Superdelegados se fueron a buscar gubernaturas sin entregar reportes ni ser evaluados

La Secretaría de Bienestar refirió que los delegados no tienen agenda pública ni entregan informes, pero aseguró que se conducen con apego a la ley.

Los superdelegados tienen la tarea de aterrizar en los estados y las comunidades los programas prioritarios del gobierno, pero no existen mecanismos para la rendición de cuentas y su desempeño no ha sido evaluado este año.

Esta opacidad se suma al hecho de que los delegados de Programas para el Desarrollo -que es su título oficial- tienen dos jefes: administrativamente, están adscritos a la Secretaría del Bienestar, pero sus nombramientos son decididos por la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo de la Presidencia de la República, a cargo de Gabriel García.

La COVID-19 acelera compras de la 4T a Pymes, pero el IMCO advierte de “opacidad y discrecionalidad”

La emergencia sanitaria por COVID-19 abrió negocio para micro, pequeños y medianos proveedores en cuyas filas hay, por lo menos, un exfuncionario público relacionado con la Estafa Maestra, en un contexto en que el IMCO acusa que en México “las compras realizadas para atender la COVID-19 han sido discrecionales y opacas”.

El Gobierno federal ejerció al menos 38 millones 959 mil 244.61 pesos en compras de emergencia por la pandemia de coronavirus en México, de acuerdo con cifras del portal CompraNet al corte del 27 de julio de 2020.

La compra de bienes y servicios incluye los gastos de 21 dependencias de gobierno, a través de 108 contratos públicos cuyo título refiere la prevención y tratamiento de casos de coronavirus, COVID-19 o SARS-CoV-2.

Entre amigos, la fiscalización de recursos en la Sedena y la Semar

Con la tolerancia de la Secretaría de la Función Pública de gobiernos anteriores y del actual, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina realizan una fiscalización de sus recursos que carece de imparcialidad, pues los titulares de sus Órganos Internos de Control no son civiles, como lo mandata la ley. “Los titulares de estas oficinas de vigilancia omiten sus rangos militares cuando firman documentos oficiales, para hacerse pasar por civiles”, denuncia en entrevista el teniente coronel Eduardo Navarrete Montes.

Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) carecen de una real fiscalización de los recursos públicos que manejan.

Violando la Ley Orgánica de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las instituciones armadas provienen los titulares del Órgano Interno de Control (OIC), cuando por ley el encargado de dicha fiscalización debe ser una persona ajena a las instituciones o dependencias para garantizar imparcialidad.

Nafin y Bancomext: el arte de la opacidad

En tiempos de la autodenominada cuarta transformación, Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) despliegan esfuerzos legales y financieros para ocultar información clave sobre los dos créditos –por 635 millones de dólares– que otorgaron a Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para la compra a sobreprecio de Grupo Fertinal.

Desde octubre pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI) ordenó en cuatro ocasiones a estas dependencias que levanten el secreto bancario sobre este caso y entreguen los documentos relativos a los créditos, que Proceso solicitó mediante la plataforma nacional de transparencia.

No se preocupa, Rosario: paga 26.7 millones en una sola campaña de prensa; ¿y sirvió? Se sabrá en 2019

Bajo la gestión de Rosario Robles Berlanga y sólo en 22 días, la Sedesol gastó 26 millones 699 mil 999 pesos en la difusión de una sola campaña de spots. Eran anuncios que elogiaban el programa de combate a la pobreza que ese año se inauguraba con un nuevo nombre; de Oportunidades había pasado a ser Prospera. Ese dinero habría alcanzado para 29 mil 666 becas bimestrales de 900 pesos del mismo programa en un año en el que, según la ASF, la pobreza no menguó ni un ápice en México. ¿Fue útil este gasto? Después de esos días de anuncios en la pantalla, el Gobierno federal mandó a hacer un estudio para conocer el impacto de la campaña en los ciudadanos mexicanos; pero clasificó bajo reserva los resultados hasta 2019.

En la difusión de una sola campaña de spots que elogiaban el programa Prospera que ella misma impulsaba y sólo durante 22 días, Rosario Robles Berlanga gastó al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 26 millones 699 mil 999 pesos entre enero y febrero de 2015.

Es decir, en este periodo, la mujer que estuvo encargada del combate a la pobreza durante dos años y medio, gastó 1.2 millones de pesos por día en publicidad oficial.

CFE, ISSSTE e IMSS, las instituciones con menos transparencia y mayor riesgo de corrupción: IMCO

7 de cada 10 contratos se asignaron mediante adjudicación directa de 2012 a 2016; en el caso de IMSS y el ISSSTE el 21 por ciento de las compras las realizan a sólo dos proveedores.

Las entidades cuyo gastos es menos transparente y por lo que hay mayores riesgos de corrupción son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).


Le siguen Prospera, Liconsa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,  la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente.

Miguel Márquez compra terreno de 280 mdp para estadio del León, pero no dice a quién “por seguridad”

El gobernador panista Miguel Márquez Márquez salió a los medios a confirmar la adquisición de un predio que se usará para la construcción de un nuevo estadio de fútbol para el equipo León “para dejar resuelto el problema”, pero se negó a informar a quién se le compró con 280 millones de pesos del erario, y todavía pidió a los reporteros “ser muy cuidadosos del tema” por la situación de inseguridad que prevalece.

Incluso, el Secretario de Finanzas Juan Ignacio Martín Solís y el coordinador de Comunicación social Enrique Avilés insistieron a los reporteros “ser muy reservados con el tema, porque fue incluso una solicitud de los vendedores” cuya identidad en todo momento se negaron a revelar, a pesar de tratarse de una adquisición con recursos públicos.

Antes de Odebrecht, fue BizJet. Y dio sobornos con Fox y FCH. Nadie pagó. Los datos siguen ocultos

Han pasado cinco años desde que BizJet International Sales & Support confesó ante una corte de Oklahoma, donde está su sede, que dio sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de contratos para dar servicio a aeronaves oficiales. Hasta ahora no se han ejercido acciones penales y los ciudadanos no pueden conocer  los convenios para esa empresa, ni las condiciones en que se otorgaron. En 2012, el Estado Mayor Presidencial puso bajo reserva y durante seis años toda la información sobre el mantenimiento de aeronaves. Los datos de BizJet fueron doblemente guardados porque integran una averiguación previa de la Procuraduría General de la República que se mantiene abierta.

Antes de Odebrecht y OHL, en México hubo otra historia de sobornos para altos funcionarios del Gobierno mexicano que cada vez, se opaca más. Han pasado cinco años desde que BizJet se declaró culpable de haber dado sobornos en México y los contratos obtenidos no pueden conocerse debido a que hay una investigación abierta de la Procuraduría General de la República.

En 2012, BizJet International Sales & Support confesó ante una corte de Oklahoma que pagó “propinas” por dos millones de dólares a funcionarios mexicanos para obtener contratos para dar mantenimiento a aeronaves de la Coordinación de Transportes Aéreos Presidenciales del Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal; además de los Gobiernos de Sinaloa y Sonora.

Gobierno federal niega al Sistema Nacional Anticorrupción información sobre La estafa maestra

Desde hace cuatro meses, integrantes del Comité de Participación Ciudadana solicitaron al SAT las facturas emitidas por las empresas fantasma o con irregularidades contratadas por universidades públicas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y dependencias como la Sedesol y la Sedatu no han entregado, ni al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o a ciudadanos que lo han solicitado, información pública sobre el esquema de desvío de recursos públicos, documentados en La Estafa Maestra.

Desde hace cuatro meses, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, solicitaron al SAT las facturas emitidas por las empresas fantasma o con irregularidades contratadas por universidades públicas para hacer servicios al gobierno federal, pero que nunca se cumplieron, de acuerdo con la ASF.

En la opacidad, Astudillo gasta más de 36 mdp en renta de oficinas para la SEG

Entre 2016 y 2017, el gobierno estatal ha erogado poco más de 36 millones de pesos en el arrendamiento de 154 inmuebles, la mayoría de ellos para albergar oficinas de la Secretaría de Educación (SEG).

El mayor gasto se hizo el año pasado al destinarse 26 millones 371 mil 850 pesos al pago del alquiler de 73 edificaciones, todos en esta capital, según documentos oficiales obtenidos por Apro vía transparencia.

La disposición de recursos para arrendamiento de oficinas descendió significativamente este año, a pesar de que se alquilaron 81 inmuebles. De acuerdo con los documentos, en el año que está por concluir se destinaron sólo 10 millones 259 mil 549 pesos.

Yunes, Pavlovich y Cabeza de Vaca reservan sus gastos en viajes hasta 2022

Las oficinas de los gobernadores de Veracruz, Sonora y Tamaulipas dijeron que es muy peligroso dar a conocer el monto que han gastado en viajes y declararon la información como reservada por cinco años.

Los viajes realizados por los gobernadores de Veracruz, Sonora y Tamaulipas serán información reservada hasta el año 2022. Aunque los vuelos y viáticos de los servidores públicos son pagados con recursos públicos, estos tres estados consideraron que la información no debe ser del dominio público.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) establece que la información relacionada con el ejercicio de las funciones públicas y con el ejercicio de recursos públicos debe ser transparentada, explica Sarahi Salvatierra, investigadora en rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

EPN oculta 12 millones 406 mil 136 expedientes en menos de 5 años; más que cualquier Presidente

Si la desmemoria se midiera, el Índice de Expedientes Reservados –inaugurado en 2004- sería un buen indicador. Se trata de los asuntos gubernamentales que las entidades públicas deciden poner bajo resguardo para no revelarlos ante los ciudadanos. El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene 12 millones 406 mil 136 expedientes reservados. Muchos de ellos no se abrirán hasta 2024, seis años después de que haya dejado Los Pinos. Recurso permitido por el marco jurídico de la Transparencia, cada vez, la secrecía se incrementa en la Administración Pública. Vicente Fox Quesada (2000-2006) concluyó con 3 millones 839 mil asuntos y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con ocho millones. Peña Nieto ha aumentado en cinco años en 55 por ciento los secretos del Gobierno.

Apegado al marco jurídico de la Transparencia, el Gobierno de Enrique Peña Nieto impuso una desmemoria para que muchos de sus secretos no sean revelados hasta dentro de una década o más.

El pasado viernes 1 de septiembre, el Jefe del Ejecutivo le entregó al Congreso de la Unión su Quinto Informe de Gobierno, el máximo documento de la Rendición de Cuentas al que lo obliga la Constitución Mexicana. Mientras, en el Índice de Expedientes Reservados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) permanecen acumulados 12 millones 406 mil 136 expedientes que conciernen al desempeño gubernamental.

Opacidad enmarca programas sociales de estados y abre la puerta a desvíos con fines electorales: Gesoc

CIUDAD DE MÉXICO: De los mil 227 programas sociales puestos en marcha por gobiernos estatales en 2016, apenas seis fueron evaluados por sus resultados, lo que abre la puerta a un posible desvío para fines electorales, advirtió hoy Alejandro González, director general de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc).

Al presentar el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) 2017, González Arreola deploró que, de manera general, los estados incumplen con los estándares que definen una política social eficiente, pues sus programas sociales carecen de “elementos básicos de institucionalidad, como transparentar su presupuesto aprobado y ejecutado”.

Sistemas anticorrupción estatales, con participación ciudadana a medias y sin transparencia

Fundar y organizaciones civiles enumeraron las fallas en los procesos para implementar los sistemas anticorrupción en los estados.

Con muy poca transparencia, una participación ciudadana a medias y sin aprovechar el uso de las tecnologías, así han sido los procesos de instalación e implementación de los nuevos sistemas locales anticorrupción, de acuerdo al análisis Parlamento Abierto, hecho por Fundar y otras organizaciones civiles, a 13 de los 32 estados.

Tras la promulgación de la Ley General Anticorrupción, se dio un año para que los 32 congresos estatales aprobaran sus propias reformas e instalaran, acompañados por la sociedad civil organizada, las dependencias encargadas de combatir la corrupción a nivel local.

Líder de Guerreros Unidos tiene un hermano en el Ejército; Sedena e INAI reservan su expediente

El INAI avaló que el Ejército mantenga en secreto el historial de servicio de Alfredo Casarrubias, hermano del presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, señalado como autor intelectual del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa.

Declaraciones ministeriales recabadas por la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que Sidronio Casarrubias Salgado, a quien se identifica como líder del cártel Guerreros Unidos y como autor intelectual del ataque contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, es hermano de un integrante de las Fuerzas Armadas, de nombre Alfredo Casarrubias Salgado.

Tal como consta en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/946/2014, Sidronio Casarrubias fue capturado el 17 de octubre de 2014, es decir, tres semanas después del ataque contra los normalistas (ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año).

Comisionados del INAI salvan a Moreira: Evitan que se hagan públicas indagatorias en su contra

Joel Salas, comisionado del INAI, pidió que la PGR publique las investigaciones de corrupción contra Moreira; el pleno del Instituto rechazó la solicitud argumentando la falta del fiscal anticorrupción.

El retraso del Senado en la selección y nombramiento del fiscal anticorrupción salvó a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, de que se hicieran públicas una serie de averiguaciones previas en su contra.

El pleno del INAI (durante la sesión del pasado 14 de junio) rechazó por cinco votos contra dos, la propuesta del comisionado Joel Salas para que la Procuraduría General de la República entregue información sobre las investigaciones relacionadas con corrupción que involucran al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, bajo el argumento de que la falta del nombramiento del fiscal anticorrupción impide que la PGR pueda conocer de actos de corrupción.

Corrupción en SLP refleja podredumbre y auditorías reprobadas

Ahora "no tenemos la certeza de cómo se aplican los dineros públicos en este estado": Xavier Nava; no toleraremos corrupción: PAN.

Ante el caso de corrupción develado en el Congreso de San Luis Potosí, entramado en el que participaría la Auditoría del Estado, Eduardo Bohorquez, director General de Transparencia Mexicana, recordó que “todas las auditorías de los estados” ya habían sido reprobadas previamente por la OCDE.

En Aristegui en vivo, apuntó que desde 2015 ya no se necesita una denuncia para activar los mecanismos anticorrupción e iniciar una investigación de oficio.

El Gobierno gastó en 12 chalecos para periodistas y defensores en 3 años, y ocultó esos contratos

Para otorgar medidas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, el Gobierno de Enrique Peña Nieto hizo algunas compras de 2012 a 2015. Fueron 12 chalecos antibalas, un auto blindado, 22 teléfonos celulares, 611 cámaras, 485 luces, 315 cerraduras, cuatro mil 841 metros de malla y 365 metros de acero de ventanas.

Pero una vez que hizo estas adquisiciones, el Gobierno escondió el nombre de las empresas proveedoras y el costo unitario de los productos bajo los velos del recurso de la reserva.

Las compras de esos artículos las hizo la Unidad de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación con los recursos del fideicomiso creado en 2012 para el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de derechos humanos.

Gobierno de Peña gasta 20 veces más en seguridad y además oculta en qué invierte los recursos

En lo que ha sido el año más violento de la gestión de Peña Nieto, el gasto en la partida 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional” pasó de 796 millones a 18 mil 539 millones, sin que haya forma de conocer cómo se ejerció ese gasto millonario.

El gobierno federal tiene una partida “secreta” a la que año con año se le asignan miles de millones de pesos, sin justificación y sin que la autoridad explique en qué se usan esos recursos públicos.

La partida 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional” creció veinte veces sólo en 2016, el año más violento de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.
Aunque el Congreso le asignó sólo 796 millones de pesos, el gobierno federal terminó gastando 18 mil 539 millones.

Pero este aumento discrecional del gasto no es exclusivo de 2016, en realidad es una constante en la gestión de Peña Nieto, pues desde 2013 se ha inflado la bolsa sin que se rindan cuentan sobre cómo se gastan esos recursos.

El secretario de Finanzas de QRoo es accionista de 15 empresas que no reportó

Juan Melquiades Vergara –acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero–, es accionista de al menos 15 empresas que no reportó en su declaración 3de3.

El diario Reforma publicó este lunes 1 de mayo que el secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara –acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero–, es accionista de al menos 15 empresas que no reportó en su declaración 3de3.

De acuerdo con la información del diario mexicano, en seis de las empresas es socio del exgobernador Joaquín Hendricks y de la actual magistrada local Verónica Acacio Trujillo.

Esta información es publicada mientras Vergara Fernández enfrenta una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a través de la empresa Travel Channel.