Oxxo y Seven-Eleven, entre los beneficiarios del gasolinazo

Las dos grandes cadenas de tiendas de autoservicio del país, Oxxo, del Grupo Femsa, y Seven-Eleven, estarían entre los grandes beneficiados del próximo gasolinazo que incrementa más de 20% el precio de las gasolinas y de la liberalización de este mercado a partir de enero de 2017.

De acuerdo con el Diagnóstico de la Industria de Petrolíferos en México, elaborado por la Secretaría de Energía, en el país hay 11 mil 431 estaciones de gasolina administradas bajo un esquema de franquicias, y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) prevé que en 2017 se duplicará para sumar otras 12 mil estaciones.

El mismo documento y un reporte de la agencia Notimex destacan que Oxxo-Gas, filial de Grupo Femsa, tiene actualmente 348 estaciones de gasolina en 14 estados del país, con las que abarca 3% de este mercado y pretende sumar un total de 500 estaciones a finales de 2017.

El segundo grupo importante es Petro-7, perteneciente a la cadena Seven-Eleven, que actualmente posee 215 estaciones de servicio en nueve entidades, incluyendo la Ciudad de México. Pretenden abrir 35 estaciones más el próximo año, según la dirección de Operaciones de la empresa.

En tercer sitio se encuentra la compañía Full Gas que pretende traer la marca Texaco en el segundo semestre de 2017. Actualmente tiene 50 gasolineras, más 10 en construcción y proyecta tener 200 unidades en los próximos tres años.

La trasnacional Gulf buscará tener 25% del mercado de gasolineras y operar hasta dos mil estaciones en tres años. Tan sólo en 2017 pretenden abrir 100 estaciones, según la misma información de Notimex.

La compañía Hidrosina tiene actualmente sólo siete estaciones bajo su marca propia y pretende sumar 20 para 2017.

La agencia Notimex citó a Rubén Cruz, de Energía y Recursos Naturales de KPGM, quien señaló que aún con distintas banderas, las gasolinas van a ser proveídas por Pemex de manera inicial, hasta que se pongan en marcha nuevos proyectos de suministro o de almacenamiento.

Fuente: Proceso

Autor: Jenaro Villamil

http://www.proceso.com.mx/467937/oxxo-seven-eleven-los-beneficiarios-del-gasolinazo

Seis proyectos canadienses se vinculan con hechos violentos en México

Por lo menos seis proyectos mineros canadienses están vinculados con hechos violentos ocurridos en los últimos 15 años en México, los cuales son la muerte de ocho personas, dos desapariciones, 14 personas heridas, 35 detenidas y 83 que enfrentaron la justicia, señaló un informe del Proyecto para la Justicia y la Rendición de Cuentas Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), que es un un conglomerado de abogados y estudiantes de derecho que aporta ayuda legal a las comunidades afectadas por las actividades extractivas de empresas canadienses.

De acuerdo con el documento, cuatro de cada diez empresas mineras que operan en América Latina son de origen canadiense, de las cuales al menos 28 estuvieron involucradas en violaciones a los derechos humanos en 14 países de la región entre el 2000 y 2015. En once de estas naciones, líderes comunitarios e indígenas, víctimas de “ataques dirigidos”, activistas, mineros, periodistas, abogados y sindicalistas, entre otros, resultaron muertos.

Concretamente, durante ese periodo murieron 44 personas, se perpetraron 15 agresiones sexuales y actos de represión violenta que resultaron en por lo menos 363 personas heridas, de las cuales 212 eran líderes comunitarios defensores de los pueblos, y en 709 casos se registraron acciones de criminalización de la oposición a los proyectos, entre las que se encuentran demandas, detenciones y condenas, señala el informe.

El JCAP afirmó la complicidad de las empresas mineras con los gobiernos, e incluso grupos criminales, para enfrentar las protestas sociales contra los proyectos y así continuar con las invasiones territoriales, lo que afecta principalmente a los pueblos y comunidades indígenas que dependen de los recursos naturales.

A través del documento se cita el ejemplo del 7 de abril del 2015, cuando un comando asaltó la mina El Gallo 1 de Mocorito, Sinaloa, y robó 198 kilos de oro. Dos días más tarde, Rob McEwen, director de McEwen Mining, concedió una entrevista a la televisora canadiense Business News Network, en la cual reconoció que “los cárteles están activos ahí, (aunque) generalmente tenemos una buena relación con ellos”.

Tres días después, para apaciguar la polémica que despertaron las declaraciones, McEwen se disculpó por el “malentendido” que “creó la impresión totalmente falsa entre los medios mexicanos de que teníamos contacto regular con elementos criminales en su sociedad”.

El informe también reveló que las empresas mineras ocultan de sus informes de actividades tres de cada cuatro eventos que provocaron muertes, así como nueve de cada diez casos que generaron heridos.

Por último, señaló la relativa “inutilidad” del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) y el Punto Nacional de Contacto (NCP), dos instancias consultivas que deberían revisar las conductas de las empresas canadienses en el extranjero. Ante esto, especificó que el CSR apenas recibió seis quejas en sus seis años de existencia, mientras que el NCP sólo investigó cinco casos desde el 2011.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Redacción

https://desinformemonos.org/seis-proyectos-canadienses-se-vinculan-hechos-violentos-mexico/

Slim y su yerno, el cuñado de Salinas y Larrea, los ganones del NAICM

De los 273 contratados que hasta septiembre pasado fueron asignados por el Gobierno federal para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, casi un tercio le fueron asignados a empresas de Carlos Slim Helú, el hombre más rico del país, así como a personas cercanas a él, como su yerno Fernando Romero Havaux. Otros dueños de empresas con montos destacados en las asignaciones son Hipólito Gerard Rivera, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, y Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Desde 2015, un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) observó que hasta un 70 por ciento de los primeros contratos celebrados para la obra pública del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) habían sido sujetos de procesos distintos a las licitaciones públicas.

Un 31 por ciento de los casos, mostró el documento “Desarrollo Efectivo de Megaproyectos de Infraestructura. El Caso del NAICM”, habían sido adjudicaciones directas; hasta un 39 por ciento se había asignado en competencias restringidas o en “invitación a cuando menos tres personas”, y sólo un 30 por ciento habían sido licitaciones.

“Al limitar la competencia a licitantes invitados, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) incurrió en el riesgo de recibir propuestas que no tuvieran suficiente calidad y, por tanto, tuvo que cancelar y volver a publicar el proceso correspondiente (en 21 por ciento de los procesos)”, advirtió el análisis de la OCDE, que afirma haber revisado 36 procesos de contratación realizados hasta agosto de 2015.

“Esas tendencias —tanto respecto de los procesos competitivos de contratación como en lo referente a la apertura— cambiarán drásticamente según las declaraciones públicas que se han hecho: todas las actividades de contratación relacionadas con la construcción del NAICM serán mediante licitaciones públicas abiertas”, agregó el reporte.

Un análisis de SinEmbargo.mx sobre 273 contratos celebrados hasta septiembre pasado muestra que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), efectivamente, aumentó el monto de los procesos sujetos a licitación pública, que ahora es un 61 por ciento de los 34 mil 721 millones de pesos ya asignados a contratos.

Las compañías ganadoras más recientes fueron seleccionados apenas el pasado 2 de septiembre, cuando se difundieron los nombres de las constructoras de las pistas 2 y 3 y que, juntas, recibieron el 44 por ciento del costo total hasta el momento.

Uno de los ganadores fue el consorcio en el que participan la sexagenaria compañía mexicana Constructora Nacional (Coconal), que compitió con 61 empresas para obtener el acuerdo de construir la Pista 2, por un monto de 7 mil 926.2 millones de pesos.

El otro contrato anunciado ese día, para construir la Pista 3, fue obtenido por el consorcio formado –entre otras empresas– por Operadora Cicsa (Carso Infraestructura y Construcción), propiedad de Carlos Slim, y Edificadora Gia+A, dirigida por el cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivera, con un monto de 7 mil 359.2 millones de pesos.

“Con estos fallos se están licitando las obras más importantes del Nuevo Aeropuerto”, dijo Federico Patiño, director general de GACM, de acuerdo con el boletín emitido ese día.

Hasta antes de estos dos mega-contratos, sin embargo, el monto de los proyectos licitados (4 mil 80.5 millones de pesos, de acuerdo con el análisis de SinEmbargo) era menor al asignado de manera directa (9 mil 347.1 millones).

Entre ellos, se observa en un listado de los 273 contratos, se celebró el pasado 21 de agosto un contrato por 2 mil 709.09 millones de pesos asignados de manera directa a la compañía Ferrovalle (o Ferrocarril y Terminal del Valle de México), en la que participa como propietario el Grupo México, del empresario Germán Larrea Mota Velasco.

También el de 2 mil 136.4 millones asignado en diciembre de 2014 al consorcio Romero-Foster and Partners, representado por José Fernando Romero Havaux, yerno de Slim Helú; empresario éste último que con el contrato para la Pista 3 se vinculó a 9 mil 495.6 millones de pesos, o un 27 por ciento del capital ya contratado para el NAICM.

Otro contrato asignado de manera directa fue para la Gerencia del Proyecto, otorgado en octubre de 2014 a la compañía norteamericana Parsons Corporation, que ganó dos mil 361.9 millones de pesos.

Como el consorcio representado por Romero Havaux, o despacho “arquitecto maestro”, Parsons se encuentra a la cima de la estructura orgánica que supervisa el resto de los contratos.

“La estructura orgánica depende también del trabajo de otros tres actores, que operan de la mano con el GACM: el gerente de proyecto (empresa Parsons International Limited), el arquitecto maestro (empresa Romero-Foster & Partners), y el ingeniero maestro (grupo de empresas integrado por Netherlands Airports Consultants, TADCO y SACMAG)”, dice el documento de la OCDE.

“Ante estos actores, el GACM es el propietario del proyecto NAICM e integra todos sus aspectos, con el apoyo del Gerente del Proyecto. Éste se ocupa de elaborar el plan para poner en marcha el programa de implementación, el cual se emplea como documento guía para la ejecución. Supervisa, orienta y dirige al arquitecto maestro, al ingeniero maestro y a otros consultores clave, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y los plazos de las etapas. El GP es también responsable del presupuesto, el calendario y los controles generales”, agrega.

BARDA PERIMETRAL, A CARGO DE LA SEDENA

Previsto para ocupar cuatro mil 430 hectáreas ubicadas al nororiente del aeropuerto actual, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México enfrentó desde 2001 la oposición de los habitantes de los poblados afectados, sobre todo en el municipio de Atenco, que se organizaron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y, en 2002, lograron detener el decreto expropiatorio.

Después de 12 años, sin embargo, el ahora Presidente Enrique Peña Nieto retomó el proyecto y anunció el inicio de la construcción del NAICM en 12 mil 500 hectáreas de “propiedad del Gobierno federal”.

Las implicaciones del mega-proyecto, sin embargo, ha renovado la introducción de Juicios de Amparo por parte de los habitantes de la zona, que lo consideran “proyecto de muerte” y en los últimos meses han interpuesto unos ocho recursos judiciales buscando aplazar lo que temen será un despojo de sus tierras y, también, la alteración total de su modo de vida.

“Quieren engañar diciendo que estamos nosotros violentando los derechos de sus trabajos de ellos, cuando que sabemos que nuestra comunidad, nunca ni vamos a aceptar el cambio de uso de suelo al dominio pleno”, dijo en mayo pasado Jorge Espinoza, de 69 años y ejidatario de San Miguel Tocuila.

Como él, otros campesinos integrantes del FPDT instalaron en abril pasado un plantón en un bordo aledaño a los trabajos de la nueva obra y, con piedras pintadas con cal, formaron el mensaje “no al aeropuerto”.

De acuerdo con un posicionamiento público del FPDT, “a la par del uso de golpeadores para alejar a los campesinos de las tierras donde están las obras del aeropuerto, las empresas concesionarias siguen con las obras a pesar de los amparos federales”.

En ese contexto, en el listado de 273 contratos asignados por el GACM destaca una asignación no licitada sino entregada bajo un “convenio de colaboración” a la Secretaría de la Defensa Nacional, por mil 547.4 millones de pesos, para construir barda y camino perimetrales y “aseguren” la obra entre los municipios mexiquenses de Ecatepec, Atenco y Texcoco.

“Objetivo: contratar los trabajos para la construcción de la barda perimetral, camino perimetral, alumbrado que lo acompaña, servicios inducidos subterráneos y casetas de acceso, que permita el aseguramiento de las instalaciones durante y después de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México”, dice el Convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Sedena.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Sandra Rodríguez Nieto

http://www.sinembargo.mx/29-10-2016/3108534

Más privilegios para quien todo lo tiene: miles de millones y poder desmedido

Prácticamente tiene empresas en todas las áreas y sectores: de la construcción de cárceles a la venta de flores. Olegario Vázquez Raña es la quintaesencia de los empresarios crecidos en simbiosis con el poder político y, durante el peñanietismo, su influencia y su fortuna no han hecho más que multiplicarse. Él ata y desata, los funcionarios lo obedecen, el presidente lo trata con máxima deferencia… Y Televisa y TV Azteca se preparan para el embate que significa la irrupción de la tercera cadena de televisión pública.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 4 de diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto fue a desayunar al Heroico Colegio Militar, un acto precedido de desfiles, salvas de artillería y proclamas por la seguridad que, sin embargo, tuvo por invitado de honor a Olegario Vázquez Raña, un civil acaudalado, contratista de las Fuerzas Armadas y del gobierno todo.

Aunque desde el primer día del sexenio la élite empresarial estuvo presente en diferentes actividades, el convite de los militares fue el primero en que el entonces nuevo presidente de México saludó en su discurso a un empresario por nombre.

La distinción inauguró una nueva etapa de favoritismo y negocios al amparo del poder para Vázquez Raña y para su hijo Olegario Vázquez Aldir, quien ahora está al frente de diferentes empresas.

En lo que va del sexenio el empresario ha participado en los principales proyectos de infraestructura, como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM); la ampliación de la Línea 12 del Metro; la construcción de grandes hospitales, carreteras, escuelas, y por si fuera poco, es el beneficiario de la concesión para operar la tercera cadena de televisión abierta, que forma parte también del Programa Nacional de Infraestructura (PNI) como uno de los ambiciosos proyectos del gobierno peñanietista.

Vázquez Raña es banquero y da préstamos a gobiernos, pero también posee florerías y tiendas de regalos. Tiene una cadena de cafeterías pero participa en las grandes obras y concesiones facilitadas mediante la asociación público-privada. Es dueño de exclusivos hospitales privados, aunque también opera nosocomios públicos.

Además, su emporio mediático está compuesto por al menos 20 concesiones de radio, dos canales de televisión de paga y el cuasicentenario periódico Excélsior. Se dedica asimismo al manejo de los desechos tóxicos.

Si bien la mayoría de los sectores enlistados en los que participa sólo puede prosperar al amparo del poder, en el romanceo característico de los millonarios mexicanos que suelen inventarse un origen humilde la historia que cuenta Vázquez Raña –la misma de su fallecido hermano Mario– se puede resumir así:

Un pobre inmigrante gallego llegó a este país y trabajó en el cambaceo. Avecindado en la popular colonia Guerrero, puso una modesta tienda, luego adquirió un hotel de paso ahí mismo y, con el tiempo, la mueblería Hermanos Vázquez, que se convirtió en cadena. Empleados por su padre, los hermanos Vázquez Raña se inspiraron –inclusive en el camión repartidor de muebles que dice haber manejado Olegario– y avanzaron hasta ser influyentes personalidades de la vida nacional. Fin.

Nada queda de los hoteles de paso en la calzada de Tlalpan que se le atribuyen a su familia en distintos relatos biográficos. Hoy es dueño de la cadena Camino Real y los lujosos Quinta Real. Lo único que al parecer conserva de todo aquello es la mueblería Hermanos Vázquez y, según ha declarado, desde hace años suele trasladarse siempre en helicóptero.

Fuente: Proceso

Autor: Arturo Rodríguez García

http://www.proceso.com.mx/458934/privilegios-lo-miles-millones-poder-desmedido

Trump acusa a Slim de generarle escándalos sexuales a través de NYT, medio del que es accionista

Tras la publicación de diario The New York Times de los testimonios de dos mujeres que denunciaron agresiones que alguna vez sufrieron por parte del magnate Donald Trump. Ahora el candidato republicano planea hacer un ataque directo a Carlos Slim, quien es accionista del rotativo estadounidense y a quien acusa de estar detrás de las “calumnias”, refiere este día The Wall Street Journal, que cita a un asesor de su campaña.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo/AP).- El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, tendrá un nuevo blanco de sus ataques: el magnate mexicano Carlos Slim, personaje que acusa de estar detrás de la campaña en su contra, que recientemente ha derivado en acusaciones sobre abuso sexual y comportamiento inapropiado contra mujeres.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, uno de los asesores del candidato republicano les confió que Trump podría iniciar este día los ataques de que Slim, como accionista de The New York Times Co. y donante a la Fundación Clinton, tiene un interés en ayudar en la campaña de Hillary Clinton.

“Carlos Slim es parte de una coalición que trabajan en connivencia con la campaña de Clinton y sus partidarios para generar noticias sobre acusaciones de mujeres con décadas de antigüedad”, informa que acusará Trump el WSJ.

La familia Slim tiene alrededor del 17 por ciento de las acciones deThe New York Times, el mayor accionista individual.

The New York Times informó el miércoles que dos mujeres contaron al periódico las insinuaciones sexuales indeseables que alguna vez les hizo el magnate convertido a político.

Una de ellas, Jessica Lees, aseguró que Trump la toqueteó hace más de tres décadas cuando viajaban en un avión. La otra, Rachel Crooks, señaló que el magnate la besó a la fuerza en 2006 cuando tenía 22 años y trabajaba de recepcionista con una firma de bienes raíces en la Torre Trump.

El candidato presidencial ha refutado de manera tajante esas aseveraciones y exigió a través de su abogado que el periódico se retracte sobre el contenido del artículo. Durante un acto político en Ohio, Trump señaló que la prensa “me ha calumniado y dicho mentiras sobre mí con falsas acusaciones”. El periódico rehusó retractarse del artículo y señaló que sus reporteros trabajaron diligentemente para confirmar las versiones de ambas mujeres. “Habría perjudicado no sólo a nuestros lectores, sino a la democracia misma, silenciar sus voces”.

A su vez, el portavoz de Slim, Arturo Elías, dijo al diario norteamericano que las acusaciones de que el dueño de Teléfonos de México (Telmex) interfiera en las elecciones de Estados Unidos son “totalmente falsas”:

“Por supuesto que no estamos interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos. Ni siquiera estamos activos en la política mexicana”.

Mientras que el editor del New York Times, Arthur Sulzberger Jr., informó en un comunicado que el también presidente honorario de América Móvil, Carlos Slim, es un accionista excelente y que respeta la independencia del medio: “Nunca ha tratado de influir en lo que reportamos”.

A su vez Brian Fallon, secretario de prensa de Hillary Clinton, consideró la amenaza como “otra teoría de la conspiración de campaña trastornada, cada vez más desesperada” del empresario convertido a político.

Video: https://youtu.be/NI16UWObSGo

Ya anteriormente, Trump había acusado a Slim de estar en contra de su candidatura. En febrero de este mismo año, como precandidato republicano dijo que el hombre de negocios mexicano pudo haber influido en The New York Times para que el diario publicara información poco objetiva sobre él y sus declaraciones sobre los migrantes.

“O tenemos una frontera o no lo hacemos. Si no tenemos una frontera, no tenemos un país. Estas personas están llegando a través de un queso suizo, las drogas están llegando. The New York Times, nunca habla de las drogas, nunca hablan de la delincuencia “, dijo Trump en una entrevista transmitida en Noticias Breitbart de la radiofónica Patriot de Sirius-XM.

Stephen K. Bannon, presidente ejecutivo de Breitbart Noticias y también presentador, refirió a Trump que algunos analistas creen que la participación del magnate mexicano en el New York Times es para influir en la política estadounidense. Bannon sugirió: “Es un secreto a voces en la sala de prensa que Carlos Slim es el hombre que va a rescatar al Times“.

“Bueno, sin duda, la gente debe saber sobre él. Pueden estar haciendo el trabajo de alguien más. En realidad no sabemos. Ciertamente un mexicano muy rico posee una gran parte del periódico y tienen una gran cantidad de poder sobre el periódico”, contestó el candidato republicano.

En junio del año pasado, NBC Universal, televisora donde el multimillonario mexicano Carlos Slim tiene participación, canceló un proyecto con el magnate estadounidense tras sus comentarios racistas contra los mexicanos.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción con información de AP
http://www.sinembargo.mx/14-10-2016/3103978

“En materia de seguridad nos equivocamos; darle la tarea a Segob fue un error”: Coparmex

La solicitud del líder la Coparmex, Gustavo de Hoyos, se suma a la exigencia que hizo apenas ayer el Consejo Coordinador Empresarial al Gobierno federal de reconocer y rectificar las fallas en su estrategia contra el crimen.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, exigió que la Secretaría de Gobernación (Segob) no sea la encargada del combate a la inseguridad y la violencia y que se cree una nueva dependencia enfocada en atender ese problema ante la falta de resultados.

“Demandamos del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión que de prioridad al rediseño institucional para separar la seguridad pública de la protección política bajo una estrategia eficaz de coordinación”, dijo De Hoyos.

El líder empresarial estuvo rodeado por otros representantes patronales. “Los tres delitos más señalados son el asalto, el robo de autos y la extorsión. No obstante, subsiste la cifra negra. Y existe además en algunos estados el secuestro”.

“La violencia no sólo prevalece, sino que va en aumento”, dijo. “Estos datos muestran una realidad preocupante y hay más en la cifra negra”.

“En Coparmex creemos que es posible superar el desafío del crimen organizado. Los expertos de nuestra confederación, con el apoyo de presidentes y consejeros nacionales proponemos lo siguiente: [Se debe] separar el combate a la inseguridad de las funciones de la Secretaría de Gobernación. Debemos de reconocer que en materia de seguridad nos equivocamos. El nuevo diseño institucional, que concentró la conducción de la política y la estrategia de seguridad en una sola dependencia fue, sin duda, un error. Es necesario hoy revisar el diseño institucional. Los hechos han demostrado que el país requiere una Secretaría e Seguridad Pública”.

El líder patronal dijo que las empresas mexicanas destinan hasta 110 mil millones de pesos en defenderse de la inseguridad que se vive en el país.

Recordó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado se registraron 33.7 millones de delitos que representan costos de 236 mil millones de pesos cercano al 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Además, 102 mil 883 secuestros.

Además lamentó que el Presupuesto 2017 busque desaparecer prevención del programa de Prevención social de la violencia con el recorte de 11 mil millones de pesos.

Apenas ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó al Gobierno federal a reconocer las fallas en la estrategia de seguridad y pidió a los tres poderes de la Federación a tomar medidas al respecto.

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, alertó sobre los problemas de corrupción, pobreza, desigualdad, carencias de Estado de derecho y creciente inseguridad en el país y pidió al Gobierno federal reconocer y rectificar las fallas en su estrategia contra el crimen.

Ante medios de comunicación, Castañón llamó a los tres poderes de la Federación a redoblar esfuerzos y darle celeridad a las reformas y tareas que faltan por discutirse y a las que aún están inconclusas.

Al Presidente Enrique Peña Nieto pidió “que, a cuatro años del inicio de su administración, haga junto con la sociedad un análisis oportuno de la estrategia y de los esfuerzos que se han realizado para procurar un México en paz, con el propósito de realizar los ajustes y mejoras que se requieran”. Y aseguró que “es tiempo de fortalecer lo que ha funcionado, reconocer lo que no ha sido exitoso, y acometer lo que falta”.

A los legisladores federales los llamó proponer una “agenda prioritaria” que incluya la la aprobación de “todo” el paquete de reformas relacionadas con la seguridad pública, “que lamentablemente se han venido politizando y postergando periodo tras periodo. Comenzando por la legislación que se requiere para dar certeza jurídica a la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y la legislación de mandos policiacos y su coordinación”.

Al Poder Judicial, el CCE, solicitó redoblar esfuerzos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, “con un programa puntual con el que pueda superarse el gran retraso que tenemos en esta materia, y que brinde confianza a la ciudadanía en que efectivamente se combate la corrupción y la impunidad en el sistema de impartición de justicia”.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción con información de Economía Hoy

http://www.sinembargo.mx/13-10-2016/3103701

#PapelesDeSHCP Hacienda lleva a más desigualdad con perdones fiscales a ricos: Flacso y Fundar

En vez de disminuir la brecha de la desigualdad social y económica entre los ciudadanos, el Gobierno federal hace todo lo contrario: perdona impuestos y multas a los que más tienen, lo cual no sólo es injusto sino que afecta a la economía en su conjunto, plantearon expertos en políticas públicas consultados por SinEmbargo en torno al perdón de miles de millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria hizo a un puñado de empresas.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– La economía de mercado es “desigualadora”. Tiende a premiar a quienes poseen capital, tierra, conocimiento o mano de obra y a castigar a quienes carecen de estos activos, por lo que el Estado debe encargarse de redistribuir la riqueza.

Un instrumento para lograr esta redistribución es el servicio tributario, que puede cargar progresivamente de impuestos a quienes obtienen más ganancias con el fin de disminuir la brecha de la desigualdad.

En México, sin embargo, el Gobierno hace lo contrario: tiende a perdonar a los contribuyentes más grandes y cargar al resto con impuestos sobre los servicios y el consumo, afectando sobre todo a quienes menos tienen.

Así lo explicaron expertos en políticas públicas consultados luego de que este medio reportó que, de acuerdo con una base de datos obtenida por el centro de investigación Fundar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público condonó adeudos por más de 48 mil 421 millones de pesos a 607 empresas tan sólo en 2015.

“Eso genera una brecha aún mayor entre la clase baja y media, que sí paga impuestos y tiene retención del Impuesto Sobre la Renta, y las grandes ganancias del capital”, explicó Javier Garduño Arredondo, coordinador del área de Presupuestos y Política Pública de la organización Fundar Centro de Investigación y Análisis.

“Porque si uno ve los informes tributarios, lo que dicen es que México y América Latina tienen porcentajes sumamente bajos de estos impuestos al capital, más progresivos o que sí permiten recaudar entre quienes más tienen, y que nos basamos en impuestos a los servicios o el consumo, o el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que no responden a cargar a quienes tienen una mayor capacidad de pago y lo que hacen es seguir aumentando la brecha, la desigualdad”, agregó.

De acuerdo con el investigador, la política de cancelación de adeudos existe en otros países con el fin de ahorrarle a Hacienda recursos humanos en deudas difíciles de cobrar, pero en México se practica sin criterios claros de qué beneficios habrá para el erario o de qué capacidad de pago tiene el contribuyente.

Y así, agregó, si bien cualquier ciudadano podría solicitar alguna condonación por contingencia, problemas de inseguridad u otros motivos, la decisión final de aplicarlas queda en el Servicio de Administración Tributaria que, como muestra la investigación de Fundar y SinEmbargo, tiende a beneficiar a quienes más capital tienen.

“Es el caso de los créditos controvertidos, como las deudas que se litigan para decir que no son justas y que también son muchísimas, y la mayor parte de ellas también son de los grandes contribuyentes, con acceso a despachos jurídicos que tienen experiencia y que hacen la tarea de litigar y hallar recovecos en la legislación para reducir la carga tributaria”, dijo. 

“MEXICO NO ES POBRE, SINO DESIGUAL”

Por separado, José del Tronco Paganelli, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) para temas de políticas públicas y representación, planteó que la información reportada por este medio muestra cómo, en lugar de que el Estado sea un agente redistribuidor de las ganancias, lo que hace es concentrarla en aún menos personas.

“En una democracia, uno de los principales instrumentos por medio de los que los Gobiernos pueden reducir la desigualdad o redistribuir el ingreso son los servicios tributarios y, en principio, esta primera fotografía, esta noticia, lo que nos dice es que lejos de redistribuir la riqueza, la política tributaria de este Gobierno lo que hace es concentrarla más, porque dejamos de cobrar impuestos a quienes se benefician de negocios millonarios, y la carga impositiva se aplica sobre los pequeños contribuyentes”, dijo el académico.

En entrevista, explicó que, debido a que la lógica de la economía de mercado no es “equiparar” sino, por el contrario, “premiar” a quienes más tienen, la responsabilidad del Estado es intervenir para mitigar estas diferencias.

“¿Cómo? Con la política social y con el sistema tributario. Pero, en México, ninguno de estos dos instrumentos actúa de manera que pueda compensar la desigualdad que genera el mercado”, dijo.

“Es decir, el Estado no está ejerciendo el papel redistributivo que toda democracia de mercado necesita, porque esto no es un apunte contra la economía de mercado (…) México y Suecia son los mismos antes de los impuestos, pero después de éstos, Suecia es Suecia y México es el mismo. ¿México es pobre? No, pero es desigual. ¿Qué se tiene que hacer? Contribuir a una mejor distribución de la riqueza, pero eso no está ocurriendo, por lo menos no a través del sistema tributario”, agregó.

Desde ayer por la noche, SinEmbargo difunde una serie de reportajes que muestran cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concentró la condonación de adeudos en un ocho por ciento del total de deudores.

“El buceo en ese mar de información arrojó un denominador: la ruta que siguió la indulgencia del SAT para los mayores montos de créditos fiscales siempre llegó a personajes reconocidos en el ámbito político o empresarial o a grandes empresas con arraigo familiar en el país”, reportó este medio.

“Pudo conocerse que el Presidente Peña Nieto, a través del SAT, le condonó un crédito fiscal de tres mil 334 millones de pesos a Grupo Televisa, de los cuales sólo debió pagar el 10 por ciento; es decir, 343 millones 254 mil pesos y desistió de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde 2011, según reportó la televisora ante la Bolsa Mexicana de Valores ese mismo año, agregó el reporte.

Otros beneficiados son Casas Geo, a la cual se le condonaron más de cuatro mil 437 millones de pesos, o Servicios Financieros DC, en cuya creación participó la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo y a la cual se le perdonó el pago de 66 millones 668 millones de pesos.

De acuerdo con Garduño Arredondo, que desde Fundar participó en la construcción de las bases de datos con la información de Hacienda, la investigación es parte del “Programa de justicia fiscal y desigualdad” de la organización, que busca, precisamente, establecer cuáles son los mecanismos del gasto público y de la recaudación que permiten que sólo una minoría vea beneficios del actual sistema económico.

“Y sabemos que esto es uno de estos mecanismos, las condonaciones”, explicó.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Sandra Rodríguez Nieto

http://www.sinembargo.mx/21-09-2016/3094623

Exhiben disputa entre socios del tren “La Bestia”y el vínculo con caso OHL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La campaña de denuncias de la empresa Infraiber contra las irregularidades cometidas por la constructora española OHL en el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, ya derivó en otra disputa entre los accionistas de Viabilis Holding, concesionaria de la compañía Ferrocarriles Chiapas-Mayab, mejor conocido como “La Bestia”, cuya concesión quedó sin efectos desde el pasado 23 de agosto.

Uno de los socios de Viabilis Holding es Pedro Topete Vargas, accionista de Infraiber que ha denunciado desde hace dos años –a través de su representante jurídico, Paulo Díez– las irregularidades financieras y el presunto fraude de las concesiones de OHL en el Estado de México.

Díez es representante jurídico también de Ferrocarriles Chiapas-Mayab y ha alegado que los trenes y talleres son propiedad de esta empresa.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) decretó el pasado 23 de agosto el rescate de la concesión de Ferrocarriles Chiapas-Mayab y la acusó de carecer de capacidad técnica, operativa y financiera para dar el servicio, según declaró el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.

Dos días después, el secretario afirmó que la indemnización para la empresa concesionaria del tren será “cero”, porque la ley estipula que depende de lo que haya invertido para la prestación de servicio, maquinaria y equipo.

En declaraciones a la prensa, el titular de la SCT afirmó que el gobierno federal ha invertido alrededor de dos mil 500 millones de pesos para tratar de ofrecer servicio de calidad. No obstante, aseguró que el servicio Chiapas-Mayab “es de lo más malo que tenemos en el país”.

A la par de estas declaraciones, la señora Guadalupe Gallego Ochoa acusó a su socio Pedro Topete de presunto despojo y pidió audiencia ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Así lo argumentó en un desplegado a página entera publicado en seis periódicos nacionales.

En la publicación acusó a Topete, también accionista de Infraiber, de querer apoderarse de sus acciones y derechos mediante “acciones fraudulentas”.

En la parte medular de su desplegado Gallego Ochoa señaló lo siguiente:

“Pedro Topete anunció junto con grupo ICA en México y en Estados Unidos, que esta última adquirió el 50% de Vaibilis Infraestructura S.A. de C.V. –toda vez que Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A. de C.V. (CONOINSA), subsidiaria de ICA, ya tenía el 50%- el cual estaba conformado por las empresas Consorcio de Desarrollo Intercontinental y Corporación Desarrolladora de Infraestructura S.A. de C.V. de la que soy accionista al 50% junto con Pedro Topete, lo que resultó en un engaño público al inversionista pues nunca consentí dicha compraventa, hechos que ya son del conocimiento de las autoridades mexicanas, pues mediante poderes falsos se han autorizado compraventas y operaciones en las que no he participado de forma alguna”.

CONOINSA es subsidiaria de ICA para construir y operar la autopista Río de los Remedios-Ecatepec y competidora de OHL en las concesiones de las carreteras del Estado de México.

Sobre el caso de la concesión ferroviaria, Gallego Ochoa afirmó que ha sido excluida “de cualquier información que me permitiera participar en la defensa de mis intereses para la concesión de la compañía Ferrocarriles Chiapas Mayab S. A. de C.V., que detenta la concesión que hoy se revoca”.

En la inserción pagada en varios periódicos de la capital del país, Gallego Ochoa agregó: “he tenido noticia que el señor Topete está sujeto a investigaciones por las autoridades mexicanas por delitos relacionados con lavado de dinero y otros”.

Como respuesta al alegato de Gallego Ochoa, Pedro Topete difundió una carta pública dirigida al primer mandatario. En ella recordó que en el cateo realizado por autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) a las oficinas de Infraiber, el 15 de septiembre de 2015, se dieron cuenta de que la estructura de la sociedad Viabilis Holding “no ha tenido variación alguna”.

Añadió: “La señora Gallego está bien asesorada jurídicamente y cuenta con recursos suficientes para hacer valer sus derechos en la forma que considere adecuada”.

Topete pidió que se atienda la petición de la señora Gallego “a fin de que no tenga que incurrir nuevamente en costos excesivos (seis desplegados en un solo día, promoción en medios y la participación de los mismos bots de siempre) para que su respetuosa petición sea atendida”.

Fuente: Proceso

Autor: Jenaro Villamil

http://www.proceso.com.mx/452508/exhiben-disputa-socios-del-tren-la-bestiay-vinculo-caso-ohl

Los negocios tóxicos de Jesús Vizcarra, amigo de Peña Nieto

El sinaloense Jesús Vizcarra Calderón vuelve a las andadas. Favorito del panista Vicente Fox y ahora del priista Enrique Peña Nieto, el controvertido empresario lleva meses promoviendo su complejo industrial que incluye un basurero tóxico en las faldas de la Sierra Cucapah, a sólo ocho kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Pese a la oposición generalizada de los indígenas de la región y activistas sociales, y la sombra del narco que lo persigue desde hace lustros, el amigo del presidente no ceja en su empeño. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Suele acompañar con frecuencia al presidente Enrique Peña Nieto en sus giras internacionales y se le conoce como altruista de la salud, pues oferta casi regalados diversos servicios y ha incursionado con éxito en el mercado de productos cárnicos.

Se trata del empresario sinaloense Jesús Vizcarra Calderón, quien se posicionó durante los gobiernos panistas. No obstante su fama y fortuna, desde hace años lo persigue la sombra del crimen organizado y ahora es objeto de polémica por su intención de instalar un “basurero tóxico” en la frontera norte del país.

Considerado el empresario más próspero del sexenio peñanietista, Vizcarra pretende construir una zona industrial de recicladoras para extraer materiales pétreos y otros minerales en las faldas de la emblemática Sierra Cucapah, a las afueras de Mexicali, a tan sólo ocho kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

En esa zona donde sobreviven los últimos indígenas cucapá y el borrego cimarrón, Vizcarra pretende levantar en 14 mil 782 hectáreas una planta fotovoltaica. También busca construir unidades habitacionales, una zona comercial y un centro internacional de innovación y entrenamiento en reciclaje y energías renovables.

Lo que más le interesa es la construcción de una “estación de manejo, revalorización y disposición final de residuos peligros”; es decir, un centro de confinamiento que pueda recibir basura tóxica procedente de Estados Unidos y del territorio nacional.

Investigadores, colectivos, maestros, representantes de la sociedad civil e indígenas cucapá se oponen a ese proyecto en el que, según estimaciones, Vizcarra invertirá 14 mil 810 millones 800 mil pesos. Y aunque detuvieron por un tiempo la autorización del gobierno federal, toda vez que se trata de terrenos ejidales para la siembra, el pasado 14 de julio el empresario logró que le dieran el cambio de uso de suelo.

Por su parte, la agencia estadunidense Jennings & Johnson busca convencer a los indígenas para que le permitan desarrollar su proyecto de desarrollo económico para la cuenca de la Laguna Salada, que consiste en llevar agua del Mar de Cortés a la citada laguna para luego exportarla a Estados Unidos, muy cerca de donde Vizcarra pretende instalar su basurero tóxico.

La agencia ambientalista pretende invertir 8 mil millones de pesos en ese ambicioso proyecto, que incluye la instalación de granjas camaroneras, agricultura en agua salada, así como proyectos ganaderos y recargas de aguas pluviales.

Fuente: Proceso

Autora: Jesusa Cervantes

http://www.proceso.com.mx/450905/los-negocios-toxicos-jesus-vizcarra-amigo-pena-nieto

Se declara la CNTE en “alerta máxima” en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) emplazaron este domingo al gobierno federal a dar una respuesta clara y satisfactoria antes del 22 de agosto y que de hacer uso de la fuerza pública para reprimir el movimiento magisterial, ellos están fortalecidos para responder.

En conferencia de prensa, Pedro Gómez Bámaca y Manuel Mendoza, voceros y líderes de la CNTE en Chiapas, se dijeron en alerta máxima, por lo que han pedido a todos los maestros concentrarse en la capital del estado.

“Queremos dejar claro y decimos acá que tenemos toda la voluntad para que encontremos una salida pacífica al conflicto. Y que esas amenazas veladas que la Secretaría de Gobernación está haciendo, de lo que ellos llaman hacer uso de la fuerza pública y aplicar el estado de derecho. Nosotros les decimos desde acá que tenemos, a más de 90 días del movimiento magisterial, la capacidad de respuesta y que no vamos a echarnos para atrás”.

En este contexto, Gómez Bámaca dijo que ya se hizo un llamado a todos los maestros y maestras de las secciones 7 y 40, para que se concentren en la capital del estado, así como a los comités de padres de familia y organizaciones sociales solidarias para cerrar filas en torno al movimiento magisterial y sobre todo estar alertas ante cualquier embestida policiaca.

“Emplazamos al gobierno federal a que a más tardar el 22 de agosto tenga una respuesta positiva a nuestra demanda central que dio origen al movimiento de protesta. En caso contrario, hemos decidido seguir con el paro de labores y no regresar a las aulas”, dijo Gómez Bámaca.

Los maestros delinearon su plan de acción para este lunes y martes en la capital del estado, donde están previstas las tomas de edificios del sector educativo como la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría de Planeación Educativa, la del Instituto de Innovación y Evaluación Estatal (INNEVAL), así como la Torre Chiapas, sede de varias oficinas gubernamentales, estatales y federales.

También tienen previsto una megamarcha para el lunes 22 de agosto, día en que oficialmente deberían iniciar las clases del próximo ciclo escolar.

Gómez Bámaca explicó que las acciones ya planeadas y otras previstas a futuro, dependerán de la reunión entre la CNTE y la Segob este martes en la Ciudad de México.

Manuel Mendoza ratificó lo dicho por Gómez Bámaca en el emplazamiento a la Segob para que dé respuestas claras al reclamo fundamental de la CNTE, como lo es la abrogación de la reforma educativa. “Si no hay respuesta satisfactoria, el movimiento seguirá hacia delante”, advirtió.

Mendoza dijo que el gobierno federal se equivocó en apostarle al desgaste del movimiento magisterial, que al contrario, hoy está más fortalecido que nunca y más comprometido a defender la educación pública y enfrentar la mal llamada reforma educativa.

Por su parte, el secretario de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, dijo tener esperanzas de que las mesas de diálogo entre el gobierno federal y la CNTE avancen y pueda iniciar el ciclo escolar con normalidad después del 22 de agosto.

Fuente: Proceso

Autor: Isaín Mandujano

http://www.proceso.com.mx/450951/se-declara-la-cnte-en-alerta-maxima-en-chiapas

Empresarios suspenden labores en Oaxaca contra #AlertaCNTE

Estos desalmados (narco)empresarios siguen amenazando y haciéndose las víctimas, cuando ELLOS son culpables de lo que está ocurriendo en el estado. Contratando jefes de plaza para que mal gobiernen el estado y sus municipios, llevando grupos de choque, paramilitares, sobornando a la policía municipal y estatal, buscando desacreditar a los profesores que buscan una mejor vida de sus estudiantes, y también para su retiro, además de la inseguridad ocasionada en el Istmo y de la Sierra cercana al estado de Veracruz, donde hay asesinatos, desapariciones, entre otras situaciones aberrantes.

Oaxaca, Oax. Decenas de empresas locales, restaurantes y hoteleros, entre otros establecimientos, suspendieron labores este lunes para exigir al gobierno federal, estatal y municipal la aplicación del “Estado de derecho” en Oaxaca.

Los manifestantes se reunieron en la fuente de las ocho regiones, donde se ofreció una rueda de prensa y se montó una valla en las banquetas donde mostraban pancartas en contra de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal.

Esther Merino, presidenta de la Asociación de Empresarial y Comercial de Oaxaca, señaló que son más de 30 cámaras empresariales y organizaciones las que se suman a esta manifestación, a la cual se suman más de 50 mil personas que suspendieron labores.

En tanto misceláneas, farmacias e incluso mercados de la ciudad de Oaxaca mantuvieron operaciones, tras señalar que no pueden suspender labores porque afectarían seriamente a la ciudadanía, además que traería consigo grandes pérdidas para ellos.

Con información de Jorge Pérez Alfonso, La Jornada

El despojo, vía para facilitar a empresarios obras en Edomex

TOLUCA, Edomex. (apro).- El despojo de tierras se ha convertido en una constante de los gobiernos federal, estatal y municipales en la entidad para facilitar a los empresarios la construcción y desarrollo de obras de infraestructura que ofrecen como públicas pero que en realidad son concesionadas.

En los últimos días, Chimalhuacán, San Pedro Tultepec y Valle de Bravo se han sumado a Atenco, Xochicuautla, Coyotepec, San Francisco Magú y Tecámac para garantizar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), autopistas operadas por Higa u OHL, el tren interurbano, Plazas Estado de México, Ciudades Bicentenario o complejos habitacionales.

Volar

El primer día de agosto Apro dejó de manifiesto que la construcción de la nueva terminal aérea no sólo ha provocado malestar del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en la zona de Atenco-Texcoco.

Dos centenas de ejidatarios de Chimalhuacán denunciaron el despojo de 450 hectáreas, a través de Irma Lorena Roa López, jefe de Departamento de Control y Validación Documental, y Mario Vázquez, quienes ofrecieron a los dueños “gratificaciones por cuidar los terrenos del gobierno” mediante un convenio de “no ocupar o desocupar”, a cambio del pago de entre 10 y 65 pesos por metro cuadrado.

Al firmar los convenios, los funcionarios solicitaron a los propietarios documentos originales de contratos de compraventa, inmatriculaciones, escrituras públicas, títulos primordiales de 1895, traslados de dominio, recibos de impuesto predial, contratos privados, etc. En caso de oponerse, amenazaron con el desalojo por parte de la Policía y el Ejército.

Los afectados promovieron denuncias penales y amparos que se encuentran en proceso, pero de los que dos ya fueron ganados, de tal manera que los Tribunales ordenaron a la Legislatura local reintegrar las tierras a sus legítimos propietarios –María del Rosario Zedillo Méndez y Rosa Jiménez Tenorio–, lo que ocurrió el 12 de julio pasado sin que, hasta ahora, les haya sido reintegrada físicamente su propiedad, conforme lo advirtió Juan Loreto González, representante legal de los afectados.

Por estos terrenos además cruza la autopista de OHL para comunicar la terminal aérea, pero tampoco han sido indemnizados sus dueños con la construcción de cuatro puentes peatonales, como se comprometió la firma española.

En tanto, Tomás Cruz, dirigente de la Coalición de Organizaciones Urbanas y Campesinas (Coduc) Chimalhuacán, alertó que al considerar que tiene perdida la batalla jurídica, el gobierno federal constituyó a Antorcha Campesina como grupo de choque, al asignarle, mediante el Diario Oficial de la Federación, 20 hectáreas de la zona afectada para construir una Universidad Politécnica y, el 21 de julio, 30 hectáreas más para un centro deportivo y 150 adicionales para un parque industrial.

Interurbanos

La Procuraduría General de Justicia de Estado de México (PGJEM) inició carpetas de investigación por el presunto despojo de 50 hectáreas del ejido de San Pedro Tultepec, en Lerma, en contra de nueve de sus defensores.

El ejido en disputa se ubica en una zona bien comunicada y con plusvalía al alza, entre la carretera México-Toluca (donde además se construyen las obras del interurbano), la Vialidad Las Torres y la estación del tren Lerma.

Paulino Osorio, representante del movimiento, denunció que detrás de las acusaciones están las empresas Hino Motors, Continental Motors, Chrysler y Chevrolet, la familia Abascal y la señora Carmen Ontiveros.

“Nosotros sólo somos trabajadores del campo que no tenemos las relaciones políticas que ellos tienen”, dijo.

Tras la Revolución, unos 298 pobladores fueron dotados con mil 936 hectáreas. En 2001, los ejidatarios ganaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el amparo 168, y el 4 de junio de 2011 les fue entregado legalmente el ejido.

“Tenemos resolución presidencial, plano definitivo, acta de posesión y deslinde de todo el territorio”, expuso.

No obstante, el 19 de diciembre pasado fueron enviados a azuzar a la comunidad cerca de 5 mil granaderos estatales. Tratándose de un tema agrario y federal, Osorio Montaño alertó que la PGJEM y el gobierno estatal carecen de facultades en la disputa.

Navegar

Sin mediar notificación ni indemnización, el pasado viernes dos familias de Valle de Bravo, propietarias de casi 3 mil metros cuadrados sobre la costera, en pleno centro de la cabecera municipal, fueron desalojadas con el pretexto de construir en sus tierras una Plaza Estado de México.

Los inmuebles fueron expropiados el 27 de junio –cuando se promulgó el decreto respectivo– por el gobernador priista Eruviel Ávila, en favor de la Secretaría de Cultura, encabezada por Eduardo Gasca Pliego.

La vivienda del señor Rodrigo Pérez Mainou fue demolida, en su ausencia, el día del desalojo; la segunda se dejó pendiente ante la necesidad de desalojar algunas lanchas ancladas en la pensión Villalpando –de la que dependen seis familias, algunas de origen mazahua– por concesión de Conagua.

Los terrenos expropiados se ubican en una zona de gran plusvalía. Una consulta de venta de terrenos en la zona costera con empresas como InmoMéxico o Inmuebles Metros Cúbicos reveló costos promedio de 150 mil dólares para propiedades de 500 metros cuadrados, mientras las casas se cotizan a partir de un millón de dólares, dependiendo de la ubicación en torno al lago, la extensión del terreno y el tipo de construcción.

Sara Sepúlveda, nuera de don Mario Villalpando, afirmó que su vivienda no es onerosa, y que el terreno le fue entregado a su suegro hace aproximadamente 40 años como pago por la empresa para la que trabajó.

“Nosotros tenemos una casita humilde, todo lo demás es terreno cubierto de vegetación y los lanceros donde guardamos las lanchas”, aclaró.

El artículo quinto de la Ley de Expropiación del Estado de México establece que “el pago de indemnización por expropiación de bienes inmuebles se basará en la cantidad que como valor fiscal o catastral figure en las oficinas catastrales o recaudadoras respectivas”.

El decreto expropiatorio afirma que el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México emitió los avalúos, y que la Secretaría de Cultura deberá cubrir la indemnización “en una sola exhibición en cheque certificado un mes después de publicado” a quien acredite tener derecho.

El documento incumple el artículo 11, fracción V, de la Ley de Expropiación de la entidad que obliga a especificar “el monto”.

En entrevista, Sepúlveda sostiene que desconocen los términos del avalúo realizado por la dependencia y rechaza que hayan recibido cheque alguno para indemnizarlos; incluso afirma que cuando se pretendió demoler su vivienda jamás les comunicaron una sola palabra sobre la indemnización.

De hecho, advierte que ni siquiera fueron notificados, lo que violentaría el artículo séptimo del propio decreto, que obliga a notificarlo “a quien o quienes tengan derecho, en términos del artículo 12 de la Ley de Expropiación para el Estado de México”.

También se violenta el artículo 14 de la Ley de Expropiación, en la que se dispone: “Después de cinco días de notificada la declaratoria, se citará personalmente al propietario o poseedor afectado y al solicitante, indicándoles el día y la hora en que se será (sic) dentro de los cinco días siguientes, en que se llevará a cabo la diligencia de posesión, la cual se realizará indefectiblemente”.

Mario Villalpando, de 87 años, quien según su nuera “ya padece demencia senil, no entiende bien lo que se le dice y confunde las cosas”, firmó el pasado viernes su acuerdo con el decreto expropiatorio luego se vio rodeado por una docena de elementos policiacos que irrumpieron en su casa.

El decreto entró en vigor el mismo día de su publicación. La mayoría de las reformas en la entidad operan a partir del día siguiente.

El resultando primero admite que el “secretario de Cultura del Estado de México, con oficio 228A00000/076/16, del 4 de abril de 2016, solicitó al Titular del Poder Ejecutivo, la expropiación”.

Eduardo Gasca, secretario de Cultura de la entidad, fue cliente de la marina de los Villalpando desde finales de 2013 hasta principios de 2015.

Apenas este jueves 4, pobladores inconformes realizaron una marcha en contra de la decisión, pues consideran que el proyecto atenta contra la ecología (la zona se encuentra considerada por el propio decreto como Área Natural Protegida de jurisdicción federal, denominada Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal), la imagen urbana del pueblo (es rústica y el proyecto prevé encementar el área) y peor aún porque no fueron consultados.

El sábado 23 de julio fueron convocados por la empresa Infraestructura Social, contratada por la Secretaría de Infraestructura, para acudir a un “taller gratuito de participación ciudadana para la recuperación de espacios públicos”, en el que los asistentes aclararon que tenían necesidades distintas a las mejoras del embarcadero, y donde se les prometió no afectar a terceros.

“Hay otras necesidades más apremiantes en Valle y así se los hicimos saber… no veíamos necesidad de mejorar ese espacio olvidado, como dijeron ellos”, refirió Carmina Navarrete, una de las vecinas.

El embarcadero, dijo, ya está rebasado, es caótico y se requiere descargar el tráfico, por lo que durante ese encuentro los pobladores sugirieron como alternativa invertir en el desarrollo de San Antonio, ubicado al otro lado de la costera, para crear otro puerto.

Política de despojo

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) tiene documentados al menos otros cinco grandes despojos en la entidad, actualmente en litigio:

San Salvador Atenco –también por el NAICM–; Xochicuautla –donde Higa construye la autopista Toluca-Naucalpan); Coyotepec –el agua pretende municipalizarse para llevarla a una Ciudad Bicentenario–; San Francisco Magú –donde se quiere imponer el proyecto inmobiliario “Bosques del Paraíso” de la empresa Merket Construcciones SA de CV sobre el bosque y agua de la comunidad–, y Tecámac, cuya agua potable será destinada a la Ciudad Bicentenario.

José Antonio Lara, representante legal de organismo, alertó que “no son casos aislados; hay una política integral de despojo de tierras, territorio y recursos naturales, implementada por el gobierno estatal en favor de grandes empresas nacionales y extranjeras”.

Fuente: Proceso

Autora: Veneranda Mendoza

http://www.proceso.com.mx/450034/despojo-via-facilitar-a-empresarios-obras-en-edomex