Videgaray con Lozoya a la cárcel: Peña y Murillo a juicio político

La nación, como sociedad y pueblo, con su gobierno y su Estado, están atrapados en otro de sus peores momentos de larga duración, porque nuevamente su vida política, económica y social lleva, en los últimos 60 años (1964-2016), conducida por élites en los cargos públicos sin la menor perspectiva histórica. Han sido, sobre todo, rateros inmersos en la cada vez mayor corrupción, hasta endeudar a los mexicanos con instancias extranjeras, que Luis Videgaray Caso ha rematado billonariamente en dólares, lo que lo hace candidato a la cárcel de por vida tras el trámite acusatorio ante los tribunales.

Con él, Emilio Lozoya Austin, impulsor de la privatización de Pemex simultánea a su quiebra, empresa que dirigió de 2012 al 2016, permitiendo traficar a una serie de negociantes que encabezó la constructora brasileña Odebretch, en un listado de saqueos que enumera Mario Maldonado en su columna con el título “Emilio Lozoya: fantasmas en el clóset” (El Universal, 27 de diciembre de 2016).

Duarte pide licencia para “defenderse”… y a nosotros quién, dicen víctimas

Durante esta semana, Javier Duarte pidió licencia para separarse de su cargo como Gobernador de Veracruz, tras acusaciones de desvío de recursos públicos y corrupción, y en medio de una ola de violencia contra jóvenes de la entidad y el reclamo de familias y organizaciones ciudadanas.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Cuarenta y ocho días antes de entregar la gubernatura, Javier Duarte presentó un escrito ante el Congreso de Veracruz para separarse de su cargo y enfrentar, dijo él, las acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos que pesan en su contra. En Veracruz y a nivel nacional también, familias y organizaciones civiles exigen no sólo castigo para el ex mandatario local como para sus colaboradores, que cerraron los ojos ante la crisis de violencia, homicidios, secuestros y desaparecidos que vive la entidad.

Además, otra mujer fue víctima de feminicidio en Puebla: con ella, suman 68 casos durante este año. También el huracán Matthew Llegó a Estados Unidos en donde siguió cobrando víctimas.

A 48 días de finalizar su gestión, Javier Duarte de Ochoa solicitó licencia para dejar su cargo el miércoles 12 de octubre. Esto, aseguró, es para atender las denuncias que han sido presentadas en su contra por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. Duarte aseguró que nadie le pidió que dejara el cargo, dijo que fue “una decisión personal” y negó que su administración haya incurrido en actos ilícitos.

Sin embargo, para miles de veracruzanos la salida de Javier Duarte del Gobierno local no significa nada. Él no gobernaba la entidad desde hace tiempo, lo hacía una red operadores que aún gozan de libertad, poder e impunidad y que están enquistados como un “tumor” en la administración pública, coincidieron activistas que lideran organizaciones de búsqueda de desaparecidos en la entidad.

“Duarte era el idiota útil, pero la continuidad sigue ahí. La estructura perversa de violadores de derechos humanos, de gente coludida con el crimen organizado. Toda esa estructura, sigue intacta”, afirmó Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito.

*Información de Sin Embargo, a través de Alejandra Padilla

Diputados atenderán en “riguroso orden” casos de juicio político

Ciudad de México. En su primera reunión de trabajo, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados definió el procedimiento para atender las 352 solicitudes de juicio político presentadas.

El PRD alertó sobre el riesgo de que el PRI agote los tiempos para que expiren las denuncias, porque la mayoría de los señalados pertenecen a ese instituto político.

“Tenemos que hacer las cosas con sensatez, para que esto no sea un espacio de jaloneo político”, después de que el tricolor plantea que la revisión de las solicitudes “se haga en orden cronológico y eso desde luego sería controlar la impunidad, porque cuando revisemos el (caso) más cercano, habrá prescrito seguramente”, explicó el diputado Rafael Hernández Soriano, integrante de la subcomisión.

Las denuncias de juicio político se realizarán en dos etapas. En la primera, serán estudiadas y resueltas “por riguroso orden” las correspondientes a las legislaturas LIX, LX, LXI (que abarcan de 2003 a 2012), y en una segunda etapa, una vez agotada la anterior, las LXII y LXIII (2012-2018).

“La subcomisión procurará que las denuncias notoriamente improcedentes se resuelvan en un mismo acto, atendiendo a los principios de economía y celeridad procesal”, establece el acuerdo.

La Junta Directiva podrá acordar cuantas reuniones considere necesarias para el correcto desahogo de las etapas citadas. La subcomisión contará con 30 días hábiles, contados a partir de que se apruebe el orden del día, para el análisis de las denuncias inscritas.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ALMA E. MUÑOS, JOSÉ A. RÓMAN.

LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/06/diputados-atenderan-en-201criguroso-orden201d-solicitudes-de-juicio-politico

Senado de Brasil inicia juicio a Rousseff

Brasilia. El Senado de Brasil inició este jueves la última etapa del juicio político contra Dilma Rousseff, que según todos los pronósticos, acabará con la presidenta fuera del gobierno.

En ese caso el mandato de Rousseff será completado hasta 2018 por Michel Temer, su ex vicepresidente devenido en archienemigo, y que gobierna la mayor economía latinoamericana desde mayo, cuando la mandataria de 68 años fue suspendida. "Declaro abierto las sesiones", dijo el presidente de la Corte suprema de justicia, Ricardo Lewandowski, que encabeza el proceso. Los senadores se transforman en jueces y deben dejar de lado posiciones ideológicas, partidarias y personales, añadió.

Los expertos coinciden en que sólo un milagro podría devolver al poder a la ex guerrillera, acusada de maquillar las cuentas públicas.

Los sondeos indican una tendencia prácticamente irreversible en favor de la destitución, que requiere de una mayoría especial de 54 votos (dos tercios) de los 81 senadores. La votación final, en la que se definirá si se le impugna o no el mandato, se prevé a comienzos de la semana próxima. "A lo largo de los más de 100 días de este proceso los senadores ya se formaron una opinión y no creo que haya ningún cambio en relación a la votación. Mi previsión es que habrá entre 59 y 61 votos a favor del Impeachment", dijo el senador Raimundo Lira, uno de los que presidió la comisión que lanzó este proceso.

El juicio se inicia con testimonios de testigos de la defensa y la acusación de la presidenta. El lunes será la propia Rousseff la que tomará la posta de la defensa.

Un inesperado final

La destitución de Dilma es también un inesperado final de gobierno para el emblemático Partido de los Trabajadores (PT), la gigantesca fuerza de izquierda de Lula y de Dilma que asumió las riendas del poder hace 13 años.

Con los Juegos Olímpicos que se celebraron en agosto recién finalizados, los brasileños pudieron distraerse unos días de la recesión galopante y un creciente desempleo (más de 11 millones de personas).

El gigante sudamericano, que hace sólo unos años estaba destinado a ser líder indiscutido de América del Sur, convalece además en medio de un masivo escándalo de corrupción que pone en aprietos a casi toda su clase política, tanto de izquierda como de derecha.

En el Senado, donde se decide el futuro de la mandataria, más de la mitad de los 81 senadores están señalados o investigados por causas de corrupción.

En caso de ser sentenciada, Rousseff quedará inhabilitada para ocupar cargos públicos por ocho años. Si es absuelta, esta economista de carácter estoico y que militó en una guerrilla marxista durante la dictadura (1964-1985), recuperará su gobierno.

"Golpe de estado"

La mandataria insiste en que es "inocente" y denuncia ser víctima de un "golpe de estado" orquestado por Temer, del PMDB, quien fue su compañero de fórmula en 2014 para ganar la elección. Rousseff recibió un país con el legado de una economía pujante que le dejó su padrino político, aupada por programas sociales como el Bolsa Familia reconocidos internacionalmente.

En los primeros años de gloria del PT, el país fue elegido para celebrar el Mundial de Futbol (2014) y Olímpicos, los primeros en celebrarse en Sudamérica.

Pero ese boom económico que fue motor de crecimiento para la región comenzó a hacer agua durante el primer gobierno de la ex guerrillera. Y hoy ya es historia.

El descontento social creció, las movilizaciones al son de "¡Fora Dilma!” se multiplicaron y la popularidad de la presidenta cayó en picada. Rousseff no logró dar el golpe de timón que el país requería para retomar el buen rumbo de la economía.

La tormenta perfecta estalló con las revelaciones de masivos escándalos de corrupción. El mayor y más sonado fue la gigantesca trama de desvío de dinero en la estatal Petrobras que le costó más de 2 mil millones de dólares a la petrolera. Las acusaciones golpearon de lleno al PT y llegaron hasta el propio Lula (2003-2010).

Aislada, la presidenta vivió una suerte de destierro en el Palacio de Alvorada, la residencia oficial.

El cese temporal en mayo de Dilma Rousseff en el gobierno mejoró levemente la confianza en el gigante sudamericano, bajo el gobierno interino de Temer.

Pero los retos de Temer aún son gigantescos. Con el desempleo en niveles récord, la inflación rozando los dos dígitos y un enorme déficit fiscal, la economía brasileña se contraería otro 3.27 por ciento este año, según el último reporte del Banco Central.

Muchos analistas advierten además que Temer no tiene la legitimidad que dan las urnas. Y muchos brasileños lo han puesto en la misma bolsa que Rousseff.

"Ella es una ladrona, pero el también, otro ladrón. Aquí en este país no hay nada, ni educación, ni seguridad ni nada", se quejó Rogelio Mancu, un taxista de Rio de Janeiro, de 45 años.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: AGENCIA AFP
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/25/senado-de-brasil-inicia-juicio-sobre-rousseff

Congreso de Veracruz analiza el juicio político contra Duarte

La Comisión Permanente del Congreso de Veracruz turnó la solicitud de juicio político contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales. El recurso fue presentado por el grupo legislativo del PAN el pasado 3 de marzo.

Legisladores denunciaron al político priísta por por los actos y omisiones que han afectado los intereses públicos fundamentales del pueblo de Veracruz y piden que se sancione la simulación de reintegros por más de 4 mil 700 millones de pesos y por la mala administración de 35 mil 400 millones de pesos, que le ha documentado la Auditoría Superior de la Federación.

También pretenden que se le finquen responsabilidades por las violaciones a la Constitución por el desproporcionado incremento de la deuda pública estatal y la opacidad en la recaudación y el manejo de impuestos estatales.

Francisco Portilla Bonilla, secretario general del Congreso local, señaló que las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales tienen como plazo tres días hábiles (el próximo miércoles) para definir si es procedente la demanda contra el gobernador. Vamos a esperar.

El funcionario relativizó el tema debido a que Veracruz se encuentra en un proceso electoral y todo esto podría ser un asunto mediático, buscando afectar la imagen de las personas para poder avanzar políticamente.

Octavia Ortega Arteaga, presidenta de la mesa directiva, dijo que la denuncia no tiene sustento y advirtió que no se puede estar señalando al Ejecutivo sólo por lo que se dice, sino que debe haber hechos y pruebas de ello.

En la Cámara de Diputados, en San Lázaro, los grupos parlamentarios del PRD y Morena observaron con escepticismo el proceso de juicio político, porque la mayoría de los legisladores locales se encuentran cooptados por Javier Duarte de Ochoa.

Ambos partidos interpretaron la determinación del Congreso local como un acto mediático, que buaca desviar la atención del tema principal, referente al procedimiento que se ha iniciado contra Duarte en el Congreso federal.


Va a ser muy interesante porque en el Congreso local la mayoría la tiene completamente controlada el gobernador, pasan los absurdos más grandes en Veracruz ante un Congreso sometido, ante un Congreso controlado por el propio gobierno del Estado. Entonces va a ser muy interesante, pues en la mayoría de las ocasiones el PAN y el PRI votan juntos en Veracruz, destacó Rocío Nahle, coordinadora de la bancada de Morena.

–¿Podría ser sólo un asunto mediático, una simulación?

–Esperemos que no, pero va a depender también de la actuación de los diputados del PAN que siempre salen en comparsa con el PRI. Hay que checar nada más cómo votan los diputados del PAN y siempre a favor a Duarte, todo. Ahora a ver si no es por cuestión electoral, si no es mediático.

–¿Qué posibilidades hay de que sólo los priístas impidan el proceso de juicio político contra Duarte?

–Sí, entre el PRI y el Verde tienen una mayoría en el Congreso estatal, efectivamente ellos dos, el PAN y el PRD no tienen mayoría calificada, entonces no va a pasar nada, vamos a ver también a los diputados del PRI y del Verde, pero en Veracruz está muy fácil, ahí en todo el sexenio de Duarte, PRI, PAN y Partido Verde y el PRD siempre votan a favor de Duarte.

Por su parte, Rafael Hernández acusó al PRI de hacer uso faccioso y electorero del proceso. En el caso de Duarte de Ochoa pone cualquier pretexto para que no se integre la subcomisión de Examen Previo en la Cámara de Diputados a fin de evitar su juicio político por las múltiples y graves irregularidades en su gestión, incluidas violaciones a derechos humanos y malversación de miles de millones de pesos en una entidad donde la pobreza se ha incrementado.

Es claro que el PRI y sus aliados no tienen interés alguno en combatir la corrupción y la sistemática violación de derechos humanos, sino en ganar tiempo y evitar que el desprestigio de Duarte de Ochoa mengüe aún más la de por sí raquítica intensión de voto a su favor en esa entidad, donde se elegirá nuevo gobernador en junio próximo.

Fuente: La Jornada

Autores: Eirinet Gómez y Roberto Garduño

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/19/estados/027n1est

Los invitados al complot contra el GIEI

Un coronel colombiano, Alfonso Plazas Vega, sentenciado por la desaparición forzada de civiles en la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, en 1995, y absuelto recientemente por inconsistencias en el juicio. Una ex fiscal de Guatemala, Gilda Aguilar, destituida por fabricar cargos contra 10 campesinos opositores a la construcción de una hidroeléctrica que los despojaría de sus tierras en el norteño Huehuetenango. Un empresario estadunidense, Steve Hecht, radicado hace 40 años en Guatemala y vinculado a la Liga ProPatria, agrupación de ultraderecha que aglutina a viejos militares y paramilitares partícipes de las campañas de exterminio durante la guerra.

En meses recientes, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que dirige el abogado José Antonio Ortega Sánchez, que ahora se ha lanzado en ‘‘cruzada’’ en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), invitó a México a estos tres personajes.

Ortega Sánchez organizó un tourpor radioemisoras y universidades privadas a estos tres personajes con el fin de desacreditar a los investigadores del GIEI para el caso Iguala, en particular a Ángela Buitrago y Claudia Paz.

Esas voces se sumaron a la batería de declaraciones, columnas y pronunciamientos de sectores ultraconservadores que exigen ‘‘la salida ya, en este momento’’ de los coadyuvantes en la investigación sobre los 43, cuyas primeras conclusiones desbarataron la versión oficial y la intención de la Procuraduría General de la República de cerrar el caso anticipadamente.

El coronel Plazas Vega, quien fue defendido antes y después de su proceso por el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, llegó a decir que venía a ‘‘advertir a los mexicanos’’ sobre la verdadera intención de la ex fiscal que lo consignó (Buitrago): ‘‘Viene a intentar acusar a los militares mexicanos de los crímenes de Ayotzinapa’’.

Con un guión similar, la ex funcionaria guatemalteca Gilda Aguilar atacó a su antigua jefa, Claudia Paz. Aguilar afirmó que la criminalista, doctora honoris causa de la Universidad Georgetown y catedrática invitada del Instituto de Mujeres por la Paz y la Seguridad, ‘‘siempre dio trato preferencial a la guerrilla’’ y buscó perjudicar a la institución castrense.

En estas tres participaciones hay un sesgo ideológico común: todos proceden de las viejas estructuras anticomunistas y tienen estrechas ligas con los cuerpos represivos del ejército y el paramilitarismo.

También muestran un mensaje de fondo común: sembrar la idea de que las dos fiscales –por ende el grupo– tienen un sesgo antimilitarista. Su llamado de atención se enfoca en uno de los pendientes sin resolver: pedir información crucial para el esclarecimiento del caso Iguala por parte de los militares del 27 batallón de infantería que estuvieron presentes y activos en al menos tres escenarios la noche del 26-27 de septiembre de 2014.

En torno al coronel Plazas Vega vuelven a coincidir el mexicano Ortega Sánchez, representante legal de varios políticos a quienes se liga con El Yunque, y el ex presidente Uribe. En 2008, Ortega se reunió con el ex presidente. ‘‘Usted, al bombardear Sucumbíos (en Ecuador) tenía toda la razón’’, lo elogió. En esa operación de la fuerza aérea colombiana murieron cuatro jóvenes mexicanos que pernoctaban en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una sobreviviente, Lucía Morett, tiene aún una demandada por terrorismo interpuesta por Ortega.


Uribe y Ortega tienen ahora otra causa común: desacreditar a la abogada colombiana Ángela Buitrago. La animadversión del ex presidente Uribe contra la penalista viene de hace una década, cuando ella, como fiscal del caso Palacio de Justicia, determinó la responsabilidad de varios militares en la desaparición forzada de una docena de civiles que no murieron dentro de la sede de la suprema corte, en plena plaza central de Bogotá, hace 20 años, sino fueron capturados, trasladados a una escuela de caballería del ejército en el norte de la ciudad (dirigida por Plazas), torturados, asesinados y desaparecidos. Nunca antes un fiscal había tocado a la cúpula militar, y menos en un caso tan emblemático e histórico como ese, que permaneció encajonado 20 años... hasta que llegó Ángela Buitrago.

La nueva fiscal encontró un expediente de apenas ocho tomos, casi vacío. Ningún mando policiaco o militar había sido investigado. Decenas de pruebas claves fueron extraviadas, entre ellas unas cintas grabadas por un radioaficionado sobre las radiocomunicaciones de los mandos militares la noche de la cruenta ‘‘retoma’’ del palacio (más de 100 muertos).

Ahí se escucha al coronel Plazas dialogar con el ministro de Defensa, general Manuel Vega (su suegro), recibiendo órdenes de proceder a la desaparición de una de las capturadas. Plazas, con una sentencia de 30 años, fue absuelto en diciembre del año pasado, no por desistimiento del cargo de desaparición forzada, sino porque la corte resolvió que ‘‘no había convicción de prueba’’ suficiente.

Sobre la Liga Pro Patria, en Guatemala, cuando la ex fiscal general (cargo equivalente a la de procurador en México) Claudia Paz abrió los candados para llevar a tribunales las decenas de causas relacionadas con la justicia transicional, entre ellas casos de masacres y genocidio, se abrió no una, sino muchas cajas de Pandora. Sobre todo cuando una juez, Yasmín Barrios, se atrevió a sentar frente a sus víctimas al ex dictador Efraín Ríos Montt y a sentenciarlo por genocidio.

Militares retirados que participaron en la contrainsurgencia, viejos políticos vinculados con los escuadrones de la muerte y empresarios de la oligarquía que financiaron esas operaciones emprendieron una intensa campaña utilizando todos los medios, incluso la amenaza de muerte, para negar el genocidio y atacar a la fiscal y a la juez que rasgaron por primera vez la cómoda impunidad que los cubrió por décadas.

Así fue como se reactivó una vieja formación de extrema derecha, la Liga Pro Patria, a la que pertenece Steve Hecht, otro de los invitados de Ortega Sánchez, que dio cobijo a la fiscal de Barillas Gilda Aguilar, cuando fue sancionada por fabricar cargos contra 10 campesinos. El fundador de Pro Patria, José Luis González Dubón, fue abogado de la Asociación Primavera, organización criminal que en los 80 y 90 gestionó centenares de adopciones ilegales (miles de niños fueron robados) y que fue desmantelada en 2003.

Parte de las presiones que impidieron que Paz y Paz concluyera su periodo constitucional al frente de la fiscalía general salieron, precisamente, de esta agrupación. Hoy día, su fundador, González Dubón, es candidato del presidente Jimmy Morales para llegar a la corte de constitucionalidad como ministro.

Fuente: La Jornada

Autora: Blanche Petrich

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/22/politica/004n2pol

Forman comisión para juicio contra ex funcionarios en BCS

La Paz, BCS. El Congreso local integró una comisión especial encabezada por el diputado panista Rodolfo David Osuna para llevar a cabo el juicio político en contra de los ex regidores y ex funcionarios de la pasada administración municipal que aprobaron en forma "ilegal" el cambio de uso de suelo al proyecto minero Los Cardones, el cual pretende la extracción de oro a cielo abierto en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna.

El diputado del Partido Acción Nacional, Alfredo Zamora, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso de Baja California Sur, explicó que el ayuntamiento de La Paz presentó la solicitud de juicio político en contra de 11 ex regidores, el ex síndico municipal y 2 ex funcionarios, entre ellos el ex alcalde Francisco Monroy Sánchez, por lo que en unos días más la comisión especial los citará para que comparezcan y expliquen su participación en el cambio de uso de suelo que es "ilegal" porque fue aprobado sin tomar en cuenta la opinión técnica del órgano municipal encargado de hacerlo, expresó.

Dijo que la comisión que encabeza su compañero de bancada cuenta con un año para el desahogo del juicio político y la emisión de un dictamen que será sometido al pleno para su aprobación, y en su caso se habrán de fincar las responsabilidades correspondientes a los ex servidores públicos por autorizar un trámite a favor del proyecto Los Cardones, promovido por Desarrollos Zapal, del grupo Invecture, del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Aclaró que el juicio político no es sumario, por lo que cada uno de los ex servidores públicos señalados por el ayuntamiento local -que preside el panista Armando Martínez Vega- tendrá que responder por su participación en la autorización del cambio de uso de suelo de los predios donde se pretende llevar a cabo el proyecto para la extracción de oro a cielo abierto, los cuales se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, catalogada por los científicos como una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable de los municipios de La Paz y Los Cabos.

"Si alguno de los ex funcionarios no es sujeto de juicio político porque no lo contempla la ley, eso no quiere decir que el juicio no proceda para los demás, se trata de un procedimiento en contra de cada uno de los que tomaron la decisión de autorizar el cambio de uso de suelo de forma ilegal", precisó.

Mencionó que la ex alcaldesa de La Paz, la priista Esthela Ponce Beltrán, quien dejó el cargo que asumió Francisco Monroy al final de la pasada administración municipal, no se encuentra dentro de los ex funcionarios que serán juzgados por el hecho mencionado.

No obstante, expresó que están a la espera de la auditoría que lleva a cabo el actual ayuntamiento para en caso de comprobar irregularidades proceder en contra de los presuntos responsables con denuncias penales o civiles.

El ayuntamiento panista que preside Armando Martínez Vega desconoció el cambio de uso de suelo autorizado por el cabildo anterior bajo el argumento de que se llevó a cabo al margen del procedimiento administrativo correspondiente.

Fuente: La Jornada

Autor: Raymundo León

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/18/integran-comision-para-juicio-contra-ex-funcionarios-en-bcs-8291.html