Durante su participación en la 27 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), México se comprometió a eliminar la quema de petróleo y gas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el enviado Presidencial Especial de los Estados Unidos, John Kerry, afirmaron los esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados.

El Presidente López Obrador sobrevoló Quintana Roo y al ver el inmenso territorio devastado hace cuarenta años por las empresas constructoras de Cancún (ICA), señaló que los anteriores gobernantes sí devastaron el ecosistema. Efectivamente, Cancún fue un paraíso inventado en los años setenta por el populista Luis Echeverría y un puñado de empresarios y banqueros. Desde 1902 Quintana Roo fue una región marcada por la invasión militar, la ocupación territorial, la inmigración, la guerra de castas, el racismo y la colonización por empresarios, mercenarios y filibusteros. En algún momento se le conoció como “la Siberia mexicana” por ser reducto presidiario de huelguistas, rebeldes zapatistas y maderistas. Este territorio federal ha sido botín de políticos y empresarios sin ética.

La minera trasnacional Peña Colorada solicitó autorización en materia ambiental para desarrollar su proyecto denominado “Ampliación centro industrial Paticajo”, que consiste en la construcción y operación de un depósito de residuos o jales secos, en conjunto con obras asociadas, que afectarían una superficie de 439.57 hectáreas de bosque de encino y selva baja caducifolia.

Aunque la empresa reconoce que “el proyecto generará una serie de impactos ambientales de naturaleza negativa, de los cuales, los de mayor relevancia son: la pérdida de cobertura vegetal, pérdida del hábitat y modificación del patrón hidrológico”, asegura que ningún impacto ambiental comprometerá la continuidad de los procesos naturales.

El milenario lago de Cuitzeo, considerado el segundo más grande de México y ubicado en el occidental estado de Michoacán, podría estar a punto de extinguirse ante la falta de lluvias, la grave deforestación y la contaminación sanitaria por aguas residuales que vierten al menos 15 poblaciones urbanas y rurales cercanas.

Académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), pescadores y activistas han lanzado en la plataforma de Change.org una petición para que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador atienda al lago de Cuitzeo con una restauración ecológica y recuperación económica. La solicitud acumula casi 32 mil firmas ciudadanas.

El gobierno de Guanajuato presentó una denuncia por presuntos delitos ambientales ante la Fiscalía General de la República, debido a las emisiones contaminantes causadas por el uso de combustóleo en la Central Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Salamanca.

La denuncia expone que la contaminación atmosférica generada por la emisión de contaminantes de la termoeléctrica de la CFE ha afectado a pobladores de Salamanca e Irapuato, que son superiores a los límites máximos de dióxido de azufre (SO2) establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-0022-SSA1-2019.

El programa federal Sembrando Vida provocó la pérdida de cobertura forestal en 72 mil 830 hectáreas de 22 municipios del país en 2019, lo que indica que operó contrario a los lineamientos que establecen la no deforestación en las zonas donde se implementa la estrategia, señaló el informe “Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019”, del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el informe, los estados más afectados por la deforestación de Sembrando Vida fueron Chiapas, con 22 mil 424 hectáreas; Tabasco, con 13 mil 390; y Veracruz, con 13 mil 121 hectáreas. Además, las afectaciones se registraron en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad, como Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) publicó el análisis comparativo “¿Hacia dónde van los apoyos al sector forestal en la nueva administración?” entre 2018, último año de la administración de Peña Nieto, y el actual gobierno y así “aportar elementos para entender hacia dónde se está orientando la política forestal a partir del cambio de administración en la federación”.

El estudio muestra que los recursos del programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable disminuyeron 40% que pasó de 2 mil 149 millones de pesos en 2018 a mil 308 millones en 2020. Ello implica la redistribución de los recursos para concentrarlos en los componentes más relevantes.

La crisis ambiental que vive México desde hace años, y que se refleja en el avance de la deforestación o la pérdida de biodiversidad, no fue un tema que se atendiera en 2020. Científicos y activistas coinciden en que durante este año se confirmó que existe un desdén, desde el gobierno, hacia la agenda ambiental.

En diciembre de 2018, cuando comenzó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador —llamada por él mismo como la “Cuarta transformación”—, en el ámbito científico ya se planteaba que existía una crisis ambiental en México y que era necesario trazar una ruta para revertir esta situación.

De los 100 compromisos de gobierno que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al tomar el cargo, apenas tres tienen relación directa con el medio ambiente y ninguno se está cumpliendo.

Los recortes de recursos a instituciones ambientales en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, la inacción del gobierno ante la desaparición de especies y la pesca ilegal, así como el freno a la inversión de energías limpias y la preferencia por combustibles fósiles son algunos de los grandes rezagos que expertos y ambientalistas destacan en la política de la actual administración.