México, al nivel de Irak y Afganistán en el Índice de Paz

Ciudad de México. México se encuentra en el lugar 140 de 163 que incluye el Índice de Paz Global 2016 que elaboró el Instituto para la Economía y la Paz.

La medición reporta que el país se encuentra por debajo de la media mundial debido a la militarización, las muertes relacionadas con el crimen organizado y el delito común.

En el último año se tiene un registro de 33 mil muertes, lo que coloca a México a nivel de Irak y Afganistán.

El índice señala que el miedo derivado de esta situación tiene un impacto económico que representa el 13 por ciento del Producto Interno Bruto.

México y Brasil son los países en donde se asesina a más periodistas, refiere la medición presentada esta mañana en las oficinas de ONU en la capital del país.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: GEORGINA SALDIERNA
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/30/mexico-al-nivel-de-irak-y-afganistan-en-el-indice-de-paz

Peña, el apestado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) vale lo que Enrique Peña Nieto en vísperas de su Cuarto Informe de Gobierno: Un triste 20%, que apunta a la derrota en el 2018.

Peña no ganó bien en 2012 y mal acabará seis años después, en el final de una carrera de corrupción y de impunidad. Ya perdió, en junio, siete de 12 gubernaturas y en las tres del próximo año es un lastre para su partido.


Y en el Estado de México, entraña de Peña y del grupo Atlacomulco –el más mafioso de los grupos priistas–, perder es una afrenta inaceptable, pero llegó la hora al cabo de ocho décadas de hegemonía.

En esa entidad, la de mayor votación del país, la derecha se perfila como ganadora si la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) es Josefina Vázquez Mota, pero la izquierda puede triunfar si Alejandro Encinas es capaz de articular una coalición de izquierda, sobre todo si el candidato priista es Alfredo del Mazo, un Peña chiquito, otro junior del Grupo Atlacomulco.

La variable clave es si a Vázquez Mota la respalda el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que enfrenta también la disyuntiva de aliarse con Morena, de Andrés Manuel López Obrador, que entonces es la fórmula potencialmente ganadora desde la izquierda.

Apenas ayer domingo Encinas, quien renunció al PRD pero no se afilió a Morena, anunció que se propone como candidato a gobernador, con el objetivo de articular una alianza amplia de la izquierda en el Estado de México, pero aclaró también que jamás aceptará una alianza con el PAN.

“La tercera es la vencida”, dijo en lo que, en efecto, es su tercer intento de ser gobernador, pero sobre todo aludiendo a López Obrador, que frasea lo mismo y que significa un emplazamiento no sólo para el Edomex, sino para una alianza de la izquierda para la Presidencia de la República.

El esquema es simple: Si Morena de López Obrador va con Delfina Gómez, la que se perfila como candidata, y el PRD por su lado y Encinas por el suyo como independiente, como lo planteó, no sólo pierden la izquierda el Estado de México, sino la posibilidad del poder nacional.

La opción única es la unidad. Y el que tiene que ceder es López Obrador, sobre todo porque la facción perredista de los Chuchos –que ahora se hacen llamar Galileos– está claramente aliada con el PAN.

La unidad de la izquierda en el Estado de México es veneno para el PRI y para el PAN, pero también lo es para el 2018.

Del lado del PAN ayer domingo se registró un hecho que favorece la candidatura de Vázquez Mota, que promueve Ricardo Anaya, presidente de ese partido: Ganó la presidencia estatal Víctor Hugo Sondón, quien promueve la oposición al PRI-gobierno y perdió la oposición oficialista del cacique Ulises Ramírez, el artífice del pacto secreto de Peña Nieto con Felipe Calderón en 2006.

El problema del PAN es el mismo del PRD: que desde dentro haya grupos que conspiren en contra, partidos tan corrompidos como en los que la traición siempre está latente.

Apuntes

Para decir que son muy pobres, Felipe Calderón puso a Margarita Zavala a enseñar su casa, en un video que subió a las redes sociales, pero mostró apenas una pequeñita parte de las tres residencias edificadas en un terreno de casi 2 mil metros. Y nada que presenta sus 3de3.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: ALVARO DELGADO
LINK: http://www.proceso.com.mx/452846/pena-el-apestado

Sólo 25% de población en vejez recibe pensión económica: UNAM

Ciudad de México. Con motivo del Día Nacional del Adulto Mayor, que se conmemora este 28 de agosto, Verónica Montes de Oca, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), y Marissa Vivaldo Martínez, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, señalaron que el principal recurso económico del que dispone este sector es el apoyo familiar o de la comunidad, y sólo el 25 por ciento es beneficiario de una jubilación o pensión económica.

Montes de Oca, titular del Seminario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV (SUIEV), indicó que un porcentaje importante de los más de 10 millones de personas mayores que viven en el país sigue trabajando “hasta que el cuerpo aguante”, pues las pensiones y transferencias institucionales que perciben cada mes son muy bajas.

Apuntó que pese a su edad o a haberse jubilado, una parte significativa continúa laborando en actividades económicas no formales o en el subempleo. Eso refleja la necesidad de ver al envejecimiento no como una situación catastrófica ni de deterioro, pues ellos siguen contribuyendo a la economía nacional, pero como con todo grupo etario, debemos luchar por que alcancen condiciones más equitativas y una vida digna, remarcaron las universitarias.

La investigadora del IIS señaló que si bien cada vez existe más conciencia sobre el maltrato hacia las personas mayores, “no podemos dejar de pensar que hay ciertas condiciones estructurales en el país –como pobreza, desempleo y falta de cobertura universal de salud– que hacen que un 20 por ciento de la población adulta, en promedio, sea dependiente de sus familiares por las condiciones de morbilidad múltiple (diferentes enfermedades) que desarrollan.

Eso también agota a las familias e implica un costo emocional que el Estado y la sociedad no pueden resolver por no estar preparados para ello. Es necesario, dijo, invertir en un sistema de cuidados a nivel nacional, que en verdad ayude al núcleo familiar para hacer frente a estas situaciones.

“Debemos pensar que han contribuido mucho con la sociedad y ya se ganaron sus derechos, que en realidad tienen desde que nacieron, pero no les han sido reconocidos. Ése también es un gran problema, que en México y América Latina está cambiando de manera positiva”, dijo.

En junio de 2015, mencionó, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos aprobó, por unanimidad, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, primer instrumento jurídico específico en la materia para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de ese sector que vive en la región.

Montes de Oca indicó que nuestro gobierno realiza los trámites necesarios para ratificar esa convención, un instrumento que no existe en ninguna otra parte del mundo y que obliga a los tomadores de decisiones a hacer lo posible para garantizar la realización plena de la vida de este sector.

La científica social reconoció que cada vez hay más conciencia sobre el tema. “El hecho de que cada año se tome en cuenta a las personas mayores y, sobre todo, se visibilice su situación a través de los medios de comunicación, es un paso importante”, mencionó.

Además, abundó, en la nación cada vez hay más programas sociales encaminados a apoyarlos. Desde hace una década la Ciudad de México está a la vanguardia en América Latina y el mundo. No obstante, falta mucho camino por recorrer para llegar al reconocimiento real de los derechos de las personas mayores.

Los retos en esta materia son, entre otros, ratificar la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y establecer la cobertura universal de salud que atienda todas las enfermedades, incluidas las crónico-degenerativas.

También, replantear el sistema de pensiones, así como estimular a las familias y comunidades para establecer mecanismos de inclusión y participación directa de este sector en la toma de decisiones. “En muchas comunidades lo hacen, pues son la autoridad y tienen la experiencia”.

Por último, Marissa Vivaldo, también integrante de la Unidad de Investigación en Gerontología de la FES Zaragoza, resaltó que tanto la Unidad como el SUIEV buscan evitar la geriatrización del envejecimiento: ni todas las personas mayores están enfermas ni requieren servicios médicos de alta especialidad. “Los problemas de salud en general de la mayoría de los viejos pueden resolverse en el primer nivel de atención”.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: REDACIÓN
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/28/solo-25-de-poblacion-en-vejez-recibe-pension-economica-unam

La fosa de Morelos tiene el patrón de los zetas: Las claves del informe de Tetelcingo

Cifras de cadáveres que no concuerdan; cuerpos que no cuentan con un expediente que informe cómo murieron ni cómo llegaron a manos de la Fiscalía de Morelos; irregularidades en el registro de los restos humanos; cadáveres a los que no se les practicó la necropsia a pesar de presentar signos de violencia. Y así, un largo etcétera.

Esta son algunas de las irregularidades que, según los expertos de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cometió la Fiscalía morelense en la comunidad de Tetelcingo; donde en marzo de 2014 se descubrió que sepultó de manera ilegal 117 cuerpos en el panteón de dicha comunidad perteneciente al municipio de Cuautla.
A dos años del descubrimiento de la fosa, y luego de que el pasado mes de junio se exhumaran de nuevo los cadáveres para extraer sus perfiles genéticos y cotejarlos con el de familias de personas desaparecidas, los expertos de la UAEM presentaron el informe Fosas clandestinas de Tetelcingo: Interpretaciones preliminares, en el que concluyen que los cadáveres fueron tratados “como basura”.

En Animal Político te presentamos las principales claves del informe de los peritos de la UAEM.

1.- Las cifras de cadáveres no concuerdan

El pasado 3 de junio se exhumaron 117 cadáveres en la fosa de Tetelcingo. Esta cifra no concuerda con la anunciada por las autoridades el 28 de marzo de 2014, cuando la Policía Preventiva Municipal de Cuautla indicó en una tarjeta informativa que se inhumaron 150 cuerpos.

“Los cuerpos restantes presumiblemente estarían depositados en una tercera fosa”, señala el informe de los peritos de la UAEM.

2.- Nueve bolsas con restos que no estaban registradas

Además de los 117 cadáveres, los peritos encontraron nueve bolsas con 12 restos de otros cuerpos, de los cuales no existía ningún registro por parte de la autoridad.

3.- Cuerpos sin carpeta de investigación ni necropsia de ley

De los 117 cuerpos, 34 no tenían ninguna carpeta de investigación abierta. Esto es, la autoridad los enterró sin realizar ninguna indagatoria sobre el motivo de la muerte. Cabe recordar que en mayo de este año, el rector de la UAEM, apuntó que en el caso de Tetelcingo pudo haber “crímenes de lesa humanidad”, debido a que los cuerpos enterrados sin que existiera una averiguación previa “podrían ser víctimas de desaparición forzada”.

Además, 12 de los cuerpos fueron sepultados en la fosa común sin que la autoridad le practicara la necropsia de ley. De esos cadáveres, nueve presentan huellas de violencia.

4.- Huellas de violencia, tortura y posible “encubrimiento de delitos”

Hasta 84 cuerpos de un total de 117 fueron enterrados ilegalmente por la Fiscalía con evidentes signos de violencia física y tortura, lo cual, en opinión de los expertos forenses, evidencia el posible “encubrimiento de delitos” por parte de las autoridades morelenses.

Entre los indicadores de violencia se encuentran cráneo ausente en cuatro cadáveres sin una explicación forense de la Fiscalía; órganos extirpados sin explicación forense; y amputaciones sin señales de traumatismo, también sin una explicación forense.

5.- Las familias buscan; el Estado oculta

El informe apunta que entre los cadáveres sí se identificó a 8: Alfonso N.; Gerardo N.; Crispín N.; Mario N.; Juan Carlos N.; José Luis N.; Braulio N.; y Mario N.

El documento expone que la Fiscalía de Morelos “nunca ha informado qué acciones llevó a cabo para dar con el paradero de sus familias”.

“No se hace un esfuerzo claro por localizar a los familiares de las víctimas identificadas –añade el texto-. Los familiares siguen buscando a sus desaparecidos mientras el Estado los oculta”.

6.- Fosas del gobierno al estilo de ‘Los Zetas’

Roberto Villanueva, integrante del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, denunció que las condiciones en que fueron hallados los 117 cuerpos en la fosa de la Fiscalía de Morelos en Tetelcingo, apuntan que fueron sepultados de la misma forma en que lo hacen los grupos del crimen organizado, “en particular, ‘Los Zetas’”.

“Encuentren las diferencias”, comentó sarcástico Villanueva, tras exponer durante la conferencia de prensa de ayer martes dos fotografías en las que se comparó las fosas en Tetelcingo con otra del grupo Los Zetas.

Eliana García Laguna, exsubprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, también expuso en el informe de la UAEM que tras realizar un análisis de las condiciones en que se colocaron los restos sepultados por las autoridades, “dan cuenta de una inhumación con características de clandestinaje, similares al patrón de inhumaciones ilícitas realizadas en zonas controladas por grupos criminales”.

7.- Hay tres cuerpos de niñas; la Fiscalía dice que sólo hay uno 

En un principio, la Fiscalía morelense informó que entre los cadáveres se encontraban los de un ‘no nato’ de 36 semanas de gestación, una niña de siete años y un menor de dos años.

El peritaje de la Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM, revela que en el caso de un “menor de dos años de edad” se trata en realidad de una niña que, de acuerdo al examen odontológico, tiene una edad aproximada de entre 8 a 10 años; en cuanto al ‘no nato’, el informe apunta que se trataba de una niña recién nacida y su edad tendrá que ser determinada por genética.

8.- No investigaron posible trata de personas en un caso, ni el perfil genético de las víctimas

En el caso de la menor de entre 8 y 10 años, la Fiscalía anunció anteriormente en un comunicado que ésta fue hallada en el río Apatlaco, en Xochitepec, Morelos; el informe recalca que la Fiscalía “no menciona que la niña fue privada de la vida al ser arrojada desde un puente de aproximadamente 20 metros de altura”; “tampoco menciona que fue encontrada completamente desnuda”.

El documento señala que por la forma en que tenía pintadas las uñas la niña, “la Fiscalía debió investigar el caso como una posible víctima de trata y/o feminicidio, además de obtener su perfil genético, como con cada uno de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de Tetelcingo (…), y subirlo inmediatamente a las bases de búsqueda de personas desaparecidas de la PGR, acción que no llevó a cabo”.

9.- Bebé fue tratada como basura

En cuanto a la bebé de edad indeterminada, su cráneo estaba totalmente fragmentado y todo el cuerpo desarticulado. Esto, debido a la presión del peso de la tierra más el peso de los cuerpos que las autoridades le tiraron encima, expone el informe.

La Fiscalía anunció previamente que la bebé fue encontrada en el conjunto habitacional Alta Vista, en Cuernavaca. Pero el informe apunta que su cadáver no apareció en la vía pública, como mencionó la Fiscalía, sino que ésta fue abandonada desnuda en el contenedor de basura de la unidad habitacional el 1 de diciembre de 2012.

“La niña fue tratada como basura al momento de nacer por quienes le quitaron la vida y posteriormente, el 28 de marzo de 2014, fue nuevamente tratada como basura por la Procuraduría General del Estado de Morelos”, apunta el documento.

10.- Fallas en la identificación de cadáveres, falta de protocolos…

Ente las conclusiones del informe, los peritos de la UAEM evidencian que las autoridades morelenses no cumplieron en el caso de Tetelcingo “con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas a sus familiares”.

Subrayan que hay “múltiples fallas y vacíos” en el manejo e identificación de cadáveres, y que se omitió resguardar las ropas y otros elementos que podrían conducir a la identificación de las víctimas.

Aparte, hay una falta de aplicación de protocolos para el manejo de cadáveres, restos y fosas. Por ejemplo, se enterró en posición inapropiada (vertical) a un número elevado de individuos, “con el riesgo de desarticulación y posible pérdida de elementos óseos”.

Los expertos concluyen que tampoco se hizo “un esfuerzo claro” por localizar a los familiares de las víctimas identificadas, violando sus derechos humanos.

La versión del gobierno de Morelos

Tras la presentación del informe, el gobernador morelense Graco Ramírez dijo en Radio Fórmula que ya se hizo una inversión de más de cinco millones de pesos para la adquisición e instalación de una fosa “totalmente reglamentada” en Cuautla; allí, dijo, se depositarán los cadáveres ya debidamente identificados que fueron enterrados ilegalmente en Tetelcingo por la fiscalía del estado.

Ramírez recordó que en noviembre de 2015 la Fiscalía morelense anunció por este caso una investigación contra funcionarios y exfuncionarios de la dependencia, entre ellos la directora de servicios periciales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: MANUEL URESTE
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/fosa-morelos-los-zetas-informe-tetelcingo/

Refrenda Tlachinollan su compromiso con los pueblos indígenas

Ciudad de México | Desinformémonos. Como cada año el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presenta a los pueblos me’phaa, na savi y ñomndaa de Guerrero su informe de las labores realizadas durante el año anterior. La publicación de dicho material no es una acción por costumbre, sino el refrendo de las y los defensores de derechos humanos de continuar trabajando a favor de los derechos de los pueblos de la Montaña.

!Pueblo indignado! Resistir con el corazón por delante es el informe número 22 que conmemora también los años de la existencia del Centro de Derechos Humanos y que compila la esencia de la labor realizada por Tlachinollan de julio de 2015 a junio de 2016.

La exigencia de justicia para los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa sigue siendo uno de los principales motores que guía la entrega de los defensores comunitarios, “pues a dos años de los hechos atroces de Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, las autoridades mexicanas no han aclarado los hechos y sólo han buscado imponer su ‘verdad histórica’”.

En su informe, Tlachinollan da cuenta de la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de la labor ante representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de cómo Ayotzinapa visibilizó la colusión de las autoridades con el crimen organizado, su encubrimiento y desdén, da cuenta también de la convulsión que vive el Estado y de cómo casos como Ayotzinapa servirán para que las autoridades responsables se sienten en el banquillo de los acusados, y las violaciones a los derechos humanos no queden impunes.

La lucha contra los feminicidios, contra la extracción minera, a favor de la policía comunitaria en el estado, la liberación de emblemáticos líderes comunitarios como Nestora Salgado y Marco Antonio Suastegui conforman también la información entregada en el informe anual.

El poder, la maña y la tentación de las armas; cuando los pueblos deciden armarse; los registros de la muerte; la contracara del “Mundo Imperial” de los políticos; el cinturón del oro; ¡Alto a los Feminicidios!; la lucha tenaz por la libertad; análisis presupuestario de los recursos federalizados para Guerrero; movimientos sociales en el marco de la implantación plena del neoliberalismo en México; en defensa de la tierra, la dignidad y la vida, son algunos de los capítulos que conforman el informe entregado el pasado sábado 20 de agosto a los pueblos de la montañas, estudiantes, padres y madres de Ayotzinapa, organizaciones nacionales e internacionales y medios de comunicación.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/refrenda-tlachinollan-su-compromiso-con-los-pueblos-indigenas-les-entrega-su-informe-de-labores/

Larrea, el sucio

CANANEA, SONORA: El gobierno de Sonora les ofreció trabajo como barrenderos para que dejaran de buscar oro en los montes. Ellos, integrantes de la Unión de Gambusinos de El Parián y concesionarios de 500 hectáreas de tierra rica en mineral, rechazaron la oferta.

“Todo empezó porque encontramos un cerrito que tenía oro”, dice Francisco Serrano, el bigotón y corpulento líder del grupo de mineros artesanales.

A partir de entonces, acusa, el alcalde de Bacoachi, Adolfo Salazar Espinoza, y los ganaderos del Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe les cerraron el paso al lugar.

Bacoachi es un municipio al noreste del estado de Sonora, donde el oficio de buscar oro arañando la tierra pelea contra la explotación de minerales a gran escala. Durante 500 años, los pobladores de esta región han sobrevivido de la venta a pequeña escala. Con picos, palas, mazos y bateas, Serrano y su familia se van a los montes en busca de vetas de oro, un oficio que aprendió de su padre, y él, a su vez, de su abuelo, y del que puede sacar unos 200 pesos al día.

“Lo que debería de hacer el gobierno, en vez de quitarnos nuestras tierras, es enseñarnos cómo explotar más, que nos ayude a tecnificarnos”, lamenta el gambusino.

A 70 kilómetros al norte de Bacoachi, en Cananea, está la mina Buenavista del Cobre, explotada por Grupo México, la minera más grande del país y tercera productora de cobre del mundo.

El grupo de mineros artesanales, que aglomera a más de 100 familias, sospecha que el bloqueo a sus actividades tiene relación con los intereses del poderoso grupo empresarial: “Como es una concesión y saben que hay oro, a lo mejor quieren favorecer al grupo (México) o no sé a qué gente. Quitarnos a nosotros que les estorbamos para quedarse con la tierra”.

Un pueblo al que le creció un tumor
Grupo México tiene una extensión concesionada para explotación minera en Sonora de casi 6 millones de hectáreas, lo que representa el poder de usufructo de la tercera parte del estado, con una extensión equivalente a la superficie total de Michoacán.

En 1990, mediante una subasta, la empresa compró al gobierno mexicano la mina Buenavista del Cobre por poco más de 400 millones de dólares, una cantidad muy por debajo de su precio real, estimado en 3 mil millones de dólares.

La familia Larrea, propietaria del emporio, no siempre se dedicó a la minería. Su negocio, hasta 1990, estaba en la industria de la construcción. Ahora, la fortuna familiar proviene de la minería, con operaciones en México, Perú y Estados Unidos.

“La colaboración de los miembros del grupo empresarial con el régimen salinista les fue ampliamente retribuida; un ejemplo de esto fue la participación de muchos de ellos en el proceso reprivatizador”, sostiene la politóloga Marcela Briz en su libro El Consejo Mexicano de Hombres de Negocio. Surgimiento y Consolidación.

Grupo México es dirigido por Germán Larrea Mota-Velasco, un hombre conocido por su poca afición a la vida pública. En el Consejo de Administración figura Claudio X. González, uno de los empresarios más influyentes de México y que, paradójicamente, nació en Cananea hace 82 años.

Cananea es un pueblo de mineros, de hombres que regresan a dormir a casas de huéspedes con la nariz irritada y los ojos rojos. La mayoría de los habitantes son hombres. La prostitución y las peleas de cantina son cosa de todos los días.

Desde 1899, cuando William Cornell Greene fundó The Cananea Consolidated Copper Company y catapultó la extracción del cobre que abunda en la región, Cananea ha sido el centro minero más importante del país. Aunque su fama se debe a la huelga que iniciaron el 1 de junio de 1906 más de 2 mil mineros de origen mexicano contra los entonces dueños extranjeros de la compañía. La huelga fue sofocada rápidamente, pero en la historia mexicana se considera el inicio de la Revolución.

La mina y el pueblo de Cananea están juntos. Primero se abrió el socavón y después se asentaron los habitantes, que durante décadas se beneficiaron de la producción minera… hasta que llegó el Grupo México. Hoy, la tierra muerta ha crecido tanto y tan rápido que, visto desde el cielo, el pueblo parece tener un tumor. Su presa de jales (dónde se tiran todos los desechos tóxicos) tiene una superficie del tamaño del poblado entero. La cohabitación es tal, que todas las tardes suena una sirena que precede a la explosión de dinamita. El estruendo cimbra las casas y estremece a los habitantes.

Los nuevos mineros
Desde que Grupo México adquirió Buenavista del Cobre, la empresa dijo que compró una mina no un sindicato, cuenta Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65 del sindicato minero, convencido de que la empresa empeoró a propósito las condiciones de seguridad.

Lo cierto es que la relación laboral se modificó. En 2007, mil 200 trabajadores de Cananea anunciaron un paro de labores. Pero, como en porfiriato, los mineros llevaron las de perder: Fernando Gómez Mont, abogado corporativo de Grupo México, se convirtió en Secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón y “el gobierno se convirtió en abogado de la empresa”.

En 2009 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró terminada la relación laboral entre el sindicato y la empresa, y un año después, la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia. Luego, se adjudicó a la Confederación de Trabajadores de México el contrato colectivo de trabajo y Grupo México comenzó a subcontratar personal por medio de out sourcing.

Los nuevos mineros llegaron del sur, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Veracruz. Eran trabajadores sin arraigo en la comunidad y que poco saben del orgullo que representa para sus pobladores trabajar en la mina.

Las amenazas y las persecuciones judiciales disuadieron a los mineros en su protesta. La casa de Moisés Miranda fue atacada a balazos y él se libró de la cárcel con libertad condicional. “Algunas casas de compañeros las quemaron los esquiroles de la empresa”, cuenta el hombre, el último de una familia minera. La esperanza de que sus hijos heredaran su empleo -el mismo que tuvieron su padre y abuelo- se terminó en 2010, cuando Grupo México puso sus apellidos en la “lista negra” de despedidos. Ese año la empresa inició un plan de expansión para elevar 180 por ciento la producción de cobre hacia 2016.

Para los trabajadores, las condiciones de vida son peores. Un minero que lleva un año y medio trabajando en Buenavista del Cobre, con jornadas de 12 horas diarias y un sueldo que no le alcanza para mantener a su esposa e hijo, asegura que en el tiempo que lleva en la mina ha sabido de unos 15 compañeros muertos. Sólo entre marzo y mayo de este año hubo tres accidentes graves dentro de la mina: en el primero, un trabajadormurió al caer en un molino que tritura piedra; el 20 de abril, otro minero se fracturó las dos piernas al caer de un trascabo; y dos semanas después, otros tres mineros fueron aplastados por un camión de volteo.

En su informe de 2014, el último disponible en línea, Grupo México no desglosa el número de accidentes en sus minas, sólo dice que la tasa de “accidentes incapacitables” y enfermedades en la división minera disminuyó entre 2012 y 2014. En cambio, presume acciones del “Tren de la Salud”, un proyecto filantrópico que es ampliamente publicitado a través de la cadena de cines Cinemex, que también es propiedad de la familia Larrea.

El peor desastre
El 6 de agosto de 2014 una represa de jales con químicos tóxicos derivados de la mina de Buenavista del Cobre derramó 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. La cuenca se pintó de rojo y cobre. La muerte de especies llegó hasta Hermosillo, a 296 kilómetros al sur, y la afectación alcanzó 7 municipios de la región.

El “desastre ecológico más grande de México”, como dijo Juan José Guerra, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afectó a 22 mil personas de la zona. Así lo reconoció, en una de las primeras reuniones, el abogado de la empresa, Horacio Sánchez Urzueta -ex gobernador de San Luis Potosí, ex diputado federal y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1972-. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora estimó las pérdidas económicas en 2 mil millones de pesos las pérdidas económicas. En cambio, Óscar González Rocha, presidente de Southern Copper, una de las mineras propiedad de Grupo México, respondió que decir eso era una exageración: “es el peor desastre en Sonora, pero a nivel nacional tenemos muchos”.

Un minero que estuvo presente en el derrame y que pide el anonimato, lo explica a su modo: “Ese ácido (el derramado) desbarata toda piedra que agarra, hazte de cuenta que más fuerte que la sosa o que el ácido muriático”. La empresa, dice el minero, “es consciente de lo que está contaminando”.

Un año después, la organización no gubernamental Poder (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación) documentó que el derrame fue ocasionado porque Buenavista del Cobre operaba sin acatar normas básicas de seguridad exigidas por la ley, como tener un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos supervisado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, la mina almacenó la solución de sulfato de cobre acidulado en instalaciones que estaban en construcción y no tenían sistemas de detección y control de derrames.

“La minera ha sido negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera”, concluye Poder.

A pesar del desastre, las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores se mantuvieron estables y no les suspendieron la concesión. Y un mes después del derrame, el 9 de septiembre, el equipo de prensa de Presidencia distribuyó una fotografía de Germán Larrea saludando a Enrique Peña Nieto en una reunión de Banamex.

En marzo de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a Grupo México con una multa por 23 millones de pesos, debido a que incurrió en 55 “irregularidades”; el monto representó 0.22 por ciento del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre del año. Además de la multa, Grupo México debió pagar 2 mil millones de reparación del daño, a través de Fideicomiso Río Sonora, que no llegó a los campesinos.

Un despojo selectivo

En Cananea los coches están corroídos por el ácido que flota en el aire y las láminas de los autos empiezan a ponerse amarillas. Roberto González habitante del pueblo, cuenta que revierte el efecto en su camioneta lavándola con ácido de aluminio.

El kinder Charles Darwin tiene de vista en su traspatio un par de tinas donde se almacena ácido. María, una vecina del lugar, dice que los niños que toman clases ahí sufren de vómitos constantes.

La venta de productos regionales disminuyó entre 80 y 100 por ciento después del derrame; las familias tienen que gastar más en agua purificada, comprar productos foráneos que son más caros y movilizarse a ciudades aledañas para comprar productos que antes compraban en la región, según una estimación de costos del derrame elaborada por investigadores de la Universidad de Sonora.

Rosa Guayante, líder del Frente Femenil Cananense, explica que cuando remplazaron a los mineros, la producción de la compañía aumentó, pero también empezó a haber más contaminación. Relata que hace un par de años la pequeña huerta de cilantro y tomate en el jardín de su casa se secó. Ella jura que lo que mató sus plantas fue el aire enrarecido y el olor a huevo podrido que desprende una bodega donde se procesa molibdeno con sulfhidrato de sodio, a menos de un kilómetro de su casa.

Ahora, dice, a través del presidente municipal, la minera está promoviendo reubicar a 150 vecinos del lugar por las quejas de la contaminación. Ella no piensa irse y le puso precio a su casa: “50 millones”, dice entre risas. Aunque su resistencia sí ha tenido un costo: cuando sugirió a los demás propietarios el precio para vender sus viviendas, el Ayuntamiento la dejó de invitar a las juntas de negociación.

El historiador de la Universidad de Sonora, Juan Manuel Silva, ha dedicado varias investigaciones a los proyectos mineros en el estado. Uno de sus hallazgos importantes es que la contaminación, si bien no es hecha a propósito, las empresas mineras sí la han sabido capitalizar.

Los dirigentes sindicales cuentan, por ejemplo, que después del derrame, Grupo México compró las rancherías La Mexicana, El Cuatro, El Jaralito, El Alacán, La Morita, Las Tinajas y parte del ejido Los Nogales. Todos esos son lugares afectados por el derrame, pero también futuros terrenos de explotación minera.

* * *

El 19 de febrero del 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, propiedad de Grupo México, una explosión mató a 65 mineros que quedaron atrapados. La minera se empeñó en decir que fue un “accidente”; han pasado 10 años y los cuerpos de los mineros no han sido rescatados. En Perú, donde Grupo México encabeza el proyecto minero Tía María, paralizado en 2015 por la inconformidad social de las comunidades indígenas de Arequipa, la represión gubernamental a la resistencia ha dejado cuatro personas muertas.

Son los antecedentes de una empresa que, en los hechos, no se ocupa de las condiciones mínimas de seguridad de sus trabajadores, ni de las afectaciones a las comunidades aledañas, que en lugar de vivir de la mina, como en el pasado, ahora son despojadas de su trabajo y de su tierra.

Grupo México es la empresa minera que más agua consume en el país con más de 90 millones de metros cúbicos al año, según el estudio sobre las concesiones de agua para las minas presentado este año por Cartocrítica y la organización alemana Heinrich Böll.

Bacoachi, dice su cronista, Zoila Salazar, significa río de víboras, pero ya no hay víboras. El nivel de agua ha bajado porque “bombean el agua, para surtir a Cananea y a la mina de agua y la mina la regresa a ese represo pero ya contaminada y envenena el nacimiento del Río Sonora”.

¿Qué costo tiene la empresa por estas afectaciones? En agosto, tras cumplirse dos años del derrame, Poder dio a conocer que Grupo México y sus subsidiarias “han utilizado todas las herramientas legales para evitar la entrega de información pública” relacionada con el derrame, por lo que la organización mexicana tuvo que acudir a las cortes de Estados Unidos y ha tenido que ser un juez de Distrito de Arizona, donde tiene su sede Southern Copper Corporation (la empresa matriz de Buenavista del Cobre), el que falle a favor de que Semarnat y la empresa entreguen información.

En México, en cambio, conforme a los datos obtenidos vía transparencia, la denuncia penal interpuesta por Profepa contra Buenavista del Cobre, “no ha causado estado”. Tampoco hay detenidos. Y por la solicitud de información realizada para este reportaje, la investigación fue clasificada bajo reserva por cinco años.


Quizá en el año 2021, las 22 mil personas afectadas puedan conocer qué fue lo que sucedió el día que los ríos se espesaron de color rojo.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: José Ignacio De Alba y Jade Ramírez Cuevas. Fotos: Héctor Guerrero y José Ignacio De Alba.

LINK: https://desinformemonos.org/larrea-el-sucio/

**Este texto es una publicación de Pie de Página. Es una investigación de la  Red de Periodistas de a Pie y fue realizada como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas


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