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Superdelegados se fueron a buscar gubernaturas sin entregar reportes ni ser evaluados

La Secretaría de Bienestar refirió que los delegados no tienen agenda pública ni entregan informes, pero aseguró que se conducen con apego a la ley.

Los superdelegados tienen la tarea de aterrizar en los estados y las comunidades los programas prioritarios del gobierno, pero no existen mecanismos para la rendición de cuentas y su desempeño no ha sido evaluado este año.

Esta opacidad se suma al hecho de que los delegados de Programas para el Desarrollo -que es su título oficial- tienen dos jefes: administrativamente, están adscritos a la Secretaría del Bienestar, pero sus nombramientos son decididos por la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo de la Presidencia de la República, a cargo de Gabriel García.

La COVID-19 acelera compras de la 4T a Pymes, pero el IMCO advierte de “opacidad y discrecionalidad”

La emergencia sanitaria por COVID-19 abrió negocio para micro, pequeños y medianos proveedores en cuyas filas hay, por lo menos, un exfuncionario público relacionado con la Estafa Maestra, en un contexto en que el IMCO acusa que en México “las compras realizadas para atender la COVID-19 han sido discrecionales y opacas”.

El Gobierno federal ejerció al menos 38 millones 959 mil 244.61 pesos en compras de emergencia por la pandemia de coronavirus en México, de acuerdo con cifras del portal CompraNet al corte del 27 de julio de 2020.

La compra de bienes y servicios incluye los gastos de 21 dependencias de gobierno, a través de 108 contratos públicos cuyo título refiere la prevención y tratamiento de casos de coronavirus, COVID-19 o SARS-CoV-2.

Entre amigos, la fiscalización de recursos en la Sedena y la Semar

Con la tolerancia de la Secretaría de la Función Pública de gobiernos anteriores y del actual, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina realizan una fiscalización de sus recursos que carece de imparcialidad, pues los titulares de sus Órganos Internos de Control no son civiles, como lo mandata la ley. “Los titulares de estas oficinas de vigilancia omiten sus rangos militares cuando firman documentos oficiales, para hacerse pasar por civiles”, denuncia en entrevista el teniente coronel Eduardo Navarrete Montes.

Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) carecen de una real fiscalización de los recursos públicos que manejan.

Violando la Ley Orgánica de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las instituciones armadas provienen los titulares del Órgano Interno de Control (OIC), cuando por ley el encargado de dicha fiscalización debe ser una persona ajena a las instituciones o dependencias para garantizar imparcialidad.

Nafin y Bancomext: el arte de la opacidad

En tiempos de la autodenominada cuarta transformación, Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) despliegan esfuerzos legales y financieros para ocultar información clave sobre los dos créditos –por 635 millones de dólares– que otorgaron a Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para la compra a sobreprecio de Grupo Fertinal.

Desde octubre pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI) ordenó en cuatro ocasiones a estas dependencias que levanten el secreto bancario sobre este caso y entreguen los documentos relativos a los créditos, que Proceso solicitó mediante la plataforma nacional de transparencia.

No se preocupa, Rosario: paga 26.7 millones en una sola campaña de prensa; ¿y sirvió? Se sabrá en 2019

Bajo la gestión de Rosario Robles Berlanga y sólo en 22 días, la Sedesol gastó 26 millones 699 mil 999 pesos en la difusión de una sola campaña de spots. Eran anuncios que elogiaban el programa de combate a la pobreza que ese año se inauguraba con un nuevo nombre; de Oportunidades había pasado a ser Prospera. Ese dinero habría alcanzado para 29 mil 666 becas bimestrales de 900 pesos del mismo programa en un año en el que, según la ASF, la pobreza no menguó ni un ápice en México. ¿Fue útil este gasto? Después de esos días de anuncios en la pantalla, el Gobierno federal mandó a hacer un estudio para conocer el impacto de la campaña en los ciudadanos mexicanos; pero clasificó bajo reserva los resultados hasta 2019.

En la difusión de una sola campaña de spots que elogiaban el programa Prospera que ella misma impulsaba y sólo durante 22 días, Rosario Robles Berlanga gastó al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 26 millones 699 mil 999 pesos entre enero y febrero de 2015.

Es decir, en este periodo, la mujer que estuvo encargada del combate a la pobreza durante dos años y medio, gastó 1.2 millones de pesos por día en publicidad oficial.

CFE, ISSSTE e IMSS, las instituciones con menos transparencia y mayor riesgo de corrupción: IMCO

7 de cada 10 contratos se asignaron mediante adjudicación directa de 2012 a 2016; en el caso de IMSS y el ISSSTE el 21 por ciento de las compras las realizan a sólo dos proveedores.

Las entidades cuyo gastos es menos transparente y por lo que hay mayores riesgos de corrupción son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).


Le siguen Prospera, Liconsa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,  la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente.