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Violencia y miedos sociales: un desalentador balance



La reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi nos muestra resultados que conjugan nuestra crítica situación de violencia y miedos sociales junto con la carga de un futuro de expectativas negativas que, si se mantienen, configuran un escenario trágico para los mexicanos.

El foco del ejercicio de percepción y de información de experiencia social relacionada con la violencia y/o la conflictividad a la que estamos expuestos, se concentra en las 51 ciudades más importantes del país (cobertura de la encuesta). Sus resultados, sin embargo, se pueden extrapolar de un modo general al país considerando la concentración poblacional y la representatividad del ejercicio demoscópico. El balance es desalentador, por mucho que se pretenda verlo con el optimismo tecnocrático del Inegi, un poco a tono del gobierno federal, que en diversas partes de su anuncio de la Ensu señala disminuciones en la percepción de la inseguridad en varias ciudades del país.

Inseguridad, al alza

Un primer dato que se destaca de observar los números de la Ensu es la elevada percepción de inseguridad en la población ciudadana del país: siempre muy por arriba de la mitad desde que se empezaron a realizar estas mediciones en 2013 (14 desde entonces) que van de 68 al actual 74.1% de diciembre pasado. En los años de gobierno de Enrique Peña Nieto no hemos dejado de sentirnos inseguros, e incluso aumenta en la sociedad dicha percepción.

Con la lente particular de la percepción por ciudad y comparando la encuesta del tercer trimestre de 2016, los datos no son menos alentadores. Del universo de las 51 ciudades que comprende la Ensu, sólo nueve tienen cifras de percepción menores a 50%. De hecho, como destaca la nota del Inegi, algunas de estas ciudades (Durango, Puerto Vallarta, Tepic, Saltillo y Mérida) muestran tendencia al alza en dicha percepción, como si se tratara de alcanzar el promedio nacional que, de suyo, es elevado en forma alarmante.

Las variaciones a la baja que muestran 21 ciudades, en realidad, salvo en siete casos (donde destacan La Paz, Chihuahua, Juárez o Neza, cuyas cifras siguen siendo altas), son de diferencias menores de dos puntos porcentuales, lo que hace irrelevante la disminución.

Un segundo dato importante en el comparativo es el hecho de que 23 de los 32, incluyendo a la Ciudad de México (poco más de las dos terceras partes), muestran una percepción creciente de inseguridad. Si consideramos en términos gruesos esta proporción, podemos hacer coincidir la percepción de inseguridad con el mapa de la violencia que nos muestran los datos de incidencia delictiva que proporciona la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de su secretariado.

Esta apreciación desmiente en buena parte el cliché gubernamental de que la inseguridad del país es una mera cuestión de percepción y de falla en la comunicación de las políticas de prevención y combate al delito. O bien, que la alta criminalidad se concentra en medio centenar de municipios del país.

Futuro cierto: peor

En la línea de tiempo que se traza desde que se inician estas mediciones en cuanto a la expectativa de la “delincuencia” en nuestras ciudades por los próximos 12 meses, los resultados son de una creciente desesperanza: pasan de 60.8% en 2013 a 72.1% en 2016 las respuestas que conjuntan que “seguirá igual” con las de que “empeorará”.

En este punto vale la pena acotar el dato de que el levantamiento de la última encuesta de la que nos da razón el Inegi ocurrió en diciembre pasado, y que es posterior a la elección presidencial de Estados Unidos. Es obvio que este no es un factor definido en el ejercicio pero se puede plantear como hipótesis que el ánimo social que se refleja en la encuesta, suma nuestra endeble expectativa de solucionar la crisis de seguridad con el preámbulo de la era Trump. Este argumento podrá confirmarse cuando se realice, en marzo, el primer ejercicio de la Ensu este año.

Percepción versus conflictividad

Una de las cualidades de la Ensu es la medición de experiencia o exposición ya sea de conductas delictivas o la mera conflictividad derivada de la violencia en el entorno en que vive la población. Esto va de la mera problemática con vecinos o los conflictos en la calle hasta la presencia o conocimiento de la comisión de ciertos delitos. La diferencia es sustantiva porque no se trata de la subjetividad del sentimiento de inseguridad que tienen las personas sino su contacto con la inseguridad en sí. En principio, estas mediciones diferenciadas pueden ser indicativas sobre la naturaleza originaria de nuestros temores: apuntan a la degradación del tejido social o al sometimiento de nuestro entorno a criminalidad exógena.

Por ejemplo, la Ensu de diciembre señala a Fresnillo como una ciudad donde la población tiene una mayor percepción de inseguridad (90.7%), pero que en el apartado de “conflictos y conductas antisociales” aparece con uno de los menores porcentajes de conflictos entre la población (11.4%).

La explicación no es fácil y eso no se desprende de la encuesta. La ausencia o baja tasa de “conflictividad” como la caracteriza el Inegi no está aparejada con menos inseguridad. El análisis de la percepción debe contemplarse con datos de incidencia delictiva y con el señalamiento de su naturaleza. En el caso de Fresnillo puede aventurarse la hipótesis que la percepción de inseguridad se debe a factores ajenos a una dinámica de deterioro de convivencia social o de ausencia (de ahí que no exista conflictividad); el crimen organizado, por ejemplo.


Vivir con miedo

La lectura integral de las mediciones comprende el espacio físico en el que nos sentimos más seguros, donde el transporte público y los cajeros son los sitios con el primer lugar de vulnerabilidad (74.2 y 82%, respectivamente). Llama la atención de la encuesta que, aun en hogares o en la escuela, casi una tercera parte de la población encuestada se siente insegura (29.7 y 28.9%, respectivamente).

La variable sobre “experiencia” o los comportamientos personales respecto de ciertos hábitos nos muestra una compleja y triste degradación de nuestra vida social, familiar y de relación con nuestro entorno: más de la mitad de la población es renuente a caminar de noche cerca de casa (52.3%) o de permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda (57.9%), en tanto que más de la tercera parte es renuente a visitar a parientes o amigos (35.5%). La conclusión es clara, la crisis de inseguridad de estos años ha mutilado los motores de la confianza y la convivencia sociales.

Colofón: confianza institucional en la eficacia… de papel

La Ensu describe una categoría que busca reflejar la confianza ciudadana en las instituciones del sector seguridad. Los resultados pueden ser engañosos porque no queda clara la intención que busca la medición cuando, por ejemplo, los entrevistados no se sabe si distinguen la competencia de cada organismo o nivel.

Las fuerzas armadas (Ejército y Marina), la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, todas ellas instituciones de tipo federal, en promedio tienen altos niveles de consideración de eficacia en su actuación. Los niveles más bajos o reprobatorios apuntan hacia las policías estatales y las municipales.
Niveles de eficacia. Instituciones. Foto: Especial
Niveles de eficacia. Instituciones. Foto: Especial”Muy o algo efectivo”.

Los datos así presentados dan pauta a la manipulación sobre la verdadera percepción de los organismos de seguridad del Estado o bien para orientar cierta predisposición a favorecer a instituciones que no están preparadas a desempeñarse como policías. La opinión favorable, en el caso de las fuerzas armadas y de las policías federales, tiene un componente de ignorancia o de confusión social que no se aclara en la encuesta.

En principio, la calificación ciudadana sobre el desempeño de las instituciones en papel de seguridad pública debe hacerse siempre que haya habido, en el caso de las federales, dicha actuación previa al levantamiento de la encuesta. Este dato no es claro. De ahí que el resultado es sesgado cuando se vierte sobre las policías con las que se tiene conocimiento permanente de su actividad en nuestro entorno, como son las estatales y las municipales.





Fuente: Proceso
Autor: Erubiel Tirado
http://www.proceso.com.mx/471164/violencia-miedos-sociales-desalentador-balance

La lucha por el control político de la policía dispara la violencia en Ciudad Juárez, dicen analistas

En julio pasado, un mes después de la derrota del PRI en los gobiernos del estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez, el entonces Fiscal estatal Jorge González Nicolás anunció la llegada de Rafael Caro Quintero a disputar el narcotráfico a Cártel de Sinaloa y, por este motivo, un futuro recrudecimiento de la violencia en la ciudad fronteriza. La violencia, efectivamente, aumentó conforme se dio el cambio de Gobierno de la entidad, pero en la disputa no apareció Caro Quintero sino el propio González Nicolás, acusado por organizaciones de la sociedad civil de proteger a la delincuencia organizada durante el sexenio del priista César Duarte Jáquez y, desde el pasado 7 de octubre, nuevo jefe de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Juárez.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Había pasado un mes desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había perdido la elección por los gobiernos de Chihuahua y Ciudad Juárez cuando el conteo de homicidios de El Diario registró un drástico repunte: trece en tres días; siete de ellos el sábado 2 de julio; otros cinco el domingo siguiente.

La explicación que dio el abogado Jorge González Nicolás, entonces todavía Fiscal del Gobierno del priísta César Duarte Jáquez, incluyó al capo sinaloense Rafael Caro Quintero, quien estaría, dijo, por arribar a la entidad para disputar el negocio que a la fecha realiza ahí el Cartel de Sinaloa.


“Se ha establecido la posibilidad de una invasión que pudiera tener Chihuahua de uno de los narcotraficantes más conocidos del país, Rafael Caro Quintero”, dijo González Nicolás a los medios de Ciudad Juárez el 5 de julio, de acuerdo con El Diario.

“Tenemos información de que pretende venir para acá a disputar con el Cártel de Sinaloa parte de las acciones que ellos delincuencialmente realizan”, agregó el jefe policiaco.

Una manta colocada en un predio del sur de esa frontera ratificó días después la presunta amenaza y advirtió que empezaba una “limpia”.

“Le doy una semana a González Nicolás y elementos colaboradores para que pidan baja o si no los voy a hacer pedazos”, agregó el mensaje, sostenido a una malla ciclónica con listones color azul y firmado “atentamente (por) Caro Quintero”.

La violencia en esa frontera, efectivamente, se recrudeció entre los últimos meses del Gobierno de César Duarte, cuando los indicadores de la mesa de seguridad registraron un aumento de 38 a 51 casos entre junio y julio, y a 56 en agosto.

El conteo de El Diario sumó otros 55 casos en septiembre y, en la primera mitad de octubre, alrededor de las tomas de posesión del nuevo Gobernador panista Javier Corral Jurado y del nuevo Alcalde “independiente” de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, la violencia alcanzó niveles no vistos en la ciudad desde 2012: 52 asesinatos en 17 días, o un promedio de tres diarios.

El modus de los asesinatos, en lugares públicos –como restaurantes o bares–, delante de testigos o contra jóvenes reunidos en colonias populares, reconstruye también la impunidad de la actuación criminal de los años en los que la ciudad fue una de las más peligrosas de México.

Violencia que escaló mientras entre los dos nuevos gobiernos se generó una abierta disputa por el control de los cuerpos policiacos en el estado; sobre todo los de Ciudad Juárez, históricamente vinculados con el crimen organizado internacional.

En el centro del enfrentamiento no apareció el nombre de Caro Quintero, sino el de Jorge González Nicolás, acusado por organizaciones que apoyaron a Corral de haber desmantelado la vigilancia contra la delincuencia organizada en el estado y, el 6 de octubre pasado, nombrado por Cabada Alvídrez como nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal en Juárez.

En ese contexto, cada Gobierno anunció en los días pasados el aumento de patrullajes armados en las calles de Ciudad Juárez; recorridos que, insistió la administración de Javier Corral, serían al margen de la nueva administración del municipio fronterizo.


“Se trabajará en patrullaje, con el Ejército, pero no se compartirá información con jefes policiacos del Municipio de Juárez, porque no hay confianza con los jefes de la Policía Municipal”, dijo a este diario digital el vocero de la nueva administración estatal, Antonio Pinedo.

“BASTIÓN DE DUARTE”

El priista y ex Gobernador César Duarte Jáquez colocó a una de sus piezas al frente de la seguridad pública en Ciudad Juárez: Jorge González Nicolás, su ex Fiscal. Foto: Cuartoscuro

El nombramiento del ex Fiscal de Duarte Jáquez como nuevo jefe de seguridad en Juárez fue reprobada de inmediato por el nuevo Gobernador Corral Jurado, quien basó su campaña en la oferta de castigar los casos de corrupción de la anterior administración estatal priísta.

Los grupos de la sociedad civil que lo apoyaron, aglutinados como Alianza Ciudadana, demandaron también la remoción del nuevo mando policiaco fronterizo e incluso hubo fracturas en la organización juarense Mesa de Seguridad, donde hay empresarios que apoyan a González Nicolás y activistas que hoy trabajan con Corral.

De acuerdo con Hugo Almada, investigador académico, ex integrante de la Mesa de Seguridad y ahora Subsecretario de Desarrollo Social del nuevo Gobierno estatal, la discrepancia se generó a partir de los diferentes resultados del trabajo de González Nicolás, ya que si bien durante su gestión descendieron los asesinatos en Juárez, no ocurrió lo mismo en otras regiones de Chihuahua, sobre todo en las zonas de la sierra y el noroeste.


“En todo el noroeste del estado su gestión es muy criticada; es acusado incluso de proteger a grupos de la delincuencia organizada; entonces, es polémico en estos momentos y, sin dudar de sus méritos, representa una situación complicada dada la salida del Gobernador Duarte y la estela de corrupción que deja”, dijo Almada en entrevista el pasado viernes 14 de octubre.

Pese a las críticas, González Nicolás fue ratificado por el Cabildo, entre quienes se habría informado que, en un contexto de aumento del trafico de la droga sintética conocida como cristal o metanfetamina, la llegada del funcionario contaba con la aprobación de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal.


“Los nombramientos posteriores confirman la intención de construir en la lastimada frontera un bastión de César Duarte oculto en un alcalde independiente, y nos recuerdan el fatídico slogan ‘el poder es para poder’ que cobijó la corrupción e impunidad del sexenio”, denunció el colectivo Alianza Ciudadana, que apoyó la candidatura del panista Corral.

“Como Fiscal General, González Nicolás desmanteló importantes áreas de la institución, como la red de comunicación del C3, la cual fue financiada con fondos del Plan Mérida, esta estrategia permitía observar el comportamiento de grupos delictivos en todo el estado”, agregó el posicionamiento, difundido el pasado 17 de octubre.

El nuevo fiscal del estado, César Augusto Peniche Espejel –ex delegado en Chihuahua de la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2010 y 2015, con sede en Juárez– atribuyó la violencia creciente a una disputa por el tráfico de cristal que había empezado en abril y que la Fiscalía anterior dejó crecer.

“No se implementaron las estrategias necesarias para contener esa ola de violencia”, dijo Peniche Espejel en Chihuahua el pasado martes 18 de octubre.

La mañana siguiente, los medios reportaron el asesinato de cinco personas del sexo masculino en el interior de una peluquería del suroriente de Juárez; entre ellos, publicó El Diario, Israel Rojas Rosales, de 28 años y custodio del penal estatal.

DE PODER A PODER

La normalidad con la que González Nicolás se refirió en julio a la presencia del crimen organizado en Ciudad Juárez no fue nueva.

Abogado, ex académico y ex titular de la defensoría pública en Ciudad Juárez, a su llegada a la Fiscalía declaraba que su responsabilidad no era contener a los grupos del narcotráfico, inevitables en esa frontera, sino su circulación y operación “aparatosa” en las vías públicas.

“Hoy no los matan en las calles cerrándoles los carros, y de carro a carro, sino que los esperan a que salgan de su casa allá por una colonia afuera y ahí les dan un tiro”, dijo en septiembre de 2014, en entrevista con SinEmbargo.

“Es menos aparatoso (el crimen) porque ellos no tienen la impunidad de la que gozaban antes”, agregó el funcionario entonces.

Felipe Calderón, quien en 2008 inició el despliegue militar en la ciudad presuntamente para combatir al crimen organizado, había declarado desde 2013 que el descenso en la violencia se debía a la su estrategia “holística” que combinaba el envío de tropas, la “reconstrucción” de los cuerpos policiacos locales y el programa de inversión social y participación comunitaria Todos Somos Juárez.

“Mandamos al Ejército y a la Policía Federal a restaurar la Ley y el orden y a proteger a la gente. Esto, junto con otros componentes de la estrategia, ha conducido a la reducción de la violencia y el crimen”, escribió Felipe Calderón en febrero de 2013, en un ensayo publicado por la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard.

González Nicolás, al frente del poder policiaco de Chihuahua, sostenía por su parte que los grupos criminales se mantenían en el estado.

“Seríamos ingenuos en pensar que se van a ir de Ciudad Juárez, de Chihuahua o del país”, dijo a este medio en la entrevista de 2014. “Al cártel como tal, necesitaríamos quitar a EU de donde está [para eliminarlo]. Si nos pudiéramos mover a Malasia, o estuviéramos enfrente de Finlandia, en lugar de frente a Estados Unidos, pues probablemente; pero mientras no, no. Y Chihuahua es frontera”, agregó.

Parte de un Gobierno cuyo titular tomó posesión advirtiendo que “el poder es para poder”, su llegada a la Policía Municipal de Juárez fue considerada por Alianza Ciudadana como una ratificación de esa política “que cobijó la corrupción e impunidad del sexenio”.

“LIGAS CRIMEN-GOBIERNO”

En este contexto de aumento en la violencia, cambios de Gobierno, indicios de vinculación de cuerpos policiacos con el crimen organizado e impunidad, dice el activista Gabino Gómez, incluso una intervención de grupos políticos sobre los asesinatos es una hipótesis.

“Resulta muy sospechoso que, efectivamente, desde el triunfo de Javier Corral aumentan los delitos”, dice Gómez, dirigente de la organización El Barzón e integrante de la Alianza Ciudadana.


“Esto nos muestra la posibilidad de las relaciones y ligas que hay entre algunos ex funcionarios o funcionarios en otros lugares con los grupos criminales, que lo están provocando para generar el conflicto que se está dando, que existe, pero que en mucho ahora pueden estar generado. En los anteriores funcionarios hubo fuertes relaciones con los grupos que hoy lideran esos acuerdos o los fomentan”, agregó Gómez desde la capital del estado.

La falta de investigación policiaca, sin embargo, coincidieron los entrevistados, mantendrá sin esclarecimiento la violencia, como en los últimos años, en los que también se mantuvo el contexto que permite la operación del crimen organizado.

“Se están rotando las sillas, pero no están cambiando la política”, dijo Molly Molloy, analista sobre temas de la frontera en la Universidad Estatal de Nuevo México.


“La situación de violencia se tranquilizó en los últimos dos años, pero el sistema no ha cambiado; el repunte es algo que podríamos esperar porque no han cambiado nada de fondo: la pobreza, la gente trabajando en las maquilas sin poder mantener a sus familias; un sistema en que los jóvenes buscan dinero de otra manera y que en muchos casos es el crimen organizado o el narcomenudeo el que los emplea”, agregó.





Fuente: Sin Embargo
Autora: Sandra Rodríguez Nieto
http://www.sinembargo.mx/22-10-2016/3106652 

Tengo miedo de regresar a México: Kate del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz Kate del Castillo consideró que el gobierno mexicano ha convertido su reunión con Joaquín El Chapo Guzmán y su proyecto de hacer una película sobre la vida del capo en un asunto político que “ya no es normal”.

En la segunda parte de la entrevista que concedió a la periodista Carmen Aristegui en la cadena CNN, transmitida la noche del miércoles pasado, la actriz comentó la persecución en su contra también la atribuye a los distintos comentarios que ha hecho públicamente respecto del gobierno.

Uno de ellos, recordó, el que hizo en noviembre pasado en entrevista con Aristegui, sobre el tema de la Casa Blanca. En aquella ocasión Del Castillo comentó que cuando trabajó en Televisa fue “muy mal pagada” y dijo que el sueldo de Angélica Rivera, gracias al que supuestamente compró la casa en Lomas de Chapultepec, no era “lo estándar” en la empresa.

Reflexionó la actriz:

“Al ver todo lo que está sucediendo y todo lo que pasó en México y cómo me destrozaron, digo: ‘esto es un problema político… esto ya no es normal’, porque no es normal lo que han hecho conmigo, sinceramente.

“Hay algo ahí de trasfondo, que es lo que todavía no entiendo, no sé si es mi comentario de la Casa Blanca, no sé si fue para hacer una gran telenovela, como lo han estado haciendo para tapar los grandes problemas de México. No sé, pero de me agarraron a mí, ahí en medio, y he pagado por todo esto.

“Me pregunto: ¿qué tal si hubiera ido un actor en lugar de una actriz, a ver al Chapo? No hubieran dicho que está enamorado… si hubiera sido un hombre no hubieran dicho lo mismo… ¿Por qué soy la única a la que están investigando? Y a la única que destrozaron”, apuntó.

La protagonista de La Reina del Sur reiteró que tiene miedo del gobierno mexicano porque ha violado su presunción de inocencia.

“Están diciendo que me llaman como testigo. Y yo como testigo sabes que no tengo ningún derecho de nada. Entonces yo puedo ir a México, me van a agarrar, me van a arrestar, me van a llevar, y me pueden poner en arresto domiciliario durante ochenta días, si quieren, y darme los peores ochenta días de mi vida o las 24 horas más nefastas de mi vida, o además me pueden cambiar el estatus”, comentó.

–Estatus de testigo a indiciada—intervino la periodista.
–Exactamente.
–¿Ese es tu temor, que te pasen de testigo a indiciada?-, le preguntó Aristegui.
–Mi temor es ir a México, punto. No quiero ir a México hasta que no se arreglen mis cosas legales, pero con estricto apego a la ley—pidió la actriz quien insistió en que no es culpable de nada y confió en arreglar sus problemas legales. Incluso comentó que presentará evidencia pero no quiso abunda en ello por el momento.
–¿Qué le pides a la Procuraduría General de la República y al gobierno mexicano?—preguntó Aristegui.
–Que investiguen realmente… que ya puedan decir que no tengo nada malo— respondió Kate quien luego admitió que después de todo lo que ha pasado “volvería a decir exactamente lo mismo” sobre que le cree más a El Chapo que al gobierno mexicano.

Y dejó en claro que al líder del Cártel de Sinaloa “ni lo aplaudo ni lo glorifico ni estoy enganchada ni hay ningún tipo de admiración… ni nada amoroso en lo más mínimo. Simplemente mantengo lo que dije en mi tuit”.

En la entrevista la actriz descartó que su visita a Guzmán Loera haya provocado que las autoridades mexicanas lo detuvieran en enero.

“Yo siento que si de verdad fuimos nosotros (quienes provocaron su captura), pues ¿para qué se esperaron tanto tiempo para agarrarlo?, ¿no?… porque nosotros (Ella Sean Pen y los productores argentinos) fuimos el 2 de octubre (2015), y luego a él lo agarraron hasta el día 8 de enero”.

Lo que sí admitió es que su relación de amistad con el capo llegó a un nivel de confianza en el que él descuido su seguridad y provocó que “relajara” sus comunicaciones. “(El Chapo) fue genuino conmigo y sé que él confía en mí y puso hasta su vida en riesgo por mí”, dijo.

La actriz comentó que sí hubo un “mensaje un poco intimidatorio”, presuntamente del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a través de una amiga en común, para que abandonara el proyecto de la película sobre El Chapo.

“Yo me puse a sus órdenes (del secretario) le dije que si necesita hablar conmigo, aquí estoy, ¿no? Yo vivo en Los Ángeles. Pero estoy aquí, me voy tal día y estoy a su disposición… pero no me pueden mandar esos mensajes porque pues yo soy actriz y no hay nada de delito en lo que estoy haciendo”, subrayó.

A pesar de todo, del Castillo afirmó que sigue adelante con su plan de hacer la película ya que El Chapo le cedió los derechos.

Eso sí, adelantó que para el proyecto ya no están contemplados los productores argentinos, de quienes se niega a decir sus nombres pero ya han sido publicados en diversos medios.

“Yo quiero hacer una investigación muy, muy a fondo de todo lo que se vaya a decir en esa película…”, comentó Kate.

–Si la haces a fondo, no le va a gustar al Chapo—intervino Aristegui.
–No, ni al gobierno mexicano ni al americano
–¿Y aun así la piensas hacer?
–Sí—recalcó.


Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/434604/tengo-miedo-regresar-a-mexico-kate-del-castillo