Creación de empresas se desploma a niveles peores que la crisis de 2009

Entre abril y junio de este año se inscribieron 4 mil 128 empresas, cifra tres veces más pequeña comparada con el trimestre inmediatamente anterior.

La apertura de nuevas empresas durante el segundo trimestre de este año, que abarca abril, mayo y junio, los meses más duros de la pandemia de COVID-19 en México, se desplomó a niveles no vistos incluso en la crisis económica de 2009.


Un indicador de ello es la drástica caída en la inscripción de personas morales al padrón de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre abril y junio de este año, se inscribieron 4 mil 128 empresas, cifra tres veces más pequeña comparada con el trimestre inmediatamente anterior, enero-marzo (previo a la emergencia sanitaria), cuando abrieron 12 mil 713 compañías.

Opacidad y corrupción han hecho de refinerías en México una mina de oro para pocos: especialista

La operación de las refinerías en México, ahora en constante crisis y en medio de escándalos por corrupción y desvíos de recursos públicos, carece de una estrategia que incluya una estrategia a largo plazo y donde todos los detalles sean abiertos, considera el analista energético Arturo Carranza.

Para la óptima –y necesaria– modernización de las refinerías es fundamental que los procesos de licitación de asignación de contratos se realicen con transparencia, plantea.

Aeroméxico impide viaje a pasajera por estar tatuada

Una joven que tenía su documentación en regla, reservaciones de hospedaje y hasta permiso de Canadá para laborar, fue impedida por empleados de Aeroméxico a realizar su viaje debido a su aspecto físico.

Los trabajadores de la aerolínea decidieron no documentar a la mujer, cuyo nombre no fue revelado, supuestamente porque mostraba tatuajes en gran parte de su cuerpo.

Una fuente anónima, citada por el diario Reforma, refirió: “Pusieron como excusa que no tenía boleto de avión de regreso pagado, sólo reservado, lo cual nunca ha sido requisito para impedir que alguien salga del país”.

Más de 11 millones de mexicanos tendrían agua si no fuera utilizada por mineras: estudio

Más de mil títulos de aprovechamiento de agua otorgados a las mineras en México fueron registrados en 2016, lo que significa 436 millones 643 mil 287 metros cúbicos anuales del recurso que, de no ser utilizados para la minería, abastecerían a 11 millones 962 mil 830 personas en un año, señaló el “Anuario de Industrias Extractivas: Situación actual 2016”.

Aroa de la Fuente, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, explicó que las empresas mineras que consumen los mayores volúmenes de agua en el país suman 184 millones de metros cúbicos al año. Estas empresas son Goldcorp, ArcelorMittal y Grupo México.

Cuestionan a la Semarnat por permitir instalación de planta de cianuro en Guanajuato

SAN LUIS DE LA PAZ, Gto., (apro).- Habitantes de este municipio se organizaron para oponerse a la instalación de una planta de producción de cianuro de sodio –insumo para la extracción de oro y plata por la industria minera- de la compañía Chemours, e interpusieron un documento con severos cuestionamientos a la Manifestación de Impacto Ambiental en manos de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) al considerarla de alto riesgo para la población de la región.

Inicialmente, la planta sería construida en Salamanca, pero el rechazo inicial de la población la frenó para esa ciudad, que registra los más altos índices de contaminación del aire debido a la operación de la planta termoeléctrica de la CFE y la refinería de Pemex.

Además de recabar unas cinco mil firmas, el movimiento que encabeza la “Organización ciudadana ludovicense por el derecho a vivir en un ambiente sano” ha convocado a una marcha que se efectuará este domingo 11 de septiembre en el centro de la ciudad.

En comercios, viviendas particulares y otros edificios se han colocado mantas y letreros con la leyenda “No a la planta de Cianuro”, debido a que su instalación se considera de alto riesgo para la salud y el medio ambiente local, en la que producirían 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año.


En la organización ciudadana participan 150 personas, quienes asesorados por un grupo de expertos –geólogos, un doctor en ciencias y ambientalistas- han encontrado “una barbaridad” en el documento de Manifestación de Impacto Ambiental con el que The Chemours Company pretende obtener la autorización de la Semarnat, por lo que se demanda que la dependencia federal no la otorgue.

Se está exigiendo también al Ayuntamiento que no autorice el cambio de uso de suelo.

El cianuro de sodio es utilizado en el proceso de lixiviación –separación del oro y la plata—de la minería.

La empresa pretende, una vez que consiga los permisos, iniciar la construcción y echarla a andar en los siguientes dos años, con un periodo de operación total de 50 años que se podrían extender “en función del mantenimiento de sus instalaciones” para reducir la importación del cianuro “y apoyar el crecimiento de la industria minera de oro y plata en México”, según refiere en el documento de Manifestación de Impacto Ambiental.

“No pararemos hasta que tengamos en nuestras manos los documentos oficiales que nieguen los permisos a la empresa”, dijo a Apro Guillermo Benítez, integrante de la Organización ciudadana ludovicense.

“Los expertos que nos asesoran nos expresan que el documento es una barbaridad, que no concuerda con la realidad de esta zona del estado. Estamos dispuestos hasta bloquear la carretera federal 57 si es necesario porque sabemos que es una sustancia altamente tóxica y causaría efectos dañinos irreversibles”, advirtió.

Los beneficios ofrecidos por Chemours son menores en comparación con los riesgos que representa la operación de la planta productora de cianuro, añadió.

A la oposición se han sumado la Iglesia católica local y algunas iglesias evangélicas.

Las promesas de Chemours

El 25 de agosto, Chemours dio a conocer que había iniciado los trámites necesarios ante las autoridades de los tres niveles de gobierno para obtener autorizaciones, concesiones y licencias para la construcción de la planta de producción de cianuro de sodio (denominada Proyecto San Luis) “con la tecnología más innovadora, eficiente y segura del mundo”.

“El proyecto representa una inversión de tres mil 200 millones de pesos y la generación de mil empleos, directos e indirectos en San Luis de la Paz, así como la generación de una red de proveedores de servicios que incentivará la economía local.

“Tenemos una trayectoria de más de tres décadas de proveeduría, transporte y manejo seguro en México. El centro de distribución más grande de México se encuentra muy cerca de San Luis de la Paz, en la capital de San Luis Potosí. En 10 años de operación, este centro jamás ha presentado un incidente”, indicó la empresa en un comunicado.

Según Chemours, este proyecto representa “lo más avanzado y seguro del mundo en su tipo, diseñado bajo los más estrictos criterios de sustentabilidad. Es un proyecto técnica y ambientalmente viable que cumple y sobrepasa todos los requisitos de la legislación ambiental y las normas aplicables de los diferentes niveles, tanto federal, estatal como municipal”, además de que el 20% de la inversión está destinada a medidas ambientales, como la reutilización del agua.

“Se protege estrictamente al subsuelo y los mantos acuíferos, al no efectuarse descargas a los mismos”. Tampoco se genera ningún tipo de residuo sólido y se anuncia la inversión en equipos de alta tecnología para reducir al máximo las emisiones a la atmósfera.

“Queremos informar a la opinión pública que nuestro proyecto no representa un riesgo para la salud o la seguridad de las personas, así como tampoco para el medio ambiente, lo cual será evaluado y verificado por las autoridades competentes”, anunció la empresa, que también ofreció un próximo acercamiento con los habitantes de la región para dar a conocer los pormenores del proyecto.

Incredulidad ciudadana

Sin embargo, la reacción de sectores de este municipio muestran su desacuerdo con los compromisos que a futuro ofrece la empresa.

En principio, explicó Guillermo Benítez, por la pretendida ubicación de la planta, en el kilómetro 72 de la autopista 57 –en dirección San Luis Potosí a Querétaro- en una extensión de más de 23 hectáreas de un predio conocido como ex hacienda de Santa Ana, debido a que se trata de una zona de vocación agrícola y ganadera.

Este punto se localiza a 22 kilómetros de la cabecera municipal. La empresa alega que se trata de una zona “alejada de centros de población” y aunque reconoce que es suelo agrícola, afirma que no ha habido movimiento de esa actividad en los últimos dos años.

“Es la Comarca de Laguna Seca, son miles de hectáreas y miles de familias dedicadas a ambas actividades”, contradice Benítez.

Para este proyecto, debe considerarse como zona de influencia no solamente San Luis de la Paz sino otros municipios vecinos, según han expuesto los integrantes del movimiento opositor, tal como ha ocurrido en coyunturas similares en otras regiones del país ante los proyectos mineros y otros relacionados con esta industria.

El estado de la carretera 57 en ese tramo es otra de las preocupaciones de los ludovicenses. “Todos sabemos que la carretera es un bache que empieza en Querétaro y termina en San Luis Potosí, está en pésimo estado y hay accidentes todo el tiempo”, dijo.

Otros criterios por los que se oponen a la instalación de la planta es el de la preservación de especies “que correrían peligro”, así como la carencia de infraestructura para atender una contingencia en una instalación como la planta de cianuro.

Molestos porque han sido ignorados hasta la fecha, los ciudadanos inconformes con la planta refieren que el abatimiento de los mantos freáticos y la explotación irracional del carbón han dejado recursos mínimos a la zona, “y siempre es la decisión de un mismo grupo de empresarios que hacen lo que les da su gana”.

Éstos y otros argumentos esperan presentarlos en el foro que se efectuará el 14 de septiembre en el Centro comunitario de San Luis, como parte del proceso de consulta pública para obtener la autorización de la Semarnat.

A partir de la fecha de la consulta, Semarnat tendrá un plazo de hasta 60 días para emitir la resolución sobre la Manifestación de Impacto Ambiental y la autorización o no al proyecto, independientemente de los trámites ante el gobierno municipal por parte de la empresa.

El tema, concluyó el representante de la Organización ciudadana ludovicense, ya logró “lo que nadie había logrado; conjuntar a gente de todos los partidos, estratos, hasta iglesias, para defender a nuestro municipio”.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA
LINK: http://www.proceso.com.mx/454361/cuestionan-a-la-semarnat-permitir-instalacion-planta-cianuro-en-guanajuato

12 claves sobre la investigación de la ONU a empresas y los derechos laborales en México

El pasado 4 de septiembre, la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla recibió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos para exponerles la situación que han vivido por más de ocho años, en los que han denunciado que les quieren imponer una autopista que partirá la comunidad en dos, a base de violaciones a sus derechos humanos y el quebrantamiento de órdenes judiciales que han ordenado la suspensión de la obra.

Pero no fue la única comunidad a la que escucharon. La visita de la agrupación a la comunidad indígena formó parte una agenda que duró del 29 de agosto al 7 de septiembre, en la que se reunieron con organizaciones de la sociedad civil, representantes de los tres niveles de gobierno y empresas, para discutir las repercusiones que tiene la labor empresarial en materia de derechos humanos.
1. ¿Qué es el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas?

Esta agrupación fue establecida en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011 y está conformado por cinco expertos independientes, que provienen de diferentes partes del mundo. La labor del Grupo de Trabajo se centra en promover que empresas de diferentes ámbitos se comprometan a respetar los derechos humanos, al momento de llevar a cabo sus labores. Y lo hacen a partir de tres principios rectores, que tienen que ver con lo siguiente:

1. El Estado, quien es el responsable de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos.
2. Las empresas, que deben cumplir las leyes hechas por el Estado y respetar los derechos humanos.
3.Los afectados, quienes deben tener acceso a mecanismos de reparación.


A México llegaron dos integrantes: Pavel Sulyandziga, un defensor de derechos humanos de origen ruso, quien actualmente se desempeña como presidente del Grupo de Trabajo, y el chileno Dante Pesce, quien tiene una larga trayectoria de trabajo con organizaciones civiles en su país y a nivel internacional.

2. ¿A qué vinieron a México?

De acuerdo con el informe de resultados preliminares, presentado el 7 de septiembre en conferencia de prensa, el Grupo de Trabajo vino a México por invitación del gobierno mexicano a “identificar iniciativas, oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores de las Naciones unidas sobre empresas y derechos humanos en México”.

3. ¿Con quiénes se reunieron en México?

De manera oficial, ésta fue la primera visita del Grupo de Trabajo a México. En ella, visitaron los estados de Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, donde se reunieron con miembros de diferentes organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. También sostuvieron encuentros con los tres niveles de gobierno y miembros de secretarías como Relaciones Exteriores, Gobernación, Recursos Naturales, Economía. Por último, conversaron con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como de las comisiones de derechos humanos de los estados a los que visitaron, miembros del Congreso de la Unión y empresas como Grupo Bimbo, Grupo México, Cemex, Pemex y la CFE.

4. ¿Con quiénes no se reunieron?

En la conferencia de prensa del 7 de septiembre, donde se dieron a conocer los resultados preliminares de la visita del Grupo de Trabajo a México, los representantes de dicha organización dieron a conocer que, de todas las empresas que aparecen mencionadas en el informe, la única con la que no pudieron reunirse fue con Grupo Higa, la constructora que desarrolla la Autopista Toluca-Naucalpan a la que se oponen los habitantes San Francisco Xochicuautla, pues no respondió a su solicitud que fue enviada vía correo electrónico.

Dante Pesce, representante de la agrupación también señaló que también con respecto al caso Xochicuautla, no pudieron reunirse con autoridades del Estado de México, aunque no especificó las razones. Sin embargo, sí entregaron un cuestionario, cuyas respuestas esperan agregar al reporte final de su visita a México, que presentarán en junio de 2017.

5. ¿Qué contiene su informe? El panorama en México

El informe que presentaron los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos contiene un resumen breve del panorama en México sobre la materia y reflexiona acerca del contexto adverso en materia de derechos humanos al que se enfrenta el país. Pavel Sulyandziga señaló que, en su opinión, en el país existe una crisis en la materia.

“Organizaciones internacionales y nacionales y mecanismos de derechos humanos han puesto de manifiesto los graves problemas de derechos humanos que enfrenta México. Niveles críticos de violencia, inseguridad, e impunidad contrastan con importantes desarrollos legislativos y políticas públicas promovidas por el gobierno”.

En opinión de la agrupación, los representantes de gobierno y empresas con los que se reunieron han aceptado que existe una sensación de intolerancia ante los proyectos a gran escala.

“Nos quedó claro que las principales preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a la empresa están relacionadas con un ejercicio inadecuado de debida diligencia por parte del gobierno y las empresas en el diseño e implementación de proyectos a gran escala. Se trata principalmente protecto en los sectores de minería, energía, construcción y turismo, que afectan a menudo a las comunidades indígenas”, se lee en el documento.

El informe preliminar contiene casos representativos que ilustran la problemática de la relación entre empresas y derechos humanos. Esos caso son: la Autopista Toluca-Naucalpan, el parque eólico en Oaxaca, la contaminación en los ríos Sonora y Santiago (ubicado en el estado de Jalisco) y el despido de Carmen Aristegui por dar a conocer una investigación periodística.

Todos los casos han sufrido el impacto del sector empresarial. “Hay prácticas que realizan empresas, como la industrialización, que hace años eran bien vistas y ahora no lo son. No todos los proyectos que revisamos van a ser viables. Hay casos que el riesgo supera los beneficios”, comentó Dante Pesce del Grupo de Trabajo.

Además, el documento comparte información sobre la situación de los derechos laborales en México, para personas con discapacidad, población infantil, sindicatos, jornaleros y la discriminación de género en el lugar de trabajo. “La situación precaria de los trabajadores contratados temporalmente, falta de acceso a la seguridad social, salarios bajos y un salario mínimo que actualmente no es suficiente para permitir a trabajadores mantenerse a ellos mismos y sus familias”, señala el informe.

Por último, el reporte hace un breve resumen sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México, el trabajo de la CNDH y las comisiones de derechos humanos estatales y los procesos legales a los que en ocasiones tienen que recurrir las comunidades afectadas por proyectos de gran impacto.

6. Caso Xochicuautla

Desde 2007, cuando Enrique Peña Nieto aún gobernaba la entidad, se impulsa la edificación de la Autopista Toluca-Naucalpan. Se trata de una carretera que se construye dentro de una vasta área natural, que es protegida por el gobierno mexicano desde el 8 de enero de 1980, bajo el nombre de Parque Estatal Otomí-Mexica. Los habitantes de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla denuncian que la autopista les está siendo impuesta y ha estado marcada por una serie de irregularidades que no sólo han atropellado sus derechos fundamentales como pueblo indígena, sino que son contrarias a lo que establece la legislación mexicana.

7. Caso parque eólico de Oaxaca

El Grupo de Trabajo se reunió con las partes involucradas en la ampliación del parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, al que se oponen las comunidades indígenas de la zona. Ellos denuncian que, aunque se llevó una consulta para determinar el destino de la obra, ésta fue amañada pues se hizo en un momento en el que ya estaban los molinos de viento en la región sobre la cual se pretendió consultar. En contraste, el informe menciona que, al reunirse con representantes de las autoridades de Oaxaca, les expresaron su frustración por la “cuestión indígena” había hecho que el proyecto se retrasara este proyecto energético.

8. Caso Río Sonora

En Sonora, el Grupo de Trabajo revisó la situación en el Río Sonora, donde ocurrió el vertido tóxico a causa de una minera de cobre, propiedad de Grupo México. Ahí se reunieron con representantes del gobierno, la empresa y las personas afectadas para escuchar las tres versiones de la historia. El informe menciona la preocupaciones que existen en la comunidad, emanadas de las indemnizaciones que habrían de recibir por el daño, pues consideran que son arbitrarias.

También señala que existe un descontento pues, de las 28 plantas de tratamiento de agua que la compañía se había comprometido a construir, solamente hay una terminada y no funciona debidamente.

Por último, el documento narra que, aunque las personas afectadas consideran que no han sido debidamente informadas, representantes de Grupo México señalaron que era papel del Gobierno de la República proporcionar dicha información debidamente.

9. Caso Río Santiago, Jalisco

El Grupo de Trabajo también revisó el caso del Río Santiago, ubicado en Jalisco, del que dijeron es considerado el más contaminado en México, pues recibe descargas de más de 300 industrias, que se localizan en uno de los corredores más importantes del país. El informe de la agrupación menciona que un representante de una de las empresas dijo reconocer los altos niveles de contaminación, aunque señaló que la organización a la que pertenece cumplió con las regulaciones que existían.

“Las autoridades estatales eran muy conscientes del problema, pero subrayaron que se trataba de una cuestión federal y que se llevaron a cabo repetidos esfuerzos para establecer un grupo de trabajo con las autoridades federales que permitiera discutir un plan para la rehabilitación del Río Santiago. También subrayaron que es competencia de las autoridades federales y municipales supervisar el cumplimiento de las normas ambientales”, se deja leer en el informe.

10. Caso Carmen Aristegui y defensores de derechos humanos

Por último, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas dio a conocer el 7 de septiembre que, durante su visita a México, también se reunieron con la periodista Carmen Aristegui, quien en 2015 fue despedida de la empresa en la que trabajaba por una investigación periodística, según argumenta la propia comunicadora.

“Justamente ella realizó una investigación y nadie ha dicho nada en contra de la investigación. Nadie ha desmentido la investigación. Compartió y su caso y debo decir que aquí existe una grave violación de los derechos humanos por parte de la empresa que la despidió”, señaló Pavel Sulyandziga.

11. Conclusiones del informe preliminar

El informe del Grupo de Trabajo de la ONU contiene una serie de conclusiones con respecto a su visita a México, aunque advierten que hay mucho por hacer para mejorar esta crisis de derechos humanos. “Estamos contentos de ver que hay un compromiso por parte del gobierno mexicana para avanzar en la agenda de derechos humanos y empresas. Sin embargo, se requiere de mayores esfuerzos para cambiar políticas públicas, prácticas, pero también mentalidades para comentar una cultura de transparencia, integridad, comportamiento ético y valores democráticos”, concluye el reporte.

12. Recomendaciones al gobierno de México y cuándo las conoceremos

El informe presentado este 7 de septiembre es apenas un trabajo con resultados preliminares. Los representantes del Grupo de Trabajo dieron a conocer que les tomará entre tres y cuatro meses armar el reporte final, que será presentado en junio de 2017, en Ginebra, Suiza, cuando se lleve a cabo la 35 sesión del Consejo de derechos humanos de la ONU.

Sin embargo, antes de que se presente el informe en Suiza, el Grupo de Trabajo dará a conocer las recomendaciones que da al gobierno mexicano, luego de su visita a territorio nacional. Sin embargo, recordaron que éstas no tienen obligatoriedad. Es decir, que los gobiernos que invitan a la agrupación no están obligadas a acoger dichos consejos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: FRANCESC MESSEGUER
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/informe-onu-empresas-derechos-humanos-mexico/

En alerta defensores de la tierra ante criminalización de quienes defienden el Bosque de Nixticul en Zapopan, Jalisco

Ciudad de México | Desinformémonos. La inmobiliaria Spinelli Corporation demandó por la vía penal y civil a quienes conforman el Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil en Zapopan, Jalisco.

https://soundcloud.com/user-514678347/whatsapp-audio-2016-09-06-at-132739

Las y los defensores del bosque son acusados de extorsión y chantaje. La demanda pone en alerta a defensoras y defensores de la tierra y el territorio en México, ante cualquier posible acto de detención ilegal contra los defensores del medio ambiente.

https://soundcloud.com/user-514678347/mario-luna-defensor-del-pueblo-yaqui

Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco; Mario Luna, defensor del Pueblo Yaqui; Claudia Zenteno, defensora ambientalista de Xochimilco y Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) desde diversas regiones de nuestro país exigen a las autoridades estatales y federales el cese de las agresiones contra los ambientalistas de Zapopan y manifiestan su solidaridad para prevenir cualquier acto de represión.

https://soundcloud.com/user-514678347/claudia-zentenodefensora-ambientalista-de-xochimilco

En el mes de febrero de 2015 la inmobiliaria Spinelli Corporation devastó un área forestal colindante con el área natural protegida del Bosque Nixticuil, esto en colusión con la administración municipal priísta de Héctor Robles Peiro, acción que la organización identificó como una injusticia donde se sobreponen los intereses económicos de la élite ante el derecho común al ambiente sano y del derecho  a la vida. 

https://soundcloud.com/user-514678347/omar-esparzamovimiento-agrario-indigena-zapatista-maiz

La demanda contra el Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil fue hecha pública por la empresa el pasado 30 de agosto.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ATZIRI ÁVILA
LINK: https://desinformemonos.org/en-alerta-defensores-de-la-tierra-ante-criminalizacion-de-quienes-defienden-el-bosque-de-nixticul-en-zapopan-jalisco/

Grupo de la ONU recaba información sobre posibles abusos de empresas en Oaxaca

Un Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos comenzó su visita oficial a México, recabando información en Oaxaca, en el sur del país.

Fernanda Hopenhaym, del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), indicó en entrevista que el Grupo de la ONU tuvo el pasado jueves 2 de septiembre reuniones con autoridades locales, y también con ciudadanos, para obtener su testimonio sobre posibles abusos de empresas.
En específico las de la industria eólica, el sector de hidrocarburos y la minería.

El objetivo del Grupo, conformado por cinco personas, es hacerse de información, también entrevistándose con empresarios, para culminar su labor con un reporte.

Hopenhaym mencionó que los integrantes del Grupo no darán comentarios preliminares sobre avances en su investigación, y que su siguiente punto de trabajo es Guadalajara, Jalisco, este viernes 2 de septiembre.

Después se trasladarán a Sonora.

El mandato del Grupo de la ONU es impulsar y monitorear que los países y las empresas cumplan con el respeto a los derechos humanos, y que para ciudadanos afectados haya justicia y reparación del daño.

El pasado domingo 28 de agosto, más de 100 organizaciones ciudadanas dieron a conocer un reporte sobre los abusos más comunes de empresas en México, mismo que entregarían al Grupo de la ONU, para que puedan considerarlo en sus conclusiones.

Entre los abusos que señalaron, al documentar más de 60 casos, están la intimidación y la violación de derecho a la tierra.

Respecto a los sectores donde se detectaron los abusos: en minería y cementeras se dieron 11 casos; en el de hidrocarburos 9; producción de energía mediante hidroeléctricas y parques eólicos y abusos relacionados con los consumidores, 8 casos.

Construcción de infraestructura, 9 casos; agroindustria y forestal, 6 casos; maquilas y corredores industriales, 4 casos, y otros sectores, 8 casos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/grupo-la-onu-recaba-informacion-posibles-abusos-empresas-oaxaca/

Inician paro 60 jornaleros de San Quintín por incumplimiento de empresa

Ciudad de México | Desinformémonos. Un grupo de 60 jornaleros agrícolas iniciaron un paro indefinido en el Valle de San Quintín, Baja California, porque la empresa Berry Mex, filial de Driscoll’s, no les proporcionó el equipo necesario para fumigar los campos.

Lorenzo Rodríguez Jiménez, secretario general del Sindicato de Jornaleros de San Quintín, señaló que los trabajadores son “obligados a fumigar sin lentes, guantes, ropa apropiada ni botas para evitar estar en contacto directo con los agroquímicos. Hasta la fecha ningún jornalero ha resultado con daños en su salud por el manejo de las sustancias, no queremos que alguno enfrente esa situación y por eso la exigencia de que se les proporcione el material de trabajo indispensable”.

Indicó que la empresa aún no envía al apoderado legal para responder a las demandas de los trabajadores, “únicamente son jefes de diferentes actividades quienes han amenazado a los jornaleros a fin de que suspendan sus protestas”.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/inician-paro-60-jornaleros-de-san-quintin/

Impugnan nuevo reglamento y sistema de transporte de Tijuana

Tijuana, BC. Transportistas y organizaciones gremiales de esta localidad tramitaron 900 amparos contra la reforma que regula el funcionamiento del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana (Sitt) –similar al Metrobús de la Ciudad de México y cuyas estaciones ya se están construyendo–, porque el reordenamiento y las concesiones sólo beneficiaron a cinco empresas.

La obra costará mil 400 millones de pesos, aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a fondo perdido, por el Banco Mundial, así como por la banca comercial. El alcalde priísta Jorge Astiazarán Orcí quiere inaugurarla antes de concluir su mandato, en noviembre próximo.

Aunque numerosas calles del centro de la ciudad están en obras para las 45 estaciones, el funcionamiento del Sitt está en litigio, y el ayuntamiento no ha conseguido probar al juez cuarto de distrito en materia de amparo, Francisco Caballero, que el 22 de julio de 2015 sesionó el consejo municipal del transporte para sancionar la reforma al reglamento municipal de transporte público.

El jueves pasado venció el plazo de 10 días que el juez concedió al director de vialidad y transporte municipal, José Luis Hernández Silerio, para remitir una copia del acta de dicha sesión. La autoridad no pudo acreditar que se consultaron con el consejo las reformas que regulan el Sitt, también conocido como ruta troncal.

No hubo tal sesión. Estamos ante la violación de la garantía de audiencia para los transportistas representados en ese consejo. El municipio tenía que consultarlos sobre la redistribución de rutas, señaló el abogado Jorge Luis Fuentes, quien tramita los amparos de un grupo de transportistas.

No es posible que el municipio en 10 días no haya encontrado un documento. Y sería una aberración que estuvieran intentando que los consejeros firmen ahora un documento con fecha retroactiva. Si hacen eso vamos a objetar el documento como falso, apuntó.

Explicó que desde el principio el municipio pretende presentar como prueba un oficio según el cual se realizó tal sesión, en lugar de un acta firmada.

El conflicto está ahora en manos de los jueces. Se han presentado alrededor de 900 demandas de amparo individuales y colectivas contra la reforma al reglamento, publicada el pasado 26 de febrero en el Periódico Oficial del Estado. La principal objeción de los dueños de calafias (microbuses), taxis colectivos y otros medios de transporte es que no se les incluyó en la repartición de rutas alimentadoras del Sitt.

Cinco empresas acaparan 89 por ciento de los permisos que entregó el cabildo el pasado 18 de febrero (La Jornada Baja California identificó 759), cuando también aprobó las modificaciones al Reglamento de transporte público a fin de otorgar todas las facultades al Sitt para el manejo del transporte municipal.

Autotransportes de Pasajeros Urbanos y Suburbanos Calafia de Tijuana SA de CV (Rojo y Crema), cuyo consejo de administración preside Arturo Napo Aguirre, es una de las principales beneficiarias de permisos.

El candidato perdedor del Partido Revolucionario Institucional a la diputación del distrito 13 en los pasados comicios, funcionario municipal hasta diciembre de 2015, cuando se estaba haciendo el reparto de permisos, recibió 145 para igual número de vehículos que llevarán pasajeros de las colonias hasta la ruta troncal.

Autotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana Altisa recibió cuando menos 203 permisos y seis concesiones nuevas; Transporte Urbanos y Suburbanos Tijuana Amarillo y Perla, 157 permisos y cinco concesiones; Transportes Urbanos y Suburbanos Calafia de Baja California, 157 permisos y siete concesiones, y Trasporte Urbano y Suburbano 24 de Febrero, 100 permisos y una concesión.

Los inconformes suspendieron las movilizaciones (mal recibidas por los ciudadanos) y acudieron a cuatro juzgados para presentar amparos. Se dijeron sorprendidos por el alcalde y las autoridades de transporte, pues no se difundió la reforma, que causa perjuicio directo en las rutas establecidas.

Argumentan que las modificaciones contravienen la garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, pues la autoridad excluyó al Consejo Municipal del Transporte (al que los amparados pertenecen) de participar en una reforma que los afecta.

La Ley General del Transporte Público del Estado de Baja California, el Reglamento de transporte público para el municipio de Tijuana y el Reglamento del consejo municipal del transporte estipulan que este último es un órgano de consulta de carácter multisectorial para el estudio, análisis, discusión y evaluación de los problemas del sector, es decir, tiene que conocer y opinar sobre las adecuaciones a la prestación del servicio.

El presidente de dicho consejo, Mario Ortiz Villacorta, es uno de los amparados contra la reforma y el reparto de rutas.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: MIREYA CUELLAR
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/08/29/estados/028n1est

Activistas reportan más de 60 casos de violación contra defensores de DH

Ciudad de México. Un colectivo de más de un centenar de organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil documentó más de 60 casos de violaciones a derechos humanos por parte de empresas en todo el país, principalmente de consorcios ligados a proyectos de minería, infraestructura y energéticos.

En un reporte que será entregado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este lunes inician una visita oficial de 7 días, se señala que en más de la mitad de los casos hubo intimidación y/o ataque contra defensores de derechos humanos, en medio de la crisis de derechos humanos que vive el país.

Entre las violaciones documentadas más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/28/activistas-reportan-mas-de-60-casos-de-violacion-a-defensores-de-dh

El gobierno de México quita concesión a empresa que controlaba el ferrocarril la Bestia

El gobierno mexicano informó este martes 22 de agosto que tomó el control de la ruta ferroviaria conocida como la Bestia, que es utilizada por migrantes centroamericanos que se cruzan México rumbo a Estados Unidos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) dijo que retiró la concesión de operación del ferrocarril Chiapas-Mayab a la empresa privada que lo gestionaba. Señaló que la decisión fue tomada para promover la inversión y rehabilitación de la línea ferroviaria.

“Por causas de interés, utilidad públicos y seguridad nacional, la SCT declaró el rescate de la concesión otorgada en favor de la Compañía de Ferrocarriles Chiapas–Mayab, S.A. de C.V., respecto de las vías generales de comunicación ferroviaria Chiapas y Mayeb”, detalló la dependencia federal.

Las vías de ferrocarril de la Bestia, cerca de la frontera guatemalteca, resultaron dañadas por el huracán Stan en 2005. Además, muchos tramos de la línea están en malas condiciones.

Sin embargo, muchos migrantes continúan caminando al lado de la vía en su intento de llegar a EU.

En un comunicado difundido este martes, la SCT informó que a partir de la legal notificación de la determinación que contiene la Declaratoria de rescate, la concesión queda extinguida y sin efectos.

De acuerdo con la resolución, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los bienes materia de la concesión volverán de pleno derecho a la posesión, control y administración de la SCT.

Las dependencia añadió que ingresan a su patrimonio la totalidad de los bienes, derechos, equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la concesión.

La SCT dijo que autorizó a la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab a retirar y disponer de los bienes, equipos e instalaciones de su propiedad afectos a la concesión.

Para ello, la compañía tiene un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de la legal notificación de la mencionada declaratoria.

Agregó que la indemnización se determinará conforme a las bases determinadas en la resolución del DOF, en tanto que será la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal quien vigilará el cumplimiento del resolutivo.

La concesión se otorgó en 1999 a la compañía para “la operación, explotación y conservación de las vías cortas Chiapas y Mayab, así como de los bienes de dominio público y la prestación de servicio público de transporte ferroviario de carga en las vías de referencia”. La última modificación fue en 2012.

Uno de los accionistas de la compañía ferroviaria pertenece a Infraiber, firma de tecnología en litigio con la constructora OHL México. Infraiber ha acusado que la constructora ha sido favorecida por el gobierno mexicano. 

Con información de Notimex y AP. 

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: NOTIMEX Y AP
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/gobierno-mexico-quita-concesion-empresa-controlaba-ferrocarril-la-bestia/

Señalan compromisos del alcalde de Zapopan con constructora

Evidentes, vínculos con IP; fue presidente de Coparmex Jalisco en 2008: abogado
Los habitantes, con asesoría de litigantes, acordaron llevar al ámbito federal la exigencia de cancelar los permisos para edificar una miniciudad en sitio contaminado con metales pesados

Habitantes de varias colonias del municipio de Zapopan, Jalisco, que se oponen a la construcción de una miniciudad en un terreno de 450 mil metros cuadrados que está plagado de tóxicos, se reunieron este lunes con abogados especialistas en temas administrativos y acordaron que llevarán sus exigencias al ámbito federal.

Uno de los legistas entrevistados por La Jornada informó que los colonos de la zona no confían en el alcalde de Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro –quien llegó a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano el 1º de octubre de 2015–, ya que de 2008 a 2011 fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco.

No descartamos que el presidente municipal, Pablo Lemus, se esté negando a cancelar los permisos de construcción a la firma Quest Media (encabezada por el empresario Jorge Gómez Vivanco, sobrino del afamado arquitecto y artífice de varias edificaciones modernas en Jalisco José Manuel Gómez Vázquez Aldana) por tener compromisos mercantiles o personales con ella, dijo el litigante, quien pidió no mencionar su nombre.

Lemus Navarro fue titular de la Coparmex local y llegó (ahí) por invitación del empresario Juan José Frangie (actual jefe de gabinete en el municipio de Zapopan), quien fue presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la misma confederación patronal, por lo que sus vínculos con los empresarios son más que evidentes, agregó.

En su edición de ayer, este diario informó que el terreno de 450 mil metros cuadrados que hasta 2012 albergó la planta de Kodak en Zapopan, Jalisco, donde se proyecta construir en próximos meses una miniciudad –que incluirá áreas industrial, comercial, hotelera y de vivienda–, está contaminado con cromo, mercurio, plata, plomo y cadmio, según consta en un memorando elaborado por la dirección de ecología del municipio de Zapopan.

Este informe tiene el fin de ir alertando sobre los posibles avances de los trabajos de gestión de los desarrolladores ante este ayuntamiento, en la dirección general de obras públicas y en las áreas de planeación y control territorial. Se indica por ello que se ponga especial atención en el estudio de impacto ambiental, ya que lo encontrado en el terreno pone en riesgo la salud pública, refiere el documento enviado el 11 de noviembre de 2014 al presidente municipal de Zapopan.

En la mayor parte de la miniciudad se construirá vivienda de clase alta y media alta, por lo que vecinos de la zona han enviado cartas al alcalde Lemus para señalarle que es necesario negar los permisos de construcción y lanzar advertencias a los posibles compradores, ante el peligro que representará para su salud vivir en ese desarrollo.

La firma Quest Media, contratada por los propietarios del inmueble para las edificaciones, ya tiene listo el plan maestro para construir el proyecto, que incluirá un centro comercial de 135 mil metros cuadrados, con 185 locales.

La compañía es encabezada por el empresario Jorge Gómez Vivanco y cuenta con el apoyo del grupo IQ Real State, de José Luis Quiroz, que se encargará de vender el centro comercial, programado para 2017.

La empresa promotora de inversión Motfour, una sociedad anónima relacionada con Grupo Quest, adquirió a principios de 2012 los terrenos en Zapopan donde operaba Kodak.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/08/23/sociedad/031n1soc

El SAT investiga a 21 funcionarios de Quintana Roo involucrados en despojo de bienes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició de oficio una investigación de las operaciones realizadas por funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Quintana Roo, que terminaron en el despojo de bienes y recursos a empresarios en el estado. Hasta ahora ha identificado a 78 implicados (individuos y empresas), entre ellos 21 servidores públicos.

Las referidas operaciones están siendo revisadas y confrontadas con la base de datos del SAT para identificar si existen irregularidades fiscales que pudieran representar algún delito, toda vez que varias de ellas debieron derivar en declaraciones y pagos de impuestos.
Lo anterior fue revelado por el SAT a Animal Político en respuesta a un cuestionario de ocho preguntas que se le envió al organismo para conocer si habían intervenido en el caso, y de ser así, los avances en la investigación.

El 6 de julio pasado un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y Expansión, retomado por Animal Político, titulado “Los Piratas de Borge: El saqueo institucionalizado de bienes” reveló que un grupo de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Quintana Roo estaban involucrados en una serie de operaciones para despojar a particulares de terrenos y hoteles en Tulum, embargar condominios en Cancún, e incluso apoderarse departamentos de lujo para después venderlos a mitad de precio.

Estas operaciones en el papel parecen legales, pero  la investigación periodística documentó posibles irregularidades, como por ejemplo demandas laborales utilizadas para lograr el despojo de hoteles a nombre de exempleados que dijeron tener un sueldo mensual de más de 750 mil pesos.

Estas y otras acciones contaron con el aval de funcionarios del gobierno estatal como el exdirector del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Quintana Roo, Carlos Lima; el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda.

El SAT subrayó que, como resultado de un primero análisis de la información publicada del caso, se identifican al menos cuatro tipos de operaciones que debieron tener repercusiones fiscales, lo que será revisado de forma minuciosa.

Señaló que conformidad con su Ley, está facultado para actuar de oficio  con base en denuncias públicas, toda vez que tiene la atribución de vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, incluso, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones. De ahí que iniciara una revisión de lo informado por el reportaje.

A continuación Animal Político presenta el cuestionario con las respuestas íntegras de los funcionarios del SAT.

1.- ¿El SAT tiene en integración alguna investigación derivada del reportaje periodístico publicado el pasado 6 de julio elaborado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y publicado en Expansión y Animal Político, y en el que se revelan operaciones que aunque legales en apariencia por la mecánica con que fueron realizadas parecen más bien despojos orquestados por funcionarios de la administración de Rodrigo Borge en Quintana Roo? Si es así ¿cuáles son sus alcances y primeros resultados?
El Servicio de Administración Tributaria inició el análisis de la información publicada y se están haciendo confrontas con la información con que se cuenta en las bases de datos institucionales a fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a que hubiera lugar por ciertas operaciones denunciadas.

 De la información pública se presume la realización de actos que pudieran tener efectos o repercusiones fiscales:
 1-Transmisión de propiedad inmobiliaria por adjudicación judicial y adquisición de bienes.
 2-Indemnizaciones por separación o terminación de la relación laboral.
 3-Pago de sueldos y salarios a empleados que acreditan relación laboral en juicios, que obliga el pago de retenciones del ISR y demás obligaciones en materia de seguridad social.
 4-Obtención de flujos financieros por el congelamiento y retiro de recursos en cuentas bancarias.

2.- ¿A cuántas personas físicas y morales se investiga por este caso y cuáles son?
A la fecha se conoce la participación directa e indirecta de 78 personas, de las cuales 57 son personas físicas y 21 son empresas.  
No es posible revelar los nombres de las personas por la obligación que tienen los funcionarios de la Institución de guardar absoluta reserva de la información fiscal, de conformidad con el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.- En el caso particular de los presuntos ex trabajadores que habrían percibido salarios arriba de 700 mil pesos y que mediante los mecanismos descritos en la investigación periodística –querellas con irregularidades-ganaron juicios laborales, ¿ya se verificó su situación fiscal? ¿Han declarado ese nivel de ingresos y cubierto los impuestos correspondientes?
Aún se encuentra en proceso la revisión y análisis de la información. Del avance a la fecha no se puede hacer mayor revelación a fin de cuidar el debido proceso y las formalidades legales de la actuación de la autoridad.

4.-Además el reportaje habla de poco más de 20 trabajadores que se han visto beneficiados con estos laudos laborales. ¿Ya se identificó a todos ellos y si cubrieron los impuestos correspondientes? Y si hay más ex trabajadores en esta situación ¿cuántos son?
Misma respuesta anterior.

5.-Como resultado de estas investigaciones ¿el SAT ya impuso sanciones a personas físicas o morales (cancelación de certificados fiscales, inclusión en alguna de las listas públicas por irregularidades)?
Dada la etapa de análisis y revisión de la información; y del inicio de las actuaciones aun no se determinan sanciones.

6.-Respecto a la venta de propiedades mencionadas en el reportaje, ¿se verificó ya si el procedimiento se hizo conforme a lo que marca la ley y si se cubrió la carga tributaria correspondiente?
En el ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal se podría conocer si la transmisión de la propiedad inmobiliaria, ya sea por mandato judicial o por acto voluntario como es la supuesta compra venta de bienes entre particulares, cumplió con las formalidades legales para efectos del  cumplimiento fiscal que cada una de estas operaciones conlleva.

 7.- Hay servidores públicos en activo y ex servidores públicos en activos a los que el SAT esté investigando por este reportaje. Si es así ¿quiénes son y cuál es el motivo?
De las 78 personas físicas que a la fecha se ha identificado su participación en la denuncia pública, 21 de ellas se desempeñaban como funcionarios públicos cuando ocurrieron los hechos.

8.-El reportaje menciona el congelamiento de cuentas bancarias a las empresas Pochteca y Panigrupo para hacer efectivo el pago de laudos laborales, y de las que luego se retiraron millones de pesos. ¿El SAT conoció de este procedimiento por lo que hace a su ámbito de competencia? ¿Se cubrieron los impuestos correspondientes?
No corresponde al SAT el conocer el congelamiento de cuentas por mandato de instancia judicial, sin embargo, cuando se realizan retiros de fondos para el cumplimiento de pagos de laudos condenatorios o acuerdos de indemnización por terminación de una relación laboral pudiera existir la obligación hacer retenciones de ISR dependiendo de la cuantía de los pagos realizados, sin embargo también nos encontramos en la investigación correspondiente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: ARTURO ANGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/sat-investiga-funcionarios-quintana-roo-despojo-bienes/

Sin seguridad social, la mayoría de trabajadores en outsourcing

Sólo una de cada 9 empresas de tercerización está registrada ante el IMSS: Manpower
Muy pocas de estas compañías pagan impuestos completos y menos permiten auditorías

Solo una de cada nueve empresas de tercerización que operan en el país está registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguró la firma de contratación de personal Manpower, con base en cifras del reporte Staffing Industry Analysts 2016.

Lo anterior implica que la mayoría de los trabajadores en dicha modalidad de contratación no cuentan con los beneficios de la seguridad social como patrimonio para su retiro, cesantía y vejez, así como garantizar su acceso a la atención médica en clínicas y hospitales del IMSS en caso de enfermedad.

El reporte de Staffing Industry –consultora global en soluciones de personal y mano de obra– detalla que de las empresas de tercerización que sí tienen a sus trabajadores en el Seguro Social en México, apenas cuatro de cada 10 pagan las cuotas correspondientes al IMSS, con lo cual los trabajadores acceden a beneficios inferiores a sus niveles reales de ingresos.

La tercerización (también conocida como outsourcing o subcontratación), es una práctica a través de la cual una empresa contrata a otra para la prestación de servicios temporales y especializados que a la primera no le sería rentable ni productivo asumir.

Sin embargo, diversos analistas han denunciado que en México dicho esquema se ha utilizado para despojar a los trabajadores de derechos elementales como un salario justo, una jornada de trabajo digna, seguridad social y estabilidad laboral.

Uno de los casos más comunes en el país es el de los trabajadores que laboran en empresas que prestan el servicio de limpieza a otras compañías.

De acuerdo con Manpower, en México existen unas 900 compañías de tercerización, de las cuales apenas 100 cumplen con la obligación de registrar a sus trabajadores en el Seguro Social.

Detalla que de esas 100 empresas, 40 pagan las cuotas completas, y de ellas apenas 20 permiten auditorías legales de impuestos.

La semana pasada el Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) un informe sobre la situación de los derechos laborales de 4.9 millones de personas que se encuentran bajo el régimen de subcontratación.

En el dictamen, aprobado por la Comisión Permanente, se indica que cerca de 4.9 millones de mexicanos laboran bajo el esquema de outsourcing y que México ocupa el quinto lugar en la industria de la subcontratación en América Latina, la cual tiene un valor de mercado de mil 457 millones de dólares anuales.

El objetivo del informe solicitado por el Congreso es evitar la simulación en el cumplimiento de prestaciones y derechos laborales, entre ellos los de seguridad social y crédito para vivienda.

Héctor Márquez, director comercial de Manpower Group México, Caribe y Centroamerica, dijo este lunes a través de un comunicado, que existe gran número de trabajadores en el país contratados bajo esa modalidad que están en situación incierta y no cuentan con las prestaciones que marca la ley o sólo reciben una parte proporcional.

FUENTE: LA JORNADA

AUTOR: JUAN CARLOS MIRANDA

LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/08/16/economia/022n1eco

Pemex cancela el servicio médico a sus trabajadores en Sonora

No ha cubierto pagos de servicios garantizados en contrato
A los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Sonora les suspendieron los servicios médicos a que tienen derecho, por lo que iniciaron movilizaciones para exigir que los restablezcan, ya que directivos de la empresa les señalaron que mejor se atiendan en clínicas y hospitales privados; que paguen de su dinero, exijan los recibos correspondientes; posteriormente les darán el rembolso de los gastos.

Integrantes de la sección 40, delegación 11, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana encabezados por su secretario general, Carlos Medina, iniciaron acciones de protesta esta semana, para denunciar que se quedaron sin esta prestación los sindicalizados y sus familias.

Dicha sección explicó, en un comunicado, que, según la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, tienen derecho al servicio médico privado, pero éste ha sido cancelado en clínicas y hospitales de la entidad, debido a que la empresa ha incurrido en falta de pagos por el otorgamiento del mismo.

La representación sostuvo que llevan una semana sin esta atención médica, la cual fue suspendida tanto a los trabajadores activos, como a jubilados de todo el estado de Sonora, e incluso de Baja California.

En estos momentos existe el riesgo de que además de que no están siendo atendidos, se pueden presentar enfermedades o accidentes graves de ellos o sus familiares, es decir, emergencias a las cuales los trabajadores no tienen cómo hacer frente, indicó en su escrito la sección 40.

En las movilizaciones han participado trabajadores de la Terminal Marítima de Pemex-Guaymas, así como de ductos, y diversas áreas de las instalaciones de la petrolera, así como personal administrativo, expuso Carlos Medina, quien agregó que si no se arregla esto, vamos a radicalizar la protesta hasta que se resuelva.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: PATRICIA MUÑOZ RÍOS
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/07/07/sociedad/036n2soc

Moderno esclavismo en maquiladora finlandesa

Ciudad, Acuña, Coahuila.
Sometidos a violaciones en sus derechos laborales y humanos, trabajadores de la trasnacional finlandesa PKC Arneses y Accesorios sobreviven con salarios apenas arriba del mínimo, carecen de libertad sindical, no pueden ir al baño sin autorización de un supervisor y sus jornadas son de nueve horas de pie, además de que sus espacios no tienen ventilación adecuada y no los dejan ni tomar agua.

Todo lo anterior es avalado por un sindicato de protección de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que dirige Tereso Medina.

En entrevistas realizadas a decenas de trabajadores –las cuales se llevaron a cabo en sus hogares–, mostraron los recibos de sus salarios. Perciben en promedio de mil 700 a mil 800 pesos quincenales. Pero la mayoría pagan créditos de vivienda u otros préstamos que les reducen sus ingresos a 700 pesos o menos. Mostraron incluso un recibo de 400 pesos por una quincena de trabajo.

Las obreras y obreros –que en buena parte son originarios de otros estados, como Veracruz o Chiapas– hablan de su situación, de que no importa si tienen 10 o 20 años en la empresa, ya que ganan lo mismo.No tienen revisiones salariales anuales ni conocen su contrato; lo único que aumenta son las cargas de trabajo. Señalan que están en una condición laboral de ‘‘moderna esclavitud’’.

Denuncian que las amenazas y represión de la empresa contra los más de 7 mil 500 trabajadores se han acentuado, porque, por segunda ocasión, el Sindicato Nacional de Mineros, que dirige Napoleón Gómez Urrutia, demandó la titularidad del contrato colectivo de PKC Arneses y Accesorios, y en las próximas semanas habrá un recuento para definir cuál gremio tendrá la representación laboral. La trasnacional incluso contrató a un grupo de sicólogos para que hablen con los trabajadores y los convenzan de que voten por el sindicato de la CTM.

Los intimidan al advertir que la empresa va a cerrar, que más vale ganar poco que nada, que si votan por el gremio minero irán a la calle; también mandaron encuestadores para que saber por cuál sindicato votarán. A los team leaders o jefes les pidieron que firmen cartas que garanticen que van a apoyar al gremio de protección. La empresa, junto con el sindicato de Tereso Medina, auspicia una campaña sucia y de miedo en medios locales, en los que contrataron 45 días de anuncios y pronunciamientos contra la organización minera.

Hablan trabajadores.

(Ante amenazas sufridas, los obreros pidieron el anonimato y no permitieron fotografías, por lo que sus nombres fueron cambiados).

Guadalupe tiene más de 20 años laborando en la planta tres de PKC Arneses y Accesorios y como operadora gana 125 pesos diarios.

Señala que la labor es muy pesada y los trabajadores sufren de problemas del cuello, hinchazón de piernas y úlceras varicosas, pero no los dejan sentarse, únicamente a las embarazadas. Añade que tienen permiso de ir al baño sólo dos veces, pero con autorización del supervisor y con un tiempo contado de 10 minutos, y que, como ella fue tres veces en un día, la sancionaron.

En el mismo tenor, Jorge, quien cumplió 14 años, dice haber laborado en otras maquiladoras de esta ciudad, y Arneses es la que peor trata a los trabajadores, pues quienes tienen accidentes son despedidos porque eso no debió pasar. Relató que la semana pasada un obrero fue a renunciar, porque ya estaba muy enfermo, y le dijeron que pasara en tres días por su finiquito; cuando volvió, no lo dejaron ni entrar a la empresa y no le entregaron nada, porque ya no laboraba ahí.

Otra trabajadora, de nombre María, originaria de Veracruz, y quien lleva seis años en la planta 3, nos recibe en su vivienda, la cual renta, y dice que no puede aspirar a un crédito Infonavit, porque no lo podría pagar, apenas sobrevive con lo básico. Menciona que la empresa está efectuando paros técnicos en algunas plantas, y a los obreros les descuentan 100 por ciento de los días inhábiles o se los toma a cuenta de vacaciones. Que les aumentaron el salario sólo a 500 trabajadores, en su mayoría jefes, y que les ofrecen despensas a las madres solteras, para comprar su voto en favor de la CTM, además de que los amenazan con que deben cuidar su empleo.

José, de la planta 4 y quien tiene cuatro hijos y es de Veracruz, indicó que no les dan ni el aumento de dos a tres pesos que fijan cada año a los salarios mínimos; que los operadores deben completar un promedio de 200 arneses diarios, y hacen procesos de aproximadamente 2 mil series por trabajador; no los dejan ni ir al baño y tienen cero prestaciones; antes había préstamos, pero hasta eso quitaron. La gente quiere un cambio, porque la CTM nos tiene así de fregados. Dijo que apenas el sindicato minero reveló el contrato que tiene firmada la empresa, y resulta que en promedio les pagan 20 pesos menos de sueldo que está establecido en ese documento.

Un cortador de la planta 5, llamado Manuel, detalló que la empresa firmó el contrato colectivo con el sindicato cetemista de espaldas a los trabajadores y sin consultarlo; destacó la gran inconformidad por la actuación de Tereso Medina, que hasta se vanaglorió de haber conseguido 500 aumentos para jefes y supervisores, lo cual fue indignante para los obreros, así como el hecho de que estén entregando despensas a unos cuantos.

Otro más, que realiza planos de los prototipos, indicó que gana 143 pesos por día –apenas dos salarios mínimos–. Por el pago de su crédito de vivienda percibe 700 pesos quincenales. Dice que realiza el trabajo que debían hacer ingenieros, pero con sueldo sumamente castigado. Además, en esta región, donde las temperaturas son extremas y superan a veces los 50 grados centígrados, no les permiten tomar líquidos.

Se prevé que las próximas semanas la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenará un recuento de este conflicto –el cual se podría efectuar a finales de julio o principios de agosto–, ante ello empresa y sindicato de la CTM han exacerbado la presión sobre los trabajadores, según comentaron ellos mismos. Detallan que Tereso Medina se dice amigo del actual gobernador de Coahuila.

En tanto, la representación del Sindicato Nacional de Mineros en Ciudad Acuña denunció que además de las múltiples violaciones laborales y a los derechos humanos de los trabajadores de PKC Arneses y Accesorios, la empresa tiene metidas las manos en el proceso del recuento y no ha permitido la libertad sindical, violando la Ley Federal del Trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A petición de los trabajadores que no tenían sindicato, el gremio que dirige Gómez Urrutia presentó la primera demanda de titularidad del contrato colectivo de trabajo, a lo que la empresa se adelantó e impuso un sindicato de protección. En octubre de 2012 se llevó a cabo el primer recuento, el cual estuvo plagado de irregularidades, fraudes y amenazas a los trabajadores. En una votación de 7 mil 366 participantes, la diferencia a favor del gremio cetemista fue de apenas 198 votos. Por lo que ahora ha presentado la segunda demanda de titularidad.

Esta organización ha realizado una labor contracorriente, ya que ha desnudado el contrato de protección de la CTM, lleva a cabo volanteo sobre sus derechos, denuncia de violaciones, mítines y perifoneo diario en las plantas, para alertar a los trabajadores de que pueden cambiar sus condiciones laborales y humanas en esta maquiladora.

En tanto los trabajadores advierten que hay desesperación y hartazgo por esta situación de moderno esclavismo en el norte del país.


FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: PATRICIA MUÑOZ RIOS
LINKK: http://www.jornada.unam.mx/2016/07/04/politica/040n1pol