La Cámara de Diputados sigue en la parálisis: no alcanzaron los votos al PRI para Mesa Directiva

Durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que se pretendía elegir a la nueva Mesa Directiva encabezada por el priista Carlos Ramírez Marín, se votó en contra de la propuesta, por lo que se declaró un receso para que la Junta de Coordinación Política analice una nueva terna. Antes de realizarse la sesión, el bloque opositor del PAN, PRD y MC acusaron al PRI de “comprar la voluntad” de sus legisladores a través de prebendas y ofrecimientos económicos para que no se presentaran este martes y alcanzar la mayoría. El PRI requería 312 votos para lograr la mayoría calificada, sin embargo, apenas alcanzó 257.

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES) no alcanzaron esta tarde la mayoría calificada para elegir a la nueva Mesa Directiva en la Cámara de Diputados.

En el Pleno hubo una participación de 468 legisladores y el PRI requería 312 para lograr la mayoría calificada, sin embargo, apenas alcanzó, junto con sus aliados, 257.

Acelerar investigación y asesoría internacional sobre espionaje, piden a PGR en la Permanente

Se demanda también claridad en deslinde de responsabilidades, aplicar sanciones a responsables y "establecer mecanismos de información respecto de los hechos".

Acelerar investigaciones y pedir asesoría internacional para resolver el espionaje a periodistas, políticos y activistas, demandaron este martes a la Procuraduría General de la República, en sendos puntos de acuerdo, las comisiones Primera y Segunda de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Se pide igualmente claridad en el deslinde de responsabilidades y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables, conforme lo estipula la ley, expresó la Primera Comisión, que también demandó “establecer mecanismos de información respecto de los hechos”.

Congresos gastan 1,355 mdp en apoyos sociales, son opacos y tienen comisiones inoperantes: IMCO

En 2016, los apoyos sociales representaron el 13.6 % del total de los gastos de los congresos locales del país, según reveló un estudio del IMCO.

Durante el 2016, los congresos locales en México gastaron 1,355.6 millones de pesos en el reparto de apoyos sociales, aun cuando legalmente este tipo de acciones no forman parte de sus atribuciones legislativas, informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).


Los apoyos sociales representaron el 13.6 % del total de los gastos ejercidos por los congresos locales del país, de  acuerdo con el Informe Legislativo 2017 del IMCO, que no incluyó la información de las legislaturas de Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Sonora porque no se pudo acceder a la información.

Gamboa Patrón urge a un periodo extraordinario en el Senado sin que sea “rehén” del conflicto poselectoral

CIUDAD DE MÉXICO: El coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, insistió en llamar a todos los grupos parlamentarios para analizar, discutir y elaborar los dictámenes necesarios y convocar a un periodo extraordinario de sesiones sin que éste sea “rehén de los procesos electorales ni como objeto de chantaje o condición”.

En un claro mensaje hacia el PAN, cuyo coordinador, Fernando Herrera, es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Gamboa Patrón recordó que antes de los comicios estatales del pasado 4 de junio se acordó retomar la agenda pendiente.

Verde y PAN emprenden controversia sobre periodo extraordinario en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO: Dos días después de las elecciones del 4 de junio, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero, del Partido Verde, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fernando Herrera, del PAN, entraron en una polémica a raíz de un oficio enviado por el primero para solicitar un periodo extraordinario de sesiones, del 19 al 23 de junio.

El eventual periodo extra incluiría los temas de la Ley de Seguridad Interior, cuyo dictamen aún no se aprueba en la Cámara de Diputados; modificaciones a la ley de hidrocarburos, y reformas a la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones en materia de derechos de las audiencias.

Denuncia diputado local de BC allanamiento de morada

Mexicali, BC. Un grupo de personas "bien vestidas" irrumpió de forma violenta en la casa de Tijuana del diputado priísta Bernardo Padilla para sustraer artículos de manera selectiva y huir en una camioneta de lujo.

Advirtió que este mensaje busca dejar una amenaza por su actividad en el Poder Legislativo de Baja California, donde ha denunciado el dispendio de recursos y los graves problemas de inseguridad y violencia que vive la entidad.

Permanente envía a Jucopos propuestas para periodo extraordinario

Integrantes de la Primera Comisión acordaron también establecer una ruta de acciones que permita dar seguimiento a las medidas de protección a periodistas.

La Primera Comisión de la Permanente, encabezada por la senadora senadora Graciela Ortiz González, remitió las propuestas para convocar a un periodo extraordinario de sesiones a las Juntas de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, a fin de lograr el mayor consenso de los legisladores en los temas que se puedan abordar durante el mismo.

Abren Cabildo de Ciudad Juárez a ciudadanos; podrán opinar y hacer propuestas

Ciudad Juárez se convirtió en el segundo municipio de Chihuahua que aprueba mecanismos que permitan la participación ciudadana en los trabajos del Cabildo.

El Cabildo de Juárez aprobó un nuevo reglamento para el Ayuntamiento, con lo que se permitirá la participación de los ciudadanos en las sesiones ordinarias, las reuniones previas y las comisiones de regidores.


La medida convierte a Juárez en el segundo municipio de Chihuahua en validar mecanismos para la participación ciudadana.

Los ediles aprobaron el nuevo reglamento con 18 votos (planilla Independiente, PAN, PT, PVEM y Morena) a favor y tres en contra (PRI y Panal).

ONGs: La industria de la chatarra “bloquea o da luz verde” a leyes en Diputados, según les conviene

Llegó a su fin un periodo legislativo más en la Cámara de Diputados y de las 203 iniciativas turnadas a la Comisión de Salud se aprobaron 18, de ellas, sólo una en materia de obesidad, diabetes y sobrepeso, pese a la emergencia epidemiológica decretada en el país por dichas enfermedades provocadas principalmente por el consumo de productos chatarra.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) estima que la diabetes causa 80 mil muertes por año y que el 14 por ciento de los adultos en México la padece. Esta es la principal causa de muerte en el país. La organización El Poder del Consumidor señala que son 94 mil los decesos anuales.

Padres de los 43 exigen a la Permanente la comparecencia del titular de la PGR

CIUDAD DE MÉXICO: Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron este miércoles con legisladores de la Permanente para exigir la comparecencia de Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de que rinda cuentas sobre la dilación en la investigación de la desaparición forzada de los jóvenes, ocurrida hace 31 meses.


El encuentro ocurrió después de que, apoyados en activistas y normalistas, los padres de los 43 realizaran un mitin a las puertas del Senado de la República, donde sesiona la Comisión Permanente.

Los desaparecidos no son prioridad para el Legislativo

Mucho se ha responsabilizado, y con razón, a los ejecutivos estatales y al presidente del absoluto caos que se vive en el país. Las agendas urgentes se acumulan: desigualdad, seguridad, impunidad, corrupción, víctimas y crecimiento.

De manera irresponsable no se ha puesto la lupa, como se debería, sobre los poderes legislativo y judicial, en buena medida por los escándalos mediáticos que han atrapado a buena parte de la sociedad y los medios en torno a la corrupción. Incluso se ha discutido mucho sobre las reformas que intenta hacer Trump. La agenda legislativa nacional ha transitado en la oscuridad. Algunos rayos de luz se arrojan cuando se trata de nombramientos y de la legislación del sistema Nacional Anticorrupción.

Si hay una ley que era urgente desde hace décadas es la de personas desaparecidas. Más de dos años de discusiones, foros, expertos, análisis, recomendaciones, negociaciones y una vez más no se aprobó la Ley General de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

Coparmex pide a legisladores desahogar agenda sin tintes electorales

Gustavo de Hoyos Walther consideró que ante el clima electoral que se vive en algunos estados es fundamental que los legisladores atiendan sus responsabilidades con sus representados antes que involucrarse en las campañas de sus partidos políticos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó al Poder Legislativo a acelerar el paso en la aprobación de iniciativas, leyes y nombramientos relacionados con seguridad, combate a la corrupción y mejora regulatoria, así como a no contaminarlos con la coyuntura electoral.

En su mensaje semanal, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, consideró que ante el clima electoral que se vive en algunos estados es fundamental que los legisladores atiendan sus responsabilidades con sus representados antes que involucrarse en las campañas de sus partidos políticos.

Catear, detener y tomar declaraciones, nuevas tareas de los militares si se aprueba la nueva ley

En el Senado y la Cámara de Diputados hay dos propuestas, una del PAN y otra del PRI, para dar respaldo legal y normalizar la actuación militar en labores de seguridad pública. Conoce su contenido.

Las propuestas para tener una Ley de Seguridad Interior que fueron presentadas en septiembre y noviembre de este año en el Congreso —una del senador del PAN, Roberto Gil Zuarth; y otra del diputado del PRI, César Camacho, respectivamente— detallan el proceso a seguir para que las fuerzas armadas se unan a tareas civiles de seguridad como recibir denuncias, hacer detenciones, realizar cateos, aseguramientos, hacer entrevistas a testigos o tomar declaraciones.

También se incluye la posibilidad de intervenir comunicaciones o extraer datos de dispositivos móviles para realizar investigaciones, además específica que las acciones por la seguridad interior incluirán desde la lucha al crimen organizado hasta el combate a la corrupción y al cambio climático.

Ambas iniciativas mencionan que el Ejecutivo Federal podrá emitir en cualquier momento el decreto para que los militares inicien acciones para salvaguardar la seguridad interior, pero la actividad militar también podría iniciar tras una solicitud del poder Legislativo Federal y Estatal o de autoridades locales como alcaldes y gobernadores.

“La seguridad interior, como vertiente de la seguridad nacional, implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)”, cita la propuesta del líder de los diputados priistas, César Camacho.

En términos de esa ley, se define amenazas a la seguridad interior a los actos violentos que atenten contra bienes jurídicos de la nación, fenómenos que pongan en peligro a la sociedad, la estabilidad, seguridad o la paz pública en el territorio nacional.

La iniciativa que se presentó en el Senado no dista mucho de esa definición, pues también señala el uso de las fuerzas armadas cuando estén en riesgo las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, cuando ocurra un acto que impida la prestación de un servicio de seguridad o la ejecución de un programa de apoyo por parte de cualquier autoridad.

En términos de la iniciativa de ley presentada por el senador del PAN, Roberto Gil, las fuerzas armadas en comisión para preservar la seguridad interior estarían a cargo de “salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos que determinen las leyes”.

Pero también recibir denuncias de hechos que pudieran constituir un delito, participar con el Ministerio Público en la persecución de delitos, en la detención de personas, en el aseguramiento de bienes y cumplir órdenes de aprehensión y otros mandatos ministeriales y jurisdiccionales.

No sólo eso. El proyecto del senador Roberto Gil señala que las fuerzas armadas podrían intervenir comunicaciones privadas, extraer información, utilizar datos de geolocalización y de datos conservados en sistemas informáticos como “técnicas especiales de investigación en materia de seguridad interior”.

Las coincidencias

Las dos iniciativas coinciden en la necesidad de establecer puestos de inspección en los puntos en riesgo en los que haya presencia de las fuerzas armadas, revisar vehículos y personas, retener individuos o catear domicilios.


La propuesta del PAN señala: “En los protocolos y directivas del uso legítimo de la fuerza deberán preverse en forma gradual la disuasión, la persuasión, la fuerza no letal y la fuerza letal como distintos niveles de coacción, privilegiando en todo momento el empleo de los dos primeros niveles”.

Otras actuaciones que se normalizan son: recabar datos generales y en su caso entrevista, de manera voluntaria, a las personas que pudieren aportar algún elemento para la investigación; recolectar, procesar, diseminar y explotar información para prevenir, disuadir, contener y neutralizar afectaciones a la seguridad interior.

La iniciativa del priista César Camacho indica que: “A partir de la expedición del Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención, se considerarán como de Seguridad Interior”. Ese Acuerdo puede tomarse ya sea para combatir al crimen organizado, corrupción, terrorismo, “deficiencia en la profesionalización de cuerpos de seguridad” o incluso para combatir al cambio climático.

Una discusión en puerta

La posible discusión de una iniciativa de Ley de Seguridad Interior llegó al debate público después de que este viernes el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pidió un marco jurídico que regule la actuación de los militares en tareas de seguridad pública.

El general incluso dijo que la falta de un marco legal provoca que los soldados piensen “si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (del crimen organizado) con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos”.

La petición del titular de la Sedena se vincula con lo que establecen las iniciativas a Ley de Seguridad Interior que señalan y regulan cómo hacer uso de la fuerza cuando haya militares a cargo de la seguridad pública.


La respuesta del presidente Enrique Peña Nieto también fue en ese sentido, pues dijo que las fuerzas armadas carecen de un margen jurídico que los respalde cuando su misión es preservar la seguridad interior del país.

A decir del priista César Camacho la discusión sobre esta Ley de Seguridad Interior se dará en el Congreso en enero próximo y descartó, como propusieron legisladores del PRD y del PAN, que se apruebe antes del 24 de diciembre de este año.

Organizaciones civiles rechazaron este domingo las dos iniciativas y se opusieron a la normalización de la actuación del Ejército en las calles; los militares cumplen diez años a cargo de labores de seguridad pública después de que el presidente Felipe Calderón ordenó a las fuerzas armadas combatir a grupos criminales.


Según cifras oficiales, en el arranque del sexenio de Peña Nieto el Ejército tenía bases de operaciones para apoyar tareas de seguridad pública en 19 estados. En 2016 la presencia militar se extendió a 24 entidades, el equivalente a 75 % del territorio nacional.

INICIATIVA EN LA CÁMARA DE SENADORES POR PARTE ROBERTO GIL ZUART DE LA BANCADA DEL PAN: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/09/asun_3413519_20160927_1474554109.pdf

INICIATIVA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR PARTE DE CÉSAR CAMACHO DE LA BANCADA DEL PRI: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/11/asun_3441153_20161104_1478014676.pdf

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/iniciativas-ley-ejercito/

Aguinaldos, bonos y otros robos al erario

Una de las mayores desgracias para México es nuestra clase política cínica e impune. Se trata de una clase política de primera clase y el resto de los ciudadanos de segunda o tercera clase.

La llamada alta burocracia está acabando con este país. Tenemos políticos y funcionarios ricos y ciudadanos pobres. Políticos y funcionarios que viven en la abundancia y ciudadanos que viven en la escasez. Políticos y funcionarios con sueldos de primer mundo y ciudadanos con salarios de hambre del tercer mundo…

¿Hasta cuando lo vamos a permitir? ¿Cuál es el límite de la corrupción disfrazada? ¿Hasta dónde llegan nuestros diputados, senadores y funcionarios para llenarse los bolsillos cada Navidad?

Este año, el expolio es monumental. Como de costumbre se han puesto de acuerdo para llevarse una buena tajada del presupuesto. El robo “legal” de los diputados, senadores y demás funcionarios, se ha convertido en una tradición mexicana.

Y este año no podía ser diferente. Hemos perdido la capacidad de asombro cuando se refiere a corrupción. En estos días, los 500 diputados, se llevaran 225 millones de pesos.

Cada uno de ellos percibirá 450 mil pesos. En concepto de aguinaldo se les pagarán 40 días que significan 140 mil pesos, su dieta mensual y algo llamado “apoyos económicos” por 160 mil pesos y, por supuesto, el ya tradicional “bono inventado” por 150 mil pesos.

Hasta aquí, todo parece normal. Los mexicanos nos hemos acostumbrado a tener diputados que roben “legalmente”. El problema es que cuando comparamos lo que se llevan nuestros legisladores de primera clase con lo que ganarán este mes los obreros, ciertamente pasamos a la indignación.

Hagamos las cuentas. Un obrero que trabajó 12 meses este año recibirá 2 mil 921 pesos con 60 centavos de aguinaldo. Pero un Diputado que sólo trabajó seis meses y medio se llevara 450 mil pesos en total.

La diferencia entre los aguinaldos de la alta burocracia y el funcionariado corrupto es abismal y es un atraco con alevosía y ventaja. Desde el 13 de octubre los propios diputados se autorizaron su propio expolio en concento de “aportación extraordinaria” del Presupuesto de la Federación. Aclaro, no todo lo “legal” es moral. Ese bono de 150 mil pesos es inmoral. Y las cosas como son: las subvenciones extraordinarias no están en la normatividad de la Cámara de Diputados, por tanto, es un gasto indebido.

A los 2 mil pesos que recibirá un obrero, si tiene suerte, hay que compararlo con los 73 mil 817 pesos que nuestros ilustres diputados recibirán en concepto de “dieta”. Además ellos recibirán 45 mil pesos para “apoyo” en atención a su distrito y otros 28 mil 722 pesos por si les falta en esa supuesta “atención”. Un dinero que posiblemente terminará en sus bolsillos. Por ese concepto, existe una bolsa de 33 millones 757 mil 500 pesos que se repartirán simplemente por “haber atendido a la gente” de su distrito.

Por si fuera poco, nuestros legisladores reciben mensualmente vales de despensa, tienen un jugoso seguro de vida y otro de gastos médicos mayores. También se les da el apoyo a transporte de 14 mil 900 pesos o el equivalente a un boleto de avión y tienen  derecho a siete. Además, semanalmente les dan 170 pesos para sus comidas. Y anualmente la cantidad de 58 mil 297 pesos para la elaboración de su informe de actividades legislativas.

Y eso no es todo, según el diario El Universal, los ilustres legisladores recibirán a partir de hoy en sus cuentas bancarias 718 mil pesos y no los 450 mil pesos que oficialmente nos han dicho. Según esta información, el bono “legal” que se adjudicaron por la vía directa no es de 150 mil pesos, sino de 361 mil pesos.

Lo peor del caso es que este bono ilegal tiene entregándose ya varios años y se ha hecho una “tradición navideña” que se ha extendido al Senado, donde tampoco cantan mal las rancheras. Nuestros decentes senadores también se adjudican la “asistencia” y “atención ciudadana” por alrededor de 200 mil pesos.

¿Y saben qué es lo más sorprendente de este sistema corrupto? Que incluso cada bancada de senadores y diputados entrega compensaciones de manera “discrecional” a cada uno de los legisladores, dinero que es entregado bajo la opacidad, el uso y el abuso de nuestros recursos públicos.


Al final, diciembre nos recuerda que todos los mexicanos mantenemos los vicios y excesos de una clase política corrupta y también de la alta burocracia que viven como reyes, mientras existen 70 millones de pobres.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-12-2016/3122271

El cinismo y soberbia de los legisladores

Uno de los principios fundamentales del derecho es no legislar ad hominem, es decir, con la intención de perjudicar o beneficiar a una persona (o grupo) en particular, pero eso es precisamente lo que hicieron los legisladores mexicanos al ampliar los periodos de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para asegurarse que una mayoría de éstos califiquen las dos siguientes elecciones presidenciales: la de 2018 –que juzgarán los siete nuevos integrantes– y la de 2024, en la que permanecerán todavía cinco de los siete.

La reforma al párrafo II del artículo 4 transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, además, rompe con la lógica de los ciclos electorales federales de tres años, que fue la razón que motivó a los legisladores en aquel entonces a establecer el escalonamiento cada tres años: con ello se garantizaba que, a futuro, al afrontar los procesos electorales federales siempre había una mayoría de magistrados que ya tenían la experiencia de haber estado en un proceso electoral previo.

Uno de los grandes errores de la legislación original, antes de la reforma constitucional de 2007, era que cada 10 años se hacía la renovación total de los siete magistrados, lo que tiraba por la borda toda la experiencia acumulada; en la reforma mencionada se reconoció que lo ideal era que la renovación fuese escalonada y que, en el caso de los organismos electorales (Instituto Federal Electoral entonces, ahora Instituto Nacional Electoral), dicho escalonamiento estuviera en consonancia con los ciclos electorales federales de tres años. Así, el único proceso electoral federal que después de los procesos de 1997 y 2009 se realizaría con siete magistrados sin experiencia sería el de 2018. En lo sucesivo siempre estarían cuatro o cinco magistrados (dependiendo del caso) con práctica.

Es decir, se buscaba aprovechar al máximo la combinación de la experiencia y la renovación, pero siempre bajo la lógica de que haya mayoría de experimentados y un número suficiente de “novatos”, para sacudir la rutina y el letargo. En la elección presidencial de 2018, los siete magistrados vivirían su primer proceso electoral federal; en la de 2021, serían dos noveles; en la de 2024, serían otra vez dos nuevos, así que únicamente tres magistrados habrían estado en la elección de 2018 y cinco en la intermedia de 2021. En la de 2027 habría tres nuevos magistrados y cuatro que provendrían desde la de 2024; y en la de 2030 (nuevamente presidencial) otros tres nuevos y únicamente dos magistrados habrían estado en la de 2024; y así sucesivamente.

Con la acelerada reforma que procesaron los legisladores se rompe esta dinámica, de tal suerte que nuevamente hay varios procesos electorales en los que repiten los siete magistrados y hay otros en los que existirá una mayoría de magistrados nuevos: los mismos siete magistrados que calificarán la elección presidencial de 2018 repetirán en su totalidad en la de 2021; para la elección presidencial de 2024 habrá dos nuevos magistrados y repiten cinco; para la de 2027 habrá cinco nuevos magistrados que no habían estado en ningún proceso federal previo, pero obviamente para 2030 no habrá ningún nuevo magistrado y permanecerán dos que estuvieron en la de 2024, y así se mantendrá la intermitencia de inmovilidad y cambio de la mayoría de una elección a otra. Por ejemplo, en la elección presidencial de 2036 participarán cinco magistrados que no habrán estado en ninguna elección previa.

La lógica de mantener los ciclos comiciales permeó en todos los órganos electorales, tanto a escala estatal como federal, pues fue el criterio que se utilizó para la renovación de las Salas Regionales del mismo Tribunal Electoral y que ya estaba establecido para la conformación de los Consejos Locales y Distritales del INE; pero también prevaleció en la conformación de los organismos estatales, tanto los administrativos (organismos públicos locales, Oples) como los jurisdiccionales (tribunales electorales estatales), de tal manera que la única instancia vinculada con los procesos electorales que estará fuera de esta dinámica es, precisamente, la Sala Superior del TEPJF.

Contrario a lo que hizo en el Senado, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados no apoyó la reforma, y aunque fundó su argumentación en la posible inconstitucionalidad de la misma por ser posterior a la designación de los magistrados y estar dirigida directamente a cuatro de ellos, no puede soslayarse que el cambio fue fundamentalmente porque el magistrado que ellos propusieron sí recibe el beneficio de la ampliación del periodo de tres a siete años, pero sale justo al inicio del proceso electoral de 2024 y ya no alcanza a participar en la calificación de la elección presidencial de ese año. Así, la clara intención de mantener el control de la Sala Superior del Tribunal en los dos próximos procesos electorales se hizo todavía más evidente.

Dado que, aunque no es una ley electoral, se trata de una reforma que afecta a un organismo directamente vinculado con lo electoral, los partidos políticos que votaron en contra de la modificación en cualquiera de las cámaras o en ambas (como el PT y Movimiento Ciudadano, así como senadores que aun sin grupo parlamentario son cercanos a Morena) deben intentar interponer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hay varios elementos que se pueden alegar y hacer que la modificación sea revertida. Desde luego, es imposible saber cuál será la sentencia del Pleno de la Corte, pero el intento de evitar el atropello por parte de los legisladores es lo menos que pueden hacer estos institutos políticos.


La consumación de la reforma es una muestra más de la insensibilidad de los legisladores al descontento ciudadano; de cómo sobreponen sus intereses partidistas al beneficio público y la gobernabilidad nacional; y de la soberbia y cinismo con el que actúan apostando a la pasividad ciudadana. Un nuevo atropello de estos legisladores en este periodo de sesiones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS).
LINK: http://www.proceso.com.mx/462087/cinismo-soberbia-los-legisladores

No estamos preparados para los millones que Trump prometió deportar, advierten legisladores

México no está listo para recibir la ola de connacionales que podrían decidir volver al país tras la victoria electoral de Donald Trump que lo convertirá en el  próximo Presidente de Estados Unidos. Tan sólo en el año fiscal 2015, un total de 146 mil 132 mexicanos fueron repatriados por las autoridades estadounidenses. Así, los mexicanos encabezaron la lista de deportaciones por nacionalidad. ¿Cómo enfrentará el país las consecuencias de las medidas antimigratorias de Trump?

México no cuenta con la capacidad para recibir una oleada de migrantes. Así lo advirtieron legisladores preocupados porque el futuro presidente de Estados Unidos arrecie las medidas contra los mexicanos en el vecino país.

“No tenemos la capacidad de emplear a los jóvenes. Por supuesto que es muy complicado hablar de que en este momento se pueda ofrecer la reinserción laboral a los connacionales, porque no se cuenta con una política económica que permita generar oportunidades”, dijo Jorge López Martín, Diputado del Partido Acción Nacional (PAN), integrante de la comisión de Asuntos Migratorios.


Se calcula que de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos unos cuatro millones trabajan y son indocumentados. Todos ellos, si fueran deportados a México, y no encontraran trabajo se sumarían a los dos millones de mexicanos que ya se encuentran en el desempleo , de acuerdo con las cifras oficiales. Si eso ocurriera, la cifra del paro en el país alcanzaría los seis millones de desempleados.

Hasta el año 2014 había 11.1 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos, de los cuales 5.8 millones eran mexicanas, de acuerdo con datos del Pew Research Center, mostrados en un reporte en septiembre pasado. De los 8.1 millones que trabajaban en la construcción y los servicios, 4 millones 14 mil 80 eran mexicanos.

México, con una economía ya en desaceleración, no es capaz de generar más empleos con seguridad social, por lo que el arribo de tres o cuatro millones de personas sin trabajo sería imposible de enfrentar. De hecho, esa es una de las causas por las que se van a Estados Unidos: en busca de un trabajo.

La expansión promedio de México durante 2011-2015 ha sido sólo de un 1.7 por ciento, “lento para una economía emergente”, de acuerdo con la calificadora Standard and Poor’s. El año pasado se llegó a un 2.5 por ciento, pero para este 2016 los analistas estiman no más de un 2 por ciento.

Con ese ritmo de crecimiento, el gobierno tampoco podría ofrecerles el derecho a servicios de salud pública, a la alimentación ni a la vivienda. Actualmente no lo hace para el total de la población.


Barack Obama, Presidente de Estados Unidos, ha roto las marcas de deportación establecidas por sus antecesores en la Casa Blanca. En el año fiscal 2015 un total de 146 mil 132 mexicanos fueron deportados. Ellos representaron el 62 por ciento de todas las deportaciones realizadas por Estados Unidos.

López apuntó que el gobierno federal se ha olvidado de los 5.6 millones de mexicanos indocumentados en el vecino país.

“Hay un agravio real por el olvido de la política pública encabezada por Peña Nieto y tiene que ver con asuntos muy concretos, porque los fondos para migrantes se han visto muy disminuidos”, dijo López.

Donald Trump inició una campaña de odio y aseguró que construiría un muro en la frontera con México. En su plan de migración detalló que cualquier indocumentado que sea detenido será expulsado de Estados Unidos. Para cumplir esa promesa, dijo, triplicaría el número de agentes fronterizos de llegar a la Casa Blanca.

Cada vez hay menos mexicanos indocumentados en los Estados Unidos a diferencia de los migrantes de otras nacionalidades, mostraron los datos del Pew Research Center en septiembre.

En el 2007 el número de mexicanos indocumentados ascendía a 6.9 millones. Mientras que, por ejemplo, migrantes indios pasaron de ser 130 mil en el 2009 a 500 mil en el 2014.

El Diputado del Partido de la Revolución Democrática Rafael Hernández Soriano desestimó que  Trump mantenga la agresividad contra los migrantes que mostró durante su campaña.

“Desde luego que no es lo mismo andar en campaña que tomar decisiones, y sobre todo, de política pública. Así que habría que esperar. Nosotros lo que esperamos del gobierno federal es una postura firme ante esto”, dijo Hernández.

En Estados Unidos residen 11.7 millones de mexicanos. Lo que representa el 29 por ciento de los inmigrantes.

Grandes ciudades, como Los Ángeles, cuentan con un 15 por ciento de la población de origen mexicano, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de EU.

El coordinador del Partido Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda Hoeflich apuntó que con la llegada de Trump al poder el Presidente Enrique Peña Nieto tiene la responsabilidad de dialogar con el presidente electo e informar qué sucederá con la promesa del magnate de expulsar a los migrantes indocumentados.

“México nunca había estado tan expuesto al exterior como hoy, ni su clase política tan poco preparada para enfrentar esta circunstancia”, dijo Castañeda, en una circular del partido este día.

EL COSTO DEL MURO

El 31 de agosto Donald Trump visitó México con el fin de atender una invitación hecha por Peña Nieto. El entonces candidato dijo en conferencia de prensa que durante su encuentro se habló de su propuesta de construir un muro, pero no sobre quién pagaría por él.



El silencio del mandatario mexicano y no mostrar una posición clara respecto al muro en ese momento hizo que se viera obligado más tarde a anunciar en Twitter: “Al inicio de la conversación dejé claro que México no pagará por el muro”.

Avasallado por las críticas, Peña Nieto reconoció más tarde que se equivocó al invitar a Trump. Un día después de las elecciones en Estados Unidos volvió a usar la red social pero, esta vez, con el fin de felicitar al nuevo gobernante.

“Felicito a EUA [sic] por su proceso electoral y le reitero a @realDonaldTrump la disposición de trabajar juntos a favor de la relación bilateral”, expresó en Twitter.

Después de ser cuestionado innumerables veces sobre cómo lograría que México pagara el muro, como prometió hasta el cansancio en campaña, Trump explicó que ordenaría a las instituciones financieras  requerir documentos de identificación  todo aquel que deseara realizar una transacción de EU a México.

De esta cuenta, el candidato expuso que si el Gobierno de México no pagase por el muro, los dineros podrían ser debitados mediante tarifas mayores a los envíos de las remesas, cancelación de visas, o inclusa impuestos a las visas.


“El Gobierno mexicano sería muy tonto en dejarse presionar. Esto fue un discurso para ganar frente a Hillary, pero Trump, en caso de endurecer demasiado las medidas migratorias, va tener que enfrentar la propia resistencia de los empresario que contratan mano de obra indocumentada. Ellos van a presionar más que el propio Gobierno [mexicano]”, dijo Araceli Damián González, Diputada federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-11-2016/3113490

Evalúa la SCJN despenalizar el aborto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo 29 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto de amparo que declara inconstitucional el delito de aborto y reconoce el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo.

El proyecto, según el cual la sanción al aborto como la prevé el Código Penal federal viola los derechos humanos de libre desarrollo de la personalidad, salud sexual y reproductiva y no discriminación, fue turnado el jueves pasado por el ministro Arturo Saldívar a sus colegas de la Primera Sala de la Corte, informó el diario Reforma.

Y aunque su resolución, de ser aceptada, sólo beneficiaría a Margarita Pino Salazar, quien en 2013 no pudo practicarse un aborto en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, pese a que estaba médicamente recomendado, podría ser enviado al pleno de la Corte por la relevancia del tema.

En primera instancia el amparo obligaría al gobierno a reparar los gastos en que incurrió Pino, quien tuvo que tuvo que pedir un préstamo para practicarse el aborto en una clínica privada, y no se le podrían aplicar de nuevo estas restricciones.


El proyecto de resolución de Zaldívar estipula:

“El aborto es un drama humano para cualquier mujer. Criminalizarla no es una solución que pueda sostenerse desde el punto de vista constitucional.

“Condenarla a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud, su vida, implica desconocer el valor que tiene como persona, cuyos deseos e intereses son relevantes y ponderables en la difícil cuestión de la interrupción del embarazo”.

La propuesta a discutir plantea también reconocer que el producto de la concepción también tiene derechos, que se van haciendo más relevantes conforme se acerca el nacimiento.

De acuerdo con el proyecto de Zaldívar, las legislaturas tendrían que fijar plazos para permitir el aborto en periodos relativamente cercanos a dicha concepción, como ya sucede en la Ciudad de México.

Señala además que el Estado no debe interferir en la decisión de abortar: cuando el embarazo puede afectar la salud de la madre, cuando es producto de violación o inseminación no deseada, o por inviabilidad del feto.

Sin embargo concluye que en el periodo cercano a la concepción cualquier razón puede ser legítima.

“Puede tratarse de problemas familiares, de la modificación del plan de vida que había proyectado la mujer, de cuestiones emocionales, en fin, un sin número de circunstancias cuyo peso y valor sólo conoce quien las enfrenta. La evaluación de las razones que la llevan a decidir interrumpir su embarazo corresponde sólo al fuero interno de la mujer”, recalca el proyecto.

Así, la Corte fallaría contra los artículos 332 y 334 del Código Penal Federal “aplicable en instituciones de salud federales”, que sancionan hasta con cinco años de cárcel a las mujeres que abortan de forma voluntaria.

En 2008, el pleno avaló la despenalización del aborto en esta ciudad durante las primeras 12 semanas de gestación. La resolución fue impugnada por el gobierno de Felipe Calderón, y como los ocho ministros de mayoría tuvieron opiniones diferenciadas no se pudo crear jurisprudencia.

De hecho, a la fecha la Corte no se ha pronunciado contra la penalización del aborto en el ámbito federal.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/444353/evalua-la-scjn-despenalizar-aborto

Aprueba Congreso periodo extraordinario para el 13 de junio

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por 33 votos a favor y 2 abstenciones convocar a un periodo extraordinario de sesiones a partir del 13 de junio y hasta agotar los asuntos pendientes, entre los que se destacan para el Senado las siete leyes secundarias anticorrupción, la ley sobre el mando mixto policiaco, así como los temas relativos a la regulación y uso de la mariguana.

También se discutirá en el Senado en este periodo extraordinario la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley en materia de combate al secuestro, la ley de amparo, reglamentaria de las reformas a los artículos 103 y 107 de la Constitución, así como diversas disposiciones conocidas como miscelánea penal.

En el caso de la Cámara de Diputados se discutirá el proceso de desafuero de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez López, del PAN, presuntamente involucrada con Joaquín El Chapo Guzmán, así como las minutas para la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y la minuta con proyecto de decreto para reformas la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Durante la discusión para aprobar el periodo extraordinario, el diputado federal Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano, recordó que se violó el mandato constitucional para aprobar la legislación secundaria en materia anticorrupción, cuyo límite venció el pasado 28 de mayo.

En el mismo sentido, el senador del PRD Zoe Robledo urgió a realizar el periodo para aprobar las leyes anticorrupción y citó la encuesta del INEGI donde se ubica a este tema como la segunda preocupación más importante de los mexicanos, por arriba de la pobreza y el desempleo.

Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN, reconoció que el PRI mostró apertura para revisar la propuesta de crear una Fiscalía Anticorrupción independiente, pero “ahora necesitamos cumplir, por lo que la sociedad exige de nosotros resultados”.

“La corrupción ha llegado a límites intolerables, hoy lo que tenemos que hacer es actuar en consecuencia”, afirmó el senador panista.

El senador del PRI Enrique Burgos desmintió que en su partido exista “reserva” sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que hay, abundó, “es interés en profundizar, abonar y construir una propuesta que si amerita la sanción del Congreso de la Unión sea un instrumento para el bien de la República, para el bien de la sociedad”.

En votación económica, la Comisión Permanente rechazó la propuesta de la senadora Angélica de la Peña, del PRD, para incluir en el periodo extraordinario la discusión y aprobación de las leyes federales en materia de protección de datos personales y contra la tortura.

Comisiones Anticorrupción

El coordinador de la bancada perredista Miguel Barbosa aclaró en rueda de prensa que su partido pidió que se dictaminaran por separado tres de las siete leyes más importantes: la General de Responsabilidades de Servidores Públicos, donde existen diferencias importantes por el intento de “achicar” la Ley 3 de 3, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas al Código Penal Federal.

Según Barbosa, el proceso iniciará el próximo jueves, después de que se cancelara la reunión de comisiones unidas citadas para el lunes 30 de mayo, pero el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa, afirmó que será “la próxima semana cuando se reúnan las comisiones y comiencen a trabajar cada uno de los dictámenes”.


El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, del PAN, no quiso pronunciase sobre este punto, ya que “las comisiones son autónomas” para citar en la fecha que quieran.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442418/aprueba-congreso-periodo-extraordinario-13-junio

Empresarios exhiben ante la OCDE a un Congreso caradura que se niega a frenar la corrupción

La Confederación Patronal de la República Mexicana expresó a la OCDE su preocupación por el retraso en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y solicitó al organismo internacional que actúe como observador en el proceso de votación de las leyes secundarias y en su implementación.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acudió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a su brazo empresarial, el BIAC, para expresar su preocupación por el retraso en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y solicitó que los organismos actúen como observadores en el proceso de votación de las leyes secundarias y en su implementación.

Previo a la reunión ministerial de la OCDE en París, el Vicepresidente de Asuntos Internacionales y de Trabajo de Coparmex, José Ignacio Mariscal, presentó al Consejo y a la Asamblea General del BIAC la situación por la que en este momento atraviesa el proceso de aprobación del SNA.

“Expresamos la preocupación por el retraso en la aprobación de ese cuerpo normativo en el Congreso y destacamos la importancia que tiene el combate a la corrupción y a la impunidad, como condiciones fundamentales para lograr un verdadero Estado de Derecho e impulsar el gran potencial que tiene México”, destacó el sector patronal en un comunicado.

El pasado 19 de mayo, la Coparmex adelantó que acudiría a instancias internacionales y organismos aliados para informar lo que los legisladores intentaban hacer a los mexicanos: mantener un sistema de privilegios e impunidad en contra de la mayoría de los ciudadanos.

Ayer, las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y la de Estudios Legislativos Segunda del Senado, suspendieron la sesión programada en la cual se abordarían las leyes secundarias del SNA.

El Senador de Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, integrante del grupo de trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción, reconoció que aún no hay acuerdos para sacar dicho sistema.

Esta mañana, entrevista con Grupo Fórmula, el Senador indicó que este martes, la Junta de Coordinación Política, está turnando al pleno de la Comisión Permanente el proyecto para acordar el periodo extraordinario, dentro de dos semanas, del lunes 13, al viernes 17 de junio.


Romero Hicks precisó que se trabajan siete leyes del SNA, cinco en el Senado y dos en la Cámara de Diputados.

Ante la Asamblea del BIAC y ante el Comité Anticorrupción, los representantes de Coparmex expusieron la petición de la Confederación para que la OCDE actúe como observador permanente en el proceso de aprobación de las leyes secundarias y posteriormente en la implementación del SNA.

En otras acciones emprendidas por el sector patronal de México, durante la visita a París y a nombre de los 36 mil socios de la Coparmex, se realizó la entrega física de distintas misivas dirigidas a representantes de ambos organismos internacionales en las que se realiza la petición formal para que la comunidad internacional apoye a la sociedad mexicana en la exigencia de contar con un Sistema Nacional Anticorrupción completo a la brevedad posible.

“Una de las cartas fue entregada al Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, para solicitar que el organismo actúe como observador en el proceso de aprobación de las siete leyes que conforman el SNA y, posteriormente, en la implementación de las mismas”, expusieron los empresarios en un comunicado.

El Vicepresidente de Coparmex también entregó personalmente la carta al Secretario General del BIAC, Bernhard Welschke; al Presidente de la Comisión Anticorrupción del mismo organismo, Klaus Moosmayer; y al Embajador Dionisio Arturo Pérez-Jácome, Representante Permanente de México ante la OCDE.

“El Secretario General del BIAC comentó que este es un tema que está muy en línea con todo lo que la OCDE ha luchado en el tema anticorrupción. Nos dijo que esta es una iniciativa muy positiva y consideró que es importante que todos los países sigan la misma línea”, dijo José Ignacio Mariscal.

El Secretario General de la OCDE y la Coparmex acordaron dar seguimiento a este tema a través del Director de la OCDE en México, Roberto Martínez Yllescas.

“Con estas acciones, Coparmex reitera su compromiso de impulsar un México transparente a través de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción que el país necesita”, puntualizó el sector patronal.

CCE URGE APROBAR LEYES ANTICORRUPCIÓN



Ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) urgió a los legisladores aprobar sin demoras las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, respetando el espíritu de la reforma constitucional, para acabar con la impunidad que impide el pleno desarrollo de México.

“La corrupción es uno de los principales frenos para la economía del país. Son miles de millones de pesos de los mexicanos que dejan de invertirse en educación, salud, desarrollo social o empleo”, mencionó el organismo empresarial.

El CCE mencionó que el SNA debe incluir aspectos fundamentales como son la creación de una Fiscalía Anticorrupción y una Secretaría de la Función Pública.


También indicó que debe asegurar que la Auditoría Superior de la Federación cuente con atribuciones y recursos para revisar el uso del dinero público, además de establecer la Sala Especial dentro del Tribunal de Justicia Administrativa, una Ley General de Responsabilidades Administrativas que asegure el desempeño honesto de los funcionarios y que se ajuste el Código Penal para reformar los tipos penales relacionados con la corrupción.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-05-2016/1667070

El Congreso promete austeridad pero gasta 755 millones más de lo presupuestado

Los legisladores se pasaron del gasto que se les asignó, pese a que en 2015 publicaron lineamientos de austeridad y su obligación de implementar “acciones específicas de ahorro”.

Los diputados y senadores mexicanos gastaron 755 millones más de lo que tenían presupuestado para 2015.

Los legisladores se pasaron del gasto que se les asignó, pese a que en febrero de ese año publicaron los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Transparencia Presupuestaria que indicaban su obligación a definir e implementar “acciones específicas de ahorro” para que “con menos recursos públicos se alcancen los objetivos y metas establecidas”.

Los diputados se pasaron por 473 millones 684 pesos y los senadores por 281 millones 384 pesos.


De ese monto, el 89% fue utilizado para aumentar el gasto en sueldos, salarios y prestaciones, pues las dos Cámaras ejercieron 671 millones 803 mil 156 pesos más de los que tenían para ese concepto, según datos de la Cuenta Pública que elabora la Secretaría de Hacienda.

En los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Transparencia Presupuestaria que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2015 las dos Cámaras se comprometieron a ajustar su gasto en “razón del impacto de la situación económica y financiera mundial”.

El documento del Senado incluso añade que para la partida de Servicios Personales, la contratación de personal y de prestadores de servicios deberán sujetarse “al monto presupuestario aprobado”.

En la Cuenta Pública 2015 se justifica el aumento de 4.9% en la partida de Servicios Personales del Senado por el “incremento en el rubro de asignaciones por concepto de remuneraciones a los prestadores de servicios profesionales” y por mayores “compensaciones por concepto de retiro”.

En el caso de los Diputados, esa Cámara prometió reducir su gasto durante el año pasado al eliminar las comisiones especiales que ya hubieran cumplido con su objetivo de creación y disminuyendo la partida de servicios personales.

Su justificación para ejercer 13% más de lo presupuestado es que aumentó la contratación de personal bajo el régimen de honorarios; así como el sueldo a empleados de confianza y de base.

Pero en lo que también se gastó de más fue en los apoyos “para cubrir contribuciones fiscales derivadas de diferentes prestaciones para los diputados” y para el “pago de gratificaciones por término de la relación laboral, debido al cierre de la LXII Legislatura”.

En febrero de 2015, el líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa dijo que la publicación de esos Lineamientos respondía a un “gran esfuerzo del Senado” para aplicar una política de austeridad y de “amarrarse el cinturón”.


Los datos sobre los recursos públicos ejercidos durante 2015 muestran otra historia: las dos Cámaras gastaron más de lo que tenían presupuestado y lo concentraron en la partida destinada a salarios y prestaciones.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/el-congreso-promete-austeridad-pero-gasta-755-millones-mas-de-lo-presupuestado/