La misma semana en que el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que “cualquier cosa” que ocurre es visto como corrupción, en el 6 Seminario Internacional “Poder, corrupción e impunidad”, Arely Gómez, Secretaria de la Función Pública, dijo que en las repercusiones en el respeto y garantía de los derechos humanos “se cristaliza la peor cara de la corrupción”. Organizaciones civiles lograron frenar el pause automático del ahora ex Procurador, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General, una propuesta hecha por el mismo Presidente Peña Nieto, lo que fue considerado por la sociedad civil y la oposición como una garantía para que miembros del partido gobernante tuvieran nueve años más de impunidad ante actos de corrupción.
Funcionarios públicos y académicos reconocieron que la corrupción e impunidad aumentan la desigualdad, afectan a los derechos humanos, a la democracia y a la relación entre el gobierno y la sociedad, por lo que llamaron a “estar en guardia” para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no sea capturado por otros intereses.
La misma semana en que el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que “cualquier cosa” que ocurre es visto como corrupción, en el 6 Seminario Internacional “Poder, corrupción e impunidad”, Arely Gómez, Secretaria de la Función Pública, dijo que en las repercusiones en el respeto y garantía de los derechos humanos “se cristaliza la peor cara de la corrupción”, por lo que advirtió el riesgo de desarrollar “estrategias cosméticas” que no abonan a su combate.
Funcionarios públicos y académicos reconocieron que la corrupción e impunidad aumentan la desigualdad, afectan a los derechos humanos, a la democracia y a la relación entre el gobierno y la sociedad, por lo que llamaron a “estar en guardia” para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no sea capturado por otros intereses.
La misma semana en que el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que “cualquier cosa” que ocurre es visto como corrupción, en el 6 Seminario Internacional “Poder, corrupción e impunidad”, Arely Gómez, Secretaria de la Función Pública, dijo que en las repercusiones en el respeto y garantía de los derechos humanos “se cristaliza la peor cara de la corrupción”, por lo que advirtió el riesgo de desarrollar “estrategias cosméticas” que no abonan a su combate.