Los Pinos reservó las encuestas en las que sustentó la Reforma Energética, y las abrirá hasta 2018

En la baja aprobación del Presidente Enrique Peña Nieto –19 por ciento, de acuerdo con GEA-ISA–, las reformas estructurales han sido un factor de peso. Un estudio de opinión de Buendía & Laredo refiere que para la población, las enmiendas constitucionales son “lo peor” que el Primer Mandatario ha hecho hasta ahora. La energética se distingue como una de las menos populares, sólo después de la hacendaria, según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En 2013, el Presidente obtuvo sus propias evaluaciones de la percepción de esa reforma en la población. Según la respuesta a un ciudadano mediante el INAI, Los Pinos ordenó encuestas para sustentar la Reforma Energética. Si los resultados del ejercicio fueron adversos o favorables, no puede saberse ahora porque se encuentran reservados hasta noviembre de 2018; es decir, cuando Enrique Peña Nieto se haya ido.

En 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto ordenó algunas encuestas que sirvieron de sustento de la iniciativa de la reforma energética; pero Los Pinos clasificó como reservado el contenido de ese ejercicio hasta noviembre de 2018, fecha en que habrá concluido la presente Administración.


Lo anterior, de acuerdo con la respuesta que dio la Presidencia de la República a un ciudadano quien quiso conocer las encuestas ordenadas por Los Pinos que sirvieron de sustento en la toma de decisión del Gobierno federal para la elaboración de la reforma energética.

Ministro propone reservar datos sobre vuelos de Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO: Con el argumento de afectación a la seguridad nacional, el ministro Javier Laynez Potisek busca que la Suprema Corte revierta un fallo del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y se nieguen en definitiva los datos sobre los horarios y rutas de toda la flota aérea de la Presidencia de la República.


Laynez propuso al pleno de ministros resolver a favor de la Consejería Jurídica de la Presidencia el recurso excepcional que ésta interpuso en contra del INAI por haber ordenado al Estado Mayor Presidencial (EMP), en 2015, la entrega de esa información a un particular.

Extingue CJF Comisión para Transparencia y Acceso a Información

Ciudad de México. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) extinguió la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y redistribuyó las tareas entre estructuras administrativas.

A través del Diario Oficial de la Federación, aseguró que la medida incluye fortalecer las áreas en materia de transparencia y archivos, independizándolas una de la otra, con el propósito de hacer una mejor distribución de facultades para un desempeño más eficiente.

El SAT se ampara para mantener oculto a qué empresas les ha perdonado el pago de impuestos

Después de que un juez le ordenó entregar la información sobre condonaciones fiscales acumuladas desde 2007, el SAT interpuso un recurso legal para continuar en la opacidad.

El Servicio de Administración Tributaria interpuso un recurso legal para mantener en la opacidad la información sobre a qué empresas les ha perdonado el pago de impuestos desde 2007.

Tras un amparo interpuesto por la organización Artículo 19 y Animal Político, Gabriel Regis López, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dictó sentencia los primeros días de este mes y determinó que el SAT atenta contra el derecho a la información y el derecho a la justicia al negarse a transparentar los datos.

¿De qué hablaron Ibarra, Aspe, Serra, Cordero, Gil, Carstens y Meade? No se sabe: SHCP “no tiene datos”

La SHCP sólo dio información sobre la lista de todos los ex secretarios que fueron invitados y de los que decidieron asistir al encuentro. Luis Videgaray Caso, hoy Canciller, Jesús Silva Herzog Flores, Guillermo Ortiz Martínez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Ángel Gurría fueron los ex funcionarios que no atendieron el llamado. En la lista se observa que Meade convocó a Gustavo Petricioli, Secretario de Hacienda en la parte final del sexenio de Miguel De la Madrid pero fallecido desde 1998.

El pasado 13 de diciembre, ante las amenazas de Donald Trump a la economía nacional y la futura salida de Agustín Carstens del Banco de México, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió con seis de sus predecesores.

“Me reuní con ex titulares de @SHCP_mx David Ibarra, Pedro Aspe, Jaime Serra, Ernesto Cordero, Francisco Gil y Agustín Carstens”, escribió Meade en su cuenta de Twitter.

El funcionario mostró también dos fotografías del encuentro, realizado en el Salón de los Retratos de Palacio Nacional; una de ellas mostrando a Meade y sus convocados de pie y sonrientes ante la cámara.


“Conversamos acerca de los retos que México enfrenta. Es fundamental el intercambio de experiencias”, agregó Meade en la red social.

Me reuní con ex titulares de @SHCP_mx David Ibarra, Pedro Aspe, Jaime Serra, Ernesto Cordero, Francisco Gil y Agustín Carstens. pic.twitter.com/x2bxSxzJOK

— José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 13 de diciembre de 2016

Cuestionado sobre el contenido del encuentro, sin embargo, Meade respondió ante una solicitud de información que no había “obligación” de guardar registro alguno y que, además, fue de “carácter privado”.

“No se tiene la información solicitada; toda vez que, de acuerdo a las facultades y atribuciones expresamente conferidas a esta unidad administrativa, previstas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6 del Reglamento Interior de esta dependencia, no se desprende obligación de contar con material que facilite la entrega de la información”, respondió la “oficina del C. Secretario” de Hacienda.

“La reunión con Ex titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 13 de diciembre de 2016 fue de carácter privado y por su propia naturaleza no se generaron registros ni en audio ni en video de dicho encuentro sostenido en Palacio Nacional”, agregó la Unidad de Comunicación Social de la dependencia.

Las negativas fueron entregadas a través de la Plataforma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en respuesta a una solicitud de información ingresada el 16 de diciembre pasado.

La petición fue conocer el “contenido íntegro de lo hablado por cada asistente al encuentro entre el secretario Meade y los ex secretarios de Hacienda” el 13 de diciembre, ya fuera en transcripción o descripción de cada participación, así como “toda la documentación que se haya generado”.

En su respuesta, la SHCP envió sólo las fotografías publicadas por Meade y mencionó que “por principio de máxima publicidad, se informa del único material gráfico que se difundió a través de la cuenta de Twitter del propio Secretario”.

También –y ante pregunta expresa– envió una lista de los convocados al encuentro, en la que se observa que, además de los seis que sí aceptaron, se invitó a otros ex titulares de Hacienda, entre ellos Luis Videgaray Caso, hoy titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien no atendió entonces el llamado de Meade.

Tampoco atendieron la invitación Jesús Silva Herzog Flores, Secretario de Hacienda al final del sexenio de José López Portillo y al inicio de Miguel de la Madrid; Guillermo Ortiz Martínez, titular de la misma dependencia en el sexenio de Ernesto Zedillo y ex Gobernador del Banco de México; ni José Ángel Gurría, que lo sucedió en SHCP y hoy secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En la lista se observa que Meade convocó también a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como a Gustavo Petricioli, Secretario de Hacienda en la parte final del sexenio de De la Madrid pero fallecido desde 1998.

Salvo David Ibarra Muñoz, que fungió como titular de Hacienda con José López Portillo, los ex secretarios que sí asistieron a Palacion Nacional ocuparon el cargo en los años caracterizados por la apertura económica y las privatizaciones de las empresas del Estado.

Pedro Aspe Armella fue Secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando también se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ahora amenazado por el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Jaime Serra Puche fue negociador del mismo TLCAN cuando fungió como Secretario de Comercio con Salinas; periodo en el que, cuestionado sobre el país que tenía en mente al negociar el acuerdo económico, respondió que “el mejor proyecto de país es no tener proyecto de país, y dejar que el mercado modele al México posible”.

Serra se convirtió luego en el primer secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, cuando estalló la crisis económica del diciembre de 1994.

Agustín Cartens fue titular de Hacienda en la primera mitad del sexenio del Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, cuando fue sucedido por Ernesto Cordero; mientras que Gil Díaz ocupó el cargo durante los seis años de la Presidencia de Vicente Fox.

Tanto Gil Díaz como Meade, Cordero y Aspe son economistas egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), formador de funcionarios y ex funcionarios que han participado en la apertura económica de México impulsada desde 1982.

El modelo, sin embargo, de acuerdo con diversos diagnósticos, ha convertido a México en dependiente de las inversiones extranjeras promovidas por el TLCAN y desmantelado parte del campo y la industria nacional.

Aspe, Gil Díaz y Serra Puche, además, mantienen actividades en la iniciativa privada; varias de ellas, como en el caso de la firma Evercore, de Aspe, todavía relacionadas con las actividades del Gobierno federal y, en particular, de la Secretaría de Hacienda.


Entre estas actividades realizadas por Evercore está la asesoría financiera a proyectos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como la promoción de deuda pública en las entidades federativas desde 2002.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-01-2017/3142385

¿Se han hecho fiestas en Los Pinos? Presidencia dice que no, revistas dicen que sí

En el Gobierno de Enrique Peña Nieto, las fiestas dentro de Los Pinos han sido opacas. La Presidencia dice que son “inexistentes”; es decir, nadie hizo registro de esas reuniones -si es que ocurrieron- durante este sexenio. Cuando gobernaron Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), esa casa del poder se abrió a visitas guiadas. El personal no reparaba en relatar algunas bodas y reuniones juveniles ocurridas ahí. Así se supo, por ejemplo, de las organizadas por los hijos de Miguel de la Madrid (1982-1988). En el Gobierno de Enrique Peña Nieto, esos tours se suspendieron. Pero las redes sociales y las revistas del jet set dan cuenta de que las celebraciones dentro de la casona de Constituyentes sí han sucedido. Sofía Castro Rivera, la hija mayor de los seis que tiene el matrimonio Peña-Rivera, ha sido anfitriona de algunas.

Sofía Castro Rivera se ha valido de las revistas del jet set, las redes sociales o publicaciones de espectáculos para comunicar sus planes como socialité o actriz. Esos fueron los canales que eligió para hacer la crónica de sus días en el poder. Es la mayor de los seis hijos que tienen entre ambos el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su esposa, Angélica Rivera Hurtado. Desde 2012 vive en la residencia oficial de Los Pinos, aunque le acaba de anunciar a la revista ¡Hola! que en estos días se irá a Los Ángeles, California, para perseguir sus sueños profesionales.


La crónica de sus fiestas de cumpleaños, ese que celebra el 30 de octubre, una fecha que coincide con la celebración del día de todos los santos o los niños muertos en México, se ha alimentado de información publicada por ella misma en Facebook e Instagram. Por lo menos así ocurrió en 2014 cuando vestida de hada recibió la mayoría de edad y al siguiente día celebró a la muerte en el disfraz de La Catrina. La fiesta habría sucedido en un salón de la casa de Los Pinos mientras el Presidente recibía en otro a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero, la noche del 26 de septiembre.

Pese a esa crónica expuesta en medios impresos y la redes sociales, el Comité de la Presidencia de la República  declaró “inexistentes” en 2015 las fiestas dentro de la casa de Los Pinos; es decir, nadie ha registrado si en la casa del poder se han realizado fiestas, mucho menos si hubo invitados, qué empresas fueron contratadas, qué salones se usaron, qué comida se sirvió y qué cambió en esa residencia debido al evento.

A la pregunta, la Presidencia de la República respondió que sólo dos instancias podrían conocer tal información. Estas fueron la Dirección General de Finanzas y Presupuesto [DGFP] y la Dirección General de Administración de Instalaciones [DGAI].

La DGAI: “Se informa que esta unidad administrativa no ha realizado fiestas en el inmueble referido por el interesado, razón por la cual no se cuenta con información; sin embargo, se sugiere orientar la solicitud a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, quien pudiera contar con información relacionada con el objeto de la solicitud”.

La DGFP respondió: “Le informo que en los registros físicos y electrónicos que obran en la DGFP, no se cuenta con el dato relativo al número de fiestas que se han realizado en la Residencia Oficial de Los Pinos. Lo anterior, en virtud que esta Dirección General, en términos de lo establecido en el Reglamento, no es la Unidad responsable del control y seguimiento de dichas acciones”. Añadió que el Presupuesto de Egresos de la Federación, asignado al Ramo 02 no se advierten montos presupuestados por dicho concepto.


Entonces, el Comité de Información de la Presidencia declaró las fiestas en Los Pinos como “inexistentes”.

En el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y hasta el de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la casa de Los Pinos se abrió a visitas guiadas. Cuando el Presidente Enrique Peña Nieto llegó a vivir ahí con su esposa, Angélica Rivera Hurtado, y los seis hijos que tienen entre los dos, tales recorridos se suspendieron.

Los guías de esas visitas no escondían los datos de bodas y fiestas familiares realizadas en el hall, los salones y jardines de la casona de Constituyentes. De hecho, fue conocido que en una de las cabañas que él mismo mandó construir, Fox se casó por lo civil con Martha Sahagún, la mañana del 2 de julio de 2001. La fiesta tuvo motivo doble: el cumpleaños de él y el primer año de haber ganado las elecciones presidenciales.

Según aquellas visitas guiadas, la primera boda celebrada en ese terreno ocurrió cuando el lugar aún se llamaba Hacienda de la Hormiga. Fue el enlace religioso de la hija de Plutarco Elías Calles, el fundador del Partido Revolucionario Institucional, y Hortensia Elías Calles con Fernando Torreblanca, quien integraba el Gabinete presidencial.

Luego, ahí se casaron por lo civil la hija de Miguel Alemán Valdés, Beatriz Alemán con Carlos Girón Peltier, así como la hija de Adolfo López Mateos, Avecita López Mateos; el hijo mayor de Gustavo Díaz Ordaz, Gustavo Días Ordaz Borja, y la hija de Miguel de la Madrid Hurtado, Margarita de la Madrid Cordero.

El personal de esas visitas guiadas también relataba que en Los Pinos, antes de Peña Nieto, también hubo fiestas juveniles de los hijos de De la Madrid

A partir del Gobierno de Enrique Peña Nieto esos tours se suspendieron. Y hoy, el relato de las fiestas en Los Pinos -si es que las hay- está cerrado.

UNA FIESTA MÁS

Faltan dos años para que concluya el Gobierno de Enrique Peña Nieto. La rebelión social en las calles ha azuzado el grito de ¡Fuera Peña! que por un momento, aparentó estar olvidado. En las manifestaciones no sólo se reclama la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en una carretera de Iguala, Guerrero; sino el aumento en el precio de las gasolinas y esa frase que el Mandatario le dirigió a sus gobernados para explicar su decisión: “¿Qué hubieran hecho ustedes?”

En contraste, una fiesta más de Sofía Castro saltó a las planas del periódico Basta, en la pluma del periodista de Espectáculos, Álex Kaffie, en octubre del año pasado. “El sábado, Sofía Castro encabezó fiesta de disfraces en la residencia oficial de Los Pinos. So pretexto de celebrar su cumpleaños 20 (ocurrido el 30 de octubre), pero esta vez con sus compañeros de telenovela “Vino el amor” organizó tal reunión. Mar Contreras, Irina Baeva, Yanet Sedano, Kimberly Dos Ramos y Chris de la Campa sí acudieron. En cambio, Raúl Coronado y Azela Robinson, no”, expuso el columnista.


Cuando el sexenio concluya, si hubo o no fiestas en Los Pinos, no quedará registro. La familia de Peña Nieto se irá sin dejar rastro de ello.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-01-2017/3136088

Moreno Valle da último Informe… sin responder a la duda: ¿De qué tamaño es la deuda de Puebla?

Desde las primeras horas de este domingo fue instalado un cerco policíaco en Inmediaciones del Congreso del Estado de Puebla para impedir el paso de manifestantes al último informe de Rafael Moreno Valle. El Gobernador de extracción panista casi culmina su mandato para, ahora sí, contender por la candidatura panista por la Presidencia de la República. Durante su administración, medios de comunicación, organizaciones civiles, pobladores y partidos políticos lo han acusado de “represor”. Como Gobernador de oposición aplaudió la iniciativa que presentó el Presidente Enrique Peña Nieto en materia energética y como mandatario de oposición deja a su salida deuda, pobreza y estancamiento social.

En medio de protestas de organizaciones civiles y familiares de presos políticos, Rafael Moreno Valle Rosas rindió este domingo su último informe de Gobierno en el Congreso de Puebla sin especificar la deuda total del estado ni los niveles de pobreza que deja.

El Gobernador de extracción panista culminó este día su mandato de seis años al frente del Gobierno poblano, mismo que asumió el 1 de febrero de 2011. Durante su administración, medios de comunicación, organizaciones civiles, pobladores y partidos políticos lo han acusado de “represor”.

De acuerdo con medios locales, los inconformes se dirigieron hacia las instalaciones del Congreso del estado, en donde se llevó a cabo la ceremonia, pero a una calle de llegar a dicho lugar éstos se toparon con un cerco policiaco que les impidió el acceso.

Ante la situación, los manifestantes advirtieron que interpondrán una denuncia contra Jesús Rodríguez Almeida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública(SSP) del estado, por violentar sus derechos humanos, ya que, argumentaron, los informes de gobierno son actos públicos a los que cualquier ciudadano puede asistir.

Asimismo, exigieron al mandatario que, antes de que se retire del gobierno, libere a los presos políticos encarcelados durante su administración.

Encabezar protestas, oponerse a construcciones gubernamentales, exigir el esclarecimiento de procesos electorales, rechazar reformas como la “Ley Bala”, negarse a firmar la venta de sus tierras o pedir la restitución de servicios como el Registro Civil a sus comunidades, han provocado que 134 personas, entre amas de casa, dirigentes sociales, campesinos, ambientalistas, activistas, mototaxistas y hasta los propios defensores de derechos humanos, estén hoy en la cárcel y sean considerados presos políticos del Gobierno de Moreno Valle.

Datos del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla arrojan que en el sexenio de Moreno Valle suman 17 personas presas, 122 procesados, 66 órdenes de aprehensión libradas y 21 que están por verificarse.

Como Gobernador de oposición aplaudió la iniciativa que presentó el Presidente Enrique Peña Nieto en materia energética y como mandatario de oposición deja a su salida deuda, pobreza y estancamiento social.

Rafael Moreno Valle recibió una deuda en febrero de 2011 por 9 mil 104 millones de pesos. El gobierno del panista aseguró que la cantidad se redujo, pues al primer semestre de 2016 la deuda fue de 8 mil 474 millones de pesos.

Pero el Centro de Estudios Espinosa Yglesias refiere que la administración estatal reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y a la sociedad en general, una deuda de 8 mil 609 millones de pesos al cierre de 2015, pero que el total de pasivos en realidad es de 24 mil 655 millones de pesos. Mientras que Eudoxio Morales Flores, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), informó a SinEmbargo que la deuda pública “oculta” que deja Moreno Valle es de 76 mil millones de pesos, comprometiendo las finanzas del estado el año 2062.

“El caso más grave [entre las deudas ocultas de los estados] es Puebla: el gobierno estatal reportó a la SHCP (y a la sociedad en general en el último informe del gobernador Rafael Moreno Valle, Eje 3, p.353) una deuda de 8,609 millones de pesos al 31 de diciembre de 2015, mientras que el total de pasivos en realidad es de 24,655 millones de pesos”, dijo el Centro de Estudios.

De acuerdo con el semáforo México Cómo Vamos la meta de crecimiento de 4.5 por ciento anual no se cumplió. Al contrario, durante el primer trimestre de 2016 cayó uno por ciento. Lo mismo sucedió con la generación de empleos: la promesa fue crear 15 mil 125 puestos de trabajo por trimestre y la realidad es que al segundo trimestre de este año sólo se alcanzaron 6 mil 616.

En los indicadores económicos Puebla mantiene semáforo rojo en pobreza laboral, productividad e informalidad. Semáforo verde en deuda pública y desigualdad laboral, y amarillo en ocupación de Gobierno.

La pobreza continúa siendo uno de los problemas más graves para la entidad. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que en 2012 64.5 por ciento de la población era pobre y para 2014 la cifra continuaba en el mismo punto: 64.5 por ciento. Puebla, de acuerdo con la fuente oficial es el tercer estado más pobre del país por debajo de Chiapas y Guerrero.

Pero, además, está el tema de la transparencia: el pasado 10 de diciembre, 21 organizaciones civiles denunciaron que la conformación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de Puebla se realizó con vicios de origen para designar cuadros afines al Gobernador Rafael Moreno Valle.

“Expresamos nuestra preocupación ante la posible cooptación del órgano garante, a partir de un proceso que nuevamente está viciado de origen y que no genera las condiciones necesarias para que los nombramientos que emanen de éste cuenten con legitimidad de origen, generando desconfianza ciudadana y nulificando la posibilidad real de independencia de un órgano constitucionalmente autónomo”, acusaron las organizaciones en una carta abierta que también fue firmada por ciudadanos, académicos y periodistas.

Ahí también condenaron “el opaco” proceso que está realizando el Congreso Local para la designación de los comisionados y reprocharon que fuera desechada la propuesta de integrar un panel de expertos que contribuyera a la evaluación de los aspirantes.

Este día Moreno Valle inició su sexto y último Informe de Gobierno condenando el sexenio de Mario Marín Torres, al sentenciar que cuando inició su campaña hacia Casa Puebla en 2010, encontró desesperanza en el futuro y vergüenza por parte de los poblanos hacia la administración estatal.

Ante los 17 gobernadores que lo acompañaron, el mandatario poblano dijo que el sexenio que lo antecedió se caracterizó por la creciente deuda pública, la pérdida de inversiones, infraestructura en pésimas condiciones, pobreza extrema, descuido del patrimonio histórico, alto índice de analfabetismo y falta de sensibilidad para escuchar a los ciudadanos.


Además, Moreno Valle acusó que la administración marinista se caracterizó por la corrupción y dejó escuelas en malas condiciones y hospitales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 15 ENERO 2017.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-01-2017/3136556

Calderón “congeló” hasta 2018 dos datos cruciales: por qué la guerra, y por qué la estrategia

El 12 de diciembre de hace diez años fue el primer día de la Guerra en contra del Crimen Organizado, una de las etapas más sangrientas en la Historia reciente de México y que aún no encuentra fin. ¿Había razones fundadas para mantener esta ofensiva? Por lo menos los documentos públicos no pueden ser consultados. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México de 2006 a 2012 y quien lanzó la ofensiva, dejó clasificada bajo reserva la Agenda Nacional de Riesgos (ANR) de 2011, el año más violento de su sexenio.

La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) de 2011, el documento elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que indica el grado de vulnerabilidad del Estado, fue reservado hasta 2018 por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, lo que impide conocer si en verdad había razones para mantener la estrategia en contra del llamado crimen organizado.

Además, los “factores determinantes” para que el Gobierno federal emprendiera la llamada guerra o combate contra el narcotráfico, o de manera general, lucha contra el crimen organizado” fueron declarados “inexistentes” por Los Pinos ese año, cuando a Calderón le faltaban meses para dejar la Presidencia.

Según el CISEN, la ANR es un producto de inteligencia y un instrumento prospectivo que identifica riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos y las posibles manifestaciones de los mismos. Este documento que debe ser aprobado por el Presidente de la República cada año, permite orientar las acciones, los mecanismos de coordinación y las políticas.

Cuestionado su triunfo en las elecciones de 2006 y apurado para conseguir legitimidad, el Presidente Felipe Calderón inició una estrategia de seguridad el 11 de diciembre de ese año con la Operación Conjunta Michoacán que implicó el despliegue en ese estado de seis mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública.

Los años calderonistas transcurrieron y a pesar de que hubo varias advertencias de que el costo de la ofensiva era una crisis de Derechos Humanos, el Presidente no quiso o no pudo detenerse. En 2008, dio varios discursos triunfalistas. El 11 de junio de 2008 expresó:

“Eso es lo que estamos haciendo, amigas y amigos colaboradores, enfrentando a la delincuencia y derrotándola en una guerra, en una batalla que será de muy largo plazo […] Soy partidario de que las batallas, las guerras se ganan, precisamente, con información, con inteligencia y con estrategia […] Y estamos escalando las potencialidades de inteligencia, particularmente en el nivel federal, porque queremos y sabemos, verdaderamente, cómo vamos a ganar esta guerra”.

Y el 17 de septiembre del mismo año, dijo: “… Es imprescindible que todos los que nos sumamos a ese frente común pasemos de la palabra a los hechos y que declaremos, verdaderamente, la guerra a los enemigos de México y vayamos por la victoria que la Patria reclama y a la que tiene derecho. Estoy convencido que esta guerra la vamos a ganar y la vamos a ganar con el apoyo y la participación de todos”.


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En sus palabras estaba la victoria, pero el entonces Presidente no pudo responder cuáles eran los criterios para indicar que la guerra se estaba ganando o que por lo menos, había una expectativa sustentada para ganarla. A la solicitud de información con el folio 0210000150808 en la que se le requirió cualquier elemento para la elaboración de sus discursos respecto al triunfo, Los Pinos respondió que no contaba con información y el Comité de Información los declaró “inexistentes”.

Así llegó el 20 de enero de 2011, cuando Felipe Calderón negó haber pronunciado el término “guerra”.

“Yo no he usado el término “guerra”. Y sí puedo invitar a que se revisen todas mis expresiones públicas y privadas. Yo no elegí el concepto de guerra. Yo he usado permanentemente el término de lucha contra el crimen organizado y lo seguiré usando”.

Más allá de si la ofensiva se llamó “guerra” o “lucha” o “batalla”, 2011 fue el año más violento del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, según los conteos de muertos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi). Ese año, se registraron 27 mil 213 muertes violentas, el número más alto en esa categoría desde 1990. En el sexenio, el número de homicidios se incrementó en 150 por ciento.

Mientras en México, el entonces Presidente clasificaba las razones de la guerra, la Corte Penal Internacional de La Haya, Países Bajos, recibía una demanda en su contra interpuesta por un grupo de abogados y 23 mil ciudadanos mexicanos que pedían juicio para el ex Mandatario por responsabilidad individual en crímenes de lesa humanidad. El legajo lo integraron con 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos.  Además, describieron la brutal forma en que en ese tiempo -como ocurre ahora mismo- se encontraba la hora última en México. Era un panorama de despojo y desolación. Dijeron que era la guerra.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-12-2016/3124139

Gobierno de Peña gasta más de 72 mil mdp en programas sociales en “absoluta opacidad”

CIUDAD DE MÉXICO: Este año, la administración de Enrique Peña Nieto gastó 72 mil 187 millones de pesos en 39 programas sociales federales que operan en “absoluta opacidad” y no resuelven el problema que los originó, según el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2016 (INDEP).

Dado a conocer por la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), el reporte agrega que el próximo año el gobierno mexicano erogará 65 mil millones en ellos y, por otra parte, amputará 91 mil 380 millones a programas y acciones de desarrollo social que benefician a la población más vulnerable del país, entre ellos el Seguro Popular o Prospera.

De acuerdo con el documento, el gobierno no le da importancia a las evidencias sobre el desempeño y la transparencia de los programas sociales, pues recortará de manera idéntica los presupuestos destinados a programas con desempeño destacado y los de escaso.

El estudio fue presentado esta mañana ante un grupo de diputados, a quienes dijeron que 11 de cada 100 pesos gastados este año por el gobierno federal en los 157 programas y acciones sociales más importantes terminaron en la “caja negra del gasto social federal”, es decir, en el conjunto de programas imposibles de evaluar debido a su opacidad.

La organización urgió al gobierno a implementar “una revisión integral de su política social para evitar los actuales niveles de dispersión”, pues ocho de cada 10 programas sociales federales “no están en condiciones de resolver el problema público que les dio origen, lo que limita fuertemente la capacidad del gobierno para incidir de manera positiva en la reducción de brechas sociales de pobreza”.

La organización pidió a los legisladores “endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas” y “no incrementar el presupuesto a programas con medio/bajo/escaso desempeño”.

Apenas uno de cada cinco programas analizados tuvo un desempeño “mejorable”, con “alto potencial” u “óptimo”, con lo que “han contribuido de forma consistente a la resolución del problema público que les dio origen”, según Gesoc, que recomendó destinar mayores recursos a los programas de alto potencial de desempeño.

La organización observó con preocupación que el recorte presupuestario que aplicará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2017 afectará mucho las acciones y programas de desarrollo social, pues amputará 91 mil 380 millones de pesos a este rubro, equivalente a 38% del recorte federal.

“El ajuste presupuestario pone en riesgo la protección a los sectores más vulnerables”, advirtió la organización, al añadir que “poco menos de la mitad del gasto social se destina a programas de protección social y redes de seguridad social” como el Seguro Popular o Prospera.

Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como la Procuraduría General de la República (PGR) fueron las dependencias que, según el Índice, operan en la mayor opacidad este año: más de 93% del presupuesto de la Segob y 100% de los fondos erogados por las demás dependencias cayeron en la “caja negra” .

Los programas que pretenden resolver asuntos del orden público y seguridad interior, de justicia, de comunicaciones, pero también de agua potable y alcantarillado tienen las mayores tasas de discrecionalidad, según la organización, mientras que el presupuesto gastado en salud y en asistencia social fue mejor gastado.


Mediante el INDEP, que se empezó a publicar en 2012, Gesoc mide el desempeño de los programas y acciones federales de desarrollo social en una escala numérica de uno a 100, que varía según la calidad y el diseño de los programas, su capacidad en cumplir con sus metas y su cobertura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461794/gobierno-pena-gasta-72-mil-mdp-en-programas-sociales-en-absoluta-opacidad

¿De cuánto fueron los regalos recibidos por EPN, Calderón y Fox? Presidencia no hizo registro

Ex Gobernadores hoy señalados de corrupción, Secretarios de Estado y empresarios le han dado uno o más obsequios al Presidente de la República Enrique Peña Nieto en casi cuatro años de Gobierno. Entre el 1 de diciembre de 2012 hasta ahora, a Los Pinos han ingresado más de mil presentes sin que se conozcan las razones de por qué fueron enviados ni por qué fueron recibidos, según la respuesta a dos solicitudes de información mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Pequeños o grandes, simbólicos o espectaculares, ¿cuánto han costado estos presentes dados a Peña Nieto? Según el acta CI/PR/2SO/2015 del Comité de Información de la Presidencia de la República, la lista del valor de cada uno de los presentes no fue registrado, por lo que para el futuro no quedó evidencia documental. Los Pinos declaró inexistente el valor de los regalos u obsequios para Enrique Peña Nieto a partir del 1 de diciembre de 2012.

El Jefe del Ejecutivo no tiene prohibido recibir regalos; pero el valor no debe superar en un año los diez salarios mínimos; es decir 730 pesos, según un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación de 2013. Antes, el 13 de diciembre de 2006, cuando Germán Martínez Cázares era Secretario de la Función Pública y Felipe Calderón el Presidente, se emitió otro acuerdo similar para establecer el procedimiento para la recepción de obsequios y el costo permitido también fue limitado a diez salarios mínimos.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz y buscado por peculado, es de los Mandatarios estatales que aparece entre los que más le han regalado a Peña Nieto. En 2012 le dio una tetera de cerámica con una caja de te; en 2015, le mandó un arreglo floral y una artesanía de cerámica; en 2013, unos tamales y una litografía de San Juan de Ulúa; en 2014, unas viandas y una canasta de mangos.

El otro Duarte -César-, ex Gobernador de Chihuahua y quien es investigado por presuntos actos de corrupción, le envió queso ranchero y un frasco de arroz con leche. Cuando era Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga le mandó una caja de gomitas. (Consta que las listas de regalos fueron entregadas a peticionarios y después fueron difundidas por la prensa nacional).


Otro Gobernador activo en el envío de regalos a Peña Nieto es Rafael Moreno Valle Rosas. Uno de sus presentes, el 28 de febrero de 2014, fue un plato de Talavera de la XLVI Reunión de la Conago, y el 8 de julio de 2014 le obsequió los Libros “Gobernadores del Estado de Puebla de los Siglos XIX y XX”. Antes, el 18 de diciembre de 2012, le había dado una caja con juego de té de Talavera, bolsitas de granos de café con chocolate y una bolsita de café. Ese presente no se quedó en la Presidencia; fue enviado a la SFP.

El valor de los regalos recibidos en Los Pinos tampoco fue registrado por los antecesores de Enrique Peña Nieto, los dos Presidentes emanados del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).

Los regalos recibidos por Felipe Calderón abarcan 191 hojas tamaño carta, según respondió la Presidencia a la solicitud 0210000015113; pero en cuanto a su valor por unidad y en conjunto, no respondió. “El costo de ninguno de los regalos recibidos fue calculado, por lo que no se cuenta con dicho dato …”, expuso Presidencia respecto a todos los obsequios que recibió Felipe Calderón cuando fue Primer Mandatario.

En su respuesta dejó claro que de tres mil 506 regalos regresó 55 a la Secretaría de la Función Pública por considerar que su precio superaba el costo permitido por el marco normativo; es decir 10 salarios mínimos. (En ese momento, 2011, la cantidad era de 598 pesos).

Uno de los presentes enviados a esa dependencia fue el arcón navideño que el 20 de diciembre de 2007 le envió el entonces diputado Benjamín González Roaro. Tenía tres pisos y contenía 30 botellas de tequila, vino blanco, whisky y ron. (Información publicada por el diario El Economista, febrero de 2011).

Vicente Fox no sólo se negó a brindar el valor de sus regalos; sino que la Presidencia a su cargo clasificó como “confidenciales” los nombres de quienes se los dieron amparada en un criterio de protección de datos personales, frente a la solicitud 0210000035805, realizada a mediados de 2005.


El IFAI -así llamado en ese entonces el INAI- le ordenó a la Presidencia hacer pública la lista de sus regalos recibidos de 2003 a 2006. Así, se supo que mientras fue Primer Mandatario, Vicente Fox recibió tres mil 560 regalos, 1.6 al día; entre ellos, una pluma Mont Blanc y un juego de té de plata o mancuernillas Tiffany. Pero los nombres de quienes le enviaron tales artículos quedaron como datos cerrados.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2016/3111748

Corte protege a jueces capitalinos; no harán pública su #3de3

CIUDAD DE MÉXICO: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión a los jueces y magistrados de la Ciudad de México que les protege de hacer pública sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de conflicto de interés.

La Segunda Sala, en su sesión del miércoles, decidió por tres votos contra dos revocar la resolución de un ministro de la propia SCJN que había rechazado otorgar la suspensión solicitada por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, todos de la capital del país, para que no se hagan públicas sus declaraciones conocidas como 3de3.

Los jueces y magistrados de la Ciudad de México promovieron el 14 de junio pasado una controversia constitucional ante la SCJN para que el máximo tribunal del país anule el artículo 121, fracción XIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas.

Esa norma prevé la publicación en medios electrónicos y la puesta a disposición pública en formato impreso de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de los servidores públicos, incluidos sus juzgadores.

Cuando ingresó la controversia, el ministro a cargo se negó a darles la suspensión. Los jueces y magistrados capitalinos interpusieron entonces un recurso de reclamación y que fue turnado a la Segunda Sala de la Suprema Corte.

La mayoría de tres sobre dos ministros de la Sala revocó la negativa y concedió la suspensión, con lo que los jueces capitalinos no harán pública su declaración 3de3. La suspensión operará hasta que se resuelva el fondo de la controversia constitucional.


En julio pasado, el Congreso aprobó también la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida como Ley 3de3, que obliga a todos los empleados públicos a presentar sus declaraciones fiscal, de interés y patrimonial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460273/corte-protege-a-jueces-capitalinos-haran-publica-3de3

“Confidencial”, información migratoria sobre visita de Trump a Los Pinos: INAI

CIUDAD DE MÉXICO: El INAI consideró que la información migratoria sobre la visita del candidato republicano estadunidense Donald Trump a México es “confidencial” por referirse a “datos personales”, y por ello no respondió a la solicitud realizada desde el 7 de septiembre por el senador Luis Humberto Fernández, del PRD.


En un comunicado de prensa, Fernández recordó que mediante la Plataforma Nacional de Transparencia solicitó que le respondieran cinco dudas sobre la estancia de Trump el pasado 31 de agosto, cuando visitó Los Pinos y sostuvo un polémico encuentro con el primer mandatario Enrique Peña Nieto.

¿Pasó Trump el filtro de revisión, como lo considera el artículo 37 de la Ley de Migración? ¿Fue debidamente revisado y registrado por la autoridad migratoria el señor Trump? ¿Cuál fue la calidad migratoria con la que el señor Trump ingresó al país, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Migración? Si fuera el caso, ¿existió una “dispensa especial” para que Trump ingresara al país el 31 de agosto? ¿Con qué argumento le fue otorgada y quién la autorizó?, cuestionó el legislador.

En su respuesta, el pasado 7 de octubre el INAI resolvió “que no puede contestar la solicitud de información al catalogarla como confidencial por referirse a datos personales”.

El senador Fernández se quejó porque el gobierno “difundió a través de filtraciones periodísticas información que hoy etiqueta como confidencial, en la que aparecen los nombres y números de pasaporte, lo que constituye un delito”.

Para el legislador perredista persiste la duda de “si Donald Trump pasó o no el filtro migratorio como lo señala la ley o, de manera acomedida, oficiosa o agachona se le selló el pasaporte a bordo del avión. Lo que sigue sin aclararse es quién y por qué esta solicitud de dispensa”.

Fernández insistió en que no estaban pidiendo datos personales sino información “sobre el procedimiento, no sobre la persona”.


Además de esta duda, queda pendiente resolver “quién pagó la visita del señor Trump, y si constituyó una aportación en especie a su campaña”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458186/confidencial-informacion-migratoria-visita-trump-a-los-pinos-inai

Oculta gobernadora Pavlovich quebranto patrimonial que heredó de Padrés

HERMOSILLO, Son: La Secretaría de Hacienda estatal en la administración de la gobernadora priista Claudia Pavlovich oculta a ciudadanos y autoridades los informes contables que precisan el quebranto patrimonial heredado del panista Guillermo Padrés en el periodo de 2009 a 2015, y sólo transparenta –a su conveniencia– algunos de los millonarios adeudos.

El titular de esta dependencia, Raúl Navarro, dijo rueda de prensa el 31 de agosto que el pasivo estatal –tras el sexenio padrecista– asciende a 32 mil 538 millones de pesos al 30 de septiembre de 2015.

Navarro detalló que en transferencias a organismos, pago a proveedores al corto plazo, cumplir con contratistas y saldar retenciones, así como destinar lo correspondiente al fondo de pensiones de los burócratas sonorenses, liquidar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y reconocer cuentas no registradas, se deben 9 mil 599 millones de pesos.

En esa ocasión también reveló que la deuda directa estatal, la de los municipios y organismos descentralizados suma 22 mil 939 millones, por lo que –según sus estimaciones– el quebranto patrimonial, luego del primer sexenio panista, alcanzaría los 32 mil 538 millones de pesos.


La información del colaborador de Pavlovich difiere con el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que, a pasado, únicamente reconoce 23 mil 288 millones de pesos de deuda pública sonorense.

Este último saldo validado por la Federación incluye una nota al margen: “Esta información es proporcionada por las entidades federativas a la SHCP sobre la situación que guardan sus obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios y algunas otras obligaciones reportadas”.

Y remata: “Las cifras (sólo) pueden variar debido al redondeo”.

Al cabo de 12 meses de gobierno, cumplidos el 13 septiembre pasado, la priista Pavlovich y los integrantes de su gabinete han sido incapaces de precisar el monto quebrantado por la anterior administración.

Los números no le favorecen

En la Cuenta Pública de 2015, paradójicamente entregada en privado a los diputados locales integrantes de la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) el pasado 30 de agosto –a la que tuvo acceso Apro— se observa que la deuda directa del gobierno del estado es de 17 mil 759 millones de pesos, diferente a lo reportado por el secretario Navarro, que estimó 16 mil 993 millones en este mismo rubro.

Esta omisión permite estimar que la superior jerárquica de Navarro, la gobernadora priista Pavlovich, endeudó a la entidad con 766 millones en los primeros tres meses de trabajo, a un ritmo de 255 millones en octubre, noviembre y diciembre.

A este adeudo, el admitido por su secretario de Hacienda, todavía hay que sumarle los 5 mil millones para reestructuración de la deuda pública estatal, aprobada por los congresistas locales, incluidos los de Acción Nacional, y los 150 millones que podría costar al erario la ineludible estructura jurídico-financiera realizada por un despacho externo para que no haya lagunas al momento de concretarse este crédito.

“Lo tienen que hacer los que saben”, aceptó el tesorero estatal Carlos Galindo a este reportero el martes 6 de septiembre.

Entonces, si se suman los pasivos del último año se contabilizan 5 mil 916 millones, a un ritmo de endeudamiento de 493 millones cada treinta días, más de 16 millones diarios.

De manera inédita, la Cuenta Pública de 2015, el último reporte financiero de Guillermo Padrés, fue entregado a los diputados locales sin la previa convocatoria a los representantes de los medios de comunicación.

Incluso este año, el auditor mayor Eugenio Pablos Antillón, alojado en una oficina lejana del Congreso local, no realizó el trayecto de cada año al palacio legislativo, sino que en esta ocasión ordenó a los legisladores que pasaran hasta donde se encontraba para recoger este documento público.

Sobre esta incongruencia de no convocar a la prensa o a los ciudadanos interesados en este tema fue entrevistado el director de Comunicación Social, Alberto Nevárez, quien justificó que se trató de una orden directa del presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF, el diputado Fermín Trujillo, del Panal.

“Era un evento de interés público mas no fue un evento público”, justificó el jefe de prensa con una amplia trayectoria transexenal con gobiernos priistas y panistas.

“Se estimó que se daría a conocer la información a través de un comunicado de prensa”, añadió.

Sin embargo, las palabras de Nevárez fueron desvirtuadas por el recién nombrado subdirector de Comunicación Social, Jorge Angulo, quien dijo que la orden de no convocar a periodistas y ciudadanos interesados en la cuenta pública fue de Pablos Antillón.

“Ellos (los del ISAF) nos dijeron que no convocáramos”, admitió el funcionario.

Lo cierto es que el reporte financiero se entregó de noche, en medio de una lluvia intensa, en una oficina alejada del recinto oficial, a escondidas de quienes deseaban atestiguar este acto público, y a la postre estas acciones secretas despertaron justificadas suspicacias.

El amigo de Padrés

Contrario a las expectativas, en la Cuenta Pública de 2015 sólo se contabilizaron 941 observaciones, una tercera parte de las 2 mil 876 que se encontraron en 2014 o las 2 mil 437 de 2013.

En 2012, el año de la mayor crisis financiera de Padrés debido a que la mayoría priista en el Congreso aprobó el presupuesto hasta agosto, se registraron 2 mil 519 irregularidades y, en 2011, 2 mil 56 inconsistencias.

De acuerdo con el ISAF, el año pasado se iniciaron 180 expedientes ante la Contraloría sonorense por las observaciones encontradas. En 46 casos se dio curso a procesos administrativos, penales y mercantiles.

Entre Padrés y Pavlovich sobreejercieron 8 mil 260 millones debido a que se les autorizó un presupuesto de 45 mil 597 millones para 2015 y devengaron 53 mil 857 millones.

La Secretaría de Hacienda realizó un gasto extraordinario de 3 mil 323 millones 227 mil pesos, debido a que en el ejercicio de 2015 esta dependencia incluyó el pago a la deuda pública, que presentó un incremento de 3 mil 208 millones 98 mil pesos, tras el pago de documentos a corto plazo.

En tanto la secretarías de Educación y Cultura excedieron sus límites presupuestales en mil 881 millones; la de Salud estatal, 877 millones 846 mil pesos; de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en 794 millones.

En Agricultura y Ganadería estatal el desaseo presupuestal fue de 499 millones, dependencia que estuvo a cargo del exsecretario Héctor Herminio Ortiz Ciscomani, acusado de malversar 117.2 millones y recluido sólo por tres días en el Cefereso Oriente 5 de Villa Aldama, Veracruz, al presentar un amparo que había promovido con anterioridad.

Lo mismo ocurrió en la Secretaría de Gobierno, donde se sobreejercieron 188 millones, bajo las órdenes del ahora prófugo de la justicia en 132 países y mejor amigo de Padrés, Roberto Romero López.

En la Procuraduría sonorense el monto devengado por encima de lo presupuestado fue de 153 millones; en Desarrollo Social, 129 millones; en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), 88 millones.

Finalmente, en la Secretaría de Economía se extralimitaron con 84 millones, y en la oficina de la gobernadora Pavlovich, con 67 millones de pesos.

Según la documentación oficial de 2015, en las observaciones encontradas se sustenta el quebranto de mil 388 millones 982 mil 471 pesos en gastos sin las correspondientes facturas, o dinero tomado de partidas presupuestales incorrectas, condonación de impuestos estatales o la entrega de efectivo de manera discrecional a particulares realizada el 30 de diciembre anterior.

Del monto antes mencionado, 90 millones 680 mil 108 pesos fueron responsabilidad de la gubernatura entrante correspondiente a los tres meses finales de 2015.

Política de opacidad

La Secretaría de Hacienda estatal, encargada de organizar públicamente los ataques contra el sexenio anterior panista, es la dependencia con más expedientes ocultos a la opinión pública.

Según el oficio CEAF-DJL-DPL-2016-1009 firmado por Mónica Morales Machado, titular de la unidad de enlace de Hacienda estatal, la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal ha reservado mil 533 expedientes del 1 de septiembre de 2015 al 3 de junio pasado, más de 170 archivos al mes, para un promedio de seis diarios.

La dependencia argumenta esta decisión con fundamento en el artículo 13 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Accesos a la Información Pública Gubernamental, que prevé como información reservada la que “pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos”.

Y añade el artículo 14 fracciones II y VI: “También se considerará como información reservada los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal y la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada”.

Esta información reservada se suma a la publicada por Apro el de 1 de julio en el reportaje “Pavlovich: la opacidad, marca de su gobierno”.

En los primeros nueve meses de la gestión priista se emitieron seis acuerdos de reserva, de los que se desprenden 374 “actas de clasificación” relacionadas con mil 426 expedientes, incluidas quejas y denuncias ciudadanas promovidas contra el exgobernador, el panista Guillermo Padrés, y sus colaboradores.

Los argumentos esgrimidos por la autoridad para encriptar la información fueron desde que se trata de “investigaciones administrativas” hasta que se encuentran relacionadas con “registros contables” o “estrategias y medidas a tomar” por parte de servidores públicos.

La solicitud de acceso a la información pública 00501916 establece que del 13 de septiembre de 2015 al 29 de junio último las 13 secretarías del gobierno estatal, que engloban a 55 dependencias, deja claro que el gobierno de Pavlovich puso “candados”, sólo el año pasado, a mil 343 expedientes, y en lo que va de 2016 ya suman 83 los expedientes sellados.

“Bajo llave” el caso Padrés

La Contraloría General estatal, responsable de transparentar la información oficial, emitió el primer acuerdo de reserva el 17 de septiembre de 2015, sólo cuatro días después de que rindiera protesta el exdirigente estatal priista Miguel Ángel Murillo.

Con este acuerdo el contralor estatal alejó la posibilidad pública de que los sonorenses conocieran las mil 111 quejas y denuncias ciudadanas interpuestas contra Padrés y sus excolaboradores.

“Se restringió el acceso a la información contenida en los expedientes relativos a estas quejas y denuncias hasta en tanto no se haya dictado una resolución administrativa definitiva”, argumentó el contralor Murillo en un escrito.

“Este acuerdo de reserva se encuentra en proceso de desclasificación, en virtud del principio de máxima publicidad contenido en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora”, acota en el documento.

Los mil 426 expedientes blindados fueron puestos bajo reserva de manera paulatina los días 18 y 30 de septiembre; el 3, 19, 20 y 27 de noviembre, y el 21 de diciembre de 2015.

Este año la práctica se realizó en dos únicas fechas: el 22 de enero y el 29 de febrero.

A la fecha Pavlovich, en su calidad de presidenta de la Comisión de Transparencia, Gobiernos Abierto y Rendición de Cuentas de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ha encriptado unos 2 mil 959 expedientes.

Pese a lo anterior, el portal “tuobra.mx” galardonó a la primera gobernadora sonorense con el primer lugar en la categoría estatal del concurso Premio a la Innovación en Transparencia 2016.

Este concurso fue convocado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Banco Mundial (BM), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencias que sometieron a consideración de un jurado los trabajos participantes.

El jurado estuvo conformado por académicos de universidades nacionales, investigadores, especialistas en transparencia y acceso a la información, derechos humanos y directores de diversas empresas.

Entre sus tareas estuvo analizar los trabajos de 77 concursantes inscritos en las categorías Federal, Estatal, Municipal, Personas Físicas y Organizaciones Civiles.


Pese a ello, la estrategia de la gobernadora priista es clara: mostrar una presunta honestidad al exterior y vituperar públicamente a Padrés, aunque en lo coyuntural protege al panista con información puesta bajo candado hasta el 2026.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457061/oculta-gobernadora-pavlovich-quebranto-patrimonial-heredo-padres

CFE clasifica “confidencial” oferta económica de Atco para gasoducto Ramal-Tula

La oferta económica de las empresas canadienses Atco Gas and Pipelines Ltd y Atco Servicios y Energía para competir por el gasoducto Ramal Tula que al final ganaron, fue clasificada como “confidencial” por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En 2015, un ciudadano solicitó copia simple de los documentos que Atco Gas and Pipelines Ltd. y Atco Servicios y Energía S.A. de C.V. incluyeron en su propuesta económica para “dar cumplimiento a lo requerido en la convocatoria de la licitación”, mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). La CFE respondió que la propuesta económica era “confidencial” y luego, el comité de información de ese órgano la clasificó con esa categoría.


Ello significa que los detalles de la oferta no pueden ser conocidos cuando, según el fallo de la licitación, el elemento de peso para que quedara a favor de Atco gas y Atco Servicios fue que presentaron el valor más bajo del costo total del contrato, una oferta de 66 millones 686 mil dólares.

La Transparencia fue una exigencia de organismos civiles para la reforma energética al grado que implicó un capítulo específico de obligaciones -el 83- en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto en mayo de 2015.

No obstante, para investigadores como Jacqueline Peschard, la legislación dejó “amplios márgenes de discrecionalidad para reservar información en manos de reguladores”.

Atenidos al secreto industrial estipulado en la Ley de la Propiedad Industrial y que busca proteger a las empresas de una posible competencia desleal, las instancias que otorgan licitaciones pueden reservar la información de las ofertas de las empresas, lo que antes no ocurría con las paraestatales.

La reforma energética implica una red de 11 mil 342 kilómetros de gasoductos para transportar gas natural. De esa forma, el Gobierno federal ofreció reducir el costo de generación de energía eléctrica, así como las tarifas. Miles de millones de dólares serán licitados antes de 2019.

El gasoducto licitado a Atco tiene un valor aproximado de 50 millones de dólares y es el primer proyecto de infraestructura de energía de la empresa en México. A través de 16 kilómetros suministrará combustible a la planta eléctrica Francisco Pérez Ríos, cerca de Tula, Hidalgo.

De 2014 a 2015, la CFE dio siete fallos licitatorios para cinco empresas distintas cuyos contratos suman inversiones por casi 2 mil 306 millones de pesos.

El pasado 7 de septiembre, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en la inauguración del quinto Congreso de la Industria Mexicana, sostuvo que en México se realiza la mayor expansión de gasoductos de la Historia con el fin de hacer llegar gas natural a prácticamente a todos los núcleos industriales del país.


A través de los gasoductos, la CFE se propuso sustituir combustibles caros y contaminantes, como el combustóleo y el diésel, por otros más baratos para la generación de energía eléctrica. Le permitirán llevar gas natural a sus centrales y al sector industrial en regiones en donde antes no había.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-10-2016/3098785

Un “club” de 15 contribuyentes se quedó con 40 mmdp de beneficios fiscales del SAT, dice Fundar

Desde 2007 y hasta 2015, la Secretaría de Hacienda se ha resistido a brindar los nombres de los más privilegiados de la condonación y cancelación de créditos fiscales, y las razones del beneficio. 32 resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) fueron desatendidas; de modo que los perdones del SAT han sido opacos.

En 2013, el primer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) lanzó el programa “Ponte al corriente” dirigido a pequeños contribuyentes que presentaran problemas de pago. Pero lejos de convertirse en un proceso de equilibrio y justicia fiscal, el perdón se concentró en 15 contribuyentes que dejaron de pagar más de 40 mil millones de pesos.

No fue la primera vez. Algunos de este grupo reducido de contribuyentes ya se habían beneficiado en 2007, cuando se aplicó una indulgencia masiva para adeudos fiscales que terminó focalizada en unos cuantos.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación presentó los resultados de la investigación “Privilegios fiscales. Beneficios para unos cuanto, un trabajo que se inició desde 2007 ante los mecanismos de Transparencia del Gobierno federal.

Desde entonces, hasta 2015, la Secretaría de Hacienda se ha resistido a brindar los nombres de los más privilegiados de la condonación y cancelación de créditos fiscales, y las razones del beneficio. 32 resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) fueron desatendidas; de modo que los perdones del SAT han sido opacos.

Javier Garduño, director de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar expuso que después de una década de batalla para obtener Transparencia sobre la listas de privilegiados, las preguntas ahora son legítimas. ¿Quiénes en México le han dejado de pagar al fisco? ¿Por qué los números reflejan un puñado?

Javier Garduño, coordinador del área de Finanzas Públicas y Presupuesto de Fundar, explicó que la agenda de recaudación fiscal en el país se aborda confecuencia, pero aún no se logra comprender los retos de la política tributaria. En estos momentos, en el proceso influyen el recorte presupuestal, incremento del endeudamiento público y la caída de los precios del petróleo.


México está por debajo del promedio de América Latina en recaudación fiscal; de entre los país es de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), “muy por debajo del promedio”.

“Es fundamental que el Estado recaude impuestos. Se necesita tener certeza de que el Estado está desplegando toda su capacidad para cobrar deudas tributarias”, dijo.

“Todavía hay obstáculos que impiden conocer a profundidad las intenciones detrás de estas prácticas”, dijo Iván Benumea, investigador de Fundar.

Más adelante, una vez iniciada una mesa de debate, el investigador Ricardo Raphael exclamó que hay una posición interesada del Estado para no someter a la autoridad hacendaria al escrutinio; de modo que la Transparencia no atraviesa la banqueta de Palacio Nacionals donde se encuentra la Secretaría de Hacienda.

El secreto fiscal es uno de los obstáculos más difíciles de superar, explicó Benumea, debido a que el SAT se ha amparado en esta prerrogativa para esconder los motivos detrás de su actuación.

La duda que le queda a la sociedad civil, dijo Fundar, es sí el SAT intenta cobrar las deudas hasta el máximo de sus posibilidades.

Los siguientes pasos que espera dar la organización empezarán por transparentar la política de cancelaciones y condonaciones. Además, piden una rendición de cuentas efectiva y reformar las prácticas para acotar los privilegios fiscales de raíz.

Para Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam México, estos niveles de condonación fiscal hacen evidente que el Estado tiene capacidad de generar ingresos.

También, que esta vía parece que se ha convertido en una nueva forma de hacerse millonario en México. Lanzó un cuestionamiento: “¿por qué el Estado perdona las obligaciones de unos cuantos?”.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, aportó en la mesa que la Transparencia hoy es indispensable para la política, pero también para las decisiones fiscales.

El tema para Joel Salas, presidente comisionado del INAI, lo llevó a evocar a Baudeleire. ¿Nuestras flores en el mar qué son? ¿La corrupción? El funcionario resaltó la importancia de que la Rendición de Cuentas permee todos los ámbitos, pero a partir de ahora al contributivo d ¡e manera definitiva.


Gabriela Ríos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM)  inició su participación con la afirmación de que la negación del SAT de otorgar la información bajo el amparo del derecho fiscal, que impide que no se conozcan las razones por las que se condonan impuestos, cae en la arbitrariedad. Es como un padre a un hijo: “No te lo doy porque soy tu padre”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-09-2016/3094201