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martes, 7 de febrero de 2017

Duermen en el suelo y beben agua contaminada: así trabajan niños indígenas en un rancho

Por tercera vez en algo más de un año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades locales y federales por un caso de explotación laboral de menores indígenas en un rancho agrícola. UNICEF México estima que 44% de los hogares de jornaleros tienen, al menos, un niño trabajador.

Niños indígenas de entre cuatro y 12 años de edad trabajaban en un rancho agrícola en San Luis Potosí, donde compartían cuartos hacinados con más de 200 jornaleros y dormían en el suelo infestado de chinches. Además, los menores de etnia nahua solo disponían de cartones para cubrirse en la noche, y se les negó la atención médica a pesar de las fuertes diarreas que padecían por el consumo de alimentos podridos y agua no potable.

Y todo, con el ‘permiso’ de funcionarios públicos de la Secretaría del Trabajo local y federal, la Procuraduría estatal de justicia, y de la Procuraduría de Protección de Niños, quienes a pesar de estar enterados de las denuncias no tomaron medidas para evitar las violaciones a derechos humanos.

Todo lo anterior lo documenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una recomendación –la tercera por el mismo motivo desde octubre de 2015- que envió al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, y al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera, para que se repare el daño a los menores y a los jornaleros indígenas.

Trabajaban niños de entre cuatro y 12 años de edad

Según consta en la recomendación 70/2016, el 13 de junio de 2016 la Comisión de derechos humanos de San Luis Potosí recibió una llamada telefónica de Juan pidiendo ayuda.

Juan, cuyo verdadero nombre queda protegido por temor a represalias, explicó que trabajaba sembrando chile y pepino en un rancho en el municipio potosino de Villa Juárez. Y que junto a él había al menos otros 240 jornaleros indígenas, “incluyendo niños de entre cuatro, cinco y 12 años de edad”, que llegaron desde diferentes puntos de las sierras de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, para laborar de 07.30 de la mañana hasta las 16.30 de la tarde por un salario de 150 pesos al día.

En su denuncia de hechos, Juan expuso que las condiciones de trabajo y alojamiento eran infrahumanas para todos los jornaleros, pero más aún para los menores que dormían con otras ocho personas tirados en el suelo, entre el lodo y una “epidemia” de chinches.

Tres días más tarde de la denuncia telefónica, el 16 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomó el caso y un día después se presentó en la Secretaría del Trabajo Federal en San Luis Potosí para pedirle que diera “atención inmediata” a la denuncia de Juan.

Pero ni la delegación estatal de la Secretaría del Trabajo, ni tampoco la Secretaría del Trabajo local, realizaron acción alguna para verificar las condiciones laborales en este rancho, por lo que la CNDH se presentó el 19 de agosto en las instalaciones del campo agrícola.

Cocinaban alimentos con agua contaminada de una cisterna

Allí, durante dos días, la CNDH documentó que al menos siete niños estaban trabajando “en condiciones indignas” y de “explotación”, y que prácticamente vivían hacinados como el resto de jornaleros en unas caballerizas.

“Las viviendas proporcionadas por el empleador eran inadecuadas, pues permitían la filtración del agua de lluvia, el suelo era de tierra, carecían de instalaciones eléctricas, había presencia de fauna nociva y el agua con el que cocinaban sus alimentos provenía de una cisterna que, a simple vista, presentaba malas condiciones de higiene con insectos en la superficie”, detalla el informe de la CNDH.

Los patrones les vendían alimentos “excesivamente caros” en la tienda del rancho

Además, los menores y los jornaleros no contaban con baños ni regaderas, ni con agua potable para beber. Situación que los obligó a tener que caminar a diario varios kilómetros para bañarse y beber agua en un arroyo, lo que a su vez originó que muchos de ellos presentaran síntomas de diarrea, a pesar de lo cual los dueños del rancho les negaron la atención médica.

En cuanto a la alimentación de los menores y de los jornaleros, el ‘menú’ siempre era el mismo: agua hervida con frijoles y 600 gramos de tortilla por persona. Aunque los patrones del rancho tenían una tienda en el campo donde les vendía productos “excesivamente caros”, por lo que los jornaleros acababan endeudándose con sus jefes si querían comer una ‘dieta’ diferente.

Autoridades solo hicieron trámites burocráticos

Tras la visita al rancho, la CNDH solicitó el 20 de agosto a la Procuraduría de justicia de San Luis Potosí la implementación de medidas cautelares para proteger a los menores y a los jornaleros explotados. Petición a la que la Procuraduría contestó afirmativamente por escrito.

Sin embargo, la CNDH denuncia en su recomendación que la Procuraduría no tomó en realidad ninguna acción concreta, al igual que que la Secretaría del Trabajo local y estatal.

“Quedó plenamente evidenciado que las autoridades responsables de la aplicación de las leyes del trabajo no adoptaron las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones a derechos humanos, a pesar de haberles sido requeridas por la Comisión Nacional, a quienes hicieron llegar sus correspondientes aceptaciones”, recalca la CNDH.

En cuanto al trabajo de la Procuraduría estatal, la Comisión evidencia que su actuación se limitó básicamente a abrir una carpeta de investigación y a realizar trámites burocráticos estériles entre sus diferentes áreas, sin llevar a cabo “acciones de investigación ni medidas de protección de las posibles víctimas de delito”, como la explotación laboral y/o la trata de personas.


Por estos motivos, la CNDH dirigió la recomendación a Alfonso Navarrete, titular de la Secretaría del Trabajo federal, y a Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí, a quienes instó a que sus respectivos órganos internos de control inicien una investigación en contra de 12 servidores públicos adscritos a las Secretarías del Trabajo federal y local, a la Procuraduría estatal, y a la Procuraduría estatal de Protección a niños, “por no investigar el caso, ni proteger y salvaguardar los derechos de los jornaleros” ni de los menores.

RECOMENDACIÓN

“Condiciones infrahumanas” también en Baja California

Cabe subrayar que esta no es la primera recomendación que emite la CNDH por un caso de explotación laboral de jornaleros indígenas y de menores.

De hecho, apenas el pasado 31 de mayo de 2016, la comisión envió otra recomendación al secretario del trabajo, Alfonso Navarrete, y al gobernador de Baja California, Carlos Mendoza, por las “condiciones infrahumanas” en las que fueron hallados jornaleros rarámuris en campos del municipio de Comondú.

En esta recomendación también se denuncian violaciones a derechos humanos en contra de menores indígenas que trabajaban en el campo en condiciones precarias.

Mientras que meses antes, en octubre de 2015, la CNDH emitió otra recomendación dirigida esta vez al entonces titular de Sedesol, José Antonio Meade, así como al ayuntamiento de Yurécuaro, Michoacán, luego de que una menor indígena perdiera la vida ahogada en el aljibe de un albergue comunitario para jornaleros agrícolas.

44% de hogares de jornaleros cuentan con al menos un niño trabajador

UNICEF advierte que en México los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas “son un grupo especialmente vulnerable”.

Así lo apunta en su estudio ‘Trabajo infantil’, en el que la agencia para la niñez de la ONU subraya que 44% de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con, al menos, un niño o una niña trabajador.


Es decir, que en casi 5 de cada 10 casas de jornaleros los niños laboran, estando expuestos a posibles violaciones a derechos humanos como la explotación laboral o el tráfico de personas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/trabajo-ninos-indigenas-rancho/

lunes, 30 de enero de 2017

Acción Ciudadana: El peor muro está dentro de México. Son la desigualdad y la pobreza

Más de 60 organizaciones que conforman la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza consideraron que, ante la pobreza y desigualdad que se vive en México, es poco probable que la “unidad nacional” a la que se está apelando el Gobierno federal logre combatir las políticas “agresivas” de Donald Trump. Propusieron una nueva visión de cohesión social para confrontar dicha desigualdad basada en cuatro propósitos con visión política, social, institucional y ciudadana. “El muro que más divide al país es la pobreza y desigualdad. Necesitamos derribarlos”, dijeron.

Un México con 12 millones de ciudadanos que concentran la mitad del ingreso mientras 108 millones sobreviven con la otra mitad “no puede tener unidad nacional” que combata a las políticas “agresivas” del Presidente de Estados Unidos, determinó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“El muro que más divide al país es la pobreza y desigualdad. Necesitamos derribarlos”, dijo su director Rogelio Gómez Hermosillo.

Ante ello, las más de 60 organizaciones que la conforman llamaron a una nueva visión de cohesión social frente a la desigualdad basada en cuatro propósitos con visión política, social, institucional y ciudadana:

-Impulsar la inclusión económica y el trabajo digno para que las familias hoy excluidas mejoren su calidad de vida.
-Garantizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientes.
-Instalar y desarrollar capacidades estatales para construir instituciones públicas efectivas y democráticas.
-Generar una nueva cultura de corresponsabilidad ciudadana basada en valores contra la corrupción y el clientelismo.

Los objetivos se basarán en cuatro visiones; política, social, institucional y ciudadana:

-Construir consensos políticos plurales para impulsar cambios institucionales y articular crecimiento económico con derechos sociales.
– Elevar el nivel de debate público, sobre todo entre políticos y candidatos.
-Revisar los más de 6 mil programas clientelares y la efectividad de instituciones.

-Motivar cambios en la cultura ciudadana sobre todo frente a la discriminación y racismo.

Las organizaciones además se comprometen a seguir impulsando la recuperación gradual del salario mínimo, establecer un padrón único de beneficiarios de programas sociales y crear una Contraloría social sobre los servicios de salud.

La pobreza, expusieron, debilita la economía al reducir el mercado interno, la democracia al favorecer el clientelismo, mina la estabilidad al excluir el desarrollo a regiones enteras y es el caldo de cultivo del crimen y la violencia.

“La pobreza es hoy la misma que hace 25 años: 53 por ciento de la población (64 millones) como en 1992 (de hecho, 11 millones más)”, destacó Alberto Saviñón, de Centro Lindavista.


“No tenemos rumbo frente a la pobreza y desigualdad ni estrategia de largo plazo”, criticó.

La visión de cohesión social, dijo José M. Domínguez de Comunicación Cristiana de Bienes, “sube la vara para exigir a los políticos y gobernantes”.

En los tres estados con mayor pobreza solo el 20 por ciento tiene seguridad social frente al 58 por ciento en las tres entidades con mayor desarrollo, afirmó Alberto Serdán de Ruta Cívica.

En conclusión, determinaron, las amenazas externas son reales y las dificultades económicas ya están presentes con efectos nocivos. El riesgo de empobrecimiento es mayor.

“Podemos evitarlo. El país tiene recursos y capacidades. Erradicar la pobreza crónica y su herencia debe ser parte de cualquier proyecto de futuro para la nación. Y hoy es urgente”, destacaron.

También es necesario romper los privilegios.


“La nación vive tiempos de indignación, de ira, de dolor. Estamos a tiempo de trasformar eso en acción, coraje y esperanza”, finalizaron.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-01-2017/3142189

martes, 17 de enero de 2017

El “club del 1%” no se hizo en el trabajo: heredó poder y dinero, en México y el mundo, dice Oxfam

De acuerdo con el informe “Una economía para el 99 por ciento” elaborado por la organización internacional Oxfam, si el crecimiento económico de entre 1990 y 2010 hubiese beneficiado a los más vulnerables, en la actualidad habría 700 millones de personas menos, en su mayoría mujeres, en situación de pobreza, pero hoy, son ocho hombres los que poseen la misma riqueza que 3 mil 600 millones de personas, que son la mitad de los seres humanos.

Oxfam encontró que este grupo y los pequeños grupos de cada país, no son precisamente generadores de riqueza en las naciones, sino que son personajes específicos que han venido heredando la riqueza gracias a un sistema que permite los monopolios y los oligopolios, y que además, premia a las grandes empresas con incentivos fiscales.

En México, cuatro millonarios tienen tanta riqueza como el 50 por ciento más pobre de la población del país. Esas cuatro personas –Carlos Slim Helú, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Eva Gonda Rivera– tienen el equivalente en riqueza a lo que poseen 63 millones de mexicanos, como 70 mil millones de dólares.


Rocío Stevens Villalvazo, Directora de Public Engagement de Oxfam México, explicó que gran parte de la riqueza que se genera actualmente en el mundo es heredada, que viene de arreglos de “capitalismo de cuates” con los gobiernos y que se produce en sectores económicos monopolizados u oligopolizados.
“Se tiende a pensar que la riqueza se genera por innovación, trabajo duro, por tomar riesgos y puede ser cierto, se reconoce que la gente que arriesga su capital y que está dispuesta a innovar debe ser recompensada, pero el sistema económico mundial no funciona así. La riqueza que ha generado este sistema se ha generado a través de capitalismo de cuates, de sistemas empresariales donde los accionistas capturan el 70 por ciento de los beneficios cuando hace 30 años capturaban el 10 por ciento. Esos no son sistemas políticos saludables, son sistemas políticos capturados”, comentó en entrevista con SinEmbargo.

De acuerdo con el estudio, el capitalismo clientelar beneficia a los dueños del capital y a quienes están al mando de estas grandes corporaciones, en detrimento del bien común y la reducción de la pobreza, lo que coloca en una situación desigual a las pymes que no pueden competir en las mismas condiciones frente a los “cárteles empresariales”, con actores estrechamente ligados a los Gobiernos. Carlos Slim, por ejemplo, el tercer hombre más rico del mundo, controla aproximadamente el 70 por ciento del total de los servicios de telefonía móvil y el 65 por ciento de las líneas fijas del país y según los cálculos, esa falta de competencia tiene un costo equivalente al 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Para Stevens, lo que resalta del informe es que si bien la desigualdad es mucho más grande y mucho más extrema, ya existen señales muy claras en México y el mundo, de que la gente está descontenta y se siente dejada atrás por un sistema económico que está beneficiando a unas cuantas personas; que no solo perjudica, sino que también excluye a la mitad más pobre de la población del mundo.


“Una concentración extrema nos lleva a un contexto de descontento generalizado, a protestas que si bien son legítimas, llevan a un estado social resquebrajado y a la cohesión social completamente disuelta y ahí están los primeros días de 2017 en México […] Estos niveles de desigualdad son el producto de años. En México tuvimos en 2016, el gran año de los saqueos públicos, el gran año de los bonos millonarios y de los vales de gasolina, privilegios que se concentran en un pequeño número de personas que son la clase política y la clase económica de México. Mientras tanto, tenemos una lucha por un aumento irrisorio del salario mínimo, que a la luz del alza en el precio de los energéticos, el aumento de 2016, es insuficiente”, dijo.

LA CORRUPCIÓN, UNA ALIADA

Lo que denuncia Oxfam, además de un sistema económico fracturado, son los saqueos que se tienen que perseguir y castigar hasta que se regresen los recursos que se hayan robado funcionarios públicos de cualquier nivel al erario público, ya que esos son los recursos que son indispensables para financiar educación, sistemas de protección social y generan un gasto eficiente desde las cuentas públicas.

En el caso de México, son ya varios años mirando a la corrupción como uno de los principales problemas del país.
“La corrupción ligada a los temas de desigualdad tiene mucho que ver con lo que llamamos ‘captura política’, porque el poder económico está ligado a la excesiva influencia en políticas y procesos públicos. Ojalá 2017 sea el año del cambio y del despertar, no solo de los funcionarios o empresarios, sino de la ciudadanía para que efectivamente demandemos un sistema económico en el que se beneficie la mayoría y no la minoría”, comentó al respecto Stevens, quien considera que la corrupción es un síntoma extremo del sistema económico actual.

“Es parte del ciclo vicioso en el que tenemos una élite económica muy poderosa que utiliza su poder económico para influir en los procesos democráticos y en los procesos de política pública en su propio beneficio y tenemos al mismo tiempo una ciudadanía que en México y en el mundo, está cada vez más descontenta, más cansada de sentirse excluida de ese proceso de toma de decisiones. Y no es solo un tema de percepción: la sociedad está excluida de los beneficios del sistema económico. México ha crecido muy poco en términos de PIB en los últimos años, entre 1.5 y 2 por ciento promedio, pero incluso los beneficios de ese bajo crecimiento económico se han concentrado en los estratos de mayores ingresos de la población”, agregó.

La riqueza total a nivel mundial ha alcanzado la cifra de 255 billones de dólares. Desde 2015, más de la mitad de esta riqueza está en manos del 1 por ciento más rico de la población y la riqueza sigue acumulándose entre los más ricos. Durante las últimas tres décadas, los ingresos en manos de los dueños del capital no han dejado de aumentar a un ritmo superior al del crecimiento económico.

En este sentido, la evasión de impuestos ha cobrado fuerza como uno de los principales factores que generan la concentración de riqueza. Según Oxfam, en términos de facturación, en la actualidad 69 de las 100 mayores entidades del mundo son empresas, no Estados.

En los últimos años se ha hecho evidente que las grandes empresas tratan de tributar lo menos posible, fundamentalmente por dos vías: utilizando trucos contables a través de paraísos fiscales y de vacíos en las diferentes legislaciones, o también a través de tratamientos fiscales selectivos y preferenciales y las exenciones fiscales que les ofrecen distintos países.

SinEmbargo publicó en septiembre pasado, una lista de grandes empresas a las que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), aprobó cancelaciones y condonaciones de adeudos fiscales por un monto superior a los 56 mil millones de pesos.

La mayor parte de los créditos fiscales perdonados, tan sólo en 2015, la concentró 8 por ciento del total de los contribuyentes: corporaciones y empresarios, políticos o ciudadanos “influyentes”, que mantienen estrechas relaciones con la cúpula en el poder.

De acuerdo con Stevens, mejorar el sistema tributario sería una forma de combatir la concentración de la riqueza, “se debe formar un sistema tributario más justo y progresivo, en donde las grandes empresas y las grandes fortunas paguen lo que les corresponde de impuestos. Casi 100 mil millones de dólares se escapan de los presupuestos públicos a través de medidas para evadir y eludir impuestos y se depositan en paraísos fiscales que son la gran fuente de la opacidad en el mundo”.

El problema en México, continuó, es que tiene un sistema fiscal regresivo, en el que pagan más impuestos las personas que tienen menores ingresos y pagan muchos menos impuestos las personas que tienen más.


“México es un país en el que existe suficiente ingenio, innovación, talento y suficiente trabajo como para que vivamos todos de una manera más justa y más digna. ¿Cómo se reactiva el progreso? Empezando con medidas fiscales que permitan que los modelos económicos y la actividad empresarial sean en beneficio de la mayoría y no de la minoría. Eso tiene que ver con temas como la economía oligopólica de México, que limita la competencia, lo que siempre tiene que ver con el acaparamiento y enriquecimiento de personas y sectores muy específicos, con la corrupción en el sector público y privado”, agregó.

EL SALARIO COMO PENDIENTE

El estudio sostiene que el estancamiento de los salarios y la inseguridad laboral son dos de los elementos que actualmente abonan al descontento social y “actualmente, los recursos existentes permitirían eliminar tres cuartas partes de la pobreza extrema si se incrementase la recaudación fiscal y se recortase el gasto militar y otros gastos igualmente regresivos”, dice el estudio.

Los salarios en los sectores de baja cualificación, han caído por debajo de la productividad en las economías emergentes, y se han estancado en muchos países ricos, mientras que los salarios más altos no han dejado de aumentar.

México tiene el salario más bajo de la región y es la principal causa de pobreza en la población, según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “La presión sobre el empleo y los salarios de los trabajadores peor remunerados se traduce en que las personas trabajan por salarios de miseria en empleos precarios”, agrega el documento.
“Las cifras dicen que la pobreza en México ha pasado de 53.3 millones a 55.3 millones de pobres. De 27 millones a 28 millones de personas en pobreza extrema. Independientemente del partido o ideología de los presidentes, lo que se observa es que las tazas de pobreza no han caído en los últimos 20 años y tenemos las mismas tazas de pobreza que a principios de los años 80. Eso lo que dice es que no solo la política social está mal enfocada, sino que el sistema económico mexicano, que está muy vinculado al sistema político, está completamente fracturado en términos de los beneficios que genera y para quién los genera”, comentó por su parte Rocío.

“Los países deben desechar la idea de que, para atraer inversiones de valor, tienen que mantener los salarios bajos. La investigación realizada en 2012 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que esta teoría tiene una validez limitada: los beneficios positivos en términos de niveles de exportación y de inversión no bastaban para contrarrestar la disminución del consumo doméstico y de la demanda a causa de los bajos salarios. El informe señalaba que, en el marco global, esta política terminaba siendo contraproducente. Una competencia a la baja en los salarios sólo lleva a un continuo descenso de la demanda global”, agrega el estudio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-01-2017/3136949.

domingo, 15 de enero de 2017

Gasolinazo pega más fuerte a los sectores desfavorecidos

El incremento en los precios de alimentos, transporte público y servicios, causado por el gasolinazo, hará que los sectores más empobrecidos tengan más dificultades para acceder a condiciones de vida dignas, lo cual también puede considerarse como una violación de sus derechos humanos más elementales, advirtieron organizaciones civiles.

Alejandra Ancheita, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, afirmó que para entender las implicaciones del aumento en los combustibles, primero se debe tomar en cuenta que en México el salario mínimo ha perdido 81 por ciento de su poder adquisitivo en los pasados 30 años.

De igual forma, 56 por ciento de la población económicamente activa labora en la informalidad y 46 por ciento de los mexicanos viven en condiciones de pobreza, de los cuales 9.5 por ciento está en pobreza extrema.

“Este es el contexto del gasolinazo, y si la situación es de por sí mala, se está volviendo insostenible para una gran cantidad de personas que ya no buscan una vida digna, sino nada más la sobrevivencia. Todo ello implica violaciones al derecho al empleo, a la educación, a la salud, a una vivienda digna y, por supuesto, a la alimentación”, subrayó la activista.

Pese a la gran importancia de estos factores, “el aumento tan exacerbado de la violencia en el país, con la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones, llama la atención de la mayoría de las personas, lo cual hace menos visible la violación de estos derechos económicos, que no son vistos como tales por muchos estados, sino únicamente como ‘aspiraciones sociales’”.

Ben Cokelet, director ejecutivo de la organización civil Poder, coincidió en que el aumento en el precio de las gasolinas viola los derechos humanos de toda la población, pero sobre todo los de los sectores más precarizados, en la medida en que obstaculiza su capacidad de trabajar y de obtener los satisfactores básicos.

Entre todas las afectaciones, el especialista consideró que una de las más graves es la que se refiere al derecho de las comunidades a proteger sus recursos naturales, ya que el gobierno puede tomar como pretexto el alza de las gasolinas para obligar a muchos pueblos a ceder sus tierras con tal de acceder a los combustibles a un precio menos alto.

Con el argumento del alza, podrían decirle a las comunidades indígenas o rurales más apartadas que si quieren tener costos más económicos, permitan la entrada de gasoductos en su territorio, y esa sería otra manera de empobrecer y alienar a los pueblos que están en pie de lucha contra la reforma energética, consideró.

En este contexto, Antonio Vital Galicia, de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, afirmó que debido al incremento en el precio de la gasolina se dejó de contratar personal para el Seguro Popular en la Ciudad de México, Veracruz, Guerrero y Jalisco.

En entrevista, subrayó que aunque las autoridades justificaron el gasolinazo con la permanencia de dicho programa social, a final cuentas éste ya resultó afectado.

La primera semana de enero a miles de trabajadores del Seguro Popular se les debía renovar el contrato, pero no fue así, aseveró Vital. En Guerrero, unos 2 mil empleados se beneficiarían de un movimiento de escalafón y por fin les darían una plaza. Y no sólo no se las dieron, sino que además no los recontrataron, aseveró.

En Veracruz hay otros 300 afectados, y aunque no tenemos la cifra exacta, en la Ciudad de México y Jalisco, ocurre lo mismo. En algunas localidades suspendieron el pago de una prestación económica integrada al salario, indicó.

Asimismo, denunció que la caída del peso frente al dólar está repercutiendo en el costo de los insumos médicos, pues muchos de ellos se importan y su valor está tasado en la moneda estadunidense que esta semana rebasó los 22 pesos.

Además, debido a la crisis económica, los recursos para pagar las pensiones se verán afectados. Desde hace seis años, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no ha realizado la actualización anual y a un millón de jubilados les debe retribuciones de 150 pesos mensuales.

Por ello, Vital anunció el surgimiento de la Asamblea de la Indignación, integrada por trabajadores activos y jubilados, así como por estudiantes. Esta semana sus miembros acudirán a hospitales y universidades para informar sobre los efectos del gasolinazo, y el próximo martes 31 se unirán a la jornada nacional de protesta.





Fuente: La Jornada
Autores: Fernando Camacho y Blanca Juárez
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/15/politica/004n1pol

sábado, 14 de enero de 2017

“Sueldazos” de líderes del PRD en un Guerrero empobrecido

El presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, quien actualmente encabeza las protestas contra el aumento del precio de los combustibles en la entidad y ha sido acusado de desviar recursos de las prerrogativas, ostenta un sueldo mensual de más de 85 mil pesos.

El secretario general de ese partido, Demetrio Saldívar, gana 44 mil 230 pesos y 16 secretarios más que conforman el comité directivo estatal tienen sueldos que rebasan los 42 mil 130 pesos.

Mientras que el salario de las cuatro direcciones van de los 20 mil a los 11 mil, y sólo ocho mil pesos se destinan para un intendente, indican documentos oficiales obtenidos por Apro vía transparencia.

El salario del dirigente y el de los secretarios del Comité Directivo Estatal (CDE) son similares al que percibe un secretario y subsecretario del gobierno estatal, ingreso que oscila entre los 76 mil y 45 mil pesos.

De acuerdo con los reportes financieros del CDE del PRD, del 1 de enero al 31 de junio pasado –año que no fue electoral–, la dirigencia estatal perredista recibió un financiamiento público de 15 millones 548 mil 836 pesos, y 630 mil pesos por concepto de financiamiento privado, lo que sumó 16 millones 178 mil 836 pesos en un semestre, o 32 millones 357 mil 672 pesos en un año.

De la cantidad total de ingresos por prerrogativas y financiamiento privado en 2016, la dirigencia estatal del PRD destinó para “operación ordinaria” 30 millones 965 mil 840 pesos, es decir: 15 millones 482 mil 920 pesos por semestre.

De esos recursos, 24 millones 795 mil 372 pesos (12 millones 397 mil 686 pesos al semestre) se canalizaron exclusivamente al pago de sueldos y salarios

Mientras que sólo 326 mil 595 pesos se aplicaron a “educación y capacitación política”, entre ellos cursos para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres, indican los documentos oficiales.

Apro solicitó información sobre ingresos y egresos de 2016 al resto de los partidos políticos con representación en la entidad, entre ellos PRI, PAN, MC, Verde, Morena, PT y Panal, pero ninguno respondió en los plazos que marca la ley y tampoco tienen disponible la información pública de oficio en sus portales, tal como exige la norma.

Este hecho exhibe el nivel de opacidad entre los partidos políticos, considerados sujetos obligados en el sistema de transparencia debido a que ejercen recursos públicos, y también impide hacer un comparativo en el uso de las prerrogativas entre los institutos partidistas en Guerrero.

Actualmente, la dirigencia estatal del PRD promueve acciones de protesta contra el gasolinazo, junto a líderes de otros partidos que se asumen de izquierda, como Movimiento Ciudadano y PT.

No obstante, el líder perredista Celestino Cesáreo, quien en la última década ha ocupado cargos partidistas y de elección popular, actualmente es un próspero empresario de la educación privada en el puerto de Acapulco.

Incluso, el diputado federal del PRD, vinculado con el narco, David Jiménez Rumbo, acusó a su compadre Celestino Cesáreo de desviar recursos públicos destinados a la campaña electoral de 2014 para construir un edificio particular, ubicado al sur de esta capital.

En respuesta, el dirigente estatal del PRD acusó a Jiménez Rumbo de enriquecimiento inexplicable, ya que es propietario de un suntuoso rancho en el municipio de Cuajinicuilapa, así como dueño de ganado y caballos españoles y autos de lujo.

Los dos perredistas confrontados crecieron al amparo político de Armando Chavarría Barrera, quien fue asesinado a tiros cuando se desempeñaba como presidente del Congreso local en 2009.





Fuente: Proceso
Autor: Ezequiel Flores Contreras
http://www.proceso.com.mx/470028/sueldazos-lideres-del-prd-en-guerrero-empobrecido

domingo, 8 de enero de 2017

La historia de cómo inventaron un cuento para tirar un pueblo porque había cobre, oro y plata

Les dijeron que había una falla geológica en el pueblo y que se tenían que mudar. La realidad es que hay una mina en sus pies y Carlos Slim tiene planes de hacer un tajo a cielo abierto para extraer cobre, oro y plata. El 23 de diciembre se hizo su voluntad y la policía llegó con buldozers para destruir todo el pueblo, casas, escuela y derechos humanos. Aquí la historia…

Salaverna está ubicado en el municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas. Su extensión territorial es de 4 mil 650 hectáreas y es habitado por 20 familias–antes eran 40–, quienes desde diciembre pasado luchan para evitar la extinción del pueblo, luego de que el Gobierno de Alejandro Tello Cristerna concediera una concesión a la minera Frisco–Tayahua, propiedad de Carlos Slim Helú, uno de los hombres más ricos del

mundo.

Este es el cadáver de un pueblo en el que habitaban más de 40 familias. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Esto que ves aquí era la escuela.

Era.

Aquel era el molino.

Era.

Esto era la agencia municipal, con su juzgadito y todo.

Era.

Aquella la plaza principal y su fuentecita.

Eran.

Esa montaña de piedras era la iglesia.

Era.

Ya estaba agrietada la iglesia, pero no para eso todavía,

“Cuando el hundimiento, la iglesia se agrietó”, dice Roberto.

Aquellas ruinas que ves allá eran casas, las casas de los pobladores.

Eran.

Y ese de ahí era el salón sindical, que después fue sala de cine.

Era.

Mira ahí se ven las rodadas de la máquina.

Llegaron y tumbaron todo, dice Roberto.

Esto era una biblioteca donde sobresalen libros sobre paz, democracia y derechos humanos. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Roberto está parado sobre lo que hasta hace algunos días, la víspera de la Navidad, era Salaverna con su escuela, su molino, su agencia municipal, su plaza principal, su iglesia, sus
casas, su salón sindical. Y dice que no, que esta vez no fue la naturaleza.

Fueron la minera Frisco – Tayahua de Carlos Slim Helú, uno de los hombres más ricos del mundo, y el Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna.

“Ya es mucho que un Gobernador ordene que se haga esto. Ya no está actuando como administrador del pueblo, sino como administrador del capital. Es lo peor que le puede pasar a un país: tener gobernantes que estén dominados por los capitalistas“, dice Roberto.

Desde entonces Salaverna parece la foto de una zona de guerra, de un pueblo azotado por un terremoto poderoso.

Se me ocurre que Salaverna es como Afganistán, después de un bombardeo.

Salaverna es así:

Cuatro mil 650 hectáreas de barrancas parduzcas y montañas de pinos, con sus casas en ruinas y sus cerca de 20 familias que, a pesar de esta catástrofe provocada, dice Roberto, de estos atentados terroristas, más tarde sabré por qué, se resisten a salir de aquí.

A pesar de que ya, de Salaverna, no queden más que los puros derribos.

Es un mediodía tenue, las nubes cenicientas volando en el índigo, el viento crudo bramando entre las ruinas.

Fúrico.

Mientras camino dando trompicones entre los despojos de Salaverna, pienso que es como si sobre este pueblo, municipio de Mazapil, en el norte zacatecano, se hubiese cumplido aquella profecía dictada por Jesús de Nazaret hace 2017 años:

“De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada”. (Mateo 24:2).

Y Salaverna es eso, un montón de piedras.

De polvo.

Un pueblo enterrado bajo sus propios restos: sus entrañas, sus cartílagos, sus huesos, su piel.

Escombros, sobre los que aún se cierne otra profecía: la profecía mundana lanzada hace unos años por la minera Frisco – Tayahua de abrir, encima del cadáver de Salaverna, un tajo a cielo abierto para la extracción de cobre catódico de alta ley, me contarán sus pobladores.

Entonces sí que de Salaverna no quedará piedra sobre piedra.

Esto quedó del altar de la iglesia construida en 1940. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Aquí estaba el altar de la iglesia, -dice Roberto -, construida hacia 1940, era de mármol el altar.

Ahora está enterrado. No queda nada.

“Perros desgraciados”, estalla Miguel Sánchez, un lugareño que viene con nosotros.

Allá están, arrumbadas, las cruces de las cúpulas, son dos cruces de fierro que apenas y sobresalen entre la destrucción.

Acá era el cuarto donde se quedaba el sacerdote.

Y este parece un florero, sí mira es un florero, está enterrado.

Estaba bonita la iglesia, dice Roberto.

Aquí mismo fue donde Daniela Monserrat Sánchez Zamarripa, una vecina que se nos ha unido en la caminata, hizo su primera comunión, dice, también aquí la bautizaron.

“Es una profanación fea para nosotros los católicos, aunque el señor obispo de Zacatecas
haya dicho que está bien que la hayan tumbado”.

Y esta era la biblioteca de la escuela, donde Roberto terminó su primaria.

Se llama “Vicente Guerrero”.

Se llamaba.

“¿Crees que no nos va a doler?, Esto es lo que han hecho con nosotros”.

Aquí un Atlas del Mundo, un Enciclopédico Universal y libros, libro, libros de texto, y encima de los libros de texto Salavema.

Roberto está contando que cuando los exterminadores, unos 60 policías estatales y ministeriales, varios funcionarios de Protección Civil y dos bulldozer, tumbaron todo aquí, al amanecer del día 23 de diciembre del año pasado, llevaban arrastrando un busto de Miguel Hidalgo, “El Padre de la Patria”, que había en la escuela, “lo llevaban en rastra por ái, así, con una cadena, por ái lo dejaron”, dice Roberto.

Y pregunta si acaso no es esa una falta de respeto para los símbolos patrios.

Y yo pienso que sí.

Días después le llevaron a Roberto los hilachos de algo que parecía una bandera.

Era la bandera de la escuela que quedó desgarrada cuando la máquina le pasó por arriba, durante la demolición.

Roberto hurga entre los derribos de la biblioteca y encuentra tres como cuadernillos con tapas que dicen “Justicia”, “democracia”, “libertad”, las letras redondas, a colores.

“’Justicia’, ‘democracia’, ’libertad’”, – lee Roberto -, las cosas que a nosotros nos están quitando. No se aplica la justicia, no hay democracia y también nos están robando nuestra libertad de pensamiento y de acción”.

Esta era la iglesia, aquella la escuela, eso el salón sindical y allá la máquina.

“La que hizo el desmadre aquí”.

Dice Roberto y señala un bulldozer parado junto al tiro de la mina subterránea que, desde hace años, opera en Salaverna la compañía Frisco –Tayahua, del millonario Carlos Slim.

Roberto narra que ya fueron con la Procuraduría y con Derechos humanos pero no han tenido respuesta. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Le pregunto a un minero que recién salió del tiro y está a punto de irse en su viejo Nissan, que
qué piensa de lo que pasó aquí.

El minero me responde con otra pregunta: que cómo va darle patadas al pesebre si la empresa le está dando de comer, dice y se va.

Roberto de la Rosa Dávila, sesentaitantos, espigado, moreno, correoso, bigotes nevados, el delegado municipal de Salaverna, está sentado ahora sobre las piedras que, por casi ocho décadas, fueron la iglesia de este pueblo.

La iglesia de piedra que hombres tardaron en levantar y las máquinas de Slim arrasaron en nada.

Roberto sentado sobre los restos de Salaverna y a mí se me ocurre que si estas piedras hablaran tendrían historias para contar.

Todo vino tan rápido, tan de sorpresa, tan de sopetón, que la gente de Salaverna no pudo hacer nada, más que mirar cómo las máquinas tiraban sus casas, el pueblo, todo.

Lo primero que se ve al entrar en Salaverna son los escombros de la casa de Juan Hernández, “El Pequeño”, y a un lado Juan y María, su mujer, sentados en dos sillas a la intemperie, como dos desvalidos.

Juan y su esposa llegaron a Salaverna y encontraron puro escombro de su casa, ahora viven debajo de este toldo. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Ese día, el día de atentado, Juan, estaba en Mazapil, durmiendo, cuando los toquidos del miedo lo sacaron de sus sueños.

Era Leticia Mendoza, su vecina.

Le avisaba que unas máquinas andaban tumbando las casas allá arriba, en Salaverna.

De camino al pueblo Juan se topó con un piquete de unos 100 policías resguardado la carretera, traían escudos, miraban feo, no los dejaban pasar a nadie.

Lo primero que vio Juan cuando llegó a Salaverna fue su vivienda hecha añicos, polvo, piedras, como una tumba, y debajo, sepultados, enterrados, sus muebles.

Ma. de los ángeles narra que estaban dispuestos a tumbar su casa con su esposo adentro, pero ella logró evitarlo. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

“Nos dicen tercos, que esto era lo que queríamos que pasara”, dice Juan.

Y yo no creo que lo que Juan quería era vivir en un toldo, Juan vive en un toldo con catre y unos cartones que hacen de cama y dos sillas, esperando, esperando, esperando: no sabe qué, algo, lo que sea.

Ese día, el día del atentado, los policías llegaron golpeando y escupiendo amenazas sobre la gente de Salaverna.

Parecían endemoniados.

Patearon la puerta de la casa de doña Micaela Zamarripa Hernández y sacaron sus muebles a la calle.

Que se saliera, le ordenaron, porque iban a tumbar su casa.

También le pegaron a su hijo.

Y al hijo de doña María de los Ángeles Guevara.

60 policías con 2 buldozers llegaron el 23 de diciembre a derrumbar casas, esuela, oficina municipal y la iglesia, hasta convertir este pueblo en un cadáver. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Los agentes habían amagado con derribar su casa, con todo y su esposo de silla de ruedas en la puerta.

Hace cuatro meses que el esposo de María de los Ángeles perdió el brazo derecho y la pierna derecha en un accidente de mina.

Fue en la Frisco-Tayahua de Carlos Slim.

Ese día Ángeles y su marido se preparaban para salir a una cita médica a Saltillo.

“A mi muchacho lo cachetearon, rodearon mi casa los policías, la acordonaron, pusieron la bulldozer en frente, como haciendo señas de que la iban a tumbar, y mi esposo allá afuera en la silla de ruedas, ‘usté cree? Les dije ‘pos metan la máquina conmigo, a ver si me tumban’”.

Aunque Salaverna es un pueblo en ruinas, parece que el silencio no es su virtud.

De día y de noche, de noche y de día, se oye por todas partes el ruido, como de planta industrial, que hacen los pozos robbin.

En los días que estaré aquí no escucharé cantos de gallos, perros ladrando, balidos de cabras, burros rebuznando, sólo el bufido opaco, monótono, terco de los robbin, que, a simple vista parecen cubetas gigantescas de lámina sobre las montañas.

Robbin, así se llaman estos pozos, dice Roberto, porque son construidos con una máquina que se llama así, robbin.

Y los pozos robbin no son otra cosa que respiraderos que sirven para ventilar la mina de los gases tóxicos que expele en el fondo de la tierra.

Cuando se lo pregunto, Roberto, que no es ingeniero en minas, me lo explica así: los respiraderos jalan a la mina el aire límpido que sopla de las montañas, y sacan el aire viciado, contaminado, que exhala la garganta del subsuelo.

La gente de Salaverna no sabía que era un robbin, lo supo hasta hace ocho o nueve años que la minera construyó el primero y después otro y otro y otro y otro…

En total 14.

Entonces empezó para el pueblo de Salaverna la batalla en contra uno de los hombres más poderosos del mundo: Carlos Slim.

“Metimos denuncias, estábamos en contra de los robbin porque generan contaminación y aflojan el terreno. En ese tiempo el kínder estaba en frente de uno de los pozos y nosotros protestamos ante la Secretaría de Salud de Concha, (Concepción del Oro, Zacatecas), pero fue en vano nuestras protesta, nunca las autoridades nos hicieron caso”, dice Roberto.

Un día de 2010, los de la minera de Carlos Slim llegaron al pueblo enseñando un papel que advertía sobre una supuesta falla geológica y el riesgo de que a Salaverna se lo tragara la tierra de una tarascada junto con sus casas y sus más de 80 familias.

La gente de Salaverna tendría que cambiar de pueblo, dijeron los de la minera.

Para eso la minera, – me imagino a una hermanita de la caridad -, había dispuesto ya un terreno con casitas, saliendo de Concha del Oro rumbo a Saltillo, en un lugar llamado “El Arenal”.

Hacía tiempo que en el pueblo había caído la noticia de que la minera Frisco – Tayahua, – quien se ha proclamado dueña y señora de Salaverna, los campesinos dicen que no, que los dueños son ellos -, proyectaba construir aquí un tajo a cielo abierto para la explotación de cobre catódico de alta ley, además de oro, plata, plomo y zinc.

Y no era para menos.

Rosario Antonio Zamarripa Hernández, uno de esos viejos sabios de pueblo, dice que aquí, donde estamos parados, es mineral, “una veta muy rica, eh”, sobre una mancha que se extiende desde Salaverna y hasta Durango.

No por nada la minera se ha empecinado en desterrar con ahínco y decisión a la gente de Salaverna.

“Ellos dicen que tiene las escrituras, nosotros tenemos la posesión, el derecho de ser dueños del lugar donde hemos radicado por muchas generaciones”, dice Roberto.

Por eso cuando los de la minera llegaron queriendo correr a la gente con el cuento del apocalipsis en Salavena, y las casas de “El Arenal”, la tierra prometida, los de Salaverna no se fueron.

Sus sembradíos, sus animales, sus casas con solar, el buen clima de Salaverna, eran más fuertes que su miedo.

No por mucho tiempo.

El 4 de diciembre de 2010 sucedió en el pueblo un trueno tan fuerte, tan fuerte, dice Roberto, que se sintió hasta Melchor Ocampo, Zacatecas, municipio situado a unos 60 kilómetros de Salaverna.

Era mediodía.

El trueno aquel había brotado del inframundo, una explosión de dinamita en los entresijos de la mina, que cimbró todo Salaverna, hundió sus suelos, desgajó sus cerros, cuarteó sus casas.

“Ellos han seguido con eso de ir aflojando tierra, ir aflojando tierra. Empezaron a usar maquinaria muy sofisticada, de barrenación larga. Yo creo que los pozos son de cuatro pulgadas de diámetro y de hasta 15 metros de largo y tienen una capacidad hasta de 200 kilos de dinamita. Entonces con esa dinamita es con lo que están aflojando el terreno.

“Aquí no hay tal falla geológica, no hay fenómenos naturales, todo ha sido provocado y esa forma de dinamitar es lo que ha ocasionado los hundimientos”, dice Roberto.

Sus tierras, sus animales, sus casas, el clima.

La gente de Salaverna se quedó. Beto, no.

“Ninguna puta casa, ningún puto pleito, vale la vida mis hijos”.

Dice Beto una mañana, el sol ardiendo en el corral de la nueva casa que levantó con sus manos para su mujer y sus cuatro hijos, en el ejido Santa Olalla, a uno siete kilómetros de Salaverna.

“Me tuve que traer a mi familia porque mi casa ya se está cayendo. Estamos cansados de que cualquier cabrón venga a quitarnos de nuestras tierras, Carlos Slim puede tener todo el dinero del mundo, pero hay cosas que no se venden y es la dignidad”, dice Beto.

La mayoría la gente de Salaverna había migrado de pueblos del norte de Zacatecas, como Providencia, también arruinados, devastados, por las mineras.

Dos años después, en 2012, a Salaverna llegó la noticia de que la minera de Carlos Slim estaba construyendo unas casitas sobre un yermo despellejado cerca de Mazapil.

La nada.

En abril de ese mismo año la nada se transfiguró en una especie de villaprogreso con casas tipo Infonavit, calles asfaltadas, iglesia, escuelas y clínica del Seguro Social.

Entonces la nada se llamó Nuevo Salaverna.

Esta vez los de la minera no tuvieron que gastar mucha saliva para convencer a los pobladores de Salaverna de que se mudaran al complejo.
40 familias se mudaron.

Don Manuel Montoya Cárdenas está al timón de su pick up pasada de moda, afuera de su casa de interés social con puerta, ventanita y tejado, en Nuevo Salaverna.


“Pos bien fregaos. Nos vinimos pa acá y estamos bien fregaos, Yo enfermo y todo. En Salaverna viejo andaba con mis chivas en el monte, jalaba en la mina. Noooo aquí estamos de la fregada, ora todo chueco, ¿cómo ve? Nomás me vine pacá y a la fregada, ya no caminé”, dice.

Y dice que ya no le queda ni una cabra, porque todas las vendió, las yeguas se las robaron y la minera le echó mentiras.

“Nos prometieron que nos iban a dar sabe cuánto y ¿cuánto cree que nos dieron?, 15 mil pesos. Una baba ¿Qué no habrá gobierno pa castigarlos a ellos?”, pregunta.

Varias casas más allá Matilde Muñoz Tovar me contará que ella y su esposo fueron los primeros en salirse de Salaverna y en llegar a esta colonia con vista al desierto.

Dos años después la minera despidió a su marido y amenazó con echarlos de la vivienda que les había dado en el nuevo fraccionamiento.

“Y siempre vivemos así pues… pensado nos la van a quitar o algo y no tenemos a dónde meternos”, dice Matilde.

Después las cosas con la minera ya fueron por las malas.

Que o se iban al nuevo fraccionamiento o los corría del trabajo, les dijo a los que trabajaban para ella.

Muchos se fueron.

Beto no.

“Cuando nos rehusamos a irnos al Nuevo Salaverna ellos nos liquidaron, nos corrieron del trabajo. Duraron un mes para pagarnos nuestra liquidación, nuestra semana de trabajo”, dice
Beto.

Apenas dejaron el pueblo, la empresa, previendo a los arrepentidos, borró sus casas del mapa de Salaverna, las tiró, para que nadie pudiera regresar ya.

El resto, otras 40 familias, resistió, resisten.

Oscureciendo el 6 de diciembre de 2012, otra vez diciembre, en Salaverna se escuchó un trueno, surgido del averno, que estremeció al pueblo.

Roberto dice que fue un trueno, sus vecinos que tres.

“Yo tuve que salir a Concha del Oro antes de que amaneciera. De rato me hablaron que había habido un hundimiento”.

Unas casas que estaban cerca del derrumbe se partieron.

La gente andaba asustada.

“Nosotros lo tomamos como un atentado terrorista en contra de la comunidad. La misma frustración que sentían porque no queríamos irnos los llevó a cometer esos actos el 4 de diciembre de 2010, el 6 de diciembre de 2012 y ahora en diciembre pasado. Dicen que no, pero sí, eso fue provocado”, dice Roberto.

El terrorismo desplazó a otras 20 familias de Salaverna al Salaverna nuevo.

“Quedamos 20. De esas 20 pos sí han sacado dos, tres y se las han llevado“.
Roberto dice que ya se aburrió de esperar la respuesta a las denuncias hechas ante la PGR y Derechos Humanos en contra de la minera Frisco – Tayahua de Carlos Slim, por la construcción de los pozos robbin y el uso de explosivos.

“No hay respuesta porque todos están comprados”, dice.

En cambio la minera no se aburre de hostigarlos para que se vayan.

Ya les corta el agua.

Ya les corta la luz.

Ya les tumba sus huertas para construir sus robbin.

“Nos ha hecho, señor, tantas cosas y es el coraje que tiene de que nos hemos aguantado y que hemos estado al pie de la lucha. No nos van sacar así nomás como así”, dice Micaela Zamarripa Hernández.

Pero esto no es lo peor, no, dice Roberto y lanza una profecía feroz:

Lo peor vendrá el día en que la minera consiga hacerse con las tierras de Salaverna y las convierta en un tajo a cielo abierto.

Entonces se acabará el agua y desaparecerán pueblos enteros, desde Mazapil hasta Saltillo y Monterrey.

“Aquí es un centro de recarga para los mantos acuíferos que proveen al este de Coahuila, parte de Nuevo León y el norte de Zacatecas. Si devastan aquí van a afectar la recarga”, dice Roberto con la seguridad de un geólogo.
Roberto, sentado sobre las piedras que un día fueron iglesia.

Al fondo Salaverna, como una llaga abierta, punzante, sangrante.





Fuente: Sin Embargo/Vanguardia
Autor: Jesús Peña
http://www.sinembargo.mx/08-01-2017/3134023