El Ejército y 37 Fiscalías, policías y Comisiones de Búsqueda estatales contrataron 168 licencias de dispositivos para vigilar geolocalizaciones y extraer archivos de celulares y computadoras de ciudadanos durante el actual sexenio. Esto implicó un gasto de 459 millones 974 mil pesos.

Aunque la justificación de esas compras fue reforzar las labores de investigación de delitos, ayudar en la búsqueda de desaparecidos o personas en riesgo, ninguna de las instituciones detuvo a presuntos delincuentes, halló o rescató a víctimas, pese a que son las únicas razones por las que podrían hacer esas vigilancias, de acuerdo con la información que proporcionaron. 

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, utilizó un software para rastrear la ubicación de personas a través de sus celulares en 135 mil ocasiones entre 2019 y 2021, pero sólo presentó 328 peticiones ante jueces federales para realizar geolocalizaciones y obtuvo la autorización correspondiente, es decir, en 0.24% de los casos, pese a que por ley estaba obligado a siempre solicitarlo.

Durante la gestión de Ernestina Godoy, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intervino la geolocalización de teléfonos celulares en 48 mil ocasiones solo entre 2020 y 2021, de acuerdo a la propia información proporcionada por la dependencia. Con esto pudo conocer su ubicación sin tener la autorización de un juez para todas las intervenciones, pese a ser un requisito legal. 

Estas vigilancias de geolocalizaciones, sin embargo, no consiguieron la detención de presuntos delincuentes o el rescate de víctimas en riesgo, como lo demuestra la información oficial obtenida mediante solicitudes de transparencia y recursos de revisión.

Un Juez federal ordenó una suspensión provisional para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) no pueda intervenir el teléfono personal de la Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, quien es investigada por dicha dependencia.

Lo anterior debido a que la funcionaria presentó una ampliación de la demanda de amparo contra la solicitud de intervención que hicieron las fiscalías de la Ciudad de México, Michoacán y Colima con la finalidad de extraer información de su número celular.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha llegado a cinco años con los principales casos de corrupción que tiene en sus manos —como el de Emilio Lozoya Austin y el de Juan Collado— sin avances importantes, así como con un número de expedientes en el limbo, y ahora suma una polémica más luego de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero otorgara funciones de intervención de llamadas a sus agentes, lo cual abre la puerta a espionaje e irregularidades en el manejo de la información, advirtieron organizaciones.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador mintió al decir que su gobierno no espía a ninguna persona. Hasta la fecha, se han documentado al menos 10 casos de espionaje durante el actual gobierno. 

En su conferencia matutina del 5 de diciembre de 2023, el presidente López Obrador dijo: “siempre hemos padecido nosotros de espionaje, siempre, y hay. Nosotros no lo hacemos, aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie”.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, afirmó que la dependencia a su cargo no practica el espionaje “mucho menos el político”, como lo informó el The New York Times.

El periódico estadounidense publicó este jueves que la Fiscalía capitalina espía líneas telefónicas de políticos de oposición y de Morena.

A partir de 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mandó investigar las líneas telefónicas de figuras de la oposición y de Morena en la zona metropolitana, como el panista Santiago Taboada Cortina –quien aspira a gobernar la ciudad—o la senadora Lilly Téllez, pero también de Higinio Martínez Miranda, y Horacio Duarte Olivares, dos de los principales operadores políticos de Morena en el Estado de México.

De acuerdo con un reportaje publicado hoy por el New York Times, durante el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo en la ciudad, la dependencia dirigida por Ernestina Godoy –quien busca su ratificación en la fiscalía capitalina-- solicitó a la justicia el acceso a los registros telefónicos de una docena de políticos, y obtuvo los datos de la empresa Telcel, propiedad del multimillonario empresario Carlos Slim.

Ni el gobierno federal, ni el Ejército, ni el servicio de inteligencia espiaron al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador y reiteró que su gobierno hace inteligencia y “lo demás es invención”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la mañana de este martes que México es objeto de espionaje por parte del Pentágono de Estados Unidos, por lo que, anunció, se cuidará toda la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar).

Luego de ser cuestionado por las actividades que aún realiza el Ejército mexicano en materia de espionaje, aseguró que se trata de labores de inteligencia y aprovechó para revelar que tomó la decisión de resguardar los datos de las Fuerzas Armadas con la finalidad de velar por la seguridad nacional del país.

A pesar de las interdicciones de la Casa Blanca y del Departamento del Comercio, una agencia de seguridad de Estados Unidos adquirió a la empresa israelí NSO Group un programa de geolocalización de celulares llamado Landmark –un sistema distinto a Pegasus, spyware desarrollado por la misma empresa--, y lo utilizó en “miles de ocasiones” contra blancos en México, reveló hoy el New York Times.

De acuerdo con el rotativo, una agencia de gobierno –no identificada-- compró el sistema de espionaje en noviembre de 2021, a través de una oscura sociedad intermediaria de New Jersey llamada Riva Networks, que había vendido una versión de Pegasus al FBI en 2019; en el contrato de 2021, su director firmó con un nombre apócrifo.

En medio del escándalo por la investigación #EjércitoEspía, que reveló espionaje a periodistas y activistas mediante el spyware Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), México auspició una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pide a los gobiernos abstenerse de espiar a periodistas utilizando técnicas de vigilancia ilegales.

Además deplora la difusión de desinformación y propaganda, incluso en Internet, que pueden diseñarse e implementarse para engañar, violar los derechos humanos, incluidos los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que las autoridades obtuvieron información sobre grupos opositores que habrían comprado aparatos para el espionaje de celulares.

“Hace poco nos informaron de que todo este grupo que está en contra nuestra habían comprado aparatos, aprovecho para informarlo, puede ser que no sea cierto, pero son capaces de todo, para sacar información de los celulares. No tengo experiencia en esas tecnologías, pero es sacar las memorias de los teléfonos”, expuso el Presidente durante su conferencia matutina.

El proyecto periodístico “A Dónde Van los Desaparecidos”, así como múltiples ONGs, reprobó las acciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien entre 2015 y 2016 abrió una investigación en contra de la defensora de los derechos de personas migrantes Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turati.

Este martes, el periódico The Washington Post dio a conocer que la autoridad judicial realizó diligencias en contra de las tres mujeres, relacionadas con su trabajo para esclarecer los hechos de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que sucedió en agosto de 2010.

Después de la compañía Whatsapp, el gigante estadunidense Apple interpuso hoy una demanda contra la empresa israelí NSO Group, que desarrolla el software espía Pegasus, por los ataques cibernéticos perpetrados con el programa intrusivo contra usuarios de sus aparatos y sistemas operativos iOS.

En un comunicado divulgado hoy, la empresa de la Silicon Valley sostuvo que NSO Group utilizó un “exploit” en el sistema operativo llamado FORCEDENTRY para introducir Pegasus en el celular de una víctima, paso necesario para que un cliente tome el control del aparato, convirtiéndolo en una poderosa herramienta de espionaje contra su dueño.

El día de hoy, 4 de septiembre de  2021, mientras nos encontrábamos sesionando en una reunión virtual de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, para analizar y tomar decisiones sobre diversos temas relacionados con la participación de las y los delegad@s del CNI-CIG y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, en la Gira por la Vida, junto con la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, misma que próximamente saldrá hacia el continente europeo, fuimos objeto de una infiltración descarada, seguida de amenazas y hostigamiento intermitentes durante toda la reunión, que por lo mismo se prolongó por 7 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas.

El Comité Cerezo México pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) correlacionar el espionaje a defensores de derechos humanos, a través del malware Pegasus, con las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias documentadas durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En este periodo, el Comité tiene el registro de 251 defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente, 131 desaparecidos de manera forzada y 4 mil 152 detenidos arbitrariamente.

Haber ganado las elecciones presidenciales de julio de 2018 no libró a Andrés Manuel López Obrador del espionaje político del que fue objeto, al menos, desde 1979. Tras su triunfo electoral, agentes del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) continuaron con los “trabajos de inteligencia” denominados “vigilancia técnica” tanto de forma física –seguimiento directo a las afueras de su entonces domicilio particular, la casa de campaña, las oficinas del partido Morena y los actos públicos del político tabasqueño– como digital –con el empleo de software maliciosos como Pegasus, con los que intervinieron sus comunicaciones telefónicas, mensajería instantánea y correos electrónicos, y frecuentemente lo geolocalizaban para conocer su ubicación exacta–, revelan audios y copias de expedientes que el Cisen acumuló ilegalmente y a los que Contralínea tuvo acceso. Así, hasta sus últimos días en el poder, el gobierno de Enrique Peña Nieto siguió todos los pasos del actual presidente.

El espionaje es un negocio que se ha vuelto una práctica cada vez más común en los gobiernos de todo el mundo, incluyendo México, que en nombre de la seguridad, ha hecho uso de softwares para vigilar a políticos opositores, activistas y periodistas, como han documentado desde hace décadas organizaciones como WikiLeaks y Forbidden Stories, así como el laboratorio interdisciplinario Citizen Lab.

Los siete softwares de los que se tiene evidencia que han sido contratados por gobiernos federales y estatales mexicanos, según lo documentado por organizaciones, son FinFisher, Galileo y DaVinci (de la empresa Hacking Team); y Geomatrix, ​​Narus, ​​Verint y Pegasus (este último de la firma NSO Group).