MÉXICO, DF: Surgidos de un cuestionado proceso de selección, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek asumieron este martes su cargo para los próximos 15 años.
La designación de los dos nuevos integrantes del máximo tribunal del país fue cuestionada por organizaciones no gubernamentales y seguida con escepticismo por la propia Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial al considerarla como mero resultado de negociaciones políticas, más que de la idoneidad de los candidatos (Proceso 2041).
La primera en responder fue la ministra Piña Hernández, quien en su discurso de ingreso a la SCJN no sólo se desmarcó de cualquier grupo de interés sino de las “etiquetas o estereotipos” con los que se caracteriza a los ministros del máximo tribunal como liberales o conservadores.
Especializada en derecho administrativo, advirtió que como juez constitucional actuará alejada de la publicidad, en busca de la verdad y la justicia; más aún, “sin atender caprichos de grupos de interés o de poder”.
Sin hacer mayor énfasis en la defensa de los derechos humanos, dijo que como ministra protegerá la Constitución y los tratados internacionales que forman parte del derecho mexicano.
Piña Hernández sustituye a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, de quien fue secretaria de estudio y cuenta, y se integrará a la Primera Sala de la SCJN, donde se resuelven los juicios penales y civiles que llegan a la Corte y en la que Sánchez Cordero se destacó por sus posturas liberales.
Más cuestionado durante el proceso de selección fue Javier Laynez Potisek, quien dijo que ante el interés ciudadano en torno a la selección de los dos nuevos ministros, se someterá al escrutinio “especializado o no”.
“Habré de sujetarme al escrutinio no solamente de mis pares, sino de las mexicanas y los mexicanos que hoy están decididos y dispuestos a realizar el control social –especializado o no– de mi actuación en el pleno de este máximo tribunal”, dijo.
Considerado a sí mismo como promotor de la reforma judicial de 1994 que concibió la actual integración de la SCJN como un tribunal constitucional, aseguró que después de dos décadas México vive “una auténtica revolución en el orden jurídico”.
En esa revolución, dijo, el Poder Judicial “debe producir el cambio con estabilidad” y “proteger la democracia, reconociendo el poder de la mayoría, al mismo tiempo que conoce y pone límites al poder”.
En esta tarea, su candidatura fue cuestionada por las organizaciones no gubernamentales y propios jueces y magistrados por su cercanía al presidente Enrique Peña Nieto.
Laynez Potisek se integrará a la Segunda Sala de la SCJN en la que ven los asuntos administrativos y laborales, donde podría excusarse en casos que tengan que ver con las decisiones que tomó como procurador Fiscal de la Federación o magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cargo al que llegó propuesto también por Peña Nieto.
Con Laynez suman tres los ministros que trabajaron para el actual presidente, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Eduardo Medina Mora, quien también fue funcionario, como procurador General de la República, en el gobierno de Felipe Calderón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425280
La designación de los dos nuevos integrantes del máximo tribunal del país fue cuestionada por organizaciones no gubernamentales y seguida con escepticismo por la propia Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial al considerarla como mero resultado de negociaciones políticas, más que de la idoneidad de los candidatos (Proceso 2041).
La primera en responder fue la ministra Piña Hernández, quien en su discurso de ingreso a la SCJN no sólo se desmarcó de cualquier grupo de interés sino de las “etiquetas o estereotipos” con los que se caracteriza a los ministros del máximo tribunal como liberales o conservadores.
Especializada en derecho administrativo, advirtió que como juez constitucional actuará alejada de la publicidad, en busca de la verdad y la justicia; más aún, “sin atender caprichos de grupos de interés o de poder”.
Sin hacer mayor énfasis en la defensa de los derechos humanos, dijo que como ministra protegerá la Constitución y los tratados internacionales que forman parte del derecho mexicano.
Piña Hernández sustituye a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, de quien fue secretaria de estudio y cuenta, y se integrará a la Primera Sala de la SCJN, donde se resuelven los juicios penales y civiles que llegan a la Corte y en la que Sánchez Cordero se destacó por sus posturas liberales.
Más cuestionado durante el proceso de selección fue Javier Laynez Potisek, quien dijo que ante el interés ciudadano en torno a la selección de los dos nuevos ministros, se someterá al escrutinio “especializado o no”.
“Habré de sujetarme al escrutinio no solamente de mis pares, sino de las mexicanas y los mexicanos que hoy están decididos y dispuestos a realizar el control social –especializado o no– de mi actuación en el pleno de este máximo tribunal”, dijo.
Considerado a sí mismo como promotor de la reforma judicial de 1994 que concibió la actual integración de la SCJN como un tribunal constitucional, aseguró que después de dos décadas México vive “una auténtica revolución en el orden jurídico”.
En esa revolución, dijo, el Poder Judicial “debe producir el cambio con estabilidad” y “proteger la democracia, reconociendo el poder de la mayoría, al mismo tiempo que conoce y pone límites al poder”.
En esta tarea, su candidatura fue cuestionada por las organizaciones no gubernamentales y propios jueces y magistrados por su cercanía al presidente Enrique Peña Nieto.
Laynez Potisek se integrará a la Segunda Sala de la SCJN en la que ven los asuntos administrativos y laborales, donde podría excusarse en casos que tengan que ver con las decisiones que tomó como procurador Fiscal de la Federación o magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cargo al que llegó propuesto también por Peña Nieto.
Con Laynez suman tres los ministros que trabajaron para el actual presidente, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Eduardo Medina Mora, quien también fue funcionario, como procurador General de la República, en el gobierno de Felipe Calderón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
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