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jueves, 8 de junio de 2017

.Chiapas: Ultimátum del ejido Tila al gobierno de Velasco, ante bloqueo carretero de grupos de choque

AVISO URGENTE
Al público en general y los que les cooresponde:

Enviamos este llamado URGENTE para darles una ultima oportunidad para que se retiren de manera voluntaria el pequeño grupo de taxistas concecionados por el gobierno del Chiapas quienes coordinados por los lideres paramilitares tienen bloqueado por completo en tres partes la carretera que conduce de Tila a Yajalón a Limar y a Chumul Juárez porque no están facultados para tener controlado nuestro territorio que es plenamente territorio ejidal; ya cumplieron 72 horas que tienen incomunicado esa carretera afectando a familias de ejidatarios, pobladores y avecindados y ya nuestro pueblo se canso de sus chantajes, mentiras y provocaciones.

sábado, 30 de abril de 2016

Ventilan negocio millonario con tierras ejidales de Guanajuato

Antes de que el gobierno de Guanajuato anunciara la compra de 600 hectáreas donde se construirá una planta automotriz de Yoyota en este municipio, la empresa Jaos & Sgb Sapi de CV –con sede en Monterrey, Nuevo León– acaparó parte de esas tierras y ha revendido por lo menos 10 hectáreas a la administración panista.

Se desconoce el monto que la empresa regia pagó por las tierras del ejido Caleras de Ameche, pero el diputado local priísta Rigoberto Paredes Villagómez reveló que en 300 mil pesos cada hectárea y la revendió en un millón 480 mil pesos.

Jaos, constituida el 13 de junio de 2014, compró 20 hectáreas a Mauro Rodríguez Rubio, Víctor Trejo Hernández, Abel López Parra, Pueblito Sánchez Gómez y Espiridión Ochoa Rojas, de octubre a diciembre del mismo año.

El 17 de septiembre de 2015 el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, solicitó expropiar cinco predios de ocho hectáreas, de las 20 que había comprado Jaos, para lo cual el gobierno del estado realizó avalúos rústicos –no se especifica el monto– y la empresa aceptó vender, pero usando el avalúo que ellos hicieron.

El estado y Jaos acordaron un precio de 145.68 pesos el metro cuadrado; así, por los cinco predios de ocho hectáreas la empresa recibió 11 millones 893 mil cien pesos. Las declaratorias de expropiación fueron firmadas el 14 de diciembre de 2015 por el gobernador panista Miguel Márquez Márquez y el secretario de Gobierno, Salvador García López.

El 5 de diciembre de 2014, el secretario Romero Pacheco tramitó la expropiación de dos hectáreas propiedad de Elpidio Rodríguez Acosta, señala el Periódico oficial del estado. El 24 de agosto de 2015 se inició el proceso de expropiación, pero Rodríguez Acosta no contestó las notificaciones del acuerdo de radicación.

El 30 de noviembre siguiente, el apoderado legal de Jaos, Juan José García Henríquez, envió un escrito al estado informando que el 12 de noviembre del mismo año habían adquirido la propiedad de Rodríguez Acosta.

El abogado manifestó que Jaos & Sgb aprueba el uso que dará el estado a la propiedad, pero no está de acuerdo con el valor estipulado en el expediente, por lo que solicita que se tome en consideración el avalúo que acompaña a su promoción, difunde el periódico oficial.

El 10 de diciembre, Luis Miguel Aguirre Aranda, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Económico, manifestó que la autoridad reconoce el avalúo comercial aportado por el apoderado general de Jaos & Sgb.

La administración estatal compró en 145.77 pesos el metro cuadrado y pagó a Jaos por las dos hectáreas 2 millones 915 mil 500 pesos. El valor es razonable, adecuado y técnicamente sustentado por el predio que no cuenta con superficie construida, argumentó el estado.



Fuente: La Jornada
Autor: Carlos García
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/30/estados/023n1est

lunes, 13 de abril de 2015

Denuncian a familia de Rodrigo Medina por compra de terrenos ejidales en NL

MONTERREY, N.L: El padre y los hermanos del gobernador priista Rodrigo Medina fueron acusados por la fracción del PAN en el Congreso local de triangular la adquisición de terrenos ejidales en el municipio de Mina, mediante engaños a los propietarios.

Incluso, en la operación fue involucrado el candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, diputado con licencia en la actual Legislatura local.

Para sustentar las imputaciones, la diputada local panista Imelda Alejandro de la Garza presentó y obtuvo aprobación para un punto de acuerdo en el que la Legislatura pide al estatal Instituto Registral y Catastral un informe de las operaciones de compra venta de los terrenos del ejido Las Ventanas, en el municipio de Mina, ubicado a 50 kilómetros al norte de la capital.

En la petición, la legisladora demanda que sean incluidos los nombres de los vendedores y compradores de los terrenos que, dijo, fueron cedidos por 40 millones de pesos a Cienfuegos, así como a Humberto Medina Ainslie, padre del actual gobernador, y a los hermanos del mandatario, Alejandro y Humberto Medina de la Cruz.

Antes de separarse del Legislativo y buscar la alcaldía, Francisco Cienfuegos Martínez, como presidente de la Comisión de Justicia de esta legislatura, desechó una solicitud de investigación por conflicto de intereses presentada por vecinos de Mina en 2008, cuando Rodrigo Medina era secretario general de Gobierno, y el padre de éste se desempeñaba como consejero jurídico del gobierno estatal.

En un acto de campaña panista efectuado el domingo en Mina, una ciudadana identificada como María de los Ángeles Padilla se quejó de que en abril del 2014 había sido engañada junto a otros ejidatarios para vender terrenos que beneficiaron a los familiares del gobernador y al aspirante a alcalde priista, quien en ese tiempo era diputado local.

Los afectados vendieron sus terrenos a Héctor Martínez, del Grupo Kalos, quien a su vez revendió a los allegados a Medina 2 mil 430 hectáreas que pertenecían a 420 ejidatarios.

Según la queja de Imelda Alejandro, algunos de los propietarios se quejaron de que aún no les han pagado los terrenos.

“Lo temeroso (sic) de esta operación estriba en que cómo esta ha sido una manera de obtener beneficios en el ramo inmobiliario por parte del gobierno del estado, aprovechándose de la información privilegiada con que cuenta en el Registro Catastral para cambiar el destino a modo, de uso común a área parcelada, como en el caso que nos ocupa”, expuso la diputada, quien también contiende a la Legislatura federal.

También señaló que a cada ejidatario le pagarían 131 mil pesos, con un anticipo y 20 mensualidades, y que los terrenos con los que se beneficiaron los medina y Cienfuegos se localizan a un lado del penal de Mina, de postergada construcción.

De forma insistente, Humberto Medina Ainslie ha sido acusado de ser el encargado de manejar la obra pública en el gobierno de Nuevo León.

Queja previa

En la página del Congreso de Nuevo León (2012-2015) aparece un punto de acuerdo que le fue turnado a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, presidida por Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez.

Se trata del expediente 5540/LXXI, con fecha del 9 de diciembre de 2008, firmado por vecinos de los poblados Las Ventanas, Mina y Mineral San Pedro y San Pablo, de Monterrey.

Los quejosos piden que el Tribunal Superior Agrario investigue la presunta intromisión de funcionarios públicos en conflictos agrarios y que sea separado por conflicto de intereses el titular de la Sala 20 del Tribunal, Claudio Aníbal Vera Constantino.

También acusan de tráfico de influencias a Humberto Medina Ainslie, quien en esa fecha era consejero del entonces gobernador Natividad González Parás. El llamado Golden daddy (“Papá dorado”) aparecía como representante legal de Inmobiliaria Las Ventanas SA de CV. Y su hijo Humberto Ricardo Medina de la Cruz aparece como apoderado de Minas El Diente.

Es por ello que los inconformes acusaban a los Medina de tráfico de influencias, pues en ese tiempo Rodrigo era secretario general de Gobierno, ahora gobernador priista nuevoleonés.


La comisión presidida por Cienfuegos determinó entonces que no estaba habilitada para pedir la destitución del titular del Tribunal y tampoco se pronunció sobre el tráfico de influencias denunciado por los vecinos de los poblados Las Ventanas, Mina y Mineral San Pedro y San Pablo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.