Exoperadores de Gordillo eluden declarar en juicio contra dueño de empresa fantasma

CIUDAD DE MÉXICO: Cuatro integrantes de la red de operadores financieros que ayudaron a Elba Esther Gordillo a “dispersar” recursos del sindicato magisterial, dinero que terminó en los bolsillos de la maestra, no se presentaron hoy a declarar en el proceso que se le sigue por evasión fiscal a Mauricio Urtaza, dueño de una de las empresas “fantasma” creadas para evadir la justicia.


A petición de Urtaza, el titular del 14 Juzgado de Distrito en Procesos Penales Federales citó a Pedro Ramírez Campuzano, Alejandro Rivera Campuzano, Enrique Martínez Ríos y Alejandro Rivera Young para que explicaran por qué recibieron diversas cantidades de dinero de la empresa “fachada” Servicios Financieros DC, sin embargo, los exoperadores de Gordillo no acudieron al requerimiento judicial.

Mauricio Urtaza, dueño junto con Alejandro Rivera Young de la empresa Servicios Financieros DC, es acusado de evasión fiscal por 22 millones de pesos, según la causa penal 10/2015.


Su empresa se encargaba de recibir el dinero que, previa autorización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la SEP descontaba a maestros como pago a servicios contratados con las firmas Crédito Maestro, ConSuPago y Kondinero.

Estas tres empresas enviaban el recurso descontado a los mentores a Servicios Financieros DC, y luego Mauricio Urtaza, por instrucciones de Enrique Martínez Ríos, depositaba parte del dinero en tres empresas en el extranjero vinculadas a Gordillo.

Otras cantidades se depositaban a Javier Moreno Valle, a Pedro Ramírez Campuzano, a Juan Díaz de la Torre, actual líder nacional del SNTE, y a José Manuel Díaz Flores (Proceso 2066, 2069 y 2071). Y este último a su vez lo dispersaba entre líderes sindicales de los estados.

Mauricio Urtaza manejó por lo menos 200 millones de pesos durante el par de años en que operó y constituyó la empresa Servicios Financieros DC por órdenes de Martínez Ríos y Ramírez Campuzano, pero el empresario ahora sometido a proceso nunca pagó impuestos al gobierno, “pues todo el dinero que entraba salía en los depósitos que hacía a las personas mencionadas”, declaró en diversos momentos a la revista Proceso.

Sin embargo, como estas operaciones se realizaron vía transferencias electrónicas, las que pasaban por diversos bancos, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) las detectó y por ello acusó a Urtaza de evasión fiscal por un monto de 22 millones de pesos.

Como pruebas de descargo, Mauricio Urtaza presentó toda la documentación que comprueba las transferencias vía depósitos por internet.

Y la razón por la que solicitó la declaración de las cuatro personas que hoy no se presentaron fue para demostrar que él no se quedó con el dinero y que por lo tanto quienes debieron pagar los impuestos fueron los exoperadores financieros de Gordillo.

A Enrique Martínez Ríos se le quería cuestionar sobre las instrucciones que vía correo electrónico daba a Urtaza para la “facturación y dispersión del dinero”.

Alejandro Rivera Young debe explicar por qué como contador de Servicios Financieros DC nunca presentó la declaración de impuestos; también demostrar que Pedro Ramírez Campuzano era el “enlace” entre el SNTE y las empresas y de que era el operador de la maestra Elba Esther Gordillo.

Con sus declaraciones, más la documentación ya entregada al juez, Urtaza pretendía poner de manifiesto que ellos se quedaron con el dinero y por lo tanto fueron quienes evadieron al fisco.

Las autoridades judiciales no han relacionado la causa penal de Mauricio Urtaza con la de Gordillo quien está acusada de lavado de dinero, delincuencia organizada y evasión y defraudación fiscal.

Por cierto, apenas el lunes 14 la exllideresa magisterial fue exonerada de este último ilícito, Mientras que su abogado Antonio del Toro dijo este miércoles en entrevista radiofónica que solicitará se declare como “cosa juzgada” el delito de defraudación.

A pesar de que la empresa de Mauricio Urtaza es sólo una parte del entramado financiero que Martínez Ríos y Ramírez Campuzano idearon para “ordeñar” al SNTE y que los recursos terminaran en los bolsillo de Gordillo, según declaró a Proceso el propio Urtaza, ambas causas penales se han investigado por separado, pese a que existe un vínculo entre ambas: José Manuel Díaz Flores.

Díaz Flores fue detenido el 13 de febrero de 2013 por los mismos cargos que Gordillo y su caso forma parte de la misma investigación.

Él también es uno de los peones utilizados en el entramado financiero que llevó a acusar a Mauricio Urtaza, pues recibió millones de pesos de parte de éste para que a su vez los distribuyera entre dirigentes sindicales estatales.

De operador a cónsul honorario

Pedro Ramírez Campuzano, uno de los llamados a declarar en el caso de Mauricio Urtaza y que eludió el llamado judicial, entregó mediante sus abogados un escrito al titular del Juzgado 14 de Distrito, donde alega que es “cónsul honorario de Ucrania” y que vive en Baja California, razón por la que no se podía desplazar a la Ciudad de México para declarar.

Ramírez Campuzano es hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien diseñó obras emblemáticas de la Ciudad de México, como el estadio Azteca o el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Enrique Martínez Ríos es un exfuncionario de la década de los ochenta; él y Alejandro Rivera Young, también a través de sus abogados, se dijeron enfermos, por lo que no podían asistir a la audiencia.

Y sólo Alejandro Rivera Campuzano, primo de Pedro Ramírez Campuzano, estuvo presente, sin embargo, cuando iba a dar inició la audiencia ésta se suspendió como parte de la estrategia de la defensa de Mauricio Urtaza.

Por la intrincada dispersión de recursos que el SNTE realizó con empresas que otorgan créditos a maestros se abrió la causa penal 10/2015 radicado ante el juez 14 de Distrito en Proceso Penales Federales en la capital del país.

Es por ello que el dueño de la empresa “fantasma” encargada de dispersar las “ganancias” o “utilidad” que obtenían Crédito Maestro, Kondinero y ConsuPago, debido a los elevados intereses que cobran a los docentes (entre 60 y 180%), y sus operadores enfrentan el delito de “defraudación fiscal equiparable”.

Los movimientos de la empresa Servicios Financieros DC fueron motivo de sospecha por parte el SAT, que en 2011 realizó una auditoría fiscal sin que estuvieran presentes los propietarios. En marzo de 2015 detuvieron a los operadores de ésta, pero nunca fueron citados ante el MP, según consta en los escritos que forman parte de la causa penal 10/2015.

Desde el punto de vista de la parte acusada, el fisco sólo se preocupó por los ingresos de 129 millones, pero nunca por lo que salió (misma cantidad), es decir, todos los pagos que la empresa realizó vía SPEI (depósitos electrónicos) a diversas personas, las transferencias a tres empresas en el extranjero y los pagos a compañías de seguridad de valores para que trasladaran el dinero en efectivo que salía de Servicios Financieros DC.

En los documentos judiciales la parte acusada señala que el Código Fiscal de la Federación establece “las salidas” de dinero como parte de comprobación ante el SAT, Sin embargo, ello no ha sido aceptado por parte del juez como prueba de descargo.

En el documento judicial de la casusa 10/2015 se detallan pagos al extranjero (con fecha, número de orden de pago e importe) por un total de 12 millones 55 mil 956 pesos con 87 centavos.

Además, pagos vía SPEI “por cuenta de terceros” por un monto de 20 millones 642 mil 886 pesos, donde los terceros son Crédito Maestro, Kondinero y ConsuPago.

Y para el caso de las entregas en efectivo, se establece un monto de 11 millones 737 mil 433 para Pedro Ramírez Campuzano.

“Entregas realizada en efectivo al domicilio ubicado en el número 170 de Avenida de las Fuentes, en el Pedregal San Ángel de esta ciudad, por la empresa de transporte de valores Grupo Mercurio de Transportes SA (Grumer) para ser entregado a Pedro Ramírez Campuzano”.

Luego aparecen las fechas de los envíos con sus respectivos importes.

También aparece la relación de poco más de 10 millones en “transferencias electrónicas vía SPEI a Enrique Jorge Martínez Ríos” a sus cuentas de Bancomer, HSBC y Banamex, con sus respectivas clabes interbancarias.

A Juan González Pérez se le detectaron depósitos en Bancomer por poco más de 5 millones de pesos, y a Consultoría Internacional por 4.4 millones. A José Manuel Díaz Flores por 6.4 millones en su cuenta de Santander. Este personaje se encuentra detenido por la misma causa de la maestra Elba Esther Gordillo.

Incluso figuran en el documento entregado al juez 14 de distrito depósitos vía SPEI por 6.6 millones de pesos a Servicios Administrativos Espival SA, así como a tres empresas en el extranjero por un monto de 12 millones 55 mil 956 pesos con 87 centavos, entre ellas Pineapple Holdings LLC, Goat Enterprises LLC y CV Temple Corporation.

Los involucrados han considerado que el juez de su causa lo “es por consigna”. Desde 2011 se sabía de los movimientos de la empresa, pero no fue hasta 2015 en que son detenidos los exoperadores financieros, dos años después de que Gordillo y José Manuel Díaz Flores fueron consignados.

En la causa 10/2015 los imputados han solicitado al juez que cite a declarar a todas las personas a las que se les depositó el dinero, sin embargo, según aquéllos, el juez negó la petición, pues dijo que “no había relación con los hechos y lo que había pasado con el dinero”.

También se solicitó al juez que pida a la empresa Grumer –que hacía las entregas en efectivo en Avenida de las Fuentes 170– un informe sobre a quién y donde llevó esos más de 11 millones de pesos.

Mauricio Urtaza logró que se le fijara una fianza de 2 millones de pesos para seguir el proceso en libertad, sin embargo, se rechazó el bien que se ofreció por ello.

Los nombres que aparecen en toda la trama financiera ilegal del SNTE y los créditos de nómina para el magisterio son Pedro Ramírez Campuzano, Enrique Martínez Ríos, Alejandro Rueda, las empresas Kondinero, Crédito Maestro y ConsuPago.

Y entre los presuntos beneficiarios figuran José Manuel Díaz Flores, detenido junto con Gordillo en febrero de 2013; Enrique Martínez Ríos, Jaime Gonzaga Charola y Juan González Pérez.


Además de la empresa mexicana Servicios Administrativos Espival; la radicada en Holanda Temple Corporation CV, y las dadas de alta en Texas, Pineapple Holdings LLC y Goat Enterprises LLC.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464705/exoperadores-gordillo-eluden-declarar-en-juicio-contra-dueno-empresa-fantasma

El SAT investiga a otras 2 dependencias de Veracruz por contratar a empresas fantasma

Los auditores integran expediente de denuncia contra el gobierno de Javier Duarte por complicidad en operaciones simuladas. Las nuevas dependencias investigadas son Comunicación Social y la Secretaría de Desarrollo Portuario.

El presunto desvío de recursos por la operación de una red de empresas fantasma que recibió recursos públicos del gobierno de Javier Duarte creció. El SAT investiga al área de Comunicación Social y a la Secretaria de Desarrollo Portuario por operaciones facturadas en 2014, realizadas con al menos dos compañías fantasma denunciadas en el reportaje que Animal Político dio a conocer en mayo pasado.

Hasta ahora el monto del fraude ya confirmado por los auditores locales a diversas dependencias, entre ellas Desarrollo Social, Protección Civil, Educación y el DIF – supera los mil 600 millones de pesos, pero se espera que esta cantidad continúe incrementándose tras las nuevas investigaciones.
Datos oficiales proporcionados por el SAT a este medio, así como documentos a los que se tuvo acceso, revelan que se ampliaron las indagatorias con el objetivo de presentar ante la PGR una nueva denuncia penal en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables por delitos fiscales.

La investigación inicial confirmó que al menos 20 compañías fantasma recibieron contratos de las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Protección Civil además del DIF Estatal entre 2012 y 2013. Animal Político dio a conocer que estos pagos estaban amparados en contratos otorgados a las empresas vía adjudicación directa o con licitaciones cerradas donde se simuló la competencia.

Pero el SAT cuenta con datos fiscales de que al menos dos de estas compañías, Mercacarrey SA de Cv y Publicidad Akkira SA de CV, facturaron nuevas operaciones en 2014 a nombre del gobierno de Veracruz por conceptos relacionados con publicidad de actividades gubernamentales. En el caso estaría involucradas al menos dos dependencias más.

Al responder un cuestionario sobre el avance de las investigaciones de este caso, el SAT indicó a Animal Político que la indagatoria se había ampliado a todas las operaciones que habrían realizado las compañías denunciadas (además de lo dado a conocer públicamente) e incluso de otras compañías también.

“El SAT revisa en forma integral el esquema de operación de las empresas fantasma denunciadas y de aquellas en que los mecanismos de control del SAT detecta irregularidades y que estén relacionadas con el Estado de Veracruz”, dijo la dependencia.

El SAT confirmó que hasta el momento ya ha confirmado la inexistencia de 30 empresas proveedoras del gobierno de Veracruz.

El fraude repetido

Los documentos a los que tuvo acceso Animal Político advierten que al menos dos de las compañías fantasma que realizaron operaciones con las dependencias del estado en 2012 y 2013, repitieron el mismo mecanismo para desviar recursos en 2014.

La Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT inició, en octubre pasado, una investigación en la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) de Veracruz y en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) por la facturación de servicios con Publicidad Akkira SA de CV y Mercacarrey SA de CV, efectuados entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de ese año.

El 1 de noviembre pasado la dependencia federal ordenó a una docena de funcionarios adscritos a la Administración Central de Fiscalización Estratégica la práctica de una visita domiciliaria a la CGCS para verificar y comprobar las operaciones con Publicidad Akkira SA de CV.

Por eso el 10 de noviembre, en la sede de la dependencia en Xalapa, los visitadores del SAT requirieron a Comunicación Social de Veracruz todos los elementos que integran la contabilidad, así como la documentación e información relacionada con Akkira.

El mismo procedimiento realizó el 11 de noviembre pero contra la Sedecop y su operación fiscal con Mercacarrey SA de CV.

Durante todo el 2014 se desempeñó como coordinador general de Comunicación Social del gobierno de Veracruz Alberto Silva Ramos, actualmente diputado federal, quien en 2013 procuró los contratos con esas mismas empresas fantasma pero desde la Sedesol del estado, dependencia de la cual era titular.

Los documentos de la investigación del SAT revelan la existencia de al menos cuatro facturas de la Sedecop con Publicidad Akkira por la “difusión de actividades del gobierno del Estado de Veracruz”, pese a estar impedida para contratar servicios relacionados con publicidad por ser propia de la Coordinación General de Comunicación Social.

Funcionarios bajo la lupa

La ampliación de las investigaciones pone bajo la lupa a dos funcionarios del gobierno de Javier Duarte: Alberto Silva y Humberto Benítez Pérez.

En 2014 Silva ocupó por primera vez la Coordinación de Comunicación Social, cargo que dejó en 2015 para competir por una diputación federal la cual obtuvo. En 2016 pidió licencia en el congreso para ocupar de nuevo la titularidad de Comunicación Social, a la que renunció después de que Javier Duarte pidiera licencia y escapara de las autoridades.

Silva se llevó a Comunicación Social a Benítez Pérez  para el cargo de Jefe Administrativo, que ocupa actualmente.

Hasta ahora las denuncias penales por delitos fiscales presentadas por el SAT en PGR corresponden a los representantes legales de las compañías fantasma, sin embargo, tras la confirmación de que realizaron operaciones simuladas, la dependencia confirmó a este medio que se denunciará a los servidores públicos que resulten responsables por la complicidad en estos hechos.

Se crearon por internet

El SAT reveló que las empresas fantasma involucradas en el desvío de recursos del gobierno de Javier Duarte fueron creadas vía internet, aprovechando facilidades que se dieron desde 2010 para constituir compañías sin la necesidad de iniciar el trámite personalmente; la dependencia negó que existan funcionarios de Hacienda involucrados en el caso.

El SAT informó que llevó a cabo un proceso de supervisión respecto a la forma en como obtuvieron su RFC y su certificado fiscal 30 compañías que recibieron millones de pesos de parte del gobierno de Veracruz, entre las que se encuentran 20 que este medio dio a conocer en mayo pasado.

De acuerdo con la dependencia federal, la constitución e inscripción de las compañías se realizó mediante un procedimiento que se inició vía web. En muchos de estos casos, la inscripción en internet la hizo un notario.

“Las empresas se apegaron a las facilidades administrativas y tecnológicas otorgadas mediante la Resolución Miscelánea Fiscal de los años 2010 a 2013 que tenían como objetivo fortalecer el crecimiento económico y el desarrollo del país con acciones simplificadas, en virtud de que los particulares cuentan con la opción de iniciar su trámite por internet”, indicó el SAT.

Lo anterior implicaba que los accionistas de estas empresas, en muchos casos personas de bajo recursos como reveló Animal Político, no tenían que acudir en persona ante Hacienda para proporcionar sus datos. El trámite lo hacía directamente un notario o quien figurara como representante legal de la compañía.

Según el SAT,  a través de la Administración General de Evaluación se verificó el proceso de alta de las compañías realizado en las oficinas de esta dependencia en varios  municipios, entre ellos: Veracruz, Boca del Río, Cosamaloapan, La Antigua y Alvarado. Las revisiones se hicieron a funcionarios de nivel operativo hasta directivo.

La conclusión es que aun cuando las empresas resultaron ser fantasma y fueron utilizadas para hechos ilegales, el trámite de apertura de la misma se hizo conforma a la normativa vigente en ese momento.


“En el acto per se referido de apertura de empresas ante el SAT no se cometió ninguna irregularidad, conforme a la normatividad aplicable (…) lo anterior no libera a los contribuyentes de presuntos objetivos ilegales”.

DOCUMENTOS Y RESPUESTA DEL SAT:

Investigación SAT sobre empresas fantasma by http://www.animalpolitico.com on Scribd

  Investigación SAT sobre empresas fantasma by http://www.animalpolitico.com on Scribd

Preguntas SAT by http://www.animalpolitico.com on Scribd

  Preguntas SAT by http://www.animalpolitico.com on Scribd

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL, ISRAEL ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/empresas-fantasma-sat-veracruz/

Recuperan $421 millones desviados por Javier Duarte a empresas fantasma

Fueron recuperados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la PGR; serán devueltos a la Tesorería de Veracruz.

Parte del dinero desviado por la administración del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, fue recuperada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la PGR.

El monto asciende a 421 millones de pesos que, de acuerdo con un comunicado, serán devueltos a la Tesorería de Veracruz. “Detectados estos recursos, se procedió a iniciar una serie de procesos contra las empresas destinatarias de éstos. Dos de las empresas que los recibieron, una vez que conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos estatales firmaron voluntariamente un convenio”.

“Estos 450 millones de pesos recuperados, y que serán devueltos al gobierno estatal, son prueba de que la institución a mi cargo utilizará todos los recursos a su alcance para, con herramientas modernas del nuevo Sistema Adversarial, combatir la corrupción y recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente”, dijo el procurador Raúl Cervantes.

Comunicado completo de la PGR:
Comunicado 1921/16
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016

RECUPERA PGR 421 MILLONES EN FAVOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

En las investigaciones sobre irregularidades cometidas por el gobernador con licencia, Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia, se detectaron operaciones ilegales con recursos provenientes del erario veracruzano. En el desarrollo de las mismas, la información proporcionada por el gobierno electo en Veracruz fue relevante.

Detectados estos recursos, se procedió a iniciar una serie de procesos contra las empresas destinatarias de éstos. Dos de las empresas que los recibieron, una vez que conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos estatales firmaron voluntariamente un convenio con la PGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), con lo que ambas instituciones están recuperando $ 421 millones de pesos que serán devueltos a la Tesorería del Estado de Veracruz.

El primer monto, corresponde a $ 250 millones de pesos, se encuentra listo para ser entregado a las autoridades veracruzanas, y el monto restante será transferido mediante exhibiciones mensuales cubriendo el interés legal correspondiente.

El Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, declaró: “Estos $450 mpd recuperados, y que serán devueltos al gobierno estatal, son prueba de que la institución a mi cargo utilizará todos los recursos a su alcance para, con herramientas modernas del nuevo Sistema Adversarial, combatir la corrupción y recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente”.

Esta Procuraduría desea resaltar dos aspectos primordiales:

1.- Las personas jurídicas son sujetas de investigaciones y como tal deben adoptar las medidas necesarias de control en su organización para evitar sean utilizadas, precisamente, para la comisión de cualquier ilícito.

2.- Independientemente de las sanciones de perdida de la libertad personal respecto de los principales autores de los actos criminales, esta Institución se ha enfocado al aseguramiento y recuperación de activos producto de hechos ilícitos.


Esta forma de actuación será una constante para evitar la impunidad y procurar la recuperación del producto del delito, por quien lo comete o se beneficia de este.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2911/mexico/recuperan-421-millones-desviados-por-javier-duarte-a-empresas-fantasma/

SAT investiga a más de 10 mil empresas “fantasma”

Ciudad de México. Luego de los casos de desvío de recursos públicos en el estado de Veracruz a través de empresas "fantasma", el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a más 10 mil empresas en el país que simulan operaciones sin tener ni domicilio real, ni trabajadores.

"Estamos verificando a más de 10 mil empresas para ver que no estén simulando operaciones y que estén cumpliendo con sus obligaciones y de las operaciones que hayan realizado se estarán eliminando los efectos fiscales y las contrapartes, sean gobiernos o empresas, estarán siendo llamadas a cuentas para eliminar el efecto fiscal que pretendieron darle a estas operaciones, dijo el jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz.

Luego de inaugurar la Expo feria nómina digital, el funcionario señaló que el SAT ha detectado 300 mil millones de pesos que "no tienen materialidad económica" a causa de dichas empresas.

Explicó que las empresas "fantasma" son aquellas que no tienen sustancia económica, pero por alguna razón fueron contratadas por gobiernos de diferentes estados del país o entidades del gobierno federal.


Respecto a la feria para impulsar la nómina digital, dijo que desde 2013, con la reforma fiscal (que entró en vigor en 2014), todas las empresas tienen la obligación emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina y lo que busca la Secretaría de Hacienda es elevar el número de empresas que cumplen con este requisito.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN CARLOS MIRANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/29/sat-investiga-a-mas-de-10-mil-empresas-201cfantasma201d

PGR presenta más acusaciones por empresas fantasma de Veracruz: ya son 10 juicios abiertos

La mayoría de los procesados por estos hechos hasta ahora se encuentran libres; mientras que el gobernador con licencia, Javier Duarte está prófugo.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó nuevas acusaciones ante jueces federales en contra de cinco representantes legales de empresas fantasma que recibieron contratos con recursos públicos de la administración de Javier Duarte entre los años 2012 y 2014, a través de adjudicaciones directas o licitaciones simuladas.

Datos del Poder Judicial de la Federación proporcionados a Animal Político, indican que entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre, la Subprocuraduría de delitos Federales de la PGR en colaboración con el SAT consignaron estos cinco casos en los que acusan a los representantes o administradores de empresas de haber proporcionado información fiscal falsa.

En dos de los casos, asentados en los expedientes 25/2016 y 29/2016, los jueces ya dictaron la orden de vinculación a proceso. Esto significa que encontraron elementos de prueba suficientes para abrir juicio en contra de los inculpados.

En un tercer caso, con el número de causa 26/2016 el juez consideró que las pruebas eran insuficientes para abrir el juicio pero la PGR interpuso una apelación y el caso será revisado por una Sala Superior.

En los dos restantes, con los números 72 y 73/2016, las audiencias para definir si los probables responsables son vinculados a proceso se realizarán el próximo 18 de noviembre en el Palacio de Justicia Federal de Xalapa

Con lo anterior, hasta ahora ya suman diez los juicios abiertos relacionados con la operación de empresas fachada en Veracruz. Se trata del caso más grande abierto actualmente dentro del nuevo sistema penal acusatorio que comenzó a operar a nivel federal hace dos años.

De acuerdo con las autoridades judiciales y federales, esta cifra de procesos podría al menos duplicarse en las siguientes semanas toda vez que la PGR está por consignar por lo menos diez averiguaciones previas más que tiene abiertas tras las denuncias presentadas por el Servicio de Administración Tributaria.

La semana pasada el SAT dio a conocer que una vez concluidos los plazos legales, ninguna de estas compañías pudo demostrar que contaba con la infraestructura material y humana para haber llevado a cabo los servicios por los cuales se les adjudicaron contratos en la administración de Javier Duarte.

Las verificaciones físicas de los inspectores del SAT confirmaron lo que reportó Animal Político, respecto a que las compañías no existen en sus domicilios fiscales reportados, pues estos corresponden a cuartos de vecindades, terrenos baldíos y hasta tiendas de abarrotes.

Ninguna de estas empresas, según la información verificada por las autoridades, contaba con empleaos registrados e incluso reportaron que no tuvieron ingresos pese a que si existen facturas en las que reportan haber recibido millones de pesos a cambio de la venta y distribución de múltiples productos

Los implicados: la mayoría libres

De los diez juicios que ya se encuentran en desarrollo, en nueve de ellos no hay personas actualmente en prisión.

De acuerdo con la información proporcionada por el Poder Judicial, los nueve juicios en los que no hay detenidos corresponden a los iniciados contra los representantes legales del mismo número de compañías fantasma.


En la mayoría de estos procesos las personas se presentaron de forma voluntaria a las audiencias iniciales y de vinculación a proceso, por lo que los jueces consideraron que no existe riesgo de que pudieran escapar. El requisito es que se mantengan localizados en todo momento y acudan a las audiencias cuando sean citados.

Los únicos dos casos en donde no se presentaron voluntariamente las personas y se tuvo que girar una orden de aprehensión fue el Victorino Benítez Márquez, representante legal de la empresa Bienart SA de CV, y de Román Ulises Alvarado Hernández, administrador de Importadora Denylkk.

Ambos fueron detenidos y comparecieron en calidad de imputados ante los jueces los cuales determinaron que dejaron libres pero con la limitación de que no pueden abandonar Veracruz mientras se desarrolla el proceso.

En estos nueve juicios todas las personas que figuran como probables responsables están acusadas del delito tipificado en el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación que considera que viola la ley el que: “Rinda con falsedad al Registro Federal de Causantes los datos, informes o avisos a que se  encuentra obligado”.

En caso de ser encontrados culpables, las personas acusadas podrían alcanzar una pena de hasta seis años de prisión aunque por tratarse del nuevo sistema penal, podría buscarse una solución alterna. Por el momento todos estos juicios se encuentran en el periodo de investigación complementaria previo a la audiencia intermedia.

El juicio en donde si hay personas detenidas además de órdenes de aprehensión pendientes de ser cumplimentadas es el asentado en la causa penal 97/2016 iniciado en un juzgado federal de la Ciudad de México en contra de nueve personas, entre ellas el gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte.

Por proceso se encuentran recluidas en el penal femenil de Santa Martha Acatitla las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta, quienes figuran como accionistas y representantes legales de una empresa inmobiliaria que de acuerdo con las investigaciones dela PGR, es una compañía fantasma creada con la única finalidad de triangular recursos de origen público que a su vez fueron entregados a otras empresas también falsas.

Las personas que permanecen prófugas por esta acusación además de Duarte, son Moises Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña, Miguel Velázquez Nieva y Javier Nava Soria.

Todos ellos están acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ilícitos considerados como graves y que podrían ameritar una pena de prisión superior a los 20 años.

Fiscalía de Veracruz, sin consignaciones

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz tiene iniciadas hasta ahora dos carpetas de investigación relacionadas con la operación de empresas fantasma, pero hasta ahora no ha consignado ninguno de los casos ante un juzgado penal.

La primera averiguación corresponde a la red de empresas reveladas por Animal Político y confirmadas por el SAT. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Veracruz (Orfis) revisó el caso, y descubrió que estas empresas recibieron en total 131 contratos de la administración estatal, 55 más de los revelados en el reportaje inicial.

Tras este hallazgo, los auditores interpusieron en agosto pasado una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, que quedó asentada en la carpeta de investigación FESP/261/2016-VII.

La denuncia es contra los funcionarios que resulten responsables de las secretarías de Desarrollo Social de Veracruz, de Educación, de Protección Civil y del DIF estatal.

La segunda denuncia fue interpuesta la semana pasada como seguimiento de operación empresas no localizadas, pero esta vez por la adjudicación de contratos de Desarrollo Social a un nuevo grupo de compañías fantasma en 2015, lo que habría generado un daño patrimonial superior a los 430 millones de pesos.

“Es seguimiento a la denuncia que se formuló por los ejercicios 2012, 2013 y 2014, 2015 es una continuidad de lo que ya se venía haciendo, ese es el motivo por el que el Congreso del Estado instruyó al Orfis que de manera inmediata se formulara la denuncia penal” dijo el Director General de Asuntos Jurídicos del Orfis Óscar Ocampo Acosta.


Por otro lado el exsecretario de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib dijo que desde 2013 presentó denuncias penales por la adjudicación de contratos de su dependencia a por lo menos siete empresas fantasma, sin que se tenga conocimiento de que alguna fuera consignada ante un juez.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/pgr-empresas-fantasma-veracruz-2/

La actual vocera de Veracruz creó empresas fantasma para obtener contratos millonarios

Irma Chesty, actual vocera del gobierno estatal, es socia de una empresa fachada que firmó contratos millonarios durante la administración de Fidel Herrera, por servicios que se cobraron pero no se realizaron.

La actual vocera del gobierno de Veracruz, Irma Chesty Viveros, utilizó el mismo esquema de empresas “fachada” del gobernador con licencia – y ahora prófugo – Javier Duarte para obtener contratos millonarios, pero siete años antes. A través de una empresa de su propiedad, Chesty obtuvo al menos seis contratos por más de 20 millones de pesos entre 2009 y 2010, cuando aún gobernaba Fidel Herrera esa entidad.

El mecanismo es muy similar al que utilizaron Duarte y funcionarios de su gobierno para obtener contratos y por lo cual ahora están siendo investigados por las autoridades locales y federales.

El 10 de febrero del 2009 Chesty, junto con otra socia, constituyó la empresa Transacciones, Servicios y Soluciones Globales. El domicilio fiscal registrado por la empresa está en el número 105 de la calle Flor de Liz, colonia Acueducto Ánimas, en Xalapa. En ese lugar actualmente hay un lote baldío.

Cinco meses después de la apertura recibió su primer contrato para dar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las aeronaves del gobierno de Veracruz. El contrato fue una adjudicación directa por 7 millones 567 mil 805 pesos.

El segundo de los contratos se le entregó en adjudicación directa en febrero del 2010 por 928 mil dólares americanos -alrededor de 11 millones 943 mil 360 pesos-. Aunque obtuvo el pago estos servicios no se realizaron, de acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Aeronáutica de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas a una solicitud de transparencia de Animal Político.

Meses después obtuvo contratos con otras dependencias, por aproximadamente 80 mil pesos, por cuestiones que nada tiene  que ver con la aeronáutica: la venta de materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza y servicios de fumigación bacterizada.

Chesty es maestra en Mercadotecnia y en su currículum, hasta antes de este contrato, no había ninguna relación con cuestiones de aeronáutica. Ha trabajado en áreas de comunicación institucional de la administración pública en Veracruz desde 2006.


La funcionaria respondió un cuestionario sobre este tema que le envió Animal Político. En éste señaló que la empresa prestó todos los servicios para los que fue contratada: “Los bienes fueron entregados y los servicios prestados, las evidencias obran en los expedientes de las autoridades que los contrataron”. Sin embargo, la respuesta de la dependencia vía transparencia señala lo contrario.

Los contratos

Transacciones, Servicios y Soluciones Globales, cuya representación legal mantiene hasta la fecha la recién nombrada vocera del gobierno de Veracruz, sigue en activo de acuerdo con el estatus registrado ante el Servicio de Administración Tributaria.

La empresa se creó con un capital de 50 mil pesos y obtuvo al menos seis contratos en menos de dos años para dar servicios de mantenimiento a aeronaves, fumigación bacterizada e incluso venta de baberos para peluquero.

Dos de esos contratos fueron para dar servicios de “mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves propiedad y al servicio del gobierno del estado” en el sexenio de Fidel Herrera.

El primero se le adjudicó de manera directa en julio del 2009 por parte de la desaparecida Secretaría de Comunicaciones (actualmente SIOP). El documento señala que la dependencia pagaría un monto total máximo de 563 mil 500 dólares americanos -unos 7 millones 567 mil 805 pesos al tipo de cambio de ese año-.


El contrato fue para prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de línea para dos aeronaves Lear Jet del gobierno de Veracruz. Su vigencia fue del 15 de marzo al 31 de diciembre del 2009.

El segundo se le entregó en adjudicación directa en febrero del 2010 por 928 mil dólares americanos -alrededor de 11 millones 943 mil 360 pesos-.

Las aeronaves a las que se brindaría el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo serían 11 en total: seis helicópteros y cuatro aviones. Los recursos se pagaron sin que la empresa realizara los servicios para los que fue contratada, según una respuesta de transparencia.

Esa dependencia informó en septiembre pasado que la empresa “no realizó los trabajos de mantenimiento a las aeronaves” del gobierno de Veracruz.


Entre las aeronaves a las que esa empresa debía dar mantenimiento figuraba el helicóptero Bell 430, con matrícula XC-VER, el cual se desplomó el 6 de octubre del 2015 en el municipio Emiliano Zapata y murieron sus dos tripulantes.

Después de estos contratos, la empresa obtuvo otros que nada tenían que ver con la industria aeronáutica. En mayo de 2009 obtuvo mediante adjudicación directa un contrato por 29 mil pesos por fumigación y la venta de baberos de peluquero para el Instituto de Capacitación para el Trabajo local.

En octubre de ese mismo año, el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero le asignó tres contratos por la venta de material de limpieza por más de 51 mil pesos. También por la venta de materiales y útiles de oficina mediante licitación simplificada.


La empresa, de acuerdo con documentos del SAT, sigue en funcionamiento. De acuerdo con Chesty, dejó de prestar servicios al sector público en marzo de 2010. Es decir, sólo habría estado activa para ese sector durante 13 meses, en los cuales recibió al menos seis contratos del gobierno de Fidel Herrera.

Un lote baldío

El domicilio de Transacciones, Servicios y Soluciones Globales es Flor de Liz 105, colonia Acueducto Ánimas, en Xalapa. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, está registrada en el padrón de contribuyentes “con inconsistencias en sus datos de ubicación”.


En el número oficial 105 de esa calle, enclavada en un área residencial y no de oficinas, hay un lote baldío cercado por los muros de dos casas. La numeración en esa calle no es secuencial así que los vecinos señalan que el número 105 también podría ser una casa habitación de dos pisos, en la que no hay distintivo alguno que la identifique como una empresa.

Las relaciones políticas

Irma Chesty Viveros es la coordinadora general de Comunicación Social desde el 19 de octubre pasado cuando el gobernador interino, Flavino Ríos, la designó en sustitución de Alberto Silva Ramos, quien dejó el cargo tras la solicitud de licencia de Javier Duarte a la gubernatura.

Es maestra en Mercadotecnia y desde el 2006 se desempeña en áreas de comunicación institucional de la administración pública en la entidad. Ha sido titular de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral Veracruzano, enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Educación local con el entonces titular Adolfo Mota Hernández, actual diputado federal investigado por presuntos vínculos con las empresas fantasma.

Con Flavino Ríos colaboró en esa misma dependencia de enero a julio del 2015, cuando él estuvo a cargo, y después en la Secretaría de Gobierno hasta el pasado 12 de octubre, cuando fue designado gobernador interino por el Congreso del Estado.

Incluso en el 2009 fue propuesta por el entonces diputado local Héctor Yunes Landa, reciente excandidato del PRI a la gubernatura del estado, para ser consejera electoral en el Instituto Electoral Veracruzano, pero no fructificó.

La respuesta

En el cuestionario que Animal Político envió a Chesty, ella contestó así a la pregunta de cuántos contratos obtuvo del gobierno estatal de Veracruz: “Esta información es de carácter público y se puede consultar por las vías oficiales que ha dispuesto el gobierno federal y estatal”.

También se le preguntó cómo obtuvo la compañía el contrato de mantenimiento de aeronaves apenas cinco meses después de su creación, y cómo logró comprobar la experiencia que amparara que podía realizar tal servicio. La respuesta fue: “Conforme a la normatividad se presentó una propuesta de servicios, la cual fue seleccionada de acuerdo con la ley de adquisiciones, resultando la mejor propuesta”.


Dicho contrato fue una adjudicación directa, por lo cual la empresa no debió competir contra otras propuestas.

Respuesta completa:

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Descarga los documentos de la empresa y contratos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ISRAEL ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/vocera-veracruz-empresas-fantasma/

El SAT revela lista de 69 empresas fantasma, entre ellas las utilizadas por Javier Duarte

Las empresas fueron notificadas previamente de que estaban sometidas bajo una investigación y debían demostrar evidencia de sus operaciones, pero no lo hicieron.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una lista definitiva de 69 empresas fantasma que emitieron facturas por operaciones inexistentes, entra las que se encuentran al menos 20 compañías que fueron contratadas con recursos públicos por la administración del gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte.

Estas 20 compañías, reveladas en mayo pasado en un reportaje publicado por Animal Político, recibieron cientos de millones de pesos en contratos vía adjudicación directa o con licitaciones amañadas a cambio de servicios y productos para población de bajos recursos, gente damnificada y planteles escolares.

Pero en realidad, fueron operaciones simuladas como en definitiva confirmó el SAT.

A través del oficio número 500-05-2016-38644 del SAT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado martes, se reveló el listado de empresas las cuales fueron notificadas previamente de que estaban sometidas bajo una investigación y debían demostrar evidencia de sus operaciones, pero no lo hicieron.

“(Estas empresas) emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

Luego de las visitas que realizaron verificadores del SAT a los domicilios fiscales a las referidas empresas, en la que se comprobó que las mismas no se encontraban en ese sitio, las mismas fueron colocadas en un listado de empresas no localizadas y que presuntamente realizaron operaciones falsas.

Conforme marcan los procedimientos del Código Fiscal de la Federación, el SAT envió notificaciones individuales a las empresas sospechosas para que se presentaran con la documentación y pruebas que consideraran convenientes y que amparan las notificaciones correspondientes.

Pero además de eso se hicieron públicas a través de la página del SAT y del mismo Diario oficial los listados de estas compañías en los cuales se les advertía que eran sujetas de investigación y que tenían un plazo legal para presentarse a comprobar su existencia.

“Una vez transcurrido el plazo señalado (…) no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ningún documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales”, reveló el SAT.

Las compañías que fueron proveedoras del gobierno de Veracruz y se encuentran en la lista dada a conocer en mayo por Animal Político y ahora confirmado por el SAT son:

AD911 SA de CV

Anzara SA de CV

Abastecedora Romcru SA de CV

Bienart SA de CV

Bloques 2DM SA de CV

ComercializadoraAlifresh SA de CV

Carrirey SA de CV

Comersil SA de CV

Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV

Desarrolladores Mercalim SA de CV

Grupo Balcano SA de CV

Importadora Denylk SA de CV

Marvercarr SA de CV

Merca Carrey SA de CV

Morgarver SA de CV

Publicidad Akkira SA de CV

Pefraco SA de CV

Rinoxa SA de CV

Ravsan Servicios Múltiples SA de CV

Saervizios Oktagonales SA de CV

Cabe señalar que los socios de varias de estas compañías ya se encuentran procesados penalmente ante jueces federales de Veracruz, acusados por la Procuraduría General de la República de haber proporcionado información falsa; el destino de los recursos públicos aún se encuentra bajo investigación aunque se presume que fueron lavados en una red encabezada por Javier Duarte.

A estas empresas se suman otras 49 compañías fantasma con operaciones simuladas publicadas también por el SAT, entre las que también hay varias que recibieron contratos con recursos públicos aunque no se revelan mayores detalles todavía.

Además el SAT mantiene abiertas investigaciones abiertas contra múltiples compañías.

Luz verde a denuncias contra funcionarios

El SAT adelantó a Animal Político en octubre pasado que una vez que las empresas fueran colocadas en la lista definitiva de compañías con operaciones inexistentes, se procedería con nuevas denuncias penales ante PGR pero esta vez en contra de funcionarios estatales que avalaron facturas por operaciones que no existieron.

“se formularán denuncias de hechos contra quien resulte responsable de las dependencias de gobierno estatal ante la autoridad ministerial por la actualización del tipo penal previsto en el artículo 113 fracción III del CFF, referente a la expedición y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes”, indicó el SAT.


Según el artículo mencionado, se castiga con tres meses a seis años de prisión “al que expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/sat-revela-lista-69-empresas-fantasma-ellas-las-utilizadas-javier-duarte/

Duarte desvió 431 mdp a través de 21 nuevas empresas fantasma en 2015: Congreso de Veracruz

La administración del gobernador Javier Duarte pagó a 21 empresas fantasma más de 431 millones de pesos por distintos bienes y servicios que no se entregaron en 2015, concluyó el Congreso de Veracruz, que ordenó a la auditoria estatal interponer una  nueva denuncia penal en contra de los servidores públicos que resulten responsables.

El dictamen aprobado de la Cuenta Pública 2015, del cual Animal Político tiene copia, advierte que este caso no es aislado pues “se encuentra vinculado” con el de más de 30 empresas fantasma revelado por este portal informativo, y que ya dio paso a una primera denuncia penal interpuesta por los auditores locales en agosto.

En su análisis, los legisladores consideraron que los hechos descubiertos por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz evidencian hechos que ameritan una investigación ministerial inmediata, sin esperar a los procesos de sanción administrativa que correspondan.

“Dicha consideración resulta del examen de los actos que motivan el probable daño patrimonial al haberse detectado 21 contratos celebrados con igual número de empresas, las cuales durante el proceso de fiscalización no fueron localizadas en el domicilio señalado en contratos, ni mucho menos el Representante Legal”, indica el dictamen de la Comisión de Vigilancia en la página 48.

El monto de los contratos que recibieron esas compañías es de 431 millones 431 mil 445 pesos. Todos los recursos provenían de la Secretaría de Desarrollo Social y los conceptos de los mismos eran despensas para población posiblemente damnificada, cobijas, materiales, entre otros.

El dictamen destaca que, dentro del procedimiento de comprobación de los recursos asignados a estas partidas, el gobierno estatal no aportó documentos básicos como, por ejemplo, la solicitud de los apoyos que justifique la adquisición de estos productos, ni evidencia de la selección de los supuestos beneficiarios.

“En los casos donde hay listas de beneficiarios no existe evidencia de que los apoyos se hayan entregado” dice el dictamen. Lo anterior pese a que los recursos si fueron etiquetados y pagados a las empresas.

Animal Político publicó el pasado 11 de octubre, que entre los contratos que están bajo investigación por la posible asignación de los mismos a empresas fantasma se encontraba de 200 mil cobertores y 55 despensas por un monto de 36 millones de pesos.

Estos productos se repartirían en al menos seis municipios con problemas de marginación en Veracruz. Los auditores acudieron a los mismos para verificar la entrega de los insumos, de acuerdo con documentos entregados por la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, pero las personas negaron que hubieran recibido algo.

Corrupción sistemática

El dictamen de la Comisión de Vigilancia del Congreso estableció que el desvío de recursos a través de empresas fantasma, descubierto por los auditores en 2015, no es un hecho aislado.

“Estas situaciones se encuentran vinculadas con hechos de similar naturaleza detectados y denunciados en su momento por el órgano de Fiscalización Superior y que son motivo de la integración de la Carpeta de Investigación numero C.I./FESP/261/2016-VII  abierta en la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cometidos por Servidores Públicos”, indica el dictamen.

Dicha denuncia fue presentada por el ORFIS a partir de una investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) denotada por un reportaje publicado por Animal Político, en el que se evidencia un modus operandi con el cual se lograron desaparecer millones de pesos a través de contratos adjudicados a empresas fantasma con accionistas que eran personas de bajos recursos.

El ORFIS revisó el caso y estableció que esta red de empresas recibió en total 131 contratos entre 2012 y 2014 y que el probable desfalco ascendía a casi 950 millones de pesos. Los contratos fueron asignados por las secretarías de Educación, de Desarrollo Social, de Protección Civil y del DIF-Estatal.


En suma, tanto la red de empresas ya denunciada por el ORFIS así como la confirmada en 2015 por la Comisión de Vigilancia habrían desviado casi mil 400 millones de pesos solo de recursos estatales. La investigación sobre recursos federales corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Procuraduría General de la República (PGR).

EMPRESAS FANTASMAS DE VERACRUZ

Nomina magisterial de Veracruz bajo la lupa

La Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz solicitó al ORFIS que ordene al órgano de Control Interno del gobierno estatal una revisión a fondo de la nómina de maestros y empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz, luego de que la administración de Javier Duarte reportó haberles pagado más de 8 mil millones de pesos.

Los diputados dieron un plazo de 30 días al ORFIS para que se haga este requerimiento y se entregue una nómina depurada de los trabajadores de base.

El objetivo de todo este procedimiento, detalla el dictamen, es que se pueda realizar una verificación real respecto a los pagos reportados por el gobierno estatal y la base de personas que actualmente laboran en el sistema educativo del estado.

Los legisladores hicieron énfasis en que en el proceso de fiscalización el ORFIS detectó que hay falta de documentos justificativos y comprobatorios de los pagos realizados.

El tema del pago de nómina cobra relevancia ya que, bajo este concepto, la administración de Javier Duarte ha justificado el posible destino de recursos federales desviados de otras partidas.

Por ejemplo, la administración estatal debe más de tres mil 300 millones de fondos federales que estaban destinados a los 212 municipios veracruzanos. El gobernador interino Flavino Ríos dijo que el dinero se usó para pagar nómina de policías de maestros. Otro caso: dos mil 200 millones de pesos que eran para obras en 2014 fueron sacados en su totalidad de la cuenta. La justificación que se dio a la ASF es que se usaron los recursos para el pago de maestros.

Además de estos requerimientos, el dictamen aprobado ayer por el Congreso solicita a los auditores múltiples procesos de verificación administrativa e imposición de las sanciones que en su caso correspondan, por irregularidades y posible desvío de recursos en 26 dependencias y fideicomisos estatales.

El posible daño patrimonial registrado solo en 2015, de acuerdo con el dictamen de los diputados, asciende a más de 16 mil millones de pesos.

Cascada de denuncias

Las dos denuncias por el caso de las empresas fantasma en Veracruz presentadas por el ORFIS no son las únicas averiguaciones por las que deberán responder funcionarios y exfuncionarios de la administración de Javier Duarte.

Ayer, el contralor general del estado, Ricardo García, adelantó que esta semana comenzará a presentar un paquete de ocho denuncias ante la Fiscalía del Estado por lo que calificó como “un manejo desordenado” de los recursos públicos.

Las denuncias serán contra funcionarios que estuvieron al frente de la Secretaría de Finanzas en los últimos años, así como contra los extesoreros de dicha instancia. El contralor no proporcionó nombres en específico.


E SAT también presentará una denuncia penal ante la PGR. Esto en contra de los funcionarios que resulten responsables por haber validado facturas que amparan operaciones inexistentes con empresas fachada, lo que constituye un delito federal de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/duarte-empresas-fantasma-veracruz/

Abren juicio en contra de dos mujeres por el caso de Javier Duarte y las empresas fantasma

En una audiencia en el Reclusorio Norte, las imputadas detenidas el pasado 18 de octubre fueron vinculadas a proceso por el juez de control.

La PGR informó sobre la vinculación a proceso de dos mujeres, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, en el caso de Veracruz, las empresas fantasma y el gobernador con licencia, Javier Duarte.

“La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializa en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), obtuvo, por parte del Órgano Jurisdiccional, la vinculación a proceso de Elia “N” y Nadia “N””, detalló la PGR en un comunicado este domingo 23 de octubre.

“Las inculpadas habían sido detenidas el pasado 18 de octubre luego de obtener la orden respectiva por parte del Juez de Control y recluidas en el Penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México”, agregó.

En una audiencia en el Reclusorio Norte, detallaron las autoridades, las imputadas fueron vinculadas a proceso por el juez de control, y en los próximos meses se practicarán las diligencias correspondientes. Esto hasta llegar a un juicio oral.

“Simultáneamente la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales continuará con las investigaciones referentes a otras personas relacionadas, en tanto se cumplimentan las órdenes de aprehensión que hay en su contra”, apuntó la Procuraduría.


En este caso, las autoridades buscan detener a quien era gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presunto responsable en los delitos de crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También a otros presuntos implicados en una red de actividades ilegales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/juicio-mujeres-veracruz-javier-duarte/