Oaxaca: Hallan dos sembradíos de amapola en 14 hectáreas

Elementos de la Policía Federal (PF) localizaron en las inmediaciones del municipio Santiago Textitlán, Oaxaca, dos terrenos con una extensión total de más de 14 hectáreas, sembrados aparentemente con amapola.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que el hallazgo se registró cuando elementos de la PF, en coordinación con la Procuraduría General de la República y autoridades del estado de Oaxaca, realizaban sobre vuelos en la entidad y detectaron los sembradíos.

En el lugar, precisó, los efectivos realizaron operativos terrestres, donde localizaron dos terrenos, uno de ellos con una superficie de 100 mil metros cuadrados, sembrado con plantas de amapola con un peso aproximado de 142 mil 900 kilogramos.

El segundo terreno de cultivo tenía una extensión de 48 mil metros cuadrados y aproximadamente 50 mil 800 kilos de plantas de amapola.

De acuerdo con la CNS, los elementos tomaron muestras de los plantíos destruidos, que fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en la capital de Oaxaca, donde se continuará con las investigaciones que correspondan.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/473273/oaxaca-hallan-dos-sembradios-amapola-en-14-hectareas

Bajo el cobijo de Peña, militares violan reiteradamente derechos en México: HRW

WASHINGTON: Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas armadas mexicanas cometen “reiteradamente” todo tipo de violaciones de derechos humanos bajo el cobijo del gobierno de Enrique Pena Nieto, justificando los atropellos y crímenes con el combate al narcotráfico y crimen organizado.


“Durante el gobierno del presidente Peña Nieto miembros de las fuerzas armadas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos”, sentenció HWR, organización internacional dedicada a defender las garantías individuales de las personas en el mundo.

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en 2016, HRW anota que las violaciones, crímenes y atropellos cometidos por las fuerzas armadas mexicanas van desde “ejecuciones extrajudiciales hasta desapariciones forzadas y torturas”, todo esto llevado a cabo dentro de la estrategia de seguridad de Peña Nieto para contener el tráfico de drogas y el crimen organizado.

“El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico”, se advierte en el capítulo de siete páginas que dedicó HRW al caso mexicano.

Las graves violaciones a los derechos humanos que continúan cometiendo y con reiteración los integrantes de las fuerzas armadas mexicanas, de acuerdo con el reporte de la organización internacional, se enmarcan en “un clima de impunidad” y son “sistemáticas y endémicas”.

La decisión del gobierno mexicano, desde el sexenio de Calderón, de sacar de los cuarteles a los miembros del Ejército y de la Armada para combatir el narcotráfico y crimen organizado, dio como resultado que los militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos.

“Hasta julio (pasado) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había recibido 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2 mil durante el gobierno actual”, indica el informe de HRW para ejemplificar su denuncia.

Pese a estas denuncias, el reporte sostiene que el gobierno de Peña Nieto no ha hecho nada para esclarecer los casos ni castigar a los militares que cometen las graves violaciones a derechos humanos.

Y cita como evidencia de impunidad la falta de aplicación de justicia contra los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que participaron en las ejecuciones extrajudiciales de 22 de los 42 civiles muertos en un enfrentamiento con miembros de un grupo criminal en Tanhuato, Michoacán, en 2015.

También destaca el caso de los 22 civiles asesinados por soldados en Tlatlaya, Estado de México, donde varios de los implicados en esas ejecuciones fueron absueltos el año pasado por un tribunal federal.

“Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. En general, las torturas se aplican en el periodo entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Publico”, destaca HRW.

“Durante ese tiempo”, continúa el reporte en el inciso de las torturas, “las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual”.

Como otros casos de evidencia grave de violación a derechos humanos, de impunidad y falta de interés de parte del gobierno de Peña para esclarecerlos, HRW subraya la carencia de una solución e investigación creíbles al caso de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre 2014 en la ciudad de Iguala.

Da cuenta a su vez de que, en abril del año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo del gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entregó su informe definitivo sobre el asunto y formuló algunas recomendaciones.

“El informe documentó gravísimas falencias en la investigación del caso, refutó las principales conclusiones de la Procuraduría General de la República, e instó a las autoridades a iniciar nuevas líneas de investigación”, se destaca en el reporte de HRW.

Entre otras violaciones a los derechos humanos que se cometieron en México en 2016 y que también son reiterativas, además de que muchos de los casos siguen impunes, HRW cuenta los ataques a periodistas y el acceso limitado a derechos reproductivos y atención de la salud que padecen muchos mexicanos.

“Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones. Es habitual que periodistas opten por la autocensura ante los ataques por parte de autoridades o grupos delictivos”, enfatiza HRW.

Las mujeres, las niñas y los homosexuales son también victimas constantes de abusos a sus derechos humanos, lo mismo que los homosexuales, las personas discapacitadas y los indígenas, acota el informe.

HRW explica que el clima de impunidad y de falta de justicia por la crisis de derechos humanos se enerva ante la descalificación que hace el gobierno de Peña de quienes, a nivel nacional e internacional, denuncian esa realidad.
El informe explica cómo el gobierno de Peña Nieto criticó a la CIDH cuando en marzo de 2016, en su informe sobre México, alertó que el país atravesaba por una “crisis de graves violaciones a los derechos humanos”.

Entonces el gobierno mexicano reaccionó asegurando que no había tal crisis de derechos humanos. En ese mismo mes, el gobierno de Peña negó la autorización al relator especial de la ONU sobre la tortura a regresar al país.

En 2015, el relator especial determinó que en México la tortura era una práctica generalizada. Las autoridades mexicanas reviraron acusándolo de actuar de manera poco ética.

“En abril (de 2016), los relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos, libertad de expresión y libertad de reunión y asociación manifestaron preocupación por una campaña deliberada en los medios mexicanos, por medio de la cual se acusaba a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de incurrir en fraude, corrupción y favorecer la impunidad al realizar denuncias –que calificaron de falsas–, en el sentido de que se torturaba a personas detenidas”.


Por ello “Instaron al gobierno a garantizar un ambiente seguro en el cual tales personas y organizaciones pudieran actuar en forma libre de cualquier tipo de acoso”, remata el informe anual de HRW sobre el estado de los derechos humanos en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469789/bajo-cobijo-pena-militares-violan-reiteradamente-derechos-en-mexico-hrw

Ejército custodia apertura de mina ilegal y amedrenta a comunidad en Coahuila

Elementos del Ejército Mexicano ingresaron a la villa de Cloete, en el municipio coahuilense de Sabinas, amenazando a vecinos con detenerlos si no retiraban una protesta contra la instalación de una mina clausurada por el gobierno federal.

Desde ayer los empresarios Álvaro Jaime, Joel Bermea y Servando Guerra ingresaron al tajo carbonero “Cloete Norte”, con la pretensión de reiniciar operaciones. Como el fundo minero estaba clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), vecinos de esa localidad se apostaron en las inmediaciones para impedir las actividades.

Esta mañana, en un nuevo intento por reiniciar operaciones, los empresarios llegaron acompañados de efectivos militares a bordo de tanquetas, quienes conminaron a los habitantes de la villa a retirarse y permitir los trabajos, advirtiéndoles que de no acatar la orden, serían detenidos. Los empresarios argüían que contaban con una autorización de Profepa, emitida el pasado 3 de enero, a través de la que ya había levantado la clausura.

Los intentos por reabrir ese tajo carbonero se han visto limitados por la movilización social en la comunidad, ya que se ubica a unos cuantos metros del caserío, e inclusive afectaría predios vecinales.

La Familia de Pasta de Conchos, una asociación civil que agrupa a mineros y familiares de quienes han perdido la vida en actividades extractivas, denunció que la presencia militar es injustificada.

Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos que forma parte de dicha organización, pidió a la delegación estatal de la Profepa que confirmara el levantamiento de la clausura. La dependencia, sin embargo, negó la versión de los empresarios.

En el expediente administrativo PFPA/12.2/2.C.27.2/0047-15, cuya copia tiene Apro, se integró un acuerdo signado el pasado 3 de enero, en el que, en efecto, se levantó la clausura, pero no para reiniciar actividades extractivas, sino para remediar, en un plazo de tres meses, los daños causados en la zona durante el desarrollo del tajo carbonero.

Los empresarios que pretenden reabrir la explotación carbonífera están identificados con grupos políticos de la zona, como en el caso de Servando Guerra y Álvaro Jaime, este último regidor priista del ayuntamiento de Sabinas.

En tanto, Joel Bermea es hermano de Reynol Bermea, un concesionario carbonero que en 2011 fue detenido por la Marina acusado de pertenecer a la organización criminal de Los Zetas. Meses después quedó en libertad, pero al poco tiempo fue asesinado a tiros.

Las empresas de la familia Bermea y su socio Servando Guerra fueron incluidas en investigaciones relacionadas con los hermanos Treviño Morales, Miguel Ángel El Z40 o L40 y Omar, El Z42. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad, a través de la paraestatal del gobierno de Coahuila, Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), le siguió comprando el mineral para alimentar las plantas carboeléctricas ubicadas en el municipio de Nava, muy cerca de la frontera.


Respecto del operativo de hoy, Auerbach Benavides consideró que la protección del Ejército en la apertura de una mina ilegal es indicativa de que alguna autoridad se propone garantizar la operación en ese socavón.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/ejercito-custodia-apertura-mina-ilegal-amedrenta-comunidad-coahuila/

Fuerzas Armadas: Un golpe silencioso

Hace una década, y por un acto irreflexivo, Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para que emprendiera una tarea que no le correspondía: combatir el crimen organizado. Ahora, el titular de la Secretaría de la Defensa, Salvador Cienfuegos, da un manotazo y exige que la tropa vuelva a los cuarteles, a menos que haya una cobertura legal que legitime ese estado de excepción en el que de hecho viven los mexicanos desde hace una década. Esa legitimación ya se cocina en el Congreso con el único fin de crear una ley que haga constitucional la militarización del país.

CIUDAD DE MÉXICO: El secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, calló más de lo que dijo. Detrás de sus fuertes críticas a las autoridades civiles está el proyecto de los mandos militares de intervenir para “restaurar el orden interno” en el país con el aval del presidente de la República.

Las presiones del general secretario para que el Congreso elabore ya una Ley de Seguridad Interior están encaminadas también a buscar una protección retroactiva a los militares comprometidos por violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, a responder ante un eventual requerimiento judicial internacional por crímenes de lesa humanidad.

El pasado 27 de octubre el PRI presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Interior que propone amplias facultades a los mandos militares en casos de amenazas “a las instituciones y al desarrollo nacional”, sin más contrapeso que el de sus compañeros en el gabinete de seguridad nacional y en la que el Legislativo queda como mero facilitador y sin más información que aquella que los militares le quieran dar.

Con el argumento de la inoperancia de la fuerza civil, la cúpula militar ha cabildeado esa iniciativa con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y su partido. Con la experiencia del sexenio pasado, cuando una propuesta similar quedó congelada en el Congreso, el alto mando militar salió esta vez a hacer una intensa campaña ante la opinión pública.

El pretexto lo dio el desayuno de fin de año del general Cienfuegos con los reporteros que cubren las actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el pasado jueves 8. A diferencia de otros años, el alto mando del Ejército tomó el micrófono para explayarse en sus declaraciones.

Habló sobre el desgaste de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, de que “no estudiaron para perseguir delincuentes”, del “deseo” de los militares de regresar a los cuarteles y la advertencia de que en el Ejército hay quienes “ya se lo están pensando” (si salen a las calles) para no ser acusados de violaciones a los derechos humanos.

El tono y el discurso tuvieron un destinatario preciso: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al que mediante alusiones responsabilizó de no haber impulsado la iniciativa de ley ni la profesionalización de las policías civiles.

Aunque los legisladores que han presentado iniciativas sobre seguridad interior salieron de inmediato a avalar la retórica del general, respaldada por la mayoría de los formadores de opinión, la ansiada ley para los militares tendrá que esperar, aun cuando en la Cámara de Diputados y en el Senado hay consenso sobre la necesidad de legislar en la materia.

Pero no una ley como la que firmaron los diputados del PRI, César Camacho, coordinador de ese partido, y Marta Sofía Tamayo. El senador panista Roberto Gil presentó el 19 de septiembre un proyecto de ley que le da mayor peso al control legislativo a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, mientras que el diputado panista Jorge Ramos propone, en lugar de una ley ex profeso, un nuevo capítulo en la actual Ley de Seguridad Nacional.

La divergencia creció más cuando el PRD planteó que al mismo tiempo se debe reglamentar el Artículo 29 de la Constitución sobre la suspensión de derechos en los casos de estados de excepción, y aprobar la reforma constitucional para crear la figura de “mando mixto policial”, bajo el cual los municipios dejan de estar a cargo de la seguridad pública.

La Ley de Seguridad Interior es la principal de una serie de iniciativas en materia de seguridad. También están la Ley General de Víctimas, que ya fue aprobada en el pleno por la Cámara de Diputados y el Senado; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y la reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución.

Las disposiciones tendrán que alinearse con el propósito de la cúpula militar para intervenir en operaciones de “restauración del orden interno”, razón por la cual las tres últimas fueron retiradas cuando iban a ser aprobadas, la semana pasada, en el pleno de la Cámara de Diputados, luego de que en comisiones se habían aprobado las minutas respectivas enviadas por el Senado.

Lo que quieren los militares

La iniciativa del PRI sobre Seguridad Interior va a tono con el discurso de Cienfuegos para tener una ley que proteja a las Fuerzas Armadas, pero sin que existan contrapesos efectivos. Les da a éstas la facultad de “normalizar el orden interno” en cualquier parte del país mediante “operaciones de restauración del orden” en las que la máxima autoridad puede ser un comandante militar designado por el Ejército y la Marina.

Asegura que las Fuerzas Armadas intervendrán “sólo cuando las capacidades de las Fuerzas Federales (Policía Federal) resulten insuficientes para contrarrestar las amenazas”.

En ese caso, a propuesta de los mandos del Ejército y la Armada, el presidente designará a un “comandante de las Fuerzas Armadas participantes”, quien será el encargado de dirigir “los grupos interinstitucionales” que se integren y “definirá las responsabilidades, canales de comunicación y la coordinación entre las autoridades civiles y militares”.

Entre las acciones que podrían efectuar los militares están el establecimiento de destacamentos de seguridad y de bases de operaciones móviles y fijas; la intercepción terrestre, aérea y marítima; patrullajes; puestos de vigilancia; reconocimientos; seguridad en instalaciones estratégicas; escoltas de seguridad y todas “las que se consideren necesarias”.

Respecto al uso de la fuerza, dice que se hará en función de sus propios protocolos para “controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia”, incluso si no es agresiva.

La única previsión que pone a los militares es que sea el presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el que emita una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, según lo determine el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

Pero en esa decisión también tomarán parte los propios jefes castrenses como integrantes del CSN, que encabeza el titular del Ejecutivo federal y todos cuyos miembros son sus subordinados.

Además de los titulares de la Sedena y de la Secretaría de Marina, en el CSN participan los secretarios de Gobernación, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes, así como el procurador general de la República.

Un peso importante en el CSN lo tiene el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien además de ser el secretario técnico del consejo –es decir el encargado de operar los acuerdos del mismo– participa a través de la Comisión Nacional de Seguridad, que tiene a su cargo a la Policía Federal, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

En un escenario de intervención federal, la Segob también será la encargada de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.

La iniciativa del partido gobernante señala que como responsable de la seguridad interior y de la política de seguridad pública, la Segob debe también coordinar con el resto de las dependencias federales, los estados y los municipios, acciones para “la normalización del orden interno en un área o zona geográfica del país”.

Dice que el objetivo de la ley es garantizar la seguridad interior, a la que define como “la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”.

A partir de esa definición dice que la seguridad interior puede estar afectada por el cambio climático, la corrupción, la deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico de armas de fuego, los desastres y todas aquellas situaciones incluidas en la Agenda Nacional de Riesgos, prevista en la Ley de Seguridad Nacional.

Además, dice que cuando las autoridades competentes estén rebasadas, se considerarán amenazas a la seguridad interior los actos violentos que busquen “quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio o en alguna de sus partes”.

Lo mismo, en el caso de fenómenos de origen temporal o emergencias ambiental, biológica, nuclear, química, sanitaria o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad o a la infraestructura estratégica.

Las Fuerzas Armadas también podrán actuar ante “cualquier otro acto u hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas” en cualquier parte del país.

La propuesta de ley descansa únicamente en el Ejecutivo federal la decisión de emitir una “Declaratoria de Protección a la Seguridad”, cuando así lo decida el propio presidente de la República o a solicitud de algún gobernador o Congreso estatal, mientras que el Congreso sólo debe pronunciarse sobre su legalidad y estar a la espera de “un informe” que el secretario de Gobernación le remita a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, acción que define como un “esquema de control democrático”.

El Ejército y la Marina podrían intervenir incluso antes de la declaratoria, pues la propuesta le da al presidente la atribución de “ordenar acciones inmediatas” si hay situaciones “que pongan en peligro a la población o debiliten a las instituciones democráticas”.

La declaratoria, por lo demás, se podrá modificar para prolongar la intervención federal si persisten las causas que le dieron origen. Señala que sus efectos son distintos a los de la suspensión de derechos prevista en el Artículo 29 de la Constitución, pues no “implican la restricción o suspensión de los derechos humanos y sus garantías”.

Sin embargo, en la exposición de motivos, los diputados priistas dicen que esa disposición constitucional aplica para “casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, la misma condición que establecen para una intervención de las Fuerzas Armadas.

La información en torno a las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior será clasificada como de seguridad nacional, por lo que no serán del conocimiento público. Por el contrario, en una intervención de seguridad interior las autoridades civiles tendrán que darles a los militares toda la información de inteligencia que les pidan.

Más aún, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio, las operaciones en vigor que al momento de la publicación de la ley estén realizando los militares por algunas de las causas descritas, se seguirán realizando si se cumple con el procedimiento para establecer una intervención federal; es decir, que bastaría con ese requisito mínimo para que la ley sea retroactiva.

Estado de excepción “de facto”

El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Waldo Fernández González, diputado perredista por Nuevo León, considera que la norma sobre seguridad interior tendría que ser un capítulo de la Ley de Seguridad Nacional, más que un ordenamiento expreso.

En cualquier caso, coincide en la necesidad de regular la participación de los militares en tareas de seguridad interior, pero con fechas específicas para que los gobiernos de los estados fortalezcan a sus policías y las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles: “Tiene que haber un tiempo preciso, como ocurrió con el nuevo sistema de justicia penal, que estableció plazos” para su entrada en vigor.

Además, propone restablecer el principio de responsabilidad penal para los gobernadores que no certifiquen a sus cuerpos policiacos, tarea que al final del anterior sexenio se fijó para el actual.

Los plazos que se fijaron fueron modificados a propuesta del exsenador priista y actual gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, hasta que el tema se desvaneció sin que se cumpliera con lo establecido en los transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En entrevista, el pasado miércoles 14, Fernández González se dice convencido de darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas no sólo en beneficio de ellas, sino de los ciudadanos, “que tienen que saber en qué casos van a intervenir las Fuerzas Armadas y en cuáles se van a retirar. Parte central del debate es cuándo deben intervenir y bajo qué protocolos de actuación”.

Especializado en política y estrategia de defensa y seguridad nacional, el diputado federal por Nuevo León dice que la legislación en Seguridad Interior se tiene que hacer sin dogmas: “¿Que se va a militarizar el país? Si ya está militarizado. Pero por otro lado tampoco hay que dejar vacíos que impidan el control en la actuación de las Fuerzas Armadas. Hay que ponerle contrapesos al Ejército y al propio Ejecutivo”.

Opuesto a que los militares se conviertan en una autoridad por encima del poder civil en donde intervenga la autoridad federal, asegura que en el caso de Nuevo León, las Fuerzas Armadas se constituyeron de facto en un mando único para resolver el tema de la inseguridad. En las juntas de coordinación, el Ejército tomaba el mando y el control de los operativos, refiere; aunque admite también que hay otras experiencias en las que no ha gustado el mando único de los militares.

“Los militares tienen que enfocarse en su actuar, tienen que estar viendo temas de delincuencia organizada cuando no la pueda confrontar la autoridad civil. Pero es fundamental que en una ley de seguridad interior se determine cuándo tienen que intervenir y a petición de quién, las amenazas que van a enfrentar y los protocolos de actuación, además de establecer en artículos transitorios fechas límite para el fortalecimiento de las policías.

El legislador reivindica el papel del Congreso para fijar contrapesos en una ley en la que se favorece la actuación militar y para que el diálogo entre civiles y militares no sea exclusivamente con el Ejecutivo.

Dice que ante el vacío legal sobre la actuación militar en tareas de seguridad interna y de cara a los compromisos internacionales que ha asumido México en derechos humanos, “pudiera venir una autoridad del extranjero a tratar de enjuiciar a nuestras Fuerzas Armadas. Lo podrían hacer, pero con una ley tendríamos el procedimiento interno de defensa”.

Además, legislar en la materia sería “reconocer el estado de excepción que estamos viviendo desde hace una década. En el sexenio de Calderón no se quiso aceptar esa situación y el costo lo han pagado tanto las Fuerzas Armadas como los ciudadanos”.

Abunda: “Hubo un cálculo político por parte de Calderón pensando que el estado de excepción de facto iba a ser una solución sencilla, sin darse cuenta del entuerto que estaba armando”.


Como presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Fernández dice que quien sacó a los militares de sus cuarteles “simple y sencillamente se lavó las manos, y ahora el PRI, que está en el poder, tampoco le ha entrado con seriedad al problema”, al promover una ley sin contrapesos al poder militar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466974/fuerzas-armadas-golpe-silencioso

Cienfuegos y Osorio: las disputas del poder

CIUDAD DE MÉXICO: Cuando el principal jefe militar de un país sale a hablar mal de la clase política, cuestiona a los jueces y recibe el apoyo incondicional de los medios de comunicación, el poder civil está obligado a revisar qué tipo de Fuerzas Armadas quiere y para qué las quiere.


Detrás del discurso del hartazgo del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, está el fracaso de la política de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto y las propias ambiciones de los cuerpos militares.

Su gran cuestionamiento a la tarea supletoria que están haciendo ante la ineficacia de las policías civiles, fue directo, por partida doble contra el secretario de Gobernación, su compañero de gabinete, Miguel Ángel Osorio Chong.


Como encargado de la seguridad interior y responsable de la Policía Federal, Osorio fue aludido por el general por la falta de impulso a la ley de seguridad interior que cubra la actuación de los militares en las calles y su inacción ante la histórica carencia de una policía civil profesional.

No es la primera vez que las diferencias entre Cienfuegos y Osorio se hacen públicas. Ocurrió en mayo de 2015, cuando el secretario de Gobernación pretendió que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrevistara a los integrantes del 27 Batallón de Infantería en Iguala ante los reclamos de los padres de los 43 normalistas desaparecidos. El general salió de inmediato a rechazarlo.

El desencuentro viene desde el inicio del gobierno, cuando se disputaron el control de la Gendarmería, el cuerpo que Peña Nieto soñó para profesionalizar a la fuerza federal y reemplazar a la Policía Federal unipersonal que heredó de Felipe Calderón.

Los militares querían el control del nuevo cuerpo. Como no pudieron, se replegaron. Pero ni Osorio ni el entonces comisionado de seguridad, Manuel Mondragón, pudieron con el proyecto presidencial y la Gendarmería acabó en una división del cuerpo policial que no quería su jefe.

Ahora, los militares tienen todo los argumentos a su favor para reprocharle a Osorio.

Sí, los militares mexicanos están hartos. Pero no de enfrentar al narcotráfico, sino de carecer de la protección legal que justifique su actuación, incluidas las violaciones a los derechos humanos.

Desde hace más de dos décadas, jefes y oficiales del Ejército y la Armada de México han participado gustosos en cuerpos policiales civiles. Desde la Policía Federal, hasta policías estatales y municipales. Pasando, incluso por la Procuraduría General de la República.

El estado de la seguridad pública en el país también es responsabilidad de ellos. No sólo de los cuerpos civiles que tanto critican.

El diferendo entre Cienfuegos y Osorio reedita la confrontación que el sexenio pasado tuvo el general ahora retirado, Guillermo Galván, como secretario de la Defensa Nacional, con el entonces poderoso secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.


Como Calderón, Peña Nieto descansó en los militares a cambio de impunidad, sin que ninguno de los dos haya impulsado contrapesos a la actuación militar. Mucho menos, la reflexión si se quiere un ejército de guerra para el exterior o uno de intervención para la seguridad interior, cualquier cosa que eso signifique.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466479/cienfuegos-osorio-las-disputas-del-poder

Una década de reafirmación del Ejército

CIUDAD DE MEXICO: El general Salvador Cienfuegos lanzó el pasado jueves 8 un discurso que fue interpretado como de hartazgo del Ejército ante las constantes críticas por su papel irregular en la guerra contra el narcotráfico.

Pero ante las reacciones inmediatas de apoyo de empresarios, políticos, Iglesia y organizaciones sociales de que la milicia no regrese a sus cuarteles, el mensaje real pareciera ser más de reafirmación que de retiro.

Nadie que conoce el comportamiento de los altos mandos del Ejército sabe que un discurso como el que pronunció el secretario de la Defensa Nacional no es ajeno al conocimiento del jefe máximo de las fuerzas armadas, el presidente de la República.

Seguramente el general Cienfuegos acordó con el presidente Enrique Peña Nieto el contenido del mensaje que emitió esa mañana en un desayuno con la prensa. Esos discursos, por el calibre del contenido, no se pronuncian sino es bajo acuerdos previos.

La ocasión elegida era oportuna porque no se festejaba algo en especial, sino era una reunión con los medios de comunicación institucionales que raudos reprodujeron el discurso militar bajo el tenor de que era un reclamo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong –el mejor posicionado como candidato presidencial del PRI hasta el momento—, debido a que no ha respondido a la petición de regular el trabajo de los militares en cuestiones de seguridad pública.

Es verdad que las fuerzas armadas han quedado en una posición de desventaja al sacarlas de los cuarteles para combatir al crimen organizado y recuperar territorio controlado por algunos grupos criminales, como es el caso de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.

Según informes internos de la Secretaría de la Defensa, mencionados por el columnista Raymundo Riva Palacio, hasta el 1 de agosto pasado en los últimos nueve años han muerto 468 efectivos en la lucha contra el narco, la mayor parte en Tamaulipas, con 113, seguido de Michoacán con 53 y Sinaloa con 50.

La mayor parte de los muertos son militares de base: 60% soldados, 20% cabos y 12% sargentos. Los ataques a las fuerzas militares en la última década han sido 3 mil 813.

Observados estos números y las críticas a los abusos en casos como Tlatlaya, Tanhuato y Ayotzinapa, es imposible desestimar los golpes que han sufrido las fuerzas militares en labores de seguridad pública para las que no fueron preparadas.

No obstante, puesto en ese mismo contexto, también es imposible no ver el otro mensaje implícito del discurso del general Cienfuegos: la reafirmación a su tarea de luchar contra un enemigo que supera a todas las policías del país.

En ese discurso el general ratificó la subordinación de 200 mil soldados a la voluntad de Peña Nieto. Pero sobre todo recriminó que la Secretaría de Gobernación no haya emitido un reglamento que regularice su actuación en labores de seguridad pública.

“Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quién las deba hacer o no están capacitados”, reprochó el alto mando del Ejército.

Contrario a la posibilidad de que por fin regresen a sus cuarteles, diversos sectores de la sociedad pidieron que los militares siguieran en las calles combatiendo a los delincuentes.


Fue así que al cumplirse una década de la declaración de guerra contra los cárteles del narcotráfico, el mensaje del general Salvador Cienfuegos fue muy bien acogido por los grupos de poder, cerrando así la posibilidad de cambiar la estrategia militar, a pesar de que ésta sólo ha traído más corrupción, rompimiento del tejidos social, mayor violencia y miles de muertes y desapariciones forzadas de mexicanos inocentes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466262/una-decada-reafirmacion-del-ejercito

La ley Cienfuegos

En unos cuantos días, el Secretario de la Defensa Nacional ha secuestrado la agenda política nacional. Lejos se ve la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió tras su visita a México en 2015: “Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles”.

En unos cuantos días, el Secretario de la Defensa Nacional ha secuestrado la agenda política nacional. Lejos se ve la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió tras su visita a México en 2015: “Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles”.

El súbito fortalecimiento del debate sobre el papel del ejército en las calles, se da en el ocaso de uno de los años más violentos de la recién cumplida década de guerra contra el crimen organizado, pero de ninguna forma empezó por la exigencia del General Cienfuegos, ni con las iniciativas presentadas por Roberto Gil Zuarth en el Senado y César Camacho en la Cámara de Diputados. Las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de la violencia han recorrido un camino muy largo en los últimos años en la búsqueda de controles y contrapesos democráticos al uso arbitrario de la fuerza, pero ni lo documentado en casos tan emblemáticos como Tlatlaya y Ayotzinapa, han logrado la atención del Congreso como el golpe en la mesa del General.

Nunca respondió Enrique Peña Nieto con tanta celeridad y compromiso con el tema como el pasado lunes al otorgarle la razón al General que lo acusó a él y a los tres poderes de la unión como lo hizo. Cienfuegos acusó al Poder Judicial de no saber implementar la reforma penal para mantener en la cárcel a los delincuentes, al Legislativo por mantener un marco legal indebido para el papel de las fuerzas armadas y al Ejecutivo, por mantenerlos inconstitucionalmente en las calles, pues los diez años de la guerra contra la delincuencia organizada vienen de una orden ineludible del comandante supremo de las fuerzas armadas y no de una estrategia integral, como se ha evidenciado desde hace años.

La inmediatez y torpeza del presidente en su respuesta, concediendo la razón al General “a pesar del contexto”, Dibujan con claridad su tamaño frente a la institución que comanda. A la mente vienen todos los episodios en los que Peña no ha demostrado ser el Comandante Supremo ante situaciones tan delicadas como, por ejemplo, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la CIDH para coadyuvar en las investigaciones del caso Ayotzinapa, solicitó entrevistar al batallón 27 de Iguala y la resistencia, hasta mediática, del General para colaborar con una obligación adquirida por el Estado Mexicano.

Como si viera que la institución presidencial tambalea hasta en el Congreso mismo, el General actúa motu proprio, primero preparando el terreno en ambas cámaras (pues sería iluso pensar que las iniciativas presentadas por Gil y Camacho en las cámaras no tienen la pluma castrense en cada exceso propuesto) y luego, cuando llegaron las resistencias, al protagonizar la defensa de una ley que, ha de pensar, el presidente no puede liderar. Así, el General no apela a un debate nacional donde puedan participar todos los sectores que deberían hacerlo, mientras dos poderes de la unión se encogen de brazos y acatan la orden.

Nadie puede negar que es necesario actualizar el marco legal con el que actúa el ejército, pero hacerlo sin poner el centro del debate la necesidad de contar con controles democráticos y contrapesos, concediéndole facultades que ha tomado por la fuerza y de las cuales derivan violaciones graves a los derechos humanos, aleja a la propia institución de un fin legítimo por uno tan mezquino como lograr impunidad y lavar una imagen contaminada por evidencias tan espeluznantes como el hecho de ser considerado el ejército más letal del mundo al matar a ocho personas por cada una que hiere.

También se debe reconocer que al interior de la propia institución castrense, existen víctimas de la decisión de mantenerlos en labores de seguridad pública. Por años, miembros del ejército han visto la creación de grupos de élite, como la Gendarmería, dotados de presupuesto y prerrogativas que, en muchas ocasiones, ni los militares poseen.

Tampoco pueden hacerse de lado episodios como la emboscada del pasado 30 de septiembre en Culiacán, que ejemplifica la colusión de las fuerza policiacas locales con el crimen organizado; pero si permitimos que la solución sea legalizar lo normalizado, lejos estaremos del fortalecimiento que necesitan las policías y las fiscalías, para que sean éstas quienes puedan garantizar la seguridad ciudadana.


La Ley Cienfuegos está en el horno y el debate que llegará tan pronto como el 2017, no puede empezar con absolutos: Ni el ejército debe permanecer en las calles con una ley que legitime su excesos, ni el retorno a los cuarteles debe darse en una sola orden. Por eso, el Congreso debe hacer lo que no fue capaz de atender con responsabilidad cuando la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas recomendaron a México, y pensar en el retorno paulatino de las Fuerzas Armadas, de tareas ajenas a su naturaleza. Van 200 mil muertos tarde.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ALFREDO LECONA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1412/mexico/la-ley-cienfuegos/

Hipólito Mora: crecerá delincuencia si militares regresan a cuarteles

Morelia, Mich. Hipólito Mora Chávez, el ex líder de autodefensas de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, señaló que los militares no deben salir de las calles ni de las zonas conflictivas como Tierra Caliente, “Si se regresan a sus cuarteles crecerá la delincuencia”.

Mencionó que es necesario se lleven a cabo algunas reformas, pero lo más importante es combatir los vicios que impiden que haya mejores resultados en materia de seguridad.


Sostuvo que el Ejército en coordinación con la Policía Michoacán ha estado trabajando bien, pero no se deben descuidar municipios de Tierra Caliente, Costa y Sierra porque habrá más problemas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/13/hipolito-mora-crecera-delincuencia-si-militares-regresan-a-cuarteles

Pide Concanaco que el Ejército no regrese a cuarteles

Ciudad de México. Si el Ejército mexicano regresara a los cuarteles de inmediato “sería dejar en total indefensión a muchísimas comunidades en México” ante la inexistencia de fuerzas policiacas confiables, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco, Servytur), Enrique Solana Sentíes.

A unos días de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presente en el Senado de la República la misma iniciativa de ley de seguridad interior que el tricolor presentó en la Cámara de Diputados para normar la actuación de las fuerzas armadas en el desempeño de tareas de seguridad interna, el dirigente de los comerciantes externó su preocupación porque el Ejército pudiera regresar a los cuarteles sin que se haya resuelto el problema de la inseguridad y de la reingeniería de las fuerzas policiacas.

“La verdad es que en ningún lugar del país o en muy pocos lugares del país, no quiero ser exagerado, se tiene hoy credibilidad, confianza y tranquilidad cuando ven que llegan las fuerzas policiacas. Un poco menos a la Policía Federal, pero por supuesto con los efectivos que tiene sería imposible que pudiera cubrir todo el país”, comentó el dirigente en conferencia de prensa.

Prueba de ello, dijo, fue la incapacidad de las fuerzas federales de controlar el movimiento magisterial encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“De hecho nosotros vimos, y así se lo mencionamos al secretario (Miguel Ángel) Osorio Chong que en el conflicto de Oaxaca y Chiapas se veía cómo de hecho la CNTE jugaba con la Policía Federal abriéndoles frentes en diferentes lugares de tal forma de dividirlos y distraerlos, entonces no tienen la fuerza para cubrir ni siquiera dos estados completos”, criticó.

Solana se pronunció porque se le den garantías al Ejército para que pueda operar conforme a derecho y no corra el riesgo de acusaciones por acciones de lesa humanidad.

“Que inclusive jueces tipo (Baltazar) Garzón en España un día se le vaya a ocurrir llamar a algunos de nuestros militares a juicio por violaciones a los derechos humanos porque no estaba en sus funciones lo que estaban haciendo. Lo que hay que hacer es un proceso de transición, de traslado poco a poco de la seguridad interna a la policía, pero teniendo un proceso primero de recomposición, hoy no existe policía”, sentenció.

Entre los estados que destacó como los más peligrosos son Tamaulipas, donde recientemente ocurrió una balacera luego de un festejo público en el que se encendió un árbol de navidad y cuyo gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, le mencionó que para el estado era indispensable la presencia del Ejército y la Marina.

Solana también mencionó los estados de Veracruz y Guerrero como unas de las zonas con mayor dependencia de las fuerzas armadas para labores de seguridad.


“Es impensable pensar que los retiren, no me lo imagino, ojalá que esto no pase y que encuentren otro tipo de soluciones, por supuesto los tenemos que regresar a los cuarteles pero no en este momento, sería dejar en total indefensión a muchísimas comunidades en México y eso es algo que a mi me preocupa muchísimo” señaló.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN CARLOS MIRANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/13/pide-concanaco-que-ejercito-no-regrese-a-cuarteles

Militares padecen depresión durante guerra contra narco; Sedena tiene déficit de psiquiatras

Al menos 305 militares han sido diagnosticados con depresión y ansiedad en la última década; la OMS recomienda 9 psiquiatras por cada 100 mil personas, y el Ejército cuenta con 33 para atender a 800,000 militares y sus familias.

En los 10 años que ha durado la guerra contra el crimen organizado al menos 305 militares han sido diagnosticados con depresión y ansiedad, mientras que otros 8 se han quitado la vida, los dos últimos en 2016, según reportes oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Tal como concluyen estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las labores de “mantenimiento del orden público” exponen a quien las realiza a “eventos traumáticos o violentos”, que vuelven sus ocupaciones “intrínsecamente más estresantes” que la media.

Los reportes de la Sedena, obtenidos vía transparencia gubernamental a solicitud de Animal Político y otros ciudadanos interesados en el tema, revelan que entre enero de 2007 y julio de 2016 elementos del Ejército han sostenido 3 mil 842 enfrentamientos con “integrantes de la delincuencia organizada”; en el mismo lapso un total de 214 militares fueron diagnosticados con depresión, y otros 91 con ansiedad, todo el marco de la “guerra” contra el narcotráfico.

El mayor número de soldados con ambos padecimientos se alcanzó en 2007, cuando 73 militares fueron diagnosticados con trastornos mentales. El año 2007 fue, precisamente, cuando el Ejército salió por primera vez de sus cuarteles, para combatir a los cárteles del narcotráfico.

En el caso de militares con trastornos depresivos, el segundo año con mayor número de elementos diagnosticados fue 2009, con 29 militares afectados.

De los ocho militares que se suicidaron en estos últimos 10 años, el único caso que el Ejército vincula directamente con el estado depresivo de la víctima se registró en 2009.

Sobre el resto de los casos de suicidio los reportes de la Sedena no especifican si existían antecedentes de trastornos mentales.

Déficit de psiquiatras

De acuerdo con la Sedena, la institución cuenta con 33 médicos especialistas en psiquiatría, distribuidos en las diferentes regiones, que han realizado diversos cursos nacionales e internacionales en intervención de crisis, terapia de procesamiento cognitivo, psicoanálisis, neurociencias, psiquiatría de guerra y tanatología. Todos certificados por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y Psicología.

Estos médicos atienden a cerca de 800 mil militares en activo y retirados, así como a sus derechohabientes y pensionados que demandan los servicios de salud mental.

Lo anterior incumple con los lineamientos de la OMS que recomiendan tener a por lo menos 9 psiquiatras por cada 100 mil habitantes.

Para cumplir con la recomendación de la OMS, la Sedena tendría que contratar a 39 nuevos médicos psiquiatras.

Además de terapias, la Sedena implementa campañas preventivas de salud mental, realiza actividades culturales, deportivas, brinda pláticas y distribuye trípticos que buscan prevenir los suicidios y enfermedades como el alcoholismo y la drogadicción.

El pasado mes de mayo, las Fuerzas Armadas organizaron –por vez primera- un Curso de Salud Mental dirigido, en su fase inicial, a mil soldados, “con el objetivo de prevenir los trastornos mentales y de la conducta en el personal militar”, tal como informó en ese momento la Sedena.


En mayo, cuando se anunció este curso, no se informó sobre el número de soldados con trastornos mentales, sin embargo, siete meses después, a finales de noviembre, el Ejército reconoció que son, al menos, 305 los militares afectados en su salud mental, en los últimos 10 años.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL, PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/militares-depresion-guerra-narco/

CNDH pide que el Ejército retome sus funciones: “su participación en tareas de seguridad no debe ser permanente”

Tras asegurar que la seguridad pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones civiles, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que las Fuerzas Armadas deben volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a sus funciones que le son propias. Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, el Ombudsman advirtió que la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública “no debe sumirse como algo permanente”.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que las Fuerzas Armadas deben volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a sus funciones que le son propias, pues la seguridad pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones civiles.

Durante la entrega post mortem del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 a Rodolfo Stavenhagen, el Ombudsman nacional advirtió que la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública “no debe asumirse como algo permanente”.

“La seguridad pública es una función que corresponde a y debe estar a cargo de instituciones de carácter civil, y nuestra Fuerza Armada debe volver (a los cuarteles) cuando las condiciones del país así lo permitan. 

“El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea”, expresó el Ombudsman nacional ante el Presidente Enrique Peña Nieto.

González Pérez destacó que cualquier instrumento jurídico que se formule para dar certeza al actuar de quienes combaten al crimen, necesariamente debe tomar como premisa el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas, como base de los derechos humanos.

“Por graves que sean las circunstancias en nuestro país, el Estado mexicano no puede renunciar al ejercicio de las funciones que les son propias, pero tampoco debe vulnerar los derechos y prerrogativas de las personas”, mencionó.

El pasado fin de semana se cumplió una década del inicio de la llamada guerra contra las drogas del ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012), una decisión muy cuestionada por el elevado número de fallecidos y desaparecidos que arrastra el país.

Peña Nieto prometió un retorno “gradual” de uniformados a los cuarteles en su campaña electoral, pero tras cuatro años en el poder todavía no se ha llevado a cabo.

Apenas la semana pasada dijo que las Fuerzas Armadas están dispuestas a seguir apoyando en las labores de seguridad pública, y este lunes habló de “respaldar la actualización” de un marco legal para regular su actuación en labores de seguridad interior.

No obstante, el ministro de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, se mostró en días pasados a favor del regreso de los militares a los cuarteles, pues -apuntó- no están “a gusto” trabajando en las calles.

“No estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”, señaló.

González Pérez calificó este 2016 como uno de los años “más dramáticos y violentos para México“, lo que dificultó el respeto y la protección de los derechos humanos.

El Premio Nacional de Derechos Humanos fue entregado hoy de manera póstuma al sociólogo y antropólogo Rodolfo Stavenhagen, conocido defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas y fallecido en noviembre.


Además, dieron una mención honorífica a Sharon Zaga, presidenta del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-12-2016/3124984

Primero fortalecer policías, para posible regreso de tropas a los cuarteles: SNSP

Álvaro Vizcaíno Zamora reconoció que persisten debilidades institucionales en algunas corporaciones municipales y estatales.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, reconoció que persisten debilidades institucionales en algunas policías municipales y estatales.

El funcionario expuso que en la medida en que esa situación se supere, las Fuerzas Armadas podrán cumplir con las tareas que constitucionalmente tienen asignadas respecto a la seguridad nacional.

Sobre si ya es tiempo de que regresen a sus cuarteles, insistió en que es necesario seguir avanzando en el fortalecimiento de las capacidades de los policías y de las instituciones de seguridad pública a nivel municipal y estatal.

Vizcaíno Zamora indicó que “las debilidades institucionales a nivel municipal y estatal tienen ya muchos años de haberse formado y por ello el fortalecimiento de las capacidades estatales y municipales permitirá lograr ese objetivo”.

Adelantó que en 2017 se trabajará en la consolidación del Sistema de Justicia Penal, pues “lo que buscamos es aceitar el diseño y la maquinaria del mismo, ya que hay algunos engranes que no están girando a la velocidad para la que fueron diseñados”.

Un ejemplo, dijo, es hacer más eficiente la justicia alternativa, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, porque “en la medida en que logremos que esos sistemas funcionen de manera más ágil se va a despresurizar el sistema de justicia”.

Será así, explicó, porque un menor número de casos llegará a las instancias de investigación de los delitos, que podrían concentrarse en atender los asuntos más graves o más relevantes.

También es necesario que un mayor número de asuntos pueda judicializarse, conforme fue planeado en el diseño del Sistema de Justicia Penal.


“Literalmente de lo que se trata es de aceitar, de poner gotas de aceite en aquellos engranes que todavía no están girando a la velocidad en que el sistema fue planeado y diseñado”, remarcó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/primero-fortalecer-policias-para-posible-regreso-de-tropas-a-los-cuarteles-snsp/

El Ejército no pidió salir a las calles, pero los gobiernos no han hecho su tarea: Cienfuegos

El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que el Ejército no pidió salir a las calles a combatir el crimen, pero lo tuvieron que hacer porque sectores gubernamentales no están haciendo su trabajo.

El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, reclamó que los legisladores y otros sectores gubernamentales no están haciendo su trabajo en el combate al crimen y por ello el Ejército tiene que salir a las calles.

“Nosotros no pedimos estar aquí [en las calles]. Si quieren que volvamos a nuestros cuarteles soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales. Esto [violencia] no se resuelve a balazos, falta compromiso de muchos sectores para que esto camine, se requieren de otros componentes como presupuestos”, expuso en una conferencia al hacer un balance a 10 años de que las Fuerzas Armadas recrudecieron su embate contra la delincuencia organizada.

El General lamentó que en ese periodo las policías estatales no se hayan reestructurado y que haya muerto una alta cantidad de mexicanos sin importar el bando.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reclamó que exista un vacío legal que no define la clara participación de los soldados en tareas de seguridad.

En la conferencia de prensa Cienfuegos dijo que en ocasiones los militares se “la piensan” para hacer tareas de seguridad para no ser procesados por violar la disciplina militar o los derechos humanos.

“Los soldados ya mejor piensan si le entra a enfrentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel acusados de violar sus derechos o que sean procesados por desobedecer”, aseuró.

También lamentó que el vacío legal que existe permite que pasen años de combate al narco.


Cienfuegos precisó que la Sedena es la encargada de la seguridad exterior y la Secretaría de Gobernación (Segob) de la seguridad interior.

El pasado 18 de octubre, el Secretario de la Defensa Nacional reconoció que existía un “desgaste” en el Ejército por la multitud de tareas encomendadas, especialmente en el combate al crimen.

“Claro que hay un desgaste eso es obvio, trabajando en todo el país, en todo momento, en la sierra, en las ciudades, claro qué hay un desgaste”, dijo tras las inauguración de la exposición 100 años de la Industria Militar en la Universidad Anáhuac.

El General urgió un marco legal para el Ejército para actuar contra la delincuencia y descartó que exista un déficit en la integración de las fuerzas armadas.

“El ánimo está bien, pero necesitamos más efectivos, un marco legal. No tenemos un déficit”, aseguró Cienfuegos.

En el evento, el Presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento al Ejército. Destacó la lealtad y valentía de los militares.


El jefe del Ejecutivo también destacó la solidaridad de la sociedad mexicana por mostrar el apoyo a los miembros del Ejercito en la emboscada de septiembre pasado.

LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS DE CALDERÓN

Felipe Calderón Hinojosa –quien gobernó México de 2006 a 2012– lanzó la ofensiva más cruenta de la historia moderna. En la decisión pesó su circunstancia política, marcada por la falta de legitimidad que no de legalidad.

En diciembre de 2006 y aun cuando se había promovido como “el Presidente del empleo”, Calderón Hinojosa convirtió la “lucha contra el narcotráfico” en el eje de su Gobierno, desplegando operativos militares en diferentes regiones del país.

De acuerdo con académicos y especialistas consultados por SinEmbargo, el Presidente no tenía elementos para sacar a las fuerzas armadas de los cuarteles a las calles. Cierto que en 2006, en Michoacán –su tierra– el cártel de Los Valencia, asociado con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se enfrentaba al del Golfo y una organización delincuencial apenas efervescente: La Familia Michoacana.

Pero el panorama que mostraban las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) no era el de un territorio precisamente inseguro. De hecho, en 2006, la tasa nacional de homicidios había bajado a ocho por cada 100 mil habitantes, de 19 homicidios en esa misma proporción en 1992.

A diez años de distancia, de acuerdo con información obtenida por SinEmbargo, la Procuraduría General de la República (PGR) hoy tiene detectados nueve cárteles activos: Cártel del Pacífico, el de los Arellano Félix, la Familia Michoacana, de Carrillo Fuentes, de los Beltrán Leyva, Los Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios y Cártel Jalisco Nueva Generación; además de 37 células delictivas.

Este mapa no creció sólo en cantidad, sino también en violencia que rebasó al Estado en más de una ocasión, por la magnitud de los hechos y por la ausencia de justicia que reina en muchos de ellos.


De acuerdo con académicos expertos en la materia, en la guerra contra las drogas no ha existido un cambio de Presidente ni un cambio de partido en el poder. Calderón no encontró retorno en lo que decretó en Michoacán en 2006 y Enrique Peña Nieto apostó por seguir en la misma línea, con un discurso que no menciona la palabra guerra, pero que en números es lo mismo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-12-2016/3123483

Asciende Peña a general de la noche de Iguala

CIUDAD DE MÉXICO: El responsable del 27 Batallón de Infantería, testigo clave la noche de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el general Alejandro Saavedra Hernández, es el nuevo inspector y contralor general del Ejército por decisión del presidente Enrique Peña Nieto.


Saavedra Hernández tenía bajo su responsabilidad el Batallón de Infantería que la noche del 26 de septiembre de 2014 salió a las calles de Iguala en medio del caos en el que los normalistas fueron detenidos por policías municipales y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos.

En su condición de comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, y como tal responsable del 27 Batallón, Saavedra Hernández figura entre los mandos del Ejército que supieron de primera mano lo que pasó con los estudiantes.

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda cerró las puertas del Batallón a cualquier indagatoria por la masiva desaparición forzada, que ha marcado internacionalmente la gestión de Peña Nieto.

Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente decidió promover al general Saavedra Hernández, quien además fue comandante de la IX Región Militar, asentada en Acapulco, lo que lo hace uno de los integrantes de la cúpula militar con más conocimiento de la situación de inseguridad en Guerrero.

Hace un año, como comandante de la IX Región Militar, estuvo al frente de la estrategia de Seguridad en ese estado, pero fue relevado en enero pasado.

Ahora, como inspector y contralor general pasa a formar parte del alto mando del Ejército, donde estará a cargo de la fiscalización y auditoría del personal, material e instalaciones de la principal fuerza armada del país. Además de supervisar los aspectos técnicos, administrativos y financieros, lo hará en el caso del adiestramiento de los elementos y unidades del Ejército.

Exagregado militar de la embajada de México en Canadá y con experiencia de mando en las zonas militares de Zacatecas, Guanajuato e Hidalgo, el general Saavedra Hernández sustituye al general Daniel Velasco Ramírez, quien fue designado Oficial Mayor de la Sedena.


En otro enroque en la élite del Ejército, Peña Nieto designó al general Gilberto Hernández Andreu como subsecretario de la Defensa Nacional, en reemplazo del general Noé Sandoval Alcázar, quien pasa a retiro. El nuevo subsecretario era el Oficial Mayor y antes fue Inspector y Contralor General del Ejército.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464843/asciende-pena-a-general-la-noche-iguala