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Trump alista una CIA más agresiva contra los cárteles mexicanos; espionaje y operaciones encubiertas

La agencia de inteligencia prevé aplicar contra las organizaciones criminales las lecciones aprendidas en la lucha antiterrorismo, una estrategia que –según sus críticos– desataría reacciones adversas, asegura la prensa en Estados Unidos.

Operaciones encubiertas y espionaje dentro de México para combatir, desmantelar y recopilar información sobre los cárteles mexicanos del narcotráfico, es parte integral de un plan prepara la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), reportan medios de comunicación de Estados Unidos.

“Contrarrestar a los cárteles en México y a nivel regional es una prioridad para la CIA como parte de los amplios esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para acabar con la grave amenaza del narcotráfico. El director John Ratcliffe tiene la determinación de poner a trabajar a la experiencia exclusiva de la DEA en contra de este reto multifacético”, reporta en su primera plana el periódico The Washington Post, citando a un vocero de la CIA.
Bajo la condición del anonimato, distintos medios nacionales de comunicación, entre estos las cadenas de televisión CNN, MSNBC y el Post, reportaron detalles de la estrategia que llevaría a cabo la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“La CIA afila se concentración en los cárteles, riesgo de una reacción por parte de México, podría expandirse el intercambio de (información de) inteligencia y operaciones encubiertas”, tituló el Post a su nota.

El plan se concentra en que la CIA asuma un papel más relevante en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, que como los señala Trump, son la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos con el tráfico de drogas; en especial las manufacturadas con fentanilo.

Con una orden ejecutiva que firmó el pasado 20 de enero, el primer día de su segundo mandato presidencial, Trump designó a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas internacionales.

La semana pasada y cumpliendo este mandato de Trump, el general Gregory Guillot, informó públicamente al Congreso federal de su país que el Comando Norte que él dirige lleva a cabo “vuelos de inteligencia y reconocimiento” sin la autorización del gobierno de México en contra de los cárteles del narcotráfico.

“Los funcionarios de la CIA que hablaron con nosotros, informaron que se están ultimando los detalles de un plan que espiar dentro de México a los cárteles con drogas con capacidad tecnológica que para ello”, reportó por su parte la cadena de televisión CNN en la mañana de este martes.

The Washington Post, el primer medio de comunicación estadunidense en dar a conocer la información hace otro apartado: “divisiones de la CIA avalúan planes para compartir más información de inteligencia con gobiernos regionales, entrenar a unidades locales en operaciones antinarcóticos y posiblemente llevar a cabo acciones encubiertas, dijo gente familiarizada con el asunto”.

El nuevo proyecto que pretende llevar a cabo la CIA no implicaría ser la primera ocasión que la CIA espía contra los cárteles dentro de México.

Tras el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, en Guadalajara, Jalisco, se descubrió que la CIA no solo espiaba al narcotráfico mexicano, sino incluso a sus contrapartes estadunidenses dedicados a combatir al trasiego de drogas.

Por el caso Camarena, la Administración Federal Antidrogas (DEA) registró en sus investigaciones que la CIA proporcionaba armas y le permitía y colaboraba en la exportación de drogas a Estados Unidos a los principales narcotraficantes mexicanos de esa época; Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

Bajo la presidencia de Felipe Calderón y con la puesta en vigor de la llamada Iniciativa Mérida, el exmandatario mexicano autorizó y permitió a la CIA espiar con licencia a los cárteles del narcotráfico por medio de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI).

Como lo reportó Proceso en su momento, la CIA y todas las demás agencias federales con presencia en México, bajo la venia de Calderón llevan a cabo espionaje contra los cárteles y sobre cualquiera de sus otros objetivos; entre estos políticos.

La CIA y la DEA por medio de la OBI, ayudaron al narcotraficante Genaro García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y Secretario de Seguridad Pública de Calderón, a instalar en México un “búnker” de espionaje con el que se extralimitaron las operaciones mexicanos en contra de políticos, periodistas y empresarios.

La llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México puso fin a la OBI y a la Iniciativa Mérida reemplazándola con el Entendimiento Bicentenario y con el cuál se acotaron las operaciones en territorio mexicano de la CIA, la DEA, del Pentágono y otras agencias estadunidenses.

"Riesgosa prioridad"

El reportaje del Washington Post, que cita a fuentes familiarizadas con las nuevas estrategias que se piensan aplicar, califica este nuevo enfoque del gobierno sobre los cárteles como una “potencialmente riesgosa prioridad” para una agencia de espionaje que en los años recientes se enfocó en China, las operaciones antiterroristas en Oriente Medio y África y el apoyo a Ucrania en el contexto de la guerra contra Rusia.

Ahora, el director de la CIA, John Ratcliffe, tiene la intención de trasladar los recursos de la agencia a su misión antinarcóticos y aplicar los conocimientos adquiridos en sus dos décadas de seguimiento, infiltración y desmantelamiento de redes terroristas para luchar contra los cárteles, asegura The Washington Post, citando una fuente anónima que expresó cautela debido a que aún no están plenamente concluidos estos planes.

“Las lecciones aprendidas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo son aplicables a la misión de lucha contra el narcotráfico y los cárteles. No se ha aplicado todo el peso de esas lecciones a este problema”, afirmó la fuente.

"Una reacción feroz"

El énfasis –señala el diario, citando a otros informantes– estará puesto en un mayor apoyo de EU a las fuerzas antidrogas en México, sin estar claro si tomarían medidas directas en suelo mexicano.

Ex funcionarios de inteligencia y militares advierten que una operación así provocaría una reacción feroz y dañaría las relaciones entre Estados Unidos y México, incluida la cooperación antidrogas, sostiene el Post.

“No creo que la gente entienda del todo lo que eso podría significar. Una cosa es hacer eso en un entorno sin ley, como Yemen, Somalia o Afganistán”, dijo al WP un ex funcionario de inteligencia estadunidense.

Otro funcionario militar citado por el rotativo asegura que el Pentágono no tiene planes de ese tipo por el momento.

La nota del periódico propiedad del magnate Jeff Bezos menciona la opinión de exfuncionarios de inteligencia, militares y diplomáticos en el sentido de que una estrategia más dura probablemente alejará a México. Un mayor intercambio de inteligencia y capacitación podría ayudar, pero es poco probable que produzca los resultados rápidos y visibles que Trump desea, sostiene el diario.

“No se puede entrar con las armas en mano”, dijo al WP Daniel Gerstein, coronel retirado del ejército de EU que sirvió en Colombia, quien descartó que un enfoque así pudiera ser exitosos.

En su extensa nota, The Washington Post recuerda que la CIA ha tenido un papel secreto desde hace tiempo en la lucha contra el narcotráfico en México. Durante años, menciona, ha trabajado en estrecha colaboración y en silencio con el ejército mexicano para perseguir a los capos de la droga, aun cuando esta cooperación se vio fracturada sobre todo desde el arresto en 2020 del general Salvador Cienfuegos.

“Acciones contraproducentes”

La nota citas declaraciones del congresista demócrata Joaquín Castro, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, quien considera que las asociaciones de inteligencia con aliados extranjeros son importantes para acabar con los cárteles, aunque consdidera que Hasta la fecha, las acciones de la administración Trump han sido “contraproducentes” para esos objetivos.

“Esta administración no ha presentado un plan creíble para contrarrestar la violencia de los cárteles o proteger a los ciudadanos estadunidenses del crimen transnacional. En cambio, la estrategia de Trump ha consistido principalmente en amenazas grandilocuentes de invadir México, imponer aranceles punitivos al comercio o designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Castro.

No es lo mismo combatir a los cárteles que al terrorismo, dice el WP con base en las afirmaciones de exfuncionarios, y pone como ejemplo cuando EU entrenó y equipó a fuerzas locales “aprobadas” en Afganistán. Pero allí, a diferencia de México, el ejército estadunidense y sus representantes controlaban franjas de territorio.

“No creo que Trump esté buscando cosas que se puedan hacer de manera lenta y metódica”, dijo un exfuncionario de inteligencia al diario.

“Un hueso duro de roer”

Finalmente, The Washington Post cita a al exembajador en Colombia William Brownfield, quien recuerda que EU ya había entrenado a unidades antidrogas mexicanas en el contexto de la Iniciativa Mérida.

“Eso funcionó durante un tiempo. ¿Funcionará ahora, con Sheinbaum? No lo sé. México es un hueso duro de roer”, dice Brownfield respecto a la reacción visceral que provocaría la presencia militar o policial estadunidense en territorio mexicano: “No hay absolutamente ninguna manera de hacer esto sin provocar ira”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

CIA sobrevuela drones antiterroristas en México, afirma CNN; “es una campañita”, dice Sheinbaum

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) notificó al Capitolio de EE. UU., el desplazamiento de aeronaves no tripuladas en espacio aéreo de México y que serían usadas en misiones antiterroristas. en lugares como Somalia y Yemen, según reveló la cadena estadounidense CNN, el 18 de febrero de 2025, citando fuentes oficiales.

Sin mencionar alguna colaboración con el Gobierno mexicano, funcionarios estadounidenses no identificados dijeron a CNN que bajo la nueva Administración del presidente Donald Trump, la CIA lanzó vuelos no artillados del dron MQ-9 Reaper -conocido como Predator B-, para espiar objetivos a los cárteles del narcotráfico mexicanos.

Según detallaron los funcionarios a CNN, la CIA no había sido autorizada a utilizar los drones para llevar a cabo acciones letales, además de que añadieron que no preveían utilizar las aeronaves no tripuladas, para llevar a cabo ataques aéreos. Sin embargo, los agentes de la agencia independiente estadounidense, en México compartían la información recogida, a los funcionarios mexicanos.

El General Atomics MQ-9 Reaper (Segador en inglés), originalmente conocido como Predator B, es un vehículo aéreo no tripulado (UAV), desarrollado por la compañía estadounidense General Atomics Aeronautical Systems y usado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

El MQ-9 dispone de un motor turbohélice de 950 caballos de fuerza. Activos desde el año 2007, es usado en múltiples misiones incluyendo en la frontera México bajo el mando de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Es capaz de volar a 15 mil metros de altura sin ser detectado.

Sin embargo, el mismo día, al ser cuestionada al respecto -durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió en una sola frase: “es parte de esta campañita”, sin abundar más sobre ello.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Espionaje sin control: desde fiscalías hasta gobiernos estatales, Pemex, Guardia Nacional usaron herramientas de vigilancia

Un informe de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) revela que autoridades, gobiernos e instituciones utilizan las herramientas de vigilancia para espiar a ciudadanos aún sin orden judicial y sin tener facultades legales.

En México, desde las fiscalías hasta gobiernos estatales e incluso instituciones como Petróleos Mexicanos y la Guardia Nacional o la Secretaría de la Defensa Nacional han adquirido y utilizado herramientas de intervención de comunicaciones, extracción de información de dispositivos, geolocalización, y hasta antenas falsas para espiar a ciudadanos, pese a que no tienen facultades legales o no contaron con orden judicial para ello. 

Así lo revela el informe “El Estado de la Vigilancia” de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que incluye el diagnóstico de la vigilancia en las comunicaciones en el país realizada desde 2012 y hasta 2023, de acuerdo con registros oficiales de las adquisiciones y hallazgos de equipos intervenidos, sobre todo de periodistas, defensores de derechos humanos y políticos.

De acuerdo con datos publicados por el Poder Judicial de la Federación, existe una clara tendencia al alza en la resolución de solicitudes de intervención de comunicaciones privadas por parte de jueces federales en los últimos años. 

Mientras en 2017, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, los jueces recibieron mil 756 solicitudes para intervenir comunicaciones, en 2018, el año de la transición, hubo 5 mil 881  y para 2023 registraron 10 mil 626, lo que representa un crecimiento de 80% en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 

Sin embargo, existe evidencia de que las autoridades utilizan las herramientas de vigilancia aún sin orden judicial y sin tener facultades legales.

Por ejemplo, si bien la Guardia Nacional reportó haber solicitado la autorización para la intervención de comunicaciones privadas 92 veces en el año 2020, en una respuesta a una solicitud de acceso a la información realizada por R3D, la Guardia Nacional reportó haber intervenido las comunicaciones privadas de 289 líneas telefónicas (3.14 líneas por solicitud).

Además, aunque instituciones como las Fiscalías tienen la obligación de reportar las solicitudes de intervención de las comunicaciones, en 2020, la Fiscalía General de Chihuahua reportó en la Plataforma Nacional de Transparencia haber realizado 524 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas. Pero en respuesta a solicitudes de información, dijo haber realizado 601. 

Sobre el acceso a datos conservados y geolocalización a empresas de telecomunicaciones, R3D advierte que “existen otros indicios de un mayor subregistro derivado del abuso del mecanismo excepcional contemplado en el artículo 303 del CNPP, para solicitar directamente el acceso a datos conservados a las empresas de telecomunicaciones sin control judicial previo y sujeto a la ratificación posterior por parte de la autoridad judicial federal”.

A partir de los datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información, entre 2016 y 2019, las autoridades admiten que al menos el 57.3% de las solicitudes reportadas fueron realizadas sin control judicial previo, de las cuales el 76.7% fueron realizadas invocando las causales de excepción a las que se refiere el artículo 303 del CNPP y de ellas, el 39.5% no fueron ratificadas total o parcialmente.

Entre los abusos que se han documentado, se encuentra evidencia revelada por The New York Times en noviembre de 2023 sobre cómo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México accedió a registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización de diversas figuras políticas, tanto del partido gobernante como de la oposición.

La Fiscalía solicitó esta información a la empresa de telecomunicaciones Telcel, argumentando que estos datos serían utilizados en investigaciones sobre secuestros y desapariciones e invocando las causales de excepción de la autorización judicial previa a las que se refiere el artículo 303 del CNPP.

Sin embargo, R3D sostiene que se trata de un “modus operandi”, toda vez que también le ocurrió a la periodista Marcela Turati, la cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti, y la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, quienes señalaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) accedió a sus registros telefónicos al incluirlas en en la misma carpeta donde se investigaba a integrantes de una organización delictiva.

“A partir de estos casos se ha apreciado un modus operandi en el que las fiscalías abren una investigación o usan una existente y, con base en ‘información anónima’, solicitan a las empresas de telecomunicaciones que les den información de números que no guardan relación con algún delito. De esta forma se utilizan carpetas sobre secuestro u otros delitos graves con la intención de eludir la obligación de obtener autorización judicial federal de manera previa”, señala el informe.

La organización R3D documentó en “El estado de la Vigilancia” que en México se han usado herramientas como FinFisher de Gamma International, Galileo de Hacking Team, Pegasus de NSO Group y Reign de Quadream para infectar equipos y acceder a toda la información del usuario. 

También han utilizado herramientas de extracción forense e incluso antenas falsas y geolocalización basada en la explotación de vulnerabilidades en la infraestructura de telecomunicaciones. 

En 2013 y 2015, una investigación de Citizen Lab –laboratorio multidisciplinario de la Universidad de Toronto– reveló evidencia sobre la presencia de servidores de comando y control de FinFisher en 32 países, incluyendo en México.

Sobre Galileo de Hacking Team, gracias a una gran cantidad de correos electrónicos y documentos internos de la firma italiana Hacking Team fueron filtrados al público el 5 de julio de 2015, se demostró que la empresa de software de espionaje había vendido sus productos a gobiernos de países bajo graves crisis de derechos humanos, tales como Baréin, Sudán o Uzbekistán. De un total de 35 naciones. 

En México, los gobiernos locales mencionados con relaciones comerciales con Hacking Team se encuentran: Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero,  Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán; así como dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Otro ejemplo es Pegasus de NSO Group, una compañía israelí que asegura dedicarse a “proveer a gobiernos autorizados con tecnología que los ayude a combatir el terror y el crimen; la compañía vende solo a agencias gubernamentales autorizadas, y cumple cabalmente con estrictas leyes y regulaciones de control de exportaciones”

El primer antecedente de Pegasus en México se registró en 2012, cuando investigaciones periodísticas publicaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se convirtió en el primer cliente internacional de NSO Group, al adquirir el sistema Pegasus como parte de una serie de contratos celebrados con la empresa Security Tracking Devices S.A. de C.V., los cuales ascendieron a 5.6 mil millones de pesos.

El espionaje continuó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2019 y 2022, toda vez que existe evidencia de que la Sedena adquirió un software a la empresa autorizada para la venta del software en México, con el que accedió a la comunicación celular del defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, el periodista Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político.

También se realiza vigilancia masiva con antenas falsas, aunque México no tenga un marco legal de regulación. Mediante una serie de solicitudes de acceso a la información pública realizadas por R3D, se ha documentado la compra de antenas falsas por parte de diversas autoridades como las Procuradurías de Baja California, de la Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Puebla. 

Además, documentos internos de la SEDENA revelan la adquisición y uso de antenas falsas de marca Verint, Modelo Engage Pi2, también denominado por el Ejército como “Sistema GSM Pasivo”.

Pese a la ilegalidad del espionaje, en México no hay un solo sentenciado por ello, y las autoridades ni siquiera han realizado el trabajo de investigación de manera expedita. en 2017, 2022 y 2023, las personas vigiladas por el spyware Pegasus, principalmente personas defensoras de derechos humanos y periodistas, presentaron denuncias penales ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pero hasta el momento no han hallado a ningún responsable. 

“La Fiscalía, entre otras deficiencias, se ha negado a realizar actos esenciales de investigación, ha obstruido y fragmentado las investigaciones, ha hecho recaer la carga de la prueba en las víctimas y les ha negado copia de los expedientes”, afirma el informe.

Respecto a la más reciente investigación sobre el abuso de Pegasus por parte del Ejército entre 2019 y 2022, la Fiscalía no ha logrado ningún avance en más de dos años. Ni siquiera ha podido obtener los contratos en los que el Ejército obtuvo licencias para operar Pegasus. 

Esto porque la Sedena se ha negado a hacer públicos los contratos con NSO Group para la adquisición de Pegasus u otros sistemas de vigilancia, como prometió públicamente el presidente López Obrador,  a pesar de las numerosas pruebas y documentos que muestran el número y las fechas de los contratos, así como los pagos realizados por la institución.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sedena y 37 instituciones estatales intervinieron celulares y computadoras en el actual sexenio sin lograr ni una detención

El Ejército incrementó la adquisición de dispositivos para extraer información de celulares en el gobierno de AMLO; autoridades de 23 estados gastaron más de 436 millones 204 mil pesos en licencias para vigilar o extraer información de celulares y computadoras.

El Ejército y 37 Fiscalías, policías y Comisiones de Búsqueda estatales contrataron 168 licencias de dispositivos para vigilar geolocalizaciones y extraer archivos de celulares y computadoras de ciudadanos durante el actual sexenio. Esto implicó un gasto de 459 millones 974 mil pesos.

Aunque la justificación de esas compras fue reforzar las labores de investigación de delitos, ayudar en la búsqueda de desaparecidos o personas en riesgo, ninguna de las instituciones detuvo a presuntos delincuentes, halló o rescató a víctimas, pese a que son las únicas razones por las que podrían hacer esas vigilancias, de acuerdo con la información que proporcionaron. 

Fiscalía de Gertz gasta 142.9 mdp para rastrear celulares y sólo justifica uso en 0.24% de 135 mil casos

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, utilizó un software para rastrear la ubicación de personas a través de sus celulares en 135 mil ocasiones entre 2019 y 2021, pero sólo presentó 328 peticiones ante jueces federales para realizar geolocalizaciones y obtuvo la autorización correspondiente, es decir, en 0.24% de los casos, pese a que por ley estaba obligado a siempre solicitarlo.

Fiscalía de CDMX en gestión de Godoy vigiló geolocalización de ciudadanos en 48 mil ocasiones; no reporta delitos resueltos

Durante la gestión de Ernestina Godoy, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intervino la geolocalización de teléfonos celulares en 48 mil ocasiones solo entre 2020 y 2021, de acuerdo a la propia información proporcionada por la dependencia. Con esto pudo conocer su ubicación sin tener la autorización de un juez para todas las intervenciones, pese a ser un requisito legal. 

Estas vigilancias de geolocalizaciones, sin embargo, no consiguieron la detención de presuntos delincuentes o el rescate de víctimas en riesgo, como lo demuestra la información oficial obtenida mediante solicitudes de transparencia y recursos de revisión.

Un Juez ordena se suspenda intervención telefónica contra Alcaldesa de Álvaro Obregón

El próximo 11 de enero se llevará a cabo la audiencia incidental para resolver si Lía Limón García obtiene la suspensión definitiva.

Un Juez federal ordenó una suspensión provisional para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) no pueda intervenir el teléfono personal de la Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, quien es investigada por dicha dependencia.

Lo anterior debido a que la funcionaria presentó una ampliación de la demanda de amparo contra la solicitud de intervención que hicieron las fiscalías de la Ciudad de México, Michoacán y Colima con la finalidad de extraer información de su número celular.

Gertz da a los agentes de la FGR poder para intervenir llamadas y geolocalización

El Fiscal General de la República ha otorgado facultades a los agentes del Ministerio Público para intervenir comunicaciones privadas, obtener la localización geográfica en tiempo real de una persona, llevar a cabo operaciones encubiertas, entre otras.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha llegado a cinco años con los principales casos de corrupción que tiene en sus manos —como el de Emilio Lozoya Austin y el de Juan Collado— sin avances importantes, así como con un número de expedientes en el limbo, y ahora suma una polémica más luego de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero otorgara funciones de intervención de llamadas a sus agentes, lo cual abre la puerta a espionaje e irregularidades en el manejo de la información, advirtieron organizaciones.

Espionaje continúa en gobierno de AMLO; es falso que ya no se espía

El Presidente Andrés Manuel López Obrador mintió al decir que su gobierno no espía a ninguna persona. Hasta la fecha, se han documentado al menos 10 casos de espionaje durante el actual gobierno. 

En su conferencia matutina del 5 de diciembre de 2023, el presidente López Obrador dijo: “siempre hemos padecido nosotros de espionaje, siempre, y hay. Nosotros no lo hacemos, aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie”.

Godoy desmiente al NYT y le acusa de 'sembrar mentiras'

La fiscal afirmó que lo publicado en el medio estadounidense “carece de veracidad", luego de que el diario revelara que espiaban líneas telefónicas.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, afirmó que la dependencia a su cargo no practica el espionaje “mucho menos el político”, como lo informó el The New York Times.

El periódico estadounidense publicó este jueves que la Fiscalía capitalina espía líneas telefónicas de políticos de oposición y de Morena.

En mandato de Sheinbaum, FGJCDMX vigiló teléfonos de opositores y aliados de Morena: New York Times

Al menos 14 expedientes judiciales revisados por el diario muestran que la Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, pidió a la empresa Telcel del magnate Carlos Slim, entregar registros telefónicos y de mensajes de texto, así como datos de localización.

A partir de 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mandó investigar las líneas telefónicas de figuras de la oposición y de Morena en la zona metropolitana, como el panista Santiago Taboada Cortina –quien aspira a gobernar la ciudad—o la senadora Lilly Téllez, pero también de Higinio Martínez Miranda, y Horacio Duarte Olivares, dos de los principales operadores políticos de Morena en el Estado de México.

De acuerdo con un reportaje publicado hoy por el New York Times, durante el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo en la ciudad, la dependencia dirigida por Ernestina Godoy –quien busca su ratificación en la fiscalía capitalina-- solicitó a la justicia el acceso a los registros telefónicos de una docena de políticos, y obtuvo los datos de la empresa Telcel, propiedad del multimillonario empresario Carlos Slim.

"Conservadores autoritarios” fueron los que espiaron a Alejandro Encinas: AMLO

López Obrador reiteró que su gobierno no espía a ningún ciudadano, periodista “y mucho menos a servidores públicos, a nadie”, en este caso que involucra a Encinas, de quien se comprobó que su celular fue infectado por Pegasus mientras investigaba el caso de Ayotzinapa.

Ni el gobierno federal, ni el Ejército, ni el servicio de inteligencia espiaron al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador y reiteró que su gobierno hace inteligencia y “lo demás es invención”.

AMLO: Pentágono espía a Fuerzas Armadas; se cuidará información de seguridad nacional

Ayer, el mandatario calificó de “intromisión abusiva” y “prepotente” la infiltración de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la organización criminal “Los Chapitos”, facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la mañana de este martes que México es objeto de espionaje por parte del Pentágono de Estados Unidos, por lo que, anunció, se cuidará toda la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar).

Luego de ser cuestionado por las actividades que aún realiza el Ejército mexicano en materia de espionaje, aseguró que se trata de labores de inteligencia y aprovechó para revelar que tomó la decisión de resguardar los datos de las Fuerzas Armadas con la finalidad de velar por la seguridad nacional del país.

EU espió a miles de objetivos en México con spyware Landmark: NYT

Una agencia de gobierno –no identificada-- compró el sistema de espionaje en noviembre de 2021, a través de una sociedad intermediaria de New Jersey llamada Riva Networks, que había vendido una versión de Pegasus al FBI en 2019; en el contrato de 2021, su director firmó con un nombre apócrifo.

A pesar de las interdicciones de la Casa Blanca y del Departamento del Comercio, una agencia de seguridad de Estados Unidos adquirió a la empresa israelí NSO Group un programa de geolocalización de celulares llamado Landmark –un sistema distinto a Pegasus, spyware desarrollado por la misma empresa--, y lo utilizó en “miles de ocasiones” contra blancos en México, reveló hoy el New York Times.

De acuerdo con el rotativo, una agencia de gobierno –no identificada-- compró el sistema de espionaje en noviembre de 2021, a través de una oscura sociedad intermediaria de New Jersey llamada Riva Networks, que había vendido una versión de Pegasus al FBI en 2019; en el contrato de 2021, su director firmó con un nombre apócrifo.

México condena que gobiernos espíen a periodistas …pero en la ONU

México, junto a medio centenar de países, expresaron su “alarma por los casos en que líderes políticos, funcionarios y/o autoridades denigran, intimidan o amenazan a los medios de comunicación, incluidos periodistas individuales, lo que aumenta el riesgo de amenazas, represalias y violencia".

En medio del escándalo por la investigación #EjércitoEspía, que reveló espionaje a periodistas y activistas mediante el spyware Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), México auspició una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pide a los gobiernos abstenerse de espiar a periodistas utilizando técnicas de vigilancia ilegales.

Además deplora la difusión de desinformación y propaganda, incluso en Internet, que pueden diseñarse e implementarse para engañar, violar los derechos humanos, incluidos los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión.

AMLO: Grupo opositor compró aparatos para espiar celulares, “son capaces de todo”

López Obrador aseguró que su Gobierno está enterado de una inversión millonaria hecha por “un grupo opositor” para espiar los celulares y obtener información con propósitos políticos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que las autoridades obtuvieron información sobre grupos opositores que habrían comprado aparatos para el espionaje de celulares.

“Hace poco nos informaron de que todo este grupo que está en contra nuestra habían comprado aparatos, aprovecho para informarlo, puede ser que no sea cierto, pero son capaces de todo, para sacar información de los celulares. No tengo experiencia en esas tecnologías, pero es sacar las memorias de los teléfonos”, expuso el Presidente durante su conferencia matutina.

En lugar de investigar desapariciones, el Estado persigue periodistas, defensores y peritos independientes

La periodista Marcela Turati, la defensora Ana Lorena Delgadillo y la perito internacional Mercedes Doretti fueron investigadas en 2016 por la entonces Procuraduría General de la República. Fue hasta este 2021 que ellas se enteraron de que, incluso, se les abrió un proceso en su contra por secuestro y delincuencia organizada, como parte de la averiguación por la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos exigieron que se deje de criminalizar y perseguir a periodistas y defensores.

Con una rapidez pocas veces vista cuando se denuncia la desaparición de una persona, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) echó a andar, en 2016, toda su maquinaria para investigar a una periodista, una defensora de derechos humanos y una perito forense que buscaban esclarecer la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, y acompañar a las víctimas.

PGR investigó a activistas por masacre de San Fernando; es posible espionaje: ONGs

La entonces Procuraduría General de la República investigó a tres mujeres activistas y periodista en el marco de las diligencias por la masacre de San Fernando: a la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turati.

El proyecto periodístico “A Dónde Van los Desaparecidos”, así como múltiples ONGs, reprobó las acciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien entre 2015 y 2016 abrió una investigación en contra de la defensora de los derechos de personas migrantes Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turati.

Este martes, el periódico The Washington Post dio a conocer que la autoridad judicial realizó diligencias en contra de las tres mujeres, relacionadas con su trabajo para esclarecer los hechos de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que sucedió en agosto de 2010.

Apple demanda a NSO Group por atacar a usuarios de iPhone con su software espía Pegasus

La empresa de Silicon Valley demandó a la firma israelí por los ataques cibernéticos perpetrados contra usuarios de sus dispositivos y sistemas operativos iOS.

Después de la compañía Whatsapp, el gigante estadunidense Apple interpuso hoy una demanda contra la empresa israelí NSO Group, que desarrolla el software espía Pegasus, por los ataques cibernéticos perpetrados con el programa intrusivo contra usuarios de sus aparatos y sistemas operativos iOS.

En un comunicado divulgado hoy, la empresa de la Silicon Valley sostuvo que NSO Group utilizó un “exploit” en el sistema operativo llamado FORCEDENTRY para introducir Pegasus en el celular de una víctima, paso necesario para que un cliente tome el control del aparato, convirtiéndolo en una poderosa herramienta de espionaje contra su dueño.

Denuncia CNI y espionaje, amenaza y hostigamiento

El día de hoy, 4 de septiembre de  2021, mientras nos encontrábamos sesionando en una reunión virtual de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, para analizar y tomar decisiones sobre diversos temas relacionados con la participación de las y los delegad@s del CNI-CIG y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, en la Gira por la Vida, junto con la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, misma que próximamente saldrá hacia el continente europeo, fuimos objeto de una infiltración descarada, seguida de amenazas y hostigamiento intermitentes durante toda la reunión, que por lo mismo se prolongó por 7 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas.