Pacientes de hospitales al sur de CDMX, sin información sobre seguridad de inmuebles tras sismo

Pocos son los hospitales de la Secretaría de Salud, ubicados en la zona de Huipulco, que han informado a usuarios sobre el estado de sus edificios tras el sismo, otros no tienen sus dictámenes a la vista y en algunos nadie tiene datos al respecto.

A 30 días del sismo de magnitud 7.1 que afectó la Ciudad de México, los usuarios tienen poca información sobre la seguridad de los hospitales e institutos de la Secretaría de Salud federal ubicados en el sur de la capital.

Dos de ellos han publicado en sus páginas de internet sus dictámenes: el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el de Ciencias Médicas y Nutrición, pero no los tienen al alcance del público en sus instalaciones, además que fueron emitidos dos semanas y hasta un mes después del sismo.

Torre Pediátrica de Veracruz, en ruinas pese a inversión de 340 mdp

Los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa invirtieron 340 millones de pesos en la Torre Pediátrica de Veracruz, que comenzó a construirse en marzo de 2010 y estaría lista en 18 meses, pero hoy la obra se encuentra en ruinas. Los pisos del edificio se hallan deteriorados, no hay equipo médico y las tuberías e instalaciones eléctricas se encuentran oxidadas.

De acuerdo con el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, el hospital tiene un avance de 60 por ciento y se requerirán 700 millones de pesos para concluirlo.

En septiembre de 2008, el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán colocó la primera piedra de la Torre Pediátrica de Veracruz. Según las proyecciones oficiales, contaría con 10 pisos, 260 camas, ocho quirófanos, 12 consultorios de especialidades, unidad de quemados y un área de urgencias. Todo en una superficie de 14 mil metros cuadrados.

Durante el acto oficial, se detalló que estaba proyectada a un costo total de 193 millones de pesos, de los cuales 90 por ciento fue aportado por el gobierno federal, a través del fondo de fortalecimiento de infraestructura de salud. Esos recursos fueron depositados en noviembre de 2010.

La constructora Gran Marca Proyectos ganó la licitación nacional para realizar la obra en enero de 2010 y comenzó los trabajos en marzo siguiente, pero desde 2013 dejó de edificar.

El 30 de noviembre de 2010, Herrera Beltrán acudió a supervisar la obra que no pudo concluir antes de dejar el mando.

Al inicio de su mandato, Javier Duarte anunció que la Torre Pediátrica estaría concluida en 2011. Sin embargo, dejó el cargo y el hospital no se terminó.

Durante un recorrido por el inmueble, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó que en el gobierno de Javier Duarte se adquirió equipo médico para el ahora llamado Hospital del Niño Veracruzano por un monto de 206 millones de pesos. Sin embargo, la administración yunista sólo ha localizado equipamiento por 84 millones de pesos. Del resto se desconoce su ubicación.

Suárez Villa precisó que sólo se localizó 30 por ciento del equipo que la anterior administración documentó haber comprado. Setenta por ciento debería estar en bodega del proveedor, pero no existe, la documentación de la empresa la ubica físicamente en la Ciudad Industrial Bruno Pagliai, pero ahí sólo hay una bodega de cemento, explicó.

Agregó que se invertirán 700 millones de pesos para culminar la obra a más tardar en 2018.

Yunes expresó que se destinará al sector salud una parte importante del dinero recuperado por la Procuraduría General de la República del ahora prófugo Javier Duarte.

Fuente: La Jornada

Autora: Eirinet Gómez

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/15/estados/019n1est

Suspenden servicio en laboratorio de hospital de Guadalajara por falta de insumos

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Decenas de pacientes del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” se quedaron sin atención en el áreas de laboratorio. Al parecer el problema se originó por la falta de suministros, según la queja de pacientes que fueron regresados a sus casas.

Los afectados denunciaron que desde temprana hora del viernes se les negó la atención y a algunos de ellos sólo se les dijo que la única instancia que se mantenía en operación era urgencias. Sin embargo, esa versión fue negada por la administración del hospital.

A través de cartulinas, personal del nosocomio informó de la suspensión del servicio en laboratorio, pero no se dieron mayores explicaciones de la restricción del servicio, salvo el argumento de “causas de fuerza mayor”. A algunos de los enfermos sólo les dijeron que volvieran para la realización de sus estudios la próxima semana.

Por la mañana la dirección del hospital citó al personal médico, pero luego de concluido el encuentro se les advirtió que ninguno podía realizar comentarios ante los medios de comunicación sobre la situación que vive la institución.


El único que dio voz a los reporteros fue Héctor Raúl Pérez Gómez, director del nosocomio, quien rechazó que existiera un paro de labores por parte de los médicos. Dijo que se trabajaba de manera normal en el hospital que depende de la Secretaría de Salud del gobierno de Jalisco.

Mencionó que el personal se encontraba en sus respectivas áreas de trabajo y descartó que se le estuviera negando el servicio a los derechohabientes del Seguro Popular.

Algunos médicos quienes pidieron omitir sus nombres ante el temor de ser despedidos, dijeron que tras la restricción momentánea del servicio de laboratorio, existe un problema para el suministro de material e insumos, derivado de un adeudo de más de 800 millones de pesos que el Seguro Popular tiene con ese hospital, lo que a su vez provoca que la institución enfrente complicaciones para pagar las facturas a empresas que surten los diferentes materiales.

Desde el pasado 27 de marzo Proceso Jalisco (edición 594), comprobó y publicó que en ese nosocomio se les exigía a los pacientes comprar el material que se requería para la realización de análisis clínicos, sin importar que el enfermo estuviera afiliado al Seguro Popular.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: ALBERTO OSORIO
LINK: http://www.proceso.com.mx/445208/suspenden-servicio-en-laboratorio-hospital-guadalajara-falta-insumos

Médicos del Hospital Ángeles, con denuncias penales por negligencia médica

Los médicos Manuel María José Gallo Reynoso y Juan José Granados Romero, del Hospital Ángeles, operaron en ocho ocasiones a un paciente. Hoy enfrentan dos denuncias penales por negligencia médica. Ante la falta de colaboración de los médicos y los hospitales, la autoridad en materia de arbitraje médico en México, la Conamed, sólo cerró el caso.

Por supuestos actos de negligencia médica, a Luis Javier Tresgallo Navarro, de 53 años, se le practicaron ocho cirugías en el estómago dentro del Hospital Ángeles, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña. Derivado de ello, tres médicos y un perito enfrentan dos denuncias penales. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) habrá de decidir si el caso se turna al juzgado para determinar si los médicos incurrieron en alguna falta. Tras casi 11 años de la primera intervención y a 4 años de iniciada la querella judicial, Tresgallo Navarro espera el pronunciamiento de las autoridades y alguna explicación de lo acontecido, pues la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) ha sido ineficiente e incluso estaría coludida con el hospital, denuncia.


Los presuntos actos de negligencia médica serían la causa de que Luis Javier Tresgallo Navarro fuera intervenido quirúrgicamente durante 5 años consecutivos en el Hospital Ángeles Clínica Londres, del Grupo Empresarial Ángeles.

Desde 2005 y hasta 2010, los médicos Manuel María José Gallo Reynoso (con cédula 616489 para ejercer la profesión de médico cirujano) y Juan José Granados Romero (con cédula 3445560 en cirugía general) le realizaron ocho operaciones en el estómago.

Fue en 2005 cuando, a causa de molestias, acudió al servicio médico del citado hospital. Trabajador entonces de la Banca Cremi, SA, fue canalizado a cirugía general.

Con un diagnóstico de hernia umbilical y epigástrica, se le practicó cirugía y se le colocó una malla de prolene de pared el 6 de julio de 2005.

Luego de esa intervención, Manuel Gallo Reynoso operó en cuatro ocasiones más a Tresgallo Navarro, según lo reconoce en la documentación que él mismo entregara a la Conamed.

Sin avances y aún con molestias, el servicio médico del banco, a cargo entonces de Gerardo Baños Álvarez, determinó el cambio de médico, “ya que a su juicio, se había perdido la sensibilidad del padecimiento que me aquejaba”, denuncia Tresgallo.

Las siguientes tres operaciones las realizó Juan José Granados Romero, quien en el Hospital Santa Fe diagnosticó granuloma. En julio de 2009 comenzó su trabajo con el paciente realizando una cirugía de tipo ambulatorio.

Por una infección en la cicatriz, el 5 de febrero de 2010, Tresgallo Navarro ingresó al área de urgencias de la Clínica Londres, donde permaneció 2 días medicado y bajo observación.

Al controlar la infección fue nuevamente intervenido quirúrgicamente. En el procedimiento, se raspó la pared abdominal supuestamente porque contenía restos de la malla; sin embargo, con dolor y absceso sangrante de color en la cicatriz, en julio de 2010, ingresó nuevamente al área de urgencias de la Clínica Londres. Por octava ocasión fue intervenido.

Conamed, incapaz de resolver negligencias médicas

Tresgallo Navarro inició una queja, el 27 de julio de 2011, en la Conamed. El 2 de septiembre de 2011 se llevó a cabo la audiencia conciliatoria con Juan José Granados Romero, quien fue el responsable de las últimas tres cirugías que se realizó Tresgallo Navarro en el hospital privado.

De acuerdo con el Acta de Comparecencia elaborada por la Conamed –de la cual Contralíneaposee copia–, Granados Romero declara: “Acudo para atender la queja presentada en mi contra (…) informando a esta Comisión que no es mi deseo someterme al arbitraje médico por así convenir a mis intereses, toda vez que considero que el tratamiento realizado fue el adecuado (…) es todo lo que tengo que decir”.

Dada la negativa del médico, prosigue el escueto documento, la Conamed determina concluir su intervención en cuanto al médico Granados Romero, “dadas las manifestaciones de la compareciente al externan que no tiene interés en sujetarse al proceso arbitral”.

El 7 de septiembre de 2011, se llevó a cabo la audiencia en la Conamed con Manuel María José Gallo Reynoso. En uso de la palabra “acepta someterse únicamente hasta la etapa conciliatoria”.

Con escrito dirigido a Fernando Rosales Delgado, titular del Módulo Médico 4 de la Conamed, Manuel Gallo Reynoso, representado por un grupo de ocho “señores licenciados”, así como de “dos estudiantes de la licenciatura en derecho”, precisa: “que actualmente se desempeña como médico y cuenta con la autorización de la Dirección General de Profesiones para desempeñar la especialidad de médico cirujano (autorización AECEM-19641)”.

No obstante la misiva aclaratoria, Gallo Reynoso no hace alusión a algún título académico que lo certifique como gastroenterólogo, cargo que ostenta en la placa de acrílico que cuelga fuera del consultorio 44 de la Clínica Londres.

Dentro del proceso que siguiera la Conamed, a Tresgallo Navarro se delegó la responsabilidad de localizar al tercer involucrado: Gerardo Baños Álvarez, médico cirujano con cédula profesional 1256860, a cargo de los servicios médicos de Banca Cremi, SA. Una vez que el paciente logró ubicarlo, fue citado por la Conamed el 14 de octubre de 2011.

En uso de la palabra, Baños Álvarez manifestó aceptar someterse al proceso arbitral “únicamente hasta la etapa conciliatoria”.

Aunque el Hospital fue también requerido por la Comisión –a través de Nelly Margarita Contreras Priego, entonces directora de servicios clínicos del Hospital Ángeles Clínica Londres– Alfonso Trujillo Plaisant, el nuevo titular de servicios clínicos del hospital, se negó a recibir la notificación.

Debe destacarse que la propia Conamed, en su requerimiento, advertía al hospital que no estaba involucrado y que no habría repercusiones si decidía no atender el llamado de la institución.

No obstante, Rafael Sánchez Cid, apoderado legal de Operadora de Hospital Ángeles, SA de CV, envió escrito en respuesta a la solicitud en el que notificó poner a disposición de la Conamed el expediente del quejoso en sus instalaciones.

La Comisión, citó a Luis Javier Tresgallo, a los dos médicos que aceptaron someterse a la conciliación y al director de Servicios Clínicos del Hospital Ángeles Clínica Londres para la audiencia de conciliación el 11 de noviembre de 2011.

Tal como quedó asentado en el Acta de Audiencia, ninguno de los médicos reconoció responsabilidad alguna.

Gallo Reynoso, quien practicó a Tresgallo Navarro cinco cirugías, dijo considerar que la atención médica fue adecuada, “razón por la que no reconozco culpa o responsabilidad en los hechos médicos que me pretenden imputar y por lo que no estoy en disposición de ofrecerle cantidad alguna que satisfaga su pretensión económica. Explicación que se ofrece como único medio conciliatorio y de no ser aceptada solicito se concluyan los trámites del presente expediente, toda vez que no tengo interés en someterme al arbitraje propuesto por la Conamed. Es todo lo que tengo que decir”.

Mientras que Gerardo Baños, declaró que como nunca fungió como médico tratante de Tresgallo Navarro, “sólo participé como coordinador para asignar a los médicos que se encargarían de su atención…, no reconozco culpa o responsabilidad que me pretenden imputar y por lo que no estoy en disposición de ofrecer cantidad alguna”.

Dadas las negativas, la Conamed determinó concluir los trámites de expediente de queja “como no conciliado por falta de voluntad de las partes”.

Tras el fallo, Luis Javier le solicitó a la Comisión copias certificadas del expediente 1527/2011 bajo el que quedó asentado su caso, pero le fueron negadas por considerarlas de carácter reservado.

Fundándose en el artículo 20 del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Conamed, respondieron a la petición argumentando que “el proceso arbitral no tiene por objeto constituir medios preparatorios a juicio, ni preconstituir prueba alguna, por locuaz [sic; al perecer debería decir “lo cual”], la Conamed sólo estará obligada a expedir copia fotostática confrontada o certificada de los documentos que obre en el expediente siempre y cuando las partes hubieren suscrito el compromiso arbitral, lo cual en el presente caso no ocurrió”.

Tresgallo entonces promovió una demanda de amparo ante un juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en noviembre de 2011; y en 2012 el juez le dio la razón y acordó la no reserva o confidencialidad de los documentos.

En el expediente entregado por la Conamed, obran las declaraciones de los cirujanos, así como los documentos clínicos en los que asientan la práctica de ocho intervenciones quirúrgicas a lo largo de 5 años consecutivos.
Médicos, a juicio por practicar ocho operaciones al paciente

Por el delito de responsabilidad técnica y profesional, en mayo de 2012 Tresgallo Navarro inició una denuncia penal contra los tres médicos y quien resultara responsable ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ésta quedó asentada en la averiguación previa FCH/CUH-7/T3/01645/12-05.

Ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en diciembre de 2015 Luis Javier Tresgallo presentó también una denuncia de hechos en contra del peritaje del médico forense Ángel Martínez Matías, presentado el 29 de diciembre de 2013, a quien le fue asignado dictaminar la denuncia de hechos por responsabilidad profesional en contra de los tres médicos y quien resultara responsable, mismo en el que avala el procedimiento y la actuación de los imputados.

No obstante lo anterior, refiere Tresgallo que una vez ingresado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), se le practicaron dos cirugías más, esta vez a cargo de un cirujano plástico para erradicar la infección y reconstruir la pared abdominal.

Luis Javier Tresgallo ingresó al INCMNSZ en 2012. Bajo supervisión médica y siquiátrica, hoy espera algún avance respecto a la denuncia penal que iniciara hace ya casi 4 años. En diciembre de 2015, le notificaron que Martínez Matías había presentado su renuncia el 30 de junio.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a través de Mónica Sánchez, quien dijo que uno de los principios de la Comisión es la confidencialidad, por lo que no sabía si podían dar una entrevista al respecto.

También se solicitó entrevista con el médico Juan José Granados Romero, sin que al cierre de esta edición se obtuviera respuesta.

Consultado por este semanario, Manuel Gallo Reynoso dice, por conducto de su asistente, Marcela Salas, que hablará con Contralínea después de obtener el fallo del juez, que prevé será a su favor y de los otros dos médicos involucrados.




Fuente: Contralínea

Autora: Elva Mendoza

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/15/medicos-del-hospital-angeles-con-denuncias-penales-por-negligencia-medica/

“Por fin de año”, hay desabasto de insulina en el ISSSTE

MÉXICO, DF .- Pacientes, médicos, jubilados y farmacéuticos del ISSSTE denunciaron el desabasto de insulina que inició desde hace un mes y que, a pesar de la demanda del medicamento, no se extienden vales para resolver su escasez.

De acuerdo con el diario Reforma, médicos internistas del Hospital Regional Adolfo López Mateos confirmaron el desabasto y lo atribuyeron a que “es fin de año”.

Uno de ellos explicó que a inicio de año se pide el medicamento pero llega fin de año y lo que se pidió ya se terminó.

Los médicos internistas destacaron que hay desabasto de diferentes tipos de insulina: la de efecto rápido, intermedio y prolongado.

Explicaron que si en las áreas de urgencias no hay insulina, en los otros servicios menos y agregaron que ante la situación los pacientes se ven obligados a comprarla.

“La que más se emplea en urgencias con pacientes descompensados es la de efecto rápido (que comienza a actuar en 15 minutos). Pero tampoco hay. En un servicio de urgencias esto no debería suceder. El diabético descompensado puede caer en un coma y fallecer”, dijo uno de los empleados del ISSSTE.

Citado por Reforma, el dirigente nacional de la Coalición de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, Vicencio Chávez, sostuvo que al menos en cuatro entidades se registra falta de insulina entre ellas Veracruz, Estado de México, Sonora y Tlaxcala.

Una mujer de 68 años usuaria de la clínica Balbuena en el DF dijo al periódico que padece diabetes tipo 2 y que necesita dos inyecciones al día de insulina lispro protamina y ahora sólo le han proporcionado insulina NHP.

Indicó que esta última sustancia tiene un efecto menor y que hacía tiempo ya no se la recetaban.

El encargado de la farmacia de la clínica Balbuena dijo que el desabasto es generalizado en hospitales del ISSSTE y que la insulina tampoco puede conseguirse con un vale de medicina en los centros de canje.

Otra paciente de esa misma clínica entrevistada por el diario afirmó que primero le disminuyeron el número de dosis que le entregaban -en vez de dos frascos le dieron sólo uno- y luego sólo le dieron insulina NPH.

Fuente: Proceso

El 72% de embarazadas son violentadas en hospitales; y es peor en Edomex y con indígenas

Un estudio realizado por el GIRE basado en solicitudes de transparencia señala que es en los estados donde más se dan este tipo de casos. 

La violencia obstétrica en México ha mostrado un incremento en los últimos años ante la falta de acceso a los servicios de salud o por desconfianza de mujeres que viven principalmente en zonas rurales o indígenas, concluye un informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

“Si en México siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han tenido al menos un hijo vivo, significa que casi 72 por ciento de la población femenina con vida reproductiva ha requerido atención médica durante el embarazo, parto y puerperio, y por ese solo hecho ha estado expuesta a sufrir un evento de violencia obstétrica“, menciona el informa.

Destaca que entre enero del 2014 y julio de 2015, 266 mujeres que fueron víctimas de este tipo de violencia interpusieron quejas ante las secretarías de salud de sus estados, sin embargo, no existe la atención y seguimiento de los casos. El 48 por ciento de estas mujeres viven en el estado de Guerrero.

Las comisiones estatales de derechos humanos también han recibido quejas en este sentido, encabezadas por el Estado de México (48), Oaxaca (20), Durango (14), Puebla (10), Sinaloa (10), según el documento “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos”.

La violencia obstétrica es aquella que se genera durante la atención del embarazo, parto y posparto en servicios de salud tanto públicos como privados y consiste en cualquier acción u omisión, por parte del personal de salud que provoque algún tipo de daño físico y/o psicológico en las pacientes. También se refleja en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante hacia la mujer.

Un ejemplo de este tipo de violencia son los distintos casos de mujeres indígenas embarazadas a las que se les ha negado una atención apropiada por parte de personal de salud.

Para elaborar el estudio, investigadores del GIRE realizaron una serie de solicitudes de información sobre las denuncias en diferentes entidades, y ante distintas instancias, y encontraron que en las secretarías de salud, hubo 266 reportes: 130 ocurrieron en Guerrero, 54 en Morelos, 18 en el Distrito Federal, 14 en el Estado de México y también 14 en Veracruz.

En Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas no se registraron casos.


LAS QUEJAS Y LOS DERECHOS HUMANOS

Según la información obtenida por los investigadores, durante el periodo de análisis, en el país se registraron 132 quejas por violencia obstétrica en las comisiones estatales de derechos humanos; de ellas, 48 ocurrieron en el Estado de México, 20 en Oaxaca, 14 en Durango, 10 en Puebla e igual número en Sinaloa. Sin embargo, sólo se emitieron 14 recomendaciones.

Las comisiones de Arbitraje Médico de los estados también recibieron 118 quejas en 18 meses , siendo San Luis Potosí la entidad con el mayor número, al registrar 18.

Señala que cuando una mujer embarazada es víctima de violencia obstétrica, uno o varios de sus derechos humanos son vulnerados, entre ellos, el derecho al acceso de servicios de salud de calidad.

También le niega el derecho a la integridad personal, que implica la prohibición de la tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. “Existen conductas en los entornos de atención a la salud que más allá de constituir violaciones al derecho a la salud, pueden encuadrar en casos de tortura y malos tratos, como lo ha expuesto el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, ‘…si bien en un principio la prohibición de la tortura puede haberse aplicado sobre todo en contextos como el interrogatorio, castigo o intimidación de los detenidos, la comunidad internacional ha empezado a ser consciente de que la tortura también puede darse en otros contextos”, señala el documento.

Reclama que ante esta situación, el Estado ha dado soluciones de “baja calidad”, por lo que persisten los problemas de infraestructura y equipamiento que por años han afectado la prestación de servicios de salud en las instituciones del sector público. “Por ello, a pesar de esfuerzos como el Seguro Popular —esquema pensado para personas que no tienen un trabajo formal— y los acelerados ritmos en la afiliación a éste, el derecho a la salud de muchas personas en México sigue siendo una mera ficción”.

Destaca que en México, la participación pública en el financiamiento del cuidado de la salud es una de las más bajas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y aproximadamente la mitad del gasto total en salud es pagado directamente por el usuario. De igual manera, el número de médicos per cápita en el país (2.2 por cada mil habitantes), de personal de enfermería (2.6 por cada mil habitantes) y de camas de hospital (1.6 por cada mil habitantes) se encuentran por debajo del promedio de países de la OCDE de 3.2, 8.8 y 4.8, respectivamente.


Recuerda que el pasado 15 de octubre, el Senado de la República aprobó por unanimidad 41 adiciones tanto a la Ley General de Salud como a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de obligatoriedad en la atención de urgencias obstétricas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-11-2015/1553091

La línea, llevar al IMSS y al Issste a situación extrema para que entre la IP, acusan

México, D.F.- Las presiones financieras de los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y Mexicano del Seguro Social (IMSS) no los conducen a la quiebra, pero sí a una situación que justificará la elaboración de una iniciativa para que sus servicios sean prestados por empresas privadas, afirmó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados.

La intención es llevarlos a condiciones de mayores transferencias de recursos. En este momento son insustituibles, pero en el mediano plazo la intención es que los nuevos trabajadores opten por trasladar sus aportaciones a las aseguradoras, intermediarias con los hospitales privados, dijo el coordinador de la bancada, Miguel Alonso Raya.

Sostuvo en entrevista que a ambas instituciones les resulta más baratoque los derechohabientes contraten servicios de salud privados que mantener hospitales y clínicas.Hacerlo ahora tendría un alto costo social, pero se pretende un proceso de transición, con el que la seguridad que otorga el Estado se quede sólo con los pacientes más viejos y con enfermedades crónico degenerativas, aseguró.

Además, los adeudos de los gobiernos de los estados y las universidades públicas tienen en jaque al Issste. Por ejemplo, el gobierno de Guerrero acumuló en 2014 retrasos en sus obligaciones por 7 mil 500 millones de pesos, principalmente en los siguientes rubros: al Issste 10.2 millones; al SAR, mil 246.8; cesantía y vejez, 3 mil 134.9, y seguros a terceros institucionales, 274.6 millones.
Oaxaca y Michoacán tienen deudas similares. Esto se debe a que los gobiernos destinan los recursos al pago de prestaciones a sus empleados, incluidos los maestros, pero eluden sus obligaciones con el Issste, que debe informar cuál es el adeudo de todas las entidades por aportaciones no cubiertas, expuso.

Alonso Raya indicó que por ello reducir las transferencias federales a la institución no afecta sólo a la eficiencia administrativa y financiera.Los faltantes, por ley, los pone el gobierno, pero llegará un momento en que ya no existan recursos para ello, que la Secretaría de Hacienda diga que no o que aporte sólo una fracción.

Las instituciones y el gobierno federal deben atreverse a presentar una propuesta, asumir su responsabilidad, antes de que continúe el deterioro de hospitales que fueron emblemáticos, como el Adolfo López Mateos del Issste y la unidad médica Naucalpan del IMSS. Los ahorros del Seguro Social van en detrimento de la infraestructura, medicamentos, mantenimiento, pagos a médicos y enfermeras. Si siguen así, las dos instituciones no tienen remedio

Fuente: La Jornada

Autor: Enrique Méndez

Seguros de salud, invalidez y vida del Issste, sólo ocho y 13 años más

México.- Los seguros de salud, y el de invalidez y vida del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), cuentan con recursos para la atención de sus derechohabientes sólo para los próximos ocho y 13 años, respectivamente. Así lo indica el Informe financiero y actuarial (IFA) 2015, entregado al Congreso de la Unión.

Aunque hasta ahora el instituto reporta un balance financiero favorable, reconoce una diversidad de retos, entre ellos, que la atención de cinco enfermedades consume 26.6 por ciento de su presupuesto anual y que sus clínicas y hospitales tienen una antigüedad promedio de 25 años. Los hospitales de alta especialidad ubicados en 11 estados de la República y el Distrito Federal tienen 35 años.

El documento también advierte el desafío que representa para las finanzas institucionales que entre sus derechohabientes sea mayor el número de adultos mayores de 65 años de edad respecto de otras instituciones.

A escala nacional en 2014 este sector representaba 6.7 por ciento de la población; en el Issste era 14.4 por ciento. Para 2030, el organismo dará atención a 2.3 millones de personas mayores de 65 años, lo que equivale a un incremento de 42 por ciento respecto de 2014.

Hasta el año pasado, indica el documento, las principales causas de egresos hospitalarios tuvieron que ver con enfermedades relacionadas con vesícula biliar, atención de partos, insuficiencia renal y diabetes.


En el periodo del informe se otorgaron en total 25 millones de consultas médicas, se realizaron 251 mil cirugías, 906 mil urgencias y 363 mil hospitalizaciones.

El problema del Issste es que 26.6 por ciento del gasto del seguro de salud –6 mil 336 millones de pesos– se concentró en cinco enfermedades crónicas: cáncer de todos los tipos (7.6 por ciento), afecciones cardiovasculares (6.3 por ciento), hipertensión arterial (4.4), insuficiencia renal crónica (4.5) y diabetes mellitus tipo 2 (3.8 por ciento).

De mantenerse la tendencia actual, para el año 2050 estos padecimientos requerirán de una inversión de más de 45 mil millones de pesos, de acuerdo con las previsiones actuariales del instituto.

Llama la atención que los afiliados que viven con diabetes e hipertensión arterial constituyen 16 y 13.4 por ciento de la población derechohabiente.

Respecto de las finanzas, el IFA 2015 resalta que en 2014 obtuvo un balance favorable entre ingresos y gastos e incluso reportó un ahorro de 279 millones de pesos. Este resultado fue posible, indicó, por los 13 mil 70 millones de pesos recibidos como transferencias federales. Con este monto se pudieron solventar los gastos de los diferentes fondos.

En el apartado relativo a finanzas, el informe detalla que al 31 de marzo de 2015 cuenta con 65 mil 311 millones de pesos en reservas. Sólo en 2014 se agregaron 8 mil 636 millones de pesos, con un rendimiento promedio de 11.3 por ciento nominal.

Enseguida desglosa los datos sobre la situación de los seguros. El de salud tiene recursos con suficiencia de reservas para los próximos ocho años; el de invalidez y vida para 13 años; el de riesgos de trabajo es solvente, mientras el de prestaciones sociales y culturales es insuficiente.

Desde el informe de 2012, el Issste hizo notar que en un futuro habría que revisar las fuentes y montos de financiamiento, tal como establece la ley del Issste, en particular las aportaciones de dependencias gubernamentales y trabajadores.

El IFA 2015 reconoce la existencia de riesgos que pueden afectar las operaciones del instituto; no obstante, se han instrumentado acciones de corto y mediano plazos para mitigar sus efectos. Ejemplos de ello son el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y el Programa de Aseguramiento Institucional.

El primero incluye la programación oportuna de citas médicas en las unidades de primer nivel de atención, cumplir las sentencias en materia de pensiones en tiempo y forma, acotar el pasivo laboral generado por el Issste en su calidad de patrón, fortalecer los procesos operativos para atender el incremento en el número de pensiones y reducir la demanda extraordinaria de medicamento mediante una mejor planeación, entre otros.

Otras acciones puestas en marcha para beneficio de los derechohabientes es la eliminación del pase de vigencia presencial para jubilados y pensionados, el programa de fortalecimiento de Servicios e Urgencias y el inicio de actividades de la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación en el Distrito Federal, Monterrey, Nuevo León y Zapopan, Jalisco.


Fuente: La Jornada
Autor: Ángeles Cruz Martínez

#‎FreeNestora‬. Documentan 23 casos de violencia obstétrica en hospitales del DF

MÉXICO, D.F: El 15 de diciembre de 2011, “María”, originaria del estado de Guerrero, acudió al Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco, dependiente de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (Sedesa), para que la asistieran en el parto de su segundo hijo.

A pesar de que ya sentía cólicos y contracciones, los encargados del nosocomio le dijeron que no podían recibirla porque no tenían cupo y la transfirieron al Materno Infantil de Magdalena Contreras. Ahí empezó su tragedia.

El 3 de enero de 2012, personal de ese hospital la revisó y le dijo que los signos vitales de su hijo estaban “normales”. Un médico le informó que, debido a su baja estatura, debían hacerle cesárea. La programó para el siguiente día y le sugirió practicarle la salpingoclasia “para que ya no tuviera más hijos y se dedicara a gozar”.

La mañana siguiente, ya en la cama del hospital, cinco médicos residentes discutían la atención que debían darle. Uno se quejaba hasta con groserías porque le enviaban muchas cesáreas y faltaban cirujanos.

Los galenos le comentaron que a su bebé le faltaban dos semanas para nacer y que mejor se regresara a su casa a esperar. Ella protestó. El médico encargado le dijo que si quería, le hacía la cesárea, pero bajo su propia responsabilidad, pero que su hijo nacería “prematuro o mal”.

“María” pidió que le hicieran un ultrasonido para corroborar el tiempo de gestación. “¿Está bien mi hijo?”, preguntó a la doctora que la revisó. Ésta guardó silencio, sólo le dijo: “Su doctor le explicará”. Los de bata blanca seguían discutiendo, pero el mismo que le ordenó esperar en su casa, cambió su discurso y le soltó la noticia hasta en tono burlón: “Su hijo está muerto, pero usted está joven, puede tener otro”.

Aún en shock por la noticia, “María” recibió medicamento para provocar la expulsión del feto. El dolor comenzó y los maltratos también. Ninguna enfermera la ayudó a pasar de la cama a la camilla, pese a que parte del cuerpo de su hijo ya estaba afuera. El dolor hacía que se encogiera, pero las enfermeras la jalaban de los brazos para evitarlo.

Tras minutos de sufrimiento físico y emocional, la mujer pidió ver el cuerpo de su hijo, pero se lo negaron. Enseguida le aplicaron un sedante y cuando despertó le llevaron el cuerpo. Ya estaba congelado.

Violencia obstétrica

El de “María” fue uno de los 23 casos de violencia obstétrica documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la recomendación 3/2015 dirigida a la Secretaría de Salud del DF que encabeza Armando Ahued.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Atención en la Salud de la Mujer, el organismo presidido por Perla Gómez explicó que las quejosas eran beneficiarias del Seguro Popular y aún así, sus derechos fueron violados en el transcurso de su embarazo y al momento de solicitar atención médica en la Red de Salud Pública del Distrito Federal.

Durante la revisión de las quejas recibidas durante los últimos años, la CDHDF identificó los siguientes hechos: deficiente o mala práctica médica, tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato físico o psicológico como indiferencia, insensibilidad e irresponsabilidad institucional por la ausencia de equipo médico adecuado, medicamentos básicos y especialistas.

En 90% de los casos, las trataron con comentarios irónicos, descalificadores y hasta en tono de chiste, tardaron en atenderlas, no las dejaron preguntar sobre su propia salud o no les contestaban, diferentes médicos les hicieron tactos vaginales reiterados, les negaron el contacto inmediato con su recién nacido, las culparon de no cooperar para mejorar su situación y cuando sus hijos murieron, no les dieron explicación alguna.

Peor aún, según la Comisión, la mayoría de las mujeres que presentaron una queja contra la Sedesa eran adolescentes, indígenas o tenían VIH, entre otras condiciones de vulnerabilidad que las hicieron más susceptibles de padecer abusos.

Al momento de la violación de sus derechos, las mujeres tenían entre 15 y 33 años de edad, más de la mitad trabajaba en el hogar y la mayoría tenía estudios de educación básica. Más: 14 de ellas cursaba su primer embarazo. Dos de ellas murieron, una de apenas 15 años.

En nueve de los 23 casos, las mujeres alumbraron cuerpos sin vida y más de la mitad tenía 38 semanas de gestación. A tres se les extirpó total o parcialmente el útero y a una se le impuso un método anticonceptivo definitivo sin su consentimiento. Nueve de los bebés nacidos vivos requerirán valoraciones a corto y mediano plazo para detectar algún factor de riesgo relacionado con su desarrollo físico y psicoemocional, además de que deberán recibir estimulación temprana y apoyo terapéutico.

En la recomendación fueron señalados como los lugares donde se violaron los derechos de las mujeres los hospitales materno infantil de Tláhuac, Cuautepec, Magdalena Contreras, Inguarán y Cuajimalpa, éste último derribado por la explosión del pasado 29 de enero. Además, se enlistó a los hospitales generales Dr. Enrique Cabrera, Iztapalapa, Ticomán y Dr. Gregorio Salas Flores, así como el Ajusco Medio, el de Especialidades Dr. Belisario Domínguez.

Según la recomendación 3/2015, los derechos violados de las víctimas –tanto de las madres como de sus hijos– fueron el de tener una vida libre de violencia, disfrutar del más alto nivel posible de salud durante el embarazo, parto y puerperio; tener un desarrollo y supervivencia, una vida e integridad personal; una vida privada e intimidad, salud y autonomía reproductiva, así como integridad personal.

Violaciones reiteradas

La recomendación 3/2015 se suma a las siete que ha emitido la CDHDF contra la Sedesa en los últimos años: una en 2002, dos en 2006, una en 2009 y tres entre 2011 y 2014.

De hecho, en la 5/2014, la Comisión sugirió a la Secretaría realizar un diagnóstico de los centros hospitalarios y centros de salud de la red que dan atención materno infantil. Sin embargo, a la fecha la Comisión no tiene evidencias del avance de la Secretaría en el tema.

Y aunque la ombusperson,Perla Gómez, reconoció el esfuerzo de la Sedesa en los últimos meses para reparar el daño causado a las víctimas de las recomendaciones emitidas, llamó a tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar que los hechos se repitan.


Para la más reciente recomendación pidió al secretario Armando Ahued aplicar 13 medidas entre las que se cuenta indemnizar económicamente a las víctimas, atenderlas médica y psicológicamente, capacitar a todo el personal de los hospitales mencionados, investigar los casos para medir y resolver el problema, implementar una campaña de sensibilización sobre violencia obstétrica y su denuncia, así como desarrollar protocolos para atención de urgencias obstétricas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA

Hospitales privados, “pocos y malos”, dice líder del sector

Los nosocomios particulares son pocos y malos, afirma el presidente de la agrupación. Los parches ya son inútiles; está diseñado para necesidades de los años 40: Alfonso Díaz.

El modelo del sistema de salud de México está agotado. Ya no funciona para los retos que plantean las enfermedades en la actualidad y la solución no está en los nosocomios privados, los cuales, contrario a lo que la gente piensa, somos pocos y malos, advirtió Alejandro Alfonso Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados.

Existen 3 mil 100 establecimientos particulares –así los denomina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía–, de los cuales menos de 3 por ciento tiene más de 50 camas. Sólo 100 están certificados por el Consejo de Salubridad General, es decir, cumplen con los requisitos de calidad en la atención que brindan a los pacientes.

Además, seis o siete sanatorios particulares tienen reconocimiento internacional, pero nada más.

Así que encontrar un hospital privado malo es fácil, señaló Alfonso Díaz. Usted tira una piedra y le pega a tres o cuatro.

En entrevista durante el Foro Internacional de Liderazgo y Salud, organizado por el Tecnológico de Monterrey, el también director del Centro Médico ABC analizó la situación del sistema nacional de salud y afirmó que los parches ya no sirven.

Asegurar la protección de la salud de los habitantes requiere un barco nuevo, que termine con las actuales deficiencias administrativas y de carencia de recursos en la prestación de servicios a cargo del sector público, y a la vez permita la participación de la iniciativa privada con reglas y normatividad claras para evitar los abusos y la desviación de recursos.

Para el directivo, el criterio guía de los cambios que puedan ocurrir en unos cuatro años es que se requiere un sistema que responda a las necesidades de salud de los próximos 25-30 años.

El modelo actual se diseñó y construyó para resolver una problemática y necesidades de los años 40 del siglo pasado, cuando prevalecían las enfermedades transmisibles. Fue muy útil, pero ya no funciona. Pretender usar el mismo modelo sería temerario y de corta visión, indicó.


Lo mismo pasa con los hospitales. Están diseñados para curar enfermedades y se siguen construyendo bajo las normas de la década de los 70, pese a que ahora el discurso se enfoca a la prevención, y no existe la infraestructura donde eso se pueda concretar, sostuvo Alfonso Díaz.

Respecto de los servicios médicos privados, advirtió que existe una idea equivocada. Hablamos de ellos como si fueran muchos y buenos. La verdad somos pocos y malos. Dijo que la mayoría de los hospitales particulares carecen de protocolos y compromiso, pero sí son un gran negocio, sobre todo si por alguna infección o complicación los pacientes deben permanecer más días hospitalizados, porque la cuenta crece.

Por eso, explicó el ejecutivo, es falso pensar que los sanatorios privados van a solucionar los problemas del sistema nacional de salud. Este país está lleno de historias en las que en diferentes sectores, los particulares, lejos de solucionar algo, lo empeoran. Entonces, no nos dejemos engañar, apuntó.

Sin embargo, reconoce que los dueños de los hospitales están a la expectativa sobre los cambios legales y normativos que les permitan incursionar en la prestación de servicios médicos en el país.

Hay gente con los bolsillos listos para invertir, porque somos 110 millones de personas. Sólo hacer diálisis es un negociazo. Y está bien que quien invierta tenga el retorno adecuado, pero esa no es la solución al problema de salud.

Para evitar desvíos de recursos, abusos y mentiras, el gobierno debe mantenerse como rector del sistema para terminar con la relación asimétrica entre médicos y hospitales con los pacientes que tienen que confiar en los tratamientos que les prescriben, y cuando buscan una segunda opinión carecen del respaldo de sus médicos.

Además, se debe tomar en cuenta al personal de salud, médicos que están ahí pero carecen de representación nacional. Y las enfermeras, donde hay un gran problema, porque las egresadas de las escuelas no tienen las capacidades que los empleadores necesitamos.


Eso no se resuelve con dinero. Sería muy fácil conseguir el recurso, pero corremos el riesgo de utilizarlo mal y al final no tendremos ni salud ni dinero, concluyó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ.

Tras tragedia en Cuajimalpa, Gas Metropolitano gana licitación para hospitales del DF

La empresa abastecerá a 36 hospitales a cargo de la Secretaría de Salud del DF.

A casi tres meses de la explosión de una pipa de gas en el Hospital Materno Infantil Cuajimalpa –y que derivó en el cierre de una planta de abastecimiento de Gas Express Nieto–, los hospitales del Distrito Federal tienen un nuevo distribuidor: Gas Metropolitano.

La empresa Gas Metropolitano S.A. de C.V.  surtirá gas a 36 hospitales del gobierno del DF, informó este viernes 17 de abril la Secretaría de Salud local en un comunicado.

Este hecho ocurre a sólo días de que la Secretaría de Energía (Sener) retirara el permiso para operar a la planta Tláhuac de la empresa Gas Express Nieto, propietaria de la pipa que explotó el la mañana del 29 de enero pasado cuando surtía combustible en el hospital de Cuajimalpa, causando la muerte de cinco personas, entre ellas dos bebés.


Asimismo, este viernes 17 de abril, autoridades del DF realizaron una inspección a pipas de gas, informó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a través de Twitter.

Miguel Ángel Mancera        ✔ @ManceraMiguelMX

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Se revisaron 38 unidades y hubo 3 remisiones. Estos operativos continuarán de manera aleatoria #mm

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

En 2013, el DF compró 526 equipos hospitalarios que no eran necesarios

La Secretaría de Salud del DF compró en total 751 equipos médicos, pero más de la mitad no fueron los que requerían los centros hospitalarios, por lo que corren el riesgo de deteriorarse por falta de uso.

En el año 2013, el Gobierno del Distrito Federal adquirió 751 equipos médicos para distribuir en hospitales capitalinos, de los cuales “únicamente 225 se apegaron a las necesidades de los hospitales”, mientras que los 526 instrumentos de atención restantes nunca fueron solicitados por los especialistas del sistema de salud capitalino, por lo cual se corre el riesgo de que este equipo “se deteriore por falta de uso”.

Tal como concluyó la Contraloría General de la Ciudad de México, tras auditar los gastos de la Secretaría de Salud del DF de los años 2012 y 2013, para la compra de estos instrumentales “no fueron considerados los requerimientos formulados por las unidades médicas” de la Ciudad de México, por lo que lo que esta compra, en vez de ser beneficiosa, podría generar un efecto adverso, que “limite la atención y la calidad de los servicios” otorgados por el sistema público de hospitales.

Luego de revisar las compras de equipamiento hospitalario realizadas entre el 31 de diciembre de 2012 y el 11 de septiembre de 2013, la Contraloría General del DF determinó que no sólo “existió una inadecuada planeación para la adquisición del equipo médico”, sino que, además, “existió una mala distribución” de dicho instrumental, ya que algunos hospitales recibieron menos equipo del requerido, mientras que “en otros casos se asignó en mayor cantidad un número de equipos médicos a otra unidad, a pesar de que ésta no lo solicitó”.

Sin especificar la cantidad de recursos económicos invertidos en estas compras, sí especificó que 418 equipos fueron entregados a hospitales públicos que no los requieren, mientras que otros 108 equipos no solicitados fueron entregados al Sistema de Protección en Salud, que atiende a los capitalinos afiliados al Seguro Popular.

Este instrumental que nunca fue requerido por los hospitales públicos del DF, tal como concluyó la Contraloría, ahora corre el riesgo de encontrarse “ocioso” y, por lo tanto, “expuesto a robos” o que “se deteriore por falta de uso”.

La divergencia entre los requerimientos hechos por los hospitales, y los equipos entregados, puede verse con claridad cuando se revisa caso por caso.

El Hospital Pediátrico Legaria, por ejemplo, solicitó 32 equipos específicos para brindar atención a la población infantil, de los cuales no recibió ninguno; en cambio esta unidad de salud recibió diez instrumentales que nunca solicitó.

Caso similar es el del Hospital Pediátrico de La Villa, que no recibió ninguno de los 67 equipos que requería, pero sí obtuvo nueve instrumentos que no le eran necesarios.

Otro ejemplo es el del Hospital General Doctor Rubén Leñero, que obtuvo dos de los 85 instrumentales especiales que requirió oficialmente, así como otros 27 instrumentos que no le eran útiles.

Esta problemática, advirtió la Contraloría, obligará, en el mejor de los casos, a “realizar el trámite de traspaso entre unidades hospitalarias, de aquellos equipos que no fueron solicitados por no ser necesarios”, o se tendrán “que realizar adecuaciones en los hospitales, para el debido funcionamiento del equipo médico asignado”.

En el peor de los casos, existe el riesgo de que “la deficiente distribución del equipo médico limite la atención y la calidad de los servicios médicos”, que se otorgan en la red hospitalaria del gobierno capitalino.


Debido a que las direcciones de Servicios Médicos y Urgencias, y de Medicamenteos, Insumos y Tencología, no pudieron justificar “los motivos por los cuales se adquirió, en concepto y cantidad, equipo médico distinto al requerido por las diferentes unidades hospitalarias”, la Subdirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, de la Secretaría de Salud del DF inició el expediente administrativo CI/SSA/A/250/2013; sin embargo, señaló la Contraloría, el 26 de marzo de 2014 “fue dictado el acuerdo de improcedencia del expediente, esto en razón de que no existen elementos para acreditar alguna responsabilidad administrativa a cargo de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Salud del DF”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.