Urgido por la presión social ante la crisis humanitaria que evidenció la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, responde con un catálogo legislativo como si con eso se fuera a “mejorar” el estado de derecho y la seguridad en el país.
Cuando más se necesita que se desmonten las estructuras políticas, económicas y sociales que sostienen a la delincuencia y que han permitido que sea ésta la que determine los niveles de violencia en el país, la receta del gobierno federal es hacer más leyes.
No basta con la existencia de las normas y que éstas sean legítimas; es decir, sancionadas por el Congreso. Se necesita que estén legitimadas. Una norma se legitima cuando es obedecida por los ciudadanos y aplicada por la autoridad. De nada valen más leyes si los primeros en no aplicarlas son los gobernantes.
Quitarles el control de la policía a los presidentes municipales para dárselo a los gobernadores no resuelve nada. Muchos municipios del país que tienen apenas un puñado de policías agradecerán que les quiten esa responsabilidad ahora establecida en los artículos 21 y 115 constitucional.
Las reformas constitucionales anunciadas por Peña Nieto no harán ninguna diferencia entre un presidente municipal coludido con la delincuencia y un gobernador o jefe de policía estatal que puedan tener las mismas ligas.
Suponer que un mando único policial en manos de los gobernadores garantizará más seguridad es un engaño. Son incontables los casos de policías estatales que hace lustros forman parte de las estructuras delictivas.
Darles a los gobernadores el control único de las policías es abonar a sus feudos y a sus presupuestos. Si algo caracteriza a los mandatarios estatales del país es su profundo sentido antidemocrático y su lejanía del estado de derecho.
Erigidos en verdaderos señores feudales, simulan la democracia, compran cuanto haya que comprar con tal de anular los contrapesos, se adueñan de los entes “autónomos”, promueven a jueces y magistrados, reducen al Congreso a meros testigos o comparsas. Son los primeros en anular el estado de derecho.
No es la única simulación de Peña Nieto. Con el pretexto de que la delincuencia organizada es una tarea federal, muchos gobiernos han cedido el control de sus policías al Ejército o a la Marina. Desde los años noventa, soldados y marinos vestidos de civil han sido designados jefes de la policía estatal o municipal, sin que tampoco hayan marcado ninguna diferencia.
Con la modalidad ahora de “fuerzas civiles” estatales con control castrense, además de los militares como secretarios de Seguridad Pública, el mando único policial sólo reforzará la tendencia hacia la centralización de la seguridad, como lo ha perfilado Peña Nieto desde que asumió el gobierno al desaparecer la Secretaría de Seguridad de los panistas y transferir sus funciones policiales a Gobernación.
Con su decálogo normativo para “mejorar” el estado de derecho, en materia policial Peña Nieto termina por declararse heredero del mando único que no pudo echar a andar Felipe Calderón y a la par reivindica a Genaro García Luna, el promotor del control policial centralizado que tanto ambicionó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
