Los partidos de oposición presentaron dos acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de Amparo y la Ley de Amnistía, al considerar que violan los derechos humanos de los y las mexicanas.

Una vez que las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) impugnaron estas modificaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Una juez federal rechazó frenar por tiempo indefinido la aplicación de la reforma a la Ley de Amparo que prohíbe a los juzgadores conceder suspensiones para frenar la entrada en vigor de leyes emitidas por el Congreso de la Unión.

Un juez federal admitió a trámite el primer amparo contra la reforma a la Ley de Amparo que prohíbe a los juzgadores conceder suspensiones para frenar la entrada en vigor de leyes emitidas por el Congreso de la Unión.

La juez Primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México , Minerva Herlinda Mendoza Cruz, dio entrada a la demanda del abogado Luis Miguel Cano López quien afirmó que la reforma afecta su derecho al amparo, es decir, el derecho a recibir protección judicial para salvaguardar los derechos humanos que la población considere que se están violando.

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la reforma a la Ley de Amparo con la que se prohíbe a los jueces frenar provisionalmente la entrada en vigor de reformas o leyes de aplicación general.

La reforma entrará en vigor a partir de este sábado, por lo que esto también implica que a partir de ese día comenzarán a contar los 30 días hábiles previstos en la legislación para que dicha modificación sea impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante acción de inconstitucionalidad.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), del 14 de junio de 2024, el Decreto por el que se reformaron los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales, que impediría que jueces concedieran suspensiones contra leyes generales, incluso si eran inconstitucionales o representaban un riesgo para los derechos.

“Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO”, indicó la publicación del DOF.

Las reformas a la Ley de Amparo “son un evidente retroceso para hacer realidad la justicia climática, el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales”, así como aumentan “el riesgo y la exposición que las personas defensoras experimentan ya en territorios”, denunciaron organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.

En un comunicado, en el que las organizaciones y colectivos condenaron la reciente aprobación de las reformas, explicaron que una de sus consecuencias es la eliminación de los efectos generales de la suspensión contra normas generales cuya constitucionalidad se impugne durante el juicio de amparo, lo que implica que la suspensión sólo será efectiva para la persona u organización que acudió al juicio, “dejando al resto de la comunidad y defensores desprotegidos”.

Cuando el cuento de la Ley no le favorece, con la ayuda de su bancada en el Poder Legislativo y sus aliados políticos, reforma las leyes a conveniencia. Pensando en que siempre gobernará él, o alguien de Morena, López Obrador acomoda las leyes para beneficio del Gobierno de México.

Alberto Gelacio Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró, el 25 de abril de 2024, que el juicio de amparo estaba amenazado por la intolerancia contenida en lo avalado por ambas cámaras del Congreso de la Unión, del dictamen con proyecto de decreto, por el que se reformaron los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103, y 107 de la Constitución Política.

La Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados (ANADE) afirmó que la reforma, recién aprobada por el Congreso de la Unión, a la Ley de Amparo que limita los efectos de las suspensiones, tiene motivos políticos debido a que se fundamentó en resoluciones que no fueron dictadas en juicios de amparo.

Ayer, previo a que la Cámara de Diputados aprobara la reforma, la ANADE dio a conocer el análisis que realizó sobre las violaciones que detectó de dicha modificación.

La reforma a la Ley de Amparo, que impedirá a jueces suspender de manera provisional normas, obras públicas o algún acto de autoridad contra los ciudadanos, avanza en el Congreso. Este martes, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma con 19 votos a favor y 14 en contra.

El dictamen se enviará al Pleno para su discusión y votación sin hacerle ningún cambio.

El Senado aprobó los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales en términos del dictamen, con lo que se impedirá a jueces suspender normas y obras públicas.

El proyecto de decreto quedó aprobado en lo general y en lo particular. 

Magistrados y jueces federales advirtieron que la iniciativa de reforma aprobada ayer por el Senado de la República que limita la concesión de suspensiones de amparo con efectos generales, puede afectar especialmente a grupos vulnerables.

A través de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), señalaron que la iniciativa de reforma vulnera el derecho de acceso a la justicia y de no discriminación pues, de convertirse en una realidad, se daría un trato desigual a quienes sin acudir al amparo se ven afectados por una ley que posteriormente puede resultar contraria a la Constitución.

La legisladora federal de Morena, Reyna Ascencio Ortega, pasante de derecho con experiencia en litigio privado y un breve paso por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de ley para evitar que en los juicios de amparo se concedan suspensiones contrarias al “interés social” que representan las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Además, propone que tampoco proceda la suspensión en juicios de amparo cuando se impugnen las leyes de austeridad republicana que impiden a cualquier servidor público gozar de salarios más altos que el que recibe el presidente de la República, reformas legales que han sido impugnadas con éxito por los órganos autónomos, como el Banco de México (Banxico), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Federal de Competencia (Cofece)

En medio de la inconformidad del presidente Andrés Manuel López Obrador por la suspensión temporal de la aplicación de su reforma eléctrica, Morena presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la ley de amparo.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria de este miércoles, propone modificar el artículo 129 de la Ley de Amparo para que los jueces no puedan otorgar suspensiones en contra de leyes o resoluciones que busquen “fomentar la operación y funcionamiento de Empresas Productivas del Estado”.