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JORNALEROS AGRÍCOLAS: EXPLOTACIÓN Y ABUSO

En la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato, los trabajadores del campo viven situaciones de precariedad laboral y de vivienda

El coordinador del movimiento Unificación Lucha Triqui en Sinaloa, Juan López García, lo dice con todas sus letras: el de los jornaleros agrícolas es el sector que más trabaja y el más explotado en la entidad.

El líder indígena asegura que el jornalero agrícola local y foráneo sufre abusos tanto del patrón como de los “enganchadores” que los traen desde San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero.

Sanborns, Palacio, Liverpool y más participaron de explotación laboral, acusa informe

Acción Ciudadana exhibió cómo la industria de la moda en México gasta seis veces más en publicidad que en prestaciones laborales, por ello, pidió a las empresas vinculadas al mundo de la moda, como Sears, Liverpool o Palacio de Hierro, adoptar la agenda de trabajo digno como única forma de contratación válida en toda su cadena de valor. 

Tiendas departamentales, como Sanborns, Palacio de Hierro y Liverpool, contribuyeron con la precariedad laboral de la industria de la moda en México, donde más de un millón de personas trabaja sin acceso a derechos laborales, denunció la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

A través del informe “La precariedad laboral está de moda”, la organización exhibe a la industria del calzado, el vestido y a las tiendas departamentales y supermercados que comercialización los productos y obtienen millones de pesos en ganancias, mientras que a un millón 18 mil trabajadores —de los que más de la mitad son mujeres— no se les respetan sus derechos laborales.

Empresa colapsada en el sismo retenía el pasaporte a extranjeras para obligarlas a trabajar

ABC Toys, una empresa importadora de juguetes, retenía los documentos de identidad de las mujeres de origen taiwanés que estaban empleadas en el inmueble que colapsó en el sismo del pasado 19 de septiembre.

La empresa ABC Toys —ubicada en el edificio de Bolívar 168 que colapsó en el sismo— retenía los pasaportes y documentos de identidad de sus empleadas taiwanesas para evitar que dejaran el trabajo e intentaran salir de México, relató una empleada que sobrevivió al derrumbe.

La importadora de juguetes exigía a sus empleadas cumplir con un plazo de trabajo de dos años o pagar 20 mil pesos para recuperar sus papeles y viajar a Taiwán con sus familias. Las trabajadoras tenían un horario de 09:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados también trabajaban hasta las 15:00 horas.

Migrantes mexicanos, entre la explotación laboral y el racismo

La migración, mecanismo de explotación y generación de riqueza

Los migrantes mexicanos sin documentos son el blanco de la agresiva, racista y poco fundada retórica del actual presidente norteamericano y sus más cercanos colaboradores. Esta visión distorsionada, ideologizada, que muy poco tiene que ver con la realidad, carece de una lectura histórica y sociopolítica del fenómeno de la migración mexicana. Desde fines del siglo XIX y conforme a los fines de lucro de élites políticas y económicas norteamericanas, amplios grupos populares de la población de México han fungido como reserva de mano de obra para la creciente e insaciable demanda de fuerza de trabajo de la economía norteamericana capitalista. De hecho, particularmente desde las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI millones de trabajadores mexicanos sin documentos migratorios trabajaron en Estados Unidos (EU) en condiciones de explotación, sin las prestaciones laborales de ley y carentes de los más elementales derechos sociales.

Los casi 7 millones de connacionales sin papeles que había en aquel país en 2007 se concentraban en sectores específicos de la economía: servicios, construcción, manufactura y la agricultura –donde cerca de tres de cada cuatro jornaleros son originarios de México-. Los mexicanos eran y son los que cosechan las hortalizas y frutas de sol a sol, quienes construyen casas y edificios en jornadas extenuantes, los que procesan y empacan la carne por horas y horas, quienes limpian los restaurantes y sirven las mesas, los que despachan tiendas y negocios seis de los siete días de la semana. Son los que hacen el trabajo que nadie valora, pero que es fundamental para la vida ordinaria de los habitantes de EU. Los migrantes son los que “no se ven”, pero sin los cuales no funciona nada; los que soportan el día a día por un salario precario.

Los migrantes sin papeles salieron de su país porque “no tenían de otra” y carecían de todo –empleo, atención médica, tierra-. Son los trabajadores incansables que, sufriendo explotación diaria durante años, acentúan los procesos de acumulación del capital al bajar los costos de producción. El dinero que se le escamotea al trabajador mexicano es el que va a parar como excedente suplementario a los bolsillos de los empleadores y propietarios norteamericanos. Los migrantes son los trabajadores “baratos, flexibles y desechables” que incrementan sustantivamente las ganancias de las empresas y corporaciones de EU. Los que hacen tan “rentable” y “atractivo” el american way of life.

Los migrantes víctimas de la discriminación

Si bien ya años antes del actual jefe del ejecutivo del gobierno de EU era adverso el panorama para los migrantes, ahora, con el nacionalismo xenofóbico y el abuso discriminatorio como política y norma, se vislumbra un infierno por venir. Para el presidente en turno, desde su perspectiva racista sobre México y negando las ganancias millonarias ligadas a la migración, los mexicanos sin papeles son los responsables de muchos de los problemas que, a su juicio, aquejan a EU: el crimen, la inseguridad, la pérdida de trabajos, el déficit en los servicios del Estado. Dicha visión no sólo es infundada, sino que contrasta con los hechos: los mexicanos son los que menos crímenes comenten según las estadísticas, son los que toman y hacen por salarios de hambre los trabajos que nadie quiere, son los que menos servicios utilizan debido a su situación irregular migratoria.

Los migrantes no son victimarios ni abusadores, sino, por el contrario, trabajadores explotados, marginados, y ahora además brutalmente discriminados. Sobre esta imagen distorsionada de los “culpables necesarios” es que el presidente en turno de EU justifica decisiones inhumanas, económicamente inviables, políticamente irracionales y crueles como las deportaciones masivas, la persecución generalizada, la hipercriminalización de los mexicanos sin papeles y la construcción/expansión de un muro en la frontera. El actuar del gobierno federal de EU, no se basa en análisis racional ni en un recuento veraz de hechos –como que la migración no documentada de mexicanos ha bajado sustantivamente desde 2008, debido a la crisis económica y la contracción del empleo-. Por el contrario, el fundamento de su política reside en claros prejuicios racistas y en un nacionalismo xenófobo.





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
https://desinformemonos.org/migrantes-mexicanos-la-explotacion-laboral-racismo/

Jornaleros nahuas son víctimas de explotación en San Luis Potosí

Jornaleros agrícolas nahuas, que incluyen a menores de edad, fueron víctimas de explotación laboral en una finca en Villa Juárez, San Luis Potosí, además de vivir en condiciones de vivienda y alimentación “insalubres e indignas”, destacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En el rancho, que produce chile y pepino, se evidenciaron violaciones al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno y al interés superior de la niñez, así como al derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia, señaló el organismo nacional con base en la investigación de los hechos.

Las faltas a los derechos humanos son “atribuibles a 12 servidores públicos adscritos a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social federal, a su homóloga local, a la Procuraduría General de Justicia y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor (PPNNA)”, indicó la CNDH.

El organismo documentó que las dependencias no investigaron el caso ni protegieron y salvaguardaron los derechos de los jornaleros, además de que no pusieron en marcha acciones “eficaces y oportunas” en su favor una vez conocidos los hechos.

Ante esto, recomendó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Gobierno del estado de San Luis Potosí elaborar un diagnóstico sobre la situación específica de los jornaleros, que incluya la participación de académicos expertos en derechos humanos y trata de personas.

De la misma forma, consideró necesaria la implementación de acciones de prevención de la trata de personas en los trabajos o servicios forzados en el campo, tanto para jornaleros agrícolas como para empleadores y dueños de centros de trabajo.

Recomendó instalar un protocolo de actuación para los servidores públicos, con perspectiva de género y de atención a niños y adolescentes, que incluya las obligaciones de las diferentes dependencias involucradas, así como emitir una circular dirigida a todo el personal involucrado en las visitas de inspección, para que al advertir la presencia de personas menores de edad se les brinde protección integral y respeto a sus derechos humanos, sin menoscabo de la protección que se dé a sus progenitores o núcleos familiares.





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
https://desinformemonos.org/jornaleros-nahuas-victimas-explotacion-san-luis-potosi/

Los esclavos con papeles: Miles al año son enviados a un infierno en EU… con el permiso de México

Por años, miles de mexicanos y centroamericanos han abandonado sus países de origen con el objetivo de llegar a Estados Unidos y conseguir, allá, un trabajo que les permita mejorar su calidad de vida. Esto, pese a que en el camino sean víctimas de discriminación, violencia laboral –con jornadas extenuantes y bajos salarios– o de abuso sexual. Pero todas esas vejaciones no son exclusivas de la migración “ilegal” sino que también se auspician bajo el Programa de Empleo Temporal, impulsado por Estados Unidos y México. Este método de contratación despertó múltiples problemas en Sinaloa, donde año con año se recluta a “mano de obra no calificada” para realizar diferentes trabajos por algunos meses al año. Tras permitir por mucho tiempo fraudes y maltrato de ambos países, trabajadores migrantes fundaron –hoy hace tres años– la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Sinaloenses. Ahí, pasaron de ser víctimas a ser defensores de los derechos laborales.

El señor Humberto Salinas, representante legal de Desarrollo Social Sin Fronteras, una agencia de reclutamiento, llegó de Nuevo León a Sinaloa. Buscó a personas de diferentes municipios que tuvieran algo en común: el sueño de tener un trabajo y una vida mejor.

Les narró “las maravillas” de laborar en Estados Unidos a través del Programa de Empleo Temporal y luego procedió al cobro de entre 100 y 200 dólares por persona para tramitarles su visa laboral. Pero el tipo se hizo humo… desapareció, dejando con deudas a cerca de 36 personas.

No sólo ese señor robó a los sinaloenses. Año con año los fraudes se repetían.

Lo que representó en un inicio la oportunidad para tener acceso a un mercado de trabajo en Estados Unidos, ganar más y mejorar la condición de vida, resultó en una serie de violaciones a los derechos laborales que no eran casos aislados, sino un patrón y una cadena de abusos que rozan incluso con la esclavitud.

Esto detonó la necesidad de tomar conciencia, aglutinar esfuerzos y generar una organización y resistencia estructurada mediante un espacio donde se desarrollaran acciones en defensa de los derechos humanos y también la generación de un mecanismo para el acceso a la justicia. Así nació, el 18 de octubre de 2013, la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Sinaloenses, donde de ser víctima el trabajador migrante amplió su identidad y pasó a ser también un defensor de los derechos laborales.

En 2013, la Coalición se creó con 29 trabajadores provenientes de Topolobampo y Los Mochis; actualmente hay 37 hombres y 21 mujeres. Históricamente se conformó con trabajadores de la industria del marisco, pero ahora hay mujeres que están trabajando en la industria de la limpieza en el sector turístico y como trabajadoras del hogar.

El Programa de Empleo Temporal inició operaciones luego de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 1 de enero de 1995. Ahí quedó establecido el permiso de “no inmigrante”, que permite a los ciudadanos de México y Canadá trabajar en Estados Unidos en una actividad preestablecida. El Consulado General de ese país expide para ello, visas H2A para empleados enfocados a la agricultura y H2B para quienes se dediquen a actividades como jardinería, servicios de limpieza o cuidadores.

Se trata de un permiso para contratar a trabajadores extranjeros para laborar en espacios que no son ocupados por estadounidenses.

Pero de acuerdo con los testimonios de los trabajadores, desde su inicio este programa ha tenido como común denominador el abuso y la discriminación por parte de autoridades de ambos países, así como por los patrones y el personal de las plantas en las que les toca trabajar.

A diferencia de la migración ilegal –en la que por lo regular los trabajadores buscan llegar a Estados Unidos y trabajar sólo por determinado tiempo y regresar a sus lugares de origen–, quienes se ampararon en este programa lo miran como su empleo formal y bien establecido.
“Por un lado los trabajadores tiene una necesidad inmediata que es la de trabajar y por lo que se van al otro lado. Pero no trabajan en cualquier condición. Hay una serie de derechos humanos laborales que están resguardados en instrumentos internacionales y nacionales que los Estados tienen la obligación de respetar. Justamente la Coalición está en el proceso de transitar de una defensa contra el fraude a también de luchar por llegar a un trabajo con condiciones justas: que el proceso de reclutamiento sea transparente, digno, que se apegue a derecho; que Estados Unidos reconozca el aporte que la mano de obra mexicana genera para la economía estadounidense y, además, que el Gobierno mexicano reconozca una serie de violaciones a sus connacionales y que sea una corresponsabilidad”, aseguró en entrevista Norma Cacho, coordinadora del área de Procesos Organizativos del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), organización que ha documentado el caso y asesorado a los trabajadores migrantes.

LA MIGRACIÓN LEGAL

“Hay una constante de explotación laboral y discriminación social en Estados Unidos. Arrastramos toda una historia de migración de México a EU que ha favorecido que la mano de obra mexicana sea fácilmente explotable, discriminada o incluso tratada en condiciones de semi esclavitud”, contó Norma en entrevista con SinEmbargo.

Los trabajadores mexicanos reciben allá un salario de 5 dólares, cuando acá la promesa fue que la paga eran 10 dólares.

En las plantas son divididos por hombres, que ganan por hora, y mujeres, que ganan por lo que hagan, por “destajo”. Ahí les son asignados los sitios donde van a vivir, que están entro dentro de sus sitios de trabajo. Según los testimonios de los trabajadores, las condiciones en que viven en esos remolques son infrahumanas y de hacinamiento.

El costo de la que es su “casa” por máximo siete meses, es descontado de su salario.

En medio de todo, la opción de decir que no se está de acuerdo con algo, es mínima o la última, ya que los patrones les quitan la visa, dejándolos en situación de indocumentado.

Tampoco hay ninguna prestación. El único apoyo que reciben es para el trámite de la visa y su salario.

Se ha observado también, un proceso diferenciado entre hombres y mujeres. Algunas se comparten: fraudes, condiciones de trabajo. Pero hay diferencias en salarios, cargas de trabajo, y riesgos a los que se enfrentan las mujeres, como “favores sexuales” durante el reclutamiento y en el trabajo, además de acoso sexual y psicológico.

Prodesc, en estos tres años de acompañamiento, sostiene que el factor que ha detonado la migración en la región, además del económico, es la violencia contra los pueblos, en este caso por el crimen organizado.
“En Sinaloa hay un estado de violencia que empuja a la gente no sólo a irse a Estados Unidos, sino inclusive salir de los municipios que han sido históricamente del narco. Topolobampo y los Mochis, al norte de Sinaloa, es una región sumamente golpeada por ese fenómeno y a eso se le suma la pobreza estructural de muchas de los habitantes”, expuso.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de sinaloenses en precariedad se incrementó entre 2012 y 2014.

En el 2012 había 1 millón 055 personas en pobreza en el estado, cifra que subió a 1 millón 167 mil 100 personas en 2014. La cantidad de sinaloenses en pobreza extrema de igual forma se elevó de 130 mil 200 personas en 2012 a 155 mil 800 personas en 2014.

“El programa de visas representó en un inicio la oportunidad para acceder a un mercado de trabajo, supuestamente en mejores condiciones, pero al final resultó en una serie de violaciones a los derechos laborales en un territorio que tradicionalmente se considera más avanzado”, agregó Cacho.

En este sentido, Greta Gómez Rico, responsable de comunicación de Prodesc, explicó que el reclutamiento en México lo hacen personas que trabajan para empleadores estadounidenses, lo que complicaría que los empleadores tengan conocimiento de lo que sucede en territorio mexicano.
De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, los empleadores son legalmente responsables de fraudes o discriminación durante el proceso, “cuando se les notifica ellos alegan no saberlo y con ese desconocimiento se deslindan de la responsabilidad […] De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, un trabajador es considerado así desde que comienza el proceso de reclutamiento, lo que implica que el Gobierno mexicano sí es jurídicamente responsable por los abusos que sufren en esa etapa”, comentó Gómez Rico.

Fueron estos fraudes, el principal detonante de la organización de las y los migrantes.

“Una primera toma de conciencia fue por una serie de fraudes que se dieron en el reclutamiento. A raíz de ello se detona un colectivo que se transformó en un proceso de defensa de derechos. En México hay una serie de agencias que tienen reclutadores que van a poblaciones marginadas y rurales donde hay problemas económicos, pero también personas con experiencia específica. Les ofrecen trámites para generar visas y pasaportes, que son gratis, pero los cobran indebidamente. No eran casos aislados; era un patrón. Sin embargo, cuando se deciden a denunciar los fraudes, los reclutadores los colocan en ‘listas negras’ lo cual les imposibilita que puedan volver a acceder al mercado laboral”, explicó Cacho.


UNA COALICIÓN DE TRABAJADORES


La Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Sinaloenses es un esfuerzo organizativo que el 18 de octubre cumple tres años de haberse constituido de manera formal.

En 2013, trabajadores de la región norte de Sinaloa, de los municipios Topolobambo, Gabriel Leyva y los Mochis, acudieron a trabajar a Luisiana, Estados Unidos, pelando camarón, actividad en la que ya tenían experiencia al provenir de una ciudad de mar. Entre ellos identificaron un patrón en cada uno de sus casos; una serie de violaciones a los derechos laborales de esta población en territorio mexicano que tenía que ver con el fraude económico desde que el reclutador –contratado por un empleador estadounidense– busca y engancha la mano de obra con engaños y les cobran por realizar los trámites de visado para llegar a Estados Unidos.

Ya en el escenario laboral prometido, también se dan una serie de violaciones que tienen que ver con jornadas laborales extensas, pago menor al prometido en México, además de cobros indebidos en el hospedaje, transporte y alimentación. “Esta serie de violaciones se daban de manera sistemática. Ellos iban con la esperanza de un trabajo en condiciones de una remuneración mejor y una mejora de vida que en su territorio de origen”, dijo Norma Cacho.

Paulatinamente, continuó, los trabajadores fueron tomando conciencia de esta serie de violaciones a sus derechos que no tenían sólo que ver con la mala fe del reclutador, sino que es toda una política sistemática de violación, de explotación de mano de obra mexicana y la responsabilidad de los empleadores de mandar reclutar sin regulación ni transparencia en el proceso de contratación que permite los ilícitos.

El 18 de octubre de 2013, los trabajadores conformaron la Coalición, un esfuerzo que no tiene precedencia en el escenario laboral en el país y en el ámbito de trabajadores migrantes trasnacionales, según lo define Prodesc.

El objetivo fue aglutinar esfuerzos y generar condiciones de organización y resistencia más estructurados, además de crear un espacio para desarrollar acciones en defensa de los derechos humanos y también la generación de un mecanismo para el acceso a la justicia.

Finalmente, ambas coinciden en que uno de los principales cambios que la Coalición ha logrado, es la manera en que hoy se miran a sí mismos cada uno de los trabajadores migrantes.


“El hecho de que un trabajador se autodenomine como defensor de derechos laborales y no sólo trabajador migrante temporal, es una identidad importante. Ha dado cohesión a la coalición. Se asumen como defensores no sólo contra su fraude, sino también del de sus compañeros en Sinaloa y de otras partes de México que también están llegando en malas condiciones. Es una problemática nacional”, expuso Cacho.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/ DULE OLVERA, DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-10-2016/3104948.

Empleados de limpia de la CdMx son transportados en camión de carga y con candado

Una fotografía tomada por un ciudadano en la Colonia Roma revela a trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México siendo transportados en una camioneta cerrada con candado. De acuerdo con el autor de la imagen, son encargados de limpieza y se trata de una violación al derecho laboral. El representante de la delegación Cuauhtémoc, donde se capturó la imagen, perteneciente al Centro de Servicios y Atención Ciudadana de los servicios de limpia del Gobierno capitalino, afirmó que trasladar al personal de esa manera se trata de un caso aislado. La Sección 1 “Limpia y Transportes” del Sindicato Único de Trabajadores local sugirió que se trata de empleados de Servicios Urbanos, encargados del mantenimiento de alumbrado público y poda de árboles.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– Trabajadores con el uniforme rosa del Gobierno de la Ciudad de México fueron transportados en una camioneta blanca con la puerta trasera cerrada con candado la mañana de ayer, de acuerdo con una fotografía captada por un ciudadano entre las calles Monterrey y Puebla en la Colonia Roma, ubicada en la delegación Cuauhtémoc.

De acuerdo con el autor de la imagen, quien es abogado, se trata de personal de limpieza “que limpia calles y avenidas principales” y el acto fotografiado viola derechos humanos y laborales de los empleados así como el reglamento de tránsito.

“Es la violación al derecho a un trabajo digno. Es esclavitud y se les está privando de su libertad, bajo la excusa de que se les está transportando. Lo que me sorprendió es que los transporten como animales”, dijo Miguel Ángel Fuentes en entrevista telefónica.

Asimismo, el artículo 38 del reglamento de tránsito capitalino, en el apartado de las normas de seguridad para la conducción de vehículos, prohíbe transportar personas en la parte exterior de la carrocería, con excepción del transporte de cargadores o estibadores cuando la finalidad del transporte requiera de ellos y en número y en condiciones tales que garanticen la integridad física de los mismos.

“Esto es una violación al reglamento de tránsito, que expresa que no se puede hacer transporte de personas en las ‘cajas’ porque resulta peligroso en cualquier accidente que pueda suscitarse”, acusó Fuentes.

Sin embargo, el ciudadano no identificó el número de placas ni intentó hablar con el conductor de la unidad que los transportaba.

José Alfredo Jiménez Reyes, del Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de los servicios de limpia del Gobierno de la Ciudad de México, expuso que sólo los trabajadores son quienes podrían realizar una denuncia por ese trato.

“Yo diría que es un caso extraordinario […] sin embargo tomaremos nota del asunto para verificar lo que pasó, no sé si son de la Delegación [Cuauhtémoc] o del Gobierno de la Ciudad”, afirmó por teléfono.

También mencionó que pudiera tratarse de una empresa, ya que el Gobierno recurre a su contratación y que puede ser igualmente sancionada por el acto en dado caso que se tuvieran más detalles del vehículo.

SON DE SERVICIOS URBANOS: SINDICATO 

La Sección 1 “Limpia y Transportes” es parte de las 42 secciones que conforman el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, la cual se dedica al barrido, la recolección y transportación de los residuos sólidos que se generan en el área metropolitana, con una plantilla de catorce mil ciento cuarenta y ocho trabajadores sindicalizados, aunque existen cerca de cinco mil eventuales que realizan otras actividades y diez mil trabajadores voluntarios aproximadamente.

“Aparte de nuestra gente de limpia están los de Servicios Urbanos. A ellos sí los transportan en camionetas cerradas, pero esos trabajadores no pertenecen a nuestra sección. Nuestros trabajadores solo se encargan de la recolección domiciliaria de residuos y barrido en las colonias”, aseguró el sindicato luego de ser consultado sobre el caso.

La Dirección General de Servicios Urbanos del gobierno capitalino es responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de la red vial primaria en lo relacionado con alumbrado público, carpeta asfáltica, limpia y poda de árboles y setos.

Sus trabajadores suelen vestir uniforme naranja o beige, no rosa como muestra la fotografía.

Por su parte, la recolección de basura en la capital del país se estima en doce mil quinientas toneladas diarias.

Hay trabajadores de barrido manual, que recolectan residuos en los carritos rojos; peón de barrido, que se ubica en cada una de las calles con asignación de tramos y rutas; la recolección domiciliaria, y la que realizan los choferes a través de unidades de transporte en paradas específicas en cada colonia.

En la Sección 1 “Limpia y Transportes” la labor se concreta a la recolección de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, porque los de manejo especial como hospitales, cascajo, etcétera, los atiende la Dirección General de Servicios Urbanos del Gobierno Capitalino.

De acuerdo con Hugo Alfredo Alonso Ortiz, secretario general de la sección “Limpia y Transportes”, sin el servicio de estos trabajadores la ciudad se vería inmersa en serios problemas epidemiológicos y de propagación de plagas.





Fuente: Sin Embargo
Autora: Dulce Olvera
http://www.sinembargo.mx/02-07-2016/3061597

Explotan a 300 mil despachadores en 12 mil gasolineras

Al menos 300 mil despachadores de combustibles que laboran en varios turnos en unas 12 mil gasolineras diseminadas en todo el país son hasta ahora los únicos excluidos de los eventuales beneficios que la reforma energética implicará para ese sector tras la liberalización en la importación de hidrocarburos a partir de abril pasado, la entrada de firmas diferentes a Petróleos Mexicanos en la venta al público y el fin al control de precios de las gasolinas en 2018.

La mayoría de estos empleados se encuentran en total indefensión laboral, al carecer de percepciones fijas y los mínimos beneficios de seguridad social y prestaciones.

En un sondeo realizado por La Jornada en diferentes estaciones de servicio de esta capital, los despachadores revelaron que no perciben salarios y sus ingresos provienen únicamente de las propinas que les dejan los automovilistas.

Los despachadores encuestados mencionaron que tampoco tienen derecho a aguinaldo, acceso a una vivienda, fondo para el retiro ni vacaciones, mucho menos a reparto de utilidades. Además, están obligados a vender una cantidad fija de aditivos y aceites para el motor, productos que en caso de no vender deben pagar.

También deben comprar sus uniformes y pagar un derecho de piso de 250 pesos diarios. El ingreso promedio al día es de cerca de 300 pesos, ya descontando el pago de dicha cuota por trabajar.

Este reportero se identificó con el encargado de una gasolinera ubicada en la avenida Ermita Iztapalapa perteneciente al Grupo G-500 y quien, por obvias razones, prefiere mantenerse en el anonimato. Relató:Yo trato de que no se dé la práctica del cobro de derecho de piso, pero luego tengo jefes de piso en la gasolinera que son los que cobran el derecho a los despachadores, pero a veces es difícil darse cuenta si les cobran una cantidad de más. En caso de que yo los detecte los sanciono, pero no es una práctica que nosotros autoricemos.

En otra entrevista, una despachadora de combustibles en una de las cinco estaciones de servicio ubicadas en la carretera Picacho Ajusco, en la delegación Tlalpan, y quien sólo se identificó como Susana, comentó: “Nos cobran 250 pesos diarios por piso más lo de los aceites, que es una cuota de 50 pesos del producto y si no los vendemos tenemos que llevarnoslo y pagar esa cantidad.

–¿A cuánto asciende su ingreso diario ?

–En un día bueno y asignándome una bomba de la entrada obtengo 400 pesos y en un día flojo entre 250 y 300 pesos ya descontando los 250 pesos del derecho de piso.

–¿Quién se queda con esa cantidad del cobro por el derecho a trabajar?

–La persona que se queda con esa cantidad es el gerente.

–¿Qué prestación de ley tiene?

–Sólo el Seguro Social y eso te lo dan después de un año de servicio.

–En caso de despido, ¿tienen derecho a una liquidación o indemnización? ¿Hay reparto de utilidades?

–No, ninguna, para nada. Lo único que nos dan es el Seguro Social y nos hacen firmar nómina como si recibiéramos un sueldo.

–Como mujer trabajadora, en caso de embarazo, ¿hay algún apoyo?

–En mi caso, me dieron permiso de irme un tiempo y lo autorizaron porque no podía estar expuesta a los olores de la gasolina, pero no me pagaron nada, sólo que pude regresar a trabajar.

Posteriormente, ante la reticencia de encargados y empleados a hablar sobre sus condiciones de trabajo ante un reportero, se tomó la decisión aparentar solicitar trabajo.

Se acudió a una de las gasolineras emblemáticas de esta ciudad, la ubicada en la esquina de Insurgentes y Reforma perteneciente al influyente Grupo Hidrosina, la marca con mayor número de estaciones de servicio en el país, con 210 en total y que recientemente cambió de imagen.

Al hablar con una de las mujeres despachadoras y preguntar qué prestaciones de ley tendría en caso de acudir con el encargado o gerente para solicitar empleo, la respuesta fue categórica: Ninguna, sólo después de un año puede tener Seguro Social. Los encargados de isla sí tienen Seguro, confirmó la trabajadora.

En otra gasolinera, identificada con el número 3994, localizada en Cafetales y avenida La Virgen, en la delegación Coyoacán, contigua a las instalaciones de la Secretaría de Marina y caracterizada por sus enormes filas de automovilistas que cargan día y noche por la certeza de recibir litros completos, un despachador también constató que el ingreso es por propinas y laboran sólo cuatro días por el exceso de personal.

–¿Hay un cobro por trabajar o mejor conocido como derecho de piso?

–Sí, nos cobran entre 200 y 250 pesos diarios y no tenemos ninguna prestación pues no somos militares. El cobro que nos hacen es para pagar gastos de limpieza de la propia gasolinera y producto (aceites, lubricantes, anticongelantes, etcétera) que nos ponen a ofrecer a los automovilistas.

–¿Alguna otra prestación?

–No, nada.

Además de dicha práctica laboral, gran cantidad de estaciones de servicio son denunciadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por despachar litros incompletos. Por ello, la Profeco se comprometió a alcanzar la meta de verificar en los próximos meses al menos 6 mil estaciones de servicio, que sería la mitad de las que operan en el país.

La reforma energética permite la liberalización del mercado de los hidrocarburos, con lo que las nuevas gasolineras podrán aumentar sus ingresos al ofrecer servicios adicionales y contar con tiendas de conveniencia, entre otros.

En julio llegará la estadunidense Gulf

Tras 75 años de operación de gasolineras bajo la franquicia de Petróleos Mexicanos (Pemex), este mes arrancaron dos nuevas marcas de estaciones de servicio en el país: La Gas, en Mérida y Campeche; e Hidrosina, en la Ciudad de México, ambas de franquiciatarios mexicanos y con el suministro de combustibles de la estatal, pero con identidad propia.

En julio se espera la entrada del grupo estadunidense Gulf, el cual aparentemente será la marca que otorgará la mejor cadena de suministro, dado que pretende importar sus propias gasolinas de Estados Unidos.

Este grupo incursionará en territorio nacional con cuatro gasolineras ubicadas en la Ciudad de México, Puebla, Monterrey y Guadalajara. Pretende crear un modelo de gestión que convierta a sus colaboradores en los más motivados y productivos de la industria.

La comercialización de gasolinas en el país en 2015 reportó la venta promedio de 792.8 mil barriles diarios. En el primer cuatrimestre de 2016, la venta mensual promedio ha sido de805.3 mil barriles diarios.

Habrá nuevas figuras en la industria gasolinera en México, como estaciones de autoservicio muy parecidas a las que operan en Estados Unidos y Europa e incluso la incursión de electrolineras, aunque diversos encuestas revelan que el consumidor mexicano prefiere el sistema asistido.

Pese al anuncio de cuantiosas inversiones en una nueva era de modernización y de maximización de ganancias, se mantiene el mismo esquema de explotación al escamotearles los más básicos derechos laborales y de protección social.





Fuente: La Jornada
Autor: Israel Rodríguez
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/19/economia/017n1eco