Sedesol, PGR, SFP y la Fepade firman acuerdo para evitar mal uso de programas sociales en elecciones 2018

En 2018 viviremos el proceso electoral más complejo de la historia de México, donde estarán en juego más de tres mil cargos, señaló Eviel Pérez Magaña, titular de la Sedesol.

Con el fin de evitar el desvío de programas sociales hacia fines electorales y partidistas, este jueves la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de la Función Pública, firmaron un anexo al convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de delitos electorales. 

Instituciones electorales deben estar por encima de la disputa del poder político: TEPJF

“Para preservar su neutralidad, las instituciones electorales deben mantenerse por encima de la disputa por el poder político y su única guía debe ser la Constitución y los valores democráticos”, aseguró la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis.

Al presentar el primer Informe Anual de Actividades de la presente integración, correspondiente al periodo 2016-2017, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el del Consejo de la Judicatura Federal, la juzgadora afirmó que el Tribunal “tiene claro que toda competencia electoral exacerba los enconos sociales y políticos, y que los debates intensos y ríspidos son propios de toda democracia y de la arena política”.

Las mejores, las ineficaces, las pobres y las lentas, así trabajan las procuradurías en México

La procuraduría de la CDMX es de las más lentas para presentar una denuncia: más de 3 horas. La de Chihuahua es la de mejor desempeño y la de Guerrero es la peor.

¿Qué tan eficientes son las 32 procuradurías del país? Las de Guerrero, Michoacán y Ciudad de México son de las más lentas para atender una denuncia. Las de Durango y Veracruz, las que resuelven menos casos. En cambio, la de Chihuahua es la que tiene un mejor desempeño, de acuerdo con un estudio elaborado por la organización Impunidad Cero, que estableció un ranking del funcionamiento de las instituciones, a partir del análisis de resultados y datos de operación y estructura.

El documento denominado Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías analizó variables como presupuesto, recursos humanos, tiempo de atención de denuncias, porcentaje de casos resueltos, entre otros, para obtener un indicador que establece cuáles procuradurías son las más eficaces y cuáles no.

El delito rebasó a las instituciones, dice Peña

Ciudad de México. Aunque la política de seguridad durante este sexenio ha sido de la mayor prioridad porque los retos en esta materia requieren una respuesta firme y decidida, “hay que reconocer que el diseño institucional vigente de descentralización de las labores de seguridad ha sido rebasado por los desafíos del siglo 21”, admitió el presidente Enrique Peña Nieto, al clausurar la 42º sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El INE es uno de los aparatos más caros del mundo y carga con un pésimo prestigio, dicen analistas

El Instituto Nacional Electoral (INE) le cuesta muy caro a los mexicanos: más de 15 mil millones de pesos al año, un monto que lo coloca entre los aparatos de vigilancia electoral más costosos del mundo, afirman analistas. Sin embargo, a pesar del alto costo que pagan los mexicanos para garantizar procesos democráticos en los comicios, el órgano falla en uno de sus principales objetivos: fiscalizar debidamente y con imparcialidad a los partidos políticos. Este es el INE que velará la aplicación de la Ley en la elección presidencial de 2018: uno debilitado y desprestigiado por el actuar de sus consejeros, afirman los especialistas en el tema.

México cuenta con uno de los aparatos de vigilancia electoral más costoso del mundo, pero también con uno de los más desprestigiados. Este es el Instituto Nacional Electoral (INE) que tendrá a cargo de organizar, vigilar y hacer cumplir la Ley en la elección presidencial de 2018, cuyo talón de Aquiles, de acuerdo con los analistas electorales, es precisamente una de sus funciones más importantes: la fiscalización.

El INE captó un presupuesto de 15 mil 071 millones 176 mil 879 pesos en 2017, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, de los cuales 4 mil 138 millones 727 mil 092 pesos son destinados al financiamiento de partidos políticos y el resto –10 mil 932 millones 449 mil 787 pesos– son utilizados por el organismo para gastos de operación.

Si un organismo autónomo funciona, cástralo

CIUDAD DE MÉXICO: Los precedentes no dejan lugar a dudas: En México los organismos autónomos se crean para mantener el statu quo, diluir responsabilidades y abrir más posiciones para que los líderes políticos ocupen puestos junto con sus amigos o militantes.


Pero esas instituciones nunca se forman para dar plena vigencia al estado de derecho, cumplir a cabalidad sus atribuciones legales, ejercer a plenitud su autonomía y, por ende, impulsar la transformación y el cambio. En el momento en que los organismos autónomos (por errores en el diseño y/o en la designación de sus miembros) empiezan a ejecutar eficaz, eficiente y oportunamente las atribuciones y obligaciones que les establece la ley, la respuesta inmediata de los legisladores, del Ejecutivo en turno o de ambos es limitarlos, disminuirlos, destruirlos.

Cesan a 16 empleados de Infonacot que tramitaban créditos con documentos falsos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) despidió a 16 analistas del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) que presuntamente recibían documentos falsos para el otorgamiento de créditos e informó que ya inició los procesos administrativos y penales ante las instancias correspondientes.

En el país obeso, Profeco suma a Coca Cola en su consejo; es una burla más de este Gobierno: ONG

A partir de este mes, un representante de Coca Cola –y un integrante más de la industria de alimentos y bebidas que puede incidir en el tema de las políticas públicas de salud a nivel nacional–, formará parte del Consejo Consultivo de Consumo de la Profeco. Para los activistas se trata de un ardid o de una broma de un gobierno que apoya a la industria de las bebidas azucaradas y de la comida chatarra, y cuya estrategia para luchar en contra de la epidemia de obesidad y diabetes por la que atraviesa el país no funciona. En México, según cifras oficiales, estas enfermedades afectan a 7 de cada 10 adultos mexicanos, y a pesar de las advertencias de la sociedad civil, las autoridades parecieran continuar haciendo caso omiso.

En medio de la crisis de salud por el aumento de la obesidad y la diabetes en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) le dio a Luis Toussaint Elosúa, director de Asuntos Públicos de Arca Continental –la segunda embotelladora de Coca Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo– un asiento en el Consejo Consultivo de Consumo, lo que es calificado por activistas como algo “absurdo”, una burla que muestra un “grave conflicto de interés”.

El nombramiento del ejecutivo de la refresquera se da luego de que el propio Gobierno de Enrique Peña Nieto anunciara en noviembre una medida de emergencia nacional por el repunte de la obesidad y la diabetes, dos enfermedades en las que México es ya líder a nivel mundial.

“Se conforma un Consejo Consultivo con un grave conflicto de interés […]. Un Consejo Consultivo de defensa de los consumidores debería estar representado por consumidores, no por las empresas que van en contra de los derechos de los consumidores […] Para mí es una forma de cooptar de dominar un órgano y es un muy mal mensaje”, dijo Alejandro Calvillo Unna, director de la organización civil El Poder del Consumidor, en entrevista con SinEmbargo.

El activista mencionó que la decisión del Gobierno federal de incluir a un ejecutivo de Coca Cola en el Consejo de la Profeco muestra que su supuesta estrategia de emergencia para combatir la obesidad y la diabetes “se está quedando en el papel”.

“Hasta que la política no se diseñe directamente por expertos libres de conflicto de interés y que la política no se evalúe por expertos y representantes de la sociedad civil libres de conflicto de interés, no va a haber nada”, explicó.

El pasado 14 de noviembre, la Secretaría de Salud federal emitió, por primera vez en la historia del país, dos declaratorias de emergencia sanitaria por diabetes y obesidad, debido al grave problema de salud pública que representan estos padecimientos en México.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la dependencia, Pablo Kuri Morales, dijo que esta determinación se hizo debido al alto repunte que ha tenido principalmente la diabetes en México, pues la padecen siete millones de personas y sólo la cuarta parte tiene un control metabólico.

De acuerdo con Calvillo Unna, la política del Gobierno federal no funciona debido a que no especifica las medidas que habrán de tomarse para resolver la epidemia de salud.

Además de asegurar que en México la regulación en publicidad es “pobre” y que el etiquetado no sirve, el activista explicó que la normatividad para alimentos y bebidas en las escuelas, “que es más o menos buena”, no se está cumpliendo “porque ni en el las escuelas la conocen ni hay vigilancia para que se cumpla”.

Este viernes, Toussaint Elosúa, representante de Coca Cola, se integró al Consejo Consultivo de Profeco y ocupará ese asiento por al menos cuatro años, con la posibilidad de extender ese periodo por cuatro años más, si es que es reelegido.

El tema es grave, dicen activistas, ya que esa refresquera no sólo tiene presencia en el Consejo de la Procuraduría Federal del Consumidor, sino que también, a través de ConMéxico, integran ni más ni menos que al consejo del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, creado por la Secretaría de Salud federal, y que está encargado de evaluar la política pública contra la obesidad.

De acuerdo con la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente el mayor obstáculo para combatir la epidemia de obesidad en el mundo es el bloqueo de las políticas públicas –a través de diversas estrategias– por parte de la industria de bebidas y alimentos.

“No hay balance [en el Consejo de la Profeco]”, aseveró Calvillo Unna. “Ha sufrido en toda la administración del Presidente Peña Nieto de falta de continuidad […]. Hemos tenido cuatro procuradores de Profeco en el actual sexenio, en promedio uno al año” y “no han habido reuniones de trabajo”, añadió.

El activista no sólo tildó de “absurda” la entrada de Coca Cola al Consejo consultivo de la Profeco, sino que refirió que además de que “Coca Cola se ha opuesto a una regulación efectiva de la publicidad dirigida a niños”, “toda la política [de lucha contra la obesidad y la diabetes] está cooptada”.


MÉXICO, PAÍS DE GORDOS

México sufre de una epidemia de diabetes y obesidad: 11.4 millones de personas padecen diabetes, mientras que 7 de cada 10 adultos sufren de sobrepeso u obesidad, y 1 de cada 3 niños presentan dichas enfermedades.

Hace ya tres años, el 31 de octubre de 2013, el Presidente lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Sin embargo, de acuerdo con especialistas en la materia, no mostró efectividad alguna debido a la falta de integración de la Secretaría de Salud con otras dependencias federales y a la escasez de campañas y programas dirigidos a prevenir y tratar dichas enfermedades.

De acuerdo con las cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) el 42.6 por ciento de los hombres mayores de 20 años de edad viven con sobrepeso y el 26.8 por ciento con obesidad; en el caso de las mujeres, ambas enfermedades impactaron en 35.5 y 37.5 por ciento, respectivamente.


México tiene la segunda tasa de obesidad más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), después de Estados Unidos, y la tercera en América Latina, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud⁠⁠⁠⁠.

Esta condición física tiene efectos en cadena: estéticos, psicológicos y en la salud física de las personas, ya que puede desembocar en diabetes mellitus tipo dos, enfermedades cardiovasculares, trastornos al aparato locomotor y algunos tipos de cáncer, es decir, algunas de las principales causas de muerte en el país.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la más reciente, detectó que 48.6 millones de personas tienen sobrepeso o obesidad en México [32 y 38 por ciento, respectivamente], sobre todo en el nivel socioeconómico alto, en zonas urbanas y en el norte del país. De 2000 a 2012, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en adultos aumentó 15.2 por ciento.

De acuerdo con estimaciones del McKinsey Global Institute, la obesidad a nivel mundial impone costos equivalentes a 2.8 por ciento del PIB global, comparable a lo que generan los conflictos armados y el tabaquismo.

Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) explicó en su reporte que es un efecto dominó. Cuando alguien tiene sobrepeso u obesidad, primero afecta a su salud. Eso impone costos elevados de tratamiento (tanto para la familia como para el gobierno) y también afecta su productividad. Al reducirse la productividad de los trabajadores, por su parte, las empresas se ven afectadas.


EPIDEMIA DE MUERTE

El mes pasado, la organización El Poder del Consumidor alertó que México es el país con el mayor índice de muertes a causa de diabetes, con alrededor de 96 mil decesos al año, y aparece entre las naciones con más de 80 millones de habitantes.

A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la diabetes melitus fue la principal causa de muerte de los mexicanos durante el año 2014, pues de las más de 633 mil defunciones registradas las principales causas fueron las enfermedades crónicas degenerativas: la diabetes mellitus (14.8 por ciento), las enfermedades isquémicas del corazón (13.0 por ciento), las del hígado (5.4 por ciento) y las cerebrovasculares (5.2 por ciento), ocasionando en conjunto, 38.4 por ciento de los decesos totales.

La mayor parte se concentró en edades adultas, en las que el 63.8 por ciento aconteció en la población de 60 y más años, y 24.5 por ciento en adultos de 30 a 59 años.

El grupo civil recordó en un comunicado que la pandemia pasó de 46 mil muertes en 2000 a las 96 mil registradas el año pasado. Mientras, el número de nuevos casos de diabetes en el país se duplicó cada 10 años.

Además, alertó que, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la tasa de mortalidad por diabetes mellitus en América es de 34 adultos por cada cien mil habitantes, mientras en los adultos mexicanos ésta se eleva a 90.


MÉXICO SUBESTIMA SU ENFERMEDAD

El 90 por ciento de los recursos recaudados por el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos en alto contenido calórico no fue destinado a programas de prevención contra la diabetes y el sobrepeso, denunciaron el 3 de noviembre pasado las organizaciones sociales que integran la Alianza por la Salud Alimentaria.

En el análisis “Una epidemia sin vacuna: la discusión fiscal y presupuestaria del año 2016 y la prevención del sobrepeso y la obesidad en México”, presentado por la Alianza, se expuso que la recaudación de esos impuestos ha sido de 33 mil 619 millones de pesos en 2015, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero que ese dinero fue a dar a diferentes programas de salud, debido a que en la Ley de Egresos el recurso no fue etiquetado.

“La idea es que la recaudación de este impuesto se vaya a atender estas enfermedades, que cada año le cuestan al Estado 80 millones de pesos. Pero sólo le está invirtiendo a la prevención menos del 10 por ciento que son como mil 300 millones de pesos ¿A dónde se está yendo el 90 por ciento? Es insostenible lo que se está invirtiendo versus lo que se está gastando”, explicó Luis Manuel Encarnación, director de Fundación Mídete.

Las asociaciones que integran esta iniciativa explicaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el Estado invierta la misma cantidad de dinero en tratamiento y en prevención, por ello exigieron que en la Ley de Egreso de la Federación de 2016 se contemplara etiquetar los recursos para programas específicos de prevención, que contengan objetivos claros y que integre políticas públicas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
TITULO ORIGINAL: Y en el país obeso, Profeco suma a Coca Cola en su consejo; es una burla más de este Gobierno: ONG
AUTOR: EFREN FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-12-2016/3121653

Pese al recorte al presupuesto, Presidencia y otras seis dependencias gastan más del 50%: Reforma

Además de la Presidencia de la República, las otras dependencias federales que no se han “apretado el cinturón” son: la Secretaría de Turismo (Sectur) que tuvo un gasto extra de 50.7 por ciento; la Secretaría de la Función Pública (SFP), 50.5 por ciento; la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), 48.5 por ciento; la SHCP, 49.3 por ciento; la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 35.5 por ciento y la Secretaría de Gobernación (Segob), 29.3 por ciento.

La Presidencia de la República tuvo un gasto 63.4 por cinto más, al cierre de septiembre, que el monto autorizado por legisladores, según el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El periódico Reforma publicó este día que de acuerdo  con el informe trimestral de finanzas públicas de Hacienda, para finales del noveno mes del año, las dependencias gastaron más que lo autorizado por legisladores. Tan solo la Presidencia de la República desembolsó 63.45 por ciento más, es decir mil 11 millones de pesos extra.

Según Hacienda, el dinero extra fue utilizado para las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Presidente Enrique Peña Nieto.

Estos excesos se dan a pesar del compromiso de austeridad que el Gobierno federal anunció en los meses pasados tras los recortes al presupuesto realizados por Hacienda.


Las otras dependencias que no se “apretaron el cinturón” fueron, la Secretaría de Turismo (Sectur) que tuvo un gasto extra de 50.7 por ciento; la Secretaría de la Función Pública (SFP), 50.5 por ciento; la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), 48.5 por ciento; la SHCP, 49.3 por ciento; la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 35.5 por ciento y la Secretaría de Gobernación (Segob), 29.3 por ciento.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-10-2016/3109881

Defiende CNDH su recomendación sobre Tlatlaya

Ciudad de México. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que dentro de las instituciones que integran al Estado Mexicano “no hay adversarios, ni debe haber confrontaciones”, todas las instituciones de la República compartimos objetivos e intereses comunes.

Luego de que los soldados que fueron señalados por la propia CDNH como responsables de la muerte de 22 civiles y el ajusticiamiento de al menos 12 de ellos en Tlatlaya, estado de México, presentaran una queja ante la propia Comisión, así como una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) porque consideran que ésta actuó ilegalmente, González Perez afirmó que “cuando se determina una violación a los derechos humanos, no se descalifica la tradición de servicio u honorabilidad de ninguna institución, se señalan conductas indebidas de servidores públicos que al ser investigadas, sancionadas y prevenidas fortalecen a la institución frente a la sociedad, al diferenciar su compromiso con la legalidad y la justicia”.

Al hablar en la ceremonia en la que firmó con el almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, un convenio general de cooperación en materia de promoción, prevención y difusión de los derechos humanos, el titular de la CNDH insistió en que “las tareas de combate a la inseguridad y el combate al crimen organizado no son incompatibles con el respeto a los derechos humanos, el prevenir que en el desarrollo de estas tareas se presenten violaciones a los derechos fundamentales adquieren particular relevancia, pues los costos que ante la opinión pública y ante la sociedad tienen estos hechos son muy grandes”.

La CNDH reclama el máximo rigor de la ley al momento de sancionar a los delincuentes y que los mismos paguen las consecuencias de los delitos que cometieron conforme a la ley, así como la protección integral de las víctimas y sus derechos. “Por ello, es tan grave cuando alguna irregularidad o abuso cometido por algunos servidores públicos afectan los procesos legales de los presuntos responsables de un delito, propiciando que el mismo quede impune y que las víctimas permanezcan violentadas y sin justicia”.

Ante la plana mayor de la Secretaría de Marina, funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno federal, el presidente de la CNDH señaló que los miembros de las fuerzas armadas de México son y deben seguir siendo baluarte y símbolo de profesionalismo, integridad, servicio y respeto a la ley, “de ahí la importancia que las eventuales violaciones a los derechos humanos que se presenten, deben se oportuna y debidamente investigadas y sancionadas”.

Aseveró que, ante la coyuntura crítica que atraviesa nuestro país, en el que el Ejército y la Marina han sido llamadas al servicio para dar a nuestra sociedad la seguridad y condiciones de convivencia pacífica que otras instancias no están en capacidad de proporcionarle, a nadie conviene que se menoscabe o debilite a nuestras instituciones armadas.

El respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley debe convertirse en dos pilares que apuntalen el desarrollo de sus actividades y es, en ese sentido, el instrumento que hoy se suscribe resulta relevante, al centrarse en la capacitación y promoción y divulgación de los derechos fundamentales.

FUENTE: LA JORNADA

AUTOR: JESUS ARANDA

LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/24/defiende-cndh-haber-responsabilizado-a-soldados-de-tlatlaya

400 MDP a una empresa, sin licitación, para eventos especiales

En la presente administración, los magnos eventos han significado el otorgamiento de por lo menos 97 contratos para una sola empresa: Actidea, S.A. de C.V. A esa entidad, se le ha pagado más de 500 millones de pesos por organizar brindis, el Grito de Independencia, la presentación de las reformas estructurales o la visita de los reyes de España. Del total, 88 convenios, unos 400 millones de pesos, fueron sin licitación de por medio. Eduardo Gama Pizarro dirige a esta compañía cuyo crecimiento ha sido exponencial desde que Enrique Peña Nieto inició su Gobierno. En el sexenio anterior, de Felipe Calderón Hinojosa, apenas si consiguió 10 contratos por 47.1 millones de pesos.

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- El Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene una empresa consentida en el sector de las celebraciones y los magnos eventos. La ha llamado casi siempre cuando ha tenido la necesidad de hacer un brindis, organizar el Grito de Independencia en el Zócalo, o cualquier acto público emblemático como la presentación de las reformas estructurales, recepciones a deportistas o la visita de los reyes de España. Así, en la presente administración, los magnos eventos han significado el otorgamiento de por lo menos 97 contratos por más de 500 millones de pesos de 2013 hasta ahora, para una sola empresa: Actidea, S.A. de C.V.

De esos convenios, 88 fueron otorgados bajo adjudicación directa; es decir, sin mediar invitación a concursar a otras firmas. Juntos, esos contratos fueron por 428 millones 54 mil 523 pesos con 61 centavos. Seis de estos 88 se desprendieron de un contrato marco; es decir, hubo otros participantes que también pudieron ser requeridos, pero sobre los cuales, Actidea fue la seleccionada. Las razones sociales de esas otras empresas no están especificadas en la página Compranet. Otros tres contratos fueron por invitación y seis bajo licitación pública.

Para los gobiernos de México, hay tres maneras de brindar contratos: la licitación pública que implica concurso abierto, la invitación a tres personas y la adjudicación directa. Hay una figura legal a la que la autoridad puede apegarse: el contrato marco que implica que varias compañías estén a disposición de las dependencias para brindar un servicio y que está regido por la fracción XX del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Actidea ha sido la reina en la obtención de contratos sin mediar concurso en el terreno de los festejos y actos públicos. Y cuando ha competido o está en un contrato marco casi siempre ha resultado ganadora.

Lo anterior resulta de una revisión de los datos abiertos del Portal de Obligaciones y Transparencia (POT). Cada contrato otorgado a Actidea fue ubicado y puesto en una lista. El mecanismo tópico en ese aglomerado de datos es la adjudicación directa (se adjunta al final un documento en Excel). Al evaluar los resultados del ejercicicio, Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso: “Aquí lo que vemos es una tendencia muy clara de beneficiar a un proveedor específico del Gobierno Federal”. Doctor en Gobierno por la London School of Economics y Maestro en Economía por la Universidad de Sophia en Tokio, Japón, abundó que en esta historia, es llamativa la forma en que el Gobierno ha realizado sus ventas justo ahora cuando se requieren empresarios que vivan del mercado y tengan modelos de negocio en procesos determinados por la competencia.

Hubo un tiempo en que no todo era dinero del Gobierno. En el sexenio anterior, de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Actidea apenas si consiguió diez contratos. Uno en 2006, cinco en 2009 y otros cuatro en 2012. En total, tuvo 47 millones 189 mil 682 con 75 centavos, también por adjudicación directa. En aquellos años, competía con otras entidades como Eventos Especiales Creativos S.A. de C.V., Imagen y Espacio Alternativo S.A. de C.V.; Landucci S.A. de C.V. (a cargo del Grito de Independencia en 2011 y 2012).

Pero en 2013, el destino cambió. No sólo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó al poder presidencial, Actidea empezó a ganar contratos de la bolsa del Gobierno. Si en 2006 –el primer año calderonista- tuvo poco más de 74 millones de pesos; en 2013, cuando Enrique Peña Nieto inició su Gobierno, sus contratos fueron de 180 millones 176 mil 612 pesos con 23 centavos.

Fue un año en que cualquier comentario sobre México en la prensa extranjera iba acompañado de esperanza. El semanario británico The Economist resumió esos tiempos con el epíteto de The Mexican Moment. Era un voto de confianza basado en el optimismo para el nuevo Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y su agenda basada en impulsar reformas estructurales.

El ánimo era celebrativo. El 20 de diciembre de 2013, Peña Nieto cumplió uno de los puntos más estratégicos de esa agenda: abrió el petróleo mexicano al mundo. Firmó el decreto de la reforma energética y con ello, pasó a la Historia como el Mandatario que logró la enmienda que más habían anhelado los Presidentes mexicanos. Por la noche, los miembros del Gabinete legal y ampliado fueron invitados a brindar por el fin de año. Actidea fue la anfitriona y por sus servicios cobró 525 mil 480 pesos.

A partir de ese año, la Presidencia de la República ha firmado con Actidea 16 contratos por un monto de 46 millones ocho mil 793 pesos con 68 centavos.

Después, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; el asesinato de 22 civiles, cometido por elementos del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México; el descubrimiento periodístico de venta con créditos blandos de propiedades multimillonarias al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al mismo Presidente Enrique Peña Nieto; además de la desaceleración en la economía, lograron descubrir a ese dorado instante como un espejismo. La aceptación de la gestión del Primer Mandatario cayó al 39 por ciento en todas las encuestas.

Aquella, la del 20 de diciembre de 2013, fue la última vez que se alzaron las copas. En el POT no se encuentra otro contrato por concepto de brindis. En paralelo, The Economistrenunció al epíteto The Mexican Moment. Luego, lo puso en duda.

GRITO DE INDEPENDENCIA

Pero la celebración de la Independencia continuó. Cada año, con un gasto mayor. Siempre Actidea como organizadora. Los abucheos al Presidente cuando ha salido años salió al balcón a gritar “¡Viva México!” no han minado ni desalentado el gasto. En 2013, la inversión fue de 17 millones 422 mil 783 pesos con cuatro centavos; en 2014, de 18 millones 996 mil 331 pesos con 17 centavos y en 2015; de 19 millones 137 mil 152 pesos con 78 centavos.

La cena que de manera tradicional se ofrecía en un salón del Palacio Nacional fue suspendida en 2015 por razones de austeridad, según informó la misma Presidencia de la República. Pero ese ahorro no se nota en la erogación por el festejo de la Patria: Actidea recibió poco más de 19 millones de pesos, 140 mil 821 pesos más que el año anterior y un millón 714 mil 369 más que el primer año.

Juan E. Pardinas observa que estos números son una narrativa que se contrapone al discurso de este Gobierno. “La austeridad ha sido estrictamente de discurso y testimonial, no refrendada en los hechos. Esta es una evidencia que demuestra que una cosa es lo que están diciendo, su aspiración, y otra la que se está reflejando en el presupuesto”.

Para Rafael García Aceves, coordinador de proyectos en Transparencia Mexicana, “salta a la vista un riesgo. Este tipo de eventos (el Grito de Independencia) es planeado. Sucede cada año. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se decidió adjudicar este evento cuando sabemos que se realiza de manera anual y planeada? La información sobre cuáles fueron las razones, debiera ser pública”.

Entre los contratos más caros que ha firmado el Gobierno Federal con Actidea está el AD-CAAS-038-14, de la Presidencia de la República. Implicó la organización del evento “Primera Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe y costó cuatro millones 249 mil 146 pesos con tres centavos. Tuvo vigencia por una semana.

https://drive.google.com/file/d/0B8z4_tJCeflHX1g0dWpTRVNuaGM/view?usp=sharing

EVENTOS Y DESLICES

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuando José Antonio Meade la llevó y ahora también con Claudia Ruiz Massieu, se distingue como la mayor organizadora de eventos entre las entidades del Gobierno con nueve contratos con Actidea. Juntos significan un aproximado de 176 millones de pesos.

Uno de los eventos a cargo de esta dependencia fue la visita de Estado de los reyes de España. Actidea organizó la logística para el viaje a Zacatecas y la Cancillería pagó tres millones de pesos, según el contrato SRE-DRM-AD-33/15. Mientras ese flujo de dinero corría, el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, protagonizaban el primer episodio en el que dieron a entender que su relación estaba fracturada. Fue en el museo de Guadalupe, en Zacatecas, cuando Angélica Rivera se molestó porque al intentar tomarle del brazo, él simplemente la olvidó. Segundos después, Peña Nieto intentó darle la mano y ella lo rechazó sin disimulo; lo dejó con el brazo extendido, mientras lo recorría de pies a cabeza con la mirada.

Hacienda y Crédito Público, a cargo de Luis Videgaray Caso, se ubica en el segundo sitio entre las dependencias con más eventos. La presentación de las iniciativas de la reforma financiera y la hacendaria fueron organizadas por personal de esta dependencia. La primera costó 685 mil pesos según el contrato AD-41-33903-179/2013 que se inició el 23 de abril de 2013 y concluyó dos días después. El evento para presentar la segunda fue de dos millones 200 mil pesos, de acuerdo con el contrato AD41-33903-263/2013 con fecha de inicio del 8 de septiembre de 2013 y culminación el 30 del mismo mes y año.

Para montar la exposición “Mayas, revelación de un tiempo sin fin”, la SHCP pagó un millón 278 mil 419 pesos a Actidea, monto que quedó estipulado en el contrato 095-ADN-42-075/2014.

En este texto faltarán rostros y respuestas. No estarán los rostros de los dueños de Actidea S.A. de C.V., Eduardo y Mariano Gama Pizarro que a juzgar por los contratos recibidos han experimentado un crecimiento exponencial a través de su empresa. Y tampoco estarán, las respuestas de ellos mismos sobre cómo lograron esta expansión.

SinEmbargo obtuvo los nombres del Director y el representante legal de la empresa en la misma oficina de Actidea; pero no le fue concedida una entrevista. Eduardo es el Director y Mariano, el representante legal. Son hermanos y llevan el apellido Gama Pizarro.

No hay información disponible sobre el pastel de sus contratos. En su página cibernética aparece una lista de clientes y otra de eventos realizados. La de clientes incluye a 56 entidades gubernamentales que en la cartera total representan el 31 por ciento. Pero algunas de ellas no aparecen con contratos en el POT.

Los 500 millones de pesos ejercidos en eventos en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto equivalen a la inversión “inédita” que anunció el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, en octubre de 2015, para “reconstruir el tejido social” en esa entidad. Ese dinero se destinará a los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Cocula, los dos últimos escenarios de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Es también el mismo monto que el pasado 31 de marzo anunció el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para adquirir autobuses nuevos que ayuden a amainar la crítica emisión de contaminantes en el Valle de México.

“Este Gobierno es de la eventocracia, tiene eventitis, es el Gobierno de los eventos”, exclama Juan E. Pardinas, director general del IMCO. Se pregunta: “¿Cómo es posible que el Gobierno federal no tenga infraestructura propia ni personal para ejecutar este tipo de ocasiones, de circunstancias, de momentos de celebración? Eso preocupa, pero también la manera en que asigna sus recursos”.

https://www.youtube.com/watch?v=7Gx5NVDylGc

LOS CLIENTES

En su página cibernética, la compañía reconoce como clientes a las entidades gubernamentales aquí listadas que representan el 31 por ciento de su cartera. Algunas no aparecen en el POT con contratos de Actidea. Como compradores de sus servicios también se encuentran Wal-Mart, Prodigy, X-Box, Motorola, Lego, HP, Honda, Fundación Miguel Alemán y Avon.

1.- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca).

2.- Bancomext.

3.- Canadevi.

4.- Casa de Moneda México.

5.- Comisión Federal de Electricidad.

6.- Comce.

7.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

8.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

9.- Comisión Nacional de Derechos Humanos.

10.- Comisión Nacional del Agua.

11.- Comisión Nacional del Deporte.

12.- Comisión Nacional del Sistema De Ahorro Para El Retiro.

13.- Comunicación Social Presidencia de la República.

14.- Conavi.

15.- Concanaco.

16.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

17.- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

18.- Consubanco.

19.- Consupago.

20.- Consejo de Promoción Turística de México.

21.- DIF.

22.- Gobierno del Estado de Guanajuato.

23.- Gobierno del Estado de México.

24.- Gobierno del Estado de Puebla.

25.- Gobierno del Estado de Veracruz.

26.- Inadem.

27.- Infonavit.

28.- Instituto Nacional de las Mujeres.

29.- Instituto Politécnico Nacional.

30.- Nacional Monte de Piedad.

31.- Policía Federal Preventiva.

32.- Presidencia de la República.

33.- Procuraduría General de la República.

34.- ProMéxico.

35.- Pronafin.

36.- Protección Civil.

37.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

38.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

39.- Secretaria de Desarrollo Social.

40.- Secretaria de Economía.

41.- Secretaria de Educación Pública.

42.- Secretaria de Energía.

43.- Secretaria de Gobernación.

44.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

45.- Secretaria de la Defensa Nacional.

46.- Secretaria de la Función Pública.

47.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

48.- Secretaría de Relaciones Exteriores.

49.- Secretaria de Salud.

50.- Secretaria de Seguridad Pública

51.- Secretaria de Trabajo Y Previsión Social

52.- Secretaria de Turismo

53.- Secretaría del Medio Ambiente Y Recursos Naturales.

54.- Servicio de Administración Tributaria.

55.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.

56.- Turissste.

Fuente: Sin Embargo, con información de Actinea.

Autoras: Linaloe R. Flores y Alejandra Padilla

http://www.sinembargo.mx/04-04-2016/1643052

Órganos autónomos: malas prácticas

CIUDAD DE MÉXICO: Los órganos autónomos de carácter federal creados en México con aprobación del Congreso de la Unión representan organizaciones del Estado mexicano responsables de materias especializadas, por lo que requieren de autonomía para cumplir con su misión. Los principales órganos autónomos existentes en la actualidad a nivel federal son los siguientes:

• Auditoría Superior de la Federación (ASF).

• Banco de México (Banxico).

• Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

• Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

• Instituto Nacional Electoral (INE).

• Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

• Tribunales Agrarios (TA).

• Universidades Públicas (UNAM y UAM).

La euforia por las autonomías y el abuso que se ha hecho de ellas representan un serio peligro para la estructura y estabilidad del Estado mexicano, el cual se constituye de tres grandes poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La creación de tantos órganos autónomos ha dado la pauta para pensar en la existencia de un nuevo poder, grande y todopoderoso, constituido por los mismos.

Si seguimos por ese camino está en riesgo el funcionamiento y equilibrio del Estado mexicano, pues significaría quitarle a éste responsabilidades sustantivas y debilitar la estabilidad y el equilibrio de los tres Poderes de la Unión.

Si desmembramos la estructura originalmente creada para la formación del Estado, ésta podría ser afectada por un conglomerado de órganos autónomos especializados, agrupados en una nueva forma de organización política, lo que crearía una enorme confusión en la concepción de aquél, en su organización, en sus límites de acción y en sus pesos y contrapesos.

Ante esta situación surge un gran cuestionamiento: ¿Los órganos autónomos han cumplido razonablemente con los objetivos para los que fueron creados? La respuesta no es simple, es compleja, ya que la evaluación de su desempeño debe ser individual e independiente.

Los órganos en cuestión deben evitar, o erradicar si ya existen, las malas prácticas que desvirtúan la razón de su creación y ponen en entredicho su permanencia. A continuación se señalan de forma enunciativa, pero no limitativa, una serie de malas prácticas, a saber:

Malas prácticas

1.- Dictaduras personales en lugar de democracia y liderazgo.

2.- Elaborar códigos de ética profesional laxos y permisivos.

3.- Favorecer a políticos, partidos y empresarios poderosos por el simple hecho de serlo.

4.- Ocultar, modificar y manipular los resultados derivados de la actividad institucional a cambio de un conveniente intercambio de complacencias.

5.- Acordar indebidamente apoyos con partidos políticos, legisladores y servidores públicos para ser elegidos o reelegidos, a cambio de generar acciones laxas que los beneficien.

6.- Colusión con otras personas para cometer delitos que afecten el patrimonio institucional.

7.- Negociar los resultados derivados de las actuaciones institucionales autónomas por favores, prebendas y dinero.

8.- Aprovechar el prestigio institucional para favorecer negocios y concesiones irregulares de carácter profesional y personal.

9.- Hacer negocios indebidos con recursos públicos de la institución con el fin de beneficiar a políticos, partidos, servidores públicos, empresarios, familiares, amigos y cómplices.

10.- Realizar construcciones de obra pública innecesarias, buscando el prestigio personal y el beneficio económico.

11.- Vender la eliminación de observaciones y de resultados negativos resultantes de las revisiones de las materias especializadas.

12.- Obtener por medios ilícitos la firma de dictámenes, evaluaciones e informes favorables de los revisores.

13.- Nombrar a los contralores internos y a los auditores externos por amiguismo, recomendación, influencia o componenda.

14.- Adquirir bienes y pagar servicios personales propios con recursos públicos de las instituciones.

15.- Despedir al personal que no acepta cometer actos indebidos y ser cómplice de delitos.

16.- Convertir las oficinas en fortalezas inexpugnables que reflejan inseguridad personal y temor a la interrelación con las personas de la organización y de la población en general.

17.- Invertir en blindajes innecesarios de oficinas y vehículos para mandos superiores y familiares.

18.- Contratar seguridad personal y familiar injustificada pagada con recursos públicos.

19.- Utilizar a la institución como agencia de colocaciones o bolsa de trabajo para dar empleo a amigos, familiares y recomendados.

20.- Relaciones sentimentales personales que se incorporan o forman parte de la organización y que son favorecidas con cargos, niveles, viajes y prestaciones económicas injustificadas, que violentan las normas y crean un flagrante conflicto de intereses.

¿Cuáles y cuántos órganos autónomos pueden sostener que no tienen alguna o algunas de las malas prácticas señaladas? Creo que muy pocos o ninguno. Una evaluación realizada con independencia, con rigor y con la metodología pertinente arrojaría luz sobre la realidad de sus comportamientos.

El cumplimiento de los objetivos de creación de los órganos autónomos no debe depender de concesiones graciosas ni de voluntades discrecionales de sus miembros, sino de mecanismos de evaluación permanentes que vigilen su desempeño y su rendición de cuentas. Para ello, se requiere que el Poder Legislativo apruebe políticas públicas en materia de vigilancia y evaluación del cumplimiento y desempeño de las instituciones autónomas. El caso de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados es un buen ejemplo de mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas de un órgano autónomo, que podría ser replicado para la vigilancia de todas las instituciones autónomas.

Todos los órganos autónomos y sus miembros deben entender que no son una casta divina apartada o ajena al sistema político mexicano, alejados de las prioridades del Estado y de las necesidades de la población. Deben tener siempre presente que su camino, comportamiento, actuación y desempeño tendrán que estar regidos por las políticas y los principios siguientes: la rendición de cuentas será pública, porque públicos son los recursos que se manejan y pertenecen a todos los mexicanos; la transparencia y la rendición de cuentas no son concesiones graciosas de los gobernantes, sino una responsabilidad ética y moral que nadie puede eludir; no deben trabajar por consigna, con menú a la carta, para favorecer o afectar intereses personales o de grupo; y por último, habrán de aceptar que el país es de todos y no patrimonio particular de nadie.


El único compromiso de los órganos autónomos debe ser con México y con la verdad, porque México lo exige, porque México lo necesita y porque México se lo merece.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429268/organos-autonomos-malas-practicas

IMSS, el que más solicitudes de información tuvo en 2015: Inai

La dependencia que mayor cantidad de solicitudes de información recibió en 2015 fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 28 mil 418.

De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), le siguen la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 6 mil 988; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 6 mil 308; la Secretaría de Salud, (Ssa) con 5 mil 465 y la Procuraduría General de la República (PGR), con 4 mil 289.

En un comunicado, el Inai reportó que la Secretaría de Gobernación (incluyendo la extinta Secretaría de Seguridad Pública), tuvo un total de 4 mil 182; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 3 mil 928; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 3 mil 497; Petróleos Mexicanos (Pemex) 3 mil 34; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con 2 mil 926.

“Le siguieron la Secretaría de la Función Pública, el INAI, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Relaciones Exteriores, Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Social, y la Presidencia de la República”, expone.

En un balance anual, el Instituto sostuvo que el interés de los ciudadanos por conocer información en poder del gobierno y tener control sobre sus datos personales creció 4.6% en 2015, al registrarse un total de 150 mil 595 solicitudes.

De las solicitudes, 118 mil 485 fueron de acceso a la información pública y 32 mil 110 para el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, presentadas ante los más de 240 sujetos obligados de la administración pública federal.

En el 2014, el número de solicitudes de acceso para ambos rubros fue de 143 mil 148.

Mencionó que el total de solicitudes de acceso se presentaron por distintas vías, principalmente a través de la plataforma electrónica Infomex, así como presenciales, correo postal o a mediante el servicio telefónico gratuito TelINAI (01 800 8354324), medio por el cual se registraron 801 solicitudes a partir de que entró en operación, en agosto pasado.

Fuente: Proceso

http://www.proceso.com.mx/?p=424635