"Nos dijeron que había instrucciones claras de cancelar cualquier relación interinstitucional con el gobierno que encabezo", afirmó José Juan Espinosa.
El Gobierno Federal canceló un convenio en el que se establecía que el Ejército debía vigilar las carreteras de San Pedro Cholula, Puebla, luego de que el presidente municipal José Juan Espinosa, presentó una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior.
“Condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios”, señaló María de Jesús Patricio, Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).
En los últimos dos años, la Sedena reconfiguró sus brigadas y regimientos para crear nueve unidades de Policía Militar, que ahora se encuentran en la primera línea de combate frente a la delincuencia. El año pasado estaban integradas por 2 mil 124 elementos desplegados en cuatro entidades; hoy son más del doble y se expandieron a otras tres, dice una fuente consultada por Proceso. Según el informante, esos nuevos batallones fueron integrados al vapor y pueden cometer errores “mortales”, como el sucedido en junio pasado en Querobabi, Sonora, cuando un oficial murió por ingerir una bebida envenenada durante una revisión de rutina.
Por este caso, denunciado por el padre de una de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 54/2017, dirigida al Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), General Salvador Cienfuegos Zepeda.
Un militar en activo que ostenta el cargo de sargento primero de Infantería, fue detenido acusado de abusar sexualmente de una mujer en la colonia Bellavista de Saltillo, Coahuila.
Al citar fuentes internas de la Sexta Zona Militar, el diario Zócalo de Saltillo informó que sobre el militar hay cargos de agresión sexual por parte de al menos ocho reclutas mujeres.
El detenido se aprovechó de su cargo como jefe de Reclutamiento para cometer la violación en contra de una joven de 27 años que acaba de ingresar a la Sedena y a la cual siguió hasta su domicilio localizado en una vecindad de la colonia Bellavista.
En octubre de 2015 la CNDH emitió la recomendación, pidiendo al secretario de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República, colaborar y sancionar a los participantes en la detención arbitraria, simulación de pruebas y tortura. La información fue negada a pesar de que es la única herramienta para determinar el cumplimiento de la recomendación emitida.
La madrugada del domingo ocurrió el hecho que generó la movilización policíaca en la que se capturó a Gabriel Saavedera Mejia de 21 años de edad, el cual fue entregado por el mismo personal castrense cuando este intentó refugiarse en el cuartel.
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Un grupo delictivo se enfrentó ayer con agentes de la Comisión Estatal de Seguridad y con elementos del Ejército mexicano por cerca de 20 minutos y, de acuerdo con la Fiscalía General Estatal(FGE), los delincuentes huyeron y abandonaron una camioneta.
Según la Fiscalía General del Estado, el enfrentamiento ocurrió en un camino que conduce de Ciudad Madera a la Mina de Dolores, luego de que recibieron denuncias que informaban sobre la presencia de vehículos de civiles armados en el río Sirupa, ubicado a 40 kilómetros de la cabecera municipal.
CIUDAD DE MÉXICO: El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó que un Tribunal ordenó hoy el inicio de un juicio por homicidio agravado contra un soldado acusado de asesinar a un detenido, tras un enfrentamiento que se suscitó durante un operativo contra el robo de combustible en Palmarito, Puebla.
El CJF dio a conocer la resolución emitida el 30 de junio por el Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, la cual revoca el fallo dictado previamente donde se exoneraba al militar.
En su resolución, el Segundo Tribunal Unitario refirió que el 7 de junio el titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del estado de Puebla, Luis Eduardo Jiménez, dictó auto de no vinculación a proceso al imputado, tras considerar que la Fiscalía no aportó indicios suficientes para suponer la intervención del soldado en la comisión de un delito.
Norma Mendoza López fue la primera mujer mexicana certificada por el Protocolo de Estambul, en 2012. Se confirmó que la mujer sufrió tortura en una prisión en Nuevo Laredo, donde fue encerrada después de que el Ejército Mexicano la acusó de un falso delito.
Durante su estancia en el penal padeció en carne propia la maldad de integrantes de Los Zetas, y palpó la complicidad de las autoridades con los cárteles del narcotráfico, además de la ineficiencia y negligencia del gobierno federal para defender a las víctimas del crimen organizado.
Un ataque de presuntos delincuentes a civiles y un posterior enfrentamiento entre éstos con policías, dejó un saldo de 21 muertos y cuatro agentes heridos, entre ellos una mujer, en la sindicatura Villa Unión, en Mazatlán.
De acuerdo con información de Noroeste, las fuerzas de seguridad locales indicaron que a las 21:30 horas de ayer, en el Centro de Villa Unión, un grupo armado que se desplazaba en cuatro camionetas disparó contra dos hombres, los cuales quedaron sin vida en el lugar.
Entre los días 12 y 29 de octubre de 2014, la PGR recibió al menos cinco denuncias anónimas, en las que se identifica a un capitán del Ejército, como parte del grupo que dirige al cártel Guerreros Unidos.
A pesar de que las autoridades mexicanas han negado que exista evidencia de presuntos vínculos entre el Ejército y el grupo delictivo Guerreros Unidos, –al que las autoridades atribuyen el rapto y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene varias denuncias sobre la presencia de un militar en la cúpula que dirige este cártel, que fueron recibidas semanas después del ataque contra los estudiantes en Iguala, Guerrero.
En medio de un pico en la violencia registrada en Cancún, en menos de un mes fueron modificados los mandos en la policía de este destino vacacional: Darwin Puc Acosta, teniente coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, fue nombrado nuevo encargado del despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPT).
El pasado 17 de mayo, Jonathan Young Mendoza, que desde el inicio de la administración del presidente municipal Remberto Estrada fue titular de la SMSPT, fue removido como del cargo, a fin de nombrar al polémico exjefe de la policía de Tijuana y Ciudad Juárez, Julián Leyzaola como asesor operativo, y Alejandro Rodríguez Zepeda como titular de la dependencia, respetivamente.
Octavio Almanza Morales era un líder de Los Zetas y es considerado el autor intelectual del asesinato del ex general Mauro Enrique Tello Quiñones, el teniente Getulio César Román y un civil, muertos a tiros en febrero del 2009 en el suroriental estado de Quintana Roo. Además, se le responsabiliza de haber planeado el asesinato de nueve militares en el norteño estado de Nuevo León, en octubre del 2008.
Un juez sentenció a 60 años de prisión a Octavio Almanza Morales, alias El Gori 4, por ordenar la muerte de once militares en distintos sucesos, informó hoy la Procuraduría General de la República (PGR).
El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, dio una “sentencia condenatoria de 60 años de prisión y 12 mil 750 días multa, en contra de una persona del sexo masculino, integrante de una organización delictiva con presencia en Nuevo León”, indicó un boletín de la Fiscalía General.
El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, dio una “sentencia condenatoria de 60 años de prisión y 12 mil 750 días multa, en contra de una persona del sexo masculino, integrante de una organización delictiva con presencia en Nuevo León”, indicó un boletín de la Fiscalía General.
MONTERREY, NL: Un menor de edad murió baleado la noche del pasado sábado 25, al parecer en un retén de la Secretaría de Marina (Semar) ubicado en el municipio de Sabinas Hidalgo, a cien kilómetros al norte de esta capital.
El procurador general de Justicia, Bernardo González Garza, confirmó esta mañana el incidente registrado en la colonia Francisco Villa, aunque aclaró que no tenía elementos para afirmar que las Fuerzas Armadas estuvieran involucradas.
A propuesta del ministro José Ramón Cossío, la Sala negó el amparo al teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, sentenciado a cinco años de prisión por la desaparición forzada de un civil entre marzo y abril de 2009.
El civil fue sacado de su casa por elementos del Ejército y llevado a la Tercera Compañía No Encuadrada (CINE), que estaba al mando de Juárez Ramírez, en Ojinaga, Chihuahua, unidad militar participante en el Operativo Chihuahua ordenado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general retirado Guillermo Galván, y el expresidente Felipe Calderón.
A través de su defensor, Víctor Alonso Tadeo Solano, el teniente coronel pretendió la protección de la justicia federal con el argumento de que él no participó en la detención de la víctima, quien fue presentada por el Ejército ante el ministerio público un mes después de su detención, acusado de narcotráfico.
En búsqueda del amparo, el litigante le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analizara la constitucionalidad del artículo 215-A del Código Penal Federal, pues argumentó que era necesario haber participado en la detención para ser penalmente responsable.
El artículo señala que comete ese delito “el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.
La defensa sostenía que la palabra “independientemente” contenida en ese artículo era vaga e imprecisa, pero la Corte estableció que el adverbio da claridad respecto a la responsabilidad de los servidores públicos sin importar que hayan participado o no en la detención de la persona.
La Sala determinó que la desaparición forzada constituye una violación múltiple de derechos humanos y que es particularmente grave cuando se acredita que forma parte de un patrón sistemático o práctica o tolerada por el Estado y que el artículo es acorde con los instrumentos internacionales suscritos por México.
El Operativo Chihuahua, realizado por el Ejército entre 2008 y 2009, derivó en graves violaciones a los derechos humanos, atribuidas principalmente al llamado “pelotón de la muerte”.
La Sedena detuvo a 31 elementos de la CINE por esos hechos, pero 13 elementos han sido exonerados por falta de pruebas. Entre los detenidos está el general de brigada Manuel Moreno Aviña, excomandante de la Guarnición Militar de Ojinaga, quien en abril del año pasado fue condenado a 52 años de prisión por tortura, asesinato e inhumación clandestina.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/477382/la-corte-niega-amparo-a-mando-militar-desaparicion-forzada
La señora Lucrecia Pacheco escaló sus denuncias tras sufrir un intento de secuestro en octubre 2014: a través de una queja ante la Presidencia, llegó hasta la Sedena, donde sí investigaron parte de lo ocurrido.
Mientras los dos empleados de Alfredo Castillo no han sido ni llamados a declarar en la PGR, por intentar secuestrar a la empresaria Lucrecia Pacheco, en el Ejército el panorama es diferente: las pruebas y testimonios han acorralado al teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López, quien comandó el operativo en el cual quedaron libres Olinsser y Jair Castillo.
En febrero pasado, la señora Pacheco recibió la orden de consignación contra el comandante de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), por el “delito contra el honor militar en su modalidad de actos deshonestos”, los cuales “se encuentran plenamente demostrados”.
La víctima denunció a Alavez López “por los hechos acontecidos el pasado 29 de octubre de 2014, por haber llevado a cabo a todas luces un encubrimiento por favorecimiento y beneficiar a toda costa a los hoy probables responsables, entre ellos Olinsser Castillo García, Jahir Castillo García y otros, y por no haber llevado a cabo con estricto apego a derecho el cumpliendo de su deber en sus funciones que como autoridad la ley le confiere”.
Cuando tuvo la oportunidad de defenderse, en agosto 2016, Alavez López se reservó su derecho a declarar y no dio su versión de los hechos, la cual podría arrojar más luz sobre ese evento -cuando iban a ser detenidos Olinsser y Jair-, y su relación directa con lo ocurrido previamente, el intento de secuestro de la señora Pacheco, expuesto el martes en este sitio.
Aunque “olvidaron” varios detalles del operativo, los militares que sí declararon confirmaron que Justo y Pastor estuvo al frente del mismo, el 29 de octubre 2014.
Él dio todas las órdenes ese día, desde el traslado al Ministerio Público de Cuautitlán, hasta el no asegurar las camionetas y armas en poder de los dos empleados de Alfredo Castillo. Así mismo, dio la orden de retirada del lugar, después de que el MP no fincó ninguna responsabilidad a Olinsser y Jair. Para entonces, todas las autoridades ya sabían que los denunciados por intentar secuestrar a la empresaria, trabajaban con el ex comisionado para la seguridad n Michoacán.
Después de no ver que su caso fuera atendido correctamente en el MP de Cuautitlán, la señora Lucrecia Pacheco escaló sus denuncias: primero fue a la Procuraduría del Estado de México; después acudió a la Procuraduría General de la República.
A esta dependencia llegó tras enterarse que quienes intentaron secuestrarla eran funcionarios federales. Este medio corroboró que Olinsser estaba al menos hasta el año pasado en la nómina de la PGR y, cuando ocurrieron los hechos, Jair Mario cobraba en la Secretaría de Gobernación, ambos bajo las órdenes del comisionado Castillo.
Fue a finales de octubre de 2014, cuando la empresaria Pacheco se presentó en la Visitaduría General de la PGR, encargada de “recibir y atender las quejas y denuncias que presente la ciudadanía u otra institución contra el actuar de los servidores públicos de la PGR”. El caso llegó a las manos del entonces visitador César Alejandro Chávez Flores, quien salió de forma intempestiva en septiembre de 2016.
Lucrecia Pacheco acusó que dicho funcionario no le permitió ver su expediente durante un tiempo y no se lograron avances en la investigación; sospecha que esto se debió al vínculo de Olinsser y Jair Mario con Alfredo Castillo Cervantes. Ante este oscuro cuadro, a 2 años y cuatro meses del intento de secuestro, una luz se encendió de forma inesperada: el encubrimiento en el caso Pacheco será castigado finalmente en el Ejército Mexicano.
“Se solicita se ejercite acción penal”
En el Campo Militar 1-L, frente a la terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se resguarda un expediente que arroja más luces sobre el intento de secuestro de la empresaria, documentado esta semana por Aristegui Noticias.
Aunque las declaraciones cayeron a cuentagotas, el proceso en la Sedena no se detuvo como en la PGR y en la Procuraduría del Estado de México, donde tiene influencia Alfredo Castillo Cervantes.
La fiscalía militar inició la averiguación previa IRM/16/2016 el 25 de junio de 2016 para investigar el encubrimiento por parte de los miembros del Ejército Mexicano, a favor de los empleados de Castillo. Todo el peso cae sobre el comandante.
Pacheco acusó que “el teniente de Artillería militar Justo y Pastor Alavez López, quien él mismo y en compañía de sus militares, videograbaron los vehículos, las armas, los cargadores, los troqueles, así como los hechos, argumentando que por el tráfico de influencias, la corrupción y la manipulación de las autoridades, negaron todo, no sólo ante la propia denunciante sino enfrente de las personas que habían presenciado los hechos”.
La víctima contó que Alavez López primero la apoyó con la realización del operativo, pero después la dejó sola y negó que hubiera videograbación alguna de los hechos del 29 de octubre de 2014 -dos días después del intento de secuestro-, cuando los empleados de Castillo amenazaban a la empresaria y portaban al menos una pistola Pietro Beretta.
El código de justicia castrense sanciona al “militar que cometa actos deshonestos entre sí o con civiles, en puntos o puestos militares”; el castigo son dos años de prisión.
La consignación contra Justo y Pastor indica “la existencia de los elementos del cuerpo del delito contra el honor militar en su modalidad de actos deshonestos… se encuentran plenamente demostrados en actuaciones puesto que del análisis de las pruebas señaladas… se desprende que la conducta delictiva que se le imputa al teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López, perteneciente al 3/er. Regimiento de Artillería, se hace consistir en ese orden de ideas”.
Además, se establece que el inculpado “se condujo con falta de honestidad, integridad y a la verdad, al momento en que permite que los policías municipales de Tultepec bajo su mando pongan a disposición del Agente del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli únicamente… a personas civiles, sin poner a disposición de dicha autoridad las armas de fuego, cartuchos, cargadores, troqueles y vehículos que les fueron asegurados, actitud con la cual quebrantó la disciplina militar”.
“No se encontró ninguna disposición permisiva de la conducta en la que incurrió el mencionado oficial y… tampoco se encuentra acreditada a su favor ninguna excluyente de responsabilidad, toda vez que se encuentran demostrados los elementos de la culpabilidad”, sentencia el agente del ministerio público militar encargado del caso.
Por lo tanto, “se solicita se ejercite acción penal en contra del teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López como probable responsable en la comisión del delito contra el honor militar en su modalidad de actos deshonestos… ya que no había ninguna circunstancia imprevista que le impidiera cumplir con la obligación que le imponía su situación como militar”, señala el documento.
Los militares que acudieron a auxiliar a la empresaria Lucrecia Pacheco el 29 de octubre de 2014, responsabilizaron de todo al teniente Alavez, como consta en sus declaraciones que pudieron ser revisadas por este medio.
“Que diga el declarante por órdenes de quién se retiraron de las instalaciones de Cuautitlán Izcalli dejando sola a la denunciante. Respuesta.- Por orden del teniente artillero Justo y Pastor Alavez López… Que diga el declarante por qué motivo no se llevaron los vehículos en los que fueron asegurados los sujetos detenidos en flagrancia y quién dio la orden. Respuesta.- Porque el teniente lo ordenó”.
Por ejemplo, el cabo conductor declaró sobre los hechos: “Me pude percatar que el ciudadano teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López al momento de subir a la camioneta llevaba un arma corta, misma que llevaba en la mano, por lo que supongo que citado oficial es quien se encargó de asegurar el material antes mencionado”, refiere la declaración que comprueba la existencia de al menos un arma, la pistola Pietro Beretta que es reclamada por uno de los detenidos según se observa en un video de los hechos, cuya copia tiene este medio.
Sin embargo, ante el posible temor a represalias, sus versiones de los hechos son distintas; por ejemplo, unos dicen que sí debieron grabar el operativo donde iban a detener a Olinsser y Jair. Otros niegan que parte de su deber sea haber grabado esos hechos. Según la víctima, el teniente sí grabó un video, pero tras saber que se trataban de policías con un vínculo directo con el entonces comisionado Alfredo Castillo, este material no ha sido entregado a las autoridades.
Rumbo al MP, lo primero que hicieron Olinsser y Jair fue intentar desprestigiar a la víctima, tachándola inclusa de loca.
Uno de los militares declaró lo que dijeron los policías e intentos de secuestradores: “Los trasladamos al Ministerio Público en la patrulla de la policía municipal… durante el trayecto escuché que los ministeriales manifestaban que la señora y su esposo (en realidad su hermano) estaban locos, porque tenían muchos problemas con ellos y los demás vecinos y decían que esos señores eran muy problemáticos en la colonia, por lo que se les manifestó que guardaran silencio”.
Este mismo testimonio -uno de los más congruentes- declaró que sí se debió haber grabado el operativo: “Que diga el declarante si tiene la obligatoriedad legal por protocolo de videograbar o fotografiar cualquier evento u operativo donde participan elementos del Ejército Mexicano. Respuesta.- Sí, lo sé“.
Hasta ahora, este es el único video que existe sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2014, dos días después del intento de secuestro de Pacheco:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: GUSTAVO SÁNCHEZ B.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0803/mexico/a-los-militares-si-los-investigaron-por-encubrir-a-empleados-de-alfredo-castillo/
En febrero pasado, la señora Pacheco recibió la orden de consignación contra el comandante de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), por el “delito contra el honor militar en su modalidad de actos deshonestos”, los cuales “se encuentran plenamente demostrados”.
Cuando tuvo la oportunidad de defenderse, en agosto 2016, Alavez López se reservó su derecho a declarar y no dio su versión de los hechos, la cual podría arrojar más luz sobre ese evento -cuando iban a ser detenidos Olinsser y Jair-, y su relación directa con lo ocurrido previamente, el intento de secuestro de la señora Pacheco, expuesto el martes en este sitio.
Aunque “olvidaron” varios detalles del operativo, los militares que sí declararon confirmaron que Justo y Pastor estuvo al frente del mismo, el 29 de octubre 2014.
Después de no ver que su caso fuera atendido correctamente en el MP de Cuautitlán, la señora Lucrecia Pacheco escaló sus denuncias: primero fue a la Procuraduría del Estado de México; después acudió a la Procuraduría General de la República.
Fue a finales de octubre de 2014, cuando la empresaria Pacheco se presentó en la Visitaduría General de la PGR, encargada de “recibir y atender las quejas y denuncias que presente la ciudadanía u otra institución contra el actuar de los servidores públicos de la PGR”. El caso llegó a las manos del entonces visitador César Alejandro Chávez Flores, quien salió de forma intempestiva en septiembre de 2016.
Lucrecia Pacheco acusó que dicho funcionario no le permitió ver su expediente durante un tiempo y no se lograron avances en la investigación; sospecha que esto se debió al vínculo de Olinsser y Jair Mario con Alfredo Castillo Cervantes. Ante este oscuro cuadro, a 2 años y cuatro meses del intento de secuestro, una luz se encendió de forma inesperada: el encubrimiento en el caso Pacheco será castigado finalmente en el Ejército Mexicano.
“Se solicita se ejercite acción penal”
En el Campo Militar 1-L, frente a la terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se resguarda un expediente que arroja más luces sobre el intento de secuestro de la empresaria, documentado esta semana por Aristegui Noticias.
Aunque las declaraciones cayeron a cuentagotas, el proceso en la Sedena no se detuvo como en la PGR y en la Procuraduría del Estado de México, donde tiene influencia Alfredo Castillo Cervantes.
La fiscalía militar inició la averiguación previa IRM/16/2016 el 25 de junio de 2016 para investigar el encubrimiento por parte de los miembros del Ejército Mexicano, a favor de los empleados de Castillo. Todo el peso cae sobre el comandante.
Pacheco acusó que “el teniente de Artillería militar Justo y Pastor Alavez López, quien él mismo y en compañía de sus militares, videograbaron los vehículos, las armas, los cargadores, los troqueles, así como los hechos, argumentando que por el tráfico de influencias, la corrupción y la manipulación de las autoridades, negaron todo, no sólo ante la propia denunciante sino enfrente de las personas que habían presenciado los hechos”.
La víctima contó que Alavez López primero la apoyó con la realización del operativo, pero después la dejó sola y negó que hubiera videograbación alguna de los hechos del 29 de octubre de 2014 -dos días después del intento de secuestro-, cuando los empleados de Castillo amenazaban a la empresaria y portaban al menos una pistola Pietro Beretta.
El código de justicia castrense sanciona al “militar que cometa actos deshonestos entre sí o con civiles, en puntos o puestos militares”; el castigo son dos años de prisión.
La consignación contra Justo y Pastor indica “la existencia de los elementos del cuerpo del delito contra el honor militar en su modalidad de actos deshonestos… se encuentran plenamente demostrados en actuaciones puesto que del análisis de las pruebas señaladas… se desprende que la conducta delictiva que se le imputa al teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López, perteneciente al 3/er. Regimiento de Artillería, se hace consistir en ese orden de ideas”.
Además, se establece que el inculpado “se condujo con falta de honestidad, integridad y a la verdad, al momento en que permite que los policías municipales de Tultepec bajo su mando pongan a disposición del Agente del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli únicamente… a personas civiles, sin poner a disposición de dicha autoridad las armas de fuego, cartuchos, cargadores, troqueles y vehículos que les fueron asegurados, actitud con la cual quebrantó la disciplina militar”.
“No se encontró ninguna disposición permisiva de la conducta en la que incurrió el mencionado oficial y… tampoco se encuentra acreditada a su favor ninguna excluyente de responsabilidad, toda vez que se encuentran demostrados los elementos de la culpabilidad”, sentencia el agente del ministerio público militar encargado del caso.
Por lo tanto, “se solicita se ejercite acción penal en contra del teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López como probable responsable en la comisión del delito contra el honor militar en su modalidad de actos deshonestos… ya que no había ninguna circunstancia imprevista que le impidiera cumplir con la obligación que le imponía su situación como militar”, señala el documento.
Los militares que acudieron a auxiliar a la empresaria Lucrecia Pacheco el 29 de octubre de 2014, responsabilizaron de todo al teniente Alavez, como consta en sus declaraciones que pudieron ser revisadas por este medio.
“Que diga el declarante por órdenes de quién se retiraron de las instalaciones de Cuautitlán Izcalli dejando sola a la denunciante. Respuesta.- Por orden del teniente artillero Justo y Pastor Alavez López… Que diga el declarante por qué motivo no se llevaron los vehículos en los que fueron asegurados los sujetos detenidos en flagrancia y quién dio la orden. Respuesta.- Porque el teniente lo ordenó”.
Por ejemplo, el cabo conductor declaró sobre los hechos: “Me pude percatar que el ciudadano teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López al momento de subir a la camioneta llevaba un arma corta, misma que llevaba en la mano, por lo que supongo que citado oficial es quien se encargó de asegurar el material antes mencionado”, refiere la declaración que comprueba la existencia de al menos un arma, la pistola Pietro Beretta que es reclamada por uno de los detenidos según se observa en un video de los hechos, cuya copia tiene este medio.
Sin embargo, ante el posible temor a represalias, sus versiones de los hechos son distintas; por ejemplo, unos dicen que sí debieron grabar el operativo donde iban a detener a Olinsser y Jair. Otros niegan que parte de su deber sea haber grabado esos hechos. Según la víctima, el teniente sí grabó un video, pero tras saber que se trataban de policías con un vínculo directo con el entonces comisionado Alfredo Castillo, este material no ha sido entregado a las autoridades.
Rumbo al MP, lo primero que hicieron Olinsser y Jair fue intentar desprestigiar a la víctima, tachándola inclusa de loca.
Uno de los militares declaró lo que dijeron los policías e intentos de secuestradores: “Los trasladamos al Ministerio Público en la patrulla de la policía municipal… durante el trayecto escuché que los ministeriales manifestaban que la señora y su esposo (en realidad su hermano) estaban locos, porque tenían muchos problemas con ellos y los demás vecinos y decían que esos señores eran muy problemáticos en la colonia, por lo que se les manifestó que guardaran silencio”.
Este mismo testimonio -uno de los más congruentes- declaró que sí se debió haber grabado el operativo: “Que diga el declarante si tiene la obligatoriedad legal por protocolo de videograbar o fotografiar cualquier evento u operativo donde participan elementos del Ejército Mexicano. Respuesta.- Sí, lo sé“.
Hasta ahora, este es el único video que existe sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2014, dos días después del intento de secuestro de Pacheco:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: GUSTAVO SÁNCHEZ B.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0803/mexico/a-los-militares-si-los-investigaron-por-encubrir-a-empleados-de-alfredo-castillo/
El cable que publicó ayer la agencia Associated Press (AP), según el cual la administración estadunidense de Donald Trump pretendía utilizar la Guardia Nacional –un cuerpo militar– para detener indocumentados provocó mucha irritación en México; sin embargo, en el país el diseño de la política antiinmigrante fue producto del Ejército mexicano.
En 2013, la Secretaría de Marina (Semar) elaboró y coordinó el Programa de Atención Integral a la Frontera Sur, y esta dependencia encargó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la tarea de coordinar las “operaciones de control y vigilancia” en la frontera de mil 149 kilómetros que México comparte con Centroamérica.
Su objetivo: “Reducir la inseguridad” y “ordenar el flujo migratorio”; en otras palabras, impedir el paso a los cerca de 250 mil centroamericanos que cruzan cada año de manera irregular la frontera sur, a través de los 704 cruces informales identificados, rumbo a Estados Unidos.
El programa, cuya copia obtuvo Apro, instruyó a autoridades militares y civiles que participaron en las operaciones. Tanto la Semar y Sedena, como instituciones que pertenecen a las secretarías de Gobernación (Segob) –Policía Federal (PF), Instituto Nacional de Migración (INM) y Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen)– y de Hacienda y Crédito Público (SCHP) participarían en las labores de contención migratoria.
Entre 2013 y 2016, la Semar realizó 3 mil 102 operativos migratorios de apoyo al INM, un promedio de dos por día. 502 de ellos fueron operativos marítimos y los 2 mil 600 restantes se llevaron a cabo en tierra, de acuerdo con el oficio 1352/16 que esta dependencia entregó a Apro en respuesta a una solicitud de información.
En julio de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el arranque del Programa Frontera Sur, que presentó como una estrategia transversal de desarrollo de los estados fronterizos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, por su parte, denunciaron la “militarización” de la frontera y el incremento de los abusos contra los migrantes.
Entre julio de 2014 y el pasado mes de diciembre, las autoridades mexicanas deportaron a 377 mil 599 migrantes de origen centroamericano, un promedio de 419 por día.
Contención
En el programa, la Semar dividió la región sureña del país en tres zonas, delimitadas a su vez por tres líneas: una de Control Fronterizo –en las inmediaciones de la frontera–, otra de Control Interno y la última de Contención –que parte de Salina Cruz, Oaxaca, y atraviesa el Istmo de Tehuantepec hasta Coatzacoalcos, Veracruz.
La línea de contención tiene el objetivo de “contener hacia el interior del país el tráfico ilícito de personas y bienes, mediante el establecimiento de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), fijas y móviles”.
El programa planteó la creación de cinco Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) –integrados por antenas de la Semar, la Sedena, el INM, el Cisen, la PF, la Procuraduría General de la República (PGR), autoridades municipales y estatales, así como de la Administración General de Aduanas (AGA)– en municipios de Chiapas y Tabasco.
Otro punto del programa de la Semar estableció las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos en Contra de Migrantes en los cuatro estados fronterizos, las cuales tienen la misión de investigar las agresiones contra los indocumentados.
También consideró una vertiente de “Tecnificación de la vigilancia en la frontera sur”, que instruía a utilizar drones para vigilar la frontera, así como la instalación de sensores, detectores y sistemas de recolección de datos biométricos. Esta vertiente fue atribuida al Cisen el cual, en su momento, advirtió que no previó recursos para el proyecto “dada la situación económica nacional”.
Algunos de estos insumos fueron comprados a través de la Iniciativa Mérida, el acuerdo binacional firmado en 2007 por las administraciones de Felipe Calderón y George W. Bush, con el objetivo de que el gobierno de Estados Unidos asuma parte del costo económico de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en México.
De acuerdo con el informe “La Iniciativa Mérida y más allá”, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense en febrero de 2016, el Departamento de Defensa entrenó y equipo a los militares mexicanos que patrullan en la frontera sur.
El Departamento de Estado proveyó recursos por 15 millones de dólares en equipos caninos y “equipos de vigilancia” para el monitoreo de los cruces fronterizos y planeó gastar por lo menos 75 millones de dólares adicionales.
Cooperación
En su informe de actividades Julio 2014-Julio 2015, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur afirmó que en los operativos del INM participaron la PGR, la Sedena, PF y Semar, “además del gobierno de Chiapas”.
Entre 2013 y 2016, la Policía Federal participó en 16 mil 623 operativos de migración junto con el INM, un promedio de 11 por día. Estos operativos derivaron en detenciones de migrantes, según el oficio PF/OCG/DGE/6356/2016, entregado a Apro por transparencia.
La PGR informó a este medio que apoyó en 14 ocasiones al INM entre 2015 y 2016, mientras que la dirección general de asuntos policiales e Interpol reportaron 12 operativos, del 2012 hasta 2016.
La Sedena, por su parte, aseveró a Apro que “no localizó ningún documento o registro que contenga información” sobre los operativos de apoyo al INM que realizó entre 2013 y 2016.
El Cisen considera que las características de la frontera sur mexicana “favorecen la comisión de ilícitos como el tráfico de indocumentados, drogas, armas, personas, dinero ilegal, entre otros, aunado a la presencia de asentamientos irregulares en algunos puntos de la franja fronteriza que hacen propicio el comercio ilegal en la zona”.
En un informe sobre la frontera sur, entregado a Apro en respuesta a la solicitud de información 0410000026016, el Cisen señala a Chiapas –donde existen aproximadamente 56 cruces fronterizos vehiculares informales y más de 350 peatonales– como “la principal puerta de entrada para el tráfico ilegal de mercancías, drogas, personas, combustible, así como para la proliferación de organizaciones delictivas”.
También identifica el municipio de Candelaria, en Campeche, como “lugar estratégico para el tráfico de enervantes y personas”.
Fuente: Proceso
Autor: Mathieu Tourliere
http://www.proceso.com.mx/474932/ejercito-mexicano-artifice-la-contencion-migratoria-en-la-frontera-sur
Tiene 71 años y trabaja como obrero. Sin embargo, la vida de Ricardo Martínez Perea no siempre fue así. Hace 15 años era general brigadier, pero su sino se opacó cuando el entonces presidente Vicente Fox lo acusó de ser protector del narcotraficante Gilberto García Meza, El June, y ordenó meterlo en prisión. Y ahí estuvo tres lustros, hasta que recobró su libertad. Hoy, Martínez Perea intenta demostrar su inocencia, pero las autoridades castrenses siguen poniéndole obstáculos. Él no ceja y anuncia que llevará su caso a instancias internacionales.
En abril de 2001, el entonces presidente Vicente Fox sentenció al último oficial táctico del Ejército mexicano, el general brigadier Ricardo Martínez Perea. Lo acusó públicamente, desde Colombia, de ser un protector del narcotráfico. La justicia militar cumplió rigurosamente la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y lo condenó a 15 años de prisión, tal como lo había anunciado el gobernante.
Pese a las irregularidades procesales y de que sus supuestos protegidos obtuvieron su libertad, el general Martínez Perea purgó la totalidad de la sentencia en distintas cárceles civiles y militares del país, incluida la colonia penal federal Islas Marías, en Nayarit, junto a delincuentes que él mismo había detenido.
El 5 de abril del año pasado salió de su último lugar de reclusión, el penal de Islas Marías. Y ahora, a sus 71 años, sigue con su batalla legal cuesta arriba para que la justicia militar lo declare inocente, pues nunca se demostró su culpabilidad.
No obstante, el Supremo Tribunal Militar se niega a citar a sus acusadores, entre ellos a Fox y a quienes fueron secretario de la Defensa Nacional, el general retirado Clemente Vega García, y procurador general de la República, el general retirado Rafael Macedo de la Concha.
La única prueba en contra de Martínez Perea fue un anónimo que lo acusó de proteger al Cártel del Golfo en su condición de comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado, asentado entonces en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La búsqueda del reconocimiento de inocencia es para limpiar su nombre y su honor militar, pero también para recuperar sus derechos; sobre todo la atención médica y la pensión que ya se había ganado con casi 40 años de servicio cuando fue detenido, aun cuando tenía una década por delante como miembro activo del Ejército, al que perteneció su padre y al que también sirven su hijo y uno de sus yernos.
Fuente: Proceso
Autor: Jorge Carrasco Araizaga
http://www.proceso.com.mx/474979/supuesto-narcogeneral-fox-aplasto
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