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Pacientes de hospitales al sur de CDMX, sin información sobre seguridad de inmuebles tras sismo

Pocos son los hospitales de la Secretaría de Salud, ubicados en la zona de Huipulco, que han informado a usuarios sobre el estado de sus edificios tras el sismo, otros no tienen sus dictámenes a la vista y en algunos nadie tiene datos al respecto.

A 30 días del sismo de magnitud 7.1 que afectó la Ciudad de México, los usuarios tienen poca información sobre la seguridad de los hospitales e institutos de la Secretaría de Salud federal ubicados en el sur de la capital.

Dos de ellos han publicado en sus páginas de internet sus dictámenes: el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el de Ciencias Médicas y Nutrición, pero no los tienen al alcance del público en sus instalaciones, además que fueron emitidos dos semanas y hasta un mes después del sismo.

Torre Pediátrica de Veracruz, en ruinas pese a inversión de 340 mdp

Los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa invirtieron 340 millones de pesos en la Torre Pediátrica de Veracruz, que comenzó a construirse en marzo de 2010 y estaría lista en 18 meses, pero hoy la obra se encuentra en ruinas. Los pisos del edificio se hallan deteriorados, no hay equipo médico y las tuberías e instalaciones eléctricas se encuentran oxidadas.

De acuerdo con el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, el hospital tiene un avance de 60 por ciento y se requerirán 700 millones de pesos para concluirlo.

En septiembre de 2008, el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán colocó la primera piedra de la Torre Pediátrica de Veracruz. Según las proyecciones oficiales, contaría con 10 pisos, 260 camas, ocho quirófanos, 12 consultorios de especialidades, unidad de quemados y un área de urgencias. Todo en una superficie de 14 mil metros cuadrados.

Durante el acto oficial, se detalló que estaba proyectada a un costo total de 193 millones de pesos, de los cuales 90 por ciento fue aportado por el gobierno federal, a través del fondo de fortalecimiento de infraestructura de salud. Esos recursos fueron depositados en noviembre de 2010.

La constructora Gran Marca Proyectos ganó la licitación nacional para realizar la obra en enero de 2010 y comenzó los trabajos en marzo siguiente, pero desde 2013 dejó de edificar.

El 30 de noviembre de 2010, Herrera Beltrán acudió a supervisar la obra que no pudo concluir antes de dejar el mando.

Al inicio de su mandato, Javier Duarte anunció que la Torre Pediátrica estaría concluida en 2011. Sin embargo, dejó el cargo y el hospital no se terminó.

Durante un recorrido por el inmueble, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó que en el gobierno de Javier Duarte se adquirió equipo médico para el ahora llamado Hospital del Niño Veracruzano por un monto de 206 millones de pesos. Sin embargo, la administración yunista sólo ha localizado equipamiento por 84 millones de pesos. Del resto se desconoce su ubicación.

Suárez Villa precisó que sólo se localizó 30 por ciento del equipo que la anterior administración documentó haber comprado. Setenta por ciento debería estar en bodega del proveedor, pero no existe, la documentación de la empresa la ubica físicamente en la Ciudad Industrial Bruno Pagliai, pero ahí sólo hay una bodega de cemento, explicó.

Agregó que se invertirán 700 millones de pesos para culminar la obra a más tardar en 2018.

Yunes expresó que se destinará al sector salud una parte importante del dinero recuperado por la Procuraduría General de la República del ahora prófugo Javier Duarte.





Fuente: La Jornada
Autora: Eirinet Gómez
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/15/estados/019n1est

Suspenden servicio en laboratorio de hospital de Guadalajara por falta de insumos

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Decenas de pacientes del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” se quedaron sin atención en el áreas de laboratorio. Al parecer el problema se originó por la falta de suministros, según la queja de pacientes que fueron regresados a sus casas.

Los afectados denunciaron que desde temprana hora del viernes se les negó la atención y a algunos de ellos sólo se les dijo que la única instancia que se mantenía en operación era urgencias. Sin embargo, esa versión fue negada por la administración del hospital.

A través de cartulinas, personal del nosocomio informó de la suspensión del servicio en laboratorio, pero no se dieron mayores explicaciones de la restricción del servicio, salvo el argumento de “causas de fuerza mayor”. A algunos de los enfermos sólo les dijeron que volvieran para la realización de sus estudios la próxima semana.

Por la mañana la dirección del hospital citó al personal médico, pero luego de concluido el encuentro se les advirtió que ninguno podía realizar comentarios ante los medios de comunicación sobre la situación que vive la institución.


El único que dio voz a los reporteros fue Héctor Raúl Pérez Gómez, director del nosocomio, quien rechazó que existiera un paro de labores por parte de los médicos. Dijo que se trabajaba de manera normal en el hospital que depende de la Secretaría de Salud del gobierno de Jalisco.

Mencionó que el personal se encontraba en sus respectivas áreas de trabajo y descartó que se le estuviera negando el servicio a los derechohabientes del Seguro Popular.

Algunos médicos quienes pidieron omitir sus nombres ante el temor de ser despedidos, dijeron que tras la restricción momentánea del servicio de laboratorio, existe un problema para el suministro de material e insumos, derivado de un adeudo de más de 800 millones de pesos que el Seguro Popular tiene con ese hospital, lo que a su vez provoca que la institución enfrente complicaciones para pagar las facturas a empresas que surten los diferentes materiales.

Desde el pasado 27 de marzo Proceso Jalisco (edición 594), comprobó y publicó que en ese nosocomio se les exigía a los pacientes comprar el material que se requería para la realización de análisis clínicos, sin importar que el enfermo estuviera afiliado al Seguro Popular.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: ALBERTO OSORIO
LINK: http://www.proceso.com.mx/445208/suspenden-servicio-en-laboratorio-hospital-guadalajara-falta-insumos

Médicos del Hospital Ángeles, con denuncias penales por negligencia médica

Los médicos Manuel María José Gallo Reynoso y Juan José Granados Romero, del Hospital Ángeles, operaron en ocho ocasiones a un paciente. Hoy enfrentan dos denuncias penales por negligencia médica. Ante la falta de colaboración de los médicos y los hospitales, la autoridad en materia de arbitraje médico en México, la Conamed, sólo cerró el caso.

Por supuestos actos de negligencia médica, a Luis Javier Tresgallo Navarro, de 53 años, se le practicaron ocho cirugías en el estómago dentro del Hospital Ángeles, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña. Derivado de ello, tres médicos y un perito enfrentan dos denuncias penales. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) habrá de decidir si el caso se turna al juzgado para determinar si los médicos incurrieron en alguna falta. Tras casi 11 años de la primera intervención y a 4 años de iniciada la querella judicial, Tresgallo Navarro espera el pronunciamiento de las autoridades y alguna explicación de lo acontecido, pues la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) ha sido ineficiente e incluso estaría coludida con el hospital, denuncia.


Los presuntos actos de negligencia médica serían la causa de que Luis Javier Tresgallo Navarro fuera intervenido quirúrgicamente durante 5 años consecutivos en el Hospital Ángeles Clínica Londres, del Grupo Empresarial Ángeles.

Desde 2005 y hasta 2010, los médicos Manuel María José Gallo Reynoso (con cédula 616489 para ejercer la profesión de médico cirujano) y Juan José Granados Romero (con cédula 3445560 en cirugía general) le realizaron ocho operaciones en el estómago.

Fue en 2005 cuando, a causa de molestias, acudió al servicio médico del citado hospital. Trabajador entonces de la Banca Cremi, SA, fue canalizado a cirugía general.

Con un diagnóstico de hernia umbilical y epigástrica, se le practicó cirugía y se le colocó una malla de prolene de pared el 6 de julio de 2005.

Luego de esa intervención, Manuel Gallo Reynoso operó en cuatro ocasiones más a Tresgallo Navarro, según lo reconoce en la documentación que él mismo entregara a la Conamed.

Sin avances y aún con molestias, el servicio médico del banco, a cargo entonces de Gerardo Baños Álvarez, determinó el cambio de médico, “ya que a su juicio, se había perdido la sensibilidad del padecimiento que me aquejaba”, denuncia Tresgallo.

Las siguientes tres operaciones las realizó Juan José Granados Romero, quien en el Hospital Santa Fe diagnosticó granuloma. En julio de 2009 comenzó su trabajo con el paciente realizando una cirugía de tipo ambulatorio.

Por una infección en la cicatriz, el 5 de febrero de 2010, Tresgallo Navarro ingresó al área de urgencias de la Clínica Londres, donde permaneció 2 días medicado y bajo observación.

Al controlar la infección fue nuevamente intervenido quirúrgicamente. En el procedimiento, se raspó la pared abdominal supuestamente porque contenía restos de la malla; sin embargo, con dolor y absceso sangrante de color en la cicatriz, en julio de 2010, ingresó nuevamente al área de urgencias de la Clínica Londres. Por octava ocasión fue intervenido.

Conamed, incapaz de resolver negligencias médicas

Tresgallo Navarro inició una queja, el 27 de julio de 2011, en la Conamed. El 2 de septiembre de 2011 se llevó a cabo la audiencia conciliatoria con Juan José Granados Romero, quien fue el responsable de las últimas tres cirugías que se realizó Tresgallo Navarro en el hospital privado.

De acuerdo con el Acta de Comparecencia elaborada por la Conamed –de la cual Contralíneaposee copia–, Granados Romero declara: “Acudo para atender la queja presentada en mi contra (…) informando a esta Comisión que no es mi deseo someterme al arbitraje médico por así convenir a mis intereses, toda vez que considero que el tratamiento realizado fue el adecuado (…) es todo lo que tengo que decir”.

Dada la negativa del médico, prosigue el escueto documento, la Conamed determina concluir su intervención en cuanto al médico Granados Romero, “dadas las manifestaciones de la compareciente al externan que no tiene interés en sujetarse al proceso arbitral”.

El 7 de septiembre de 2011, se llevó a cabo la audiencia en la Conamed con Manuel María José Gallo Reynoso. En uso de la palabra “acepta someterse únicamente hasta la etapa conciliatoria”.

Con escrito dirigido a Fernando Rosales Delgado, titular del Módulo Médico 4 de la Conamed, Manuel Gallo Reynoso, representado por un grupo de ocho “señores licenciados”, así como de “dos estudiantes de la licenciatura en derecho”, precisa: “que actualmente se desempeña como médico y cuenta con la autorización de la Dirección General de Profesiones para desempeñar la especialidad de médico cirujano (autorización AECEM-19641)”.

No obstante la misiva aclaratoria, Gallo Reynoso no hace alusión a algún título académico que lo certifique como gastroenterólogo, cargo que ostenta en la placa de acrílico que cuelga fuera del consultorio 44 de la Clínica Londres.

Dentro del proceso que siguiera la Conamed, a Tresgallo Navarro se delegó la responsabilidad de localizar al tercer involucrado: Gerardo Baños Álvarez, médico cirujano con cédula profesional 1256860, a cargo de los servicios médicos de Banca Cremi, SA. Una vez que el paciente logró ubicarlo, fue citado por la Conamed el 14 de octubre de 2011.

En uso de la palabra, Baños Álvarez manifestó aceptar someterse al proceso arbitral “únicamente hasta la etapa conciliatoria”.

Aunque el Hospital fue también requerido por la Comisión –a través de Nelly Margarita Contreras Priego, entonces directora de servicios clínicos del Hospital Ángeles Clínica Londres– Alfonso Trujillo Plaisant, el nuevo titular de servicios clínicos del hospital, se negó a recibir la notificación.

Debe destacarse que la propia Conamed, en su requerimiento, advertía al hospital que no estaba involucrado y que no habría repercusiones si decidía no atender el llamado de la institución.

No obstante, Rafael Sánchez Cid, apoderado legal de Operadora de Hospital Ángeles, SA de CV, envió escrito en respuesta a la solicitud en el que notificó poner a disposición de la Conamed el expediente del quejoso en sus instalaciones.

La Comisión, citó a Luis Javier Tresgallo, a los dos médicos que aceptaron someterse a la conciliación y al director de Servicios Clínicos del Hospital Ángeles Clínica Londres para la audiencia de conciliación el 11 de noviembre de 2011.

Tal como quedó asentado en el Acta de Audiencia, ninguno de los médicos reconoció responsabilidad alguna.

Gallo Reynoso, quien practicó a Tresgallo Navarro cinco cirugías, dijo considerar que la atención médica fue adecuada, “razón por la que no reconozco culpa o responsabilidad en los hechos médicos que me pretenden imputar y por lo que no estoy en disposición de ofrecerle cantidad alguna que satisfaga su pretensión económica. Explicación que se ofrece como único medio conciliatorio y de no ser aceptada solicito se concluyan los trámites del presente expediente, toda vez que no tengo interés en someterme al arbitraje propuesto por la Conamed. Es todo lo que tengo que decir”.

Mientras que Gerardo Baños, declaró que como nunca fungió como médico tratante de Tresgallo Navarro, “sólo participé como coordinador para asignar a los médicos que se encargarían de su atención…, no reconozco culpa o responsabilidad que me pretenden imputar y por lo que no estoy en disposición de ofrecer cantidad alguna”.

Dadas las negativas, la Conamed determinó concluir los trámites de expediente de queja “como no conciliado por falta de voluntad de las partes”.

Tras el fallo, Luis Javier le solicitó a la Comisión copias certificadas del expediente 1527/2011 bajo el que quedó asentado su caso, pero le fueron negadas por considerarlas de carácter reservado.

Fundándose en el artículo 20 del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Conamed, respondieron a la petición argumentando que “el proceso arbitral no tiene por objeto constituir medios preparatorios a juicio, ni preconstituir prueba alguna, por locuaz [sic; al perecer debería decir “lo cual”], la Conamed sólo estará obligada a expedir copia fotostática confrontada o certificada de los documentos que obre en el expediente siempre y cuando las partes hubieren suscrito el compromiso arbitral, lo cual en el presente caso no ocurrió”.

Tresgallo entonces promovió una demanda de amparo ante un juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en noviembre de 2011; y en 2012 el juez le dio la razón y acordó la no reserva o confidencialidad de los documentos.

En el expediente entregado por la Conamed, obran las declaraciones de los cirujanos, así como los documentos clínicos en los que asientan la práctica de ocho intervenciones quirúrgicas a lo largo de 5 años consecutivos.
Médicos, a juicio por practicar ocho operaciones al paciente

Por el delito de responsabilidad técnica y profesional, en mayo de 2012 Tresgallo Navarro inició una denuncia penal contra los tres médicos y quien resultara responsable ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ésta quedó asentada en la averiguación previa FCH/CUH-7/T3/01645/12-05.

Ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en diciembre de 2015 Luis Javier Tresgallo presentó también una denuncia de hechos en contra del peritaje del médico forense Ángel Martínez Matías, presentado el 29 de diciembre de 2013, a quien le fue asignado dictaminar la denuncia de hechos por responsabilidad profesional en contra de los tres médicos y quien resultara responsable, mismo en el que avala el procedimiento y la actuación de los imputados.

No obstante lo anterior, refiere Tresgallo que una vez ingresado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), se le practicaron dos cirugías más, esta vez a cargo de un cirujano plástico para erradicar la infección y reconstruir la pared abdominal.

Luis Javier Tresgallo ingresó al INCMNSZ en 2012. Bajo supervisión médica y siquiátrica, hoy espera algún avance respecto a la denuncia penal que iniciara hace ya casi 4 años. En diciembre de 2015, le notificaron que Martínez Matías había presentado su renuncia el 30 de junio.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a través de Mónica Sánchez, quien dijo que uno de los principios de la Comisión es la confidencialidad, por lo que no sabía si podían dar una entrevista al respecto.

También se solicitó entrevista con el médico Juan José Granados Romero, sin que al cierre de esta edición se obtuviera respuesta.

Consultado por este semanario, Manuel Gallo Reynoso dice, por conducto de su asistente, Marcela Salas, que hablará con Contralínea después de obtener el fallo del juez, que prevé será a su favor y de los otros dos médicos involucrados.




Fuente: Contralínea

Autora: Elva Mendoza

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/15/medicos-del-hospital-angeles-con-denuncias-penales-por-negligencia-medica/

“Por fin de año”, hay desabasto de insulina en el ISSSTE

MÉXICO, DF .- Pacientes, médicos, jubilados y farmacéuticos del ISSSTE denunciaron el desabasto de insulina que inició desde hace un mes y que, a pesar de la demanda del medicamento, no se extienden vales para resolver su escasez.
De acuerdo con el diario Reforma, médicos internistas del Hospital Regional Adolfo López Mateos confirmaron el desabasto y lo atribuyeron a que “es fin de año”.
Uno de ellos explicó que a inicio de año se pide el medicamento pero llega fin de año y lo que se pidió ya se terminó.
Los médicos internistas destacaron que hay desabasto de diferentes tipos de insulina: la de efecto rápido, intermedio y prolongado.
Explicaron que si en las áreas de urgencias no hay insulina, en los otros servicios menos y agregaron que ante la situación los pacientes se ven obligados a comprarla.
“La que más se emplea en urgencias con pacientes descompensados es la de efecto rápido (que comienza a actuar en 15 minutos). Pero tampoco hay. En un servicio de urgencias esto no debería suceder. El diabético descompensado puede caer en un coma y fallecer”, dijo uno de los empleados del ISSSTE.
Citado por Reforma, el dirigente nacional de la Coalición de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, Vicencio Chávez, sostuvo que al menos en cuatro entidades se registra falta de insulina entre ellas Veracruz, Estado de México, Sonora y Tlaxcala.
Una mujer de 68 años usuaria de la clínica Balbuena en el DF dijo al periódico que padece diabetes tipo 2 y que necesita dos inyecciones al día de insulina lispro protamina y ahora sólo le han proporcionado insulina NHP.
Indicó que esta última sustancia tiene un efecto menor y que hacía tiempo ya no se la recetaban.
El encargado de la farmacia de la clínica Balbuena dijo que el desabasto es generalizado en hospitales del ISSSTE y que la insulina tampoco puede conseguirse con un vale de medicina en los centros de canje.
Otra paciente de esa misma clínica entrevistada por el diario afirmó que primero le disminuyeron el número de dosis que le entregaban -en vez de dos frascos le dieron sólo uno- y luego sólo le dieron insulina NPH.
Fuente: Proceso

El 72% de embarazadas son violentadas en hospitales; y es peor en Edomex y con indígenas

Un estudio realizado por el GIRE basado en solicitudes de transparencia señala que es en los estados donde más se dan este tipo de casos. 

La violencia obstétrica en México ha mostrado un incremento en los últimos años ante la falta de acceso a los servicios de salud o por desconfianza de mujeres que viven principalmente en zonas rurales o indígenas, concluye un informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
“Si en México siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han tenido al menos un hijo vivo, significa que casi 72 por ciento de la población femenina con vida reproductiva ha requerido atención médica durante el embarazo, parto y puerperio, y por ese solo hecho ha estado expuesta a sufrir un evento de violencia obstétrica“, menciona el informa.

Destaca que entre enero del 2014 y julio de 2015, 266 mujeres que fueron víctimas de este tipo de violencia interpusieron quejas ante las secretarías de salud de sus estados, sin embargo, no existe la atención y seguimiento de los casos. El 48 por ciento de estas mujeres viven en el estado de Guerrero.

Las comisiones estatales de derechos humanos también han recibido quejas en este sentido, encabezadas por el Estado de México (48), Oaxaca (20), Durango (14), Puebla (10), Sinaloa (10), según el documento “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos”.

La violencia obstétrica es aquella que se genera durante la atención del embarazo, parto y posparto en servicios de salud tanto públicos como privados y consiste en cualquier acción u omisión, por parte del personal de salud que provoque algún tipo de daño físico y/o psicológico en las pacientes. También se refleja en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante hacia la mujer.

Un ejemplo de este tipo de violencia son los distintos casos de mujeres indígenas embarazadas a las que se les ha negado una atención apropiada por parte de personal de salud.

Para elaborar el estudio, investigadores del GIRE realizaron una serie de solicitudes de información sobre las denuncias en diferentes entidades, y ante distintas instancias, y encontraron que en las secretarías de salud, hubo 266 reportes: 130 ocurrieron en Guerrero, 54 en Morelos, 18 en el Distrito Federal, 14 en el Estado de México y también 14 en Veracruz.

En Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas no se registraron casos.


LAS QUEJAS Y LOS DERECHOS HUMANOS

Según la información obtenida por los investigadores, durante el periodo de análisis, en el país se registraron 132 quejas por violencia obstétrica en las comisiones estatales de derechos humanos; de ellas, 48 ocurrieron en el Estado de México, 20 en Oaxaca, 14 en Durango, 10 en Puebla e igual número en Sinaloa. Sin embargo, sólo se emitieron 14 recomendaciones.

Las comisiones de Arbitraje Médico de los estados también recibieron 118 quejas en 18 meses , siendo San Luis Potosí la entidad con el mayor número, al registrar 18.

Señala que cuando una mujer embarazada es víctima de violencia obstétrica, uno o varios de sus derechos humanos son vulnerados, entre ellos, el derecho al acceso de servicios de salud de calidad.

También le niega el derecho a la integridad personal, que implica la prohibición de la tortura y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. “Existen conductas en los entornos de atención a la salud que más allá de constituir violaciones al derecho a la salud, pueden encuadrar en casos de tortura y malos tratos, como lo ha expuesto el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, ‘…si bien en un principio la prohibición de la tortura puede haberse aplicado sobre todo en contextos como el interrogatorio, castigo o intimidación de los detenidos, la comunidad internacional ha empezado a ser consciente de que la tortura también puede darse en otros contextos”, señala el documento.

Reclama que ante esta situación, el Estado ha dado soluciones de “baja calidad”, por lo que persisten los problemas de infraestructura y equipamiento que por años han afectado la prestación de servicios de salud en las instituciones del sector público. “Por ello, a pesar de esfuerzos como el Seguro Popular —esquema pensado para personas que no tienen un trabajo formal— y los acelerados ritmos en la afiliación a éste, el derecho a la salud de muchas personas en México sigue siendo una mera ficción”.

Destaca que en México, la participación pública en el financiamiento del cuidado de la salud es una de las más bajas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y aproximadamente la mitad del gasto total en salud es pagado directamente por el usuario. De igual manera, el número de médicos per cápita en el país (2.2 por cada mil habitantes), de personal de enfermería (2.6 por cada mil habitantes) y de camas de hospital (1.6 por cada mil habitantes) se encuentran por debajo del promedio de países de la OCDE de 3.2, 8.8 y 4.8, respectivamente.


Recuerda que el pasado 15 de octubre, el Senado de la República aprobó por unanimidad 41 adiciones tanto a la Ley General de Salud como a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de obligatoriedad en la atención de urgencias obstétricas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-11-2015/1553091