La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que un funcionario de la empresa Exportadora de Sal firmó un contrato de compraventa y suministro de salmuera residual sin el consentimiento ni aprobación del Consejo Administración y por ello lo inhabilitó para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sector público durante 5 años.
A través de un comunicado de prensa, la SFP señala que “la firmeza de la resolución se encuentra supeditada al resultado de los medios de impugnación que tiene a su alcance el servidor público para enfrentar dichas sanciones”.
Como lo ha informado Contralínea, la Función Pública también investiga operaciones financieras que causaron pérdidas multimillonarias a la empresa.