programa para brindar apoyo económico a las familias que viven en pobreza extrema y fortalecer las acciones nacionales en materia de prevención de la violencia. 

Para el segundo grupo de seis a 11 años se propone ampliar el acceso a la educación inclusiva y de calidad; fortalecer programas de atención preventiva, nutrición adecuada, evaluación del desarrollo y promoción de actividad física, así como garantizar entornos seguros, libres de violencia y discriminación, con apoyo para familias en situación de vulnerabilidad.

Mientras que la política orientada a la población adolescente busca ampliar y fortalecer el acceso a educación media superior de calidad, incluyendo formación técnica, científica, artística, así como programas de habilidades para la vida, así como implementar servicios de salud mental, prevención de adicciones, atención nutricional y promoción de actividad física. 

Esta propuesta también incluye la promoción de actividades artísticas y culturales, priorizando los territorios con mayores niveles de exclusión social y violencia. Además de la creación de espacios libres de violencia y discriminación, con mecanismos para prevenir el embarazo adolescente, violencia de género y reclutamiento forzado.

Para cada una de las políticas se establecen las obligaciones que tendrán las dependencias involucradas, así como indicadores para medir los avances y resultados.

A través de estas medidas, las organizaciones pretenden que se incorporen más niños, niñas y adolescentes al sistema educativo; incrementar el acceso a la alimentación y a espacios seguros; reducir la tasa de suicidio; disminuir los casos de niñas y niños desaparecidos o no localizados y la tasa de riesgo de reclutamiento. 

En el caso de los adolescentes, busca reducir la prevalencia de trastornos de salud mental, los embarazos y los reclutamientos forzados, así como aumentar la matrícula en educación media superior por ciclo escolar, el acceso a la alimentación y la participación en actividades artísticas y culturales en territorios con altos niveles de exclusión y violencia.

La propuesta es impulsada por los colectivos Compromiso por la Niñez, Pacto por la Primera Infancia, REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México y Tejiendo Redes Infancia. 

Además de las organizaciones de sociedad civil, ADIVAC Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C., Fundación JUCONI México, Fundación UNNIDO, Inclusión Ciudadana A.C., Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C., Mexicanos Primero, Save the Children, Un Kilo de Ayuda, A.C., Kids in Need of Defense – KIND en México, World Vision México, y personas activistas defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo?

El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 es la guía del gobierno donde se establecen los objetivos, las estrategias y prioridades en materia económica, social y política durante este sexenio. 

El plan se compone por cuatro ejes generales: Gobernanza con Justicia y Participación Ciudadana; Desarrollo con Bienestar y Humanismo; Economía Moral y Trabajo, y Desarrollo Sustentable. Así como por tres ejes transversales: Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres; Innovación Pública para el Desarrollo Tecnológico Nacional y Derechos de las Comunidades Indígenas y Afromexicanas. 

En estos ejes se abordan a su vez las 14 Repúblicas presentadas por Claudia Sheinbaum en sus 100 compromisos de gobierno. 

A principios de enero, el gobierno federal dio a conocer que todos los sectores de la sociedad interesados podrán participar en la construcción de este plan a través de su participación en los foros presenciales que se organizarán en todo el país o presentando sus propuestas en el sitio web destinado a este objetivo. 

Los foros presenciales iniciaron el pasado 6 de enero y concluirán el domingo 19. Las personas que no puedan asistir pueden enviar su propuesta a través del sitio web Planeando Juntos.

Menos niños, pero también menos presupuesto para educación

En línea con el discurso oficialista, en los últimos 11 años, la población infantil en edad de cursar  educación básica en México ha descendido de forma ininterrumpida. 

Mientras en el ciclo escolar 2012-2013 se registraron 27.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años, esta cifra cayó a 26.1 millones 140 mil 458 para el ciclo 2023-2024. Esto representa 1.5 millones menos de posibles alumnos, es decir, una reducción de 5.6%.

Pero a la par de esa reducción de la población, la proporción de niños de esas edades que están inscritos en alguna escuela también ha bajado. 

Esto lo podemos observar en dos datos oficiales: la cobertura educativa, que muestra el porcentaje de la población que asiste a un nivel educativo, independientemente de si tienen la edad correspondiente para ese nivel. Y la Tasa Neta de Escolarización (TNE), que mide únicamente a la población en la edad oficial de cursar un nivel educativo que está matriculada en dicho nivel.

Ambos indicadores reflejan si las políticas públicas fomentan el acceso y la permanencia en la educación. Y, por tratarse de porcentajes, no se ven afectadas por la disminución de la población total en edad escolar, y contemplan a la matrícula escolar de planteles públicos y privados.

Desde el ciclo 2016-2017, tanto las tasas de cobertura y escolarización en los tres niveles de educación básica han ido a la baja, aunque esta caída se agravó con el impacto de la  COVID-19, que mantuvo a los alumnos con clases a distancia, y no se ha logrado una recuperación, a los niveles prepandemia. 

La cobertura bajó 3.6 puntos porcentuales entre ese periodo y el ciclo 2023-2024, al pasar de 94.2% a 90.6%; de forma similar, la tasa de escolarización se redujo 2.8 puntos porcentuales en ese periodo, para quedar en 89.9%.

“Hay un fenómeno de transición demográfica que estamos viviendo y está cayendo la población infantil, pero no es el único efecto. Hay una porción de niños que no están inscritos en la escuela y esa es la que nos debe de importar”, comentó Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), a Animal Político.

A ello se suma que entre 2019 y 2022 se dio un aumento en la tasa de trabajo infantil, que creció de 11.4 a 13.1%, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 del INEGI. Según dicho estudio, 3 de cada 10 infantes ocupados no acudieron a la escuela. 

Entre las principales razones por las que esta población no acudió o interrumpió la escuela se encuentran la falta de interés, aptitud o requisitos para entrar a la escuela con 47.8%, por el trabajo a cambio de un pago o ayudando en las tierras o negocio familiar, 17.8%; por la falta de recursos económicos, 10.1%; y por la distancia a la escuela o la inseguridad, 6.2%.

“¿Cómo le hacemos para incorporar a esos niños en zonas alejadas que no están yendo a la escuela y que no reciben una educación aunque sea insuficiente?”, cuestionó la especialista. “(Además) hemos dejado de evaluar a los profesores y a los alumnos, y ahora no sabemos para dónde ir ni por dónde mejorar”.

Menos presupuesto a educación pública y más alumnos en escuelas privadas

A la par de esto, el presupuesto para la educación también se ha reducido en los últimos años, lo que especialistas vinculan al mal estado de los planteles educativos y a una baja calidad en la enseñanza. 

Para 2025 se estableció un gasto educativo de 1 billón 142 mil 491 millones de pesos, una cantidad 1.2% menor en términos reales a la asignada en 2024. Esta suma representa apenas el 3.2% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con un análisis del CIEP.

Esto además está muy por debajo de lo que marca la Ley General de Educación, que en su artículo 119 establece que el financiamiento a la educación pública para garantizar su gratuidad no podrá ser menor del 8% del PIB.

Y mientras en las escuelas públicas de nivel básico disminuyó, el número de estudiantes, las escuelas privadas de ese mismo nivel registraron un aumentó de 287 mil 825 niños y niñas entre el 2021 y el 2024, según la Serie histórica y pronósticos de la estadística del Sistema Educativo Nacional, publicada por la SEP.

De hecho, a partir del ciclo escolar 2021-2022, tras el mayor impacto de la pandemia de COVID-19, la matriculación de estudiantes en escuelas privadas ha aumentado año con año, a la par de una caída en el número de estudiantes en planteles públicos en ese mismo periodo en todos los niveles de educación básica. 

Esta condición se acentuó más en la educación primaria, en la que durante los últimos tres ciclos escolares se ha reducido un 3% la matriculación en la educación pública, pero se ha incrementado un 9% la matrícula en las escuelas particulares.

Para Marco Fernández, investigador asociado de la organización México Evalúa, esta disminución no se debe sólo a la reducción de la población en edad escolar, como sostiene la presidenta Sheinbaum.

“No necesariamente el hecho de que se aumente la matrícula de las privadas quiere decir que sean mejores que las públicas. Pero sí hay algo que están detectando las familias que están privilegiando el mandar a sus hijos, cuando pueden, a las privadas y no a las públicas”, dijo el  también profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. 

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación, entre los ciclos 2020-2021 y 2021-2022, la búsqueda de educación de mejor calidad fue la principal causa para pasar de la educación pública a la privada, para 4 de cada 10 personas. Otras causas frecuentes fueron motivos personales, como el cambio de residencia o que la escuela no le gustó.

“Lo que retrata el análisis de las cifras es la necesidad de fortalecer, donde se tiene que fortalecer es la mejora de los aprendizajes. ¿Y cómo se hace eso? Invirtiendo en mejorar la formación y capacitación de los docentes”, señaló Fernández.