Los partidos de oposición presentaron dos acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de Amparo y la Ley de Amnistía, al considerar que violan los derechos humanos de los y las mexicanas.

Una vez que las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) impugnaron estas modificaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Una juez federal rechazó frenar por tiempo indefinido la aplicación de la reforma a la Ley de Amparo que prohíbe a los juzgadores conceder suspensiones para frenar la entrada en vigor de leyes emitidas por el Congreso de la Unión.

Un juez federal admitió a trámite el primer amparo contra la reforma a la Ley de Amparo que prohíbe a los juzgadores conceder suspensiones para frenar la entrada en vigor de leyes emitidas por el Congreso de la Unión.

La juez Primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México , Minerva Herlinda Mendoza Cruz, dio entrada a la demanda del abogado Luis Miguel Cano López quien afirmó que la reforma afecta su derecho al amparo, es decir, el derecho a recibir protección judicial para salvaguardar los derechos humanos que la población considere que se están violando.

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la reforma a la Ley de Amparo con la que se prohíbe a los jueces frenar provisionalmente la entrada en vigor de reformas o leyes de aplicación general.

La reforma entrará en vigor a partir de este sábado, por lo que esto también implica que a partir de ese día comenzarán a contar los 30 días hábiles previstos en la legislación para que dicha modificación sea impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante acción de inconstitucionalidad.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), del 14 de junio de 2024, el Decreto por el que se reformaron los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales, que impediría que jueces concedieran suspensiones contra leyes generales, incluso si eran inconstitucionales o representaban un riesgo para los derechos.

“Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO”, indicó la publicación del DOF.

Las reformas a la Ley de Amparo “son un evidente retroceso para hacer realidad la justicia climática, el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales”, así como aumentan “el riesgo y la exposición que las personas defensoras experimentan ya en territorios”, denunciaron organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.

En un comunicado, en el que las organizaciones y colectivos condenaron la reciente aprobación de las reformas, explicaron que una de sus consecuencias es la eliminación de los efectos generales de la suspensión contra normas generales cuya constitucionalidad se impugne durante el juicio de amparo, lo que implica que la suspensión sólo será efectiva para la persona u organización que acudió al juicio, “dejando al resto de la comunidad y defensores desprotegidos”.

Cuando el cuento de la Ley no le favorece, con la ayuda de su bancada en el Poder Legislativo y sus aliados políticos, reforma las leyes a conveniencia. Pensando en que siempre gobernará él, o alguien de Morena, López Obrador acomoda las leyes para beneficio del Gobierno de México.

Alberto Gelacio Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró, el 25 de abril de 2024, que el juicio de amparo estaba amenazado por la intolerancia contenida en lo avalado por ambas cámaras del Congreso de la Unión, del dictamen con proyecto de decreto, por el que se reformaron los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103, y 107 de la Constitución Política.