Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Nacional

Estados

Politica

Violencia

Caravana Migrante es hostigada por la policía municipal de Orizaba

Al saber que eran migrantes, los agentes amenazaron con detenerlos y quitarles los documentos que portaban.

Uno de los contingentes de la Caravana Migrante que partió desde el jueves en la noche de Oaxaca, fue hostigada el viernes por la tarde por la policía municipal de Orizaba, cuando hizo una parada técnica en una gasolinera.

De acuerdo con el presidente de la organización binacional Pueblos sin Fronteras, Irineo Mújica, él y otros migrantes fueron golpeados.

En riesgo integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan: Esperanza Salazar

Ciudad de México | Desinformémonos. “El incremento de agresiones en mi contra y contra el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan en el Municipio de Cómala, Colima, se dio luego de la destitución de María Elena Díaz, delegada de la Procuraduría Agraria. El hostigamiento y persecución fue a tal grado que tuve que desplazarme de manera definitiva del estado” afirma Esperanza Salazar, Coordinadora de la organización ambientalista Bios Iguana.

Desde su creación en 2013, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan ha recibido amenazas, hostigamiento y persecución por su labor en defensa de la tierra y territorio. Agresiones físicas, desplazamientos, campañas de difamación y la división de la comunidad, son algunas de los impactos derivados del intento de imponer el proyecto minero encabezado por la empresa mexicana Gabfer S.A. de C.V. vinculada a empresas transnacionales canadienses.

https://soundcloud.com/user-514678347/esperanza-salazar-coordinadora-de-la-organizacion-ambientalista-bios-iguana

“Actualmente el proyecto culminó su fase de exploración y la empresa, en colusión con el gobierno del estado de Colima, busca iniciar el proceso de explotación de oro, plata, cobre y manganeso pero la comunidad nahua ha manifestado su desacuerdo con el proyecto que afectaría al menos 100 hectáreas a las faldas de la reserva de la biosfera, el agua y los recursos naturales de la población”, asegura la defensora ambientalista, quien es también integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA – Mexico).

Ante el proyecto minero a cielo abierto, la complicidad del entonces presidente de bienes comunales Carlos Guzmán, la empresa y las propias autoridades, la comunidad declaró en Asamblea a su territorio como libre de minería, lo cual fue además avalado por el Tribunal Unitario Agrario Número 38, en mayo de 2015. En una asamblea posterior, la comunidad nombró a Taurino Rincón como nuevo presidente de los bienes comunales, quien desde antes de su elección fue amenazado, y desconocido por la propia Procuraduría Agraria.

Pese a la intimidación, el propio Consejo Indígena se manifestó de diversas maneras pacíficamente hasta lograr el reconocimiento del nuevo comisariado que, contrario al anterior, vela por la decisión de la comunidad. Este reconocimiento ha valido también de actos de intimidación aunque la sentencia 434/15 del Tribunal Unitario Agrario respalda la decisión de la comunidad y desconoce la asamblea amañada realizada por la ex delegada de la procuraría Agraria, quien en nueve minutos intentó avalar el paso de la minería al territorio nahua.

Ante el incremento exponencial de las agresiones y el desplazamiento de Esperanza Salazar, una de las acompañantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales se pronunció contra “las campañas de difamación y amenazas de muerte, que han derivado en el desplazamiento de algunas de sus integrantes y el desmenbramiento de su organización”.

La Red aseguró que defender y acompañar a quienes defienden su territorio, “la ha hecho vulnerable a una serie de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos” por lo que manifestaron su “total indignación ante el hostigamiento sufrido durante el proceso de desplazamiento, lo que agudiza y vulnera aún más su integridad”.

El hostigamiento reciente al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y a integrantes de la organización Bios Iguana forma parte de la intimidación constante que han tenido por su oposición al megaproyecto desde 2013. La defensora Esperanza Salazar recuerda que “desde ese momento hubo amenazas de muerte contra Jesús Santos, integrante del Consejo indígena, violencia verbal contra Dilva Peña, también del consejo y en ese mismo año Gabriel Martínez Campos, integrante de Bios Iguana fue detenido momentáneamente por la policía estatal.

A pesar de que hay sentencias a favor de la comunidad y de que está frenado el trabajo “no podemos decir que hemos ganado, pues acciones como las de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elene Díaz Rivera, quien abiertamente colaboró con la empresa minera e intentó cambiar el régimen de tierra de comunal a ejidal para que fuera más fácil negociar con empresarios que con la comunidad indígena” son latentes, además las afectaciones a la comunidad en general pero principalmente hacia las mujeres indígenas siguen siendo de mucha preocupación pues las y los habitantes del lugar que están en contra de la mina han decidido permanecer en el lugar.

Organizaciones como Acción Ecológica de Ecuador; el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales,  Colectivo CASA de Bolivia; el Programa Democracia y Transformación Global,  PDGT de Perú; Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides de Perú; el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA de Chile; la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES de El Salvador; Ceiba,  Amigos de la Tierra de Guatemala; Mujeres del Valle de Siria de Honduras; el Centro Latino Americano de Ecologia Social de CLAES de Uruguay; la Asociación Censat Agua Viva de Colombia y la Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA de México además de manifestar su respaldo hacen un llamado urgente a la solidaridad Internacional para “estar atentas y atentos a este caso, el cual ratifica la situación de criminalización a la que están expuestas las defensoras por parte del gobierno estatal en contubernio con las empresas transnacionales, quienes buscan implementar una estrategia perversa del modelo extractivista, patriarcal y criminal en los territorios indígenas”, afirmaron las organizaciones.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ATZIRI ÁVILA
LINK: https://desinformemonos.org/en-riesgo-integrantes-del-consejo-indigena-por-la-defensa-del-territorio-de-zacualpan-esperanza-salazar/

Por amenazas, activista ambiental abandona Colima bajo resguardo

COLIMA, Col. (apro).- Ante el creciente clima de amenazas y riesgo para su integridad personal, la coordinadora general del grupo ambientalista Bios Iguana, Esperanza Salazar Zenil, se vio forzada a emigrar de esta entidad, bajo el resguardo de escoltas del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En los preparativos de su salida de la ciudad, la activista estuvo acompañada por Jennifer Moore, representante para América Latina de la organización canadiense MiningWatch; Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Marco von Borstel, del Colectivo Ollin.

Sin embargo, durante los trabajos de empaque y mudanza de las pertenencias de Salazar Zenil, ella y sus acompañantes sufrieron el hostigamiento de individuos vestidos de civil, así como de agentes de la Procuraduría General de Justicia y de la Policía Estatal, según un reporte presentado por Moore, Mijangos y Von Borstel ante Amnistía Internacional México, Brigadas de Paz Internacional y Front Line Defenders.

El documento, cuya copia fue proporcionada al reportero, señala que el acoso experimentado en esta ocasión “ratifica una vez más” el tipo de amenazas sufridas por Esperanza Salazar por parte del gobierno estatal, además de que “se confirma el grado de inseguridad y riesgo en el que se encontraba la compañera”.

Con más de dos décadas de activismo en defensa del medio ambiente en Colima, Salazar fue en los últimos tres años una de las impulsoras del movimiento contra la explotación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso en la comunidad indígena de Zacualpan, en el municipio de Comala.

Algunas de las luchas previas de Bios Iguana tuvieron que ver con la oposición a la tala del mangle para la ampliación del Puerto de Manzanillo y con la defensa de la Laguna de Cuyutlán ante la Construcción de la planta regasificadora construida en el sexenio de Felipe Calderón, cuyas violaciones a la normatividad ambiental todavía se dirimen en tribunales internacionales por gestiones del grupo ecologista.

A petición de habitantes de Zacualpan inconformes con el proyecto minero, desde los últimos meses de 2013 los integrantes la organización defensora del ambiente brindaron asesoría y acompañaron en su primera etapa la conformación del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), que logró destituir a la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales —que pretendía imponer el proyecto— y obtuvo la declaratoria del pueblo como “territorio libre de minería”.

Esta situación provocó una serie de amenazas y agresiones contra integrantes del CIDTZ y de Bios Iguana, de las que esta última responsabilizó a seguidores del expresidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán; a la entonces delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera —recientemente destituida del puesto— y al gobierno estatal.

Antes del exilio de Esperanza Salazar, ya se habían retirado del activismo la mayor parte de los integrantes de Bios Iguana, algunos de los cuales también se fueron del estado y otros sólo dejaron de participar en el movimiento, tras haber sufrido incidentes que ponían en riesgo su seguridad personal y la de su familia.

En los últimos meses, frente al peligro para la integridad personal de Esperanza Salazar, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y

Periodistas había colocado en su domicilio un sistema de seguridad que entre otras cosas incluía cámaras de vigilancia.

En el documento enviado a los organismos internacionales con fecha 17 de agosto de 2016, Jennifer Moore, Miguel Mijangos y Marco von Borstel señalaron que la salida de la activista del estado de Colima se produjo “debido a las repetidas ocasiones en que su integridad física se ha visto en riesgo a causa de la violencia y amenazas de las que ha sido víctima desde hace tres años, fomentadas por diversas instancias del estado, mismas que han sido documentadas en el propio Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del cual ella forma parte”.

Narraron que desde su llegada al domicilio de Esperanza para acompañarla en la mudanza, el pasado 2 de agosto, detectaron que su casa presentaba una irregularidad en una puerta interior, ya que fue desprendida una tabla de la puerta del segundo cuarto dejando un agujero aproximadamente de 40 por 60 centímetros, lo que evidenció que había sido allanada en su ausencia.

Durante el día, los escoltas que acompañaban a los activistas detectaron que en la esquina más cercana al domicilio de Esperanza Salazar había un grupo de hombres vestidos de civil vigilando, cuyo número se incrementó paulatinamente de dos, al mediodía, a ocho, al anochecer.

Por lo anterior, decidieron pernoctar en un hotel al que llegaron después de realizar varias maniobras para burlar a los ocupantes de dos automóviles particulares que los siguieron, uno de ellos con placas FTL 9728, a la vez que en el trayecto se sintieron hostigados por la patrulla estatal 1481, que se les cruzó en tres ocasiones.

Durante toda la noche, los escoltas permanecieron vigilando la entrada del hotel para evitar cualquier percance.

De acuerdo con el documento, cuando al día siguiente regresaron a la casa a continuar empacando las pertenencias de Esperanza Salazar, fueron hostigados por hombres que los cuestionaron sobre lo que hacían en ese lugar y tras pedirles que se identificaran dijeron ser los agentes ministeriales Oscar Sánchez Macías y Francisco Javier Sánchez Ávalos, quienes argumentaron que “estaban apoyando a turistas”.

Los dos individuos habían estado platicando antes con el dueño de una zapatería ubicada en la esquina, cuya familia “tiene intereses en el proyecto minero en Zacualpan”, señala el reporte.

Mientras tomaban fotografías de las placas del automóvil de los escoltas y de la camioneta donde iba a ser trasladada la carga, los policías continuaron realizando preguntas sobre el número de personas que iban, si había niños, en dónde se hospedaban, entre otras.

“Entonces Miguel (Mijangos) salió y los increpó reclamándoles que no tenían ningún atributo para estar haciendo esas supuestas labores de apoyo a turistas, diciéndoles que era evidente que desde ayer había gente hostigándonos y que en ese sentido no habían recibido ningún apoyo al respecto; uno de los policías le contestó que se atuviera a ello porque estaban en Colima, a lo cual él le contestó argumentando que Colima no es un territorio independiente sino parte de la República Mexicana y la Constitución debía ser respetada”.

Alrededor de las cinco de la tarde terminaron de empacar y cuando ya se retiraban para salir de la ciudad fueron interceptados en la esquina por un vehículo color blanco y otro rojo, ambos manejados por los policías ministeriales con los que habían discutido horas antes, uno de ellos frenó enfrente de Miguel Mijangos y “nos encararon con injurias”.

Además de la situación anterior, en su documento los activistas hicieron notar que toda la protección que se instaló en la casa de Esperanza Salazar, la cual consta de cámaras, rejas, chapas de seguridad, alambrado y malla de protección perimetral, tiene varias deficiencias o puntos vulnerables que no garantizan la seguridad plena del sitio.

“Tantas debilidades en el sistema de seguridad de la casa la hacen inadecuada y vulnerable para acciones de protección que ponemos a su consideración porque deben ser superadas en otros casos, pues de ello depende la integridad física de las personas y son parte de la instrumentación del mecanismo de seguridad”.

Finalmente, los representantes de MiningWatch, Rema y Colectivo Ollin expresaron su preocupación por “el riesgo permanente en el que se encuentran las y los otros miembros de Bios Iguana A.C. que aún quedan en Colima, así como las y los integrantes del Consejo

Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, quienes continúan siendo violentados por el grupo priista que apoya al empresario minero”.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO
LINK: http://www.proceso.com.mx/452409/amenazas-activista-ambiental-abandona-colima-bajo-resguardo

Intentan quemar el plantón por los 43 desaparecidos normalistas de #Ayotzinapa en la PGR CDMX

México, Cd. De México, a 22 de julio de 2016.

Al pueblo de México
A los medios medios independientes 
A los medios de comunicación nacionales
A los medios de comunicación internacionales:


Los integrantes del Plantón rechazamos el hostigamiento e intimidación por parte del Gobierno Federal, así como también del Gobierno de la Ciudad de México, ya que el día de hoy nuevamente y por tercera vez, “alguien” intenta incendiar el plantón.

Es claro para nosotros, que no puede ni debe tomarse a la ligera este tipo de hechos, ya que se han pedido las medias precautorias para salvaguardar la integridad de los integrantes del plantón y sobretodo se ha resaltado lo de los incendios provocados y al respecto la “autoridad” no ha investigado nada.

La segunda ocasión que nosotros sorprendimos a un sujeto quemando una de las carpas, pedimos que la “autoridad” (policía) de la PGR y de la patrulla DF-101-C1 lo detuvieran pero lo dejaron ir con el pretexto que el policía estaba solo y que no podía levantarlo, ya que el tipo se tiro al piso y según pesaba el sujeto, sin embargo dicho oficial tampoco pidió auxilio de otros policías.

Es obvio, que les molesta al Gobierno Federal y de la Ciudad nuestra presencia, pero desde este espacio, les decimos a ambos que no nos moveremos hasta que nos devuelvan a los compañeros desaparecidos y liberen a los presos políticos del país, que la solidaridad y nuestra indignación es más fuerte que su intimidación, y sobretodo que los responsabilizamos de nuestra seguridad e integridad.

Fraternalmente:

Integrantes del Plantón por los 43 y los detenidos-desaparecidos, presos y procesados políticos.




Con información del Plantón por los 43 y los detenidos-desaparecidos, presos y procesados políticos.

Locatarios del Mercado 'Jamaiquita' denuncian hostigamiento de judiciales capitalinos

México, D.F.- Sujetos armados provenientes de distintas camionetas y de una patrulla oficial del PGJ de la Ciudad de México, hostigan con su presencia a locatarios del Mercado 'Jamaiquita', que ha sido objeto de acoso para expropiarlo y darle lugar a los proyectos de centros comerciales, con el aval del gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Tres camionetas, una mustang de color negro y blindado con placas N31-AAF, otra camioneta blanca con placas 414-WWE y otra sin placas, venían escoltadas por una patrulla de la policía judicial de la CDMX, con placas PGJ-03140. Llegaron hacia un puesto de comida, y supuestamente comenzaron a 'sondear' los movimientos de los comerciantes y personas en general. 

También venían con unos jóvenes que no descendieron del vehículo.

Estos sicarios, como lo menciona El Pueblo, Medio independiente, al momento de retirarse rápidamente del lugar, taparon las placas de sus carros con servilletas mojadas.



*Con información de El Pueblo, Medio Independiente

Chablekal, abuso de autoridad e imposición de “Escudo Yucatán”: CNI y EZLN

“Denunciamos este acto como un intento de intimidación a los Defensores de D.H. y a los pobladores de la comunidad de Chablekal, organizados para defender el derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales del despojo que padecen desde hace algunos años por parte de especuladores y nuevos terratenientes”:  El Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, emiten un comunicado conjunto ante la agresión que padecieron en la comunidad de Chablekal, Yucatán la tarde del lunes 3 de mayo.
Aquí el texto del comunicado:
COMUNICADO CONJUNTO DEL CNI Y EL EZLN SOBRE LA REPRESIÓN EN LA COMUNIDAD CHABLEKAL
A los medios de comunicación
A las organizaciones de Derechos Humanos
A la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal
Al pueblo de México
Hermanas y Hermanos
Los pueblos, comunidades, tribus, barrios, organizaciones y colectivos que conformamos el Congreso Nacional Indígena, denunciamos y reprobamos los hechos ocurridos el día de hoy en la comunidad de Chablekal, Yucatán, cuando la policía intentaba desalojar de su hogar a un abuelo de la comunidad, al conocer la situación del injusto desalojo, los pobladores decidieron manifestarse en contra y tratar de evitarlo, a lo cual policías estatales antimotines respondieron lanzando gases lacrimógenos, hasta el momento se han encontrado más de 40 cartuchos de estos en la comunidad, en el lugar se encontraban, mujeres, niñas y niños y personas mayores.
Realizando su labor de defensores de los derechos humanos, Jorge Fernández Mendiburu y Martha Capetillo Pasos, integrantes del Centro de Derechos Humanos, Indignación A.C. y del Congreso Nacional Indígena, fueron detenidos arbitrariamente, golpeados y esposados de manera agresiva y en contra de todo procedimiento, aunque fueron liberados al poco tiempo, esto significa un acto de intimidación, de criminalización de la observación de los derechos humanos, de la protesta social.
Adicionalmente denunciamos este acto como un intento de intimidación tanto a los defensores de Derechos Humanos como a los pobladores de la Comunidad de Chablekal, comunidad que se ha organizado en la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal por el Derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales, para defender lo que queda de su territorio del robo y despojo que han venido padeciendo en los últimos años por parte de especuladores, nuevos terratenientes con el apoyo de las autoridades agrarias y políticas del municipio, estado y federación. Su exigencia de detener la venta indiscriminada de tierras se ve respondida por este y otros intentos de intimidación hacia sus pobladores y quienes los acompañan y defienden sus derechos.
Este abuso de autoridad y los delitos que de él derivan se enmarcan en el contexto de la imposición de la estrategia “Escudo Yucatán” que, a través de grandes préstamos económicos con destinos poco claros, pretende contribuir a un estado de indefensión ciudadana ante el actuar de la policía. El equipo Indignación A.C. presentó un documento denunciando estas y otras irregularidades en dicha estrategia. El trato a los grupos críticos a la actuación policial es una de las desviaciones del mencionado plan que se deberían analizar con más detalles antes de su imposición.
Por lo anterior EXIGIMOS
– LA INVESTIGACION Y CASTIGO A LOS POLICIAS RESPONSABLES DE LA ARBITRARIA E ILEGAL DETENCION DE LA QUE FUERON VICTIMAS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO INDIGNACION A.C.
– LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE LOS CUATRO INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD DE CHABLEKAL QUE SE ENCUENTRAN DETENIDOS
*Pedro Euan Flores
* Alfonso Tec
* Pedro Euan Santana – Miembro del MPDT de Chablekal y del CNI
* Un joven de 15 años de edad.
– LA INVESTIGACION DE LA AGRESION QUE SUFRIERON LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE CHABLEKAL
– SE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
– CESEN LOS ACTOS DE INTIMIDACION CONTRA LA UNION DE POBLADORAS Y POBLADORES DEL PUEBLO DE CHABLEKAL POR EL DERECHO A LA TIERRA, EL TERRITORIO Y LOS RECURSOS NATURALES.
– SE DISCUTA ANTE LOS PUEBLOS Y CIUDADANOS LA NECESIDAD Y LOS PORMENORES DE CUALQUIER ACCION DE SEGURIDAD QUE PUEDA ATENTAR CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS, INCLUYENDO LA CREACION DEL DENOMINADO “ESCUDO YUCATAN”
Hermanas y hermanos de Chablekal,
¡NO ESTAN SOLOS!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!
¡POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
FUENTE: DESINFORMÉMONOS