Las lealtades en el Ejército y la emboscada en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO: Las imágenes son las de una derrota dolorosa para cualquier milicia en el mundo: efectivos del Ejército mexicano asesinados y dos camiones militares calcinados en una emboscada, en las afueras de Culiacán, Sinaloa. Como en Siria, en Iraq o Afganistán. Sólo que esta no es guerra ideológica, sino una guerra económica por el control del narcotráfico en México.


Es una guerra en la que se disputan rutas, mercados y la hegemonía de las preciadas mercancías que han dejado ganancias para muchos; incluida en la economía formal y para quienes son parte de los poderes formales del país.

Tienen razón los familiares de los cinco militares asesinados y la decena de heridos en demandar apoyo de la ciudadanía. Lo mismo, las organizaciones y activistas que a raíz del ataque se pronunciaron en contra de que los delincuentes impongan su ley y el miedo a la sociedad.


Pero de eso a las amenazas del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, de responder que el Ejército “va con todo” para responder a la emboscada de “las bestias criminales” hay una gran distancia, la misma que separa a un Estado criminal de aquellos donde hay transparencia y rendición de cuentas de los actos de sus autoridades; las de los militares incluidas.

La pregunta es si el jefe del general, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea el presidente Enrique Peña Nieto, está de acuerdo con esta respuesta o si los mandos militares están mandándose solos, por encima del poder civil.

Cuando Felipe Calderón abrazó la causa de la guerra al narcotráfico, la primera respuesta de la delincuencia fue en su propia tierra: una emboscada a una patrulla del 12º Batallón de Infantería en Carácuaro, Michoacán, el 1 de mayo de 2005. Entre las tres víctimas mortales reportadas por el Ejército estaba un jefe militar, el coronel Antioco Hernández Morales, anticipando el escalamiento del conflicto interno en México.

La respuesta del Ejército fue en los mismos términos que ahora advirtió el general secretario: persecución y terror entre los pobladores de Carácuaro y Nocupétaro, de acuerdo con los testimonios recogidos por la revista Proceso. Fuera de los testimonios periodísticos, nada se supo de lo que pasó en ese territorio controlado entonces por la Familia Michoacana.

Justo 10 años después, el 1 de mayo de 2015, un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, del Ejército mexicano, fue derribado en Jalisco en un ataque atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Otra derrota para el Ejército, ya bajo el actual general secretario.

Pero ante ese fracaso, la respuesta del general Cienfuegos no fue como la de ahora. ¿Por qué? No fue porque hayan dejado de responder violentamente. Tal vez porque el fallido operativo para detener al líder de ese grupo, Nemesio Oseguera, lo coordinó el Ejército. O tal vez porque hay una recomposición en la hegemonía del narcotráfico en México, en un posible escenario de ascenso del CJNG y disminución del Cártel de Sinaloa.

A las pocas horas del ataque al convoy de militares el viernes pasado, que de acuerdo con el Ejército traía herido a Julio Óscar Ortiz Vega, El Kevin, luego de un enfrentamiento con los propios militares en la sierra de Badiraguato, los jefes militares locales señalaron a los hijos de El Chapo Guzmán.

El comandante de la Tercera Región Militar, el general Alfonso Duarte Múgica, y el coordinador de Seguridad Pública del Estado, el general Moisés Melo García, quien fue jefe militar en Sinaloa y Durango –es decir, conocedor del Triángulo Dorado de las drogas–, apuntaron como probables responsables a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Sorprendió la prisa del señalamiento, aunque los acusados negaron pronto cualquier responsabilidad.

Durante los dos sexenios panistas, el Ejército no pudo detener a El Chapo, a pesar de que Sinaloa es uno de los terrenos que mejor conocen los militares desde los años 70, cuando encabezaron la Operación Cóndor. Ésta, por cierto, terminó por favorecer a Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.

En los años de la esplendorosa fuga de El Chapo, el Cártel de Sinaloa se consolidó como una empresa multinacional del narcotráfico. Apenas hacía un año que Guzmán Loera se había fugado del penal de Puente Grande, Jalisco, cuando en el verano de 2002 fue desmantelado el 65 Batallón de Infantería del Ejército, al descubrirse que sus elementos cuidaban la producción de mariguana en Badiraguato y Mocorito, en la sierra de Sinaloa.


Una respuesta violenta, en la lógica irracional de la venganza por parte del Estado, además de infligir más dolor al país, sólo serviría para seguir el juego de buenos y malos en esta prolongada guerra.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457716/las-lealtades-en-ejercito-la-emboscada-en-sinaloa

SEIDO cita a abogado de “El Chapo” por deslinde de hijos sobre ataque a Ejército

CIUDAD DE MÉXICO: La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), llamó a declarar el próximo lunes a José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, por las declaraciones en las que aseguró que los hijos del capo se deslindaban del ataque al Ejército el pasado 30 de septiembre en Culiacán.


Así lo dio a conocer Andrés Granados, miembro también de la defensa del líder del Cártel de Sinaloa:

“Al licenciado José Refugio le llegó un requerimiento por parte de SEIDO, donde lo están solicitando para que declare con respecto a ese tema. Nosotros sentimos que quieren saber cómo fue la fuente, quieren que se les diga quién es la fuente”, señaló.


En entrevista con Radio Fórmula, el litigante explicó que ayer, en la última visita que hizo a su defendido en el penal de Ciudad Juárez, no se habló sobre el ataque a los soldados en Culiacán.

“Nada más comentamos lo que se dijo en la Revista Proceso, lo que manifiestan ellos, y lo que me dijo mi compañero José Refugio, que le habían hecho llegar a él un comunicado en donde se deslindaban los hijos del señor Guzmán, de eso nada más hablamos”.

Y dijo que la conversación entre ellos fue enfocada a su situación médica, y no se habló más del tema, “hasta le comenté: ‘al licenciado José Refugio le llegó un requerimiento por parte de SEIDO donde le están solicitando que declare sobre ese tema’”, mencionó.

Un día después del ataque en el que murieron cinco soldados en Culiacán, el abogado José Refugio Rodríguez afirmó a Proceso que los hijos del capo quisieron hacer pública la postura de que no tuvieron ninguna relación con los hechos, ante los señalamientos del comandante de la Novena Zona Miltar, el general Alfonso Duarte, quien el mismo día de los hechos afirmó que se sospechaba de la participación de Alfredo e Ivan Guzmán Salazar, hijos del primer matrimonio de Guzmán Loera con Alejandrina Salazar.

“Los hijos de Joaquín (Guzmán Loera) Iván y Alfredo se deslindan de los lamentables hechos en que perdieron la vida los militares en cobarde emboscada. Ellos solicitan una investigación objetiva e imparcial en el esclarecimiento de los hechos y lamentan el fallecimiento de los militares en el cumplimiento de su deber”, señaló el abogado José Refugio Rodríguez el pasado 1 de octubre.

A pregunta expresa de por qué los hijos del narcotraficante necesitaban deslindarse de estos hechos, Rodríguez señaló: “A nadie le gusta ser perseguido del gobierno por algo que no hizo”. Los hijos de Guzmán Loera habrían enviado el mensaje: “cuando detuvieron a su papá no hicieron eso, menos ahora”.


“Ojalá no se haga una cacería de brujas en la que abusen de su poder (los militares) saciando su venganza por el dolor de los compañeros caídos”, dijo el abogado. Cuestionado de cómo había tenido contacto con los hijos de El Chapo afirmó que fue a través de un familiar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457733/seido-cita-a-abogado-chapo-deslinde-hijos-ataque-a-ejercito

De Tlatelolco a Ayotzinapa, la misma cerrazón del Ejército

El Ejército actuó de manera muy parecida tras la matanza de Tlatelolco y tras la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa: ocultó toda la información que pudo, entorpeció las indagatorias y se olvidó de que estaba para servir a los ciudadanos y no a sí mismo o a los gobiernos. Tal vez no sea casualidad la similitud en las reacciones: tanto en 1968 como en 2014 ese instituto armado había asumido funciones policiacas… funciones que, hasta la fecha, sigue desempeñando.

CIUDAD DE MÉXICO: Las investigaciones sobre la masacre estudiantil en Tlatelolco hace 48 años, y la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa hace dos, tienen algo en común: se toparon con los muros del Ejército. Y más aún: en ambos casos, los militares desempeñaban funciones policiales y de seguridad pública.

La participación del Ejército en la matanza del 2 de octubre de 1968 no ha quedado esclarecida. Ni siquiera la fiscalía especial que se creó para investigar los crímenes del pasado perpetrados por el Estado mexicano pudo abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El actual titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, también se niega a esclarecer el papel de los soldados en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Sólo pugnas internas de la cúpula militar protagonista de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas permitieron, muchos años después, acercarse a una versión castrense de los hechos: que el Estado Mayor Presidencial (EMP) disparó contra la multitud y contra  las tropas desplazadas para dispersar la manifestación.

La acusación la hizo quien era el jefe del Ejército en 1968, el general Marcelino García Barragán. Directo, señaló al entonces jefe del EMP, el general Luis Gutiérrez Oropeza, como el responsable de desplegar a una docena de francotiradores en varios edificios de la Unidad Tlatelolco que daban a la plaza de las Tres Culturas.

El general García Barragán respondió así a las acusaciones del general Gutiérrez Oropeza, quien atribuyó toda la responsabilidad al Ejército y en particular a su entonces alto mando. El jefe del EMP durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz aseguró que toda la operación militar del 2 de octubre había estado bajo el mando del secretario de la Defensa.

La participación de Gutiérrez Oropeza en la matanza había sido documentada por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), cuando en 1977 logró la desclasificación de reportes de la inteligencia militar estadunidense sobre lo ocurrido en Tlatelolco.

La versión del Ejército fue confirmada en 1999 por el fundador de este semanario, Julio Scherer García, y el cronista Carlos Monsiváis en su libro Parte de guerra (Proceso 1182), con documentos del general García Barragán, quien había fallecido dos décadas antes, en septiembre de 1979.

Ese relato fue la versión con la que trabajó años después la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en 2002 por el gobierno de Vicente Fox.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2083 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA, EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457129/tlatelolco-a-ayotzinapa-la-misma-cerrazon-del-ejercito

El Ejército no tolerará en sus filas a quienes atenten contra la vida de civiles: Cienfuegos

MORELIA, Mich: Orador principal en la ceremonia del CCLI aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, advirtió que no se “tolerará en las filas del Ejército a aquellos (soldados) que, por acción u omisión, atenten contra la vida, integridad o el patrimonio de las personas”.

En representación del Ejecutivo federal, el militar añadió que quienes así lo hagan serán llevados ante las instancias jurídicas correspondientes.

Cienfuegos dijo que se requiere de una sociedad que confíe en sus soldados: “Los militares somos los primeros que debemos cumplir la ley es un mandato que por ningún motivo justifica actos ilegales de deshonor o indisciplina”, subrayó.

Las palabras del titular de la Sedena se dieron en el contexto de las últimas recomendaciones giradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en las que elementos de esa institución resultaron involucrados en la comisión de detenciones ilegales, desapariciones forzadas  y actos de tortura.

Luego de apuntar que “a los mexicanos nos toca romper inercias que impiden el progreso”,  Cienfuegos Zepeda destacó el legado de José María Morelos y Pavón, fundador del Ejército mexicano y quien, dijo, contribuyó a la conformación de las instituciones nacionales que hoy existen.


“La mejor manera de rendir tributo a este héroe de la Patria es respetando las leyes, hacer lo que nos corresponde, respetar las leyes y las instituciones, luchar porque prevalezca la educación, la justicia y la paz”, dijo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457055/ejercito-tolerara-en-sus-filas-a-quienes-atenten-contra-la-vida-civiles-cienfuegos

Gabriel Roque, el militar “torturado” que sobrevive entre trastornos delirantes

El caso de los 31 militares del llamado “Pelotón de la Muerte”, implicado en el homicidio del civil José Heriberto Rojas Lemus el 25 de julio de 2008, sigue complicándose. Hasta ahora 21 de ellos ya recibieron sentencia, pero otros, como el cabo Gabriel Roque Bernardino –a quien el mes pasado se le diagnosticó “trastorno de ideas delirantes de predominio paranoide” por la tortura a la que fue sometido para que se declarara culpable por la muerte de Rojas Lemus–, muestran la parcialidad con la que se conducen las autoridades castrenses y la impunidad de la que gozan los altos mandos.

CIUDAD DE MÉXICO: La primera ocasión que el cabo Gabriel Roque Bernardino tuvo un ataque de psicosis paranoica fue la mañana del pasado 26 de julio en la cancha de basquetbol que se utiliza para el pase de lista de los internos del penal militar de Mazatlán, Sinaloa.

Ese día, delante de 170 personas que esperaban formados, Roque empezó a delirar. Decía que un grupo de la Policía Ministerial Militar (PMM) iba por él. Pedía que llamaran al director de la prisión y rogaba al oficial que pasaba lista para que impidiera que los policías se lo llevaran, pues lo iban a torturar.

Al principio algunos creyeron que se trataba de una broma, pues no había nadie de la PMM. El cabo Roque fue llevado por dos compañeros a las instalaciones de sanidad para ser examinado. Le practicaron un examen toxicológico que resultó negativo en consumo de drogas. A partir de ese momento quedó en observación y las autoridades penitenciarias castrenses solicitaron a la dirección del hospital regional militar de Mazatlán que enviaran un especialista en psiquiatría para valorarlo.

Días después, la madrugada del 1 de agosto, Roque tuvo un segundo ataque psicótico. En uno de los dormitorios del penal, sus compañeros tuvieron que activar el botón de alerta mientras trataban de calmarlo después de que se despertó gritando. Se sujetaba de la litera, temblaba y lloraba, gritaba pidiendo auxilio a sus compañeros.

“Decía que el general Cienfuegos había mandado a elementos de la PMM por él para llevárselos. Como a los cinco minutos entraron los celadores y lo condujeron de vuelta al área de sanidad”, comenta en entrevista telefónica uno de los internos. Medio centenar de personas presenciaron los hechos en el dormitorio.

Esa ocasión el psiquiatra iba a trasladar a Roque al hospital regional para seguir examinándolo. El interno fue por sus objetos de aseo personal y se presentó al pase de lista. Cuando lo llamaron, otra vez delante de sus compañeros empezó a gritar. “¡Allí vienen los judiciales por mí. ¡No deje que me lleven. Me van a torturar!”, le decía al oficial que pasaba lista. No dejaba de llorar y temblar.

Desde esa fecha, la salud mental de Roque se deterioró. Estuvo internado del 1 al 8 de agosto en el área de psiquiatría del hospital regional militar de Mazatlán, donde se le diagnosticó “trastorno de ideas delirantes de predominio paranoide”. Luego lo regresaron a la prisión.

Días después, Roque empezó a decir que desconfiaba de todos, que sentía que era vigilado todo el tiempo; hablaba también de una cámara que lo grababa en su celda. Sus compañeros relatan que a su regreso al penal, los médicos lo han mantenido medicado.

Cuentan que ha dicho que está deprimido, que habla de no querer vivir si lo llegaran a sentenciar en el juicio donde se le acusa de tortura y homicidio calificado en el caso Ojinaga, un episodio de la Operación Conjunta Chihuahua ordenada en 2008 por Felipe Calderón, y bautizado por la Procuraduría de Justicia Militar como “El Pelotón de la Muerte”, en el que estuvieron implicados 31 militares (Proceso 1993).

Secuelas de una “investigación”

El antecedente del estado de salud del cabo Roque quedó documentado en 2011, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) practicó a los 31 militares detenidos por el Caso Ojinaga en el verano de 2009 en la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua, el protocolo de Estambul, un procedimiento médico que analiza las secuelas psíquicas de personas que han sido víctimas de tortura.

El diagnóstico fue que Roque tenía “secuelas físicas” que concordaban con su denuncia. Uno de sus compañeros, Miguel Ángel Benítez Ramírez, presentó “secuelas sicológicas” propias de quien ha sufrido “tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, según copia del documento de la CNDH consultado por el reportero.

Ambos eran parte de los 22 soldados que junto a ocho oficiales de la Tercera Compañía de Infantería no Encuadrada (CINE), y el entonces comandante de la guarnición, el general José de Jesús Moreno Aviña, fueron acusados de asesinato y tortura de tres presuntos integrantes del crimen organizado.

Este es el primer caso que por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2012, al aplicarse la nueva reforma judicial, pasó del fuero militar a un juzgado federal debido a que había civiles implicados.

Pese al diagnóstico, Roque nunca recibió terapia o tratamiento psicológico en el interior de la prisión. La CNDH no emitió ninguna recomendación a la Sedena y tampoco hubo denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por estos hechos, dice el teniente Gonzalo Arturo Huesca Isasi, compañero de Roque.

Cuando un juez militar le dictó auto de formal prisión en enero de 2010, Roque declaró que no tuvo nada que ver en el homicidio del que se le acusaba. Al contrario, aseguró que las declaraciones que hizo ante el agente del Ministerio Público Militar fueron arrancadas por medio de golpes en todo el cuerpo, descargas eléctricas y amenazas de muerte.

Lo obligaron a firmar una declaración en la que, según su expediente judicial, participó en la tortura y homicidio calificado en agravio del civil José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano, presuntamente ocurrido en Ojinaga en 2008, caso que se ventila en el Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua.

El caso Ojinaga surgió tras el cúmulo de denuncias contra militares por abusos y violaciones a los derechos humanos de varios habitantes de este municipio fronterizo.

Algunos de los 31 detenidos denunciaron que el caso es un montaje (Proceso 2018). Desde su primera comparecencia Roque señaló al mayor Carlos Alberto Rivera Medeles, quien entonces era el jefe de aprehensiones, y los capitanes Héctor Raúl Salgado Urióstegui y Ernesto Román Rodríguez Morales, agentes de la corporación llamada hoy PMM, como los autores de la tortura.

La acusación contra Roque se basó en el testimonio del sargento Andrés Becerra Vargas, que dijo haberlo visto el 25 de julio de 2008 en las instalaciones castrenses de Ojinaga, donde el mayor Alejandro Rodas Cobón, como segundo al mando de la Compañía, supuestamente le ordenó junto a dos de sus compañeros someter a descargas eléctricas al civil Rojas Lemus.

Becerra, uno de los coacusados en el Caso Ojinaga, aseguró que Rojas Lemus, presunto integrante de una banda local de narcotráfico, comenzó a convulsionarse en dos minutos y luego dejó de moverse.

Ocho testigos militares que estuvieron ese día a cargo del puesto de control del poblado de Manuel Benavides, Chihuahua, señalaron que Roque estuvo con ellos a la hora y fecha que aludió Becerra. La localidad se ubica a más de 90 kilómetros de distancia de donde supuestamente sucedieron los hechos.

La causa penal contra el cabo Roque se cerró hace unas semanas y entró en espera de sentencia por cargos que alcanzan penalidad de hasta 45 años de prisión.

De los 31 implicados en el juicio, 21 han sido sentenciados, empezando por el general Moreno Aviña, condenando en abril pasado a 52 años por la muerte de Rojas Lemus.

Dos coacusados tuvieron penas cada uno de tres meses de cárcel, a cambio de que se “sostuvieran en las acusaciones en contra del general y otros 10 militares que siguen en prisión”, explica el teniente Huesca Isasi, uno de los involucrados que, junto al mayor Alejandro Rodas Cobón y el cabo Roque Bernardino, llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le dio entrada a finales del 2015 y empezó su análisis en marzo pasado.

“El problema es que la Secretaría de la Defensa Nacional no admite que Roque tiene una afectación mental debido a la tortura de que fue objeto por parte de la PMM. Si lo hiciera, caerían sus declaraciones y el caso sumaría otra irregularidad”, dice el mayor Alejandro Rodas Cobón.

El documento de Echeverría

En el verano de 2015, cuando la juez décima de distrito Claudia Guerrero Centeno, entonces al frente del caso, citó a comparecer al general Guillermo Galván Galván –quien era titular de la Sedena cuando ocurrieron las muertes en Ojinaga–, éste se excusó por estar fuera del país.

Meses después, la Procuraduría de Justicia Militar aludió a un decreto de enero de 1976, emitido por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, según el cual quienes hayan desempeñado el cargo de secretario de la Defensa Nacional continuarán en servicio activo “no obstante que opere alguna causal de retiro”.

Ellos, según la dependencia, “adquieren durante el ejercicio de sus elevadas funciones un contacto mayor con los problemas relacionados con la conservación del orden interno del país, capacidad ésta que debe ser aprovechada constantemente cooperando como órganos de consulta de los que en lo sucesivo desempeñen ese cargo”, según oficio que envió al juzgado en octubre de 2015.

Echeverría emitió el decreto que sirvió para dar impunidad al general Hermenegildo Cuenca Díaz, su secretario de Defensa, después de haber implementado las operaciones contrainsurgentes dentro de la llamada “guerra sucia” en Guerrero, comenta el mayor Rodas Cobón.

Era una manera de “cubrirle la espalda”, bajo la excusa de que era “alto funcionario”, ante la posibilidad de que fuera juzgado por esos hechos. “Sirve ahora al general Guillermo Galván para no comparecer en el caso espinoso de Ojinaga, ocurrido durante su administración, y seguramente será utilizado en su momento para evitar que se aclaren los casos Tlatlaya y Ayotzinapa”, asevera.

Rodas Cobón es un oficial de infantería que el año pasado solicitó al juzgado llamar a declarar a Galván. Quería que explicara por qué lo arrestó para que pudieran torturarlo y que firmara confesiones “a modo” en las dos causas penales en las que se le procesa, una por robo y otra por la supuesta tortura y muerte de Rojas Lemus.

El citatorio judicial no cayó tan bien en el ánimo de la Sedena. En agosto de 2015 la juez Guerrero Centeno fue removida de su cargo; en su lugar llegó el teniente de justicia militar y licenciado René Ramos Pérez, un “juez a modo” que, según los entrevistados, emite resoluciones que están lejos de ser imparciales y sirve a los intereses del Ejército porque por jerarquía “responde a la superioridad”.

El nuevo juez del caso Ojinaga rechazó la comparecencia del general Galván atendiendo la petición que le hizo el procurador de justicia militar, el general Jesús Gabriel López Benítez, quien citó el decreto de Echeverría para eximir al extitular de la Sedena de presentarse ante la autoridad judicial debido a que, como asesor del general Salvador Cienfuegos Zepeda, actual secretario de la Defensa Nacional, está considerado como “alto funcionario”.

La petición fue respaldada también por el agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado. El fallo fue impugnado hace unos meses por la defensa del mayor Rodas.

La historia en los últimos meses del juicio ha sido de “dilación sistemática en la comparecencia de los testigos militares, lo que ha retrasado que se dicten las sentencias”, añade por su parte el teniente Huesca Isasi. Si testificaran se podrían demostrar las irregularidades de la investigación, como la retención ilegal durante la averiguación previa, así como los actos de tortura y extorsión perpetrados por los agentes de la PMM.

La retención ilegal ya fue reconocida hace unos días por un tribunal colegiado, que falló a favor del mayor Rodas en la causa penal que enfrenta por robo. En el veredicto de una revisión de amparo que salió a su favor se dice que debido a que las primeras declaraciones fueron hechas sin abogado defensor, se ordena anularlas y quedan sin efecto.

“A mí me presentaron como un gran villano que lo mismo robaba que asesinaba y desaparecía gente; no sucedió ni una ni otra cosa”, manifiesta. Es una “historia ficticia” armada por la procuraduría militar, que con “el afán de cuadrar la historia del ‘Pelotón de la Muerte’ involucró a elementos que ni siquiera estaban en esa fecha en el cuartel.”


Para el mayor Rodas, para el teniente Huesca y otro de los entrevistados que pidió reserva sobre su identidad, la Sedena cuenta con un “gran capital político” proporcionado por los militares encarcelados. Sus juicios son “administrados en coordinación con el poder judicial que diligentemente ha emitido sentencia a militares en cuanto el gobierno federal o el propio Ejército es cuestionado por la actuación de sus elementos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN VELEDÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/455035/gabriel-roque-militar-torturado-sobrevive-trastornos-delirantes

Cienfuegos y Soberón asistirán a reunión en Londres

Ciudad de México. Los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, general Salvador Cienfuegos Zepeda y almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente, asistirán a la Reunión de Ministros de Defensa que se llevará a cabo en la ciudad de Londres, Reino Unido, en el marco de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Ambos secretarios acuden a la Reunión de Ministros de Defensa, que se efectuará los días 7 y 8 de septiembre próximos con la autorización del presidente, Enrique Peña Nieto, "llevando en su nombre y representación un mensaje de unidad y fraternidad", indicaron los militares en un comunicado de prensa conjunto.

Como parte de su visita, Cienfuegos y Soberón se entrevistarán con el Michael Cathle Fallon, ministro de Defensa y con el general Stuart Peach, Jefe de Estado Mayor de Defensa.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/05/cienfuegos-y-soberon-asistiran-a-reunion-en-londres

Propone PRI patrullaje del Ejército en la capital

Ciudad de México. Una propuesta del PRI para solicitar al presidente Enrique Peña Nieto que instruya al Ejército a realizar acciones de vigilancia en las calles de la Ciudad de México –turnado a comisiones– generó la inmediata reacción en contra del PRD y Morena.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Israel Betanzos Cortés, inscribió el punto que leyó en tribuna su compañero de bancada, Luis Gerardo Quijano Morales, en el que se pide además al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, ordene a su vez a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina coordinar e implementar operativos conjuntamente con el Ejército.

El punto no se sometió a votación, para evitar su discusión y se pidió turnarlo directamente a la Comisión de Seguridad Pública, que preside el panista José Gonzalo Espina Miranda.

Al final de la sesión estaba previsto un pronunciamiento de la diputada del PRD, Beatriz Olivares Pinal, sobre “la situación actual y los retos en materia de seguridad pública para la ciudad”, en el que respondió a la propuesta del priísta con un rotundo rechazo al uso del Ejercito para patrullar las calles, reclamando que se pretenda pasar a la ciudad por el mismo tamiz del de otras entidades en las que opera el crimen organizado.

“Si esa fuera la solución al tema de la inseguridad, en territorio nacional habría armonía y paz”, apuntó.


El legislador de Morena, Alfonso Suárez del Real, señaló a su vez la misma Constitución establece que en tiempos de paz, “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/10/propone-pri-patrullaje-del-ejercito-en-la-capital

Acción militar en Tepatitlán: Detenidos, torturados… y muertos

A fines del pasado enero Tepatitlán fue escenario de un acto criminal cometido por miembros del Ejército. Soldados allanaron una morada, sometieron y golpearon a los tres jóvenes que ahí se encontraban y se los llevaron. Un par de días después esos tres muchachos aparecieron abandonados en el campo. Dos estaban muertos y presentaban huellas de tortura. Ha transcurrido medio año y el caso aún no está resuelto, pese a que la justicia militar y la PGR les aseguran a los familiares que ya hay órdenes de captura contra los responsables.

TEPATITLÁN, Jal: Abraham Rodríguez es maestro albañil y uno de sus dos empleos lo desempeña en el panteón municipal. El sábado 30 de enero sepultó allí a su hijo, Abraham Rodríguez Martín, de 20 años, y a su sobrino, Luis Enrique Machuca Martín, de 19, tres días después de que militares entraron a su casa, los golpearon y se los llevaron.

A Abraham nadie le contó cómo fue que desaparecieron su hijo (al que conocen como Junior) y su sobrino, hijo de una cuñada. Él lo presenció.

La noche del pasado 27 de enero, cuando llegaba a su casa, le avisaron que “unos guachos” (soldados) habían entrado a la casa de su hijo, en la colonia Santa Mónica –donde se encontraba con su primo y otros jóvenes– y que los estaban golpeando a todos.

El hombre llegó pero no pudo entrar a la vivienda de dos plantas, pues varios soldados le cerraron el paso. Desde donde se quedó parado, escuchó que desde el primer piso salían los gritos de su hijo y los demás muchachos, sometidos a golpes por los militares.

Pasaron así dos horas. Luego vio cómo los jóvenes eran sacados de la casa y subidos a unos vehículos; además, el grupo de fuerzas armadas se llevó el auto de Junior (un Ford Focus) y una camioneta Ford F150, propiedad de otro de los muchachos, a quien dejaron ir cuando comprobaron que éste sólo había ido a visitarlos y se encontraba con ellos de manera fortuita.

Junior y su primo Luis Enrique nunca fueron puestos a disposición de alguna instancia de procuración de justicia, Ministerio Público o juzgado. Por más que recorrió las agencias y la cárcel, Abraham padre no los encontró.

“Quería que me dijeran por qué los militares no los entregaron, los reportaron a la Procuraduría, no sé”, recuerda apenas.

Francisco Javier llegó a visitar a Junior a su casa ese día 27. Había viajado desde otra ciudad para una cita médica, y aprovechó para saludarlo. Le tocó vivir lo peor. Minutos después de que entró a la casa vio llegar a los soldados.

“Cuando iba bajando, un militar, con la punta del rifle rompió el vidrio. Me dijo: ‘¡Bájate, hijo de tu puta madre. Bájate! ¿Dónde están los demás?’ Le dije que no sabía. Me ordenaron mostrar mis pertenencias: cartera, celular, cigarros, y me hicieron subir de nuevo a la casa. Ahí tenían a dos chavos a puros putazos. Me dijeron que era un malandrín, yo lo negué”.

Uno de los dos jóvenes que estaban en la casa, tirados, comenzó a convulsionarse mientras era golpeado. “Como dos veces se fue. Ya las últimas le decían: ‘¿Dónde está el otro hijo de su puta madre?’ Salieron y de rato regresaron con Junior, y empezaron a darle a él también; le echaron agua y jabón en polvo en todo el cuerpo. A mí me cachetearon, me golpearon, tengo una fractura y me quebraron la placa”, narró Francisco.

Finalmente, cuando los soldados tuvieron claro que sólo había coincidido en una desafortunada visita, lo dejaron ir.

A la mañana siguiente, cuando el padre de Junior acudió a la Deportiva Hidalgo (cuyas instalaciones fueron facilitadas para el destacamento del Ejército que desde hace un año permanece en Tepatitlán), vio el Ford Focus del muchacho.

Abraham padre y su esposa los confrontaron y los militares cayeron en contradicciones.

“Le digo a mi esposa que les enseñe las fotos a los militares. El militar acepta que entraron al domicilio y que nada más se trajeron el carro, pero que a ellos no se los trajeron, que se les escaparon del domicilio. ¿Cómo, si la casa es de dos pisos? No pudieron haber escapado, nosotros vimos cuando los tenían adentro, golpeando, y luego los subieron a las camionetas. ¿Por qué dicen que se les pelaron si los vimos?”, se ve preguntándose a Abraham en una entrevista con el reportero Arturo Rentería, publicada en Facebook, poco antes de que aparecieran los cuerpos de los muchachos.

Tras la visita a la sede del destacamento militar, Abraham fue a la oficina de la Fiscalía y anunció que iba a presentar una denuncia por la desaparición de su hijo.

Antes de salir –tras abrirse la carpeta 277/2016– el agente investigador José Trinidad Navarro Coronado le entregó un oficio dirigido al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para, con base en el Protocolo de Atención en Casos de Desaparición de Persona, que se aplica en esta entidad, le fueran tomadas muestras genéticas para el banco de datos, “para que en su momento se puedan realizar pruebas de identificación con cadáveres que estén clasificados como no identificados en el servicio médico forense del estado (sic)”.

Al salir de la Fiscalía, Abraham vio que militares llegaban a bordo del Focus. Iban a entregar el vehículo a la autoridad ministerial.

El viernes 29 de enero el hombre fue contactado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco para avisarle que acababan de hallar los cuerpos de Abraham Junior y Luis Enrique en un sembradío al pie de la carretera Tepatitlán-Tototlán. Estaban semidesnudos y con huellas de golpes.

El tercer muchacho, Juan José Gutiérrez, estaba junto a los cuerpos, pero con vida, así que fue llevado a un hospital de Tepatitlán. El dueño del predio les dijo a las autoridades que llegó a las 11.00 horas a hacer labores en el campo cuando comenzó a escuchar unos quejidos.

Abraham reconoció los cuerpos. Ese mismo día se los entregaron. El acta de defunción de Junior dice que sufrió “muerte violenta” por lesiones y luxación en cervicales. Le rompieron el cuello y tanto él como su primo fueron torturados.

En cuanto pudo, los sepultó en el panteón donde trabaja, dice a Proceso.

Todavía no paga el funeral.

En los días posteriores, familiares y allegados de los fallecidos hicieron uso de todos los medios a su alcance –particularmente las redes sociales– para expresar su repudio al Ejército y señalarlo como el responsable de los decesos ocurridos, achacándoles además otras agresiones a jóvenes, sobre todo de colonias de la periferia de la ciudad.

El lunes 1 de febrero fueron colocadas algunas mantas en varios puntos de Tepatitlán, en las cuales se exigía la salida del Ejército del municipio:

“En Tepatitlán estamos cansados de los abusos y homicidios por parte de los militares y que no se les castigue. Exigimos justicia y no los queremos en las calles. Aquí no hay guerra”, decían varias de las mantas.

Todas las dudas

Abraham hablaba poco con su hijo, quien desde hacía tiempo no vivía en la casa familiar. “Venía muy poco; le preguntaba en qué andaba y me decía que en la obra (también era albañil) y nada más. Estaba yo preocupado, pero no me decía mucho, que estaba bien y ya. No era de mucha plática”.

Destacamentos del Ejército tienen varios meses recorriendo los municipios de la zona Altos Sur de Jalisco. Proceden de la base militar de Jamay, donde está un centro del 92 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa (Sedena).

Los grupos militares suelen pernoctar en Tepatitlán cuando finalizan sus patrullajes y periódicamente son reemplazados por nuevas brigadas.

Las autoridades de Tepatitlán optaron por prestar las instalaciones de una unidad deportiva para que ahí descansen los militares. A pesar de las quejas, tanto el alcalde actual, Hugo Bravo, como el anterior, Jorge González, han optado por deslindarse de la presencia castrense, alegando que ellos no solicitaron su presencia en la ciudad, sino que fue una decisión del gobierno federal para el combate al crimen organizado en la región.

Cuatro meses después de los hechos, Abraham Rodríguez recibió del Juzgado Militar adscrito a la V Región Militar un oficio en el que se le llama a comparecer en el proceso que se sigue a los presuntos responsables.

Ahora se conoce por lo menos un nombre, el del teniente de infantería paracaidista José Martín Graciano González, quien aparece en el oficio número 2568 entregado a Abraham. El documento está firmado por el juez militar, teniente coronel Pablo Raúl Dávila Pérez, en relación con el proceso penal 43/2016 en contra de Graciano González “y otros”.

A Graciano González y los demás inculpados se les acusa de “desobediencia e infracción por deberes comunes a todos los militares que están obligados a servir en el Ejército, con motivo de los hechos suscitados en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, el 27 de enero del año en curso, donde fallecieron dos personas y una más quedara gravemente lesionada”.

Hugo Bravo Hernández, alcalde emanado de Movimiento Ciudadano, exigió que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables. Sin embargo, deslizó el comentario de que los jóvenes asesinados tenían antecedentes delictivos registrados en la Policía Municipal; entre éstos, acusaciones de robo y venta de combustible de dudosa procedencia.

“Aunque eso no justificaba que los hayan matado de esa forma y las instancias adecuadas deben proporcionar el castigo correcto”, matizó el alcalde.

Fue Bravo quien ventiló que los soldados que tuvieron contacto por última vez con Abraham, Luis Enrique y Juan José, ya estaban siendo interrogados por investigadores encargados del caso.

En Guadalajara, el fiscal general Sergio Almaguer confirmó que por encontrarse la presunta responsabilidad de elementos del Ejército en la desaparición y homicidio de los dos jóvenes, el caso había sido atraído por la PGR.

El 2 de febrero, cuando Abraham acudió al llamado de la Fiscalía, le informaron que ahí se había terminado su trabajo y que ahora el caso era competencia de la PGR, instancia que lo asumió bajo la carpeta 386/2016.

“En eso llegaron unos militares pidiendo hablar con el agente, que se salió con ellos y les dijo que yo estaba allí. Entraron y me dijeron que había siete u ocho militares detenidos en el cuartel y que lo que ocupara o necesitara, me iban a apoyar”.

No recuerda si le dijeron en qué cuartel estaban los detenidos o si le hablaron sobre el proceso que se seguiría. “Apenas se me quedaron algunas cosas, fíjese. Como entre sueños”.

Los enviados de la Sedena que se presentaron ante Abraham fueron el teniente coronel de infantería del Estado Mayor César Gutiérrez, el teniente coronel de infantería José Luis Valenzuela y el coronel Ramón Jasso.

Este último le telefoneó esa noche a Abraham. Quería que viajara a Zapopan o a Jamay para reunirse con ellos, que le darían información y verían en qué se le podría ayudar.

“Yo estaba muy cansado y les dije que no podía. Me pidieron vernos el jueves 4 por la mañana”. En esa reunión, que se efectuaría en Tepatitlán, estaría presente el secretario de gobierno de Jalisco, Roberto López Lara.

La reunión nunca se realizó y los militares no le han vuelto a hablar.

El 3 de febrero Abraham recibió una llamada de la PGR. Querían que acudiera al exterior del domicilio donde vivió su hijo en la colonia Santa Mónica, para entrevistarlo. Él se negó. Se presentó después de salir de su trabajo en las oficinas de la PGR, donde le volvieron a tomar su declaración.

“Me dijeron que esto ya iba muy avanzado, que tenían órdenes de sacarlo adelante y rápido”.

El 5 de febrero fue encontrada la camioneta Ford F150, la de Francisco, que también se habían llevado los soldados el 27 de enero.

El día 11, el agente del Ministerio Público federal Luis David Jiménez se comunicó desde Guadalajara para informarle que la orden de aprehensión había sido girada contra los militares, al encontrar indicios que los señalan como presuntos responsables.

Abraham dice que está tranquilo “porque todo va bien, eso me dijeron los militares. Ya hay soldados detenidos y yo quiero justicia, que caigan los que sean los responsables, nada más. Como cualquier persona”.


Y a fines de mayo recibió un oficio, fechado el 16 de ese mes, del juzgado militar adscrito a la V Región. Debe presentarse a testificar el próximo miércoles 8 al juzgado ubicado en el Campo Militar en La Mojonera, acompañado por su asesor jurídico. “Se hace necesaria su presencia”, se lee.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443496/accion-militar-en-tepatitlan-detenidos-torturados-muertos

Gobierno mexicano defiende al Ejército ante acusaciones de tortura y abusos

Militares torturando civiles por asumir que eran delincuentes; policías entregando civiles a grupos del crimen organizado, jóvenes muertos en un fuego cruzado entre soldados y presuntos delincuentes. Desde que el Ejército asumió funciones policiales para combatir a los carteles, han ocurrido numerosos abusos contra la población civil, que se ha convertido en el daño colateral de la guerra contra el narcotráfico, ha denunciado la organización Open Society y otro rosario de organismos defensores de los derechos humanos. Pero el Gobierno de México asegura que la “inmensa” mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por grupos criminales y que el Ejército es la institución mexicana más apreciada por la población.

Tras la publicación del informe ‘Atrocidades innegables’ de Open Society Justice, en el que se relatan numerosos abusos a los derechos humanos de los mexicanos por parte de los carteles del narcotráfico –principalmente Los Zetas- y de las fuerzas policíacas y militares, el Gobierno emitió un comunicado en el que defiende la actuación del Ejército y asegura que la estrategia de seguridad ha arrojado resultados positivos.

“La misión protectora de las fuerzas armadas ha sido reconocida continuamente por la población. De acuerdo a encuestas anuales del INEGI, el Ejército y la Marina son las instituciones de mayor prestigio y confianza para la población”, asegura el comunicado, sin especificar a qué encuesta se refiere.

El informe de Open Justice señala que las "atrocidades" cometidas por el Ejército contra civiles caben en la categoría de crímenes de lesa humanidad y debieran ser investigados y juzgados como tales, pues la estrategia de combate al narco ha derivado en abusos de autoridad y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, el Gobierno asegura que las Fuerzas Armadas cuentan con protocolos y manuales para el uso de la fuerza que son acordes con los derechos humanos, y que, en caso de excesos, el Estado tiene "un compromiso sólido de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables". El informe destaca, a este respecto, que las condenas por estos crímenes han sido muy pocas en comparación con los crímenes denunciados.

El comunicado está suscrito por varias instancias del Gobierno federal, entre ellas los ministerios de Gobernación, Marina, la Defensa así como la Fiscalía general, y afirma que en los últimos tres años -lo que lleva el Gobierno de Enrique Peña, señalado en el informe como responsable de las atrocidades, junto con el del expresidente Felipe Calderón- los homicidios dolosos se redujeron en 22% y en los Estados de la frontera norte el índice se redujo hasta 45%, mientras el secuestro mostró una reducción del 27% y la extorsión, del 30%.

"Independientemente de lo anterior, el Gobierno de la República reconoce que enfrenta retos en materia de derechos humanos y reafirma que se están fortaleciendo sus capacidades para combatir adecuadamente a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos", admite el Gobierno.

El reporte advierte que el principal obstáculo para resolver la crisis de violencia que vive el país es la voluntad política, ante lo cual, el Gobierno aseguró que el Estado mexicano "cuenta con las capacidades, las instituciones y la voluntad para atender los desafíos en materia de derechos humanos y combate a la impunidad".

Luego de esta respuesta, el director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, JamesGoldstone, dijo a EL PAÍS que mira con agrado la reacción del Gobierno mexicano y las acciones emprendidas por él hasta el momento en materia de seguridad, pero indicó que no son suficientes. "Se requieren medidas extraordinarias", dijo.

El activista informó que su organización ha estado en contacto con el Gobierno y confió en que esta respuesta sea una oportunidad para apresurar la colaboración entre la organización y el Estado mexicano, a fin de implementar las medidas recomendadas en el informe.

Fuente: El País Internacional

Autora: Claudia Altamirano

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/08/mexico/1465358642_235777.html

Criminales y militares detrás de los más de 150 mil asesinados en México, informa Open Society

Más de 150 mil personas fueron asesinadas en México entre 2006 y 2015, y existen “fundamentos razonables” para considerar que fueron ejecutados tanto por el crimen organizado como por las fuerzas militares, sostuvo un informe difundido hoy por Open Society Justice Initiative. El documento señala que además del Ejército, el cártel de Los Zetas es uno de los principales actores de la violencia y que su “ataque amplio y sistemático dirigido contra la población civil” constituye un acto de lesa humanidad. Recomendó al Gobierno mexicano “tomar decisiones valientes”, como crear equipos de investigación de desapariciones, establecer que los sistemas de protección a testigos sean autónomos y fuera del control de la fiscalía, retirar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública y regular su uso de la fuerza.

Las fuerzas gubernamentales de México y el cártel de Los Zetas han cometido de forma generalizada, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, crímenes de lesa humanidad contra la población civil: asesinatos, desapariciones forzadas y tortura, reveló un informe de Open Society Justice Iniciative y cinco organizaciones mexicanas.

“Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, acusa que los distintos niveles de gobierno son “incapaces de garantizar la rendición de cuentas” por estos crímenes por lo que, al no existir un adecuado marco regulatorio sobre el uso de la fuerza, exige a México crear un organismo de investigación internacional basado en el país para investigar y castigar estos hechos.

Durante la presentación del estudio, el directivo de Open Society, James Goldston, destacó que, a raíz del despliegue de elementos del Ejército y de la Policía Federal como parte de la nueva estrategia de seguridad nacional, los crímenes atroces han aumentado.

Entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México por “el uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza”.

Sin embargo, de 2007 a 2013, solo se realizaron 29 averiguaciones militares con respecto a los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Ninguna resultó en condena.

El número registrado de personas desaparecidas ha aumentado constantemente desde 2006 y en 2014 se alcanzó el máximo anual de 5 mil 194 desapariciones.

Pero hasta agosto de 2015, solo un soldado ha sido condenado por el crimen de desaparición forzada.

Además, citó Goldston, las denuncias de tortura ante la CNDH se cuadruplicaron con creces seis años después del lanzamiento de la estrategia de seguridad: 9 mil 401 denuncias sobre tortura y malos tratos entre enero de 2007 y diciembre de 2015. De ellas, solamente se han expuesto seis condenas en el fuero federal.

Las administraciones sucesivas mexicanas, señala Open Society, han negado y minimizado la magnitud de las atrocidades que acechan a México incluso al declarar, con frecuencia sin fundamento, que las víctimas eran criminales.

También se registran ataques a organizaciones nacionales e internacionales que advierten la crisis y la ocultación de información, por ejemplo, un mapeo de las fosas comunes y clandestinas.

Juan Carlos Gutiérrez, uno de los autores de este informe, aseguró que “no existe voluntad política” para investigar los crímenes atroces.

Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia, recordó que las masacres contra inmigrantes han permanecido impunes: los 72 de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010; 193 restos en ese mismo municipio en abril de 2011 y la de Cadereyta en mayo de 2012.

Las autoridades, dijo, se han empeñado en asegurar que son crímenes aislados y que ellas no son responsables. “Estas hipótesis son falsas (…) las víctimas tienen derecho a saber qué pasó”.

“El gobierno debe actuar sin demora para reconocer la gravedad de la situación: debe tomar inmediatamente medidas extraordinarias, incluida la convocatoria para recibir ayuda internacional a fin de garantizar que se lleven a cabo averiguaciones y genuinas investigaciones independientes”, concluye el estudio.


MEDIDAS QUE MÉXICO DEBE TOMAR

El informe presentado hoy exhorta al gobierno mexicano a tomar las siguientes medidas:

-Crear un organismo internacional de investigación con sede en México para investigar independientemente los crímenes atroces y los casos de corrupción para someterlos a tribunales.

-Que este organismo tenga la facultad de producir informes públicos sobre la reforma del sector judicial del Estado.

-Creación urgente de equipos integrados para investigar desapariciones que incluyan fiscales, investigadores policiales y trabajadores sociales.

-Creación de servicios forenses y de protección a testigos autónomos que operen con independencia del Ministerio Público.

-Retirar al ejército de las operaciones de seguridad pública y aprobar una regulación que regule el uso de la fuerza.


DESAPARECIDOS

En febrero del 2016 la cifra total de desaparecidos era de 26 mil 672. El mayor número de desapariciones reportadas fue en 2014, con cinco mil 194 personas. Sin embargo, dice el informe, los números son problemáticos, y la conclusión que se puede extraer es que algo causó un aumento significativo en los informes de personas desaparecidas desde 2007.

Respecto a la aplicación de la justicia por dichas desapariciones establece que “No ha habido prácticamente ninguna responsabilidad penal por los probables cientos de miles de desapariciones desde 2006, incluidas las desapariciones y las desapariciones forzadas perpetradas por actores no estatales. El Gobierno federal ha proporcionado datos contradictorios. Sin embargo, es evidente que en comparación con el número de desapariciones, el número de investigaciones y enjuiciamientos han sido muy pequeña, y el número de condenas aún más pequeño”.

TORTURA

A pesar de que México forma parte de diversos tratados que prohíben la tortura y otros actos crueles, comúnmente las autoridades recurren a ella como otro método de investigación criminal.

Según el reporte “existen fuertes indicios de que funcionarios del Gobierno han participado en actos de tortura y malos tratos a un ritmo acelerado notablemente tras el lanzamiento de la estrategia de seguridad militarizada del Gobierno federal en diciembre de 2006”.

De nueva cuenta, los esfuerzos del Gobierno mexicano por resolver los casos de tortura han sido muy limitados. Según cifras oficiales, a finales de diciembre de 2014 se había registrado mil 884 investigaciones criminales de presunta tortura; el 86 por ciento se abrió en 2014.

En los casos en los que la tortura ha sido investigada y enjuiciada, el crimen se clasifica como un delito menor, incluyendo “la utilización no autorizada de la autoridad pública” y “abuso de autoridad”, dice la investigación.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-06-2016/3051436

Ejército mexicano hace ejecuciones sumarias: The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ejército mexicano opera para matar. Por cada enemigo que hieren, los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asesinan a ocho personas y en el caso de la Secretaría de Marina (Semar), la tasa de letalidad es aún mayor: los marinos asesinan a 30 personas por cada una que hieren, según un reportaje que publicó hoy el diario New York Times.

Al retomar las cifras oficiales, el rotativo neoyorquino observó que estas tasas de letalidad son increíblemente elevadas, ya que según el Comité Internacional de la Cruz Roja, “en muchas formas de combate entre grupos armados, alrededor de cuatro personas están heridas por cada persona asesinada”.

“Los militares dejaron de publicar sus estadísticas sobre matanzas hace dos años. Sin estos datos, dicen los expertos, resulta difícil saber qué tan violenta se volvió la guerra contra el crimen organizado”, planteó.

Para entender esta disparada tasa de letalidad, el New York Times no dio mucho crédito a la explicación de las autoridades mexicanas, según las cuales “los soldados de la nación están simplemente mejor entrenados y mejor equipados que los cárteles que combaten”. En su lugar, el periódico sostuvo que “hay ejecuciones sumarias”.

De acuerdo con el rotativo, paralelo al despliegue del ejército en el país –decidido por el expresidente Felipe Calderón en su llamada “guerra contra el narcotráfico”–, surgieron violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, planteó que “los militares permanecen relativamente inmunes, protegidos por un gobierno reacio a actuar contra la única fuerza capaz de combatir”.

El NYT recordó que en su último informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “condenó el balance de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales”. Luego, enlistó algunos de los casos de violaciones graves a los derechos humanos en los que se involucró el ejército, entre ellos la masacre de Tlatlaya o la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Poco ha sido emprendido para investigar las miles de acusaciones de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales”, abundó y recordó que solamente 15 de las 4 mil quejas por tortura que la Procuraduría General de la República (PGR) recibió desde 2006 desembocaron en condenas.

Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre tortura, aseveró al periódico que “si el gobierno sabe que es frecuente y que no hay prosecuciones, y que los (casos) que sí investigas terminan yendo a ningún lugar, la culpa recae en el Estado”.

El New York Times también planteó la responsabilidad del ejército estadunidense y sus “crecientes lazos” con las fuerzas armadas mexicanas, los cuales despiertan críticas entre ciertos legisladores demócratas.

“En la historia de las guerras modernas, resulta más probable que los combatientes hieran a sus enemigos a que los maten”, dijo.

Según las cifras oficiales que retomó la publicación, el ejército mexicano mató a 3 mil personas entre 2007 y 2012 y sufrió 158 bajas.

Y remató: “Mientras las quejas por tortura contra el ejército disminuyeron desde 2011 –lo que coincidió con una reducción general del número de tropas desplegadas en el país–, la letalidad de sus combates no declinó”.

FUENTE: PROCESO

AUTOR: MATHIEU TOURLIERE

LINK: http://www.proceso.com.mx/441841/ejercito-mexicano-ejecuciones-sumarias-the-new-york-times

El Ejército se encargará de los C-4 en Guerrero: Osorio Chong

Anunció la construcción de un Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-5) y que habrá un vocero en materia de seguridad en la entidad.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomará el mando de los centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de Guerrero, ubicados en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, tarea de la que se encargarán más de 400 efectivos.

De acuerdo con El Sur, el funcionario dijo que en los C-4 todo el personal será cambiado por militares.

Precisó que a partir de esta semana la Sedena se hará cargo completamente de las cámaras de seguridad distribuidas en Acapulco.

Asimismo, dijo que se construirá un Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-5) para dar mayor apoyo tecnológico a la estrategia de seguridad.

Añadió que el C-5 es necesario para Guerrero, para lo cual se invertirán recursos importantes de los tres órdenes de gobierno.

Dijo que “es un tema que, sin duda, no sólo es una urgencia, sino necesidad que permitirá dentro de la estrategia, tener mayor apoyo tecnológico para debilitar y detener a miembros de la delincuencia organizada”.

Además, el secretario de Gobernación anunció que como parte de las nuevas estrategias acordadas se nombrará un “vocero único” en materia de seguridad en Guerrero.

Lo anterior, con el objetivo de dar “información pronta y certera que contrarreste las campañas de desinformación que impulsan los grupos de la delincuencia”.


Según Chong, ese vocero constituiría “una sola vía de comunicación para estar informando prácticamente en tiempo real cuando se lleguen a dar estos hechos lamentables; por supuesto nuestro trabajo será evitar que eso suceda, pero como lo he informado, todo lleva un proceso y debemos estar listos para cualquier circunstancia adversa, entonces se ha determinado nombrar a un vocero único y también se determinarán vías de comunicación directa de los nuevos modelos de comunicación para que lo más pronto posible se tenga la certeza de la información de las cosas que están sucediendo para el servicio de la población”. Aún falta por definirse quién será ese funcionario.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0305/mexico/el-ejercito-se-encargara-de-los-c-4-en-guerrero-osorio-chong/

Faculta Senado a militares para realizar cateos domiciliarios e intervenir comunicaciones

CIUDAD DE MÉXICO: En plena madrugada, sin discusión por parte de la mayoría del PRI, PAN y Verde, el Senado aprobó por 78 votos a favor y 27 en contra de los legisladores del PRD y PT las reformas al Código de Justicia Militar que faculta a los juzgados de control castrense a realizar cateos domiciliarios, autoriza la intervención de comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita o por medios electrónicos y digitales, y restringe el acceso a los periodistas a los juicios orales castrenses.

Los senadores Alejandro Encinas y Manuel Bartlett argumentaron que esta nueva ley “facilita el estado de excepción”, y propusieron la moción suspensiva del dictamen, cuya minuta provino de la Cámara de Diputados y no se le hizo ninguna modificación, a pesar de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos advirtió que existían varios ordenamientos violatorios a las garantías individuales.

“Así se empieza y se termina en dictaduras militares, no se juega con las armas”, sentenció este viernes el senador Bartlett, del PT, al argumentar en contra de esta iniciativa porque –dijo– le da “facultades excesivas” a las fuerzas armadas, “crea un sistema dictatorial, va más allá de la disciplina militar, viola la Constitución, engrandece a las fuerzas militares y viola la soberanía popular”.

En la discusión del dictamen, Bartlett también cuestionó a los senadores que apoyaban esta minuta: “¿Qué tienen que ver los cateos a domicilios particulares con la disciplina militar? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Están autorizando que los propios militares cateen el Senado?”.

El senador Alejandro Encinas insistió en el peligro de dar a los ministerios públicos militares la facultad de participar en tareas de inteligencia, de intervenir comunicaciones telefónicas, así como ordenar la presentación de civiles ante autoridades castrenses.

Al presentar su voto particular, la senadora Dolores Padierna, del PRD, también subrayó que estas modificaciones alientan la impunidad militar porque “al ser sentenciados por un fuero castrense están imposibilitados para poder sancionar el fuero civil, asegurando con ello una impunidad para los militares que cometan delitos contra civiles”.

Padierna también cuestionó que una parte del Código Militar de Procedimientos Penales autorice interrogatorios a niños. “¿Acaso están pensando en tomar como testigos a los menores?”, afirmó la senadora del PRD.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, del PRD, también condenó la dictaminación “exprés” en las comisiones y destacó que estas reformas van en contra de la protección de las víctimas.

“Es preocupante que las víctimas apenas sean consideradas, pues sólo se reconocen aquellas que su único derecho es a la reparación del daño que puede ser monetario, sin considerar la reparación integral”, argumentó De la Peña.

El senador del PT Marco Antonio Blásquez también advirtió que de aprobar estas reformas se limitará la cobertura periodística a los juicios castrenses, a diferencia de lo que ocurrió con los casos de los generales Jesús Gutiérrez Rebollo, Mario Arturo Acosta Chaparro o Ricardo Martínez Perea.

Con tal de aprobarla antes de que culminara el periodo ordinario de sesiones, los senadores del PRI, PAN y Verde no respondieron a los cuestionamientos planteados por las bancadas del PT y PRD.


Argumentaron a favor del dictamen señalando que gracias a esta reforma se suprimen los Consejos de Guerra, se crean juzgados de control y se suprime la Procuraduría General de Justicia Militar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438983/faculta-senado-a-militares-realizar-cateos-domiciliarios-e-intervenir-comunicaciones