Programas sociales cuestionados por Coneval tendrán millones en 2017, pero sin destino claro

Aun cuando el Coneval ha cuestionado en diferentes evaluaciones la falta de información sobre los recursos destinados a programas sociales dirigidos a emprendedores, jóvenes y adultos mayores, Hacienda les destina recursos millonarios para 2017.

La Secretaría de Hacienda ha ignorado las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y ha mantenido presupuestos millonarios a programas sociales que no han comprobado su eficacia y ni siquiera tienen identificado la población objetivo ni los beneficios que han recibido.

Se trata de  los programas del ramo 20 de Desarrollo Social: Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud; Fomento a la economía social y el programa de Servicios a grupos con necesidades especiales, el que incluso tendrá un aumento presupuestal del 5% para 2017.


Hacienda ha mantenido aumentos presupuestales a los programas que han operado desde 2008 y 2009 y, que según las evaluaciones más reciente del Coneval presentan debilidades en su diseño y ejecución.

Fomento a la economía no genera cadenas productivas

El programa de Fomento a la economía social, por ejemplo, tendrá 2 mil 15 millones de pesos, según el proyecto de egresos 2017 para entregar apoyos para abrir o ampliar un negocio. Sin embargo, el Coneval, concluyó que “el programa no fomenta decididamente la generación de cadenas productivas”.

La recomendación del Coneval, como parte de la evaluación realizada en 2014, está la “cuantificación de la población potencial y objetivo”, elaboración de padrones y de una evaluación de impacto en el mediano plazo.

Apoyo para adultos mayores sin información beneficiarios

El programa Servicios a grupos con necesidades otorga descuentos especiales a adultos mayores a través de la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), mediante convenios con organismos de gobierno e instituciones privadas.

El programa inició operación en 2009 con 215 millones de pesos y ha mantenido un crecimiento presupuestal desde entonces hasta llegar a 338 millones de pesos, para 2017. El programa carece de definición de la población atendida y el modelo de intervención para atenderla. Tampoco tiene los mecanismos para sistematizar la información de la población beneficiada, según el Coneval.

Aunque el programa busca fomentar el ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de los adultos mayores, no tiene “estrategias para afrontar el proceso acelerado de transición demográfica” que prevé que en 2030 habrá ocho millones más de adultos mayores que en 2015.

Recursos para jóvenes sin padrón

A través del programa de articulación de políticas dirigidas a jóvenes, se han apoyado a jóvenes emprendedores, becarios y prestadores de servicio social, pero en el análisis del Coneval, concluye que “no identifica de forma específica el problema que da origen al programa”.

Tampoco tiene un padrón de beneficiarios y de planeación estratégica que defina sus metas de corto, mediano y largo plazo. Aún así, para 2017 recibirá 189 millones de pesos.


El actual presupuesto presenta recortes en distintos rubros de la administración pública, pero estos casos mantienen asignaciones constantes aunque carezcan de evidencias sobre su efectividad, según ha cuestionado el Coneval a través de evaluaciones.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/programas-sociales-coneval-presupuesto/

La falta de transparencia permeó la pobreza en México en la última década

“Transparencia” es lo que pidieron funcionarios del Coneval cuando, la semana pasada, se confrontaron con los del Inegi por la medición de la pobreza. Sobre ese mal, padecido por más de 53 millones de mexicanos, la última década da cuenta de varios datos cerrados, como puede verse en los archivos del INAI y la plataforma Wikileaks. Algunos ejemplos: en 2009, el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decidió no publicar las cifras de pobreza hasta que finalizaran las elecciones legislativas; dos años después, clasificó como “confidencial” una lista de denuncias de servidores públicos que se beneficiaron del programa Oportunidades, y en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2013, el Coneval declaró que en sus archivos era “inexistente” el número de personas en crisis alimentaria por municipio atendido por la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Hoy, millones de mexicanos pasarán hambre. En la búsqueda de alimentos para amainarla, no tendrán a dónde acudir. Alejados de las ciudades, con las tierras secas, sin ingreso, tendrán que encararla. Otros, apenas alimentados, padecerán otras carencias como acceso a la salud o la educación. Para algunos más las horas pasarán sin casa donde refugiarse.

La diferencia entre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por el cambio a la metodología del Módulo de Condiciones Socioeconómicas en 2015 puso en la palestra que sobre la pobreza debe permear la Transparencia. Pero en la última década, ese mal se ha convertido en un expediente con varios datos cerrados ante los ciudadanos. Una revisión en los archivos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) y la plataforma Wikileaks arroja que tanto en el Gobierno de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto se tomaron decisiones para clasificar o postergar la publicación de la información relacionada con los pobres de México.

#DATOSCERRADOS CON FELIPE CALDERÓN

En 2011, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), recibió 43 mil 644 denuncias sobre personas que se habrían beneficiado de los apoyos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Una parte de esas denuncias fue porque algunas familias no necesitaban las becas. Otra, fue porque algunas personas inscritas en el padrón eran funcionarios públicos.

La dependencia, en ese momento a cargo de Heriberto Félix Guerra y poco antes bajo la titularidad de Ernesto Cordero Arroyo, clasificó esa información como “confidencial”; es decir, le puso un candado permanente que impide conocerla ahora y también en el futuro. En otras palabras: jamás se conocerá la lista de los nombres de los servidores públicos que presuntamente usaron a su favor el programa diseñado para abatir la pobreza, a menos que el Gobierno federal decida desclasificarla.

No fue el único acto de ocultamiento de datos. Tres años antes, en 2009, el entonces Presidente Calderón Hinojosa y los partidos políticos de oposición acordaron no divulgar las cifras sobre el crecimiento de la pobreza hasta que pasaran las elecciones legislativas de ese año, en las que el Partido Revolucionario Institucional consiguió la mayoría en el Congreso de la Unión, de acuerdo con un reporte de la Embajada de Estados Unidos en México.


En el cable identificado con la serie 09MEXICO2205 y fechado el 5 de julio de 2009, que aún cuelga de la plataforma de Wikileaks (https://wikileaks.org/plusd/cables/09MEXICO2205_a.html), se lee: “La divulgación de esta información políticamente sensible fue hecha con retraso, por un acuerdo entre el Gobierno y los partidos de oposición, hasta después de las elecciones legislativas del 5 de julio de 2009”. Y en efecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) dio a conocer las cifras de la pobreza dos semanas después de los comicios.

#DATOSCERRADOS CON ENRIQUE PEÑA NIETO

Una de las primeras acciones del Presidente Enrique Peña Nieto fue el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el 21 de enero de 2013, en Las Margaritas, Chiapas. El programa estaba dirigido a 7.4 millones de mexicanos en pobreza extrema y arrancó en 400 municipios elegidos con criterios basados en la información del Coneval.

En febrero de 2015, un peticionario de información le pidió al organismo el número de personas en pobreza alimentaria extrema por cada municipio, el número de personas en pobreza, la población potencial para cada programa por municipio y la población atendida en 2013.

El órgano encargado de la evaluación de los programas sociales respondió que esa información era “inexistente” en sus archivos.


En su respuesta, se lee: “Con el fin de incrementar la probabilidad de encontrar a la población objetivo de la Cruzada, el levantamiento se realizó en manzanas y localidades de estratos socioeconómicos muy bajo y bajo (definidos por el INEGI) al interior de las Zonas de Atención Prioritaria en los 400 municipios, tal como se señala en el IEPDS 2014 (página 132). Por ello no es posible hacer cálculos especificando por municipio el número de personas en pobreza alimentaria extrema, el número de personas en pobreza, la población potencial para cada programa por municipio y la población atendida en 2013”.

La pobreza y miseria volvieron a danzar como tema político. El pasado 15 de julio, el INEGI publicó el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015 e informó que sus resultados no eran comparables con ejercicios anteriores porque se había modificado el trabajo de campo al preguntar sobre el ingreso de los hogares más pobres. A su vez, el CONEVAL cuestionó la decisión unilateral de INEGI, por no haber sido informado de los cambios y criticó el impacto en las mediciones históricas de pobreza. El Coneval pidió Transparencia.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-08-2016/3073007

La mitad de los organismos de transparencia del país, sin garantizar acceso a la información

Campeche es el estado mejor evaluado, mientras que Guerrero y Aguascalientes obtuvieron calificaciones por debajo del promedio nacional en aplicación de sus obligaciones de transparencia.

Los organismos de transparencia de los estados fallan en su tarea de garantizar el derecho a la información, según un análisis de las organizaciones Artículo 19 y México Infórmate.

El Índice Nacional de los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI) indica que solo 15 organismos estatales de transparencia tuvieron una calificación mayor al promedio general, y 17 están por debajo de la media.

El promedio nacional de desempeño de estos organismos de transparencia es de 49.74 de 100, siete puntos por debajo del promedio nacional del análisis de 2014, según el Índice.

Los organismos mejor evaluados son: Campeche con 68.22 puntos (aumento respecto a la anterior evaluación donde obtuvo 58.4); Durango con 67.54 puntos, Ciudad de México con 66.17 puntos, Tlaxcala con 65.91 puntos y Coahuila con 65.43 puntos.

Los peor evaluados son Guerrero con 14.48 puntos, por no dar respuesta a las solicitudes de información y Aguascalientes con 27.01 puntos, “a causa de sus deficiencias en la promoción del derecho, su inclinación a ratificar las negativas de acceso a la información de los sujetos obligados, entre otras prácticas”, detallan las organizaciones en un comunicado.

Entre los mal evaluados le siguen San Luis Potosí, 34.81 puntos; Nuevo León, 35.48 puntos, y Baja California Sur, 37.88 puntos.

El INOGDAI 2016 califica cuatro funciones principales de los organismos estatales: Transparencia y Rendición de Cuentas de los Organismos Garantes, Promoción del Derecho de Acceso a la Información, Resolución de Controversias y Marco Normativo.

La dimensión de “Promoción del derecho de acceso a la información” cayó considerablemente este año. Mientras que en  2014, el promedio nacional estaba en 46.5, para este año bajo a 35.15 puntos.

En este rubro los organismos deben generar mecanismos de promoción de la utilidad del derecho, incluyendo programas educativos, el establecimiento de mecanismos para que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan conocer información de interés, y de capacitación a las personas responsables de aplicar las leyes de transparencia.

En esta categoría destacan Chihuahua y Coahuila con una calificación de 91.67 y 87.50 puntos, respectivamente. Los estados con peores prácticas en este rubro son: Aguascalientes, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Puebla y San Luis Potosí con menos de 10 puntos.

En el rubro de Resolución de Controversias – que determina la publicidad o clasificación de la información – el promedio nacional fue 44.15 puntos.

Las organizaciones identificaron una tendencia en la forma en que los organismos resolvieron las solicitudes: las revocaciones disminuyeron un 14%, los sobreseimientos aumentaron de un 33% para 2013 a un 40% para 2015 y para las confirmaciones se observó un aumento del 7% del primer año al último.

Solo Tlaxcala obtuvo una buena calificación con 96.67 puntos; mientras que Guerrero y Aguascalientes que se encuentran por debajo de los 20 puntos.

En la dimensión de Transparencia y Rendición de Cuentas de los Organismos Garantes el promedio nacional fue de 63.5 puntos, ahí destaca Campeche con 98.7 puntos; el peor evaluado fue Guerrero con cero puntos.

En cuando al Marco Normativo en Materia de Trasparencia el promedio nacional fue de 56.15 puntos, siendo los estados de Michoacán, Estado de México y Yucatán, los que obtuvieron más de 80 puntos. En tanto Aguascalientes, Guanajuato y Sinaloa obtuvieron una calificación de 30 puntos.


Las organizaciones concluyen que los resultados no son alentadores en comparación con la INOGDAI 2014 pues hay organismos de transparencia que cayeron considerablemente, un ejemplo es Aguascalientes que pasó de 49.6 puntos a 27.01, o Puebla, que obtuvo la mejor calificación en la edición 2014 con 70.2 y cayó este año a 46.93 puntos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/la-mitad-de-los-organismos-de-transparencia-del-pais-sin-garantizar-acceso-a-la-informacion/

Penales de Chihuahua: corrupción y opacidad

El penal federal de Ciudad Juárez es –a decir de la CIDH y diversas ONG– reflejo fiel de la situación que impera en todas las cárceles del país: medidas de seguridad inadecuadas, corrupción generalizada, opacidad e incluso prostitución alentada desde la dirección penitenciaria. Así, resulta inexplicable que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya decidido enviar al Chapo Guzmán a esa prisión.

CHIHUAHUA, Chih: El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, en Ciudad Juárez, al cual llegó Joaquín El Chapo Guzmán Loera la semana pasada, ha sido utilizado para prostituir mujeres, como se demostró el año pasado durante el juicio a cinco hombres acusados de homicidio y trata de personas en perjuicio de 11 jóvenes desaparecidas entre 2010 y 2013.

La coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo Nava, señala que las jueces del Tribunal Oral que sentenciaron a los cinco acusados a 697 años de prisión en aquel juicio, también ordenaron investigar a las autoridades penitenciarias y de los tres niveles de gobierno que participaron en la trata de jóvenes que ingresaban al penal con fines de prostitución.

Marrufo enfatiza que la investigación sigue pendiente y no se ha demostrado que haya cambiado la situación en el Cefereso 9 ni en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, el penal estatal.

Entre otros problemas a los que se enfrenta la prisión, los custodios se han manifestado con frecuencia contra sus precarias condiciones laborales y cuestionan las certificaciones de los penales ubicados en el estado que impulsó como fiscal especializado en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Eduardo Guerrero Durán, actual comisionado del Órgano Desconcentrado de la Prevención y Readaptación Social.

Además, durante la audiencia temática del pasado 7 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló la opacidad del manejo gubernamental de las prisiones.

El principal argumento de las autoridades para negar que haya violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como cobro de cuotas y hasta trata de personas en los penales del estado, es que no se han presentado denuncias. Sin embargo, los reclusos, hombres y mujeres, viven un infierno que no pueden dar a conocer directamente por temor a que los maten o las autoridades acosen a sus familias.

“Aquí te dicen: ‘si quieres vivir bien, te va a costar’”, indica una fuente en una carta que entregó a la reportera durante una visita realizada al Cereso 1, en Aquiles Serdán (municipio conurbado con la capital de Chihuahua). Es necesario pagar 300 pesos para pasar a comer con un interno o interna en un día y horario distintos a los autorizados, sin ser familiar (requisito indispensable para visitar a un reo, según el reglamento)…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2063 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440878/penales-chihuahua-corrupcion-opacidad

El INAI avala la opacidad de la Conade

Apenas había llegado a la titularidad de la Conade y Alfredo Castillo lanzó la bravata: no permitiría la opacidad en el gasto deportivo. Pero no pudo lograrlo con los presidentes de las federaciones; y, ahora, es él mismo quien rehúye la transparencia: la dependencia a su cargo asegura que no tiene datos de cuánto le pagó al director de la Selección Mexicana de Basquetbol en los Panamericanos y en el Preolímpico, y el Instituto Nacional de Transparencia le convalida su ocultamiento.

MÉXICO, DF: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no dé a conocer cuánto dinero recibió el entrenador de basquetbol Sergio Valdeolmillos por dirigir a la Selección nacional durante los Juegos Panamericanos de Toronto y el Preolímpico 2015.

En respuesta a una solicitud de transparencia, la Conade dijo que encontró “cero registros” y declaró la “inexistencia de la información” sobre las condiciones en que fue contratado el entrenador.

El organismo –ayudado por el INAI– negó tener esa información, pero Valdeolmillos confirmó que sí se le pagó un sueldo y todos sus gastos.

El INAI sobreseyó el caso pues creyó la versión de la Conade. No aceptó como pruebas los boletines despachados por la Coordinación de Comunicación Social de la comisión, en los que el titular del organismo, Alfredo Castillo, repitió que él negoció con el español su recontratación y la dependencia cubrió adeudos y salario.

Desde que llegó a la dirección de la Conade en abril de 2015, Castillo acusó a los presidentes de las federaciones deportivas de no ser transparentes, de hacer mal uso de los recursos públicos y de no rendir cuentas.

Cuando los medios de comunicación le preguntaron el salario de Valdeolmillos y lo que le costaría al erario federal recontratarlo, Castillo eligió ser opaco. Dijo a la prensa que no es información por la cual deba preguntar, y sólo afirmó que los recursos se tomarían del capítulo 3000 (servicios generales).


(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2047, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAÚL OCHOA, BEATRIZ PEREYRA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427469

Peña guarda silencio frente a críticas del ‘NYT’ por opacidad

HUIXQUILUCAN, Edomex: Sin una palabra en relación con el editorial de The New York Times, que calificó su gobierno como renuente a la rendición de cuentas, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró en esta entidad obras viales y de salud por una inversión global cercana a los mil millones de pesos.

Ahí hizo un llamado a hacer de 2016 un año de conjunción de voluntades para que México “se convierta en el país que anhelamos”, y también pidió mirar hacia adelante y avanzar con actitud constructiva y positiva.

“Siempre tengamos una actitud que vaya en favor de este gran esfuerzo colectivo para construir entre todos un mejor México”, convocó.

Previo a ello, en uno de los editoriales de su edición impresa de este lunes, el influyente rotativo neoyorquino advierte que “todo parece indicar que él (Peña Nieto) será recordado no como un líder que transformó a los mexicanos cuando lo eligieron, sino como un político que eludió la rendición de cuentas a toda costa”.

En el editorial titulado “La terca resistencia de México a la rendición de cuentas”, el diario estadunidense señala que “bajo la presidencia de Peña Nieto, el gobierno de México rápidamente y de manera sistemática escondió feas verdades e intentó minimizar escándalos”.

El periódico cita como ejemplo el escándalo de la “Casa Blanca” presidencial en el que, lejos de que el gobierno de Peña indagase y castigara a los responsables, designó a “un amigo para investigar el asunto”

Poco después y acompañado por el gobernador Eruviel Ávila y por Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, Peña Nieto anunció la puesta en marcha del puente de Hueyetlaco, que unirá ambas entidades.

La obra estuvo suspendida casi 10 años por la oposición de los vecinos; una vez resuelto el conflicto, se había previsto su inauguración para diciembre pasado, pero un derrumbe ocurrido en agosto de 2015, que ocasionó la muerte de un trabajador, postergó su apertura.

La estructura metálica consta de 1.3 kilómetros y conectará la delegación Cuajimalpa con Huixquilucan.

Se estima que diariamente circulen por el puente casi 13 mil vehículos, cuyos conductores ahorrarán un tiempo de traslado de hasta 40 minutos.


Además, Peña Nieto inauguró el Hospital Municipal de Chiconcuac y los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Visual en Naucalpan y de Rehabilitación y Educación Especial en Toluca durante esta gira por territorio mexiquense con la que reanudó sus actividades oficiales tras el asueto decembrino.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425192

Se tambalea megaproyecto para ampliar el puerto de Veracruz

VERACRUZ, Ver: La ampliación del puerto de Veracruz, con 30 nuevas posiciones de atraque y acceso para buques de gran calado, obra transexenal proyectada para concluirse en 2030, ha empezado a tambalearse.

A dos años de que se anunció como la infraestructura más importante del gobierno de Enrique Peña Nieto –solo detrás de la ampliación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez–, ya cambió su esquema de financiamiento e inversión.

Además hay opacidad en las acciones de obra ya desarrolladas y por efectuar, así como en los cambios económicos por fraguarse. Y, peor aún, en la propia Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) desconocen la manera en que impactará la caída de los precios internacionales del petróleo y los recortes al paquete económico de 2016.

Pero si bien el proceso de construcción de las posiciones de atraque está en la incertidumbre, la edificación de la base para el rompeolas poniente continúa y se hace en total desaseo, sin respetar normas ambientales.

Así, por ejemplo, las piedras que se “siembran” en la “base de la coraza” del rompeolas no “están lavadas”; la membrana de protección (una enorme red tendida a mar abierto) para reducir contaminantes y residuos al sistema de arrecifes no ha sido cerrada, por lo que el flujo de residuos a las aguas del Golfo de México es constante; la propia membrana amarilla de protección está rota en algunas partes, y a pocos metros de distancia el agua salada se ve completamente turbia.

Y el colmo: el día en que los enviados del semanario Proceso recorrieron los avances de la obra junto con activistas sociales y ambientalistas que se oponen a la ampliación del puerto, porque causaría daños irreversibles al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), ningún investigador de la Universidad Veracruzana (UV), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o de la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (Profepa) supervisaba que los empleados de esas empresas hicieran los trabajos de maquinaria pesada respetando normas ambientales.

En diciembre de 2014, la Procuraduría de Medio Ambiente Estatal (PMA) ordenó detener los trabajos iniciales de ampliación del puerto, después de que durante las excavaciones realizadas se encontraron “residuos sólidos urbanos” (basura enterrada).

La construcción del muro de contención de más de cuatro kilómetros fue adjudicada a las empresas Estructuras de Veracruz SA de CV, Compañía de Ingeniería Marítima y Terrestre, y Conseer SA de CV, según lo confirmó a reporteros el ingeniero de obras de Apiver, Francisco Leaño, quien destacó que esta acción inicial tendrá un costo de casi 247 millones de pesos más IVA.

Los residuos sólidos que desembocan al mar y la membrana rota contrastan con las promesas del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Genaro Ruiz Esparza.


Cuando arrancó la obra, el funcionario federal presumió que el de Veracruz se convertiría en “un puerto de clase mundial, de respeto al medio ambiente, de respeto a la naturaleza, de respeto a la ecología. Eso queremos y va a ser el orgullo del puerto de Veracruz para los veracruzanos”, subrayó.

Calado demoledor…

Para que en los puntos de atraque puedan entrar buques de gran calado deberán excavarse 20 y hasta 25 metros por debajo del muelle con el fin de despejar el acceso de las embarcaciones, dice el buzo profesional y activista ambiental Manuel Victoria Muguira.

Eso, agrega, será una “masacre”, pues un navío que arribe en línea recta necesariamente deberá pasar por arrecifes como Punta Gorda y Bahía de Vergara, arrasando con lo que encuentre por encima de esos 20.25 metros de superficie. Incluso advierte que podría haber afectaciones en la poligonal protegida del Sistema Arrecifal Veracruzano.

“Estamos hablando de que el sistema coralino de Veracruz es el tercer arrecife de coral más importante del mundo. No me digan que una obra de esas dimensiones, una vez instalado su estacionamiento portuario, va a respetar cuidadosamente normas ambientales”.

Y puntualiza que estas zonas rocallosas son ricas en biodiversidad de zooplancton y fitoplancton, dado que hay una variedad importante de corales, erizos, tortugas lora y verde, así como peces damisela, payasito, tijerilla, cirujano, perro cubano y charal elegante, entre otros.

Leonardo Ortiz, ambientalista e investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías adscrito a la UV, otro de los opositores al proyecto de ampliación del puerto, asegura que el “megaproyecto” se planeó sin un estudio económico, de mercado, ambiental y social, para determinar si realmente Veracruz y el Golfo de México requieren de esta infraestructura.

“¿Dónde está el estudio? ¿Quién lo avaló? ¿A quién se lo enseñaron?”, pregunta. Más bien pareciera que no tenían en qué invertir el dinero y decidieron ampliar el puerto, apunta.

“Hablan de competir con otros puertos internacionales, pero no se puede competir con Houston o con Panamá en condiciones totalmente distintas”, expresa.

Una vez que el “súper puerto” esté concluido, “si lo concluyen”, sería bueno ver el movimiento-incremento que por tonelaje diario tenga el renovado recinto portuario, dice.

“En diez metros hay vida arrecifal, especies riquísimas que van a ser arrastradas, aniquiladas por la industria y el progreso”, sostienen Muguira y Ortiz, luego de snorkelear con los enviados de Proceso en la zona de arrecifes amenazadas.

Y destacan que una de las mayores preocupaciones por la construcción de la colosal obra son los sedimentos en los arrecifes de Anegada de Adentro y de La Gallerita, que además –subrayan– podrían colapsar.

“Ni la Semarnat ni la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elaboraron estudios de impacto ambiental, de la viabilidad del proyecto o algún tipo de estudio para justificar y avalar los trabajos ya hechos”, lamenta Ortiz.


Y señala que varios pescadores y activistas del Frente Ciudadano por la Defensa del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, quienes incluso interpusieron un amparo ante la justicia federal, ya se echaron para atrás en la defensa del territorio, algunos por interés económicos y otros por presiones gubernamentales o laborales.

“Son empleos”

Aunque muy pocas veces se ha pronunciado al respecto, el gobernador Javier Duarte ha mostrado un gran interés por la ampliación del puerto. El priista ha dicho que no hay “magnitud ni antecedente” de infraestructura similar al megaproyecto, salvo en tiempos de Porfirio Díaz.

“Necesitamos esa inversión. La mayor obra en toda la historia de Veracruz era la construcción del propio recinto portuario con Porfirio Díaz. El megaproyecto de ahora es ampliar tres veces más ese puerto, lo necesitamos. Ahora el puerto de Houston nos está comiendo”, justificó Duarte en una de sus conferencias de prenmsa realizadas cada lunes en Palacio de Gobierno.

Según el mandatario estatal, el proyecto es “sustentable” porque los barcos de gran calado, dijo, no pueden atracar en Veracruz y “se pierden empleos”, inversiones y desarrollo económico. “Son empleos para ustedes, para nosotros, para los veracruzanos”, subrayó.

Con dicha declaración, el priista también justificó la extracción de dos millones y medio de toneladas de piedra basáltica para construir el inmenso rompeolas, material que será extraído de la reserva natural protegida de los Tuxtlas, en la comunidad de Balzapote.


Está acción ya originó la irritación de lugareños en esa región, quienes crearon el movimiento civil “La Roca No Se Toca”, apelando a que dichos cerros de material basáltico sirven como muros de contención para fenómenos meteorológicos y también son ricos en fauna y biodiversidad.

Opacidad

El presidente Enrique Peña Nieto presumió el proyecto original como una infraestructura que generará 140 mil empleos (100 mil indirectos), con una inversión superior a los 60 mil millones de pesos –39% de los gobiernos federal y estatal y 61% de la iniciativa privada–, y según estimaciones se desarrollaría en 13 años.

No obstante, al interior de Apiver algunos de sus directivos han admitido que la caída de los precios del petróleo, los recortes presupuestales y la subida estrepitosa del dólar, entre otros factores, han cambiado el esquema de financiamiento, y pudiera ser que hasta el proyecto original de la obra.

Durante más de un mes Proceso solicitó una entrevista con el director de Apiver, Ignacio Fernández Carvajal, pero luego de cuatro intentos por meter en agenda una cita, su jefe de prensa, Pedro Cruz, dijo al reportero: “El reportaje se tendrá que ir con la información que tengas… El jefe anda “ponchadito” (enfermo)”.

Ante tal respuesta se solicitaron copias del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la obra y del proyecto ejecutivo, así como de las acciones que se han realizado en el recinto portuario y los permisos solicitados, entre otros puntos, lo cual quedó asentado en la solicitud de información número 0918200005515.

Dos meses después, con la eventual solicitud de prórroga, Apiver contestó que la información solicitada sólo estaba “disponible con costo”, es decir, a cambio de un depósito bancario de 25 mil 476 pesos, más 106 pesos con cincuenta centavos por “costos de envío” por copias simples. Y si el solicitante deseaba una “copia certificada”, apuntó, debería desembolsar 866 mil pesos, más los 106 por gastos de paquetería, por concepto de un compilado de 50 mil 496 hojas.

“Son las reglas del juego… Así son los lineamientos del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), nosotros nos apegamos a ellos”, respondieron dos empleados de la Unidad de Enlace de Apiver cuando el reportero se apersonó en las instalaciones de la dependencia federal para solicitar que le entregaran la información en una memoria USB o en un disco con costo.

Leonardo Ortiz suelta una carcajada cuando se le comenta la experiencia con Apiver para acceder a la información. Según el investigador universitario, el también pidió datos similares en la plataforma Infomex, pero a cambio le exigieron un millón 106 mil 275 pesos (solicitud de información número 09182000011614).

Le dijeron que una vez depositada esa cantidad, Apiver le haría entrega de 58 mil 412 hojas relativas a la valoración económica de las medidas de mitigación y condicionantes del MIA, el programa de manejo ambiental para la ampliación del puerto de Veracruz, así como documentos alusivos al monitoreo de la flora y fauna del Sistema Arrecifal Veracruzano, entre otros documentos.


“Es obvio que te piden esas cantidades estratosféricas para desalentarte que puedas tener esa información. Ya estamos buscando otras vías de acceder a ello. Insistimos en que ellos (el gobierno) escogieron el peor lugar para ampliar el puerto”, concluye.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA (REPORTAJE ESPECIAL).

Multan a Rogelio Ortega por opacidad en gasto en medios

CHILPANCINGO, Gro: El pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (ITAIG) multó a la administración del gobernador Rogelio Ortega con 13 mil 290 pesos por negarse a transparentar el gasto de publicidad oficial en medios de comunicación.

La multa equivalente a 200 salarios mínimos se debe a que la dirección la Dirección General de Comunicación Social del gobierno estatal no acató la resolución previa emitida en septiembre, donde se ordenó entregar a Proceso la información relativa al monto desglosado de los recursos destinados mensualmente a empresas de medios de comunicación y reporteros, explicando su concepto y justificación.

En el último día de la administración de Ortega, el pleno del ITAIG emitió una resolución oficial, incluida en el expediente 28/2015, donde se exhorta al Ejecutivo a cumplir la resolución en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo.

“En caso de incumplimiento, el Instituto hará uso de todos los medios a su alcance para lograr el efectivo cumplimiento de dicha resolución, incluyendo la denuncia ante las autoridades competentes”, refiere el acuerdo suscrito por los tres consejeros Roberto Rodríguez Saldaña, Elizabeth Patrón Osorio y Joaquín Morales Sánchez.

De esta forma el pleno del ITAIG resolvió el recurso de revisión del expediente ITAIG/28/2015, promovido por este reportero en contra de la Dirección General de Comunicación Social estatal (DGCS), ante la negativa de entregar información sobre el gasto de publicidad oficial del gobierno de Ortega.

Al respecto, el instituto determinó que la dependencia estatal debió hacer público el informe desglosado de los recursos destinados mensualmente a medios de comunicación social y reporteros, el concepto y justificación de los mismos.

Los consejeros refieren que este tipo de información se considera pública de oficio por estar relacionada con la erogación de recursos públicos, como lo señala el artículo 13 de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

Por ello, concluyeron que la DGCS, además de entregar la información solicitada a este corresponsal, “tiene la obligación ineludible” de publicar los datos en el portal oficial del gobierno estatal, y dieron un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación oficial para cumplir con el ordenamiento legal.

En la resolución se indica que “no se justifica de manera alguna” el hecho de que la dependencia estatal se haya negado a proporcionar una respuesta oportuna a la solicitud de información presentada desde el martes 30 de junio, argumentando el cambio del titular del área y que en el acta de entrega de la administración saliente no se menciona la Unidad de Trasparencia y Acceso a la Información.

“Ello no puede considerarse como un argumento jurídicamente valido para justificar la falta de respuesta a la solicitud de información, toda vez que son cuestiones internas que atañen única y exclusivamente a la DGCS, que no son imputables al recurrente, además de que es responsabilidad de los sujetos obligados conocer sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, entre las cuales se encuentra el contar con una Unidad de Transparencia y mantenerla funcionando adecuadamente”, señala el informe del ITAIG emitido a principios de septiembre.

No obstante, el gobierno de Ortega hizo caso omiso y simplemente se negó a transparentar el gasto en medios de comunicación, exhibiendo la opacidad que caracterizó a la actual administración que concluye este día para dar paso al gobierno del priista Héctor Astudillo Flores, quien este martes 27 rinde protesta oficialmente.

Opacidad del gobierno de Ortega

Un reporte de las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar del pasado 26 de agosto determinó que la administración que encabeza Ortega Martínez ocupa los principales lugares de opacidad a escala nacional.

En el informe sobre el gasto en publicidad oficial denominado “Libertad de expresión en venta”, realizado por las ONG, se ubica al gobierno de Ortega entre los peores en el tema de rendición de cuentas y transparencia.

El documento advierte que existe una preocupación particular por la opacidad en Guerrero y Tamaulipas, debido a que durante cuatro años las autoridades de ambas entidades no han transparentado la información sobre su gasto en publicidad en medios de comunicación.

El diagnóstico de las ONG refiere que el uso “arbitrario y discriminatorio” de la publicidad oficial sigue profundamente arraigado en las prácticas gubernamentales.


Además, consideran que estos recursos públicos se distribuyen conforme a criterios políticos e intereses privados, y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como “censura sutil o indirecta”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

El Congreso mexicano, el sexto más opaco en América Latina

Una de las coincidencias de opacidad es que si un ciudadano de cualquier país de Latinoamérica quisiera saber cuáles, cuántos y de parte de quién, los legisladores reciben obsequios, no obtendría la información en ningún documento público. Éste es el aspecto más opaco, pues todos los países obtuvieron 0% en este indicador.

El Congreso mexicano tiene bajos niveles de transparencia en materia de normatividad, presupuesto, gestión y rendición de cuentas, por lo que ocupa el sexto lugar entre los nueve países evaluados en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2015.

El estudio, elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, evaluó a Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, Colombia, México, Argentina, Bolivia y Venezuela y fue presentado este lunes 26 de octubre en el Seminario “Transparencia y Actividad Legislativa en México: ¿cómo evaluar?”.

Una de las coincidencias de opacidad es que si un ciudadano de cualquier país de Latinoamérica quisiera saber cuáles, cuántos y de parte de quién, los legisladores reciben obsequios, no obtendría la información en ningún documento público. Éste es el aspecto más opaco, pues todos los países obtuvieron 0% en este indicador.

Además existe muy poca información respecto a las asesorías externas que se realizan a los legisladores y pocas veces se registran versiones estenográficas de las sesiones de comisión.

Aunque hay avances de algunos países, los Congresos no producen la información en formatos accesibles, ni datos abiertos para la producción, sistematización y publicación de información parlamentaria, presupuestaria y administrativa.

“Esto demuestra que el problema de los Congresos Nacionales, en materia de transparencia, radica no tanto en sus funciones legislativa, fiscalizadora y representativa, sino en la forma en que funcionan y se rinden cuentas de la gestión en estas instituciones”, detalla el estudio presentado por María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa.

El Índice propone una serie de estándares mínimos de transparencia en lo político, administrativo y legislativo de los Congresos de la región, para conseguir una medición que pude comparar los avances de los países.

La evaluación incluyó cuatro indicadores: Normatividad; Labor del Congreso o Asamblea; Presupuesto y Gestión Administrativa; y Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas.

En promedio, los Congresos de Latinoamérica obtuvieron un 40% de Transparencia. Perú (55%) y Chile (53%) tienen niveles de transparencia superiores a 50%, mientras Venezuela (21%) y Bolivia (24%) son los países que se encuentran más rezagados, con cifras inferiores al 25%. Es de destacar que ningún país obtuvo resultados sobre el 70% y México alcanzó un nivel de 37%. 

El Legislativo con avances, pero aún opaco

El primer criterio evaluado fue la “normatividad”, es decir, mide la existencia de una normativa referente a la transparencia legislativa y sus alcances. Sólo Perú (59%) y Ecuador (51%) lograron un índice mayor a 50%, por tener dispositivos legales que fomentan ciertos niveles de transparencia; mientras que Bolivia (30%) y Venezuela (32%) presentan los mayores rezagos respecto del resto de los países Latinoamericanos.

Sobre la obligatoriedad de presentar un registro de intereses, Bolivia y Guatemala no tienen regulación y Perú lo hace en el reglamento del Congreso. Argentina y Venezuela poseen una Ley Nacional para la materia y sólo Chile, Colombia y México lo hacen de forma Constitucional.

Entre los países de la región, sólo Chile, Ecuador y Guatemala obligan por Ley a sus legisladores a informar sobre sus gastos, aunque Guatemala no estipula plazos para esto, y Chile establece ambiguamente “en la época que correspondan”.

El estudio recomienda la existencia de una norma que regule la publicidad y publicación de información y explicite procedimientos y mecanismos estandarizados para el acceso a la información. Así se permite un conocimiento más eficaz sobre el funcionamiento del Congreso.

La segunda dimensión evaluada es “la labor del Congreso o Asamblea”, referente a los mecanismos para que los legisladores publiquen información sobre sus labores en materia legislativa (debates, votaciones), de control político (a las diferentes ramas del poder) y elección de autoridades (selección de altos dignatarios).

Uruguay –que sólo participó en este indicador- obtuvo 67% de transparencia, seguido por Perú(60%), Argentina (57%) y Guatemala (52%). Bolivia (24%) y Venezuela (12%) los más opacos.

Más de la mitad de los países medidos no cuenta con mecanismos para registrar lo sucedido en las comisiones de forma textual. Sólo Argentina (76%), Guatemala (63%), Perú y Uruguay (ambos con 68%) cuentan con versiones estenográficas de las reuniones de comisión. Este aspecto, dice el estudio, es de suma importancia, ya que es en ellas donde suceden la mayor cantidad de modificaciones a los proyectos.

Sobre las versiones textuales de los debates legislativos y las posiciones de los legisladores, Argentina y México se encuentran en la mejor posición con un 80% y 77% respectivamente.

Casi ningún Congreso publica información sobre las asesorías externas que reciben los congresistas (remuneradas o no) por parte de externos. Sólo Uruguay (75%) donde las versiones taquigráficas recuentan todo lo que sucede con fecha, tema, dependencia; Chile (50%), donde se publican en la web el listado con la entidad asesora, solicitante, título, costo y fecha de comienzo y fin.

A todos los Congresos carecen de formatos abiertos y reutilizables para que la información allí producida pueda ser trabajada y analizada por quien lo desee de forma rápida y oportuna. 

Sobre Presupuesto y Gestión Administrativa hubo un menor rendimiento pues los países obtuvieron un promedio de transparencia de 26%. El Congreso chileno fue le único que alcanzó 50% de transparencia.

Cuatro países evaluados publican las propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal durante la discusión del presupuesto (Chile, Guatemala, Perú y Venezuela); mientras que en otros cinco no se hacen públicas (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y México).

El ejercicio presupuestal se publica en la mayoría de los países evaluados (excepto Bolivia y Venezuela) mediante informes periódicos publicados en sus páginas web o documentos impresos. Sin embargo, en Guatemala esta información no puede conocerse por los ciudadanos, y en Chile sólo se hace público en el informe anual.

También se evaluó la transparencia de los recursos asignados a las bancadas o bloques parlamentarios y su ejecución. En Chile, Colombia y Ecuador no poseen un presupuesto propio; mientras que en Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela y la Cámara de Diputados de México esta información no se conoce. Guatemala y el Senado mexicano publican el gasto de las fracciones parlamentarias.

Sobre los Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas, Perú (68%), Ecuador (68%) y Chile (65%) obtuvieron los mejores porcentajes. En tanto, Argentina (23%) y Venezuela (27%) no alcanzaron el 30% de transparencia en esta dimensión.

Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú cuentan con medios electrónicos para la solicitud de información pública. Sin embargo, en más de la mitad de los países no existe un mecanismo –interno o externo- mediante el cual se resuelvan los conflictos de acceso a la información.

En cuanto a la existencia de un mandato de consultar a los ciudadanos sobre proyectos de ley o actividades de los legisladores, sólo cuatro países poseen una reglamentación específica al respecto (Ecuador, Guatemala y Venezuela en la Constitución Política, y Perú en un Acuerdo de Consejo).


En tanto, Argentina, Chile, Colombia y México no lo hacen. Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú los ciudadanos pueden solicitar intervención en las comisiones legislativas para emitir su opinión, mientras que en Argentina y Colombia esta posibilidad está abierta, depende en realidad de l presidente de la comisión.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

La Fórmula 1 y los millones opacos en época de austeridad

El gobierno federal ha firmado varios acuerdos multimillonarios para promover a México en encuentros deportivos de primer nivel: pactó el regreso de la Fórmula 1 a cambio de 360 millones de dólares y decidió desembolsar 60 millones de pesos para difundir la “marca México” en peleas del Consejo Mundial de Boxeo. Pero hay tres problemas: los contratos son opacos, se acaban de anunciar grandes recortes presupuestales y no se han difundido estudios serios acerca de los beneficios que traerán esas inversiones.

MÉXICO, D.F: En el primer año del recorte presupuestal, al gobierno federal no le bastó gastar 360 millones de dólares para traer de regreso la Fórmula Uno (F1). También pagó 60 millones de pesos al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con el fin, supuestamente, de promover el país.

Con el argumento de impulsar la marca país/México, la administración de Enrique Peña Nieto celebró un contrato por medio del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM, que depende de la Secretaría de Turismo) con el CMB. Ahí se pacta que en 15 peleas –incluidos los combates entre Floyd Mayweather Jr., contra Manny Pacquiao y Saúl Canelo Álvarez contra James Kirkland– aparecería el logotipo Visit Mexico, impreso tanto en la lona como en las cuerdas del ring.

El contrato MTB/DRNA/005/2015 fue adjudicado de forma directa a World Boxing Council, Inc. (WBC), “empresa de nacionalidad puertorriqueña” –según se asienta en el documento. En realidad se trata de una compañía estrechamente vinculada con el propio CMB (con sede en la Ciudad de México) y dedicada a la comercialización, toda vez que los objetivos del consejo se concentran básicamente en regular las peleas, sancionarlas y realizar las clasificaciones de los boxeadores.

En dicho convenio de prestación de servicios, signado en Nueva York el pasado 11 de marzo, el gobierno se compromete a pagar al WBC 3 millones 950 mil dólares (59 millones 250 mil pesos).

No es un caso único. El CPTM también está detrás del Gran Premio (GP) de México de la F1, que en noviembre próximo retornará al país luego de 23 años de ausencia. En julio pasado, los gobiernos federal y capitalino, así como Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE, socia de Televisa), anunciaron la vuelta del GP de México, que se celebrará anualmente durante los próximos cinco años.

Para promover Visit Mexico en la F1, la administración peñanietista realizará un pago de 360 millones de dólares, de los que ya entregó una parte a CIE, responsable del contrato signado con Formula One Management, administradora de los derechos comerciales de la serie.

El GP de México obliga al gobierno federal a un desembolso anual de 72 millones de dólares. El presidente Enrique Peña, de hecho, celebró el pasado 23 de julio el regreso del evento en su cuenta de Twitter, al justificar: “Con la @F1 en nuestro país, México tendrá beneficios económicos por 2 mil millones de dólares, y se generarán cerca de 18 mil empleos”. Pero no ha difundido ningún análisis que respalde su dicho.

No es todo. En abril de 2012 la escudería Sauber de F1, en la que figuraban el piloto tapatío Sergio Checo Pérez y el japonés Kamui Kobayashi, anunció un acuerdo con el CPTM para lucir el logotipo de Visit Mexico.

Información solicitada por Proceso y entregada por el Sistema de Solicitudes de Información (Infomex) confirma que en noviembre de 2012 el CPTM avaló el patrocinio Visit Mexico con Sauber durante al menos 12 de los 18 Grandes Premios que restaban de la temporada de ese año.

El contrato –firmado con la empresa Make Pro S.A. de C.V. “con el objeto de posicionar la marca México/País en los vehículos de la escudería Sauber F1 Team”– acordó un pago de 2.9 millones de dólares. El convenio se celebró el 19 de mayo de 2011 por la representante legal del CPTM, Martha Verónica Estrada Díaz, y el representante legal de la empresa proveedora, Eduardo Mondragón Mora.

La marca apareció impresa en los alerones traseros de los dos monoplazas Ferrari C31 de Sauber, con la que el mexicano Pérez irrumpió en los grandes circuitos mundiales.

La oscuridad del box

La reciente alianza entre el CPTM y World Boxing Council, Inc., resulta costosa. Con 60 millones de pesos, por ejemplo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, podría haberse comprado siete residencias como la que adquirió en Malinalco, Estado de México. El funcionario se hizo de la lujosa vivienda –que también perteneció al exdirector de la Conade, Nelson Vargas– tras un pago de 7.5 millones de pesos, en octubre de 2012.

Antes de verse inmiscuido en ese escándalo, en enero pasado Videgaray anunció un recorte al gasto público por 124 mil 300 millones de pesos para este año. El propósito, justificó, era estabilizar las finanzas públicas, afectadas por la caída en el precio del petróleo.

El contrato celebrado entre el CPTM y el CMB, vía World Boxing Council, Inc., y obtenido por este semanario a través de la solicitud a Infomex con número de folio 2135500008315, es poco claro.

El convenio de 20 páginas que entregó Infomex sólo se refiere a 15 peleas profesionales, pero no especifica el tipo de combates ni los escenarios en que aparecerá la marca promovida, de acuerdo con la hoja de respuesta que entregó el 17 de junio pasado la directora de Tecnologías de Información de Infomex, Laura Adriana Castillo Castro. A falta de Anexo Técnico, Castillo Castro tampoco sustenta los motivos para signar el millonario acuerdo.

En cambio, se consigna que, a la fecha de la firma, el CPTM cuenta con la asignación presupuestaria y la disponibilidad de recursos suficientes para el pago de los servicios pactados, conforme al presupuesto aprobado por la Cámara de ­Diputados para el ejercicio fiscal 2015 y al calendario de gasto autorizado al CPTM, responsable de colocar toda la publicidad y propaganda del país en el mundo.

El contrato fue firmado, por una parte, por el CPTM, representado por el director regional para Norteamérica y representante legal, Rodrigo Esponda Cascajares, asistido por Yadira López Salas, directora general adjunta de Mercadotecnia y Promoción, y por el directivo ejecutivo de Mercadotecnia, Alberto Llanes Álvarez. Por la otra parte, la empresa World Boxing Council, Inc., rubricó el acuerdo a través de su representante legal, Miguel Ernesto López García, quien también funge como contador del CMB.

El proveedor, World Boxing Council, Inc., declara ser una empresa de “nacionalidad puertorriqueña, legalmente constituida conforme a las leyes de Puerto Rico”, con domicilio fiscal en calle Fortaleza número 260 en San Juan de Puerto Rico, como se hace constar en el Certificado de Incorporación con número de registro 21462-SF, de fecha 6 de mayo de 1991, pasado ante la fe del notario público Gabriel I. Peñagaricano, de aquel país.

Sin embargo, cuando se intenta acceder al sitio web de la citada compañía, el enlace remite directamente al portal oficial del CMB, que preside el mexicano Mauricio Sulaimán, quien heredó el cargo tras la muerte de su padre, José, en enero de 2014.

Las cláusulas del convenio únicamente refieren que el proveedor se obliga a prestar los servicios de promoción de la marca México en las veladas del CMB a realizarse en Estados Unidos durante 2015.

Entre las cláusulas se especifica que las cantidades a pagar “serán fijas durante toda la vigencia del contrato, y deberán ser atendidas con todos los impuestos que genere la prestación de los servicios contratados. Por lo tanto, cada una de las partes se obliga a dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que le correspondan”.

World Boxing Council Inc., también será responsable de todo tipo de impuestos y otros gastos surgidos de su papel de contratista independiente o derivados del empleo entre el proveedor, su personal y la prestación de los servicios, así como de todas las obligaciones y responsabilidades patronales en materia fiscal, laboral y de seguridad social, “manifestando que cuenta con recursos suficientes y propios para cumplir con dichas obligaciones y responsabilidades, motivo por el cual se obliga a sacar en paz y a salvo al CPTM de cualquier conflicto individual de trabajo en contra de este último”.

El combate del pasado 2 de mayo entre el estadunidense Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao, en el MGM Grand de Las Vegas, fue el más esperado de los últimos años por los aficionados al pugilismo y, por ello, el duelo resultó el más lucrativo y de mayor impacto mediático en la historia. La contienda, sin embargo, resultó un fraude según la opinión mayoritaria de los analistas.

Según agencias de información, la cerveza mexicana Tecate, que también patrocina al club Barcelona y pertenece a Grupo Heineken, rotuló su logotipo en el centro del cuadrilátero de la llamada “Pelea del Siglo” a cambio de 5 millones de euros. En segundo término apareció Visit Mexico, marca que estuvo presente en dos de las cuatro esquinas y en uno de los encordados.

La esperada pelea protagonizada por Mayweather y Pacquiao arrojó cifras sin precedente en la historia del pugilismo profesional: fue la más vista por televisión de pago por evento, con un total de 4.4 millones de personas que adquirieron el servicio sólo en Estados Unidos. Por este rubro, los empresarios ingresaron 440 millones de dólares del total de 600 millones de dólares recaudados en la velada.

En total, el gobierno de Peña Nieto se comprometió a pagar 3 millones 950 mil dólares para la compra de espacios durante 15 peleas profesionales, lo que equivale a un desembolso real de 3 millones 950 mil pesos por función. No obstante, se desconoce hasta ahora el retorno de la inversión que se espera.

Los detalles

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, confirma en entrevista que el paquete de promoción en 15 peleas también incluye la próxima contienda de Saúl Álvarez que, adelanta, probablemente será contra el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto en noviembre.

El convenio, explica Sulaimán, contempla peleas transmitidas por HBO, y busca colocar la marca México en el mercado estadunidense, “el principal cliente del turismo. Aproximadamente 80% de los turistas que visitan nuestro país provienen de allá”.

Según el presidente del CMB, el convenio con el CPTM ha sido “bien recibido” entre los televidentes y los medios: “Una pelea no sólo es subirse al cuadrilátero, y ahí se acaba todo. Hay muchas notas previas y repeticiones en fotografías, en videos, en películas, y la mancuerna que se ha logrado ha sido un éxito rotundo, porque continuamente (la marca) México se está viendo en todo el mundo”.

–¿Desde cuándo opera la empresa World Boxing Council, Inc., que firma el convenio con CPTM? –se le pregunta.

–Es el Consejo Mundial de Boxeo. Tenemos 53 años de operar a nivel mundial. El CMB garantiza los mejores eventos, que sea algo exclusivo, que la marca esté presente de manera exclusiva en las grandes peleas.

–¿Cuál fue la razón del CMB para acreditar su domicilio en San Juan de Puerto Rico?

–Es cuestión del comité correspondiente, pero el CMB está constituido en muchos países. (Fueron) cuestiones de la gente de la operación de la Tesorería y de los registros de los organismos.

–¿Técnicamente no era mejor registrar el mismo domicilio de la sede del CMB, en la Ciudad de México?

–No lo sé. Me involucro en garantizar que se den los mejores resultados (en relación con la marca México), hablar con los promotores… Ésas son cuestiones administrativas. De eso no tengo ni la menor idea de qué será, pero le estoy diciendo que el CMB está registrado en muchos países porque tenemos operaciones en 165 naciones afiliadas, y en 165 tenemos influencia. Ahí llega el organismo.

–¿Es decir que el contrato con el CPTM se pudo haber registrado en cualquiera de estos países?

–En cuestiones administrativas, con mucho gusto le puedo buscar los datos específicos, pero esto no lo manejo, no lo conozco a detalle, mucho menos en estos momentos que estoy viajando.


Los recursos derivados de este convenio, sostiene Sulaimán, son canalizados mediante un programa “muy complejo y global”, que incluye la participación de promotores de boxeo en las 15 funciones que comprende el convenio, publicidad en las sedes de las peleas, en campañas para la prevención de adicciones y la delincuencia, y “en rescatar espacios públicos, pláticas de concientización y entrenamientos públicos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAÚL OCHOA.

En la opacidad y sin control, la “partida secreta” del Ejecutivo: ONG

MÉXICO, D.F: El recorte de 221 mil millones de pesos en el presupuesto “base cero” para 2016 no elimina la discrecionalidad con la que el Ejecutivo federal maneja el “presupuesto paralelo” de miles de millones de pesos de procedencia desconocida, denunció hoy Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa.

En un acto conjunto llevado a cabo por representantes de organizaciones que integran Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Jaime recordó que en el país los diputados no ejercen su función de contrapeso para controlar el presupuesto, y precisó a Apro que lo anterior se explica por “asimetrías técnicas y porque muchos están comprados”.

“El ejercicio del gasto tiene vicios”, lamentó Jaime, al subrayar que en promedio el Ejecutivo federal suele gastar de manera opaca un presupuesto superior en 8.3% al que aprobaron los diputados a inicios del año, gracias a los “ingresos excedentes” recaudados por aprovechamientos.

De acuerdo con la directora de México Evalúa, se desconoce el origen de 70% de los ingresos por aprovechamientos –que se elevaron a 228 mil millones de pesos en 2013–, así como de poco menos de la mitad de los ingresos de origen no tributario ni petrolero –88 mil 482 millones de pesos el año pasado–, ya que las autoridades hacendarias registran su procedencia como “otros” y los subestiman de manera sistemática.

Gracias a este “presupuesto extra”, el Ejecutivo incrementa ciertos gastos en partidas poco transparentes, como es el caso del Ramo 23, al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala cada año, explicó Jaime.

Por ejemplo, en 2013 México Evalúa documentó que los diputados dotaron con 3 mil millones de pesos al fondo regional del Ramo 23, el cual no contaba con programas definidos ni evaluaciones. A finales de ese año, el fondo había gastado 33 mil millones, once veces la cantidad atribuida meses antes.

“La partida secreta que usaba a su discreción el presidente hace años estaba en el Ramo 23, y ahí sigue, es como una carretera para dar vuelta a mucha regulación, pero abre la puerta a todo”, lamentó para luego considerar que los legisladores deberían exigir un mayor control sobre el “presupuesto paralelo”.

La directora de la organización insistió en que no basta con gastar una mayor cantidad de dinero para reducir la desigualdad, sino también ejercerla de mejor manera, pues recordó que a pesar del incremento de 35% en el gasto social entre 2011 y 2014, el número de pobres se incrementó dos millones en los primeros dos años de la presente administración.

De acuerdo con Mauricio Merino, investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y presidente de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), tres razones explican por qué en su forma actual el gasto público no reduce la pobreza y la desigualdad.

Primero, sostuvo, el presupuesto público no cuenta con mandatos claros, pues es producto de “negociaciones políticas, la inercia burocrática y de ciertos intereses”, en lugar de estar enfocado en problemas concretos que resolver. Por lo anterior, 94% del gasto programable no cuenta con objetivos que cumplir, matrices de indicadores o población definida.

Además, el gobierno no lleva a cabo evaluaciones precisas para redirigir los programas y mejorar sus políticas públicas, planteó. De acuerdo con el académico, 70% del gasto programable no llega a sus objetivos, y pese a ello “año con año lo van votando”.

Y cuando existen evaluaciones y datos confiables, concluyó Merino, se observa que los programas excluyen de manera inexplicable a grandes grupos vulnerables –como a la población indígena–, aun cuando integran los padrones únicos de beneficiarios. “Sin duda la equidad no es la prioridad del Estado”, sentenció.

José Woldenberg, académico y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), recordó que en México el sistema fiscal incumple con su función de redistribuir las riquezas y reducir las desigualdades, ya que recauda la mayor parte de los ingresos entre todos los mexicanos a través de impuestos no progresivos, como el IVA.

En cambio, protege a las grandes fortunas, ya sea mediante una reducida recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) o en el nulo impuesto a los detentores de propiedades y capital.

En consecuencia, después de la redistribución del dinero recaudado por el sistema fiscal –a través de los programas, entre otros–, sólo se reduce la desigualdad en 2% contra el 20% en Alemania.

Woldenberg aseveró que “es necesario reducir los espacios de uso político de los programas”, pero advirtió que esto “será difícil”, pues “existen intereses duros y maduros” opuestos a la recaudación de las “grandes fortunas heredadas”.

Por su parte, el economista Enrique Provencio estimó que la decisión de destinar 70% los remanentes de operación del Banco de México al pago de la deuda –que aprobó hoy el Senado, a solicitud del Ejecutivo– es “cuestionable”, pues se podrían aprovechar las tasas de intereses bajas para invertir en proyectos productivos.

Provencio señaló que la inversión pública –alrededor de 3.5% del PIB– se encuentra en su nivel más bajo desde la década de los cuarenta, y exhortó a “no alimentar el círculo vicioso de recorte presupuestario y mal uso del gasto”.

El líder sindical Francisco Hernández Juárez añadió dos factores que merman el combate a la pobreza en México: el bajo costo de la mano de obra –vista como un incentivo para atraer inversiones– y la opacidad en los contratos colectivos, la cual fomenta el surgimiento de una “mafia sindical”.

Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), sostuvo que la implementación de las nuevas reglas de flexibilidad laboral debilitaron a los sindicatos y a los trabajadores más frágiles, lo que hace posible que el salario mínimo en México sea el más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).


“Con este salario, la economía formal produce pobres extremos todos los días”, resaltó para luego recordar que 7 millones de mexicanos reciben un salario mínimo a cambio de su trabajo –3 millones de ellos en el sector formal–, por lo que sentenció: “Es un país que no llega a la quincena”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.