México es el país del continente con mayor número de personas en esclavitud, el cual es un fenómeno “altamente lucrativo” que en el país “se ha transformado conceptualmente en una forma multidimensional de explotación, como la trata de personas”, afirmó Carmen Gabriela Ruiz Serrano, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el marco del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, Ruiz Serrano señaló que según el más reciente estudio del Departamento de Estado de Estados Unidos, México ingresó a la Unión Americana con el mayor número de personas que son explotadas por bandas de trata. En la actualidad, nuestro país se posiciona como uno de los principales exportadores de víctimas, agregó.
De acuerdo con la Comisión intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, del gobierno mexicano, de 2009 a 2015 se identificaron 951 víctimas de esclavitud, que es un fenómeno delictivo altamente lucrativo y considerado el tercer negocio ilícito más fructífero del mundo. Sin embargo, la asociación civil AGAPE asegura que en México hay aproximadamente 300 mil personas que son víctimas, y el 70 por ciento fue “tratada” por el crimen organizado que opera en complicidad con autoridades de los tres niveles de gobierno, refirió Ruiz Serrano.
“Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata en México es un problema del que tenemos una fotografía incompleta, porque no hay datos o cifras que reflejen realmente su magnitud”, resaltó.
Según la UNODC, los lugares con mayor incidencia en México son Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Cancún, Tapachula, Acapulco, Tlaxcala, Puerto Vallarta, Los Cabos, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de este delito (LGPSETP) reconoce como formas de explotación a la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Además, explotación laboral, mendicidad forzada, adopción ilegal o utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos o células de seres humanos vivos y experimentación biomédica ilícita en seres humanos, resaltó la académica.
“¿Por qué existe gente aún que esclaviza?, porque el reducir a una persona a calidad de objeto de intercambio se le asigna un rol de mercancía y hay un mercado que lo demanda, lo que se traduce en un beneficio monetario para el tratante, quien además, sin gran inversión, obtiene ganancias considerables”, cuestionó.
Esta situación se debate actualmente en el Legislativo: la modificación de 22 artículos de la LGPSETP, en donde se discute si se debe o no sancionar también al “consumidor”, concluyó.
FUENTE: DESINFOREMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/mexico-pais-mas-esclavitud-del-continente/
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viernes, 2 de diciembre de 2016
domingo, 20 de marzo de 2016
¿De qué se trata?, ¿para qué tanta lucha?
Tijuana, 18 de marzo.- “Nada… no ha cambiado nada”, dice María, una campesina del Valle del San Quintín quien el 17 de marzo de 2015 salió junto con miles de jornaleros agrícolas a marchar para exigir mejores condiciones laborales.
Advierte que desde ese día a la fecha solo una cosa es diferente: gana 20 pesos más, pero trabaja casi el doble, aunque sigue peleando por sus prestaciones y la existencia de un sindicato que en verdad los represente y defienda.
“Yo, por ejemplo, tengo tres hijos... mi esposo tiene como siete meses que murió, prácticamente en la lucha. Mis niños se quedan en una estancia, y qué bueno que la tenemos pero ya han pasado accidentes de que se caen o salen lastimados y nadie responde... si antes tenía que llenar 40 botes con fresas, ahora son casi 70 y no me dejan ir hasta que los cumplo… ¿de qué se trata?, ¿para que tanta lucha?”, cuestiona al hacer una reflexión sobre su panorama.
Su caso es igual al de otros 60 mil trabajadores del Valle de San Quintín, quienes después del levantamiento del 17 de marzo cuando bloquearon la carretera Transpeninsular, se confrontaron a las corporaciones policiacas, se deshicieron de la unidad blindada conocida como “el tiburón” para protestar y no han visto cambios en sus vidas o en las de sus familias ni en el resto de los campesinos que viven al sur de Ensenada.
Uno pensaría que es mejor, pero todo es más caro
Luis Benítez es un joven de 19 años, trabaja en el rancho agrícola Los Pinos, de los Rodríguez. Llegó de Oaxaca hace un par de meses porque le prometieron mejores condiciones laborales que derivarían del movimiento jornalero, pero gana 900 o máximo mil pesos por semana –100 más que en su lugar de origen, siempre y cuando trabaje siete días de la semana con una prima dominical–.
“Sí, claro que sí, uno lo reconoce, es mejor aquí que allá en el centro... las casitas están mejores y te dan unos pesos más. Pero con todo lo que pasó y salió en la televisión uno pensaría que aquí uno puede vivir como campesino, pero no, todo es más caro también, las tiendas de raya, los servicios, la verdad a veces quisiera regresarme porque no sé si separarme de mi familia valió la pena, y todavía la gente nos sigue despreciando”, lamenta.
Después de la movilización que inició hace un año, de los bloqueos de la carretera federal y múltiples reuniones con autoridades de los tres órdenes de gobierno, que en al menos dos ocasiones terminaron en enfrentamientos, se acordó un aumento salarial.
Los jornaleros que ganaban 110 pesos diarios exigieron 200, pero obtuvieron 130 y después terminaron por crear tres categorías: de 150 pesos la primera, 165 la segunda y 180 la tercera, pero a la fecha, ningún campesino gana ese monto.
Abuso a mujeres, alta incidencia
El levantamiento jornalero fue escenario para denunciar que el acoso sexual y laboral contra las mujeres por parte de capataces y encargados de los campos es situación recurrente, por lo que el cese a esas prácticas fue uno de sus principales reclamos.
No se ha informado si se aplicaron medidas correctivas, pero mientras tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CBDH) reportó que casi la mitad de las quejas que se han recibido en lo que va del año por abuso a mujeres por su condición de género corresponden precisamente a Ensenada.
La directora del organismo, Melba Adriana Olvera, detalló que en total son 42 quejas de las cuales 33 son por condición de género y 14 se presentaron en Ensenada que rebasa la estadística de Tijuana que tiene mayor población.
Anunció que antes de que concluya marzo instalarán una mesa de seguimiento a las quejas en el sur de Ensenada para hacer un análisis sobre el tipo de abuso contra la población femenina. Al momento se ha detectado que hay abuso sicológico en los campos laborales –acoso laboral o sexual– y el resto tiene que veer con violencia intrafamiliar derivada de condiciones de pobreza, educación y cultura.
Ruptura campesina, surgen dos sindicatos
El organismo que inició con la lucha por los derechos laborales de los campesinos fue la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social que, en ese entonces, la encabezaban 13 voceros. Después de reuniones, pactos y una serie de señalamientos de corrupción entre sí, terminaron por dividirse y crear dos sindicatos, sin que alguno haya obtenido beneficios para los jornaleros.
La primera agrupación en crearse fue liderada por Justino Herrera –ex miembro del movimiento y líder de la comunidad triqui de San Quintín–, quien con apoyo del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, consiguió el registro del Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas y Similares, dirigido ahora por su secretario general Enrique a la Torre.
“Desde nuestra existencia somos casi unos 500 afiliados, más o menos, pero hay un problema… los patrones y rancheros no cumplieron. No hay mejores salarios, no hay más servicios de salud, tampoco prestaciones y lo peor, ni siquiera un mejor trato, estamos por el camino de dialogar pero no de quitar el dedo del renglón porque hay que decirlo, seguimos igual”, advirtió.
Fidel Sánchez es otro líder de los trabajadores que representa al Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agríco-las (Sindja), con un registro de alrededor de 40 jornaleros y unos 350 en proceso de “enlistarse”.
“Empezamos juntos y ahora… nos dividieron. Lo lograron. Pero lo que no lograron es pararnos; con ellos o sin ellos seguimos peleando por nuestros derechos, tal vez desde otras trincheras, desde otros sitios y de maneras distintas, pero al final buscamos lo mismo, un alto a tanta explotación, al enriquecimiento de unos y la miseria de otros, de nosotros los campesinos y de nuestros hijos”, aseguró.
Sánchez señaló que la creación de los sindicatos para los trabajadores del campo “es un gran avance” para romper con las organizaciones “charras” que durante décadas fueron testigos de la explotación laboral de sus agremiados y nunca hicieron nada, pero “lo que sí hicieron fue enriquecerse pactando con los empresarios”, sin contemplar las necesidades de los jornaleros.
Los representantes campesinos coincidieron en denunciar que los ranchos agrícolas han emprendido una campaña de presión y amenazas contra sus trabajadores para que permanezcan en los sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y a la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), ambos vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Se unen organizaciones civiles a marchas
El 17 de marzo se cumplió un año de la movilización de campesinos, por lo que activistas y representantes de los trabajadores como Fidel Sánchez y Gloria Gracida, hicieron un llamado para asistir a una marcha que organizan para las primeras horas de ese jueves que partirá del Valle de San Quintín para finalizar en el Faro de Playas de Tijuana.
Su intención es que la caravana termine en el muro que divide a México con Estados Unidos para reunirse con integrantes de organizaciones de Estados Unidos que también luchan en favor de los jornaleros bajacalifornianos.
Entre sus propósitos se encuentran el hacer visible el boicot contra las agroindustrias que operan al sur de Ensenada y que mantienen la explotación de sus trabajadores.
Además de ser hija de padres campesinos, Gracida es maestra y activista. Desde que inició el movimiento ha encabezado la campaña en otros países en contra de la compañía Driscoll's, dedicada a la producción de fresas y que tiene como afiliada a Berrymex en San Quintín, la cual es señalada como una de las agroempresas con peores condiciones laborales.
“Lo único que siempre hemos exigido son nuestros derechos, nada más, ninguna otra cosa que no merezcan o ¿ser campesino significa resignarse a morir de hambre? Hemos buscado replicar el boicot y lo hemos llevado hasta Nueva York, lo hicimos en California y lo haremos en más partes del mundo, la gente tiene que saber que a veces el costo de una canasta de fresas es la vida de un trabajador”, advirtió.
Miembros del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) también participarán en la movilización, dijo uno de los representantes en Tijuana, Rogelio E. Méndez, quien además detalló que apoyarán con despensas y diferentes artículos de necesidad para las familias de los campesinos en San Quintín.
“Si bien no somos como tal el movimiento, tenemos que pensar en nuestra gente, Muchos de ellos son hermanos indígenas que vienen del centro del país y que llegan esperando mejores oportunidades, pero al estar aquí se enfrentan a todo, ir y acompañarlos es nuestra forma de decir que aquí estamos, lo hicimos al principio y lo haremos de nuevo”, señaló.
Advierte que desde ese día a la fecha solo una cosa es diferente: gana 20 pesos más, pero trabaja casi el doble, aunque sigue peleando por sus prestaciones y la existencia de un sindicato que en verdad los represente y defienda.
“Yo, por ejemplo, tengo tres hijos... mi esposo tiene como siete meses que murió, prácticamente en la lucha. Mis niños se quedan en una estancia, y qué bueno que la tenemos pero ya han pasado accidentes de que se caen o salen lastimados y nadie responde... si antes tenía que llenar 40 botes con fresas, ahora son casi 70 y no me dejan ir hasta que los cumplo… ¿de qué se trata?, ¿para que tanta lucha?”, cuestiona al hacer una reflexión sobre su panorama.
Su caso es igual al de otros 60 mil trabajadores del Valle de San Quintín, quienes después del levantamiento del 17 de marzo cuando bloquearon la carretera Transpeninsular, se confrontaron a las corporaciones policiacas, se deshicieron de la unidad blindada conocida como “el tiburón” para protestar y no han visto cambios en sus vidas o en las de sus familias ni en el resto de los campesinos que viven al sur de Ensenada.
Uno pensaría que es mejor, pero todo es más caro
Luis Benítez es un joven de 19 años, trabaja en el rancho agrícola Los Pinos, de los Rodríguez. Llegó de Oaxaca hace un par de meses porque le prometieron mejores condiciones laborales que derivarían del movimiento jornalero, pero gana 900 o máximo mil pesos por semana –100 más que en su lugar de origen, siempre y cuando trabaje siete días de la semana con una prima dominical–.
“Sí, claro que sí, uno lo reconoce, es mejor aquí que allá en el centro... las casitas están mejores y te dan unos pesos más. Pero con todo lo que pasó y salió en la televisión uno pensaría que aquí uno puede vivir como campesino, pero no, todo es más caro también, las tiendas de raya, los servicios, la verdad a veces quisiera regresarme porque no sé si separarme de mi familia valió la pena, y todavía la gente nos sigue despreciando”, lamenta.
Después de la movilización que inició hace un año, de los bloqueos de la carretera federal y múltiples reuniones con autoridades de los tres órdenes de gobierno, que en al menos dos ocasiones terminaron en enfrentamientos, se acordó un aumento salarial.
Los jornaleros que ganaban 110 pesos diarios exigieron 200, pero obtuvieron 130 y después terminaron por crear tres categorías: de 150 pesos la primera, 165 la segunda y 180 la tercera, pero a la fecha, ningún campesino gana ese monto.
Abuso a mujeres, alta incidencia
El levantamiento jornalero fue escenario para denunciar que el acoso sexual y laboral contra las mujeres por parte de capataces y encargados de los campos es situación recurrente, por lo que el cese a esas prácticas fue uno de sus principales reclamos.
No se ha informado si se aplicaron medidas correctivas, pero mientras tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CBDH) reportó que casi la mitad de las quejas que se han recibido en lo que va del año por abuso a mujeres por su condición de género corresponden precisamente a Ensenada.
La directora del organismo, Melba Adriana Olvera, detalló que en total son 42 quejas de las cuales 33 son por condición de género y 14 se presentaron en Ensenada que rebasa la estadística de Tijuana que tiene mayor población.
Anunció que antes de que concluya marzo instalarán una mesa de seguimiento a las quejas en el sur de Ensenada para hacer un análisis sobre el tipo de abuso contra la población femenina. Al momento se ha detectado que hay abuso sicológico en los campos laborales –acoso laboral o sexual– y el resto tiene que veer con violencia intrafamiliar derivada de condiciones de pobreza, educación y cultura.
Ruptura campesina, surgen dos sindicatos
El organismo que inició con la lucha por los derechos laborales de los campesinos fue la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social que, en ese entonces, la encabezaban 13 voceros. Después de reuniones, pactos y una serie de señalamientos de corrupción entre sí, terminaron por dividirse y crear dos sindicatos, sin que alguno haya obtenido beneficios para los jornaleros.
La primera agrupación en crearse fue liderada por Justino Herrera –ex miembro del movimiento y líder de la comunidad triqui de San Quintín–, quien con apoyo del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, consiguió el registro del Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas y Similares, dirigido ahora por su secretario general Enrique a la Torre.
“Desde nuestra existencia somos casi unos 500 afiliados, más o menos, pero hay un problema… los patrones y rancheros no cumplieron. No hay mejores salarios, no hay más servicios de salud, tampoco prestaciones y lo peor, ni siquiera un mejor trato, estamos por el camino de dialogar pero no de quitar el dedo del renglón porque hay que decirlo, seguimos igual”, advirtió.
Fidel Sánchez es otro líder de los trabajadores que representa al Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agríco-las (Sindja), con un registro de alrededor de 40 jornaleros y unos 350 en proceso de “enlistarse”.
“Empezamos juntos y ahora… nos dividieron. Lo lograron. Pero lo que no lograron es pararnos; con ellos o sin ellos seguimos peleando por nuestros derechos, tal vez desde otras trincheras, desde otros sitios y de maneras distintas, pero al final buscamos lo mismo, un alto a tanta explotación, al enriquecimiento de unos y la miseria de otros, de nosotros los campesinos y de nuestros hijos”, aseguró.
Sánchez señaló que la creación de los sindicatos para los trabajadores del campo “es un gran avance” para romper con las organizaciones “charras” que durante décadas fueron testigos de la explotación laboral de sus agremiados y nunca hicieron nada, pero “lo que sí hicieron fue enriquecerse pactando con los empresarios”, sin contemplar las necesidades de los jornaleros.
Los representantes campesinos coincidieron en denunciar que los ranchos agrícolas han emprendido una campaña de presión y amenazas contra sus trabajadores para que permanezcan en los sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y a la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), ambos vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Se unen organizaciones civiles a marchas
El 17 de marzo se cumplió un año de la movilización de campesinos, por lo que activistas y representantes de los trabajadores como Fidel Sánchez y Gloria Gracida, hicieron un llamado para asistir a una marcha que organizan para las primeras horas de ese jueves que partirá del Valle de San Quintín para finalizar en el Faro de Playas de Tijuana.
Su intención es que la caravana termine en el muro que divide a México con Estados Unidos para reunirse con integrantes de organizaciones de Estados Unidos que también luchan en favor de los jornaleros bajacalifornianos.
Entre sus propósitos se encuentran el hacer visible el boicot contra las agroindustrias que operan al sur de Ensenada y que mantienen la explotación de sus trabajadores.
Además de ser hija de padres campesinos, Gracida es maestra y activista. Desde que inició el movimiento ha encabezado la campaña en otros países en contra de la compañía Driscoll's, dedicada a la producción de fresas y que tiene como afiliada a Berrymex en San Quintín, la cual es señalada como una de las agroempresas con peores condiciones laborales.
“Lo único que siempre hemos exigido son nuestros derechos, nada más, ninguna otra cosa que no merezcan o ¿ser campesino significa resignarse a morir de hambre? Hemos buscado replicar el boicot y lo hemos llevado hasta Nueva York, lo hicimos en California y lo haremos en más partes del mundo, la gente tiene que saber que a veces el costo de una canasta de fresas es la vida de un trabajador”, advirtió.
Miembros del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) también participarán en la movilización, dijo uno de los representantes en Tijuana, Rogelio E. Méndez, quien además detalló que apoyarán con despensas y diferentes artículos de necesidad para las familias de los campesinos en San Quintín.
“Si bien no somos como tal el movimiento, tenemos que pensar en nuestra gente, Muchos de ellos son hermanos indígenas que vienen del centro del país y que llegan esperando mejores oportunidades, pero al estar aquí se enfrentan a todo, ir y acompañarlos es nuestra forma de decir que aquí estamos, lo hicimos al principio y lo haremos de nuevo”, señaló.
Fuente: La Jornada Baja California
Autora: Gabriela Martínez
http://jornadabc.mx/tijuana/18-03-2016/de-que-se-trata-para-que-tanta-lucha
Driscoll's busca esclavos no trabajadores: jornaleros
Tijuana, a 20 de marzo.- La empresa Discroll's busca esclavos no trabajadores, aseguró el dirigente del Sindicato Independiente Nacional y Democrático de Jornaleros Agrícolas, Lorenzo Rodríguez, al llegar al Faro de Playas de Tijuana, luego de cuatro días de una caminata de protesta que realizaron desde San Quintin.
El dirigente explicó que la marcha se realizó en conmemoración del aniversario del levantamiento de jornaleros en el Valle de San Quintin, que se registró el 17 de marzo del 2015.
Lorenzo Rodríguez señaló que desde entonces a la fecha las condiciones siguen siendo las mismas, ya que algunos ranchos continúan pagando hasta 130 pesos por jornadas de trabajo de 12 horas, ello a pesar de la firma de los acuerdos con el gobierno.
El dirigente sindical aseguró que por eso se mantienen en pie de lucha impulsando el boicot comercial internacional en contra de la empresa exportadora de fresas de San Quintin Driscoll's.
Lorenzo Rodríguez destacó también que en este boicot participan organizaciones y sindicatos de Estados Unidos para presionar a empresas trasnacionales como Walmart y Costco, para que no distribuyan estas fresas conseguidas con la explotación de los jornaleros.
Explicó que está empresa aunque paga 180 pesos, mantiene jornadas de 12 horas diarias, seis días a la semana y si por algún motivo un trabajador falta le descuentan 30 pesos diarios durante una semana.
Por su parte, el dirigente de los jornaleros, Fidel Sánchez, dijo que "Driscoll's está acabando con la humanidad, por que se está llevando el agua".
Los jornaleros también tuvieron un encuentro con organismos y sindicatos americanos que llegaron por la playa y dialogaron a través de la malla divisoria hasta donde llegaron representantes de 53 organizaciones de ese país, que no pudieron acercarse a la malla por la presencia de elementos de la patrulla fronteriza que lo impidieron.
Sin embargo, instantes después dirigentes americanos se acercaron unos momentos a la malla escoltados por agentes migratorios y el mítin se trasladó al parque binacional.
El dirigente explicó que la marcha se realizó en conmemoración del aniversario del levantamiento de jornaleros en el Valle de San Quintin, que se registró el 17 de marzo del 2015.
Lorenzo Rodríguez señaló que desde entonces a la fecha las condiciones siguen siendo las mismas, ya que algunos ranchos continúan pagando hasta 130 pesos por jornadas de trabajo de 12 horas, ello a pesar de la firma de los acuerdos con el gobierno.
El dirigente sindical aseguró que por eso se mantienen en pie de lucha impulsando el boicot comercial internacional en contra de la empresa exportadora de fresas de San Quintin Driscoll's.
Lorenzo Rodríguez destacó también que en este boicot participan organizaciones y sindicatos de Estados Unidos para presionar a empresas trasnacionales como Walmart y Costco, para que no distribuyan estas fresas conseguidas con la explotación de los jornaleros.
Explicó que está empresa aunque paga 180 pesos, mantiene jornadas de 12 horas diarias, seis días a la semana y si por algún motivo un trabajador falta le descuentan 30 pesos diarios durante una semana.
Por su parte, el dirigente de los jornaleros, Fidel Sánchez, dijo que "Driscoll's está acabando con la humanidad, por que se está llevando el agua".
Los jornaleros también tuvieron un encuentro con organismos y sindicatos americanos que llegaron por la playa y dialogaron a través de la malla divisoria hasta donde llegaron representantes de 53 organizaciones de ese país, que no pudieron acercarse a la malla por la presencia de elementos de la patrulla fronteriza que lo impidieron.
Sin embargo, instantes después dirigentes americanos se acercaron unos momentos a la malla escoltados por agentes migratorios y el mítin se trasladó al parque binacional.
Fuente: La Jornada Baja California
Autor: Hamlet Alcántara
http://jornadabc.mx/tijuana/20-03-2016/driscolls-busca-esclavos-no-trabajadores-jornaleros
lunes, 4 de enero de 2016
Estudio ubica 266,900 “esclavos modernos” en México; 70% están en manos de cárteles, señala
El documento alerta que el 70 por ciento del total de las personas en esclavitud en México son víctimas de grupos del crimen organizado que operan en el país, quienes secuestran a personas de todas las edades para obligarlas a prostituirse y a realizar trabajos forzados, en complicidad con autoridades locales, estatales y federales.
Ciudad de México, 31 de diciembre: Al menos 266 mil 900 personas en México son víctimas de esclavitud moderna, el 70 por ciento de ellos, han sido esclavizados por los diversos cárteles de las drogas que operan en el país, según las cifras del más reciente informe del Índice Global de Esclavitud.
México es además el país del continente Americano que registra el mayor número de personas esclavizadas. Se estima que en América había en 2014, 1 millón 285 mil esclavos; tan sólo en México se registraron casi 270 mil víctimas.
De acuerdo con el informe, en México las principales víctimas de esclavitud moderna son personas originarias de Centro y Sudamérica, aunque también se han detectado ciudadanos del Este de Europa, Asia y África.
El documento alerta que el 70 por ciento del total de las personas en esclavitud en México son víctimas de grupos del crimen organizado que operan en el país, quienes secuestran a personas de todas las edades para obligarlas a prostituirse y a realizar trabajos forzados, en complicidad con autoridades locales, estatales y federales.
El estudio destaca, con datos de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas de Estados Unidos, que México cultiva una serie de productos de exportación, donde los trabajadores nacionales y extranjeros pueden ser explotados para el trabajo agrícola de la temporada, incluyendo la cosecha del maíz, recogiendo tomates y en las plantaciones.
Los grupos con mayor vulnerabilidad, destaca el informe, son las mujeres y los niños, los pueblos indígenas, los discapacitados, los migrantes y la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero y Travesti (LGBTTT).
El documento destaca que en México, la violencia, los secuestros, aunado a la débil legislación, aumenta el riesgo de que se registren caso de trata en el país.
Indica también que el reciente “resurgimiento de la violencia de los carteles a lo largo de norte y centroamérica ha causado una afluencia de inmigrantes que viajan a Estados Unidos en busca de asilo”. La gran mayoría de estos migrantes, continúa el Informe, son niños y adultos jóvenes, “lo que aumente considerablemente su vulnerabilidad a la esclavitud”.
El Informe valora y clasifica la respuesta de los diversos gobiernos ante el delito de trata de personas. México se encuentra en la categoría B, que incluye a gobiernos que han “introducido una respuesta a la esclavitud moderna, con servicios limitados de apoyo a las víctimas, un marco de justicia penal que criminaliza algunas formas de esclavitud moderna, (o se ha modificado recientemente la legislación inadecuada y las políticas), un cuerpo o mecanismos de coordinación de respuesta, y cuenta con políticas que proporcionan cierta protección para las personas vulnerables a la esclavitud moderna”.
Sin embargo, alerta, que en los países que se encuentran dentro de esta categoría, “hay evidencia de que algunas políticas y prácticas gubernamentales pueden criminalizar y/o deportar a las víctimas, y/o facilitar la esclavitud”.
Recuerda que en 15 de junio de 2014, México emitió su primera sentencia por la explotación del trabajo infantil. Cuatro personas fueron condenadas a cuatro años y seis meses de prisión por haber obligado a diez niños de entre siete y 17 años de edad para trabajar y mendigar en la ciudad de Texcoco. Indicó también que la reciente aprobación en abril de 2014 del Programa Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de los Delitos de México en Materia de Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos 2014-2018, que describe estrategias claras e indicadores de progreso, “refleja la creciente coordinación de México frente a la esclavitud moderna”.
Por otra parte, el informe indica que en América se registran tasas relativamente bajas de esclavitud en comparación con otras regiones del mundo, con alrededor de 3.6 por ciento del número total de esclavos modernos en el mundo.
Alrededor del mundo, de acuerdo con las conclusiones del documento, se estima que en 2014 habían 35.8 millones de hombres, mujeres y niños atrapados en la esclavitud moderna. El Índice presenta un ranking de 167 países, y califica además a los países de acuerdo a las acciones que sus gobiernos han tomado para poner fin a la esclavitud.
Mauritania, un país africano, es la nación donde más prevalece este delito, con base al porcentaje de la población esclavizada que registra y el número de personas en esta situación por país, pues cuenta con un 4 por ciento. Seguido de Uzbekistan con 3.9 por ciento, Haiti con 2.3 por ciento y Qatar con 1.3 por ciento.
En cuanto a la respuesta de los gobiernos para erradicar la esclavitud, donde la calificación más alta posible es AAA, y el más bajo es D; las naciones mejor calificadas están los Países Bajos, Suecia, Estados Unidos, Australia y Suiza.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-01-2016/1587899
Ciudad de México, 31 de diciembre: Al menos 266 mil 900 personas en México son víctimas de esclavitud moderna, el 70 por ciento de ellos, han sido esclavizados por los diversos cárteles de las drogas que operan en el país, según las cifras del más reciente informe del Índice Global de Esclavitud.
México es además el país del continente Americano que registra el mayor número de personas esclavizadas. Se estima que en América había en 2014, 1 millón 285 mil esclavos; tan sólo en México se registraron casi 270 mil víctimas.
De acuerdo con el informe, en México las principales víctimas de esclavitud moderna son personas originarias de Centro y Sudamérica, aunque también se han detectado ciudadanos del Este de Europa, Asia y África.
El documento alerta que el 70 por ciento del total de las personas en esclavitud en México son víctimas de grupos del crimen organizado que operan en el país, quienes secuestran a personas de todas las edades para obligarlas a prostituirse y a realizar trabajos forzados, en complicidad con autoridades locales, estatales y federales.
El estudio destaca, con datos de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas de Estados Unidos, que México cultiva una serie de productos de exportación, donde los trabajadores nacionales y extranjeros pueden ser explotados para el trabajo agrícola de la temporada, incluyendo la cosecha del maíz, recogiendo tomates y en las plantaciones.
Los grupos con mayor vulnerabilidad, destaca el informe, son las mujeres y los niños, los pueblos indígenas, los discapacitados, los migrantes y la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero y Travesti (LGBTTT).
El documento destaca que en México, la violencia, los secuestros, aunado a la débil legislación, aumenta el riesgo de que se registren caso de trata en el país.
Indica también que el reciente “resurgimiento de la violencia de los carteles a lo largo de norte y centroamérica ha causado una afluencia de inmigrantes que viajan a Estados Unidos en busca de asilo”. La gran mayoría de estos migrantes, continúa el Informe, son niños y adultos jóvenes, “lo que aumente considerablemente su vulnerabilidad a la esclavitud”.
El Informe valora y clasifica la respuesta de los diversos gobiernos ante el delito de trata de personas. México se encuentra en la categoría B, que incluye a gobiernos que han “introducido una respuesta a la esclavitud moderna, con servicios limitados de apoyo a las víctimas, un marco de justicia penal que criminaliza algunas formas de esclavitud moderna, (o se ha modificado recientemente la legislación inadecuada y las políticas), un cuerpo o mecanismos de coordinación de respuesta, y cuenta con políticas que proporcionan cierta protección para las personas vulnerables a la esclavitud moderna”.
Sin embargo, alerta, que en los países que se encuentran dentro de esta categoría, “hay evidencia de que algunas políticas y prácticas gubernamentales pueden criminalizar y/o deportar a las víctimas, y/o facilitar la esclavitud”.
Recuerda que en 15 de junio de 2014, México emitió su primera sentencia por la explotación del trabajo infantil. Cuatro personas fueron condenadas a cuatro años y seis meses de prisión por haber obligado a diez niños de entre siete y 17 años de edad para trabajar y mendigar en la ciudad de Texcoco. Indicó también que la reciente aprobación en abril de 2014 del Programa Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de los Delitos de México en Materia de Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos 2014-2018, que describe estrategias claras e indicadores de progreso, “refleja la creciente coordinación de México frente a la esclavitud moderna”.
Por otra parte, el informe indica que en América se registran tasas relativamente bajas de esclavitud en comparación con otras regiones del mundo, con alrededor de 3.6 por ciento del número total de esclavos modernos en el mundo.
Alrededor del mundo, de acuerdo con las conclusiones del documento, se estima que en 2014 habían 35.8 millones de hombres, mujeres y niños atrapados en la esclavitud moderna. El Índice presenta un ranking de 167 países, y califica además a los países de acuerdo a las acciones que sus gobiernos han tomado para poner fin a la esclavitud.
Mauritania, un país africano, es la nación donde más prevalece este delito, con base al porcentaje de la población esclavizada que registra y el número de personas en esta situación por país, pues cuenta con un 4 por ciento. Seguido de Uzbekistan con 3.9 por ciento, Haiti con 2.3 por ciento y Qatar con 1.3 por ciento.
En cuanto a la respuesta de los gobiernos para erradicar la esclavitud, donde la calificación más alta posible es AAA, y el más bajo es D; las naciones mejor calificadas están los Países Bajos, Suecia, Estados Unidos, Australia y Suiza.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-01-2016/1587899
lunes, 14 de diciembre de 2015
Sierra Tarahumara: campos de exterminio para migrantes
CHIHUAHUA, Chih: Los obligan a comer carne descompuesta, los golpean hasta la inconsciencia, los tienen vigilados para no escapar; les impiden bañarse y no ganan un centavo. Son campos de trabajos forzados ubicados en la Sierra Tarahumara, donde los narcotraficantes acechan a los migrantes para robarles su libertad y explotarlos.
Proceso logró entrevistar a tres sobrevivientes de estos campos: Adrián, Mauricio y Aurelio. En sus relatos se devela un infierno terrenal perfectamente ubicado, organizado y solapado por las autoridades.
“¡Bienvenidos al infierno!”
“¡Bienvenidos al infierno. Ahorita les vamos a presentar al diablo!”, les advierten en a los migrantes que bajan de la estación Julio Ornelas mientras los golpean para “invitarlos” a “trabajar”.
Julio Ornelas se ubica en el municipio de Guazapares y limita con el de Urique, ambos colindantes con el estado de Sinaloa, cerca del Triángulo Dorado.
Ahí fue reclutado Adrián. Inquieto y alegre, el oriundo de Baja California cuenta lo que vivió a sus 22 años: “Me dijeron que iba a tomar un tour para Ciudad Acuña, en Coahuila. Nos explicaron que es un nuevo sistema de migración de aduana para que ya no intentáramos cruzar otra vez, era dejarnos retirado de nuestro estado para batallar”.
Llegaron a la Casa del Migrante en dos camiones llenos. Adrián se sumó a cinco personas deportadas, de quienes se separó durante el camino. Sólo recibió el 25 por ciento del pasaje porque en ese mes (septiembre) Coahuila sufrió un desastre natural y requerían destinar más apoyo a los damnificados.
Consiguieron llegar hasta Torreón en vehículos y pasaron a Durango caminando. Posteriormente fueron trasladados en un tráiler hasta Chihuahua: “El 15 de septiembre dormimos en las vías (de Chihuahua).
Los otros dos chavos comenzaron a fumar mariguana y el tren salía en la madrugada. Me separé de ellos y me acoplé con otra persona, había muchísima gente cerca de las vías, pero sólo salimos tres. Uno tenía como 30 años, era de Chihuahua y el otro de Hermosillo”.
Se quedaron dormidos y horas después despertaron con un arma cuerno de chivo en la cara. “Con otro cuerno de chivo nos picaban las costillas. Eran como las 5 de la mañana. Nos levantaron con groserías: ‘órale hijo de tu mamá’”.
Los tres hombres que pararon el tren previamente colocaron banderas de colores para que el maquinista se detuviera.
“Eran tres chavos igual que nosotros, uno era el hijo del jefe (…) Bajaron a otros de diferentes vagones, no sabíamos que iban ahí. Éramos siete personas, a un viejito lo dejaron ir. Yo pensé que eran militares que nos iba a revisar o algo, me bajaron de un piquete con el arma y de una patada”.
Caminaron durante un día y medio hacia el lugar donde estaba el campamento. Pasaron un pueblo llamado Tojabó, donde después, supieron, surten la comida para los integrantes del grupo delictivo.
Cuando bajaron del tren, les dijeron que les iban a hacer el “paro” para “destapar la mota”. Les pagarían 200 pesos diarios que nunca recibieron. “Nos dijeron que llegando nos iban a matar una vaca y sí, lo cumplieron. Era una vaca podrida, llena de gusanos. Pero no había opción de negociar ‘o fierro o plomo’, así nos dijeron”.
En el camino hacia el campamento observaron muchos ranchos y más campamentos. Vieron mujeres caminando ensangrentadas, “era sangre de su mes. No hablábamos con ellas ni las veíamos casi, pero a nadie dejaban bañarse ni cambiarse, a veces podíamos bañarnos al pasar por un arroyo, nada más”.
“Ahora les voy a presentar al ‘diablo’”, les dijo el hijo del sicario responsable. Habían llegado.
Los recibió el jefe vestido de militar y les advirtió: “Quien quiera irse no la va a librar, los cerros están vigilados, no somos el único campamento”.
Adrián no estaba acostumbrado al trabajo de campo, ahí aprendió, pero mientras eso sucedía, sufrió fuertes golpes porque no rendía como otros: “Una vez, el dueño casi me quebró un brazo”.
Durante casi tres meses, Adrián limpió terrenos donde sembraron goma y mariguana, hasta tabaco.
“Nos daban de comer sólo caldo de frijol, cucharadas de cebo, caldo de cebo, suero de leche, caldo de hueso en un vaso de plástico. Ellos (los sicarios) sí comían muy bien, robaban ganado, vacas para hacerse sus comidas. Nosotros nada más olíamos la carne asada”, recuerda.
Al mes y medio llegó un helicóptero con militares. “Ya teníamos la parcela secando y la mariguana. Yo salí corriendo, no supe si aterrizaron o bajaron por una cuerda. Corrí toda la tarde y ese fue mi primer intento de fuga. Al día siguiente me desperté sobre una piedra y supe que no tenía otra opción que regresar”.
“Iba asustado porque me iban a pegar por haberme ido. Vi que tiraron varios árboles para bajar con el helicóptero”. Sólo regresaron dos de los seis que llegaron con Adrián. Eran de Sinaloa, Honduras, Aguascalientes, Torreón y ciudad Cuauhtémoc, municipio de Chihuahua.
Los militares no quemaron toda la droga, dejaron la mitad del producto y el trabajo forzado continuó.
Los tres entrevistados refieren que el jefe era de Los Mochis, Sinaloa, y empleado del cártel que lleva el nombre de ese estado.
En el siguiente viaje para reclutar más migrantes, llegó Mauricio, quien tiene 27 años y es del estado de Chihuahua. También lo bajaron en la estación Julio Ornelas. Él iba de regreso a su casa. Salió de Estación Sufragio, en el estado de Sinaloa.
El tiro al blanco
En el campamento hay una cabaña para los jefes, pero los trabajadores duermen abajo de un árbol, junto con las gallinas. Les dan una cobija a algunos, otros se envuelven en las chamarras o la poca ropa que llevan. Les quitan sus desgastados zapatos o tenis durante la noche, para que no se escapen.
Al primer canto del gallo, alrededor de las 5 de la mañana, todos tienen que estar listos con la cobija doblada. El segundo canto les indica que pueden tomar su cucharada sopera de caldo y al tercero todos deben comenzar a trabajar.
Adrián palpó la muerte. Le tocó vivir el tiro al blanco. Cuando el jefe se enojaba o alguien intentaba escapar, ponía a tres o cuatro con una botella de agua en la cabeza para dispararles. Uno a uno les disparaba, si le daba a la botella, estaban salvados todos y merecían vivir, si no, los mataban.
Harto de insultos y golpes, Adrián intentó huir, pero lo delataron los perros. El castigo: el tiro al blanco. Cuando tocó su turno, pasó la bala a un lado. Se salvó.
Mauricio escuchó que a un joven que llegó con otro grupo sí lo mataron. “Me enseñaron dónde lo quemaron, ahí había unos huesitos. También contaban de otro que se robó un queso, porque hacían quesos para los jefes, lo lanzaron a una barranca (..) Uno de los muchachos decía que estábamos sobreviviendo gracias a las tres o cuatro tortillas que nos daban al día”.
“Nos trataban a groserías, con un garrote siempre nos pegaban en la espalda, un día casi me quebró el patrón el brazo derecho, lo traje hinchado, no podía cargar leña ni tercios (bultos de mariguana).
Mauricio trabajaba en el campo y le fue más fácil, pero fue humillante, como que lo que quieren es terminar con el autoestima de uno”, completa Adrián.
“Toda nuestra plática era sobre cuándo íbamos a salir de ahí. Todos decíamos que el que saliera, iba a decir dónde estaban los demás, para que hicieran algo por todos”, agrega Mauricio.
Los tres narraron a Apro sus testimonios a su regreso a la ciudad de Chihuahua, donde fueron apoyados por la organización civil Más de Siete Migrantes.
La Sierra Tarahumara se convirtió en un campo silencioso de entrenamiento de sicarios, un centro de reclutamiento forzado para sembrar mariguana, un infierno para los migrantes que son deportados de Estados Unidos y que deben pasar “de trampa” en el tren de carga de la empresa Ferromex.
Invisibles para los capitalinos, cientos de migrantes mexicanos y centroamericanos llegan a la ciudad de Chihuahua para subir a las cajas del tren que recorre la zona serrana de la entidad y dirigirse al estado de Sinaloa.
El 4 de diciembre, La Fiscalía General del Estado recibió una denuncia por trata de personas presentada por Mauricio, quien decidió interponer el recurso, como lo prometió a otros compañeros que se quedaron esclavizados.
En diferentes fechas, los tres migrantes mencionados subieron a los vagones del tren para intentar llegar a Sinaloa, a la estación Sufragio del municipio El Fuerte. Antes de llegar, en la estación Julio Ornelas, en el municipio de Guazapares, fueron bajados y reclutados con otros compañeros.
Como ellos, decenas de migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras han sido retenidos por la fuerza. Varios han logrado huir, pero el miedo los paraliza y no denuncian.
La huida
Cerca del campamento en el que estaban, había dos cerros que ubicaron como referencia. El de la sierra de Tojabó y el de El Manazano, donde hay una aeropista.
Adrián y Mauricio acordaron huir cuando los enviaran a ordeñar las vacas, actividad que les llevaba alrededor de una hora. Caminaron en sentido contrario del pueblo de Tojabó, conformado por unas cinco o seis casas.
Caminaron más de un día y llegaron al rancho La Guáchara. Pidieron ayuda a una familia. Les dieron de comer y les ofrecieron trabajo durante tres días en tierras de cultivo de mariguana, pero con mejor trato. Les consiguieron aventón a Cerocahui, del municipio de Urique.
El pueblo minero de Cerocahui está custodiado por halcones del cártel de Sinaloa, pero de jefes distintos a los de Guazapares. “En cuanto bajamos de la troca, nos abordaron y nos interrogaron. Les dijimos la verdad, porque ya sabíamos que son grupos contrarios, fue como un instinto de sobrevivencia. Nos ofrecieron trabajo, dijeron que era voluntario y que nos estuviéramos quince días para decidir si nos quedábamos ahí o no. Eran hombres armados pero con armas cortas”, recuerda Mauricio.
Los llevaron a otro cerro, donde había dos adolescentes indígenas de unos 14 y 17 años, eran de la región. Ahí sólo tenían que cambiar la manguera de riego de una parcela de droga a otra. Les dejaron comida y podrían preparar lo que quisieran. Era como un sueño. Los trataban bien.
Pronto supieron que en cerros de la región también reclutan jóvenes para llevarlos a campos de entrenamiento. “Les dan armas y los ponen a disparar para ir a otro territorio a atacar. Los que no tenían buen tiro, los dejan hasta que aprendan”.
El 20 de noviembre, cuando había fiesta tanto en Cerocahui como en Bahuichivo (donde también hay jefes del cártel), un indígena de la región les dijo que no era cierto que los dejarían ir porque también es trabajo forzado. Les mostró por dónde podían huir.
Salieron de Cerocahui a Bahuichivo caminando, consiguieron un raid a San Rafael y de ahí los llevaron hasta la ciudad de Chihuahua. Fueron a las vías, donde les dan de cenar y se entrevistaron con los integrantes de la organización Más de siete migrantes, quienes les ofrecieron asesoría legal, psicológica y económica durante el tiempo que permanecieron en la ciudad, para interponer la denuncia.
El viernes 4 de diciembre, Adrián presentó la denuncia y partió a su lugar de origen. Mauricio también viajó a su tierra y Aurelio a Estados Unidos con la intención de reunirse con su familia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423482
Proceso logró entrevistar a tres sobrevivientes de estos campos: Adrián, Mauricio y Aurelio. En sus relatos se devela un infierno terrenal perfectamente ubicado, organizado y solapado por las autoridades.
“¡Bienvenidos al infierno!”
“¡Bienvenidos al infierno. Ahorita les vamos a presentar al diablo!”, les advierten en a los migrantes que bajan de la estación Julio Ornelas mientras los golpean para “invitarlos” a “trabajar”.
Julio Ornelas se ubica en el municipio de Guazapares y limita con el de Urique, ambos colindantes con el estado de Sinaloa, cerca del Triángulo Dorado.
Ahí fue reclutado Adrián. Inquieto y alegre, el oriundo de Baja California cuenta lo que vivió a sus 22 años: “Me dijeron que iba a tomar un tour para Ciudad Acuña, en Coahuila. Nos explicaron que es un nuevo sistema de migración de aduana para que ya no intentáramos cruzar otra vez, era dejarnos retirado de nuestro estado para batallar”.
Llegaron a la Casa del Migrante en dos camiones llenos. Adrián se sumó a cinco personas deportadas, de quienes se separó durante el camino. Sólo recibió el 25 por ciento del pasaje porque en ese mes (septiembre) Coahuila sufrió un desastre natural y requerían destinar más apoyo a los damnificados.
Consiguieron llegar hasta Torreón en vehículos y pasaron a Durango caminando. Posteriormente fueron trasladados en un tráiler hasta Chihuahua: “El 15 de septiembre dormimos en las vías (de Chihuahua).
Los otros dos chavos comenzaron a fumar mariguana y el tren salía en la madrugada. Me separé de ellos y me acoplé con otra persona, había muchísima gente cerca de las vías, pero sólo salimos tres. Uno tenía como 30 años, era de Chihuahua y el otro de Hermosillo”.
Se quedaron dormidos y horas después despertaron con un arma cuerno de chivo en la cara. “Con otro cuerno de chivo nos picaban las costillas. Eran como las 5 de la mañana. Nos levantaron con groserías: ‘órale hijo de tu mamá’”.
Los tres hombres que pararon el tren previamente colocaron banderas de colores para que el maquinista se detuviera.
“Eran tres chavos igual que nosotros, uno era el hijo del jefe (…) Bajaron a otros de diferentes vagones, no sabíamos que iban ahí. Éramos siete personas, a un viejito lo dejaron ir. Yo pensé que eran militares que nos iba a revisar o algo, me bajaron de un piquete con el arma y de una patada”.
Caminaron durante un día y medio hacia el lugar donde estaba el campamento. Pasaron un pueblo llamado Tojabó, donde después, supieron, surten la comida para los integrantes del grupo delictivo.
Cuando bajaron del tren, les dijeron que les iban a hacer el “paro” para “destapar la mota”. Les pagarían 200 pesos diarios que nunca recibieron. “Nos dijeron que llegando nos iban a matar una vaca y sí, lo cumplieron. Era una vaca podrida, llena de gusanos. Pero no había opción de negociar ‘o fierro o plomo’, así nos dijeron”.
En el camino hacia el campamento observaron muchos ranchos y más campamentos. Vieron mujeres caminando ensangrentadas, “era sangre de su mes. No hablábamos con ellas ni las veíamos casi, pero a nadie dejaban bañarse ni cambiarse, a veces podíamos bañarnos al pasar por un arroyo, nada más”.
“Ahora les voy a presentar al ‘diablo’”, les dijo el hijo del sicario responsable. Habían llegado.
Los recibió el jefe vestido de militar y les advirtió: “Quien quiera irse no la va a librar, los cerros están vigilados, no somos el único campamento”.
Adrián no estaba acostumbrado al trabajo de campo, ahí aprendió, pero mientras eso sucedía, sufrió fuertes golpes porque no rendía como otros: “Una vez, el dueño casi me quebró un brazo”.
Durante casi tres meses, Adrián limpió terrenos donde sembraron goma y mariguana, hasta tabaco.
“Nos daban de comer sólo caldo de frijol, cucharadas de cebo, caldo de cebo, suero de leche, caldo de hueso en un vaso de plástico. Ellos (los sicarios) sí comían muy bien, robaban ganado, vacas para hacerse sus comidas. Nosotros nada más olíamos la carne asada”, recuerda.
Al mes y medio llegó un helicóptero con militares. “Ya teníamos la parcela secando y la mariguana. Yo salí corriendo, no supe si aterrizaron o bajaron por una cuerda. Corrí toda la tarde y ese fue mi primer intento de fuga. Al día siguiente me desperté sobre una piedra y supe que no tenía otra opción que regresar”.
“Iba asustado porque me iban a pegar por haberme ido. Vi que tiraron varios árboles para bajar con el helicóptero”. Sólo regresaron dos de los seis que llegaron con Adrián. Eran de Sinaloa, Honduras, Aguascalientes, Torreón y ciudad Cuauhtémoc, municipio de Chihuahua.
Los militares no quemaron toda la droga, dejaron la mitad del producto y el trabajo forzado continuó.
Los tres entrevistados refieren que el jefe era de Los Mochis, Sinaloa, y empleado del cártel que lleva el nombre de ese estado.
En el siguiente viaje para reclutar más migrantes, llegó Mauricio, quien tiene 27 años y es del estado de Chihuahua. También lo bajaron en la estación Julio Ornelas. Él iba de regreso a su casa. Salió de Estación Sufragio, en el estado de Sinaloa.
El tiro al blanco
En el campamento hay una cabaña para los jefes, pero los trabajadores duermen abajo de un árbol, junto con las gallinas. Les dan una cobija a algunos, otros se envuelven en las chamarras o la poca ropa que llevan. Les quitan sus desgastados zapatos o tenis durante la noche, para que no se escapen.
Al primer canto del gallo, alrededor de las 5 de la mañana, todos tienen que estar listos con la cobija doblada. El segundo canto les indica que pueden tomar su cucharada sopera de caldo y al tercero todos deben comenzar a trabajar.
Adrián palpó la muerte. Le tocó vivir el tiro al blanco. Cuando el jefe se enojaba o alguien intentaba escapar, ponía a tres o cuatro con una botella de agua en la cabeza para dispararles. Uno a uno les disparaba, si le daba a la botella, estaban salvados todos y merecían vivir, si no, los mataban.
Harto de insultos y golpes, Adrián intentó huir, pero lo delataron los perros. El castigo: el tiro al blanco. Cuando tocó su turno, pasó la bala a un lado. Se salvó.
Mauricio escuchó que a un joven que llegó con otro grupo sí lo mataron. “Me enseñaron dónde lo quemaron, ahí había unos huesitos. También contaban de otro que se robó un queso, porque hacían quesos para los jefes, lo lanzaron a una barranca (..) Uno de los muchachos decía que estábamos sobreviviendo gracias a las tres o cuatro tortillas que nos daban al día”.
“Nos trataban a groserías, con un garrote siempre nos pegaban en la espalda, un día casi me quebró el patrón el brazo derecho, lo traje hinchado, no podía cargar leña ni tercios (bultos de mariguana).
Mauricio trabajaba en el campo y le fue más fácil, pero fue humillante, como que lo que quieren es terminar con el autoestima de uno”, completa Adrián.
“Toda nuestra plática era sobre cuándo íbamos a salir de ahí. Todos decíamos que el que saliera, iba a decir dónde estaban los demás, para que hicieran algo por todos”, agrega Mauricio.
Los tres narraron a Apro sus testimonios a su regreso a la ciudad de Chihuahua, donde fueron apoyados por la organización civil Más de Siete Migrantes.
La Sierra Tarahumara se convirtió en un campo silencioso de entrenamiento de sicarios, un centro de reclutamiento forzado para sembrar mariguana, un infierno para los migrantes que son deportados de Estados Unidos y que deben pasar “de trampa” en el tren de carga de la empresa Ferromex.
Invisibles para los capitalinos, cientos de migrantes mexicanos y centroamericanos llegan a la ciudad de Chihuahua para subir a las cajas del tren que recorre la zona serrana de la entidad y dirigirse al estado de Sinaloa.
El 4 de diciembre, La Fiscalía General del Estado recibió una denuncia por trata de personas presentada por Mauricio, quien decidió interponer el recurso, como lo prometió a otros compañeros que se quedaron esclavizados.
En diferentes fechas, los tres migrantes mencionados subieron a los vagones del tren para intentar llegar a Sinaloa, a la estación Sufragio del municipio El Fuerte. Antes de llegar, en la estación Julio Ornelas, en el municipio de Guazapares, fueron bajados y reclutados con otros compañeros.
Como ellos, decenas de migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras han sido retenidos por la fuerza. Varios han logrado huir, pero el miedo los paraliza y no denuncian.
La huida
Cerca del campamento en el que estaban, había dos cerros que ubicaron como referencia. El de la sierra de Tojabó y el de El Manazano, donde hay una aeropista.
Adrián y Mauricio acordaron huir cuando los enviaran a ordeñar las vacas, actividad que les llevaba alrededor de una hora. Caminaron en sentido contrario del pueblo de Tojabó, conformado por unas cinco o seis casas.
Caminaron más de un día y llegaron al rancho La Guáchara. Pidieron ayuda a una familia. Les dieron de comer y les ofrecieron trabajo durante tres días en tierras de cultivo de mariguana, pero con mejor trato. Les consiguieron aventón a Cerocahui, del municipio de Urique.
El pueblo minero de Cerocahui está custodiado por halcones del cártel de Sinaloa, pero de jefes distintos a los de Guazapares. “En cuanto bajamos de la troca, nos abordaron y nos interrogaron. Les dijimos la verdad, porque ya sabíamos que son grupos contrarios, fue como un instinto de sobrevivencia. Nos ofrecieron trabajo, dijeron que era voluntario y que nos estuviéramos quince días para decidir si nos quedábamos ahí o no. Eran hombres armados pero con armas cortas”, recuerda Mauricio.
Los llevaron a otro cerro, donde había dos adolescentes indígenas de unos 14 y 17 años, eran de la región. Ahí sólo tenían que cambiar la manguera de riego de una parcela de droga a otra. Les dejaron comida y podrían preparar lo que quisieran. Era como un sueño. Los trataban bien.
Pronto supieron que en cerros de la región también reclutan jóvenes para llevarlos a campos de entrenamiento. “Les dan armas y los ponen a disparar para ir a otro territorio a atacar. Los que no tenían buen tiro, los dejan hasta que aprendan”.
El 20 de noviembre, cuando había fiesta tanto en Cerocahui como en Bahuichivo (donde también hay jefes del cártel), un indígena de la región les dijo que no era cierto que los dejarían ir porque también es trabajo forzado. Les mostró por dónde podían huir.
Salieron de Cerocahui a Bahuichivo caminando, consiguieron un raid a San Rafael y de ahí los llevaron hasta la ciudad de Chihuahua. Fueron a las vías, donde les dan de cenar y se entrevistaron con los integrantes de la organización Más de siete migrantes, quienes les ofrecieron asesoría legal, psicológica y económica durante el tiempo que permanecieron en la ciudad, para interponer la denuncia.
El viernes 4 de diciembre, Adrián presentó la denuncia y partió a su lugar de origen. Mauricio también viajó a su tierra y Aurelio a Estados Unidos con la intención de reunirse con su familia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423482
viernes, 21 de agosto de 2015
Localizan predios en donde laboraban 200 niños en condiciones de esclavitud
MÉXICO, D.F: Autoridades del estado de Coahuila aseguraron dos predios (El Pedregal y Santa Cruz) localizados en el Ejido Estación Hidalgo, del municipio Ramos Arizpe, donde laboraban 200 niños en condiciones de esclavitud.
En el operativo participaron elementos de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, Secretaría del Trabajo y Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), quienes lograron rescatar a 54 niños. El resto huyó del lugar con rumbo desconocido.
En un comunicado, la PGJE informó que fueron detenidas tres personas: Roberto Martínez García, de 50 años; Pedro Cisneros Rodríguez, de 36, y Juan Gerardo Castillo, de 39 años, encargados de la finca donde se empaquetaba cebolla y calabaza, entre otros productos del campo.
Uno de los detenidos admitió que tenía la encomienda de reclutar a menores en Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo.
De acuerdo con la dependencia, por la mañana los niños eran alimentados sólo con café y un pan, y el resto de la jornada se les suministraba agua con sal para evitar la deshidratación. Por el trabajo realizado recibían una paga diaria de 100 pesos.
El secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, precisó que el rescate de los niños y la detención de los tres sujetos fue posible por la instrumentación de los operativos permanentes de supervisión y vigilancia que llevan a cabo las autoridades.
“Es instrucción del gobernador llevar a cabo estos operativos, así como aplicar todo el rigor de la ley a los responsables”, apuntó.
Más tarde el funcionario estatal confirmó el aseguramiento de otras 20 personas que trabajaban en un rancho del ejido El Higo, también de Ramos Arizpe, bajo condiciones de esclavitud.
Precisó que alrededor de las 4 de la mañana de este jueves se detectó a esas personas a la altura de Cañada Ancha, y entre el grupo había cuatro menores.
Zamora Rodríguez advirtió que continuarán los rastreos vía aérea para detectar situaciones del mismo tipo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En el operativo participaron elementos de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, Secretaría del Trabajo y Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), quienes lograron rescatar a 54 niños. El resto huyó del lugar con rumbo desconocido.
En un comunicado, la PGJE informó que fueron detenidas tres personas: Roberto Martínez García, de 50 años; Pedro Cisneros Rodríguez, de 36, y Juan Gerardo Castillo, de 39 años, encargados de la finca donde se empaquetaba cebolla y calabaza, entre otros productos del campo.
Uno de los detenidos admitió que tenía la encomienda de reclutar a menores en Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo.
De acuerdo con la dependencia, por la mañana los niños eran alimentados sólo con café y un pan, y el resto de la jornada se les suministraba agua con sal para evitar la deshidratación. Por el trabajo realizado recibían una paga diaria de 100 pesos.
El secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, precisó que el rescate de los niños y la detención de los tres sujetos fue posible por la instrumentación de los operativos permanentes de supervisión y vigilancia que llevan a cabo las autoridades.
“Es instrucción del gobernador llevar a cabo estos operativos, así como aplicar todo el rigor de la ley a los responsables”, apuntó.
Más tarde el funcionario estatal confirmó el aseguramiento de otras 20 personas que trabajaban en un rancho del ejido El Higo, también de Ramos Arizpe, bajo condiciones de esclavitud.
Precisó que alrededor de las 4 de la mañana de este jueves se detectó a esas personas a la altura de Cañada Ancha, y entre el grupo había cuatro menores.
Zamora Rodríguez advirtió que continuarán los rastreos vía aérea para detectar situaciones del mismo tipo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
miércoles, 3 de junio de 2015
#FreeNestora. La historia de Edith, explotada y abusada sexualmente en Huixquilucan
MÉXICO, D.F: Edith, de origen oaxaqueño, hacía trabajo doméstico en un departamento de lujo cercano a Interlomas, en el municipio mexiquense de Huixquilucan.
Las patronas, Margarita y Tatiana, madre e hija, la tenían en condiciones casi de esclavitud: su jornada de trabajo iniciaba a las 5:00 horas, no tenía salario, no podía salir de la vivienda, sólo le daban de comer arroz y frijoles, la golpeaban a la menor provocación, la hacían dormir en una tina con agua y, para rematar, Jorge, otro hijo de Margarita, la obligaba a tener relaciones sexuales con él y sus amigos.
Margarita y su hija Tatiana, fueron detenidas por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el pasado 28 de mayo en un operativo realizado en Juchitán, Oaxaca, de donde es originaria la víctima. Se les acusa de trata de personas con fines de explotación en la modalidad de servidumbre.
Edith llegó al Distrito Federal cuando tenía 12 años. Comenzó a trabajar en Polanco y después se la llevaron al fraccionamiento Hacienda de las Palmas, en la zona residencial vecina a Interlomas. Y allí empezó su pesadilla.
Contó: “Empezaba a trabajar desde las 5 de la mañana todos los días, sólo comía frijoles y arroz, y cuando no les gustaba mi trabajo la señora Margarita y su hija Tatiana, me golpeaban con los puños y me pateaban”.
“Durante ocho meses dormí en una tina con agua, porque decían que estaba loca”, relató Edith, quien pidió a sus padres que se llevaran a su hermana menor, para que ella no sufriera esos tratos.
Aseguró que el hijo de Margarita, Jorge, la violó en repetidas ocasiones y que incluso la obligó a tener relaciones sexuales con otros hombres, que llegaban a uno de los departamentos de Hacienda del Ciervo 23, Torre B en Villas de La Palmas.
El relato de Edith fue confirmado por Julio, su pareja sentimental, quien era vigilante de dicho conjunto residencial y auxilió a la joven luego de casi un año de vivir en cautiverio.
De acuerdo con la víctima, su expatrona, Margarita, es dirigente del PRI, y repartía “despensas”.
La exsenadora Rosy Orozco, quien está al frente de la organización Unidos contra la trata acompañó a Edith en su relato a los medios.
Denunció que la familia de la víctima está siendo amenazada tanto en Juchitán como en el Valle de México.
“¿Cuánto quieres para que retiren la demanda contra Margarita y su hija?. Cuídate bien”, fue una de las amenazas que recibió. Asegura que quien la amenazó fue Daniel Gurrión, exalcalde de Juchitán.
La víctima también sostiene que Jorge, su violador, quien está prófugo, es colaborador cercano del legislador priista Adolfo Toledo Infasón.
Personal de vigilancia afirmó que en el departamento en cuestión, en Hacienda del Ciervo número 23, en uno de los departamentos de la torre B, no había registro de Margarita, Tatiana y Jorge, quienes entre 2009 y 2010, mantuvieron cautiva a Edith cuando esta tenía 14 años de edad.
En su relato, la joven describió el departamento de lujo, del que intentó escapar en una ocasión, pero fue retenida por vigilantes privados, quienes por órdenes de su patrona le impedían salir.
Fue Julio, que también era guardia, quien se percató que la menor pedía auxilio, presentaba alto grado de desnutrición y señales de ser maltratada.
Edith ya cumplió 19 años.
“Fueron casi cinco años de denuncias y terapias, hasta que el pasado jueves 28 de mayo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la oaxaqueña, lograron la detención de ambas mujeres, en un caso que no podemos solapar”, concluyó Rosy Orozco.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL).
Las patronas, Margarita y Tatiana, madre e hija, la tenían en condiciones casi de esclavitud: su jornada de trabajo iniciaba a las 5:00 horas, no tenía salario, no podía salir de la vivienda, sólo le daban de comer arroz y frijoles, la golpeaban a la menor provocación, la hacían dormir en una tina con agua y, para rematar, Jorge, otro hijo de Margarita, la obligaba a tener relaciones sexuales con él y sus amigos.
Margarita y su hija Tatiana, fueron detenidas por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el pasado 28 de mayo en un operativo realizado en Juchitán, Oaxaca, de donde es originaria la víctima. Se les acusa de trata de personas con fines de explotación en la modalidad de servidumbre.
Edith llegó al Distrito Federal cuando tenía 12 años. Comenzó a trabajar en Polanco y después se la llevaron al fraccionamiento Hacienda de las Palmas, en la zona residencial vecina a Interlomas. Y allí empezó su pesadilla.
Contó: “Empezaba a trabajar desde las 5 de la mañana todos los días, sólo comía frijoles y arroz, y cuando no les gustaba mi trabajo la señora Margarita y su hija Tatiana, me golpeaban con los puños y me pateaban”.
“Durante ocho meses dormí en una tina con agua, porque decían que estaba loca”, relató Edith, quien pidió a sus padres que se llevaran a su hermana menor, para que ella no sufriera esos tratos.
Aseguró que el hijo de Margarita, Jorge, la violó en repetidas ocasiones y que incluso la obligó a tener relaciones sexuales con otros hombres, que llegaban a uno de los departamentos de Hacienda del Ciervo 23, Torre B en Villas de La Palmas.
El relato de Edith fue confirmado por Julio, su pareja sentimental, quien era vigilante de dicho conjunto residencial y auxilió a la joven luego de casi un año de vivir en cautiverio.
De acuerdo con la víctima, su expatrona, Margarita, es dirigente del PRI, y repartía “despensas”.
La exsenadora Rosy Orozco, quien está al frente de la organización Unidos contra la trata acompañó a Edith en su relato a los medios.
Denunció que la familia de la víctima está siendo amenazada tanto en Juchitán como en el Valle de México.
“¿Cuánto quieres para que retiren la demanda contra Margarita y su hija?. Cuídate bien”, fue una de las amenazas que recibió. Asegura que quien la amenazó fue Daniel Gurrión, exalcalde de Juchitán.
La víctima también sostiene que Jorge, su violador, quien está prófugo, es colaborador cercano del legislador priista Adolfo Toledo Infasón.
Personal de vigilancia afirmó que en el departamento en cuestión, en Hacienda del Ciervo número 23, en uno de los departamentos de la torre B, no había registro de Margarita, Tatiana y Jorge, quienes entre 2009 y 2010, mantuvieron cautiva a Edith cuando esta tenía 14 años de edad.
En su relato, la joven describió el departamento de lujo, del que intentó escapar en una ocasión, pero fue retenida por vigilantes privados, quienes por órdenes de su patrona le impedían salir.
Fue Julio, que también era guardia, quien se percató que la menor pedía auxilio, presentaba alto grado de desnutrición y señales de ser maltratada.
Edith ya cumplió 19 años.
“Fueron casi cinco años de denuncias y terapias, hasta que el pasado jueves 28 de mayo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la oaxaqueña, lograron la detención de ambas mujeres, en un caso que no podemos solapar”, concluyó Rosy Orozco.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL).
viernes, 1 de mayo de 2015
“Se veían tan humanos, tan inocentes, tan incapaces de llegar a hacer esto”: joven esclavizada en el DF
Zanduri, seudónimo que usó la joven que fue sometida a violencia y cautiverio en una tintorería al sur del Distrito Federal dio entrevistas para Univisión y el diario El País, en las que contó lo que sufrió en manos de Leticia Molina Ochoa y su familia.
Para Univisión dijo que era golpeada cuando no cumplía con sus labores de planchado o “por coraje”. Relató que llegó al local a pedir trabajo, pero después de un tiempo, las personas que la contrataron la encadenaron para que no dejara de laborar, porque si lo hacía la golpeaban hasta que sangrara. Detalló que la golpeaban con llaves tipo stillson o con palos.
En entrevista para El País, la joven mencionó que cuando llegó a laborar no se imaginó que la someterían pues “se veían tan humanos, tan inocentes. Tan incapaces de llegar a hacer esto”.
Zanduri narró para el diario español que tuvo una infancia difícil, “no me llevaba bien con mi mamá. Tomé la decisión de huir de mi casa, como toda señorita rebelde”, y se fue a vivir con su entonces novio, pero la relación no funcionó por lo que se quedó en la calle, sin casa y sin trabajo.
Por esos motivos pidió empleo a la familia Hernández Molina, pues ya había laborado con ellos cuando tenía 15 años de edad. Le pagaban 300 pesos por trabajar nueve horas de lunes a sábado.
La mujer, que también es llamada Ana o Alejandra narró que llamaba mamá Molina Ochoa “porque la veía como una familia”. Sin embargo, un día dejaron de pagarle y le cobraban las camisas que llegaba a quemar, luego de 14 horas de trabajo.
La familia la acusó de robar dinero, por lo que “fue creciendo la deuda, los problemas, el agotamiento. Toda mi vida ya era de ella. Era como si hubiera construido un muro tan alto que ya no tenía fin”, relató.
Zanduri consideró que los castigos no parecían desproporcionados, incluso, dice que “lo veía normal. Las primeras veces que Leticia me llegó a pegar, yo no lo veía mal, era como un correctivo de una madre a una hija”, explicó.
La joven contó que Leticia Molina le quemaba la espalda y el cuello con la plancha y le decía “que no servía para nada, que me odiaba, que lo mejor que podía hacer era morirme, que era un monstruo al que nadie quería”.
Sólo le daban de comer una vez al día, y para mitigar el hambre matizaba el plástico de las bolsas en las que envolvían la ropa de la tintorería. También bebía el agua de la plancha cuando tenía sed. Según los médicos que la revisaron, sus órganos parecen de una personas de 81 años de edad y su aspecto es el de una menor de edad.
Narró que una vez trató de escapar en noviembre de 2014, pero Molina Ochoa la descubrió y la encadenó en la sala de la casa. Le pusieron una cadena en la cintura, a veces en el cuello, atada a una varilla que le permitía moverse sólo desde su cama a una mesa para planchar.
El pasado jueves 16 de abril, Leticia Molina le colocó mal la cadena y la chica se percató, pero no dijo nada. El candado estuvo mal puesto por tres días, “fui asimilando mi escape, en irme y que no me saliera mal. Si se daba cuenta yo creo que no lo contaba”, expresó.
Zanduri saltó por la ventana en la primera oportunidad y usó un billete de cien pesos que encontró en la camisa de un cliente, tomó un taxi y huyó.
Tras su denuncia, las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Leticia Molina Ochoa y a otras cinco personas de la familia, que durante años “solo veían y callaban” las humillaciones. Están acusadas de delitos que podrían enviarlos 40 años a prisión.
Según detalla el diario El País, por primera vez en la entrevista, Zunduri levantó la mirada del piso para ver hacia el futuro: “Quiero tomar un curso de repostería y poner mi propio negocio de pan y pasteles”.
En su declaración, la víctima señaló que en la planchaduría donde la tenían retenida, ubicada en el Distrito Federal, le daban de comer una vez al día y muy poco.
Agregó que cuando pretendía apoyarse en la plancha para descansar un poco, era golpeada e incluso le quemaban la espalda con la plancha y que cuando las heridas cicatrizaban, le arrancaban las costras.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) señaló, mediante un comunicado, que se trata del primer caso de este tipo en la Ciudad de México.
Asimismo, informó que fueron detenidos José de Jesús Sánchez Vera, las hermanas Leticia y Fani Molina Ochoa, y las hijas de ésta, Ivette y Jannet Hernández Molina, luego de realizar un cateo en el establecimiento ubicado en calle Izamal, Manzana 134, Lote 22, colonia Lomas de Padierna, en la delegación Tlalpan, donde presuntamente la víctima era obligada a realizar trabajos forzados.
Las mujeres fueron remitidas al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, y el hombre al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, todos acusados del delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados.
En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, Juana Camila Bautista Rebolla, informó ayer que la víctima llegó a la planchaduría a pedir trabajo y que los dueños le ofrecieron vivir en el lugar. Dijo que durante un tiempo le dieron un buen trato, pero después, la acusaron de robo, razón por la que la retuvieron y dejaron de pagar su salario.
Bautista Rebolla refirió que el trato que recibió la joven en cautiverio le provocó una severa anemia y añadió que, de acuerdo con los estudios médicos que le realizaron, presenta un aspecto físico de 14 años de edad, pero sus órganos internos y las funciones de los mismos son los de una persona de 81 años de edad.
La Fiscal agregó que en el caso intervienen peritos médicos en psicología, criminalística y química.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-05-2015/1331446.
Para Univisión dijo que era golpeada cuando no cumplía con sus labores de planchado o “por coraje”. Relató que llegó al local a pedir trabajo, pero después de un tiempo, las personas que la contrataron la encadenaron para que no dejara de laborar, porque si lo hacía la golpeaban hasta que sangrara. Detalló que la golpeaban con llaves tipo stillson o con palos.
En entrevista para El País, la joven mencionó que cuando llegó a laborar no se imaginó que la someterían pues “se veían tan humanos, tan inocentes. Tan incapaces de llegar a hacer esto”.
Zanduri narró para el diario español que tuvo una infancia difícil, “no me llevaba bien con mi mamá. Tomé la decisión de huir de mi casa, como toda señorita rebelde”, y se fue a vivir con su entonces novio, pero la relación no funcionó por lo que se quedó en la calle, sin casa y sin trabajo.
Por esos motivos pidió empleo a la familia Hernández Molina, pues ya había laborado con ellos cuando tenía 15 años de edad. Le pagaban 300 pesos por trabajar nueve horas de lunes a sábado.
La mujer, que también es llamada Ana o Alejandra narró que llamaba mamá Molina Ochoa “porque la veía como una familia”. Sin embargo, un día dejaron de pagarle y le cobraban las camisas que llegaba a quemar, luego de 14 horas de trabajo.
La familia la acusó de robar dinero, por lo que “fue creciendo la deuda, los problemas, el agotamiento. Toda mi vida ya era de ella. Era como si hubiera construido un muro tan alto que ya no tenía fin”, relató.
Zanduri consideró que los castigos no parecían desproporcionados, incluso, dice que “lo veía normal. Las primeras veces que Leticia me llegó a pegar, yo no lo veía mal, era como un correctivo de una madre a una hija”, explicó.
La joven contó que Leticia Molina le quemaba la espalda y el cuello con la plancha y le decía “que no servía para nada, que me odiaba, que lo mejor que podía hacer era morirme, que era un monstruo al que nadie quería”.
Sólo le daban de comer una vez al día, y para mitigar el hambre matizaba el plástico de las bolsas en las que envolvían la ropa de la tintorería. También bebía el agua de la plancha cuando tenía sed. Según los médicos que la revisaron, sus órganos parecen de una personas de 81 años de edad y su aspecto es el de una menor de edad.
Narró que una vez trató de escapar en noviembre de 2014, pero Molina Ochoa la descubrió y la encadenó en la sala de la casa. Le pusieron una cadena en la cintura, a veces en el cuello, atada a una varilla que le permitía moverse sólo desde su cama a una mesa para planchar.
El pasado jueves 16 de abril, Leticia Molina le colocó mal la cadena y la chica se percató, pero no dijo nada. El candado estuvo mal puesto por tres días, “fui asimilando mi escape, en irme y que no me saliera mal. Si se daba cuenta yo creo que no lo contaba”, expresó.
Zanduri saltó por la ventana en la primera oportunidad y usó un billete de cien pesos que encontró en la camisa de un cliente, tomó un taxi y huyó.
Tras su denuncia, las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Leticia Molina Ochoa y a otras cinco personas de la familia, que durante años “solo veían y callaban” las humillaciones. Están acusadas de delitos que podrían enviarlos 40 años a prisión.
Según detalla el diario El País, por primera vez en la entrevista, Zunduri levantó la mirada del piso para ver hacia el futuro: “Quiero tomar un curso de repostería y poner mi propio negocio de pan y pasteles”.
En su declaración, la víctima señaló que en la planchaduría donde la tenían retenida, ubicada en el Distrito Federal, le daban de comer una vez al día y muy poco.
Agregó que cuando pretendía apoyarse en la plancha para descansar un poco, era golpeada e incluso le quemaban la espalda con la plancha y que cuando las heridas cicatrizaban, le arrancaban las costras.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) señaló, mediante un comunicado, que se trata del primer caso de este tipo en la Ciudad de México.
Asimismo, informó que fueron detenidos José de Jesús Sánchez Vera, las hermanas Leticia y Fani Molina Ochoa, y las hijas de ésta, Ivette y Jannet Hernández Molina, luego de realizar un cateo en el establecimiento ubicado en calle Izamal, Manzana 134, Lote 22, colonia Lomas de Padierna, en la delegación Tlalpan, donde presuntamente la víctima era obligada a realizar trabajos forzados.
Las mujeres fueron remitidas al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, y el hombre al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, todos acusados del delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados.
En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, Juana Camila Bautista Rebolla, informó ayer que la víctima llegó a la planchaduría a pedir trabajo y que los dueños le ofrecieron vivir en el lugar. Dijo que durante un tiempo le dieron un buen trato, pero después, la acusaron de robo, razón por la que la retuvieron y dejaron de pagar su salario.
Bautista Rebolla refirió que el trato que recibió la joven en cautiverio le provocó una severa anemia y añadió que, de acuerdo con los estudios médicos que le realizaron, presenta un aspecto físico de 14 años de edad, pero sus órganos internos y las funciones de los mismos son los de una persona de 81 años de edad.
La Fiscal agregó que en el caso intervienen peritos médicos en psicología, criminalística y química.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-05-2015/1331446.
martes, 28 de abril de 2015
Cinco personas son acusadas de esclavizar a una joven en el DF
La joven estaba encadenada y dice que sólo que sólo le daban de comer una vez al día.
Las autoridades de la ciudad de México detuvieron a cinco personas acusadas de mantener a una mujer encadenada a una estación de planchado y forzarla a trabajar en condiciones de esclavitud.
La Procuraduría General de Justicia informó este lunes 27 de abril en un comunicado que cuatro mujeres y un hombre enfrentan cargos por trata de personas por someter a la mujer de 22 años y obligarla a planchar por dos años.
La dependencia señaló que los dueños de la tienda de planchado la contrataron inicialmente y luego la acusaron de robar cosas, por lo que decidieron encadenarla. Si paraba de planchar, la mujer era golpeada e incluso quemada en la espalda.
La mujer declaró que le daban de comer muy poco y solo una vez al día, por lo que llegaba a masticar el plástico con el que cubría la ropa que planchaba.
La Procuraduría refirió que la mujer escapó y denunció el caso, aunque no dio más detalles sobre cómo logró liberarse.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AP.
Las autoridades de la ciudad de México detuvieron a cinco personas acusadas de mantener a una mujer encadenada a una estación de planchado y forzarla a trabajar en condiciones de esclavitud.
La Procuraduría General de Justicia informó este lunes 27 de abril en un comunicado que cuatro mujeres y un hombre enfrentan cargos por trata de personas por someter a la mujer de 22 años y obligarla a planchar por dos años.
La dependencia señaló que los dueños de la tienda de planchado la contrataron inicialmente y luego la acusaron de robar cosas, por lo que decidieron encadenarla. Si paraba de planchar, la mujer era golpeada e incluso quemada en la espalda.
La mujer declaró que le daban de comer muy poco y solo una vez al día, por lo que llegaba a masticar el plástico con el que cubría la ropa que planchaba.
La Procuraduría refirió que la mujer escapó y denunció el caso, aunque no dio más detalles sobre cómo logró liberarse.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AP.
martes, 14 de abril de 2015
Denuncian activistas explotación y abuso a jornaleros en 19 estados
MÉXICO, D.F: Defensores de los derechos de los jornaleros agrícolas denunciaron la explotación generalizada a la que son sometidos los indígenas que cada año dejan sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida.
En conferencia de prensa, integrantes del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, además de Respuesta Alternativa, Voces Latinoamericanas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, precisaron que los indígenas son contratados por enganchadores que ofrecen condiciones laborales inexistentes y los patrones exigen más de 10 horas de trabajo extenuante, aunado a la ausencia de apoyos gubernamentales, tiendas de raya e impunidad para los dueños de las fincas agrícolas.
Los defensores reconocieron que la movilización de jornaleros de San Quintín (Baja California) que pugnan por un aumento salarial, inscripción al IMSS y cese al hostigamiento sexual, entre otras demandas, evidencia una realidad generalizada en 19 entidades a donde llegan miles de trabajadores agrícolas de los estados más pobres del país en cada periodo de cosechas.
Explicaron que por jornadas laborales extenuantes de más de 10 horas y por las cuales cada persona recibe entre 110 y 140 pesos, la agroindustria exporta cada año 400 mil millones de pesos.
Luego de destacar que la cifra de trabajadores de las agroindustrias ascendió a 2 millones, según cifras de la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) de 2009, los defensores acusaron que mientras se solapa la explotación laboral, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 destinó 338 mil millones de pesos para apoyar a los agroindustriales.
De acuerdo con los activistas, los estados donde se encuentran las agroindustrias que requieren de mano de obra barata son Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Estado de México y Chiapas, en tanto que las entidades expulsoras son las diez más pobres del país, entre ellas Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Ezequiel Montes, del FIOB, dijo que la movilización de jornaleros agrícolas en San Quintín es un “grito desesperado” ante las condiciones laborales y el abandono institucional.
Giovana Battaglia, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, explicó que a partir de 2011 se detectó en Guanajuato a indígenas originarios de estados del sur del país, pero “no hay condiciones para recibir a las cientos de familias que llegan”.
Battaglia destacó que su organización ha detectado a menores de seis años trabajando en los campos, y tras una encuesta realizada por esa misma agrupación en torno de las condiciones de salud de los niños jornaleros, concluyeron que “42% sufren desnutrición crónica agudizada por la baja calidad de alimentación”. Además, dijo, en Guanajuato han muerto cinco menores hijos de jornaleros.
Jesús Carmona, de Respuesta Alternativa, resaltó que en San Luis Potosí operan 32 empresas agroindustriales que destinan 90% de su producción a la exportación, por lo que en los últimos dos años se ha incrementado la contratación de trabajadores originarios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Morelos.
Sobre el trabajo infantil, recordó que en julio de 2014 una camioneta con jornaleros se volcó y murieron dos niños “con signos de haber trabajado en los campos, al igual que otros dos que resultaron heridos”.
Hasta ahora, apuntó, “las autoridades no han encontrado el rancho que los contrató (…) estamos hablando de una posición oficial de omisión, complicidad e incapacidad”.
Margarita Nemecio, de Tlachinollan, sostuvo que de 2007 a la fechan han muerto 41 niños guerrerenses en los campos agrícolas de Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y San Luis Potosí.
“Hasta ahora no ha habido justicia para las familias, ni nada que se le parezca a una indemnización”, apuntó, y reprobó que siendo un problema tan añejo, las autoridades federales se niegan a atender las irregularidades que engloban el fenómeno de la migración interna.
“No hay ningún tipo de supervisión ni sanción para los enganchadores que engañan a los trabajadores, no hay supervisión a los transportistas contratados por empresarios para llevar a jornaleros. Nosotros detectamos condiciones de hacinamiento, pero ningún camión fue revisado por la Policía Federal, ni se verificó que tuvieran sus documentos en regla”, precisó.
Entre las omisiones de las autoridades, Nemecio señaló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no verifica si las condiciones de trabajo son las adecuadas y “ni siquiera si hay reglamento para la seguridad del trabajador. Hemos detectado lineamientos para que los productos estén bien, pero no para garantizar la seguridad de los jornaleros”, subrayó.
Aldo Ledón, de Voces Latinoamericanas, informó sobre las condiciones de explotación en al menos 860 fincas en la región del Soconusco, Chiapas, donde laboran alrededor de 120 mil guatemaltecos, además de que –dijo– existe una cifra indeterminada de centroamericanos que laboran en condiciones irregulares.
La catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM, Antonieta Barrón, lamentó que las condiciones para los trabajadores agrícolas vayan en detrimento, pese a que existen instituciones creadas para su atención desde la década de los noventa. “No hay voluntad política para modificar las condiciones de trabajo”, afirmó.
En la conferencia de prensa también estuvieron integrantes de una familia de indígenas de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, quienes denunciaron malos tratos de los contratistas, así como el incumplimiento e ineficiencia de programas sociales como el de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) y el Seguro Popular, sin contar con la constante discriminación en los estados del norte del país.
Bajo condición del anonimato, la familia indígena relató que a pesar de que existen recursos para apoyar la movilidad de las familias a través del PAJA, “cuando nos dan la tarjeta y vamos al cajero nos dicen que no tiene fondos”.
De acuerdo con la normatividad del PAJA, una familia de jornaleros migrantes puede cobrar 800 pesos para apoyo de transporte cuando mucho en tres ocasiones, en un mismo periodo de cosecha.
También reclamaron que no cuentan con servicio médico y que a pesar de que tienen Seguro Popular, en las zonas de trabajo no les validan el servicio porque se dieron de alta en sus lugares de origen.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
En conferencia de prensa, integrantes del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, además de Respuesta Alternativa, Voces Latinoamericanas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, precisaron que los indígenas son contratados por enganchadores que ofrecen condiciones laborales inexistentes y los patrones exigen más de 10 horas de trabajo extenuante, aunado a la ausencia de apoyos gubernamentales, tiendas de raya e impunidad para los dueños de las fincas agrícolas.
Los defensores reconocieron que la movilización de jornaleros de San Quintín (Baja California) que pugnan por un aumento salarial, inscripción al IMSS y cese al hostigamiento sexual, entre otras demandas, evidencia una realidad generalizada en 19 entidades a donde llegan miles de trabajadores agrícolas de los estados más pobres del país en cada periodo de cosechas.
Explicaron que por jornadas laborales extenuantes de más de 10 horas y por las cuales cada persona recibe entre 110 y 140 pesos, la agroindustria exporta cada año 400 mil millones de pesos.
Luego de destacar que la cifra de trabajadores de las agroindustrias ascendió a 2 millones, según cifras de la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) de 2009, los defensores acusaron que mientras se solapa la explotación laboral, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 destinó 338 mil millones de pesos para apoyar a los agroindustriales.
De acuerdo con los activistas, los estados donde se encuentran las agroindustrias que requieren de mano de obra barata son Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Estado de México y Chiapas, en tanto que las entidades expulsoras son las diez más pobres del país, entre ellas Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Ezequiel Montes, del FIOB, dijo que la movilización de jornaleros agrícolas en San Quintín es un “grito desesperado” ante las condiciones laborales y el abandono institucional.
Giovana Battaglia, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, explicó que a partir de 2011 se detectó en Guanajuato a indígenas originarios de estados del sur del país, pero “no hay condiciones para recibir a las cientos de familias que llegan”.
Battaglia destacó que su organización ha detectado a menores de seis años trabajando en los campos, y tras una encuesta realizada por esa misma agrupación en torno de las condiciones de salud de los niños jornaleros, concluyeron que “42% sufren desnutrición crónica agudizada por la baja calidad de alimentación”. Además, dijo, en Guanajuato han muerto cinco menores hijos de jornaleros.
Jesús Carmona, de Respuesta Alternativa, resaltó que en San Luis Potosí operan 32 empresas agroindustriales que destinan 90% de su producción a la exportación, por lo que en los últimos dos años se ha incrementado la contratación de trabajadores originarios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Morelos.
Sobre el trabajo infantil, recordó que en julio de 2014 una camioneta con jornaleros se volcó y murieron dos niños “con signos de haber trabajado en los campos, al igual que otros dos que resultaron heridos”.
Hasta ahora, apuntó, “las autoridades no han encontrado el rancho que los contrató (…) estamos hablando de una posición oficial de omisión, complicidad e incapacidad”.
Margarita Nemecio, de Tlachinollan, sostuvo que de 2007 a la fechan han muerto 41 niños guerrerenses en los campos agrícolas de Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y San Luis Potosí.
“Hasta ahora no ha habido justicia para las familias, ni nada que se le parezca a una indemnización”, apuntó, y reprobó que siendo un problema tan añejo, las autoridades federales se niegan a atender las irregularidades que engloban el fenómeno de la migración interna.
“No hay ningún tipo de supervisión ni sanción para los enganchadores que engañan a los trabajadores, no hay supervisión a los transportistas contratados por empresarios para llevar a jornaleros. Nosotros detectamos condiciones de hacinamiento, pero ningún camión fue revisado por la Policía Federal, ni se verificó que tuvieran sus documentos en regla”, precisó.
Entre las omisiones de las autoridades, Nemecio señaló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no verifica si las condiciones de trabajo son las adecuadas y “ni siquiera si hay reglamento para la seguridad del trabajador. Hemos detectado lineamientos para que los productos estén bien, pero no para garantizar la seguridad de los jornaleros”, subrayó.
Aldo Ledón, de Voces Latinoamericanas, informó sobre las condiciones de explotación en al menos 860 fincas en la región del Soconusco, Chiapas, donde laboran alrededor de 120 mil guatemaltecos, además de que –dijo– existe una cifra indeterminada de centroamericanos que laboran en condiciones irregulares.
La catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM, Antonieta Barrón, lamentó que las condiciones para los trabajadores agrícolas vayan en detrimento, pese a que existen instituciones creadas para su atención desde la década de los noventa. “No hay voluntad política para modificar las condiciones de trabajo”, afirmó.
En la conferencia de prensa también estuvieron integrantes de una familia de indígenas de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, quienes denunciaron malos tratos de los contratistas, así como el incumplimiento e ineficiencia de programas sociales como el de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) y el Seguro Popular, sin contar con la constante discriminación en los estados del norte del país.
Bajo condición del anonimato, la familia indígena relató que a pesar de que existen recursos para apoyar la movilidad de las familias a través del PAJA, “cuando nos dan la tarjeta y vamos al cajero nos dicen que no tiene fondos”.
De acuerdo con la normatividad del PAJA, una familia de jornaleros migrantes puede cobrar 800 pesos para apoyo de transporte cuando mucho en tres ocasiones, en un mismo periodo de cosecha.
También reclamaron que no cuentan con servicio médico y que a pesar de que tienen Seguro Popular, en las zonas de trabajo no les validan el servicio porque se dieron de alta en sus lugares de origen.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
lunes, 30 de marzo de 2015
“Cada que se coman una fresa piensen el sufrimiento”, piden jornaleros en San Quintín
Lo que más indigna a los jornaleros de San Quintín es la manera en que el Gobierno de Baja California, en especial el Gobernador Francisco “Kiko” Vega de la Madrid, responde a sus exigencias.
No lo hace en las mesas de dialogo, donde, dicen los trabajadores del campo, los funcionarios y representantes empresariales no muestran disposición.
No escuchan, se levantan de la mesa y lanzan propuestas absurdas, se queja don Fidel Sánchez, uno de los cuatro líderes del movimiento campesino. Se enteran de las declaraciones del Gobernador a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.
La tarde de este domingo 28 de marzo, mientras el Gobernador publicaba en sus redes sociales que los jornaleros volvían a trabajar al campo, cientos de ellos llegaban a “el faro” de la delegación de Playas de Tijuana difundiendo su mensaje, exigiendo salarios y trato digno en las empresas donde trabajan.
Cuando se le dice a don Fidel que hay funcionarios y políticos, incluido Francisco Vega, que dicen que los del Valle al sur de Ensenada son los mejor pagados del pais, responde que ya los quisiera ver piscando fresa por jornadas de 12 horas y recibiendo a cambio entre 100 y 120 pesos.
“Cada que se coman una fresa”, dice Fidel, “piensen en el esfuerzo, en el sufrimiento de los jornaleros”.
Esta mañana, arribó a Tecate la caravana de jornaleros que recorre Baja California en exigencia de un aumento salarial así como de mejores condiciones de trabajo.
Los trabajadores del campo llegaron por el bulevar principal y luego se postraron frente al Palacio Municipal de la localidad.
Fermín, uno de los líderes del movimiento, dijo a Zeta que no hay partido político que apoye dicho movimiento y que no tenían camión alguno secuestrado.
Por otra parte y en un discurso ofrecido en el parque Benito Juárez mencionó que ayer domingo el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid estuvo en San Quintín diciendo que ya se habría solucionado el problema. “No estamos de acuerdo con el aumento del 15 por ciento en el sueldo, de la empresa más grande: “Los Pinos”.
Horas más tarde, los manifestantes se dirigieron a Mexicali, donde continuarán sus protestas.
Concluidas por el momento las mesas de diálogo entre patrones, autoridades y trabajadores en San Quintin, la mayoría de los jornaleros han regresado a los campos.
El paro se ha levantado pero los jornaleros estarán trabajando bajo protesta, aclaró el viernes pasado Fermín Salazar, uno de los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal para la Justicia Social.
Los empresarios agrícolas sólo accedieron a un aumento salarial del 15 por ciento, entre 115 y 130 pesos, cuando los jornaleros cedieron en su exigencia a un sueldo de 200 pesos diarios o 20 pesos por caja de fresa.
Un día después, el sábado, nueve camiones con cientos de jornaleros procedentes del Valle de San Quintín llegaron a Tijuana, como parte de una caravana que recorrerá Baja California.
Aproximadamente a las 11:30 de la mañana del sábado, arribaron a las instalaciones del Centro Cultural Tijuana (CECUT), donde organizaciones locales les tenían listo un desayuno.
De ahí se inició una marcha hacia la garita de San Ysidro, la cual, explican los líderes jornaleros, tiene el objetivo de que el reclamo de mejores condiciones laborales tenga un impacto internacional. Insisten en que el gobierno del Estado de Baja California, les ignora y no muestra disposición a dialogar, a lo que ellos sí están dispuestos.
“Va a caer, va a caer, Kiko Vega va a caer”, corearon los manifestantes.
A diferencia de lo que el Gobernador afirmó en su campaña cuando pregonaba que en su gobierno la gente manda, dice Fidel Sánchez uno de los líderes, el mandatario se ha empeñado en favorecer a las grandes empresas, aunque éstas pisoteen los derechos del pueblo.
“No ha respondido como debe responder. Somos el pueblo de Baja California. Nosotros mandamos, pero nos ignoró y obedeció más al rancho “Los Pinos”. Los que mandan son las grandes empresas transnacionales”, añadió.
La exigencia para los gobiernos federal y estatal, es una jornada laboral pagada en 200 pesos, beneficios y prestaciones, un trato digno y el cese al acoso sexual y laboral contra sus mujeres.
FUENTE: SIN EMBARGO/ SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN/Saúl Alejandro Ramírez y Francisco Navarro Fausto.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-03-2015/1297440.
No lo hace en las mesas de dialogo, donde, dicen los trabajadores del campo, los funcionarios y representantes empresariales no muestran disposición.
No escuchan, se levantan de la mesa y lanzan propuestas absurdas, se queja don Fidel Sánchez, uno de los cuatro líderes del movimiento campesino. Se enteran de las declaraciones del Gobernador a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.
La tarde de este domingo 28 de marzo, mientras el Gobernador publicaba en sus redes sociales que los jornaleros volvían a trabajar al campo, cientos de ellos llegaban a “el faro” de la delegación de Playas de Tijuana difundiendo su mensaje, exigiendo salarios y trato digno en las empresas donde trabajan.
Cuando se le dice a don Fidel que hay funcionarios y políticos, incluido Francisco Vega, que dicen que los del Valle al sur de Ensenada son los mejor pagados del pais, responde que ya los quisiera ver piscando fresa por jornadas de 12 horas y recibiendo a cambio entre 100 y 120 pesos.
“Cada que se coman una fresa”, dice Fidel, “piensen en el esfuerzo, en el sufrimiento de los jornaleros”.
Esta mañana, arribó a Tecate la caravana de jornaleros que recorre Baja California en exigencia de un aumento salarial así como de mejores condiciones de trabajo.
Los trabajadores del campo llegaron por el bulevar principal y luego se postraron frente al Palacio Municipal de la localidad.
Fermín, uno de los líderes del movimiento, dijo a Zeta que no hay partido político que apoye dicho movimiento y que no tenían camión alguno secuestrado.
Por otra parte y en un discurso ofrecido en el parque Benito Juárez mencionó que ayer domingo el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid estuvo en San Quintín diciendo que ya se habría solucionado el problema. “No estamos de acuerdo con el aumento del 15 por ciento en el sueldo, de la empresa más grande: “Los Pinos”.
Horas más tarde, los manifestantes se dirigieron a Mexicali, donde continuarán sus protestas.
Concluidas por el momento las mesas de diálogo entre patrones, autoridades y trabajadores en San Quintin, la mayoría de los jornaleros han regresado a los campos.
El paro se ha levantado pero los jornaleros estarán trabajando bajo protesta, aclaró el viernes pasado Fermín Salazar, uno de los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal para la Justicia Social.
Los empresarios agrícolas sólo accedieron a un aumento salarial del 15 por ciento, entre 115 y 130 pesos, cuando los jornaleros cedieron en su exigencia a un sueldo de 200 pesos diarios o 20 pesos por caja de fresa.
Un día después, el sábado, nueve camiones con cientos de jornaleros procedentes del Valle de San Quintín llegaron a Tijuana, como parte de una caravana que recorrerá Baja California.
Aproximadamente a las 11:30 de la mañana del sábado, arribaron a las instalaciones del Centro Cultural Tijuana (CECUT), donde organizaciones locales les tenían listo un desayuno.
De ahí se inició una marcha hacia la garita de San Ysidro, la cual, explican los líderes jornaleros, tiene el objetivo de que el reclamo de mejores condiciones laborales tenga un impacto internacional. Insisten en que el gobierno del Estado de Baja California, les ignora y no muestra disposición a dialogar, a lo que ellos sí están dispuestos.
“Va a caer, va a caer, Kiko Vega va a caer”, corearon los manifestantes.
A diferencia de lo que el Gobernador afirmó en su campaña cuando pregonaba que en su gobierno la gente manda, dice Fidel Sánchez uno de los líderes, el mandatario se ha empeñado en favorecer a las grandes empresas, aunque éstas pisoteen los derechos del pueblo.
“No ha respondido como debe responder. Somos el pueblo de Baja California. Nosotros mandamos, pero nos ignoró y obedeció más al rancho “Los Pinos”. Los que mandan son las grandes empresas transnacionales”, añadió.
La exigencia para los gobiernos federal y estatal, es una jornada laboral pagada en 200 pesos, beneficios y prestaciones, un trato digno y el cese al acoso sexual y laboral contra sus mujeres.
FUENTE: SIN EMBARGO/ SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN/Saúl Alejandro Ramírez y Francisco Navarro Fausto.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-03-2015/1297440.
Esclavitud aún en 2015: México tiene el índice más alto en América Latina
Mientras organizaciones civiles denuncian que al menos en 17 estados hay esclavitud laboral, según el Índice Global de esclavitud en el país al menos 266 mil personas que son víctimas.
México ocupa el primer lugar en América Latina del Índice Global de Esclavitud 2014 con al menos 266 mil 900 personas víctimas y en ese contexto organizaciones civiles denuncian que en al menos 17 estados del país los jornaleros agrícolas trabajan en condiciones de constante violación a sus derechos fundamentales.
La organización Walk Free, con sede en Australia, denunció que la esclavitud sigue siendo una realidad global y que la laboral ocupa un papel privilegiado entre los tipos de esclavitud que todavía se ejercen.
México aparece en el lugar 18 del ranking mundial de esclavitud de entre 166 países. Lo superan India, China, Pakistán, Uzbekistán, Rusia, Nigeria, la República Democrática de Congo, Indonesia, Bangladehs, Tailandia, Sudán, Egipto, Etiopía, Tanzania, Iraq, Irán y Vietnam.
Según el informe con el Índice Global de Esclavitud, en México los sectores formales que más se benefician de ésta son los agrícolas, minero y de turismo.
En ese sentido, la Red de Jornaleros Agrícolas denunciaron el viernes que la explotación laboral de jornaleros alcanza a dos millones de personas que trabajan en campos o fincas de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas.
El 90% de los trabajadores de esos campos no cuentan con un contrato formal de trabajo y laboran al menos 15 horas al día, aunque la Ley Federal del Trabajo señala como jornada legal una de hasta ocho horas.
“En promedio, la jornada media laboral de los jornaleros agrícolas es de 57 horas para los hombres y 65 para las mujeres”, denuncian oranizaciones civiles.
Las condiciones de hacinamiento en la que viven estos trabajadores ha provocado que de 2007 a marzo de 2015 al menos 40 niños hayan muerto en campos agrícolas ya sea por accidentes de trabajo, atropellos, picaduras de insecto, desnutrición o falta de atención médica, según un registro del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Los datos también muestran que más de la mitad de los trabajadores de esos campos y fincas son originarios de los estados más pobres de México como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Sobre el papel de las autoridades para combatir la esclavitud laboral en casos como el de jornaleros agrícolas, el Índice de Esclavitud Global señala que México obtiene una calificación ‘B’, en una escala AA-D; pues la respuesta del gobierno todavía no es la adecuada, con tendencia a criminalizar a las víctimas y no apoyarlas.
En México, entre el 21 y 22 de marzo se rescató en Colima a 49 jornaleros indígenas originarios de Guerrero que recibían tres pesos por una cubeta de pepino recolectado, por lo que por más de doce o quince horas de trabajo no alcanzaban a juntar el salario mínimo.
Según el reporte de la Secretaría de Trabajo, los jornaleros vivían en condiciones deplorables sin acceso a agua potable, alimentos, trajes protectores contra pesticidad o fertilizantes; baños o letrinas.
Pero además, en el norte del país, en Baja California, se mantiene una huelga laboral que inició el 17 de marzo pasado cuando los jornaleros del valle de San Quintín exigieron a los empresarios agrícolas sueldos justos por su labor; además de prestaciones como vacaciones, aguinaldo y afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La Red de Jornaleros Agrícolas insiste en que las condiciones laborales del Valle de San Quintín es un ejemplo de lo que ocurre en todo el país con el trabajo en el campo y fincas.
“La pobreza y marginación que prevalece en las comunidades campesinas e indígenas es una de las condiciones que propicia la vulnerabilidad de los derechos de las y los Jornaleros Agrícolas migrantes. Esta población debe abandonar sus comunidades de forma estacional, temporal o permanente para buscar empleos en el sector agrícola, dado que es la única oportunidad que les llega. Esta situación es aprovechada por la agroindustria para dar escasas o nulas condiciones sociales y laborales a estos trabajadores”, señala la Red.
Los jornaleros de San Quintín exigen un pago mínimo por jornada de 300 pesos, de los 100 que reciben actualmente. En las mesas de negociación, además de los trabajadores y empresarios agrícolas participan autoridades estatales y locales interesadas en acabar con el conflicto laboral que tiene paralizada la actividad económica de la región.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
México ocupa el primer lugar en América Latina del Índice Global de Esclavitud 2014 con al menos 266 mil 900 personas víctimas y en ese contexto organizaciones civiles denuncian que en al menos 17 estados del país los jornaleros agrícolas trabajan en condiciones de constante violación a sus derechos fundamentales.
La organización Walk Free, con sede en Australia, denunció que la esclavitud sigue siendo una realidad global y que la laboral ocupa un papel privilegiado entre los tipos de esclavitud que todavía se ejercen.
México aparece en el lugar 18 del ranking mundial de esclavitud de entre 166 países. Lo superan India, China, Pakistán, Uzbekistán, Rusia, Nigeria, la República Democrática de Congo, Indonesia, Bangladehs, Tailandia, Sudán, Egipto, Etiopía, Tanzania, Iraq, Irán y Vietnam.
Según el informe con el Índice Global de Esclavitud, en México los sectores formales que más se benefician de ésta son los agrícolas, minero y de turismo.
En ese sentido, la Red de Jornaleros Agrícolas denunciaron el viernes que la explotación laboral de jornaleros alcanza a dos millones de personas que trabajan en campos o fincas de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas.
El 90% de los trabajadores de esos campos no cuentan con un contrato formal de trabajo y laboran al menos 15 horas al día, aunque la Ley Federal del Trabajo señala como jornada legal una de hasta ocho horas.
“En promedio, la jornada media laboral de los jornaleros agrícolas es de 57 horas para los hombres y 65 para las mujeres”, denuncian oranizaciones civiles.
Las condiciones de hacinamiento en la que viven estos trabajadores ha provocado que de 2007 a marzo de 2015 al menos 40 niños hayan muerto en campos agrícolas ya sea por accidentes de trabajo, atropellos, picaduras de insecto, desnutrición o falta de atención médica, según un registro del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Los datos también muestran que más de la mitad de los trabajadores de esos campos y fincas son originarios de los estados más pobres de México como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Sobre el papel de las autoridades para combatir la esclavitud laboral en casos como el de jornaleros agrícolas, el Índice de Esclavitud Global señala que México obtiene una calificación ‘B’, en una escala AA-D; pues la respuesta del gobierno todavía no es la adecuada, con tendencia a criminalizar a las víctimas y no apoyarlas.
En México, entre el 21 y 22 de marzo se rescató en Colima a 49 jornaleros indígenas originarios de Guerrero que recibían tres pesos por una cubeta de pepino recolectado, por lo que por más de doce o quince horas de trabajo no alcanzaban a juntar el salario mínimo.
Según el reporte de la Secretaría de Trabajo, los jornaleros vivían en condiciones deplorables sin acceso a agua potable, alimentos, trajes protectores contra pesticidad o fertilizantes; baños o letrinas.
Pero además, en el norte del país, en Baja California, se mantiene una huelga laboral que inició el 17 de marzo pasado cuando los jornaleros del valle de San Quintín exigieron a los empresarios agrícolas sueldos justos por su labor; además de prestaciones como vacaciones, aguinaldo y afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La Red de Jornaleros Agrícolas insiste en que las condiciones laborales del Valle de San Quintín es un ejemplo de lo que ocurre en todo el país con el trabajo en el campo y fincas.
“La pobreza y marginación que prevalece en las comunidades campesinas e indígenas es una de las condiciones que propicia la vulnerabilidad de los derechos de las y los Jornaleros Agrícolas migrantes. Esta población debe abandonar sus comunidades de forma estacional, temporal o permanente para buscar empleos en el sector agrícola, dado que es la única oportunidad que les llega. Esta situación es aprovechada por la agroindustria para dar escasas o nulas condiciones sociales y laborales a estos trabajadores”, señala la Red.
Los jornaleros de San Quintín exigen un pago mínimo por jornada de 300 pesos, de los 100 que reciben actualmente. En las mesas de negociación, además de los trabajadores y empresarios agrícolas participan autoridades estatales y locales interesadas en acabar con el conflicto laboral que tiene paralizada la actividad económica de la región.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
domingo, 29 de marzo de 2015
En San Quintín, rebelión contra un porfiriato del siglo XXI
Como en el porfiriato, en las fincas de Baja California los jornaleros son casi esclavos: trabajan de sol a sol y reciben como pago un puñado de pesos; viven en condiciones paupérrimas, sin agua potable ni electricidad, y la amenaza del despido pende siempre sobre sus cabezas. En cambio, los dueños de los ranchos se enriquecen en forma obscena. Llenar una caja de moras, por ejemplo, le reditúa al trabajador 14 pesos, aunque el precio de exportación de esa misma caja sea de 60 dólares. Hartos de esta explotación brutal, los jornaleros se organizaron y ya tienen en jaque al gobierno del estado.
VALLE DE SAN QUINTÍN, BC. (Proceso).- Como miles de sus paisanos expulsados por la pobreza lacerante del sur del país, Juan Hernández López, triqui de Oaxaca, escogió esta región como lugar de residencia hace 30 años.
Aquí se casó, nacieron sus ocho hijos, y es fundador de la colonia San Juan Copala y del Frente Independiente de la Lucha Triqui, la cual forma parte de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, agrupación que mantiene en vilo a la agroindustria de la región tras dos semanas de paro laboral.
Como los 70 mil jornaleros que trabajan en el Valle de San Quintín, 65% de ellos residentes, don Juan ha visto crecer fortunas de rancheros exportadores de fresa, mora, jitomate y pepino, entre otros productos.
Uno de ellos es su actual patrón, Juan Villalobos, dueño del rancho Santo Domingo, que alimenta a Moramex, una de las filiales de la estadunidense Berrymex, y con quien labora desde 2007. “Mi patrón nomás cultivaba dos hectáreas y ahora tiene 60 hectáreas, 14 camiones y siete mayordomos. Y yo, apenas hace ocho años empecé a construir mi casita y no la puedo terminar”.
Con la experiencia de pizcar las frutas y vegetales más selectos en las tres últimas décadas de su vida, don Juan presume llenar una caja de moras en un minuto, por lo que percibe 14 pesos. “Esa misma caja el patrón la vende a 60 dólares en Estados Unidos. Un día le pedí que me vendiera una caja para mi familia, y me la dio a 350 pesos”.
Pese al crecimiento de las empresas instaladas, las jornadas laborales se han mantenido inalteradas desde 2001, recuerda don Juan, uno de los voceros de la Alianza: “Desde entonces ganamos de 100 a 120 el día; entre ocho y diez pesos por caja de fresa, que ellos la venden a 50 dólares”.
Para el tomate, uno de los productos más devaluados en mano de obra pero altamente cotizados para la exportación, en ranchos como Los Pinos y El Vergel, el jornal obligatorio es de 35 botes de 20 pesos, por lo que los jornaleros perciben 120 pesos, pero a partir del bote 36, los 20 kilos de tomate valen un peso.
Don Juan trabajó 11 años en el rancho Los Pinos. De ahí fue despedido por enfrentarse a los mayordomos y al patrón. “Fui humillado, maltratado y discriminado, y como reclamé mis derechos me dijeron que ahí no cabían los políticos. No me dieron nada de retiro”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2004, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
VALLE DE SAN QUINTÍN, BC. (Proceso).- Como miles de sus paisanos expulsados por la pobreza lacerante del sur del país, Juan Hernández López, triqui de Oaxaca, escogió esta región como lugar de residencia hace 30 años.
Aquí se casó, nacieron sus ocho hijos, y es fundador de la colonia San Juan Copala y del Frente Independiente de la Lucha Triqui, la cual forma parte de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, agrupación que mantiene en vilo a la agroindustria de la región tras dos semanas de paro laboral.
Como los 70 mil jornaleros que trabajan en el Valle de San Quintín, 65% de ellos residentes, don Juan ha visto crecer fortunas de rancheros exportadores de fresa, mora, jitomate y pepino, entre otros productos.
Uno de ellos es su actual patrón, Juan Villalobos, dueño del rancho Santo Domingo, que alimenta a Moramex, una de las filiales de la estadunidense Berrymex, y con quien labora desde 2007. “Mi patrón nomás cultivaba dos hectáreas y ahora tiene 60 hectáreas, 14 camiones y siete mayordomos. Y yo, apenas hace ocho años empecé a construir mi casita y no la puedo terminar”.
Con la experiencia de pizcar las frutas y vegetales más selectos en las tres últimas décadas de su vida, don Juan presume llenar una caja de moras en un minuto, por lo que percibe 14 pesos. “Esa misma caja el patrón la vende a 60 dólares en Estados Unidos. Un día le pedí que me vendiera una caja para mi familia, y me la dio a 350 pesos”.
Pese al crecimiento de las empresas instaladas, las jornadas laborales se han mantenido inalteradas desde 2001, recuerda don Juan, uno de los voceros de la Alianza: “Desde entonces ganamos de 100 a 120 el día; entre ocho y diez pesos por caja de fresa, que ellos la venden a 50 dólares”.
Para el tomate, uno de los productos más devaluados en mano de obra pero altamente cotizados para la exportación, en ranchos como Los Pinos y El Vergel, el jornal obligatorio es de 35 botes de 20 pesos, por lo que los jornaleros perciben 120 pesos, pero a partir del bote 36, los 20 kilos de tomate valen un peso.
Don Juan trabajó 11 años en el rancho Los Pinos. De ahí fue despedido por enfrentarse a los mayordomos y al patrón. “Fui humillado, maltratado y discriminado, y como reclamé mis derechos me dijeron que ahí no cabían los políticos. No me dieron nada de retiro”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2004, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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