Ejército “ordenó, orquestó y organizó” la noche en la que desaparecieron los 43: Anabel Hernández

“De acuerdo a los propios peritajes de balística que yo tengo en mi poder, disparó también el Ejército y hay cartuchos de la fábrica de cartuchos de la Sedena, entre los cartuchos encontrados en las escenas del crimen".

La periodista Anabel Hernández expuso en Aristegui CNN su nuevo libro “La verdadera noche de Iguala“, resultado de dos años de investigación.

“Lo que me he encontrado es una historia que no ha sido contada por nadie. Para mucha gente ya es un caso olvidado, aislado, yo lo traigo de regreso y lo pongo sobre la mesa porque es un retrato fiel de lo que es nuestro gobierno, es un retrato fiel de lo que somos como mexicanos”, indicó.

“Yo no creo que quien pase por estas casi 400 páginas del libro, al final no se sienta identificado con uno u otro personaje: un normalista desaparecido esa terrible noche; uno de los sobrevivientes; uno de los valientes vecinos que abrió las puertas para refugiar a estos muchachos… los torturadores, los marinos, los policías federales, los policías ministeriales, el procurador Jesús Murillo Karam, quien por órdenes presidenciales se dedicó a ocultar la verdad durante el tiempo que estuvo en el cargo; Arely Gómez, que entra y toma el cargo en una situación bastante incómoda con una investigación mal hecha desde el principio…

“O la gente puede identificarse con los vecinos atemorizados, que escucharon esa terrible noche a los muchachos tocando la puerta, suplicando que les abrieran para no ser masacrados y hoy viven con un gran remordimiento, y son los que empiezan a reconstruir la historia y los que narran quiénes estaban en la historia, cómo los persiguieron, cómo los balacearon.

“No hay un personaje en este libro donde no retrate exactamente lo que somos como sociedad. Y la gente tendrá que decidir qué quiere ser”, aseguró la reportera.

Apuntó que en la PGR con Arely Gómez al mando y el visitador César Amador Chávez Flores, ordenaron una investigación de la indagatoria que se había realizado hasta ese momento.

“Me encontré con un montón de verdades que la PGR estaba ocultando”, señaló.

Por ejemplo, detalló, que los estudiantes fueron monitoreados desde que salieron de la Normal de Ayotzinapa; que la Policía Federal estuvo ahí vigilándolos; el nombre del capitán José Martínez Crespo que esa noche estuvo circulando por toda la ciudad; además de presuntas torturas referidas en dictámenes médicos; que a quienes se les achaca el homicidio y cremación de estudiantes en el basurero son 4 albañiles; y cómo en el expediente de José Luis Abarca y su esposa, no había un caso sólido contra ellos.

“Paralelo a la investigación que tiene sus propias conclusiones, a punto de terminar el libro, me encuentro con dos documentos claves que revelan que mi investigación ha sido absolutamente correcta y atinada”, contó Hernández. Dicha auditoría comenzó en mayo 2016 y terminó en septiembre 2016; la encabezó el visitador general de la PGR y el resultado de ésta “le costó el cargo”, dijo.

En la investigación de la visitaduría de PGR, “la orden final que se da en esta auditoría es: investiguen al Ejército sobre lo que pasó esa noche. Investiguen al capitán José Martínez Crespo, que esa noche salió en un escuadrón de más de 14 personas, investíguenlo por vínculos con el crimen organizado. No ocurrió. Estos documentos que han sido escondidos por órdenes presidenciales”.

“Pero no sólo se involucra a Tomás Zerón, al Ministerio Público, al capitán Crespo, involucra a centenas de funcionarios públicos, porque violaron derechos humanos, torturaron e incluso cometieron delitos sexuales para fabricar la verdad histórica”, sostuvo.

“Mi investigación se enfoca en que fue el Ejército principalmente el que actúa esa noche, el que ordenó, el que orquestó, el que organizó, el que coordinó a las demás dependencias para atacar esos camiones y detener a los estudiantes”, precisó.

Esa noche, los normalistas, por accidente, sin saberlo, viajaban en al menos dos autobuses que tenían un cargamento de heroína de un valor de 2 millones de dólares.

“El entonces capo que tenía control de la región, que no es ninguno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, se entera de esta situación y de acuerdo con la información que he recibido, él directamente habla con los mandos militares del 27 Batallón de Infantería, que supuestamente estaban bajo su nómina, y les ordena ir a recuperar los camiones porque en eso les iba la vida”, aseveró la periodista.

Es entonces cuando los militares, “quienes tenían control de la ciudad y el mando sobre las demás corporaciones que estaban ahí”, desatan este operativo.

Otra revelación la apunta Hernández:

“De acuerdo a los propios peritajes de balística que yo tengo en mi poder, disparó también el Ejército y hay cartuchos de la fábrica de cartuchos de la Sedena, entre los cartuchos encontrados en las escenas del crimen, tanto del camino a Santa Teresa, donde fueron atacados en el camión Los Avispones, tanto en la calle Juan N. Álvarez”.

Solicitudes de información a la Sedena corroboran que el calibre G-3, que usó el Ejército esa noche, “al menos 19 cartuchos pertenecían al arma G-3… nadie puede adquirir esos cartuchos, sólo los usa el Ejército”.

“El capo ordena a los mandos militares del 27 Batallón la operación para detener a los autobuses. Supuestamente no había intención de dañar a los estudiantes, el capo sabía que eran estudiantes, lo único que quería era recuperar su mercancía”, comentó.

-¿Hablaste con el cártel que controla Iguala?-, le preguntó Carmen Aristegui.

“Tuve contacto directo con esta informantes de esta organización criminal… me dicen que es una cuestión de control de plaza…”, respondió.

-¿Por qué la agresividad?

“La única intención era parar los autobuses a como diera lugar, bajar a los estudiantes y recuperar la droga. En esa recuperación de la droga de estos dos camiones algunos estudiantes se dan cuenta de que lo que están tratando de recuperar las autoridades es droga. Y en ese momento es cuando súbitamente surge la orden de desaparición, no antes de ese momento, fue supuestamente porque los estudiantes vieron que estaban sacando la droga de los camiones, que dijeron no puede haber testigos, no fue la orden supuestamente del capo, el capo se molestó bastante porque le arruinó el negocio, le arruinó la plaza”.

En su investigación, Hernádez encuentra tres últimas rutas a donde habrían sido llevados los 43:

-La carretera Iguala-Ciudad Altamirano, donde hay quienes dicen que bajaron de un “camión de redilas a algunos de los estudiantes”.

-Otro punto donde son vistas patrullas a alta velocidad que van rumbo a Huitzuco.

-Y camionetas blancas de la policía ministerial, no se sabe si de Guerrero o de la PGR, llevaban cuerpos sin vida a las 5 de la mañana, rumbo a Taxco, el 27 de septiembre.


“Esta es la historia que el gobierno no ha contado, esta es la historia que yo cuento en La Verdadera Noche de Iguala, basada en documentos, cientos de testimonios y miles y miles de fojas, peritajes, y demás información a la que tuve acceso”, finalizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2811/mexico/ejercito-ordeno-orquesto-y-organizo-la-noche-en-la-que-desaparecieron-los-43-anabel-hernandez-en-cnn/

Remueven de la comandancia en Acapulco al general Alejandro Saavedra

CIUDAD DE MÉXICO: Dos años después de que asumiera el mando de la comandancia de la IX Región en Acapulco, que comprende las zonas militares en que se divide el estado de Guerrero –la 27 y la 35–, el general de división Alejandro Saavedra Hernández deja el cargo en medio de la peor crisis de violencia en la entidad en los años recientes.


En las últimas dos semanas hubo una ola de secuestros en San Jerónimo el Grande, así como el hallazgo de fosas clandestinas hace unos días en Zitlala, donde fueron exhumados 32 cuerpos y nueve cabezas; entre el domingo 20 y el lunes 21 se registraron 30 muertes y el jueves 24 hubo un enfrentamiento entre policías comunitarios de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, en Tierra Colorada.

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, señalan a Saavedra Hernández de ser uno de militares clave para saber qué ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.


Por esos días, el militar era comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo y tenía bajo su jurisdicción al 27 Batallón de Infantería. En la línea de mando, era el superior jerárquico del entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante de esa unidad, cuyos integrantes fueron señalados por los estudiantes de haberlos amedrentado, golpeado y fotografiado la noche del ataque.

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, señalan a Saavedra Hernández de ser uno de militares clave para saber qué ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.


Por esos días, el militar era comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo y tenía bajo su jurisdicción al 27 Batallón de Infantería. En la línea de mando, era el superior jerárquico del entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante de esa unidad, cuyos integrantes fueron señalados por los estudiantes de haberlos amedrentado, golpeado y fotografiado la noche del ataque.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN VELEDÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464245/remueven-la-comandancia-en-acapulco-al-general-alejandro-saavedra

Desapariciones: el Ejército “cede”, pero encubre

Después de casi dos años de recibir impugnaciones contra la competencia del fuero militar en investigaciones por violaciones a los derechos humanos de civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cedió a las exigencias de los representantes de las familias de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos el 29 de diciembre de 2009 por una partida militar en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

La desaparición forzada de los primos ocurrió en el contexto de la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, apenas inició su mandato. De hecho es el primer caso de esta naturaleza llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que ya condenó a México en cinco ocasiones por violaciones a las garantías individuales, en cuatro de ellas por abusos cometidos por tropas de la Sedena en administraciones anteriores.


El litigio ante la Corte es llevado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, cuyos abogados exigieron desde el principio a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar las indagatorias correspondientes para la localización de los tres jóvenes.

Ante la falta de respuesta, los litigantes de esas organizaciones acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que inició una indagatoria y el 30 de junio del año pasado emitió una recomendación –la 43/2011–, en la que sus visitadores confirman la participación de miembros del Ejército, así como de agentes de la Policía Federal, en la desaparición de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene.

La triple desaparición también formó parte de los expedientes que el Grupo del Caso de los Jóvenes Alvarado entregó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de las Naciones Unidas durante su visita a México en marzo del año pasado, que se prolongó durante tres días.

El GTDFI evaluó la información de las autoridades federales y locales, así como la que le proporcionaron activistas de derechos humanos y la propia Sedena, y elaboró un informe sobre los tres casos, que presentó el 20 de diciembre último durante el 19 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. El organismo concluye: “parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”.

La devolución del expediente

El jueves 9 de febrero, en una reunión efectuada en la Secretaría de Gobernación en torno al tema del cumplimiento de la recomendación de la CNDH relativa a la desaparición de los primos Alvarado, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) optó por delegar el caso a la PGR, según relatan familiares de las víctimas y los abogados que llevan el caso.

“Nosotros advertimos desde un primer momento que si la PJM no declinaba su competencia, nosotros íbamos a interponer un amparo en apego a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla y ante las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del año pasado”, dice en entrevista Luz Estela Castro Rodríguez, coordinadora del CEDHM.

Relata que el 7 de diciembre, en una reunión con representantes de Gobernación y de la Sedena, ella y sus compañeros insistieron en ese aspecto y los funcionarios respondieron que estaban “analizando la petición”.

De acuerdo con la minuta del encuentro del jueves 9, un representante de la PJM “informó a los beneficiarios y a sus representantes que esa dependencia declinó competencia de las investigaciones a favor de la PGR, la cual recibió 14 tomos que integran las indagatorias que llevaron con fecha 3 de enero de 2012”.


El expediente AP/PJM/AMPE/Cd Juárez /196/20 09-II-IV estuvo en poder del Ejército desde el 20 de febrero de 2010, cuando la PGR declinó competencia a favor de la PJM. La averiguación se abrió por el delito de “abuso de autoridad” y no por desaparición forzada, pese a la insistencia de familiares y abogados.

Los 14 tomos de la investigación ya fueron enviados a la delegación de la PGR en Ciudad Juárez a petición de la coordinadora del CEDHM.

“En unos días más vamos a revisar la averiguación y veremos en qué fundamentaron la declinación, sería extraordinario que lo hicieran con base en el respeto a los tratados internacionales y la resolución de la SCJN –dice–. Ojalá no salgan con que declinaron porque no encontraron responsabilidad de militares en la desaparición de los jóvenes Alvarado.”

Su compañera Emilia González Tercero, de la Cosyddhac, es más pesimista: Dice: “Tengo la sospecha de que el expediente fue manipulado, sobre todo por la forma en que se condujeron los militares para negar los hechos. Pienso que fue una investigación para exculpar, más que para esclarecer”.

Castro Rodríguez resalta que en la investigación también deberá deslindarse la responsabilidad de un comandante de la Policía Federal de apellido Meza, quien tuvo información de los militares sobre la detención de los jóvenes Alvarado por tropas de la Sedena, de acuerdo con la recomendación de la CNDH, que implica también a la Secretaría de Seguridad Pública federal, que dirige Genaro García Luna.

“Hasta ahora, García Luna no ha aceptado la recomendación, por lo que pedimos a la CNDH que ejerza su facultad de pedir al Congreso de la Unión que llame al funcionario a comparecer”, dice la abogada.

E insiste en que llevará su investigación hasta las últimas consecuencias para que se castigue a la cadena de mando: “Debe ser llamado a cuentas el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, porque al menos en el caso específico del coronel de infantería Elfego José Luján Ruiz, principal sospechoso de la desaparición de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene Alvarado, él se encargó de encubrirlo”.

Espitia Hernández fue comandante de la V Zona Militar con sede en Chihuahua, del 18 de enero de 2007 al 1 de julio de 2010; también fue primer titular del Operativo Conjunto Chihuahua, que arrancó el 28 de marzo de 2008.

Confrontado con las organizaciones de derechos humanos por sus declaraciones –“No me pregunten cuántos muertos hubo, sino cuántos delincuentes menos hay”, declaró alguna vez–, el general Espitia fue enviado a la base militar de Santa Gertrudis, Chihuahua, tras su gestión al frente de la V Zona Militar.

Castro Rodríguez y González Tercero sostienen que Espitia tendría que aclarar por qué razón protegió al coronel Luján Ruiz, comandante del 35 Batallón de Infantería, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Maniobras militares

En su edición del 25 de abril de 2010, Proceso publicó un reportaje sobre la desaparición de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene Alvarado y las vicisitudes de sus familiares y abogados ante las delegaciones de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua en Buenaventura y Casas Grandes, Chihuahua.

En su litigio inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de los Alvarado informaron que “tres funcionarios de la Procuraduría de Chihuahua (Aarón Enríquez Duarte, Horacio Flores y otro de apellido Leyva) confirmaron verbalmente a familiares de las víctimas que éstas fueron detenidas por militares en un operativo dirigido por Elfego Luján, comandante del referido batallón.

“También les dijeron que la camioneta GMC 2001 con placas ZR 9367, en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel al momento de ser arrestados, fue depositada por soldados en el corralón de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo Casas Grandes” (Proceso 1747).

Sin embargo, el general Espitia Hernández, entonces comandante de la V Zona Militar, “se encargó de negar la participación del Ejército y después la misma Sedena ocultó la existencia de Luján”, cuenta la abogada Castro Rodríguez a la reportera.

Este semanario informó entonces que las abogadas Castro y González Tercero, así como familiares de las víctimas, fueron recibidas el 9 de enero de 2010 en las oficinas de Espitia, reunión en la que participaron además el mayor Carlos Sergio Ruvalcaba, jefe de Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional de la Dirección de Justicia Militar, y un general “de apellido Guillén”.

“Fue éste quien, en un intento por desactivar las exigencias de presentación de los desaparecidos, acusó a José Ángel y a Nitza Paola de tener ‘antecedentes penales por robo de vehículo, y a María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza, por robo en casa habitación’.”

Dos años después de ese encuentro, la abogada de la Cosyddhac, Emilia González Tercero, relata: “En esa ocasión también estaba presente Elfego Luján. Había sido mandado llamar por el general Espitia, quien a su vez organizó el encuentro por órdenes de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena”.

Tanto ella como Castro Rodríguez describen al coronel Luján como un hombre de baja estatura, moreno, de complexión media, casi robusta.

“Espitia negó que tropas del 35 Batallón hubieran estado desplegadas en Buenaventura en las fechas en que desaparecieron los primos Alvarado, y llamó a Luján para confirmar su dicho. En ese momento, María de Jesús lo increpó y le recordó que en su pueblo todos sabían que habían estado hospedados en un hotel y que habían estado ahí las últimas tres semanas de diciembre.

“Luján trató de refutar las afirmaciones de María de Jesús, pero cada vez se enredaba más, conforme ella le iba dando más datos, hasta que Espitia le ordenó que se callara”, recuerda González Tercero. Días después, Luján fue removido de su cargo.

Castro Rodríguez agrega: “En nuestra solicitud de amparo contra la desaparición forzada, interpuesta el 6 de enero de 2010, mencionamos como autoridad responsable al comandante del 35 Batallón de Infantería de nombre Elfido o Elfego Luján, y que probablemente tenía el cargo de teniente o capitán, porque eran los datos vagos que teníamos de los agentes ministeriales; en la respuesta a la autoridad, se niega su existencia”.

El 11 de febrero de 2011, en un documento firmado por el coronel de infantería Marín David Vázquez Orozco, “comandante del 35 Batallón de Infantería”, del que Proceso tiene copia, se negó a responder al oficio enviado por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Ciudad Juárez, Guadalupe Arellanes Martínez, dirigido al “teniente o capitán Elfido Luján”, porque –dijo– “no existe persona con ese nombre (en esa instalación militar)”.

Continúa la abogada: “Es claro que se trató de una estrategia para evadir responsabilidad y protegerlo. En reuniones posteriores para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH reiteramos que se estaba manipulando la información, ya en el proceso ante la Corte Interamericana la Sedena volvió a negar nuestros señalamientos”.

La petición

Negar la participación de efectivos militares en la desaparición de los Alvarado fue uno de los elementos que arguyó la CIDH para enviar el caso al tribunal regional, según la resolución emitida por la Corte Interamericana el 26 de mayo de 2010 en la que exige al gobierno de Felipe Calderón la presentación de los desaparecidos.

Seis meses después, ante la reticencia del Estado mexicano por localizar a las víctimas, acción esta última que eventualmente implicaría reconocer la participación del Ejército, la Corte amplió la protección a 24 familiares, así como a la abogada Emilia González Tercero, por las amenazas que recibieron.

En su resolución del 26 de noviembre de 2010, el máximo tribunal interamericano incluyó extractos de un escrito fechado el 3 de junio de 2010, en el que la Sedena justificaba la intervención de la PJM como “una medida para esclarecer si en la presunta desaparición (…) participó o no personal militar”.

El documento de referencia puntualizaba que “autoridades de la V Zona Militar negaron que personal de su jurisdicción hubiera participado en los hechos”. Ante el continuo desacato y la ineficacia para aplicar las medidas de protección, la CIDH amplió el número de protección a 37 personas.

El 28 de junio de 2011 representantes del gobierno calderonista fueron sentados nuevamente en el banquillo de los acusados ante jueces de la Corte Interamericana por el incumplimiento de las medidas de protección a los familiares de los Alvarado y por el desdén de las autoridades militares para localizar a los jóvenes desaparecidos.

En la audiencia, en la que estuvo presente la reportera, los representantes de México, encabezados por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Robledo Verduzco, negaron la participación de tropas del Ejército en la desaparición de los Alvarado y defendieron la competencia del fuero militar.

En una reunión posterior a la audiencia, María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza Paola, enfrentó a los funcionarios: “Respeto su opinión, pero yo no estoy de acuerdo. Durante las tres semanas que estuvieron en mi pueblo los soldados se robaron las pick ups de la gente y las traían como suyas, y a los dueños los torturaban (…) Hasta ahora no sé nada del presidente Calderón.

“En febrero de 2010, cuando fue a Ciudad Juárez (a ver a los familiares de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar), yo le entregué a Margarita Zavala un expediente pidiéndole que localizara a mis familiares y castigara a los culpables. Hasta ahora no tengo respuesta”, les dijo (Proceso1809).

En su informe definitivo, presentado el 20 de diciembre último en Ginebra, los integrantes del GTDFI Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), Ariel Dulizky (Argentina) y Osman El Hajjé (Líbano) recomendaron, entre otros puntos: “Considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas miliares de las operaciones de seguridad pública de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas”.

En su documento entregado al Consejo de Derechos Humanos ubican las desapariciones en el contexto de la guerra contra el narcotráfico: “El Grupo de Trabajo recibió documentación detallada de varios casos de desaparición forzada que habrían sido perpetrados por elementos militares en múltiples estados, como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas”.


Los integrantes del GTDFI sostienen que en la guerra declarada por el presidente Calderón a la delincuencia organizada “la presencia de las Fuerzas Armadas se ha extendido más allá de las funciones de las operaciones de seguridad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463492/desapariciones-ejercito-cede-encubre

Inconstitucional y peligroso, dar poder omnipotente a militares

Elisur Artega y César Gutiérrez censuran la iniciativa de ley del PRI. Si investigan delitos de todo tipo pueden actuar contra opositores al régimen, afirman.

La iniciativa de ley para dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico para investigar y actuar contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad interior o la paz pública –como el narcotráfico o la corrupción– es inconstitucional y peligrosa, porque dotaría de un poder omnipotente a los militares para investigar delitos de cualquier tipo e incluso actuar contra opositores al gobierno.

Advirtieron lo anterior el constitucionalista Elisur Arteaga y César Gutiérrez Priego, abogado que presentó una demanda ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para defender las garantías de los soldados acribillados en una emboscada en Culiacán, Sinaloa, y ha demandado un marco legal que proteja a los militares en funciones de seguridad pública.

Gutiérrez encabeza un movimiento de militares en activo y en retiro que exigen respeto a los derechos humanos de los soldados, que ha puesto énfasis en la necesidad de establecer un marco legal para las fuerzas armadas. Subrayó que con la iniciativa del PRI nos estamos yendo más allá de lo que es un marco jurídico que diera facultad a las fuerzas armadas para poder realizar funciones de seguridad pública.

Además, el proyecto de ley no es muy claro en cuanto a las atribuciones de las fuerzas armadas, ya que incluso señala que en caso de investigación podrán obtener información por cualquier medio. Sería peligroso dar facultades omnipotentes a los militares, aseveró.

El marco legal señala que todo se debe hacer con mandamientos judiciales. Escuchas telefónicas, intervención de correos electrónicos, etcétera, sí se pueden hacer, pero por el camino correcto, indicó.

La ley no es precisa. Habría alguna justificación si precisara que las investigaciones de las fuerzas armadas se limitarán a delitos de alto impacto o terrorismo, pero el problema es que también puede usarse contra cualquier persona que se oponga al régimen, manifestó.

Una cosa es el marco jurídico para que operen los militares que realizan labores de seguridad pública y otra cosa es una ley omnipotente que les permita realizar cualquier investigación con el pretexto de que se trata de un asunto de seguridad interna, corrupción o terrorismo, subrayó.

El artículo 129 de la Carta Magna

Arteaga, por su parte, aseveró que la iniciativa de los diputados priístas es inconstitucional porque el Ministerio Público (MP), federal o local, es el que tiene el monopolio de investigar los delitos.

Además, subrayó, el artículo 129 de la Carta Magna precisa que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense.

Por ello, antes que aprobar una iniciativa en esos términos, tendría que modificarse la Constitución, dijo.

Insistió en que las fuerzas armadas no pueden ser utilizadas como policías o en labores de investigación, porque la Constitución no les ha dado esas atribuciones. El que se viole cotidianamente la Carta Magna no legitima lo que se hace ilegalmente, subrayó.


Señaló que la Constitución sólo prevé la aplicación del artículo 29 para suspender las garantías y derechos individuales en estado de excepción, lo que permitiría a los militares actuar como pretenden que lo haga; pero mientras no se aplique dicho artículo el Ejército usurparía funciones del Ministerio Público y de la policía, aseveró el catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana.

FUENTE: LA JRONADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/23/politica/003n1pol

Construirá Sedena base de Policía Militar en León; enviará 800 elementos más

SILAO, Gto: La Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del estado construirán un cuartel para establecer una base permanente con 800 elementos de la Policía Militar entre León y Silao, que se enfocará específicamente en combatir la violencia en la ciudad zapatera y los robos al tren en este tramo.

Esta sede comenzaría a ser levantada en diciembre y estaría operando a mediados del año próximo; costará 275 millones de pesos, de los cuales el gobierno estatal aportará 225 y el federal 50, y contará con tecnología y equipamiento de punta, confirmaron el gobernador Miguel Márquez y el comandante de la XII Región Militar, el general Felipe Gurrola Martínez, en una conferencia de prensa ofrecida este domingo 13.

El gobierno estatal cuenta ya con el aval del ejido de Abarradones, ubicado en León –en los límites con Silao– de donde se dispondrá de 60 hectáreas para la construcción de la base militar, dijo el gobernador.

Para ello, el gobierno municipal leonés se comprometió a aportar 10 millones de pesos a manera de contraprestación, de un total de 30 millones por este concepto que debe entregarse a los ejidatarios para que la Sedena pueda tomar posesión de las 60 hectáreas e iniciar la construcción de la base.

Actualmente, en Guanajuato se cuenta con instalaciones militares de la XII Región en Irapuato, y de la 16ª Zona en Sarabia, comunidad de Villagrán.

Sin embargo, como reconoció el general Felipe Gurrola, las condiciones de violencia y homicidios dolosos que ha presentado el estado en los últimos meses y el combate a delitos federales como el robo al tren y de hidrocarburos, ha hecho necesaria la presencia de más elementos, ante la insuficiencia en las acciones implementadas hasta hace unas semanas.

Gurrola Martínez, un general considerado experto en el combate al crimen organizado y quien fuera secretario adjunto del general Enrique Cervantes cuando éste fue titular de la Sedena –en el sexenio de Ernesto Zedillo– precisó que la nueva base militar contará con equipamiento, armamento y tecnología de punta, además de que el personal de la Policía Militar que arribará tiene una preparación específica para tareas de combate al crimen en ciudades, trabajando con policías municipales y estatales.

“Como saben tenemos instalaciones en Sarabia e Irapuato (pero) queríamos tener una cerca de León para poder atender de primera mano esta problemática. El general secretario (Salvador Cienfuegos) me instruyó a buscar un lugar al norte de Silao y cerca de León y Albarradones resulta idóneo”, explicó.

Gurrola dijo que el actual tráfico en la carretera Irapuato-León complica la movilización desde las actuales instalaciones a la zona de León y los municipios vecinos a Jalisco y se consideró necesario buscar una sede de fácil acceso, que en este caso estará cerca de la nueva autopista León-Salamanca y del Eje Metropolitano con Silao y el Puerto Interior.

La Policía Militar, señaló, “viene equipada, adiestrada, armada, con mucha experiencia, ha operado en muchas partes del país, y vienen para quedarse. Este tipo de policía es una unidad especialmente para tener más cercanía con la población… la prioridad será incrementar la seguridad en la ciudad de León y atender el tema del tren”, reiteró.

Además, dijo que el arribo de más refuerzos a Guanajuato –estos 800 se suman a los mil que llegaron a principios de octubre– permitirá dedicar a otros activos al combate al robo de hidrocarburos en la región sur, donde este delito no ha podido abatirse como se quisiera, según admitió el viernes el propio comandante de la XII Región.

La nueva base militar contará con 65 viviendas y departamentos y también se prevé que se construya una escuela primaria.

Aunque inicialmente se programó que la construcción será fondeada con recursos estatales y federales, se indicó que será creado un fideicomiso al que se invitará también a empresas de la zona a participar, aportando al proyecto.


El gobernador Miguel Márquez dijo que se dialogó con los ejidatarios de Albarradones y luego de que aceptaron, lo que sigue es realizar los trámites de orden legal para tener la certeza jurídica sobre el predio, ya que la construcción iniciaría de inmediato.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462447/construira-sedena-base-policia-militar-en-leon-enviara-800-elementos

Destaca Cienfuegos labor de soldados en actividades sociales

Ciudad de México. El Ejército mexicano realiza acciones cívicas y de labor social en todo el territorio nacional para coadyuvar en el desarrollo de los sectores más vulnerables de la sociedad, sostuvo el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda.

Al encabezar la firma de un convenio de colaboración con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, Cienfuegos destacó la participación de los soldados en diversas actividades sociales, así como en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En ese sentido, comentó 12 mil soldados participaron en 298 campañas en 24 entidades del país en beneficio de un millón 435 mil personas.

Por su parte, el titular de Sedesol agradeció la colaboración del Ejército mexicano en la Cruzada Nacional contra el Hambre y destacó la renovación de este convenio de colaboración con la Defensa Nacional.

Celebramos el papel social del Ejército siempre cercano a la sociedad, dijo Nava quien agregó que “no puede haber seguridad nacional si no hay cohesión social y seguridad social para los grupos más vulnerables”.


El funcionario agradeció también la general Cienfuegos y la plana mayor de la Defensa Nacional, reunidos en la sede del Instituto Armado, por la capacitación de más de 17 mil voluntarios de mil 600 comedores en el país.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/09/destaca-cienfuegos-labor-de-soldados-en-actividades-sociales

Otra víctima del Ejército en Nuevo Laredo pierde el miedo…

CIUDAD DE MÉXICO: La denuncia sobre la presunta ejecución extrajudicial de al menos ocho personas a manos de militares en Nuevo Laredo en este semanario animó a la madre de otra víctima para hacer a un lado el miedo y presentar una queja ante el presidente Enrique Peña Nieto.


Proceso dio a conocer en su edición 2086 imágenes de video y fotográficas que forman parte de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “en contra del personal militar perteneciente al XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército Mexicano, por la probable ejecución arbitraria y/o extrajudicial”.

Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre y la madre de uno de los fallecidos, representada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) presentó la queja el 12 de octubre.


Contra lo que muestran las evidencias fotográficas y videográficas, los informes del destacamento militar y del Grupo de Coordinación Tamaulipas sostienen que se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes de “un grupo delincuencial” y soldados en el kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, durante el cual fallecieron 11 personas, entre ellas una mujer que pasaba por el lugar con su familia.

Como ocurrió en el caso de las ejecuciones de Tlatlaya, hasta ahora había prevalecido esa versión oficial, pero la primera queja le dio un giro al caso, que la CNDH radicó en la Segunda Visitaduría General con el folio 92413/2016.

En entrevista, la madre de otro de los ocho civiles que viajaban en la camioneta blanca –quien pidió no publicar su nombre– admitió que el miedo la paralizó aunque estaba indignada:

“No quería denunciar, tenía temor a los militares porque ellos siempre amenazan. Lo sé porque ha habido muchos casos de conocidas a las que los militares les dicen que se queden calladas, porque las tienen bien ubicadas. Por eso hay tantas muertes que quedan impunes.

“Cuando miré en la revista (Proceso) me decidí. Dije: ‘Si ya hubo otra señora que denunció, yo también lo voy a hacer’. Espero que no me pase nada, porque les molesta a los militares que uno hable. Sí tengo miedo, pero si siempre voy a vivir callada nunca vamos a hacer nada.”

El viernes 28, asesorada por el presidente de la CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, la mujer envió un escrito dirigido a Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, y al titular de la CNDH.

En su misiva, exige una investigación “profunda, imparcial y pronta”, suspender los patrullajes del personal del XVI Regimiento de Caballería Motorizada mientras se llevan a cabo las investigaciones; proteger la integridad de las familias denunciantes, sobrevivientes y testigos de los hechos, y sancionar a los responsables de la presunta “ejecución arbitraria y/o extrajudicial”.

De acuerdo con la queja, la tarde del mismo 3 de septiembre alguien le dijo a la señora que su hijo había muerto bajo el fuego militar; pasada la medianoche ella localizó el cuerpo en una funeraria y después fue a la Agencia del Ministerio Público a exigir que se lo entregaran.

En el documento, donde puntualiza que no vivía con su vástago, la señora indica que entre el sábado 3 y el domingo 4 fue subido a las redes sociales el video que pone en duda la versión oficial. Añade que “no había justificación para que los militares privaran de la vida (a su hijo) de manera arbitraria y menos disparándole en la cabeza a manera de tiro de gracia”.

En la entrevista, explica que al ver el cuerpo advirtió que un disparo le entró por la sien derecha y salió por la parte superior de la cabeza. Según la versión oficial, él fue abatido adentro de la camioneta.

Al enterarse de que en las redes sociales circulaba un video sobre los hechos, lo buscó, situación que le provocó más dolor: “Vi que es muy obvio: dos personas se bajaron de la troca y corrieron; uno de camisa blanca aparece merito atrás de la camioneta blanca, casi abajo. ¿Cómo quieren que uno reaccione? Es bien obvio que los militares los mataron”.

Señala que en los últimos meses han ocurrido muchas muertes a manos de personal castrense, pero opina que “si eran personas inocentes o no, si andan trabajando mal, no lo sé, pero los militares no tienen el derecho de hacer justicia por su propia mano, por eso existe un Ministerio Público, pero lo que hacen los militares es matarlos”.

En consecuencia, decidió exigir justicia en un intento de parar la violencia militar en Nuevo Laredo, de la que “por miedo” no se habla. Y sostiene: “Si ganamos el caso, sé que nunca me van a regresar a mi hijo, pero los que hicieron eso que paguen, porque no tenían que matarlos”.

El silencio de las autoridades

El pasado lunes 24 la reportera consultó brevemente al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien consideró “graves” los señalamientos y confirmó que el caso está en investigación.

Explicó que a la comisión llegó una primera queja en la que se “planteaba la entrega de un cadáver: después quedó sin materia, se desistió de esa circunstancia”.

Después se presentó otra con “señalamientos que se hacen a autoridades del Ejército”. Ésta “es una queja que se acaba de radicar; hemos solicitado la información y previsto el trabajo en campo al respecto, es decir el desplazamiento de personal de la comisión a realizar una investigación”.

El martes 25, un equipo de la CNDH se presentó ante el presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, a fin de que lo apoyara en la ratificación de la queja presentada por la madre de una de las víctimas y para recorrer el lugar de los hechos.

En entrevista, Ramos Vázquez explica que juntos revisaron la camioneta en la que viajaban los ocho civiles y encontraron en ella “más de 50 impactos por todos lados”, mientras que a lo largo de un kilómetro marcaron otros 48 “en fachadas de negocios, paredes, rejas, bardas, ventanas y en la puerta de un hotel”.

Considera que esos disparos “hablan de la intensidad del fuego y la intención de causar daño” por parte de los militares aquel 3 de septiembre.

Como la investigación podría durar al menos un año, por la complejidad del caso, Ramos Vázquez destaca que la CNDH ordenó medidas cautelares para él y sus representadas, pues “no estamos trabajando en un ambiente tranquilo sino en uno hostil”.

Sin embargo, aún no hay un acuerdo: “La CNDH dio aviso a las autoridades militares y estatales para que no se nos moleste, para que tomen medidas de precaución y medidas de seguridad para nosotros. Aún no han respondido, estamos esperando”.

Ramos Vázquez, quien ha documentado 26 casos de presuntas ejecuciones arbitrarias de las Fuerzas Armadas desplegadas en Nuevo Laredo entre marzo de 2009 y agosto pasado, también espera contestación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, ante los mensajes amenazantes que ha recibido en las redes sociales después de hacer pública la denuncia.

En una carta dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con copia para Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos, Ramos Vázquez da cuenta de expresiones difamatorias en las redes sociales y de la presencia de personas desconocidas frente a su domicilio, como lo informó la agencia Apro el martes 25.

Ramos Vázquez expresa que ya ha pasado por momentos similares al presentar denuncias ante la CNDH y la PGR contra marinos y soldados que cometieron abusos contra la población civil de Tamaulipas:


“Ya sé lo que viene: distorsión de la información y campañas de desprestigio e intimidación. Por eso, cuando hablé con la gente del mecanismo de protección de Gobernación (el martes 25), le pedí que le digan a la Secretaría de la Defensa Nacional que deje esa campaña de linchamiento en las redes sociales. Me respondieron que están evaluando las amenazas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461183/otra-victima-del-ejercito-en-nuevo-laredo-pierde-miedo

Protestan contra militares en San José de Guanajuato

Celaya, Gto. Habitantes se manifestaron contra soldados que usan como cuartel una secundaria de la comunidad de San José de Guanajuato, del municipio de Celaya.

Los inconformes señalaron que la presencia del ejército asusta a los niños y no quieren ir a la escuela.

Los vecinos comentaron que tienen miedo que se genere un enfrentamiento.

Unos mil soldados arribaron a Guanajuato para coadyuvar a combatir el robo al tren y a ductos de Petróleos Mexicanos.


El gobierno del estado ha informado que con la presencia militar han disminuido los robos. Incluso en el municipio de Cortázar arrestaron a policías municipales cuando descargaban varilla de los furgones.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CARLOS GARCÍA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/31/protestan-contra-militares-en-san-jose-de-guanajuato

Pobladores exigen salida del Ejército en Celaya

GUANAJUATO, Gto: Las fuerzas castrenses fueron enfrentadas por habitantes de la comunidad de Santa Rosa de Lima en Celaya que les exigieron salir del pueblo y los acusaron de cometer abusos y tratarlos como delincuentes.


Según las quejas de los habitantes de esta localidad celayense, un destacamento de soldados vigila el pueblo desde hace un mes y controla la salida y entrada de la gente, por lo que “no nos dejan vivir en paz”.

En una protesta en la que participaron principalmente mujeres, niños y adolescentes, los pobladores se reunieron en el jardín principal de Santa Rosa de Lima con pancartas en las que pedían la salida de los soldados y marcharon por varias calles.

En un momento se situaron frente al destacamento que permanece en el acceso principal de la comunidad, levantando sus pancartas.


“Ya no podemos salir a la calle, nos esculcan y nos quitan nuestras cosas”, dijo una mujer.

Se quejó de que la gente de la comunidad es tratada “como rateros” y que en ello no se hace distinción entre niños o mujeres por parte de los soldados. Por ello, exigieron el retiro del grupo militar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460312/pobladores-exigen-salida-del-ejercito-en-celaya

“Hay un desgaste” en el Ejército, reconoce Cienfuegos

Ciudad de México. El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, reconoció que “hay un desgaste” en el Ejército porque tenemos muchas tareas que debemos atender.

Entrevistado después de inaugurar el seminario “Defensa Nacional y el Derecho Internacional Humanitario”, que se lleva a cabo en la Universidad Anáhuac, Cienfuegos señaló:

“Sí, claro que hay un desgaste, obvio, estamos trabajando en todo el país, a toda hora, en todo momento; en la sierra, en las ciudades, claro que hay un desgaste”.

Sostuvo que aunque se trata de un instituto armado “proporcionalmente pequeño (alrededor de 230 mil elementos)”, Cienfuegos dijo que el ánimo de los militares está bien.

Descartó que haya déficit en la integración de las fuerzas armadas, pero admitió que son muchas las tareas y que si queremos hacer más “necesitamos más gente”.


Cuestionado sobre el marco legal que requiere el Ejército para continuar con sus tareas de apoyo a la seguridad pública, Cienfuegos contestó molesto: “El marco jurídico pregúnteselo a los legisladores, no a mí, yo no hago leyes”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/18/201chay-un-desgaste201d-en-el-ejercito-reconoce-cienfuegos

Ejército realiza inspecciones sorpresa en antros y bares de Celaya

CELAYA, Gto., (apro).- Elementos del Ejército Mexicano, junto con otras instancias federales y estatales, revisa antros, bares y centros nocturnos en esta ciudad, bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El operativo se realiza desde hace varias semanas –por primera vez en el estado–, y se han intensificado a partir del arribo de los refuerzos castrenses que fueron enviados a la entidad a principios de octubre, a solicitud del gobernador Miguel Márquez Márquez.

El pasado fin de semana, varios antros en el centro de la ciudad y avenida Tecnológico fueron “visitados” por personal militar, así como de las Fuerzas de Seguridad del estado y Policía Municipal, quienes hicieron revisiones dentro de los establecimientos y vehículos, pero también a los clientes que llegaban a esos lugares.

En algunos casos se solicitó la presencia de funcionarios de algunas áreas del gobierno municipal, como la Dirección de Fiscalización, para supervisar que estuviera en orden la documentación en materia de permisos de alcoholes, o para corroborar que no hubiera menores de edad en sitios donde no está permitido.

Ignacio Lomelí Alejandre, director de Fiscalización del municipio, confirmó que esas incursiones a establecimientos en Celaya son encabezados por el personal de la Sedena.

“Son operativos de prevención del delito y están a cargo de la Sedena. Ellos están coordinando, nosotros sólo coadyuvamos en algunos… Cada quien realiza lo que le corresponde en sus funciones. Nosotros revisamos que no haya menores de edad, que tengan sus documentos en orden”, precisó.

A la fecha se han efectuado estas revisiones en por lo menos una docena de negocios, y se mantendrán “mientras lo diga la Sedena”, señaló el funcionario.

Las revisiones son realizados por el Ejército de manera sorpresiva, y “nos reunimos cada que nos llaman”, explicó el director de Fiscalización municipal.

Fuente: Proceso

Autora: Verónica Espinosa

http://www.proceso.com.mx/459010/ejercito-realiza-inspecciones-sorpresa-en-antros-y-bares-de-celaya

Confiscan celulares a 35 ministeriales durante operativo militar en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO: En la “revisión de rutina” que realizaron elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, en la sede de la Policía Ministerial de Culiacán, Sinaloa, a 35 elementos les aseguraron sus teléfonos celulares.


Según publicó el semanario Ríodoce en su sitio web, trascendió que durante las nueve horas que militares mantuvieron sitiado el inmueble, los 35 ministeriales fueron interrogados.

Las Fuerzas Especiales llegaron alrededor de las 18:30 horas a bordo de ocho patrullas con 50 elementos para realizar una revisión de rutina al padrón de armas de fuego que se extendió hasta las 3:30 de la madrugada de este martes, lapso en el que agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) habrían realizado el interrogatorio sin llevarse a ningún detenido.

Según Ríodoce, a los agentes se les preguntó dónde estuvieron durante la madrugada del 30 de septiembre, cuando fue emboscado el convoy militar donde cinco soldados fallecieron y 10 más resultaron heridos. A todos les confiscaron sus teléfonos y les solicitaron remover contraseñas con la promesa de regresarles los aparatos en 15 días.

El operativo

Alrededor de las 18:30 horas, desplegados sobre el bulevar Emiliano Zapata, los militares de los llamados GAFES bloquearon totalmente la vialidad lateral poniente-oriente, mientras los agentes ministeriales llegaban al recinto.

Algunos estaban francos, otros de permiso, algunos de servicio y otros uniformados; unos iban en sandalias y pantalones cortos, y algunas mujeres en leggins y ropa deportiva, otras iban con ropa casual pero todos entraron a la sede de la Policía Ministerial con sus armas en mano. Les dijeron que se trataba de una revisión de rutina.

En una hora el lugar se llenó de policías, militares y reporteros. El ambiente era tenso, reportó Ríodoce.

Durante el operativo, Héctor Ochoa Polanco, titular de la Dirección de Seguridad Pública de Culiacán fue abordado por los periodistas pero se negó a hacer cualquier declaración.

Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, titular de la Policía Ministerial se limitó a decir en un noticiero local: “Ellos puede hacer las (revisiones) que quieran, está en la ley”.

Hacia las 2:35 horas, un agente ministerial informó que en cuestión de media hora acabaría todo, y así fue. A las 3:00 horas salió un contingente de militares del interior del edificio.

En 10 minutos abandonaron la zona. Subieron a las patrullas militares y partieron rumbo al poniente sobre el bulevar Zapata.


El convoy regresó en 15 minutos, dos de los vehículos entraron por la puerta del inmueble y alrededor de las 3:30 horas volvieron a salir con los agentes de la SEIDO en su interior. Ninguna autoridad dio declaración sobre el operativo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458270/confiscan-celulares-a-35-ministeriales-durante-operativo-militar-en-culiacan

Militares revisan armas a la policía de Sinaloa y recaban declaraciones sobre emboscada

Militares realizaron un operativo sorpresa en la policía ministerial de Sinaloa: sitiaron las instalaciones de la Procuraduría, revisaron las armas de los agentes y tomaron declaraciones como parte de la investigación sobre la emboscada del 30 de septiembre.

Elementos del Ejército mexicano realizaron ayer por la tarde un arribo sorpresivo a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado para realizar una revisión del armamento y tomar declaraciones como parte de la investigación que se realiza por la emboscada del 30 de septiembre en la que murieron 5 militares, 10 más y un paramédico resultaron heridos.

El operativo se realiza después de que el Alcalde de Culiacán señalara que era precisamente la Policía Ministerial la encargada de dar seguridad al sector esa noche donde ocurrió la emboscada.

El despliegue inició a las 18:30 horas, cuando más de 10 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cerraron parte del bulevar Emiliano Zapata para poder ingresar rápido a la corporación.

En las instalaciones de la Ministerial se apostaron las unidades del Ejército, algunas ingresaron al sitio y al cierre de esta edición vehículos militares mantenían vigilancia en el exterior. Los uniformados mantienen cerrado un carril del bulevar Zapata.

Trascendió que una persona fue detenida, hecho que no fue confirmado por ninguna autoridad.

De acuerdo a los reportes, los elementos de la Policía Ministerial se quedaron sorprendidos cuando los militares arribaron a las instalaciones de la corporación; en un principio se presumió que realizarían algunas detenciones. pero después se descartó dicha versión, ya que sólo estaban revisando el armamento y el documento de portación.

Los agentes ministeriales fueron llamados por la frecuencia de radio de la corporación para que acudieran a la base para la revisión.

En la corporación se encontraba el Director de la Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, quien fue el que informó que se trataba de un operativo “normal” para revisar las armas que cuenta la corporación.

Al lugar acudieron también agentes de las diferentes unidades especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.

Las armas que tenían que presentar tenían que estar descargadas para la verificación del número de serie.


Aunque el operativo fue sorpresivo, algunos agentes ministeriales vieron lógico que se realizara la revisión de rifles y pistolas ante el atentado que sufrieron los militares la madrugada del viernes 30 de septiembre.

FUENTE: SIN EMBARGO/NOROESTE.
AUTOR:REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102729

Enardecido por emboscada a militares, el Ejército se despliega en Badiraguato

Tras la emboscada del 30 de septiembre contra un convoy del Ejército en Culiacán, la institución castrense advirtió que iría con todo para dar con los responsables del ataque. Estos visos de “venganza” –como los considera en esta sección el investigador Erubiel Tirado– comienzan a tomar forma con la reciente instalación de un puesto militar en Badiraguato, donde los cárteles de Los Chapos y de los Beltrán Leyva libran una encarnizada guerra por el control de la zona. El semanario estatal Ríodoce comparte a Proceso nuevos detalles de la emboscada y de la vista a Mazatlán de Enrique Peña Nieto, quien, según fuentes consultadas por ese medio informativo, ordenó atacar sin distingos todas las estructuras del Cártel de Sinaloa.

CULIACÁN, Sin: Un destacamento del Ejército está apostado de nueva cuenta en la sierra de Badiraguato, donde el cártel de los Guzmán y el de los Beltrán Leyva se disputan la zona desde mediados de mayo, lo que provocó el desplazamiento de familias enteras en la sierra del norte de Sinaloa.

Esa guerra, negada al principio por el gobierno de Sinaloa, derivó la semana antepasada en un cruento ataque contra un convoy militar en el acceso a Culiacán cuando trasladaba a un presunto delincuente herido.

En rueda de prensa, Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, confirmó que después de la emboscada en la capital el Ejército colocó nuevamente su campamento en el poblado de Huixiopa, Badiraguato, el mismo que había sido recuperado en las últimas semanas por la gente de Joaquín Guzmán Loera.


Dos semanas antes del ataque a los militares, Ríodoce informó que, tras fuertes enfrentamientos que dejaron un número indeterminado de muertos, en Huixopa y Badiraguato la gente de los Guzmán había logrado recuperar el territorio que estaba ocupado por los Beltrán Leyva,

Corte parejo, la consigna del gobierno 

La llegada del presidente Enrique Peña Nieto y su comitiva a Mazatlán el miércoles 5 no sólo tuvo como propósito visitar a los militares heridos en la emboscada del 30 de septiembre, a raíz de la cual también murieron cinco soldados, sino también para pedir cuentas al gobierno estatal, pues los informes sobre la gran corrupción que impera en las corporaciones policiacas locales son conocidos en Los Pinos.

Acompañado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; del comandante de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Arturo Duarte Múgica, y el gobernador Mario López Valdez, el presidente Peña Nieto recorrió el Hospital Militar, donde habló con los heridos.

Luego vino la reunión privada. Y los reclamos por la falta de coordinación derivada de la gran corrupción en el seno de las corporaciones policiacas.

Las autoridades castrenses expusieron que el propósito del ataque fue rescatar a Julio Óscar Ortiz Vega, El Kevin, el segundo de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien presuntamente lo envió a la sierra con apoyos financieros y armamento para Aureliano Guzmán Loera, El Guano, quien encabeza la defensa de aquella zona contra los Beltrán Leyva.

Cuando le informaron al presidente que las policías estatales y municipales trabajan para el crimen organizado, él volteó a ver al secretario de la Defensa, quien respondió: “Sí. Ya tenía conocimiento de eso”.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2084 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO/RÍODOCE.
AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/458028/enardecido-por-emboscada-a-militares-el-ejercito-se-despliega-en-badiraguato

Venganza y chantaje político en la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO: El asesinato de cinco soldados en Sinaloa el sábado 1 en Culiacán, es el escenario de una nueva característica institucional e ilegal de las Fuerzas Armadas: la venganza y el chantaje político.

Esas muertes y las 11 personas heridas en una de las cunas del narcotráfico en México están siendo aprovechadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ocultar y revertir los términos del fracaso de su intervención en la seguridad pública, su lucha contra el narcotráfico y los señalamientos insistentes de su comportamiento institucional violatorio de los derechos humanos. Atrás quedaron las imágenes de tortura militar de abril pasado.

La paradoja que se observa es el éxito de la estrategia castrense mientras su eficiencia disminuye en un territorio entregado al crimen (organizado o no) junto con las fuerzas policiales. Los militares siguen operando sin una reforma estructural de su organización.

Menos es de esperar una actitud objetiva para ser un Ejército moderno en democracia. Antes que exigirle cuentas, el poder civil del Estado, la clase política y un sector importante de la sociedad, están extendiendo un cheque en blanco a prácticas autoritarias y represivas que en nuestro país no terminan de extirparse.

El discurso y la acción

El discurso del titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, está cargado de epítetos y amenazas que, aunque con ciertos matices, se dirigen por igual al “crimen organizado” que a los ciudadanos y a la clase política del país con un silogismo simplificador: si no están con nosotros (los “ciudadanos-soldados”), están en nuestra contra.

A los perpetradores del ataque se dirigen adjetivos impropios de un servidor público y que, parafraseando a un cercano del círculo presidencial, son para la “plaza pública que pide sangre y espectáculo” (como el homenaje en el Zócalo el pasado viernes 7): ataque “cobarde” y “ventajoso” por parte de “grupo no contabilizado” (sic) “de enfermos, insanos, bestias criminales” a los que dice “vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria…”.

La retórica militar se acompaña con el puño, es reiterativa con la salvaguarda del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos que, por cierto, sólo tienen una mención tergiversada y dolosa en el discurso.

Sin embargo, el comportamiento institucional del Ejército, sus presiones y la impunidad resultante en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, su estrategia paramilitar en Michoacán, entre otros, sólo nos permite avizorar la aplicación de “leyes” no escritas como la “ley fuga” (empleada en la purga de oficiales no adictos al régimen posrevolucionario), la del Talión (“ojo por ojo”), la de “los fierros” (muy de moda contra la guerrilla de las décadas de los setenta y los ochenta).

Nada de esto tuvo ni tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos y a nuestros compromisos internacionales en la materia, como tampoco a nuestras aspiraciones democráticas. Hay que recordar que las condenas jurídicas y los señalamientos internacionales al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, han sido por actuaciones de elementos castrenses.

A la clase política y a los ciudadanos se nos pide (¿exige?), por parte del titular de la Sedena, “respeto y respaldo” a los derechos de una nueva tipología de ciudadana (“ciudadanos-soldados”).

Sin embargo, la manipulación de reconocer o no derechos, trátese de los “delincuentes” o de ciudadanos comunes, pasa por alto que no se nos puede equiparar a la calidad “ciudadana” militar que reclama inopinadamente porque nuestra condición es diferente: desarmados e inermes ante soldados y policías además ante los delincuentes de todo tipo (la caricatura de Helioflores –El Universal, miércoles 5 de octubre–, es elocuente y aplicable a todos y a todo el país). Somos observantes de la ley antes que hacerla cumplir como les corresponde a los servidores públicos, de ahí que su llamado de corresponsabilidad resulta engañoso y manipulador.

El dato objetivo que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía NEGI del fracaso de las políticas de seguridad de los últimos años, definidas en buena parte al gusto del sector castrense para garantizar recursos y márgenes de influencia en los gobiernos federal y estatales, es nuestra percepción al respecto: siete de cada 10 mexicanos simplemente no nos sentimos seguros en el país.

Oportunismo político

El cobijo del poder civil a la agresión contra los militares en Sinaloa se extiende a una clase política que, con miras electorales, busca una alianza estratégica con el Ejército sin importar el daño a las instituciones democráticas que ayuden a solucionar nuestra crisis humanitaria.

Luego del discurso militar, del respaldo presidencial a la institución y las víctimas, desde el Senado el PAN anunció el martes 4 cambios legislativos que bajo el manto de “Ley de Seguridad Interior”, y al margen de lo que establece la Constitución, se legitima la intervención militar como policías (la jurisprudencia de la Suprema Corte nunca fue suficiente).

Debe recordarse que esta es una pretensión castrense que se perfiló desde el sexenio calderonista, cuando se impulsó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional (2009-2011) y que no se concretó. En el sexenio actual se ha insistido desde la iniciativa presidencial de “intervención” en los gobiernos municipales infiltrados por el narcotráfico (antes de Ayotzinapa, por supuesto) a la par de una propuesta proveniente de la Sedena misma, sobre seguridad interior precisamente.

Como las organizaciones religiosas, las militares se distinguen por la continuidad de sus pretensiones en el tiempo y sólo tienen que esperar las condiciones propicias para lograrlas. Ciento catorce soldados muertos en los últimos cuatro años son la contribución trágica para el empoderamiento y otro triunfo político-legal de los militares mexicanos.

El oportunismo político del PAN y de otros partidos son propios de su falta de visión de Estado y de su papel republicano en un estado pleno de derecho: en el México moderno, ni un solo titular de la Sedena o de la Marina Armada de México ha comparecido en el pleno de ninguna de las cámaras del Congreso. Por el contrario, los legisladores acuden a sus oficinas “para ser informados”.

Si bien esto no sorprende, llama la atención la histeria de periodistas, columnistas y analistas que no sólo se rasgan las vestiduras (“El enojo del general”, “¿Y los soldados no importan?” “Ejército herido”… etcétera), ante la tragedia personal de cinco familias de soldados muertos, sino que replican el chantaje militar institucional y amplifican el reclamo ante un supuesto abandono político y presupuestal del sector castrense. Se trata no sólo de una postura acrítica sino interesada, que fortalece posturas autoritarias y nos aleja de la debida rendición de cuentas.

Poco o nada se ha dicho, por ejemplo, de las causas por las que más de un centenar de soldados jóvenes han sido víctimas en operativos militares mal diseñados y peor ejecutados por los mandos. Esto es igualmente importante que exigir castigo para sus asesinos. Tampoco se dice nada sobre la falta de precisión de nuestras víctimas civiles, los desaparecidos, torturados y ejecutados en los operativos en donde participan militares y policías.


Mal que el país se haya convertido en un México de víctimas (que alcanzaron desde hace tiempo a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas) y su territorio en una gran fosa común. Peor, que no existan condiciones para debatir la responsabilidad, esa sí compartida, de autoridades civiles y militares en el fracaso por nuestra seguridad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERUBIEL TIARDO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458129/venganza-chantaje-politico-en-la-sedena