César Duarte está acusado de desviar recursos por 96.6 millones 665 mil pesos del erario para causas particulares, así como de asociación delictuosa.
Se señala la responsabilidad del líder sindical Heriberto Magariño López en un delito electoral federal, por hechos de junio de 2015.
La Procuraduría General de la República obtuvo de un juez federal auto de formal prisión en contra de Heriberto Magariño López, líder sindical de la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por la quema de casillas electorales en 2015.
“Este martes 31 de mayo de 2016, el Juez Sexto de Distrito en el estado con residencia en Salina Cruz, dictó el Auto de Formal Prisión al considerarlo responsable de un delito Electoral Federal“, indicaron las autoridades, en un comunicado este martes 31 de mayo.
“De acuerdo con la indagatoria, el 7 de junio de 2015, fecha de la jornada electoral, el imputado en compañía de otros 6 maestros de la Sección XXII, quemaron casillas electorales y, en el interior de un vehículo, transportaban diversa papelería electoral, en la ciudad y el puerto de Salina Cruz, Oaxaca”, agregaron.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/dictan-formal-prision-contra-lider-de-la-cnte-en-oaxaca-por-quema-de-casillas-electorales/
“Este martes 31 de mayo de 2016, el Juez Sexto de Distrito en el estado con residencia en Salina Cruz, dictó el Auto de Formal Prisión al considerarlo responsable de un delito Electoral Federal“, indicaron las autoridades, en un comunicado este martes 31 de mayo.
“De acuerdo con la indagatoria, el 7 de junio de 2015, fecha de la jornada electoral, el imputado en compañía de otros 6 maestros de la Sección XXII, quemaron casillas electorales y, en el interior de un vehículo, transportaban diversa papelería electoral, en la ciudad y el puerto de Salina Cruz, Oaxaca”, agregaron.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/dictan-formal-prision-contra-lider-de-la-cnte-en-oaxaca-por-quema-de-casillas-electorales/
Los indígenas fueron trasladados a penales federales pese a las irregularidades en su proceso, como que no se les dictó auto de formal prisión y no conocer en una audiencia los delitos de los que se les acusaban.
El artículo 19 de la Constitución mexicana establece que “ninguna detención ante autoridad podrá exceder el plazo de las 72 horas”, tiempo dentro del cual debe ser definida la situación jurídica del detenido, es decir: un juez debe determinar si es liberado o si le dicta un auto de formal prisión, antes de que la persona cumpla tres días de arresto.
Sin embargo, en el caso de Roque Coca y siete compañeros, todos de la etnia mixteca, esas 72 horas de “detención” se han convertido en más de ocho meses de reclusión, y la cuenta sigue corriendo. La razón: su origen indígena.
Estos ocho ciudadanos oaxaqueños fueron detenidos el 7 de junio de 2015, luego de participar en una manifestación en la capital del estado, en contra de la jornada electoral que se realizaba ese mismo día.
Al final de esa marcha, una decena de urnas electorales fueron llevadas al zócalo de la capital e incendiadas.
Después de que dicha protesta concluyó y los participantes se dispersaron, la policía de vialidad de Oaxaca interceptó un autobús en el que se trasladaban 47 de los manifestantes: las mujeres, los niños y los ancianos fueron puestos en libertad, pero los 25 hombres restantes (entre los que iban los ocho indígenas mixtecos), fueron arrestados y trasladados primero a instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, luego a la Procuraduría estatal, donde el Ministerio Público local descartó que hubieran cometido algún delito de su competencia, razón por la que los llevaron a un cuartel del Ejército (donde también se negaron a recibir a los detenidos) y finalmente fueron presentados ante la Procuraduría General de la República.
Ahí, la acusación que se preparó contra ellos fue la de haber incurrido en el delito de “portación de bomba molotov”.
Para el tercer día de detención (es decir, cuando el el término constitucional de 72 horas estaba a punto de concluir), los 25 detenidos fueron presentados ante el juez penal, siendo exactamente las 11:04 horas del 11 de junio de 2015.
Hasta ese momento, el procedimiento seguía el curso normal establecido por las leyes.
Sin embargo, en ese mismo instante el proceso se salió del marco normativo ya que, al tenerlos ante sí, el Juez Tercero de Distrito con sede en Oaxaca, Amado Chinas Fuentes, decretó “la suspensión del término constitucional a que se refiere el artículo 19 de nuestra Ley Cimera”, debido a que los detenidos no habían rendido su declaración preparatoria, eso, a pesar de que ya llevaban casi 72 horas arrestados.
Cabe destacar que, según el artículo 1 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones establecidas en ella no podrán “restringirse ni suspenderse”. pero, en este caso, la garantía establecida en el artículo 19 quedó “suspendida” para los 25 detenidos.
Para 17 de ellos, esta anomalía duró sólo unas horas, ya que ese mismo día pudieron cumplir el trámite de la declaración.
Sin embargo, para los otros ocho detenidos, todos de origen mixteco, el artículo 19 Constitucional quedó suspendido indefinidamente, ya que habían solicitado la intervención de un intérprete y un abogado bilingüe para poder rendir su declaración preparatoria, y al no haber un intérprete ni un abogado bilingüe disponibles, el mismo juez los envió a prisión, dejando sin definir su situación jurídica.
Esto quiere decir que no sólo quedaron presos sin que se les haya dictado un auto de formal prisión, sino que tampoco pudieron conocer en audiencia formal los delitos de los que se les acusaban, no contaron con asistencia legal adecuada para su defensa, y tampoco pudieron alegar nada en su favor de forma personal.
Discriminación…
El argumento del juez Amado Chinas Fuentes para remitir a prisión a estos ocho indígenas mixtecos, aún sin definirles su situación jurídica, fue que así garantizaba que estas personas ejercieran, eventualmente, su derecho a contar con un intérprete y un defensor bilingües, y que los ocho detenidos debían esperar en prisión, en tanto los intérpretes y abogados se desocupaban.
Así, los ocho fueron enviados a cárceles federales de alta seguridad: cinco a Nayarit y tres más (entre ellos Roque Coca), a Veracruz.
En ese momento, señala el abogado David Peña, a estos detenidos se les violó una amplia serie de derechos, además de aquel consagrado en el 19 Constitucional, entre los que están: el derecho a gozar de las garantías que establece la Constitución; el derecho a la seguridad jurídica; el derecho a conocer los delitos que se imputan a un ciudadano; el derecho a la defensa legal; el derecho al debido proceso; el derecho a la libertad; el derecho al ejercicio y goce de la identidad personal y cultural; al derecho a ser asistido legalmente en el marco de la multiculturalidad que reconoce la Constitución; el derecho a ser tratado con igualdad ante la ley; el derecho a no ser discriminado; y el derecho a ser escuchado en audiencia pública.
Asimismo, subraya el abogado, se violó un principio legal que es cimiento del Derecho Mexicano e internacional, el cual reza: “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, que quiere decir que no se puede imputar a una persona un delito ni un castigo que no estén previamente establecidos en las leyes. Y éste es el caso de los ocho indígenas, señaló David Peña, ya que todos fueron acusados de un delito inexistente en el marco legal mexicano que, por lo mismo, carece de pena establecida, y ese es el delito de “portación de bomba molotov”.
En primera instancia, señaló el abogado Peña, la autoridad no ha podido demostrar que los detenidos llevaban cocteles incendiarios en sus mochilas y, por el contrario, existen pruebas de que esta acusación fue fabricada: de hecho, en el momento de ser arrestados, la gran mayoría no llevaba las mochilas en las que supuestamente se les encontraron botellas con gasolina.
A continuación te presentamos, un video que muestra el momento del arresto, y en el que se ve que los detenidos no llevaban las supuestas mochilas. El video que te presentamos califica a los manifestantes como un “grupo de choque” magisterial, aunque no presenta pruebas de ello:
Por otra parte, continuó el abogado David Peña, en el primer reporte de la detención no se registra que les hayan sido decomisados objetos útiles para agredir a la autoridad, y las “bombas molotov” aparecen hasta el segudo reporte, pero sólo se habla de 13 artefactos.
Asimismo, abundó, los cocteles molotov no violan la Ley de Explosivos y Armas de Uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas, ya que no contienen insumos “explosivos”, sino combustibles que se incendian.
Esto, detalló, puede ser un matiz muy sutil, pero es determinante, ya que, al no existir un delito expresamente descrito como “portación de bomba molotov” en el Código Penal Federal, esta acusación queda sin sustento normativo.
Así, remata, portar una contenedor con gasolina no es un delito; lo que es un delito es arrojar un objeto incendiario contra alguien con fines dolosos, y eso no fue lo que ocurrió.
Tal como muestran videos captados por los manifestantes, su detención se dio en un momento en el que no realizaban ningún tipo de agresión contra la autoridad, y por el contrario, su vehículo fue interceptado cuando se diponían a abandonar la ciudad de Oaxaca, con rumbo a sus municipios, de forma totalmente pacífica.
–¿Qué ha pasado con este grupo de indígenas? –se cuestiona al abogado.
–Siguen en prisión. Nosotros damos acompañamiento legal a Roque Coca, pero la situación es igual para todos: en octubre de 2015, ganamos un amparo, con el cual denunciamos la situación de privación ilegal de la libertad en la que se econtraba Roque. Así logramos que un juez de amparo obligara al juez penal (Amado Chinas) a revertir esta violación constitucional en la que había incurrido, y aunque nosotros pensamos que sería una victoria, la cosa salió peor, porque este juez simplemente dijo ‘ah, me están ordenando definir inmediatamente su situación jurídica de estas personas que llevan meses en la cárcel, pues ahí está: quedan formalmente presos’.
–¿Roque y los otros siete indígenas detenidos pudieron rendir su declaración preparatoria, con asistencia de un intérprete y un abogado que dominaran su lengua y cultura, antes de que se definiera su situación legal?
–Por supuesto que no. El juez de Oaxaca alegó que eso ya no se podía, porque el amparo lo obligaba a definir la situación jurídica ya, en ese instante… Y lo peor es que tampoco han podido acceder al derecho a una defensa adecuada, ya que, nuevamente, aunque solicitaron un defensor de oficio que dominara su lengua y su cultura, algo a lo que tienen derecho por ley, les respondieron lo mismo: que no había ninguno disponible, que esperaran… Es decir, el juez está incurriendo una y otra vez en un criterio discriminatorio con base en el origen étnico y racial de los detenidos, y paradójicamente justifica esta arbitrariedad alegando que lo hace para no discriminarlos. No tiene ningún sentido…
–Quizá sea tonto preguntarlo: ¿Roque Coca y sus compañeros no hablan español?
–Sí hablan español –aclara el abogado–. Pero no dominan ni entienden de tecnicismos legales del castellanos, por eso fue que optaron por ejercer un derecho que la misma ley establece: el derecho a contar con un intérprete, con los que pudieran comunicarse en mixteco.
Roque Coca y sus compañeros Luis Enrique López López, José de Jesús Martínez Castellanos, Mailon Rojas Gómez, Eugenio Hernández Gaytán, Celso Castellanos Martínez, Eleuterio Hernández Bautista y Feliciano García Matías, todos indígenas mixtecos, permanecen presos, enfrentando un juicio por el delito de portación de bomba molotov, en la causa 30/2015.
Epílogo…
Hasta la fecha, las autoridades federales no ha identificado, detenido ni acusado a nadie por su presunta participación en la quema de las urnas electorales durante la protesta del 7 de junio de 2015 en la capital de Oaxaca.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/juez-federal-suspendio-garantias-constitucionales-a-8-indigenas-de-oaxaca/
Sin embargo, en el caso de Roque Coca y siete compañeros, todos de la etnia mixteca, esas 72 horas de “detención” se han convertido en más de ocho meses de reclusión, y la cuenta sigue corriendo. La razón: su origen indígena.
Estos ocho ciudadanos oaxaqueños fueron detenidos el 7 de junio de 2015, luego de participar en una manifestación en la capital del estado, en contra de la jornada electoral que se realizaba ese mismo día.
Al final de esa marcha, una decena de urnas electorales fueron llevadas al zócalo de la capital e incendiadas.
Después de que dicha protesta concluyó y los participantes se dispersaron, la policía de vialidad de Oaxaca interceptó un autobús en el que se trasladaban 47 de los manifestantes: las mujeres, los niños y los ancianos fueron puestos en libertad, pero los 25 hombres restantes (entre los que iban los ocho indígenas mixtecos), fueron arrestados y trasladados primero a instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, luego a la Procuraduría estatal, donde el Ministerio Público local descartó que hubieran cometido algún delito de su competencia, razón por la que los llevaron a un cuartel del Ejército (donde también se negaron a recibir a los detenidos) y finalmente fueron presentados ante la Procuraduría General de la República.
Ahí, la acusación que se preparó contra ellos fue la de haber incurrido en el delito de “portación de bomba molotov”.
Para el tercer día de detención (es decir, cuando el el término constitucional de 72 horas estaba a punto de concluir), los 25 detenidos fueron presentados ante el juez penal, siendo exactamente las 11:04 horas del 11 de junio de 2015.
Hasta ese momento, el procedimiento seguía el curso normal establecido por las leyes.
Sin embargo, en ese mismo instante el proceso se salió del marco normativo ya que, al tenerlos ante sí, el Juez Tercero de Distrito con sede en Oaxaca, Amado Chinas Fuentes, decretó “la suspensión del término constitucional a que se refiere el artículo 19 de nuestra Ley Cimera”, debido a que los detenidos no habían rendido su declaración preparatoria, eso, a pesar de que ya llevaban casi 72 horas arrestados.
Cabe destacar que, según el artículo 1 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones establecidas en ella no podrán “restringirse ni suspenderse”. pero, en este caso, la garantía establecida en el artículo 19 quedó “suspendida” para los 25 detenidos.
Para 17 de ellos, esta anomalía duró sólo unas horas, ya que ese mismo día pudieron cumplir el trámite de la declaración.
Sin embargo, para los otros ocho detenidos, todos de origen mixteco, el artículo 19 Constitucional quedó suspendido indefinidamente, ya que habían solicitado la intervención de un intérprete y un abogado bilingüe para poder rendir su declaración preparatoria, y al no haber un intérprete ni un abogado bilingüe disponibles, el mismo juez los envió a prisión, dejando sin definir su situación jurídica.
Esto quiere decir que no sólo quedaron presos sin que se les haya dictado un auto de formal prisión, sino que tampoco pudieron conocer en audiencia formal los delitos de los que se les acusaban, no contaron con asistencia legal adecuada para su defensa, y tampoco pudieron alegar nada en su favor de forma personal.
Discriminación…
El argumento del juez Amado Chinas Fuentes para remitir a prisión a estos ocho indígenas mixtecos, aún sin definirles su situación jurídica, fue que así garantizaba que estas personas ejercieran, eventualmente, su derecho a contar con un intérprete y un defensor bilingües, y que los ocho detenidos debían esperar en prisión, en tanto los intérpretes y abogados se desocupaban.
Así, los ocho fueron enviados a cárceles federales de alta seguridad: cinco a Nayarit y tres más (entre ellos Roque Coca), a Veracruz.
En ese momento, señala el abogado David Peña, a estos detenidos se les violó una amplia serie de derechos, además de aquel consagrado en el 19 Constitucional, entre los que están: el derecho a gozar de las garantías que establece la Constitución; el derecho a la seguridad jurídica; el derecho a conocer los delitos que se imputan a un ciudadano; el derecho a la defensa legal; el derecho al debido proceso; el derecho a la libertad; el derecho al ejercicio y goce de la identidad personal y cultural; al derecho a ser asistido legalmente en el marco de la multiculturalidad que reconoce la Constitución; el derecho a ser tratado con igualdad ante la ley; el derecho a no ser discriminado; y el derecho a ser escuchado en audiencia pública.
Asimismo, subraya el abogado, se violó un principio legal que es cimiento del Derecho Mexicano e internacional, el cual reza: “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, que quiere decir que no se puede imputar a una persona un delito ni un castigo que no estén previamente establecidos en las leyes. Y éste es el caso de los ocho indígenas, señaló David Peña, ya que todos fueron acusados de un delito inexistente en el marco legal mexicano que, por lo mismo, carece de pena establecida, y ese es el delito de “portación de bomba molotov”.
En primera instancia, señaló el abogado Peña, la autoridad no ha podido demostrar que los detenidos llevaban cocteles incendiarios en sus mochilas y, por el contrario, existen pruebas de que esta acusación fue fabricada: de hecho, en el momento de ser arrestados, la gran mayoría no llevaba las mochilas en las que supuestamente se les encontraron botellas con gasolina.
A continuación te presentamos, un video que muestra el momento del arresto, y en el que se ve que los detenidos no llevaban las supuestas mochilas. El video que te presentamos califica a los manifestantes como un “grupo de choque” magisterial, aunque no presenta pruebas de ello:
Por otra parte, continuó el abogado David Peña, en el primer reporte de la detención no se registra que les hayan sido decomisados objetos útiles para agredir a la autoridad, y las “bombas molotov” aparecen hasta el segudo reporte, pero sólo se habla de 13 artefactos.
Asimismo, abundó, los cocteles molotov no violan la Ley de Explosivos y Armas de Uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas, ya que no contienen insumos “explosivos”, sino combustibles que se incendian.
Esto, detalló, puede ser un matiz muy sutil, pero es determinante, ya que, al no existir un delito expresamente descrito como “portación de bomba molotov” en el Código Penal Federal, esta acusación queda sin sustento normativo.
Así, remata, portar una contenedor con gasolina no es un delito; lo que es un delito es arrojar un objeto incendiario contra alguien con fines dolosos, y eso no fue lo que ocurrió.
Tal como muestran videos captados por los manifestantes, su detención se dio en un momento en el que no realizaban ningún tipo de agresión contra la autoridad, y por el contrario, su vehículo fue interceptado cuando se diponían a abandonar la ciudad de Oaxaca, con rumbo a sus municipios, de forma totalmente pacífica.
–¿Qué ha pasado con este grupo de indígenas? –se cuestiona al abogado.
–Siguen en prisión. Nosotros damos acompañamiento legal a Roque Coca, pero la situación es igual para todos: en octubre de 2015, ganamos un amparo, con el cual denunciamos la situación de privación ilegal de la libertad en la que se econtraba Roque. Así logramos que un juez de amparo obligara al juez penal (Amado Chinas) a revertir esta violación constitucional en la que había incurrido, y aunque nosotros pensamos que sería una victoria, la cosa salió peor, porque este juez simplemente dijo ‘ah, me están ordenando definir inmediatamente su situación jurídica de estas personas que llevan meses en la cárcel, pues ahí está: quedan formalmente presos’.
–¿Roque y los otros siete indígenas detenidos pudieron rendir su declaración preparatoria, con asistencia de un intérprete y un abogado que dominaran su lengua y cultura, antes de que se definiera su situación legal?
–Por supuesto que no. El juez de Oaxaca alegó que eso ya no se podía, porque el amparo lo obligaba a definir la situación jurídica ya, en ese instante… Y lo peor es que tampoco han podido acceder al derecho a una defensa adecuada, ya que, nuevamente, aunque solicitaron un defensor de oficio que dominara su lengua y su cultura, algo a lo que tienen derecho por ley, les respondieron lo mismo: que no había ninguno disponible, que esperaran… Es decir, el juez está incurriendo una y otra vez en un criterio discriminatorio con base en el origen étnico y racial de los detenidos, y paradójicamente justifica esta arbitrariedad alegando que lo hace para no discriminarlos. No tiene ningún sentido…
–Quizá sea tonto preguntarlo: ¿Roque Coca y sus compañeros no hablan español?
–Sí hablan español –aclara el abogado–. Pero no dominan ni entienden de tecnicismos legales del castellanos, por eso fue que optaron por ejercer un derecho que la misma ley establece: el derecho a contar con un intérprete, con los que pudieran comunicarse en mixteco.
Roque Coca y sus compañeros Luis Enrique López López, José de Jesús Martínez Castellanos, Mailon Rojas Gómez, Eugenio Hernández Gaytán, Celso Castellanos Martínez, Eleuterio Hernández Bautista y Feliciano García Matías, todos indígenas mixtecos, permanecen presos, enfrentando un juicio por el delito de portación de bomba molotov, en la causa 30/2015.
Epílogo…
Hasta la fecha, las autoridades federales no ha identificado, detenido ni acusado a nadie por su presunta participación en la quema de las urnas electorales durante la protesta del 7 de junio de 2015 en la capital de Oaxaca.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/juez-federal-suspendio-garantias-constitucionales-a-8-indigenas-de-oaxaca/
Los magistrados determinaron que hubo intervención en el proceso del gobierno estatal, a través del secretario de Gobierno.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió anular la elección para gobernador en Colima al considerar que el gobierno actual influyó en el proceso.
Con esta resolución, José Ignacio Peralta perdió su calidad de gobernador electo.
Con cuatro votos a favor y dos en contra, los magistrados del TEPJF resolvieron que el proceso se vio afectado por la actuación de funcionarios locales que operaron para apoyar al PRI en la elección.
El dictamen de anulación fue realizado por el magistrado Manuel González Oropeza, quien en las últimas horas cambió la resolución que, hasta el martes, iba en el sentido de reconocer el triunfo de Peralta.
Sin embargo, este miércoles, el candidato panista Jorge Luis Preciado entregó una prueba contundente.
Se trata de un video proporcionado por la diputada local panista Julia Licet Jiménez Angulo, donde se escucha -en una reunión con el Congreso de Colima- al secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar, reconocer una conversación con una extrabajadora en la que le pidió apoyar al PRI con programas sociales a nombre del gobernador, Mario Anguiano.
El audio de la conversación de Salazar con la extrabajadora ya se había denunciado ante el TEPJF; sin embargo, con la aceptación del funcionario de los hechos, el Tribunal decidió tomarlo como prueba.
Así, con una votación a favor de González Oropeza, Constancio Carrasco, María del Carmen Alanís y Salvador Nava, prosperó el proyecto para declarar la nulidad de la elección por la intervención indebida en el proceso.
En contra votaron los magistrados Flavio Galván y Esteban Penagos.
Minutos más tarde, al conocer el fallo del TEPJF, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aplaudió la decisión y afirmó que se trata de un llamado muy fuerte para todos los gobernadores del país, para que no intervengan en los procesos electorales.
“Hoy ha triunfado la justicia, hoy ha triunfado la democracia”, celebró Anaya.
Jorge Luis Preciado, candidato del PAN al gobierno de Colima, se declaró listo para ir de nuevo a la competencia electoral.
El TEPJF decidió que sea el INE quien organice el proceso electoral en Colima y, además, que dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) para que investigue si hay responsables por las irregularidades cometidas en la elección.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Con esta resolución, José Ignacio Peralta perdió su calidad de gobernador electo.
Con cuatro votos a favor y dos en contra, los magistrados del TEPJF resolvieron que el proceso se vio afectado por la actuación de funcionarios locales que operaron para apoyar al PRI en la elección.
El dictamen de anulación fue realizado por el magistrado Manuel González Oropeza, quien en las últimas horas cambió la resolución que, hasta el martes, iba en el sentido de reconocer el triunfo de Peralta.
Sin embargo, este miércoles, el candidato panista Jorge Luis Preciado entregó una prueba contundente.
Se trata de un video proporcionado por la diputada local panista Julia Licet Jiménez Angulo, donde se escucha -en una reunión con el Congreso de Colima- al secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar, reconocer una conversación con una extrabajadora en la que le pidió apoyar al PRI con programas sociales a nombre del gobernador, Mario Anguiano.
El audio de la conversación de Salazar con la extrabajadora ya se había denunciado ante el TEPJF; sin embargo, con la aceptación del funcionario de los hechos, el Tribunal decidió tomarlo como prueba.
Así, con una votación a favor de González Oropeza, Constancio Carrasco, María del Carmen Alanís y Salvador Nava, prosperó el proyecto para declarar la nulidad de la elección por la intervención indebida en el proceso.
En contra votaron los magistrados Flavio Galván y Esteban Penagos.
Minutos más tarde, al conocer el fallo del TEPJF, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aplaudió la decisión y afirmó que se trata de un llamado muy fuerte para todos los gobernadores del país, para que no intervengan en los procesos electorales.
“Hoy ha triunfado la justicia, hoy ha triunfado la democracia”, celebró Anaya.
Jorge Luis Preciado, candidato del PAN al gobierno de Colima, se declaró listo para ir de nuevo a la competencia electoral.
El TEPJF decidió que sea el INE quien organice el proceso electoral en Colima y, además, que dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) para que investigue si hay responsables por las irregularidades cometidas en la elección.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Tras un empate en la votación –tres magistrados votaron a favor y en contra de los establecido por la Sala Regional Monterrey–, el presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, hizo valer su voto de calidad.
De acuerdo con el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, entre los compromisos del Tribunal está el de evitar injerencias indebidas en las elecciones para cuidar la “pureza” de la votación ciudadana, con especial énfasis en aquellas cometidas por los servidores públicos de alta jerarquía.
“La preponderancia del Poder Ejecutivo en el imaginario colectivo tiene un peso determinante, y en una sociedad democrática deben ser garantes del proceso electoral, se debe actuar con una mayor prudencia por su investidura”, apuntó.
El magistrado consideró un hecho probado que el día de la jornada electoral, Lozano de la Torre se trasladó en un autobús que se identifica con el gobierno estatal, en compañía de otros servidores públicos del PRI, y recorrió los distritos I, II y III, En el primero de ellos lo hizo para que emitieran su voto a favor de Gregorio Zamarripa, el único priísta que ganó una posición en Aguascalientes con 32 mil 168 votos, sólo 436 más de los que obtuvo el panista Gerardo Salas (31 mil 732).
Nava Gomar también destacó que el gobernador mandó mensajes en su cuenta de Twitter, lo cual consideró “un claro apoyo a su partido político, y creo que es contrario a la prudencia”, ya que este mensaje fue retuiteado a casi 40 mil seguidores a través de la cuenta del gobierno del estado.
También indicó que no hay respeto en la actitud del gobernador, por haber realizado declaraciones posteriores a la jornada electoral, en las que indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería organizar la elección total en Aguascalientes, pues la unidad en la que viajó con su equipo cruzó los tres distritos electorales.
Consideró que la conducta del gobernador “viola el principio democrático”, y lo que está en juego, agregó, no son un puñado de votos, sino cuál es el modelo de elecciones que queremos, por lo que decidió apoyar la resolución de la Sala Regional Monterrey de anular la elección, ya que no se puede permitir que se vulneren los principios constitucionales protegidos.
En contraparte, el magistrado Flavio Galván Rivera sostuvo que la actuación del gobernador no fue determinante para el resultado de la elección. “No está acreditada la determinancia de la conducta del gobernador del estado de Aguascalientes”, dijo, y votó porque se revocara la sentencia y se confirmara la entrega de la constancia de mayoría a los candidatos que ganaron en las urnas.
Por su parte, Carrasco Daza subrayó que no se deben permitir actos violatorios de los gobernadores, y que el comportamiento de Carlos Lozano de la Torre durante la jornada electoral sí fue determinante, e hizo referencia al artículo 1 constitucional, que indica la obligación que tienen todos los funcionarios públicos de respetar y garantizar los derechos humanos, ligándolo al derecho al voto.
Luego de la votación en la que se resolvió repetir la elección en el distrito 1, la Sala Superior del TEPJF confirmó el triunfo de la candidata del PAN, Arlette Muñoz Cervantes, en el Distrito II.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ante la falta de actas, “múltiples irregularidades” y vulneración de los principios de legalidad y certeza, los tres magistrados, Yolidabey Alvarado, Jorge Montaño y Óscar Rebolledo, votaron en favor del dictamen e instruyeron al Congreso del Estado convocar a elecciones extraordinarias para presidente municipal de Centro.
En el dictamen, elaborado por la presidenta del TET, Yolidabey Alvarado, se destaca que no hubo certeza ni seguridad el día de la elección, ni vigilancia de los paquetes electorales, por lo que su contenido fue vulnerado.
Gaudiano Rovirosa había sido declarado ganador por el Consejo Electoral Municipal del IEPCT con 64 mil 599 sufragios, seguido del priista Evaristo Hernández Cruz que contabilizó 51 mil 817 sufragios.
Diez días después de la elección del pasado 7 de junio, tras tortuoso conteo de votos, se entregó al nieto del exgobernador Leandro Rovirosa la constancia de mayoría que los acreditaba como presidente municipal electo de Centro.
Sin embargo, durante la jornada comicial, recepción de paquetes electorales y conteo de votos, los candidatos del PRI, Evaristo Hernández Cruz; Rosalinda López Hernández del PVEM-PAN y Octavio Romero de Morena, denunciaron “cochinero” y exigieron la anulación de la elección.
Desde el mediodía, el PRD alertó que el TET anularía la elección y denunció que tras la maniobra se encontraba el PVEM, en “complicidad” con la magistrada presidenta, Yolidabey Alvarado.
Roberto Romero del Valle, coordinador electoral del sol azteca, responsabilizó al gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello, quien, dijo, “tiene las manos metidas en el asunto porque pretende imponer en la presidencia municipal de Centro a Rosalinda López Hernández”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
Unas 300 personas se apostaron en el tramo Caleta de Campos-Río Coahuayana en protesta porque las autoridades no han resuelto el triunfo del candidato del Partido Verde Ecologista (PVEM), Mohamed Ramírez, y amagan con cerrar cuatro puntos más.
Con este bloqueo son dos los tapones que hay en la carretera 200 Lázaro Cárdenas-Manzanillo: en Xayacalán y Maruata, pertenecientes a la comunidad indígena de Santa María de Ostula, en el municipio del mismo nombre.
El bloqueo de Xalacyán, según las autoridades, es “intermitente” y se mantiene desde el pasado 19 de julio, a partir de la detención del líder de la policía comunitaria, Cemeí Verdía Zepeda, y el ataque a civiles que trajo como consecuencia la muerte de un menor de 12 años y cuatro lesionados, cuando el Ejército y policías federales dispararon contra civiles desarmados en Ixtapilla, así como de la desaparición de 33 activistas y luchadores sociales.
En la carretera costera, a la altura de Maruata, habitantes de las comunidades de Pómaro y Coire -presuntos opositores a Cemeí Verdía- mantienen un bloqueo desde el 6 de agosto, con la exigencia de que se instale a Mohamed Ramírez como alcalde de Aquila y no a José Luis Arteaga, candidato electo del Partido del Trabajo.
Como anteriormente se informó, hay denuncias por parte de los dirigentes del PVEM sobre el robo y quema de cuatro urnas en el Xayaclán, Barranca de López y Cachan, que le darían el triunfo prácticamente a Mohamed.
Los inconformes mantienen el bloqueo a la altura de la comunidad de Maruata y amenazan con radicalizar su protesta al punto de trozar la carretera en cuatro puntos a partir del próximo lunes y radicalizar más sus acciones, como no permitir que José Luis Arteaga, del PT, tome posesión como alcalde.
Aseguran no están en contra de las demás comunidades, también exigen el libre tránsito por la carretera costera a la altura de Xalacayán, luego de que no hay acercamiento por parte de autoridades estatales y federales.
Los indígenas nahuas no armados se mantienen en la carretera pidiendo el “respeto a la elección”, ya que aseguran que Mohamed fue el ganador.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.
Valida la victoria del PRD para diputado en Gustavo A. Madero.
El Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) confirmó ayer los triunfos de Morena en los distritos 15 de Iztacalco y 28 de Iztapalapa, así como la victoria del PRD en el uno de Gustavo A. Madero.
Con el fallo, se convalidaron en primera instancia los resultados de la elección del 7 de junio, en la que Morena ganó 18 diputaciones de mayoría, PRD 12, PAN cinco y PRI tres, así como uno para PT y Nueva Alianza, en coalición con el sol azteca.
Los partidos pueden impugnar las resoluciones para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva en definitiva.
Además, falta que el tribunal local resuelva las impugnaciones contra la asignación de diputados de representación proporcional, donde sí se prevé que el TEDF modifique el acuerdo del Instituto Electoral capitalino.
Los magistrados resolvieron ayer los 16 últimos juicios sobre la elección de diputados y si bien se anularon 174 casillas por errores de cómputo y deficiencias en la integración de los funcionarios de las mesas receptoras, no modificaron las posiciones entre el primero y el segundo lugar.
En días pasados, Morena denunció la intención del TEDF de revocar sus triunfos en el distrito 15 de Iztacalco, donde la ventaja entre su candidato, Felipe Félix de la Cruz Menez, sobre el perredista Juan Ayala Rivero, dirigente del Sindicato de Trabajadores del GDF, fue de 0.63 por ciento, con 478 votos de diferencia, así como el 28 de Iztapalapa, donde la ventaja de Ana María Rodríguez Ruiz de Morena, sobre el perredista Carlos Augusto Morales, fue de sólo 85 votos, 0.1 por ciento.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ.
Con el fallo, se convalidaron en primera instancia los resultados de la elección del 7 de junio, en la que Morena ganó 18 diputaciones de mayoría, PRD 12, PAN cinco y PRI tres, así como uno para PT y Nueva Alianza, en coalición con el sol azteca.
Los partidos pueden impugnar las resoluciones para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva en definitiva.
Además, falta que el tribunal local resuelva las impugnaciones contra la asignación de diputados de representación proporcional, donde sí se prevé que el TEDF modifique el acuerdo del Instituto Electoral capitalino.
Los magistrados resolvieron ayer los 16 últimos juicios sobre la elección de diputados y si bien se anularon 174 casillas por errores de cómputo y deficiencias en la integración de los funcionarios de las mesas receptoras, no modificaron las posiciones entre el primero y el segundo lugar.
En días pasados, Morena denunció la intención del TEDF de revocar sus triunfos en el distrito 15 de Iztacalco, donde la ventaja entre su candidato, Felipe Félix de la Cruz Menez, sobre el perredista Juan Ayala Rivero, dirigente del Sindicato de Trabajadores del GDF, fue de 0.63 por ciento, con 478 votos de diferencia, así como el 28 de Iztapalapa, donde la ventaja de Ana María Rodríguez Ruiz de Morena, sobre el perredista Carlos Augusto Morales, fue de sólo 85 votos, 0.1 por ciento.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ.
Escasos triunfos para los partidos de oposición. Morena no figuró.
De acuerdo con el 80.22 por ciento de las actas procesadas, el PRI y el Partido Verde dominan la mayoría de los municipios de Chiapas, donde se realizaron elecciones el pasado domingo.
Juntos alcanzaron casi el 30 por ciento de la votación; en segundo lugar quedó el partido Chiapas Unido, con 10 por ciento, y en tercero, Mover a Chiapas, con 8.52 por ciento de los votos totales.
En municipios como Bochil, Comitán, Frontera, Chiapa de Corzo, Chilón, se alzó el partido tricolor.
Municipios como Chamula, Chenalhó, Ocosingo y Palenque los ganó el Partido Verde.
Aunque en la capital, Tuxtla Gutiérrez, tanto el abanderado del tricolor y el Verde, Fernando Castellanos Cal y Mayor, como el del PAN, Francisco Rojas, se declararon ganadores desde anoche, según los resultados preliminares se trata de una elección muy cerrada. El PRI también declaró ganador a su candidato en Tapachula, uno de los pocos municipios donde figuró un candidato de Morena.
En todo el estado, el PAN habría obtenido al menos dos triunfos en municipios; el PRD al menos cinco; Morena no tuvo triunfos, pero logró al menos más de 4 por ciento en la votación general.
El Congreso local, verde y tricolor
El PRI y sus aliados Nueva Alianza, PVEM y Chiapas Unidos aventajan en la elección para conformar la próxima legislatura del Congreso de Chiapas con más del 50 por ciento en los 24 distritos que estuvieron en juego.
La alianza del PRI con Nueva Alianza, PVEM y Chiapas Unido, marcha adelante en 16 de 24 distritos con un 76.28 de actas procesadas en los 24 distritos electorales.
En otros seis distritos, la alianza del PVEM, Nueva Alianza y Chiapas Unido va adelante con ese mismo porcentaje de actas ya procesadas, mientras la coalición del PRI, Chiapas Unido y el Verde Ecologista aventaja en otro distrito, al igual que el PVEM lo hace en uno más.
La elección para diputado migrante, a su vez, correspondió al Verde Ecologista que con el 100 por ciento de actas procesadas se llevó el triunfo entre los chiapanecos radicados en el extranjero, en concreto en Estados Unidos, con tres mil 685 votos (55.59 por ciento).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Juntos alcanzaron casi el 30 por ciento de la votación; en segundo lugar quedó el partido Chiapas Unido, con 10 por ciento, y en tercero, Mover a Chiapas, con 8.52 por ciento de los votos totales.
En municipios como Bochil, Comitán, Frontera, Chiapa de Corzo, Chilón, se alzó el partido tricolor.
Municipios como Chamula, Chenalhó, Ocosingo y Palenque los ganó el Partido Verde.
Aunque en la capital, Tuxtla Gutiérrez, tanto el abanderado del tricolor y el Verde, Fernando Castellanos Cal y Mayor, como el del PAN, Francisco Rojas, se declararon ganadores desde anoche, según los resultados preliminares se trata de una elección muy cerrada. El PRI también declaró ganador a su candidato en Tapachula, uno de los pocos municipios donde figuró un candidato de Morena.
En todo el estado, el PAN habría obtenido al menos dos triunfos en municipios; el PRD al menos cinco; Morena no tuvo triunfos, pero logró al menos más de 4 por ciento en la votación general.
El Congreso local, verde y tricolor
El PRI y sus aliados Nueva Alianza, PVEM y Chiapas Unidos aventajan en la elección para conformar la próxima legislatura del Congreso de Chiapas con más del 50 por ciento en los 24 distritos que estuvieron en juego.
La alianza del PRI con Nueva Alianza, PVEM y Chiapas Unido, marcha adelante en 16 de 24 distritos con un 76.28 de actas procesadas en los 24 distritos electorales.
En otros seis distritos, la alianza del PVEM, Nueva Alianza y Chiapas Unido va adelante con ese mismo porcentaje de actas ya procesadas, mientras la coalición del PRI, Chiapas Unido y el Verde Ecologista aventaja en otro distrito, al igual que el PVEM lo hace en uno más.
La elección para diputado migrante, a su vez, correspondió al Verde Ecologista que con el 100 por ciento de actas procesadas se llevó el triunfo entre los chiapanecos radicados en el extranjero, en concreto en Estados Unidos, con tres mil 685 votos (55.59 por ciento).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas hizo un balance preliminar de la jornada electoral en el estado e informó que, de acuerdo con el reporte del Programa de Información de la Jornada Electoral, se instalaron 5 mil 793 casillas de las 5 mil 958 aprobadas por los consejos distritales de la entidad, lo que representa el 97.23.
Entre los incidentes de la jornada destaca el caso del municipio de Nicolás Ruiz, donde por acuerdo comunal no permitieron la apertura de las casillas. En el municipio de Belisario Domínguez, las elecciones fueron boicoteadas por indígenas comuneros zoques oaxaqueños.
Las cifras
Hasta hoy lunes por la mañana, con el 80% de las actas contabilizadas, el PVEM se posicionó de nuevo como la primera fuerza política electoral, pero, a diferencia del proceso electoral de 2012 y del federal del 7 de junio pasado, esta vez el partido del gobernador Manuel Velasco Coello tuvo retrocesos en muchos municipios del estado.
De acuerdo con las cifras del Programa de Resultados Preliminares (PREP), el PRI tiene el 19.7% del total de la votación, y el PVEM sólo obtuvo el 10 por ciento. No obstante, sumado a sus alianzas con los otros partidos políticos satélites, como Chiapas Unido, y PANAL, el PVEM obtuvo el 35.6 por ciento de los votos.
Le siguen en correlación de fuerza los dos partidos locales vinculados al PVEM. Chiapas Unido tiene el 10% del total de la votación, seguido de Mover a Chiapas, con el 8.5%.
Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Morena tienen hasta el momento alrededor del 5% de la votación cada uno.
De acuerdo con el PREP, el candidato ganador en la capital de Chiapas aún no se define. Continúa la disputa entre el PAN y la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza y Chiapas Unido. El panista Francisco Toledo tiene el 39.58% de los votos, mientras que Fernando Castellanos tiene el 39.11%. Menos de un punto de diferencia.
En Tapachula, la segunda ciudad más importante de Chiapas, el abanderado de la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza lleva la ventaja, con el 40%.
Sólo en estas dos alcaldías, y en 16 de los 24 distritos correspondientes a la diputaciones de mayoría relativa, el PRI y el Verde realizaron una alianza.
En San Cristóbal de las Casas, Marco Cancino, candidato del PVEM, lleva la ventaja con el 24.6% de la votación. Le siguen los candidatos de los partidos Mover a Chiapas y Morena, con 15 y 14% de la votación, respectivamente.
En las diputaciones, las alianzas entre el PRI-PVEM obtuvieron juntas el 38% del total de los votos. De manera independiente, el PRI logró obtener el 7.5% de la votación y el Partido Verde 1.15. Le siguen los partidos Mover a Chiapas y Morena, con el 8% de la votación cada uno.
De mantenerse esta tendencia, con la distribución de votos el PRI quedaría como la primera fuerza política del Congreso local.
Actualmente, el PVEM tiene la mayoría en el Congreso y en las presidencias municipales. En estas últimas sus abanderados tienen 48 de 122. El PRI tiene 39 alcaldías.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
Tuxtla Gutiérrez. El PRI y sus aliados Nueva Alianza, PVEM y Chiapas Unidos aventaja en la elección para conformar la próxima legislatura del Congreso de Chiapas con más del 50 por ciento en los 24 distritos que estuvieron en juego en la jornada electoral local realizada ayer.
En tanto que el Partido Acción Nacional (PAN) va adelante de manera mínima en la elección para alcalde de esta capital.
Otras dos ciudades importantes como Tapachula y San Cristóbal de Las Casas registran ventaja para la alianza del Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y para la que representan el PVEM y Nueva Alianza, respectivamente.
En cuanto al Congreso, la alianza del PRI con Nueva Alianza, PVEM y Chiapas Unido, marcha adelante en 16 de 24 distritos con un 76.28 de actas procesadas en los 24 distritos electorales.
Más atrás, en otros seis distritos, la alianza del PVEM, Nueva Alianza y Chiapas Unido va adelante con ese mismo porcentaje de actas ya procesadas, mientras la coalición del PRI, Chiapas Unido y el Verde Ecologista aventaja en otro distrito, al igual que el PVEM lo hace en uno más.
La elección para diputado migrante, a su vez, correspondió al Verde Ecologista que con el 100 por ciento de actas procesadas se llevó el triunfo entre los chiapanecos radicados en el extranjero, en concreto en Estados Unidos, con tres mil 685 votos (55.59 por ciento).
En cuanto a alcaldías, el PAN aventaja en esta capital, con un porcentaje de 81.72 por ciento de actas procesadas, a los demás partidos, entre ellos a la coalición formada por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y otros institutos.
El blanquiazul tiene una mínima delantera de 53 mil 76 sufragios (39.58 por ciento), por 52 mil 477 (39.11 por ciento) de la referida coalición. Los demás institutos políticos se encuentran muy rezagados en esa misma disputa.
En tanto, en Tapachula, la lucha por la alcaldía registra ya un 39.09 de porcentaje de actas sometidas a proceso con 14 mil 558 votos (41.03 por ciento) para la alianza del PRI-PVEM-Nueva Alianza que supera a Morena con 12 mil 409 sufragios (34.97 por ciento). Los demás partidos se encuentran muy por debajo en la competencia.
Asimismo, en San Cristóbal de Las Casas, la capital cultural del estado, la coalición del Partido Verde y Nueva Alianza va arriba en las preferencias con un 80.80 por ciento de actas procesadas con un total de 10 mil 880 votos, superando a Morena con seis mil 917 votos (15.66 por ciento) y a Mover a Chiapas (seis mil 228 y 14.10 por ciento).
Fuente: La Jornada
Autor: Notimex
México, DF. Este lunes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desahogará, por primera vez antes de que se califiquen las elecciones, los dictámenes de fiscalización de todos los gastos de los partidos políticos en las 16 elecciones estatales y la federal, como lo dispone la nueva legislación. En principio, de aprobarse en sus términos, se proyecta la imposición de 408 millones de pesos de multas a todos los partidos, debido a irregularidades diversas en campañas locales y federales.
Se trata de la revisión de los informes de gastos de campañas de 2 mil 667 candidatos en la elección federal y 14 mil 986 aspirantes a diversos cargos en comicios locales. De acuerdo con la nueva legislación, a partir de estos procesos electorales, violaciones en el manejo de gastos de campañas pueden ser causales de nulidad, supuesto que no será aplicado, pues de los dictámenes no se desprende que algún candidato ganador haya incurrido en alguna de los restricciones legales que amerite revertir su triunfo.
Fuente: La Jornada
Autor: Alonso Urrutia
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas pidió al gobierno oaxaqueño de Gabino Cué intervenir de forma urgente para exigir a su similar de Chiapas que las autoridades electorales suspendan todo proceso electoral en Belisario Domínguez, toda vez que el nuevo municipio se ubica en territorio en litigio, acción que los comuneros zoques consideran “una invasión”.
Los inconformes expresaron su preocupación e indignación por la “flagrante violación”, por parte del gobierno de Manuel Velasco, a las dos suspensiones emitidas desde fines de 2012, tanto por la SCJN –en el marco de la controversia constitucional presentada por el gobierno de Oaxaca– como por el Juzgado Federal 6° de Distrito, este último recurso promovido en el marco de los dos amparos en materia agraria presentados por las autoridades comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa.
Según ese recurso, ambas instancias judiciales ordenaron a ambos gobiernos –Oaxaca y Chiapas– no efectuar acto político alguno ni administrativo en relación con el territorio en disputa, y específicamente ordenó a la administración de Velasco Coello suspender toda actividad formal en Belisario Domínguez en tanto no se dirima y se dicte sentencia en ambos juicios.
“La impune violación a estos dos mandatos judiciales la ha efectuado el gobierno del estado de Chiapas en los últimos dos meses, a través de su Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC), organizando, coordinando y validando todas las acciones que conlleva el proceso para la elección de presidente municipal en Belisario Domínguez, incluyendo el registro de candidatos y el desarrollo en la zona de campañas electorales, así como la realización misma de los comicios con instalación de casillas e urnas, a efectuarse este domingo 19”, advierte la misiva del organismo.
Al mismo tiempo reclamaron a Cué Monteagudo y a su consejero jurídico, Víctor Manuel Alejo; su asesor Ángel Alejo –hermano del consejero–, y a la Secretaría General de Gobierno de esa entidad por el hecho de que no se hayan percatado de estos ilegales hechos, “que son altamente lesivos y agraviantes para todo el pueblo oaxaqueño”.
Es por ello que pidieron primero a Gabino Cué la inmediata presentación ante la Suprema Corte de un incidente de queja por violación a la suspensión de plano, emitida por esta instancia el 20 de diciembre de 2012
También demandaron a Cué realizar de forma inmediata todas las gestiones ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y ante las instancias electorales correspondientes para anular de forma absoluta y total el proceso de elección, tanto de alcalde en Belisario Domínguez como del diputado local correspondiente a ese distrito electoral.
Luego exigen a Cué una explicación “al pueblo de Oaxaca y a las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapa, del porqué su gobierno no actúa de forma oportuna y eficaz, ni realiza las gestiones jurídicas y políticas necesarias frente a las continuas y sistemáticas acciones de invasión territorial y depredación ecológica promovidas por diversas instancias del gobierno chiapaneco, mismas que violan sistemáticamente la soberanía del estado de Oaxaca”, se destaca en la misiva firmada por Luis Bustamante Valencia y Miguel Angel A. García Aguirre, coordinador nacional y coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas.
Fuente: Proceso
Autor: Isaín Mandujano
Sin embargo, sólo detectó 14 casos donde se rebasó el tope de gastos de campaña, de los que 13 corresponden a candidatos derrotados y a un ganador en el distrito 3 de Quintana Roo.
En rueda de prensa, el consejero Ciro Murayama, presidente de esa comisión, informó que los ingresos reportados en las cuentas de campañas electorales federales fue de mil 59 millones de pesos, de donde se erogaron mil 20 millones. Por lo tanto, esta mañana la comisión aprobó multar a partidos políticos y candidatos con 131 millones de pesos.
Murayama destacó que el partido más multado es el Verde, con 56.9 millones de pesos, y el menos sancionado es el PRI, con sólo 900 mil pesos. La coalición parcial PRI-Verde, que data desde 2006, con 4.4 millones de pesos.
Acción Nacional será multado con 3.4 millones de pesos; el PRD, con 4 mdp; el del Trabajo, 9.3 millones; Movimiento Ciudadano, 13.7 millones de pesos; Morena, 13 mdp; el Humanista con 13 mdp también; Encuentro Social con 5.7 millones, y la coalición PRD-PT con 5.7 millones de pesos.
De los nueve dictámenes aprobados el día de hoy para campañas locales se identificaron mil 110 millones de ingresos en las cuentas bancarias de los partidos, de los cuales se acreditaron gastos por 928 millones de pesos.
Las sanciones contenidas en esos nueve proyectos de resolución alcanzan los 182. 2 millones de pesos. En Baja California Sur las sanciones son por 15.6 millones de pesos; en el Distrito Federal, 33.8 mdp; en Guerrero 12 millones 100 mil pesos; en Jalisco 54.7 millones; en Morelos 3.6 mdp; Querétaro 7.5 millones; San Luis Potosí, 30 millones; en Sonora, 11 millones 200 mil pesos, y en Yucatán 13.7 millones de pesos.
En esas nueve entidades se identificaron 17 rebases de topes de campaña; de ellos cinco resultaron casos de candidatos ganadores, pero ninguno tiene un porcentaje de diferencia respecto del segundo lugar menor a 5% de los votos.
En el caso de los gobernadores se detectaron dos cados: el candidato del PAN en Baja California, por 6 mil 676 pesos, es decir el 0.06 por ciento del tope y el de la coalición PRI-Verde con 2.9 millones de pesos, equivalente al 21.7 por ciento.
El consejero Benito Nacif precisó que la multa al Verde fue por incumplir con su obligación de reportar actos de propaganda, principalmente ocurridos durante el periodo de inter campañas, y que también fueron considerados gastos de campaña, de acuerdo con un criterio fijado por la comisión.
Respecto de los rebases de topes de gastos de campaña, ningún caso cae en las causales de nulidad, afirmó.
Por su parte, el consejero Enrique Andrade consideró que será la ciudadanía la que evalúe la calidad de la elección, pero en cuestión de fiscalización se está cumpliendo con las metas previstas.
En el mismo sentido se pronunció el consejero Javier Santiago, que dio saldo positivo de la tarea de fiscalización electoral, aunque reconoció que el modelo no es perfecto.
El INE revisó los informes correspondientes a 12 mil 914 candidatos, de los que 2 mil 667 fueron candidatos federales y 10 mil 247 locales.
La Unidad Técnica de Fiscalización recibió, a través del Sistema Integral de Fiscalización, un millón 60 mil 674 operaciones de partidos y candidatos.
Y de cada operación se comprobó y verificó la existencia de documentación soporte: movimientos bancarios, existencia de cheques, contratos, recibos y facturas, entre otros.
Los sustentos documentales de los partidos se contrastaron con el monitoreo del INE en el territorio nacional con visitas de verificación del personal de instituto y con la información aportada por las autoridades financieras del país.
Para el caso de espectaculares, se realizaron tareas de monitoreo en los 300 distritos en que se divide la geografía nacional, y se obtuvo la evidencia de 40 mil 66 testigos que incluyen espectaculares, vallas y panorámicos, entre otros.
De esta cifra de anuncios, los partidos políticos y candidatos no habían reportado 15 mil 966, es decir, más de una tercera parte, acotó Ciro Murayama.
Luego informó que la Comisión de Fiscalización aprobó los dictámenes y proyectos de resolución de las campañas federales correspondientes a la elección de la Cámara de Diputados, así como los correspondientes a los comicios locales de Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán.
Este sábado 11 la comisión votará los de las siete entidades restantes y el reporte se presentará al Consejo General en la sesión del lunes 20.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Chilpancingo, Gro. La Primera Sala Unitaria Del Tribunal Estatal Electoral declaró nula la elección en el municipio de Tixtla debido a que el 44 por ciento de las casillas no se instaló, informó su titular Ramón Ramos Piedra.
Agregó que este es el primer paso para el desconocimiento de la elección; sin embargo, podría ser revisada en una segunda instancia con la participación de los cuatro cuatro magistrados.
Destacó que se instruyó al Instituto Electoral de Protección Ciudadana y al Congreso (IEPC) del estado para que se convoque a una elección, aunque aclaró que esta no sería durante el periodo de gobierno actual, sino con las nuevas autoridades.
En el municipio de Tixtla, según los resultados electorales el triunfo fue para el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Saúl Astudillo. En esta ciudad los estudiantes normalistas y los padres de los 43 jóvenes desparecidos en Iguala irrumpieron durante el proceso electoral del pasado 7 de junio.
AUTOR: SERGIO OCAMPO.
El instituto tiene un plazo de 45 días, después de la jornada electoral -es decir hasta el 22 de julio- para aprobar los dictámenes de ingresos y gastos de candidatos y partidos políticos.
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) concluirá en tiempo y forma la revisión de casi de 13 mil informes de ingresos y egresos de las campañas federal y locales, derivados de la elección del 7 de junio, informó el consejero Ciro Murayama.
Murayama Rendón explicó que la modificación al calendario de la Comisión no impedirá que concluya en tiempo con su trabajo de fiscalización; “es mejor hacer un trabajo bien hecho, que precipitarnos en esta materia que es tan sensible”, indicó en entrevista.
El fin de semana, La Unidad Técnica de Fiscalización entregó a la Comisión todos los dictámenes y proyectos de resolución, pero se determinó aprobar un nuevo calendario de trabajo, debido a que la revisión de los mismos no puede realizarse sin antes llevar a cabo el análisis correspondiente.
Además, se acordó desahogar la fiscalización de las campañas en un plazo de 48 horas, esto es, entre lunes y martes, tiempo que marca el reglamento en la materia, con la finalidad que el miércoles inicie su dictaminación.
El consejero recordó que la ley electoral otorga un plazo de 45 días, después de la jornada comicial para que la autoridad en la materia apruebe los dictámenes de ingresos y gastos de candidatos y partidos políticos, el cual concluye el 22 de julio.
“La ley no dice que son 45 días (…) lo que pasa es que la Unidad Técnica se llevó más tiempo en el análisis y eso es lo que hace que tengamos que recorrer (el programa de trabajo)”, anotó.
Para Ciro Murayama el objetivo de modificar el plazo para revisar los informes de gastos de candidatos y partidos busca “no poner en riesgo calificación alguna de la elección”, pues en el caso de la contienda federal, la Cámara de Diputados tendrá que instalarse el 1 de septiembre.
El Consejo General del INE prevé discutir y, en su caso aprobar en su sesión del 20 de julio los referidos dictámenes, en tanto que partidos y candidatos podrán impugnar, si así lo consideran, esa decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.
Murayama Rendón explicó que la modificación al calendario de la Comisión no impedirá que concluya en tiempo con su trabajo de fiscalización; “es mejor hacer un trabajo bien hecho, que precipitarnos en esta materia que es tan sensible”, indicó en entrevista.
El fin de semana, La Unidad Técnica de Fiscalización entregó a la Comisión todos los dictámenes y proyectos de resolución, pero se determinó aprobar un nuevo calendario de trabajo, debido a que la revisión de los mismos no puede realizarse sin antes llevar a cabo el análisis correspondiente.
Además, se acordó desahogar la fiscalización de las campañas en un plazo de 48 horas, esto es, entre lunes y martes, tiempo que marca el reglamento en la materia, con la finalidad que el miércoles inicie su dictaminación.
El consejero recordó que la ley electoral otorga un plazo de 45 días, después de la jornada comicial para que la autoridad en la materia apruebe los dictámenes de ingresos y gastos de candidatos y partidos políticos, el cual concluye el 22 de julio.
“La ley no dice que son 45 días (…) lo que pasa es que la Unidad Técnica se llevó más tiempo en el análisis y eso es lo que hace que tengamos que recorrer (el programa de trabajo)”, anotó.
Para Ciro Murayama el objetivo de modificar el plazo para revisar los informes de gastos de candidatos y partidos busca “no poner en riesgo calificación alguna de la elección”, pues en el caso de la contienda federal, la Cámara de Diputados tendrá que instalarse el 1 de septiembre.
El Consejo General del INE prevé discutir y, en su caso aprobar en su sesión del 20 de julio los referidos dictámenes, en tanto que partidos y candidatos podrán impugnar, si así lo consideran, esa decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.
Los resultados de la elección del 7 de junio dejaron una situación inédita en el país. Un análisis de la consultora Integralia revela que los gobernadores de los tres principales estados del país –Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León- tendrán un Congreso controlado por la oposición, lo que garantiza más rendición de cuentas, pero también posibles escenarios de ingobernabilidad.
Un análisis de la consultora Integralia revela que, en 10 de los 16 estados donde hubo elección de nuevos diputados locales, los gobernadores ejercerán su mandato con un gobierno dividido, entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El estudio publicado el 24 de junio detalla que tanto en el Distrito Federal, como en Jalisco y Nuevo Léon, los mandatarios se verán forzados a negociar con la oposición para sacar adelante sus gobiernos.
En el Distrito Federal, el jefe de Gobierno, el perredista Miguel Ángel Mancera se enfrentará en los últimos tres años de su gobierno a una Asamblea Legislativa dominada por los diputados de Morena.
Para auxiliar a Mancera, los perredistas deberán buscar alianzas con el PRI y el PAN a fin de conseguir una mayoría de votos en el pleno del legislativo de la capital.
En el caso de Jalisco, el mandatario electo Aristóteles Sandoval deberá gobernar con un nuevo congreso estatal que estará compuesto en su mayor parte por legisladores de Movimiento Ciudadano -38 por ciento-, pero que el PRI puede modificar si se une a sus aliados, el PVEM y Nueva Alianza, alcanzando un 41 por ciento de los votos.
En esa nueva Legislatura del parlamento jalisciense estará también Pedro Kumamoto, el joven candidato independiente que promete cuestionar las actividades del gobierno y el parlamento local.
El caso más emblemático es el de Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador electo de Nuevo León, quien al haber llegado por la vía independiente, tendrá que lidiar con un congreso de mayoría panista, con el 45 por ciento de las curules en el parlamento local.
Con las pasadas elecciones, el PRI consolidó su poder como la primera fuerza política en los congresos locales del país… aunque con menos curules en los parlamentos estatales.
El tricolor es la primer fuerza local en el Poder Legislativo de los estados; sin embargo, perdió algunas curules en comparación con la pasada elección.
Salvo contadas elecciones, el PRI domina las decisiones en los congresos, incluso con gobiernos de otros partidos.
Esto sucederá, por ejemplo, en Michoacán, donde el gobernador será Silvano Aureoles Conejo, del PRD, pero el PRI tendrá la mayor parte de las curules en el Congreso local, con el 42 por ciento.
Este hecho, que se repite en varios ejemplos, obliga a mandatarios en funciones y a nuevos gobernadores a negociar con sus adversarios políticos para sacar adelante reformas y acciones de gobierno que requieran la aprobación estatal.
En contraparte, los gobernadores de algunos estados gozan de una mayoría calificada (de dos terceras partes) de su partido en los congresos, lo que les garantiza la aprobación de todas las medidas que propongan.
PRI: la primera fuerza pierde espacios en los congresos
Aunque de forma general el resultado de las pasadas elecciones fue favorable al PRI, este partido perdió algunos lugares en los congresos estatales.
En los estados donde se renovó el Congreso local, el PRI perdió de forma global 25 curules en los parlamentos locales.
Fue en el estado de Guanajuato donde perdió el mayor número de espacios, con siete menos que en la elección pasada. En Campeche y el Estado de México, el tricolor perdió cinco diputaciones locales en cada uno.
Aun así, el PRI mantendrá su hegemonía en 22 de los 32 congresos estatales.
Solo en seis de ellos, el PAN es la fuerza más representativa. El PRD en dos. Morena, en uno. Y en un congreso hay un empate entre los representantes del PRI y el PAN.
Tomando en cuenta a los diputados electos en las elecciones de junio, el tricolor tendrá mayoría en los estados de Durango, Hidalgo, Chiapas, Campeche, Coahuila, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
El PAN tiene mayoría en los congresos de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Colima, Puebla y Nuevo León.
El PRD tiene el mayor número de curules en los parlamentos de Morelos y Tabasco. Morena predominará en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El de Baja California es el congreso estatal cuya fuerza está dividida, pues el PAN y el PRI comparten el mismo número de legisladores.
El 7 de julio pasado, el PRI ganó el mayor número de diputaciones locales.
El análisis coyuntural de la Integralia señala que la tercera parte de las diputaciones locales en juego se las llevó el tricolor, con 191.
El PAN se llevó el 27 por ciento, con 157 curules; el PRD, un 16 por ciento, con 94; y Morena ganó 41 legisladores locales, un 7 por ciento.
El estudio señala que los ganadores netos del proceso electoral del 2015 son Morena, que obtuvo 11 diputaciones locales en su primera participación.
El PVEM ganó siete espacios en los congresos electorales; y el PAN y Movimiento Ciudadano ganaron cuatro diputaciones locales más.
Los otros perdedores de la contienda fueron el PRD, con 26 diputaciones locales menos; Nueva Alianza, con nueve menos; y el PT con tres menos.
De mayorías y oposiciones
En los congresos estatales se definen dos tendencias básicas: se tiene una mayoría o se gobierna en un ambiente de oposición.
Son cuatro las entidades donde el Congreso estatal conforma una mayoría calificada; es decir, que las dos terceras partes de los votos son parte de una misma fuerza política o coalición y coincide con el partido político que postuló al gobernador electo o en turno.
Se trata de los parlamentos de Baja California Sur, donde un 71 por ciento de los diputados serán del PAN y darán una aprobación garantizada al panista Carlos Mendoza Davis, gobernador electo.
En esa categoría entran también los congresos de Durango, con 83 por ciento de priistas, que dan al gobernador Jorge Herrera Caldera, del PRI, el visto bueno a todas sus medidas de gobierno.
En Hidalgo se repite la historia, con 67 por ciento también de diputados del tricolor que apoyan incondicionalmente a Francisco Olvera Ruiz, el gobernador priista.
El cuarto caso es el de Chiapas, donde entre los aliados PRI y PVEM alcanzan un 71 por ciento de los votos que dan a Manuel Velasco, del PVEM.
Del otro lado de la moneda están los gobernadores que gobernarán –o ya gobiernan- con un congreso opositor.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
El estudio publicado el 24 de junio detalla que tanto en el Distrito Federal, como en Jalisco y Nuevo Léon, los mandatarios se verán forzados a negociar con la oposición para sacar adelante sus gobiernos.
En el Distrito Federal, el jefe de Gobierno, el perredista Miguel Ángel Mancera se enfrentará en los últimos tres años de su gobierno a una Asamblea Legislativa dominada por los diputados de Morena.
Para auxiliar a Mancera, los perredistas deberán buscar alianzas con el PRI y el PAN a fin de conseguir una mayoría de votos en el pleno del legislativo de la capital.
En el caso de Jalisco, el mandatario electo Aristóteles Sandoval deberá gobernar con un nuevo congreso estatal que estará compuesto en su mayor parte por legisladores de Movimiento Ciudadano -38 por ciento-, pero que el PRI puede modificar si se une a sus aliados, el PVEM y Nueva Alianza, alcanzando un 41 por ciento de los votos.
En esa nueva Legislatura del parlamento jalisciense estará también Pedro Kumamoto, el joven candidato independiente que promete cuestionar las actividades del gobierno y el parlamento local.
El caso más emblemático es el de Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador electo de Nuevo León, quien al haber llegado por la vía independiente, tendrá que lidiar con un congreso de mayoría panista, con el 45 por ciento de las curules en el parlamento local.
Con las pasadas elecciones, el PRI consolidó su poder como la primera fuerza política en los congresos locales del país… aunque con menos curules en los parlamentos estatales.
El tricolor es la primer fuerza local en el Poder Legislativo de los estados; sin embargo, perdió algunas curules en comparación con la pasada elección.
Salvo contadas elecciones, el PRI domina las decisiones en los congresos, incluso con gobiernos de otros partidos.
Esto sucederá, por ejemplo, en Michoacán, donde el gobernador será Silvano Aureoles Conejo, del PRD, pero el PRI tendrá la mayor parte de las curules en el Congreso local, con el 42 por ciento.
Este hecho, que se repite en varios ejemplos, obliga a mandatarios en funciones y a nuevos gobernadores a negociar con sus adversarios políticos para sacar adelante reformas y acciones de gobierno que requieran la aprobación estatal.
En contraparte, los gobernadores de algunos estados gozan de una mayoría calificada (de dos terceras partes) de su partido en los congresos, lo que les garantiza la aprobación de todas las medidas que propongan.
PRI: la primera fuerza pierde espacios en los congresos
Aunque de forma general el resultado de las pasadas elecciones fue favorable al PRI, este partido perdió algunos lugares en los congresos estatales.
En los estados donde se renovó el Congreso local, el PRI perdió de forma global 25 curules en los parlamentos locales.
Fue en el estado de Guanajuato donde perdió el mayor número de espacios, con siete menos que en la elección pasada. En Campeche y el Estado de México, el tricolor perdió cinco diputaciones locales en cada uno.
Aun así, el PRI mantendrá su hegemonía en 22 de los 32 congresos estatales.
Solo en seis de ellos, el PAN es la fuerza más representativa. El PRD en dos. Morena, en uno. Y en un congreso hay un empate entre los representantes del PRI y el PAN.
Tomando en cuenta a los diputados electos en las elecciones de junio, el tricolor tendrá mayoría en los estados de Durango, Hidalgo, Chiapas, Campeche, Coahuila, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
El PAN tiene mayoría en los congresos de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Colima, Puebla y Nuevo León.
El PRD tiene el mayor número de curules en los parlamentos de Morelos y Tabasco. Morena predominará en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El de Baja California es el congreso estatal cuya fuerza está dividida, pues el PAN y el PRI comparten el mismo número de legisladores.
El 7 de julio pasado, el PRI ganó el mayor número de diputaciones locales.
El análisis coyuntural de la Integralia señala que la tercera parte de las diputaciones locales en juego se las llevó el tricolor, con 191.
El PAN se llevó el 27 por ciento, con 157 curules; el PRD, un 16 por ciento, con 94; y Morena ganó 41 legisladores locales, un 7 por ciento.
El estudio señala que los ganadores netos del proceso electoral del 2015 son Morena, que obtuvo 11 diputaciones locales en su primera participación.
El PVEM ganó siete espacios en los congresos electorales; y el PAN y Movimiento Ciudadano ganaron cuatro diputaciones locales más.
Los otros perdedores de la contienda fueron el PRD, con 26 diputaciones locales menos; Nueva Alianza, con nueve menos; y el PT con tres menos.
De mayorías y oposiciones
En los congresos estatales se definen dos tendencias básicas: se tiene una mayoría o se gobierna en un ambiente de oposición.
Son cuatro las entidades donde el Congreso estatal conforma una mayoría calificada; es decir, que las dos terceras partes de los votos son parte de una misma fuerza política o coalición y coincide con el partido político que postuló al gobernador electo o en turno.
Se trata de los parlamentos de Baja California Sur, donde un 71 por ciento de los diputados serán del PAN y darán una aprobación garantizada al panista Carlos Mendoza Davis, gobernador electo.
En esa categoría entran también los congresos de Durango, con 83 por ciento de priistas, que dan al gobernador Jorge Herrera Caldera, del PRI, el visto bueno a todas sus medidas de gobierno.
En Hidalgo se repite la historia, con 67 por ciento también de diputados del tricolor que apoyan incondicionalmente a Francisco Olvera Ruiz, el gobernador priista.
El cuarto caso es el de Chiapas, donde entre los aliados PRI y PVEM alcanzan un 71 por ciento de los votos que dan a Manuel Velasco, del PVEM.
Del otro lado de la moneda están los gobernadores que gobernarán –o ya gobiernan- con un congreso opositor.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
De las tres entidades en las que hubo elecciones estatales este año, tres aumentaron su deuda en más del cien por ciento.
Los nuevos gobernadores que fueron electos el pasado 7 de junio e iniciarán su mandato dentro de unos meses se encontrarán con una pesada herencia, cortesía de sus antecesores: la enorme deuda pública.
De acuerdo con un reportaje de CNN México, el peor caso y el que los especialistas califican como realmente preocupante es Nuevo León, donde se duplicó el endeudamiento, seguido por Sonora y Michoacán, tres estados que además -destaca el medio- vivirán alternancia en el partido gobernante.
Nuevo León pasó de tener una deuda de 27 mil 071 millones de pesos en 2009, a 61 mil 077 millones al cierre de marzo de 2015; Sonora de 11 mil 258 millones a 20 mil 366 y Michoacán cuenta con una deuda de 17 mil 198 millones de pesos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.AUTOR: STAFF
En rueda de prensa, Vázquez recordó que el INE admitió públicamente la existencia de dos bases de datos de los conteos distritales, una pública y otra exclusiva para los consejeros, pero al hacer el comparativo de ambas encontraron información adicional sobre incidencias en las casillas y diferencias en la hora de instalación y cierre de las mismas.
Además, detectaron el registro de funcionarios emergentes que ese día fueron enrolados de la fila frente a las casillas porque los elegidos y capacitados previamente no se presentaron a su labor.
“Al escuchar que se han encontrado irregularidades en la base de datos pública, decidimos ver si sucedía lo mismo en la base de trabajo. Para ello entramos a la información disponible en la Intranet del INE y encontramos que hay dos formas de observar la información de los cómputos distritales”.
Una de ellas, señaló, es “obtener la información mediante el Sistema de Generación de Bases de Datos, en donde se puede bajar la información de todas las casillas del país”.
Y la usada para verificar los datos fue la última disponible con fecha del 15 de junio a las 21:07 horas. Por ello, compararon si existía información distinta en las dos bases de datos, pero detectaron que se cuenta con la misma información: 39 millones 723 mil 480 votos de mayoría relativa, de los cuales un millón 105 mil 384 son del PT, más 51 mil 241 de la coalición con el PRD y deben dividirlos.
Sin embargo, “la información obtenida por medio del Sistema de Generación de Bases de Datos nos arroja resultados diferentes. El total de votos de mayoría relativa es de 39 millones 708 mil 178 votos”, es decir; 15 mil 302 votos de diferencia.
Es por ello que los petistas denuncian que les restaron 37 mil 37 votos, ante lo cual el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, avaló que se hiciera una auditoría al sistema pero, afirmó el diputado Oscar González Yáñez, ésta no se ha realizado.
Las irregularidades encontradas, prosiguió Vázquez, fueron casillas sin el dato de boletas sobrantes, casillas que reportan cero boletas sobrantes, más votos que personas registradas en la lista nominal, lista nominal mayor a 750 personas, lo que prohíbe la ley electoral, y no existe el dato sobre el número de ciudadanos que acudieron a votar y tampoco existe información sobre el número de boletas extraídas.
Anaya comentó que hubo una “caída del sistema” en esa elección durante más de media hora, a las cuatro de la mañana del lunes 8 de junio, lo que provocó que hubiera un “reacomodo” de las cifras de votos de todos los partidos “para favorecer a los partidos oficiales”.
González Yáñez confió en que mantendrán el registro y cuestionó al INE sobre sus motivos para no realizar la auditoría a las bases de datos para darle certeza y legalidad al proceso antes de intervenir financieramente al partido.
“No queremos abonar a la descalificación del INE porque se descalifica por sí mismo”, señaló.
Luego comentó que han impugnado más de cien distritos en cinco salas regionales en todo el país; además, anunciaron que este jueves 2 de julio, a las cinco de la tarde, tomarán de manera simbólica todas las sedes regionales de los estados “por la falta de claridad y certeza” en el proceso electoral organizado por el INE.
Tribunal Electoral da luz verde a interventor
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó por unanimidad el recurso de apelación interpuesto por el PT para impugnar la designación de un interventor, quien se hará cargo de los recursos del partido ante la posibilidad de pierda su registro al no alcanzar 3% de la votación general en los comicios del 7 de junio.
Esta decisión se da 15 días después de que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) designó, como medida preventiva y mediante insaculación, a los interventores responsables del control y vigilancia de los recursos de los partidos del Trabajo y Humanista.
La determinación de los magistrados electorales también se consuma horas después de que representantes del PT denunciaron irregularidades detectadas en la base de datos del conteo de votos de la pasada elección del 7 de junio.
En rueda de prensa, el representante del PT ante el INE, Pedro Vázquez, indicó que este organismo admitió públicamente la existencia de dos bases de datos de los conteos distritales, una pública y otra exclusiva para los consejeros.
Sin embargo, al hacer el comparativo entre ambas detectaron información adicional sobre incidencias en las casillas, diferencias en la hora de instalación y cierre de las mismas y funcionarios que ese día fueron captados de la fila porque los elegidos y capacitados por el INE no se presentaron.
“Al escuchar que se han encontrado irregularidades en la base de datos pública, decidimos ver si sucedía lo mismo en la base de trabajo. Para ello entramos a la información disponible en la Intranet del INE. Encontramos que hay dos formas de observar la información de los cómputos distritales.
“No queremos abonar a la descalificación del INE porque se descalifica por sí mismo”, señaló para enseguida comentar que han impugnado más de cien distritos en cinco salas regionales en todo el país; además, anunciaron que este jueves 2 de julio, a las cinco de la tarde, tomarán de manera simbólica todas las sedes regionales de los “por la falta de claridad y certeza” en el proceso electoral organizado por el INE, indicó el diputado petista Oscar González Yáñez.
El proyecto del TEPJF destaca que el interventor del PT es el contador público Gerardo Sierra Aráosla, y el del Humanista, Dionisio Ramos Zepeda.
El proyecto elaborado por el magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal, resalta que los procedimientos de liquidación, en cualquiera de sus fases, sólo pueden iniciar cuando las autoridades electorales tienen la plena certeza de que se incumplió con el 3% de la votación válida emitida, acotó González Yáñez.
“No como ocurre ahora cuando aún se está en litigio, es decir, en la incertidumbre, el porcentaje de votos que obtuvimos en la pasada elección”, resaltó.
Además, acotó, “los procedimientos preventivos de liquidación limitan nuestros derechos constitucionales como asociación política porque gravitan o gravitarán sobre nuestra participación en próximas elecciones, como la que se celebrará en el estado de Chiapas”.
No obstante, la magistrada María del Carmen Alanís señaló que esta es una medida de cuidado, de prevención a cargo de un independiente técnico, pero designado por la propia autoridad administrativa electoral.
“Es una medida de prevención, como lo dice el proyecto, para garantizar que los recursos de que se dispone, que son además de origen preponderantemente públicos, se administren debidamente hasta que haya una determinación definitiva”, apuntó.
Luego rechazó los argumentos del PT de que se le colocó en una situación de inequidad ante la elección chiapaneca, prevista para el próximo 19 de julio.
“Este aspecto, en particular, a mí me llamó mucho la atención, de hecho tuve serias dudas porque la argumentación esencial en cuanto a esta posible afectación se hace a la luz de que los votantes o de pensar que los votantes pudieran interpretar por la difusión, por las decisiones que se han tomado en el seno del Consejo General (del INE), de que el Partido del Trabajo ya perdió en definitiva su registro, cuando tiene un registro local y está participando con todos sus derechos en la entidad federativa”, agregó.
El magistrado Flavio Galván Rivera consideró que el interventor debe tener también mucho cuidado en el ejercicio de su función porque durante el periodo de prevención el partido sólo podrá pagar gastos relacionados con nóminas e impuestos, por lo que deberá suspender cualquier pago a proveedores o prestadores de servicio.
De igual forma, serán nulos los contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u obligaciones celebradas, adquiridos o realizados durante el periodo de prevención.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
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