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viernes, 19 de enero de 2018

De los 37 acuíferos más grandes del mundo, 21 se encuentran en una situación crítica: UNAM

Los acuíferos suministran 35% del agua que utilizan los humanos en todo el mundo. En la actualidad existe preocupación por parte de los científicos ya que los mayores acuíferos subterráneos del planeta se vacían aceleradamente.

De los 37 acuíferos más grandes del mundo, 21 se encuentran en una situación crítica, ya que se les extrajo más agua de la que recuperaron.

martes, 9 de enero de 2018

Por presunta corrupción, piden investigar a juez que sobreseyó amparo contra notarios de Eruviel

El aspirante a fedatario, Gabriel Escobar, pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar al juez Breyman Labastida Martínez por posibles actos de corrupción para sobreseer el amparo contra la designación de los últimos 12 notarios del exgobernador Eruviel Ávila.

El abogado constitucionalista Oscar Valdés, patrocinador del amparo, advirtió sobre la posibilidad de que el gobierno estatal haya incidido en la decisión, pues el pasado martes 26 de diciembre, Sergio Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, visitó al juez.

sábado, 6 de enero de 2018

Una madre es asesinada por no detener la búsqueda de su hija en Veracruz; tía continuará indagación

La búsqueda de Aline Zepeda Osorio chica desaparecida desde el 18 de diciembre en este municipio, no se detendrá pese al asesinato de su madre, anunció la tía María Elena Zepeda.

Con fecha 18 de diciembre del año 2017 Aline Zepeda Osorio salió con rumbo al colegio de Bachilleres del estado de Veracruz (COBAEV) a donde estudia.

domingo, 18 de junio de 2017

ONU y CNDH piden investigación exhaustiva por masacre en Nochixtlán

A 2 días de cumplirse 1 año de la masacre en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó un saldo de ocho civiles muertos y más de 100 heridos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidieron al gobierno mexicano realizar una investigación exhaustiva y proveer garantías de no repetición.

Las instituciones de derechos humanos realizaron un recorrido conjunto por Hacienda Blanca, Huitzo y Nochixtlán, Oaxaca, para observar los avances en las investigaciones y las garantías brindadas a la población afectada.

Al terminar el recorrido, condenaron los hechos y llamaron al diálogo. “Las instituciones suscritas exhortan a las autoridades federales y estatales a retomar los esfuerzos de diálogo con las víctimas hasta lograr el pleno acceso de éstas a la salud, a la reparación integral del daño y a la justicia”.

lunes, 8 de mayo de 2017

PGR ampliará búsqueda de los 43 en más de 60 km²

Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) ampliará la búsqueda de los 43 jóvenes normalistas con tecnología de punta con sistema Lidar (realizadas desde el aire) en más de 60 kilómetros cuadrados en los alrededores de Iguala, lo cual, independientemente de su caso, refleja el compromiso en agotar todas las posibilidades hasta dar con el paradero de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, toda vez que la búsqueda anterior se limitó a un kilómetro cuadrado.

viernes, 3 de marzo de 2017

Gobierno entrega “información actualizada” al grupo de seguimiento de la CIDH sobre Ayotzinapa

El Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió hoy información actualizada de las acciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las medidas cautelares dictadas a favor de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

Fue la segunda reunión de seguimiento entre la PGR, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH.

Mediante un comunicado, la PGR informó que en la reunión la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Sara Irene Herrerías Guerra, entregó información “actualizada” en materia de búsqueda de las personas desaparecidas y sobre los cronogramas de trabajo para los próximos meses, con especial atención a la aplicación de tecnologías especiales de búsqueda.

Asimismo, refirió la dependencia, “se dieron a conocer avances en materia de investigación ministerial tendientes a agotar todas las líneas de investigación, incluidas las propuestas por el Grupo de Expertos Independientes de la CIDH, y realizar aquellas diligencias que resulten necesarias para determinar la probable responsabilidad de todas las personas que pudieran estar involucradas en los hechos”.

Por su parte, la Segob, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Salud, “expusieron los importantes avances en materia de atención a víctimas” señala el comunicado, en particular la atención y seguimiento que han recibido las personas heridas el día de los hechos y sus familias.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/476712/gobierno-entrega-informacion-actualizada-al-grupo-seguimiento-la-cidh-ayotzinapa

miércoles, 22 de febrero de 2017

Por ningún motivo Ejército puede investigar delitos: CNDH

La intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior no debe ser permanente y por ningún motivo deben asumir tareas en la prevención e investigación de los delitos, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Indicó que con independencia de los resultados concretos que ha tenido la decisión de sacar al Ejército y la Marina a las calles en la lucha contra la delincuencia organizada –decretada por Felipe Calderón en 2006 y seguida por Enrique Peña Nieto—, esa medida “ha tenido como efecto que se presenten violaciones a los derechos fundamentales de las personas, por parte de elementos de algunas autoridades que se apartaron del cabal y debido cumplimiento de su deber, así como que se generen condiciones que propician que se puedan cometer las mismas”.

El ombudsman nacional inauguró esta mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el foro “Seguridad interior, seguridad pública y derechos humanos: Análisis de las iniciativas de ley de seguridad interior”, donde se pronunció en que la normativa al respecto debe en todo momento objetar la presencia permanente del Ejército y Marina en labores de seguridad interna y las autoridades deben planear el regreso gradual de estas instancias a sus cuarteles.

“Temas tan graves como ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado interno y abusos a migrantes, entre otros, tienen como contexto la inseguridad, la violencia y la impunidad”.

El foro se realizó en el marco de las discusiones en el Legislativo federal en torno a la ley de seguridad interior, donde una de las propuestas, la del PRI propone que se regule la intervención de las fuerzas armadas en operativos ante amenazas de la seguridad pública. La iniciativa que ha sido criticada por diversos sectores políticos y sociales quienes han advertido que constituye un riesgo a las garantías de los ciudadanos.

En ese contexto, el presidente de la CNDH presentó un decálogo para que los legisladores puedan tomarlo en consideración:

Tomar como premisa básica y general el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas; preservar la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que, en materia de seguridad pública, contempla el artículo 21 Constitucional, y lo previsto en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución federal, en lo concerniente a la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

También distinguir y acotar los conceptos de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior; preservar el respeto al principio de legalidad que todo acto de autoridad debe revestir, en particular cuando se involucren actos de molestia o incluso privativos que pudieran sufrir las personas; prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como a la libertad de expresión y manifestación, en términos de lo dispuesto en las normas convencionales y constitucionales.

Asimismo, contemplar mecanismos de control institucional, claros y de colaboración entre autoridades, para la implementación, seguimiento y control de las acciones que se desarrollen al amparo de esa ley; definir los ámbitos temporal, espacial y material de las acciones de seguridad interior, así como su difusión y publicidad.

Destacó sobre todo el que se evite que las fuerzas armadas participen en la prevención e investigación de los delitos; que no se asuma, bajo ningún supuesto, que la intervención de esos cuerpos armados en tareas vinculadas a la seguridad de las personas pueda tener carácter permanente. “La ley, en su caso, debe establecer las bases para el retorno gradual y verificable de las fuerzas armadas a las tareas que les son propias”.

El último punto es que la normativa contemple de manera integral todos los aspectos que involucra la participación de las fuerzas armadas en cuestiones vinculadas a la seguridad de las personas, tales como protocolos para uso de la fuerza e interacción con población civil, conforme a estándares internacionales y con respeto a los derechos humanos, aun cuando esta participación sea de carácter temporal.





Fuente: La Jornada
Autor: Emir Olivares Alonso
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/por-ningun-motivo-ejercito-puede-investigar-delitos-cndh

martes, 21 de febrero de 2017

Suspende PGR investigación en Nochixtlán por falta de seguridad

La Procuraduría General de la Republica (PGR) informó sobre la suspensión de las investigaciones programadas para mañana martes 21 en Nochixtlán, Oaxaca, debido a que no existen garantías de seguridad para el personal de la dependencia y a que las víctimas de lesiones no presentaron sus denuncias como estaba acordado, a más tardar para el lunes.

En un comunicado, recordó que el pasado 7 de febrero, representantes del Comité de Víctimas de los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016, de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y de la PGR, acordaron lo anterior y que el martes 21 se practicarían las diligencias de investigación que faltan por realizar en el lugar de los hechos.

Sin embargo, el pasado 17 de febrero, la sección 22 de la CNTE convocó a realizar un “acordonamiento a las diligencias que realice la PGR” en Nochixtlán, con fines de vigilancia y para llevar la exigencia de justicia y castigo a los culpables por las víctimas del 19 de junio del 2016.

La PGR consideró que “los actos de investigación deben materializarse en un contexto de seguridad. En vista del comunicado antes precisado y para evitar provocaciones y entornos que comprometan la integridad física del personal investigador, aunado al incumplimiento del acuerdo consistente en que las víctimas de lesiones presentarían sus denuncias a más tardar en este día, se suspende la realización de los actos de investigación programados para el día de mañana 21 de febrero de 2017”.





Fuente: La Jornada
Autor: Redacción
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/21/suspende-pgr-investigacion-programada-en-nochixtlan-por-falta-de-seguridad

martes, 31 de enero de 2017

Corral ordena reabrir investigación por masacre en Villas de Salvárcar

A siete años de la masacre en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral Jurado anunció que reabrirá la investigación para dar con los culpables de la muerte de 16 jóvenes.

El panista hizo la promesa mientras entregaba a las familias las llaves de la casa donde se cometió el multihomicidio –el 30 de enero de 2010–, recuperada por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi).

“Ya no nos deje solos, señor gobernador”, gritó una de las madres de los estudiantes cuando Javier Corral se acercó a la vivienda.

Y de inmediato uno de los papás señaló: “Aquí es señor, donde pasó todo”.

Luz María Dávila, madre de dos jóvenes asesinados, quien increpó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa cuando éste aseguró que las víctimas eran pandilleros, añadió:

“Cuando pasó todo yo la miré muy grande, pero al entrar, ver a los muchachos, ver a mis hijos, ver a todos, la vi muy grande, y ahora, al entrar, está muy chiquita (…) Es la segunda vez que yo entro. La casa está muy chica”.

La vivienda, respondió el mandatario estatal, se transformará en vibra positiva, de vínculo y fortaleza espiritual.

Previo a la apertura de la casa, donde los familiares colocaron decenas de fotografías de las víctimas y dejaron una ofrenda floral, Dávila pidió a Javier Corral que los apoye y le pidió que se haga justicia.

Enseguida, Alonso Encina, padre de Adrián, otro de los jóvenes asesinados, leyó una carta a nombre de todos los familiares:

“Tenemos gran esperanza de un nuevo amanecer, de transparencia, de rendición de cuentas, de justicia ante las injusticias, que pague quien tenga que pagar, que se reconozca dignamente a las víctimas, conforme a derecho. Ya es tiempo de asumir las obligaciones, tanto las autoridades como la sociedad. Ya es tiempo de hacer realidad nuestros derechos como víctimas”.

Añadió:

“Es esta realidad en que vivimos y lo vemos a diario y nos preguntamos por qué ellos sí, los malos, los poderosos, los autores intelectuales, los héroes de esta actualidad del narco, del crimen, de la delincuencia organizada. Por qué ellos sí, los que ordenan, reclutan y forman sus propios ejércitos de sicarios, muchos de ellos sacados de la periferia de la pobreza, donde relumbra el dinero y por unas cuantas monedas se corrompen, se venden para dedicarse a esa profesión, la de matar, o que los maten (…) Y a veces el cártel protege a las familias, ellos sí reconocen a sus víctimas, mientras que nosotros, los buenos, los niños, los estudiantes, jóvenes que evitaron la corrupción, que decidieron seguir viviendo en la pobreza, pero construyendo un mejor futuro; las amas de casa, los trabajadores, ¿quién nos protege?, ¿cuál garantía de vida nos da nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestras instituciones?

“En una simple fiesta, nuestros seres queridos fueron víctimas fatales más de esta violencia, de esta inseguridad, de esta simple guerra en disputa por el territorio de los cárteles y hasta de las mismas autoridades que se supone que eran quienes los protegían. Sólo se percibe desconfianza, perdieron su credibilidad. Sólo han detenido a cuatro delincuentes, uno muerto y otro extraditado. Son 20 asesinos de nuestros hijos, tenemos miedo de que estemos en lugares públicos, cerca de los que andan libres. No los conocemos, pero ellos sí”.

Antes de concluir su lectura, Encinas depositó en Corral la confianza de los familiares de las víctimas fatales de aquel episodio que cimbró a Juárez y a todo el país, que han peregrinado a solas sin ser escuchados, pero lograron que se creara la Ley de Víctimas del Estado de Chihuahua.

“Tenemos fe en que esto cambie, siempre habrá una hora, un lugar un momento equivocado, y siempre habrá una fatalidad más, así como también siempre habrá droga, narcos, poder, ambición. Hay daños, pero también hay decomisos, bienes incautados, fondos acumulados para este propósito, que según la Ley de Victimas del Estado, es la de resarcir parcialmente el daño sufrido, porque la vida de los que sufrieron no regresará (…) Es momento de que se haga realidad a quienes sufrimos violaciones a los derechos humanos. Sabemos que usted coincide en nosotros, no más trabas ni simulaciones”.

Corral reconoció que el proceso para entregar la casa lo iniciaron los diputados locales de Morena, Leticia Ortega y Pedro Torres Estrada, quienes llevaron la petición de las familias hace dos meses y después hicieron los trámites para que se concretara este día.

“Estoy aquí para asumir, como gobernador del estado, la responsabilidad que ahora toca a mi administración de ahondar en las investigaciones en el derecho que tiene la familia a conocer la verdad y, por supuesto, a la reparación. Lo primero que había que hacer era recuperar para la fe y la oración el lugar de la tragedia y convertirlo en un oratorio (…)

“Estoy aquí expresamente para reconocer la omisión del Estado, la negligencia y la revictimización que se hizo, cuando al principio se quiso traducir esta tragedia en un acto más de colusión de quienes se dijo eran parte de las bandas criminalesy no jóvenes estudiantes que tenían todos los sueños por delante y compromiso con su futuro y con su familia”, subrayó Corral.

Además reconoció que no hubo garantías de la vida y seguridad de los jóvenes asesinados en el lugar y tampoco se investigó de forma efectiva y exhaustiva el caso para castigar a los autores materiales e intelectuales. “Se revictimizó a las familias”, apuntó.

Y luego instruyó al fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, a que el caso Villas de Salvárcar sea de los primeros que reabra la nueva Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y dé seguimiento en términos de los compromisos de la Ley de Víctimas para la reparación de daños.





Fuente: Proceso
Autor: Patricia Mayorga
http://www.proceso.com.mx/472483/corral-ordena-reabrir-investigacion-masacre-en-villas-salvarcar

viernes, 23 de septiembre de 2016

Recorte presupuestal afectaría a centros de investigación, alerta el Conacyt

CIUDAD DE MÉXICO: Ante un posible recorte de más de 7 mil millones de pesos al rubro de ciencia, tecnología e innovación, el titular del Conacyt, Enrique Cabrero, alertó que convocatorias, equipos de laboratorio y la creación de centros investigación serían los afectados, por lo que se daría prioridad a “programas estratégicos”: becas, cátedras y el Sistema Nacional de Investigadores (SIN).


Lo anterior fue dado a conocer por Cabrero Mendoza después de su participación en el Encuentro de Catedráticos Conacyt en la Academia Mexicana de Ciencias, donde advirtió que “habrá que esperar para ver cómo se aprueba el presupuesto para analizar y reorganizar algunas actividades del Consejo” y, en dado caso, al Conacyt le tocará poner su “granito de arena”.

Lo anterior en caso de que se aprobara el recorte de más de 7 mil millones de pesos al sector en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017.

Ante esto, Enrique Cabrero dijo que “se protegerán los programas más urgentes y lo que es prioritario para la estrategia del Conacyt y, si es posible, mantenerlo a la alza”, como las becas que, según información difundida por el Consejo, actualmente tiene 62 mil 863 estudiantes proyectados para culminar este año, respecto de los 61 mil 572 del año anterior.

También destaca que se mantendría el padrón del SIN que, para finalizar este año, suma 25 mil 72 científicos respecto de los 23 mil 316 del año anterior. Y en Cátedras Conacyt, que inició en 2014 con 574 investigadores y que a la fecha tiene un poco más de mil científicos.

Sin embargo, los programas afectados serían diversas convocatorias a lo largo del año y tanto proyectos de equipamiento de diversos laboratorios como nuevas instalaciones y centros de investigación.


“Las convocatorias tradicionales que emite el Conacyt se mantendrán, aunque probablemente con un poco menos de recursos. Algunos de los rubros que tal vez sean postergados por el recorte presupuestal serán proyectos de equipamiento de laboratorios, así como la construcción de nuevas instalaciones y centros de investigación”, explicó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NIZA RIVERA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/455980/recorte-presupuestal-afectaria-a-centros-investigacion-alerta-conacyt

martes, 13 de septiembre de 2016

Viene de la élite mexiquense, cobra millones del erario… y es “aviador”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fernando Velasco Alvear podía considerarse un tipo afortunado: durante un año y siete meses ProMéxico le pagó 2 millones 202 mil pesos por concepto de salarios y prestaciones… pero sin trabajar un solo día.

Más aún, ni siquiera se presentó a su oficina: la representación de ProMéxico en Los Ángeles, California, donde por ese salario millonario debería desempeñar un puesto modesto: Técnico Administrativo “C”.

Sólo que Velasco Alvear no es un “aviador” cualquiera: es miembro de una familia de la élite política y empresarial del Estado de México. De hecho, es primo de José Luis Velasco Lino, delegado en esa entidad de la Secretaría de Economía –de la que depende ProMéxico—, y de María del Rosario Velasco Lino, regidora del Ayuntamiento de Toluca. Los Velasco Lino son, a su vez, primos de Erwin Lino Zárate, secretario particular de Enrique Peña Nieto desde 2005, cuando éste era candidato a gobernador del Estado de México. Y lo siguió siendo cuando Peña Nieto fue gobernador, candidato a la presidencia y presidente de la República.

Velasco Alvear forma parte de los consejos de administración de las empresas Grupo Velavil y Grupo Industrial Toluca, esta última especializada en la producción de calzado que, casualmente, aparece en el padrón de empresas exportadoras de ProMéxico.


El empresario –que abandonó en el cuarto semestre la licenciatura en administración de empresas por la Universidad Anáhuac– también dirige la revista Nivel Uno –especializada en eventos de la socialité del Estado de México– e integra el consejo directivo de los Diablos de Toluca, el equipo de futbol de la capital mexiquense.

De su nombramiento en ProMéxico se enteraron funcionarios de alto nivel de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores. Nadie hizo nada.

Los miembros de la alianza Méxicoleaks –de la cual Proceso forma parte— realizaron una investigación periodística sobre las andanzas de este “aviador” mexiquense con base en documentos filtrados a través de su plataforma digital.
















La grabación

El 6 de noviembre de 2014, Juan Carlos Briseño, jefe de la oficina de ProMéxico en Los Ángeles, convocó a sus colaboradores a una reunión especial. Les explicó que pronto se integraría un aviador a esa oficina y leyó en voz alta un correo electrónico que, dijo, enviaría enseguida a Francisco González Díaz, director general de Proméxico, para expresarle su inconformidad.

La grabación de la reunión, filtrada a través de Méxicoleaks, es muy clara: en el correo que Briseño lee a sus colaboradores expresa su “consternación”, “incomodidad” y “disgusto” al director de Proméxico y le urge a investigar el origen de la instrucción.

http://www.proceso.com.mx/media/2016/09/2-Audio-grabacio%CC%81n-ProMexico-LA-Consejero-JCB-sobre-Aviador-FVA-Nov-62c-2014.mp3

“Te escribo y te busco de manera directa por un tema delicado del cual es urgente enterarte”, le escribe Briseño a su jefe. Y le cuenta que el 5 de agosto de 2014 le informaron (sin precisar quién) sobre la integración de una persona al equipo de ProMéxico en Los Ángeles que, “por una parte sería empleado de tiempo completo sin ser de tiempo completo, y por otra parte su asignación se (otorgaría) dado que estaría trabajando en un proyecto de negocio personal en San Diego, en la isla Coronado”.

Briseño expresa su “consternación” por tal nombramiento y señala que “es un grave error y es sencillamente incorrecto estructurar un puesto en el cual se utilice el erario de los mexicanos y una plaza diplomática de esta manera. Por ello debo declinar el aceptar este movimiento de personal”.

Y añade: “Es imprescindible investigar el origen de la instrucción y comunicar que en ProMéxico seguimos todos y cada uno de los lineamientos establecidos en nuestro código de conducta y reglas institucionales”.

Pese a la inconformidad de Briseño, Velasco Alvear se incorporó a la oficina de ProMéxico en Los Ángeles el 1 de noviembre de 2014, según establece su declaración patrimonial.

En múltiples ocasiones, Briseño ignoró las llamadas de los integrantes de Méxicoleaks y se negó a proporcionar su versión sobre la situación de Velasco Alvear en ProMéxico. Sin embargo, el pasado 20 de julio, Briseño admitió que no existía ningún documento que respaldara la asistencia del mexiquense a su oficina en Los Ángeles.

“El personal adscrito a esta oficina no elabora informes de actividades”, reconoció Briseño en un correo que envió a la unidad de transparencia de ProMéxico, la cual tramitaba la solicitud de información 1011000007816 interpuesta por la alianza Méxicoleaks.

En el correo mencionado, Briseño añadió: “Por lo que corresponde al planteamiento que demuestre que acude a la Oficina de Representación en el Exterior de ProMéxico en Los Ángeles, me permito comunicar que el personal adscrito a esta oficina no emite registro de asistencia”.

En el transcurso de la investigación, se realizaron múltiples llamadas telefónicas a la oficina de ProMéxico en Los Ángeles para verificar si alguien conocía a Velasco Alvear. La respuesta siempre fue negativa.

En julio pasado, Agustín Durán, periodista establecido en Los Ángeles, se trasladó a las oficinas de ProMéxico y platicó con funcionarios, personal de seguridad e integrantes del equipo de comunicación. Ninguno conocía al mexiquense. Acorralado por las preguntas del reportero, Briseño repitió: “desconozco este tema, desconozco el tema”.

El primo del primo

En los 19 meses que figuró en la nómina de ProMéxico –de noviembre de 2014 a mayo de 2016–, Velasco Alvear recibió un sueldo de un millón 855 mil pesos, más prestaciones: 152 mil 37 pesos de aguinaldo, 39 mil 946 pesos de prima vacacional y 155 mil 770 pesos por el concepto de ayuda de renta sólo en 2015, de acuerdo con los oficios PM/068/UT/16 y PM/067/UT/16, obtenidos por la alianza Méxicoleaks mediante solicitudes de acceso a la información.






























La nómina de ProMéxico.
Velasco Alvear en la nómina de ProMéxico.

Mientras los contribuyentes mexicanos pagaban mensualmente su salario, vacaciones y renta, Velasco Alvear seguía al frente de Grupo Empresarial Toluca. Incluso el 19 de octubre de 2015, fecha de la más reciente asamblea general de esta empresa, se le otorgó un poder especial para resolver pleitos y cobranzas y realizar operaciones de crédito, entre otras, de acuerdo con el acta de esa reunión.

Sin embargo, en su declaración patrimonial del año 2015, Velasco Alvear indicó que la totalidad de sus ingresos provenían de su cargo público. No mencionó que seguía como propietario del 17.33% de las acciones del Grupo Industrial Toluca.

El 31 de mayo de 2016, ocho días después de que la alianza Méxicoleaks llamara a la oficina de ProMéxico en Los Ángeles por primera vez, Velasco Alvear presentó su renuncia, de acuerdo con un documento de ese organismo emitido en respuesta a la solicitud de información 1011000007816.

De acuerdo con el acta constitutiva del Grupo Industrial Toluca, forman parte de su consejo de administración los hermanos Salvador, Ernesto y Sergio Velasco Sánchez.

El acta constitutiva de Grupo Industrial Toluca.


El acta constitutiva de Grupo Industrial Toluca.
Sergio Velasco Sánchez es padre de Fernando Velasco Alvear, quien nació el 2 de julio de 1970 en Toluca, según su acta de nacimiento; mientras que reportes de la prensa local afirman que Ernesto Velasco Sánchez es padre de José Luís y María del Rosario Velasco Lino. Señalan que los Velasco Lino son primos de Erwin Lino Zárate, secretario particular de Peña Nieto.

José Luís Velasco Lino es una importante figura en la élite del Estado de México: entre 2005 y 2009 presidió la sección mexiquense de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) –su padre, Ernesto Velasco Sánchez, fue fundador de la institución patronal–, y del 2009 al 2012 fue diputado federal por el PRI en el distrito 34, ubicado en Toluca.

En 2009, María del Rosario Velasco Lino renunció a 20 años de militancia en el PAN y se afilió al PRI, para sumarse a las campañas de María Elena Barrera Tapia –aspirante a la alcaldía de Toluca—y de su hermano José Luis.

José Luís Velasco Lino. Foto: Cámara de Diputados

“Embarrados”

El nombramiento de Velasco Alvear no sólo embarró a la Secretaría de Economía, sino también a la Cancillería –entonces a cargo de José Antonio Meade Kuribreña–, la cual lo incorporó como “personal asimilado” al Servicio Exterior Mexicano, según el oficio número UDE-4205/2016 de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En noviembre de 2014 inició el trámite para darlo de alta ante el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Agradeceré a usted realizar las gestiones pertinentes ante el gobierno de (Estados Unidos), a fin de proceder a la acreditación de Fernando Velasco Alvear, con el rango de Técnico Administrativo C en esta representación consular a su digno cargo”, solicitó Francisco Javier Díaz Corzas, entonces director general del Servicio Exterior y de Recursos Humanos (DGSERH) de la cancillería, en un correo electrónico que envió al consulado de México en Los Ángeles y a la embajada de México en Estados Unidos.

El trámite para dar de alta a Velasco. 


El trámite para dar de alta a Velasco.
Este correo, que fue filtrado a través de Méxicoleaks, llegó a las máximas instancias de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En copia aparecen la subsecretaría para América del Norte, la Oficialía Mayor y la oficina de la secretaria particular de Meade, entre otros.

Ese mismo día el consulado solicitó a su sección administrativa atender el “alta de acreditación de personal asimilado al fideicomiso ProMéxico”, via el oficio DSE-DG07884.

Carlos Sada Solana, embajador de México en EU. Foto: Octavio Gómez

Carlos Sada Solana, embajador de México en EU. Foto: Octavio Gómez
El actual embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada Solana, era entonces el cónsul de México en Los Ángeles, en cuyo inmueble se encuentran las oficinas de ProMéxico.

Se envió un cuestionario a la oficina del embajador y su vocero, Ricardo Alday, aseveró que Velasco Alvear nunca fue registrado ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues “nunca fue presentado en el consulado”; y atribuyó a ProMéxico la responsabilidad del nombramiento.

“El embajador no fue notificado personalmente (del nombramiento de Velasco Alvear). Las notificaciones de personal asimilado las turna la Secretaria de Relaciones Exteriores al consulado, previa petición de la dependencia en cuestión, en este caso, ProMéxico, y toca al titular de dicha dependencia en Los Ángeles oficializar y en su caso presentar al personal a su cargo, lo que en este caso no ocurrió”, sostuvo Alday.

“El señor Velasco Alvear nunca fue presentado en el consulado durante la gestión del embajador Sada, y tampoco se presentó con la administración del consulado para poder proceder a ser dado de alta, como corresponde, ante el Departamento de Estado”, abundó. Y añadió que por ello “no había razón para preguntarse si estaba o no presentándose a trabajar. Esa responsabilidad recae en la dependencia a la que representa (ProMexico) y en su caso, al titular de la misma en la adscripción respectiva”.

El pasado jueves 8, la alianza Méxicoleaks se comunicó con Fernando Velasco Alvear a través de la red social Facebook para que diera su versión sobre su desempeño en ProMéxico. No respondió.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE Y HOMERO CAMPA
LINK: http://www.proceso.com.mx/454732/viene-la-elite-mexiquense-cobra-millones-del-erario-aviador

jueves, 8 de septiembre de 2016

12 claves sobre la investigación de la ONU a empresas y los derechos laborales en México

El pasado 4 de septiembre, la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla recibió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos para exponerles la situación que han vivido por más de ocho años, en los que han denunciado que les quieren imponer una autopista que partirá la comunidad en dos, a base de violaciones a sus derechos humanos y el quebrantamiento de órdenes judiciales que han ordenado la suspensión de la obra.

Pero no fue la única comunidad a la que escucharon. La visita de la agrupación a la comunidad indígena formó parte una agenda que duró del 29 de agosto al 7 de septiembre, en la que se reunieron con organizaciones de la sociedad civil, representantes de los tres niveles de gobierno y empresas, para discutir las repercusiones que tiene la labor empresarial en materia de derechos humanos.
1. ¿Qué es el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas?

Esta agrupación fue establecida en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011 y está conformado por cinco expertos independientes, que provienen de diferentes partes del mundo. La labor del Grupo de Trabajo se centra en promover que empresas de diferentes ámbitos se comprometan a respetar los derechos humanos, al momento de llevar a cabo sus labores. Y lo hacen a partir de tres principios rectores, que tienen que ver con lo siguiente:

1. El Estado, quien es el responsable de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos.
2. Las empresas, que deben cumplir las leyes hechas por el Estado y respetar los derechos humanos.
3.Los afectados, quienes deben tener acceso a mecanismos de reparación.


A México llegaron dos integrantes: Pavel Sulyandziga, un defensor de derechos humanos de origen ruso, quien actualmente se desempeña como presidente del Grupo de Trabajo, y el chileno Dante Pesce, quien tiene una larga trayectoria de trabajo con organizaciones civiles en su país y a nivel internacional.

2. ¿A qué vinieron a México?

De acuerdo con el informe de resultados preliminares, presentado el 7 de septiembre en conferencia de prensa, el Grupo de Trabajo vino a México por invitación del gobierno mexicano a “identificar iniciativas, oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores de las Naciones unidas sobre empresas y derechos humanos en México”.

3. ¿Con quiénes se reunieron en México?

De manera oficial, ésta fue la primera visita del Grupo de Trabajo a México. En ella, visitaron los estados de Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, donde se reunieron con miembros de diferentes organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. También sostuvieron encuentros con los tres niveles de gobierno y miembros de secretarías como Relaciones Exteriores, Gobernación, Recursos Naturales, Economía. Por último, conversaron con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como de las comisiones de derechos humanos de los estados a los que visitaron, miembros del Congreso de la Unión y empresas como Grupo Bimbo, Grupo México, Cemex, Pemex y la CFE.

4. ¿Con quiénes no se reunieron?

En la conferencia de prensa del 7 de septiembre, donde se dieron a conocer los resultados preliminares de la visita del Grupo de Trabajo a México, los representantes de dicha organización dieron a conocer que, de todas las empresas que aparecen mencionadas en el informe, la única con la que no pudieron reunirse fue con Grupo Higa, la constructora que desarrolla la Autopista Toluca-Naucalpan a la que se oponen los habitantes San Francisco Xochicuautla, pues no respondió a su solicitud que fue enviada vía correo electrónico.

Dante Pesce, representante de la agrupación también señaló que también con respecto al caso Xochicuautla, no pudieron reunirse con autoridades del Estado de México, aunque no especificó las razones. Sin embargo, sí entregaron un cuestionario, cuyas respuestas esperan agregar al reporte final de su visita a México, que presentarán en junio de 2017.

5. ¿Qué contiene su informe? El panorama en México

El informe que presentaron los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos contiene un resumen breve del panorama en México sobre la materia y reflexiona acerca del contexto adverso en materia de derechos humanos al que se enfrenta el país. Pavel Sulyandziga señaló que, en su opinión, en el país existe una crisis en la materia.

“Organizaciones internacionales y nacionales y mecanismos de derechos humanos han puesto de manifiesto los graves problemas de derechos humanos que enfrenta México. Niveles críticos de violencia, inseguridad, e impunidad contrastan con importantes desarrollos legislativos y políticas públicas promovidas por el gobierno”.

En opinión de la agrupación, los representantes de gobierno y empresas con los que se reunieron han aceptado que existe una sensación de intolerancia ante los proyectos a gran escala.

“Nos quedó claro que las principales preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a la empresa están relacionadas con un ejercicio inadecuado de debida diligencia por parte del gobierno y las empresas en el diseño e implementación de proyectos a gran escala. Se trata principalmente protecto en los sectores de minería, energía, construcción y turismo, que afectan a menudo a las comunidades indígenas”, se lee en el documento.

El informe preliminar contiene casos representativos que ilustran la problemática de la relación entre empresas y derechos humanos. Esos caso son: la Autopista Toluca-Naucalpan, el parque eólico en Oaxaca, la contaminación en los ríos Sonora y Santiago (ubicado en el estado de Jalisco) y el despido de Carmen Aristegui por dar a conocer una investigación periodística.

Todos los casos han sufrido el impacto del sector empresarial. “Hay prácticas que realizan empresas, como la industrialización, que hace años eran bien vistas y ahora no lo son. No todos los proyectos que revisamos van a ser viables. Hay casos que el riesgo supera los beneficios”, comentó Dante Pesce del Grupo de Trabajo.

Además, el documento comparte información sobre la situación de los derechos laborales en México, para personas con discapacidad, población infantil, sindicatos, jornaleros y la discriminación de género en el lugar de trabajo. “La situación precaria de los trabajadores contratados temporalmente, falta de acceso a la seguridad social, salarios bajos y un salario mínimo que actualmente no es suficiente para permitir a trabajadores mantenerse a ellos mismos y sus familias”, señala el informe.

Por último, el reporte hace un breve resumen sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México, el trabajo de la CNDH y las comisiones de derechos humanos estatales y los procesos legales a los que en ocasiones tienen que recurrir las comunidades afectadas por proyectos de gran impacto.

6. Caso Xochicuautla

Desde 2007, cuando Enrique Peña Nieto aún gobernaba la entidad, se impulsa la edificación de la Autopista Toluca-Naucalpan. Se trata de una carretera que se construye dentro de una vasta área natural, que es protegida por el gobierno mexicano desde el 8 de enero de 1980, bajo el nombre de Parque Estatal Otomí-Mexica. Los habitantes de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla denuncian que la autopista les está siendo impuesta y ha estado marcada por una serie de irregularidades que no sólo han atropellado sus derechos fundamentales como pueblo indígena, sino que son contrarias a lo que establece la legislación mexicana.

7. Caso parque eólico de Oaxaca

El Grupo de Trabajo se reunió con las partes involucradas en la ampliación del parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, al que se oponen las comunidades indígenas de la zona. Ellos denuncian que, aunque se llevó una consulta para determinar el destino de la obra, ésta fue amañada pues se hizo en un momento en el que ya estaban los molinos de viento en la región sobre la cual se pretendió consultar. En contraste, el informe menciona que, al reunirse con representantes de las autoridades de Oaxaca, les expresaron su frustración por la “cuestión indígena” había hecho que el proyecto se retrasara este proyecto energético.

8. Caso Río Sonora

En Sonora, el Grupo de Trabajo revisó la situación en el Río Sonora, donde ocurrió el vertido tóxico a causa de una minera de cobre, propiedad de Grupo México. Ahí se reunieron con representantes del gobierno, la empresa y las personas afectadas para escuchar las tres versiones de la historia. El informe menciona la preocupaciones que existen en la comunidad, emanadas de las indemnizaciones que habrían de recibir por el daño, pues consideran que son arbitrarias.

También señala que existe un descontento pues, de las 28 plantas de tratamiento de agua que la compañía se había comprometido a construir, solamente hay una terminada y no funciona debidamente.

Por último, el documento narra que, aunque las personas afectadas consideran que no han sido debidamente informadas, representantes de Grupo México señalaron que era papel del Gobierno de la República proporcionar dicha información debidamente.

9. Caso Río Santiago, Jalisco

El Grupo de Trabajo también revisó el caso del Río Santiago, ubicado en Jalisco, del que dijeron es considerado el más contaminado en México, pues recibe descargas de más de 300 industrias, que se localizan en uno de los corredores más importantes del país. El informe de la agrupación menciona que un representante de una de las empresas dijo reconocer los altos niveles de contaminación, aunque señaló que la organización a la que pertenece cumplió con las regulaciones que existían.

“Las autoridades estatales eran muy conscientes del problema, pero subrayaron que se trataba de una cuestión federal y que se llevaron a cabo repetidos esfuerzos para establecer un grupo de trabajo con las autoridades federales que permitiera discutir un plan para la rehabilitación del Río Santiago. También subrayaron que es competencia de las autoridades federales y municipales supervisar el cumplimiento de las normas ambientales”, se deja leer en el informe.

10. Caso Carmen Aristegui y defensores de derechos humanos

Por último, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas dio a conocer el 7 de septiembre que, durante su visita a México, también se reunieron con la periodista Carmen Aristegui, quien en 2015 fue despedida de la empresa en la que trabajaba por una investigación periodística, según argumenta la propia comunicadora.

“Justamente ella realizó una investigación y nadie ha dicho nada en contra de la investigación. Nadie ha desmentido la investigación. Compartió y su caso y debo decir que aquí existe una grave violación de los derechos humanos por parte de la empresa que la despidió”, señaló Pavel Sulyandziga.

11. Conclusiones del informe preliminar

El informe del Grupo de Trabajo de la ONU contiene una serie de conclusiones con respecto a su visita a México, aunque advierten que hay mucho por hacer para mejorar esta crisis de derechos humanos. “Estamos contentos de ver que hay un compromiso por parte del gobierno mexicana para avanzar en la agenda de derechos humanos y empresas. Sin embargo, se requiere de mayores esfuerzos para cambiar políticas públicas, prácticas, pero también mentalidades para comentar una cultura de transparencia, integridad, comportamiento ético y valores democráticos”, concluye el reporte.

12. Recomendaciones al gobierno de México y cuándo las conoceremos

El informe presentado este 7 de septiembre es apenas un trabajo con resultados preliminares. Los representantes del Grupo de Trabajo dieron a conocer que les tomará entre tres y cuatro meses armar el reporte final, que será presentado en junio de 2017, en Ginebra, Suiza, cuando se lleve a cabo la 35 sesión del Consejo de derechos humanos de la ONU.

Sin embargo, antes de que se presente el informe en Suiza, el Grupo de Trabajo dará a conocer las recomendaciones que da al gobierno mexicano, luego de su visita a territorio nacional. Sin embargo, recordaron que éstas no tienen obligatoriedad. Es decir, que los gobiernos que invitan a la agrupación no están obligadas a acoger dichos consejos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: FRANCESC MESSEGUER
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/informe-onu-empresas-derechos-humanos-mexico/

viernes, 2 de septiembre de 2016

Grupo de la ONU recaba información sobre posibles abusos de empresas en Oaxaca

Un Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos comenzó su visita oficial a México, recabando información en Oaxaca, en el sur del país.

Fernanda Hopenhaym, del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), indicó en entrevista que el Grupo de la ONU tuvo el pasado jueves 2 de septiembre reuniones con autoridades locales, y también con ciudadanos, para obtener su testimonio sobre posibles abusos de empresas.
En específico las de la industria eólica, el sector de hidrocarburos y la minería.

El objetivo del Grupo, conformado por cinco personas, es hacerse de información, también entrevistándose con empresarios, para culminar su labor con un reporte.

Hopenhaym mencionó que los integrantes del Grupo no darán comentarios preliminares sobre avances en su investigación, y que su siguiente punto de trabajo es Guadalajara, Jalisco, este viernes 2 de septiembre.

Después se trasladarán a Sonora.

El mandato del Grupo de la ONU es impulsar y monitorear que los países y las empresas cumplan con el respeto a los derechos humanos, y que para ciudadanos afectados haya justicia y reparación del daño.

El pasado domingo 28 de agosto, más de 100 organizaciones ciudadanas dieron a conocer un reporte sobre los abusos más comunes de empresas en México, mismo que entregarían al Grupo de la ONU, para que puedan considerarlo en sus conclusiones.

Entre los abusos que señalaron, al documentar más de 60 casos, están la intimidación y la violación de derecho a la tierra.

Respecto a los sectores donde se detectaron los abusos: en minería y cementeras se dieron 11 casos; en el de hidrocarburos 9; producción de energía mediante hidroeléctricas y parques eólicos y abusos relacionados con los consumidores, 8 casos.

Construcción de infraestructura, 9 casos; agroindustria y forestal, 6 casos; maquilas y corredores industriales, 4 casos, y otros sectores, 8 casos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/grupo-la-onu-recaba-informacion-posibles-abusos-empresas-oaxaca/

miércoles, 24 de agosto de 2016

Cárteles han lavado 2 billones de pesos en este sexenio

En este sexenio, los cárteles han lavado unos 2 billones de pesos; en el sistema financiero, Hacienda ha descubierto más de 155 mil millones sucios y PGR ha asegurado sólo 1.3 mil millones. Aunque el dinero sucio corrompe e incentiva al crimen organizado, el tema está fuera de la Agenda Nacional de Riesgos

Los cárteles mexicanos habrían lavado de 382 mil 200 millones a 2 billones 484 mil 300 millones de pesos producto del tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos, entre enero de 2013 y junio de 2016, se desprende de las estimaciones hechas por el Departamento del Tesoro de ese país.

En ese mismo periodo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, UIF– denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) 312 presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero, por 155 mil 664 millones de pesos, revela a Contralínea por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Las más de 300 denuncias que presentó la UIF entre enero de 2013 y junio de 2016 son por casos confirmados de blanqueo de capitales, derivados del análisis exhaustivo a los reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes que generan los sujetos obligados por las leyes antilavado.

De acuerdo con el documento Estadísticas de recepción y denuncias, entre 2013 y 2015, la Unidad recibió 98 mil 296 reportes de operaciones inusuales, 18.6 millones de operaciones relevantes y 534 de operaciones preocupantes.

De lo anterior se desprende que el sector financiero –conformado principalmente por la banca privada, y en menor medida por las casas de cambio, casas de bolsa y demás instituciones financieras y de factoraje– podría estar lavando al narcotráfico entre el 50 por ciento (si el monto blanqueado ascendiera a 382 mil millones de pesos) y el 7 por ciento (si la cifra lavada superara los 2 billones) de sus ganancias ilícitas.

En el 2015 National drug threat assessment summary, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) señala que los narcotraficantes mexicanos siguen explotando el sector bancario para esconder el origen ilícito de sus ganancias por venta de drogas.

 “Los lavadores de dinero a menudo abren cuentas bancarias con nombres o negocios fraudulentos y realizan depósitos de estructura para evitar los requisitos de información. Los cárteles contratan individuos para depositar el dinero en efectivo producto de la droga, en numerosas cuentas bancarias de todo el mundo y en cantidades inferiores a 10 mil dólares”, advierte la DEA.

Aunado a lo anterior, el Departamento de Estado del país vecino señala –en su 2016 International narcotics control strategy report– que “las ganancias del tráfico ilícito de drogas que salen de Estados Unidos son la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano”.

Pese a lo anterior, en lo que va de este gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, ningún banco o institución financiera ha enfrentado la justicia por este delito. Algo que tampoco ocurrió en el gobierno panista de Felipe Calderón, quien inició la supuesta “guerra” contra el crimen organizado, particularmente contra el tráfico de drogas ilegales.

Lavado multimillonario

En su informe 2015 National money laundering risk assessment, el Departamento del Tesoro indica que “el negocio del tráfico de drogas genera alrededor de 64 mil millones de dólares en efectivo cada año [monto que equivale a 1 billón 164 mil 800 millones de pesos] sólo por ventas en Estados Unidos”.

México, destaca el reporte, “es la principal fuente de abastecimiento para algunas drogas ilegales y un punto de tránsito para el resto”. Agrega que, aunque no existen cálculos fiables de cuánto ganan las organizaciones del narcotráfico mexicanas, se estima que sus ingresos ilícitos anuales oscilan entre los 6 mil millones y los 39 mil millones de dólares (esto es, entre 109 mil 200 millones y 709 mil 800 millones de pesos al año, a un tipo de cambio de 18.20 pesos por dólar).

El informe señala, además, que la actividad criminal asociada a estos grupos no sólo se limita al tráfico de drogas, sino que incluye el tráfico de indocumentados, la extorsión, el fraude financiero, el juego ilegal, el secuestro, la usura, la prostitución y el propio lavado de dinero. Algunos grupos, detalla, se involucran en delitos de cuello blanco y mezclan sus actividades ilegales con empresas legítimas.

Y es que resulta que no sólo se lavan fondos del narcotráfico, sino también de delitos como la corrupción, la evasión de impuestos, el tráfico de influencias, las violaciones de los derechos de propiedad intelectual (piratería) y el tráfico de armas de fuego, entre otros, refiere el 2016 International narcotics control strategy report.

Para el negocio criminal, los recursos lavados son fundamentales. El dinero es el que les permite operar y expandirse: con éste corrompen autoridades, reclutan a sus “trabajadores”, compran la mercancía, transportan sus cargamentos, adquieren sus casas de seguridad y su armamento de alto calibre, etcétera.

No obstante, la Agenda Nacional de Riesgos para los años 2013, 2014 y 2015 no considera al blanqueo de capitales como una de las 10 amenazas máximas a la seguridad nacional, revelan los documentos a los que Contralínea tuvo acceso. Ello, incluso, a pesar de que la violencia provocada por el crimen organizado es el principal riesgo.

Por esta razón, quizá, el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita tampoco es prioritario en la estrategia del gobierno federal contra las drogas y el crimen organizado.


Lavado, impune

El delito tipificado como operaciones con recursos de procedencia ilícita se encuentra prácticamente en la impunidad. Mientras los cárteles habrían lavado hasta 2.4 billones de pesos entre enero de 2013 y junio de 2016, la PGR apenas decomisó 1 mil 358 millones 624 mil 733 pesos en el mismo periodo, refiere la institución por medio de la Ley General de Transparencia.

El monto de los aseguramientos se integra de la siguiente forma: 65 millones 61 mil 122 dólares (que equivalen a 1 mil 184 millones 112 mil 420 pesos), 168 millones 344 mil 548 pesos, y 338 mil 145 euros (6 millones 167 mil 764 pesos, a un tipo de cambio de 18.24 pesos por euro). Según los datos oficiales, el dinero sucio incluye decomisos en efectivo, en cuentas bancarias y en casas de cambio y bolsa.

Sobre el tema de los decomisos de dinero sucio, el Departamento de Estado estadunidense critica al gobierno mexicano en su reporte de 2016, al advertir que durante 2013-2014 la cantidad de dinero lavado incautado en México ascendió a sólo 13 millones de dólares, cuando México y Estados Unidos estiman que la cantidad de dinero blanqueado anualmente es de decenas de miles de millones de dólares.

No obstante que el informe cita como fuente a la PGR, las autoridades mexicanas mantienen sus cálculos respecto de los montos lavados por el crimen en secreto y en el documento tampoco se revelan.

Respecto de las averiguaciones previas por este ilícito, la PGR informa que en 2013 se iniciaron 473, pero se consignaron únicamente 94; en 2014 se abrieron 422 y se consignaron 96; y en 2015 se iniciaron 425 y sólo se consignaron 69.

El doctor en ciencias políticas y sociales Carlos Antonio Flores Pérez –autor de los libros El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática e Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas– opina que los aspectos cruciales de la red social que integra a la delincuencia organizada, en sus distintas expresiones, no están siendo atacados.

En entrevista, el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social señala que no se han desmontado las empresas criminales a partir de una estrategia integral de lucha contra sus activos patrimoniales y sus finanzas.

Agrega que los grandes actores que brindan protección a los criminales desde las instituciones, a través del manejo de recursos públicos, tampoco están siendo procesados. La estrategia del gobierno contra el crimen organizado, señala, se ha focalizado en los sectores más operativos, en los involucrados directamente en la comisión activa del delito.

Métodos para lavar dinero

La repatriación de las ganancias de los cárteles del narcotráfico –que posteriormente son lavadas– se da lo mismo por transporte a granel que por el sistema financiero, refiere la DEA en el 2015 National drug threat assessment summary.

A lo largo de California, detalla como ejemplo, las ganancias ilícitas se transportan a México principalmente como moneda a granel a través de vehículos particulares y camiones remolque.

Según la DEA, los criminales mexicanos siguen empleando a “mensajeros” que transportan el dinero en sus maletas y cuerpos. Para evitar el escrutinio de las autoridades, éstos cruzan a pie la frontera deliberadamente durante las horas y en los lugares con largas esperas.

Al viajar a Estados Unidos, esos “mensajeros” llenan un formulario de declaración en el que suelen inflar la suma de efectivo que llevan y, con ello, legitimar el origen de los fondos adicionales disponibles en Estados Unidos, al depositarlos en cuentas bancarias, indica la Agencia Antidrogas.

Además, identifica un mercado negro de cambio como método popular para lavado de dinero. “Los cárteles mexicanos comenzaron a usar este método a lo largo de la frontera Suroeste y su uso ha crecido en respuesta a las normativas anti-lavado de dinero de México”.

Otros métodos para blanquear capitales a los que recurren los criminales son: el uso de los transmisores de dinero y la compra de bienes raíces y empresas (éste consiste en depositar las ganancias ilícitas en un banco nacional o extranjero, formar una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, para comprar la propiedad; la compra de inmuebles bajo una LLC puede ocultar la identidad del propietario real o la persona que controla la propiedad).

Según la DEA, también la industria del casino ha servido para lavar dinero del narcotráfico. Al respecto, observa que “la explotación de los casinos para el lavado de dinero ha aumentado a medida que las empresas de Estados Unidos se han expandido a nivel internacional, con sucursales en China, Filipinas y América Latina”.

Este tipo de empresas, explica en su informe, suelen permitir que los fondos se depositen en uno de sus casinos y luego sean utilizados o retirados como las ganancias en otro casino. Por ello, señala, los lavadores de dinero explotan este sistema mediante la colocación del dinero sucio en un casino en Estados Unidos y luego lo retiran en una sucursal de su rama internacional”.

El verdadero combate al lavado

Para desmontar una organización criminal de estas dimensiones no basta encarcelar a la base operativa, porque ésa es la parte que siempre se recicla con mayor facilidad, opina el doctor Carlos Antonio Flores, investigador del Ciesas.

Señala que un país como México –donde los criterios legítimos de ascenso social se han fracturado, donde una buena parte de la población tiene una condición de ira social contenida al mismo tiempo que tiene una expectativa de logro material que no puede alcanzar por otras vías– genera un terreno muy fértil para la reproducción de este tipo de actores operativos.

 “Los esfuerzos del Estado mexicano para brindar mejores condiciones  sociales a su población están disgregados. Por ello seguimos teniendo esquemas excluyentes que generan poblaciones cada vez más depauperadas, a generaciones nuevas sin esperanza que, al mismo tiempo, están sobrecargadas de una concepción individualista-consumista que se promueve por medios de comunicación masivos, lo que genera una ecuación muy complicada.”

Para el doctor Flores, “el problema es que esta política ha sido apoyada por actores hegemónicos internacionales a los que tampoco parece que les interesa mucho el bienestar ciudadano, sobre todo con este tipo de sangrías que ocurren más allá de sus fronteras”.

Y aunque la estrategia actual no tiene futuro en términos de bienestar para la mayor parte de los mexicanos, paradójicamente, hay sectores que han tenido bonanza a la luz de este tipo de políticas, observa.

Por ello, advierte, la estrategia continuará en estos mismos términos “mientras siga siendo favorable para determinados intereses, como los de la industria de armamento, de seguridad, que con esto logran una bonanza muy positiva y que están interesados en mantener esquemas similares”.

FUENTE: CONTRALÍNEA
AUTOR: NANCY FLORES
LINK: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/08/24/carteles-han-lavado-2-billones-de-pesos-en-este-sexenio/