Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, anunció este miércoles que el 1 de diciembre lanzará una convocatoria para que aumentar en 50 mil miembros en el país las plantillas del Ejército, Marina y Policía Federal más en el país.
La Ley de Seguridad Interior, que busca legitimar la actuación de las Fuerzas Armadas en funciones policiacas, está detenida provisionalmente en el Congreso. Esta pausa la aprovechan numerosas voces de organismos defensores de los derechos humanos para gritar su inconformidad y advertir lo que la experiencia enseña: poner a militares a cargo de la seguridad pública no hará más que inundar al país de violencia, sangre, terror, desapariciones forzadas, desplazamientos, violaciones y ejecuciones extrajudiciales.
Mientras en la Cámara de Diputados se determinó suspender por el momento el proceso de aprobación de la Ley de Seguridad Interior, voces de defensores de los derechos humanos se siguen sumando al rechazo a normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ante las evidencias de abusos contra la población civil.
Los cuestionamientos sobre la efectividad de mantener el despliegue castrense al frente de la seguridad se aceleraron tras el operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en Tepic, para abatir a 13 personas, entre ellas un presunto lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva, el jueves 9.
El martes 14 el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó que pese a que el organismo no había recibido quejas por los hechos en Nayarit, estaba investigando el asunto, al tiempo que se sumó a las exigencias de organizaciones civiles dirigidas a los legisladores para abrir la discusión sobre la pertinencia de mantener a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad.
González Pérez dijo: “Ninguna regulación debe trasgredir competencias y sobre todo el respeto de los derechos humanos, ninguna regulación puede facilitar que haya torturas, que haya desapariciones, que haya detenciones arbitrarias”. Añadió que la seguridad pública debe “tener un eje a partir de la autoridad civil”.
Horas antes, miembros de organizaciones civiles y académicos habían exhortado públicamente a los legisladores a “detener” las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior.
Entrevistados por Proceso, defensores de los derechos humanos –algunos de ellos han litigado casos relacionados con abusos cometidos por militares– exponen parte de la experiencia empírica que fundamenta su oposición a la pretensión de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.
Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz
http://www.proceso.com.mx/474977/nadie-quiere-a-los-militares-policias
En conferencia de prensa tras su encuentro con la procuradora general de la República, Arely Gómez, el litigante señaló que el avance de las investigaciones del llamado caso Iguala son mínimos y que hasta el momento no existe respuesta por parte de la PGR a su demanda principal, que es el cese del titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Respecto al caso de Julio César Mondragón expuso que la Procuraduría de Justicia de Guerrero “incurrió en graves omisiones en este caso y ello impidió saber si el desprendimiento del rostro fue intencional o no”, ya que en este asunto se hablaba de que el estudiante fue objeto de un desollamiento, aunque hay peritajes que aseguran que el rostro le fue comido por fauna nociva.
Asimismo, agregó que con los resultados de los peritajes que fueron dados a conocer, se ha determinado que Julio César “no fue asesinado de un disparo sino de fractura en el cráneo y ello posibilita que se retire el cargo de homicidio que se fincó en contra de 22 policías del municipio de Iguala”, ya que la procuraduría local los acusó de haber participado en la muerte de Julio César Mondragón y haber accionado sus armas de carga.
Añadió que en los próximos días se darán a conocer los avances de las indagatorias que lleva a cabo la PGR, y que los padres de los normalistas y sus representantes no informaban nada respetando el sigilo de la averiguación previa, pero que las autoridades informarán “sobre todo por el tema de la telefonía”, es decir, se refieren a los resultados que se han obtenido en cuanto a los cruces de información, llamadas y mensajes que se generaron entre policías, autoridades municipales y miembros de Guerreros Unidos durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, así como del rastreo de llamadas y mensajes que se generaron de los teléfonos celulares de los estudiantes en esas fechas.
Vidulfo Rosales aseguró que para la búsqueda de los normalistas la PGR “ha adquirido tecnología muy importante” que permite hacer revisión del subsuelo en zonas donde la tierra no ha sido removida a fin de tratar de localizar restos que pudieran haber sido sepultados de manera clandestina y que se relacionen con este caso.
Asimismo, refirió que en lo que hace a su petición de cesar a Tomás Zerón de Lucio, las autoridades les explicaron que no se le puede separar del cargo ni tampoco que el funcionario solicite licencia, pero, indicó la investigación que se ha iniciado en contra del funcionario por haber llevado a cabo diligencias que no se incluyeron en la indagatoria, concluirá en un mes.
“No satisface la respuesta de la PGR sobre todo por el tema de Zerón de Lucio”, dijo Rosales.
“De nosotros sigue la exigencia -en cuanto a Zerón de Lucio- y van a continuar las protestas en el estado de Guerrero hasta el próximo día 20, y a partir del día 25 los padres de los normalistas y sus representantes regresaremos a la Ciudad de México para pedir la concreción del mecanismo de seguimiento a las investigaciones del caso Iguala que se debe acordar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también para exigir la renuncia de Zerón”.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/12/podrian-retirar-cargo-a-22-policias-implicados-en-caso-iguala-abogado
Fausto Isaac Cruz Aviña, Mario Antonio Ahedo Guillén, Jonatan Eduardo Guillén y Cristian Francisco Hernández desaparecieron la madrugada del jueves, sus familiares sospechan que detrás de estos “levantones” se encuentra la Policía Estatal, la Fuerza Civil o inclusive el Ejército Mexicano.
Unas 15 personas taparon el acceso a la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, a la altura del puente Calzadas. Con cartulinas tapándose los rostros ante las cámaras fotográficas exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que acelere las diligencias para dar con el paradero, con vida, de sus seres queridos.
Ante reporteros locales, recriminaron que la FGE se ha negado sistemáticamente a recibir sus denuncias penales pues pretextaron esperar a que se cumplan 72 horas para poder hacer diligencias.
Una coincidencia en los cuatro “levantones” es que sus victimarios portaban armas largas, iban encapuchados y se trasladaban en vehículos de lujo sin placas.
“Las características de los vehículos y el modus operandi en cada caso de desaparición son las mismas”, expusieron familiares de los desaparecidos.
Por ejemplo a Cruz Aviña lo sacaron con lujo de violencia del interior de su domicilio en la colonia Petrolera; Mario Ahedo Guillén también fue privado de su libertad del interior de su domicilio.
Mientras que a Eduardo Guillén lo “levantaron” junto con Francisco Fernández en la colonia Playa del Sol.
Como nadie del gobierno de Javier Duarte o de la Fiscalía se ha acercado a dialogar con ellos o a establecer un acuerdo para agilizar las investigaciones, los familiares aseguraron que no levantaran la protesta hasta ver resultados concretos.
Los familiares de los cuatro hombres “levantados” aseguraron que no se conocen entre sí, que fue a raíz del viacrucis en la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, este viernes, cuando decidieron hacer frente común.
Fuente: Proceso
Autor: Noé Zavaleta
http://www.proceso.com.mx/434761/otra-vez-veracruz-levantan-a-4-jovenes-sospechan-la-policia-estatal
Leobardo Santillán, mexicano originario de la sierra otomí-tepehua, un trabajador de restaurantes y de construcción, mantiene una huelga de hambre de diez días frente de las Naciones Unidas en Nueva York desde el pasado 21 de marzo; sin embargo, al ubicar su protesta en un parque, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) argumenta que la ley no le permite estar ahí por la noches y amenaza con desalojarlo.
Hoy le fue dado un ultimátum a Santillán: si no se retira, será arrestado, por lo que el activista ha decidido dejarse arrestar y continuar su huelga de hambre hasta ser liberado.
Santillán reside actualmente en Houston, Texas. Esta huelga de hambre frente a la sede de las Naciones Unidas es la cuarta que realiza en demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. También demanda juicio penal al presidente de México, Enrique Peña Nieto en una corte internacional por crímenes de lesa humanidad, y la permanencia de un presidente interino hasta 2018; cárcel para gobernadores, militares, policías o cualquier miembro de las fuerzas de seguridad por actos de violación a derechos humanos y actos de corrupción y que la sede de las Naciones Unidas cambie de país ya que Estados Unidos apoya al gobierno corrupto y autoritario de México a través de la Iniciativa Mérida.
Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
http://desinformemonos.org.mx/mexicano-en-huelga-de-hambre-por-los-43-en-nueva-york-es-amenazado-por-la-policia/
Ciudad de México. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) expresó la “más enérgica condena por el vergonzoso 'festejo' con strippers y chistes sexistas” que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz organizó para las policías el pasado 8 de marzo.
La dependencia del gobierno de Javier Duarte, contrató además un payaso que hizo bromas sexistas sobre la virginidad y el “sexo débil”. Eso ocurrió el pasado martes, el Día Internacional de la Mujer, y hasta este jueves el Inmujeres censuró la celebración y lamentó “que se pretenda banalizar una fecha tan significativa”.
A los bailarines no los tuvieron que contratar, pues 12 elementos de la corporación policíaca se encargaron de dar el espectáculo en la Academia de El Lencero, ubicada en el municipio Emiliano Zapata.
Esos hechos “constituyen un agravio para todas las mujeres, no sólo porque denotan ignorancia respecto del origen y sentido de esta importante conmemoración, sino porque en el supuesto festejo se recurre a expresiones machistas y misóginas”, sostuvo la dependencia en un comunicado.
El Día Internacional de la Mujer “es un día para reflexionar sobre los avances, que por décadas, han impulsado muchas mujeres” y sobre los desafíos que aún existen.
En 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. No fue al azar que se escogiera ese mes. En marzo de 1908, en Nueva York, miles se manifestaron por mejoras salariales y derecho al voto de la mujer, entre otras demandas.
Once años antes, en marzo de 1857, obreras del sector textil de Estados Unidos ya se habían movilizado por sus derechos laborales. El 25 de ese mes, pero de 1911, 123 mujeres y 23 hombres murieron calcinados en una fábrica. No pudieron escapar, pues estaban encerradas para evitar que se sumaran a las protestas sindicales.
El Inmujeres calificó como “reprobable” que servidores públicos de cualquier ámbito no respeten su compromiso con un lenguaje no sexista y su compromiso de realizar acciones con perspectiva de género y utilicen además, recursos públicos para frivolizar una fecha tan significativa.
Las instituciones del Estado, ya sea del ámbito federal, estatal o municipal, “debemos ser los principales promotores de un profundo cambio cultural que valore y respete a sus niñas y mujeres”. Finalmente, confío en que se investigará y sancionará a quien corresponda, aunque lo mejor es “la no repetición de estos penosos acontecimientos”.
Fuente: La Jornada
Autora: Blanca Juárez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/10/condena-inmujeres-festejo-sexista-de-la-ssp-veracruz-1765.html
Oaxaca. Autoridades detuvieron a un comandante de la policía en Oaxaca como presunto autor material del asesinato del periodista Marcos Hernández Bautista, perpetrado el pasado 21 de enero en una localidad ubicada en la costa del Pacífico, informó el viernes la fiscalía estatal.
Hernández Bautista, de 38 años, corresponsal del periódico Noticias Voz e Imagen fue baleado en la localidad de San Andrés Huaxpaltepec en la costa oaxaqueña.
"El presunto responsable fue identificado como Jorge Armando Santiago Martínez", comandante de la policía municipal de Santiago Jamiltepec, dijo en comunicado la fiscalía de Oaxaca.
El comandante fue detenido el jueves en la tarde cuando se trasladaba por calles de Santiago Jamiltepec, una comunidad cercana al lugar donde el comunicador fue asesinado y en la que éste también trabajaba como consejal de Cultura del Ayuntamiento.
De acuerdo a la investigación el comandante policial y otro hombre, que aún no ha sido detenido, habrían disparado el 21 de enero pasado por la noche contra el periodista.
A la muerte de Hernández Bautista se sumó un día después la de Reinel Martínez Cerqueda, de 43 años y locutor de diversos programas de la radio comunitaria El Manantial, que fue asesinado a balazos en la ciudad oaxaqueña de Santiago Laollaga el 22 de enero.
Hernández Bautista, de 38 años, corresponsal del periódico Noticias Voz e Imagen fue baleado en la localidad de San Andrés Huaxpaltepec en la costa oaxaqueña.
"El presunto responsable fue identificado como Jorge Armando Santiago Martínez", comandante de la policía municipal de Santiago Jamiltepec, dijo en comunicado la fiscalía de Oaxaca.
El comandante fue detenido el jueves en la tarde cuando se trasladaba por calles de Santiago Jamiltepec, una comunidad cercana al lugar donde el comunicador fue asesinado y en la que éste también trabajaba como consejal de Cultura del Ayuntamiento.
De acuerdo a la investigación el comandante policial y otro hombre, que aún no ha sido detenido, habrían disparado el 21 de enero pasado por la noche contra el periodista.
A la muerte de Hernández Bautista se sumó un día después la de Reinel Martínez Cerqueda, de 43 años y locutor de diversos programas de la radio comunitaria El Manantial, que fue asesinado a balazos en la ciudad oaxaqueña de Santiago Laollaga el 22 de enero.
Cuatro periodistas mexicanos han sido asesinados en 2016, entre ellos la reportera Anabel Flores Salazar, quien el 9 de febrero fue sacada de su casa por hombres armados en Veracruz y hallada muerta un día después en el vecino estado de Puebla.
México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo con ocho comunicadores ultimados en 2015, la mayoría en Veracruz, según la organización internacional defensora de los derechos de los periodistas, Reporteros Sin Frontera.
Esta organización ha registrado 91 reporteros asesinados y 17 desaparecidos en el país desde el año 2000.
México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo con ocho comunicadores ultimados en 2015, la mayoría en Veracruz, según la organización internacional defensora de los derechos de los periodistas, Reporteros Sin Frontera.
Esta organización ha registrado 91 reporteros asesinados y 17 desaparecidos en el país desde el año 2000.
Fuente: La Jornada
Autor: AFP
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/26/detienen-a-policia-de-oaxaca-por-el-asesinato-de-periodista-1083.html
La percepción de los mexicanos en materia de seguridad pública empeora. Los ciudadanos han modificado sus conductas ante la percepción de que se observan más delitos en las calles y desconfían del desempeño de la policía, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El sexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) al pasado mes de diciembre de 2014 indica que, en términos de delincuencia, 67.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Se mantiene en el mismo nivel de percepción en comparación con diciembre de 2013 que fue de 68 por ciento.
En cuanto a la expectativa social sobre la seguridad pública, el 35.3 por ciento de la población de 18 años y más consideró que la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual en los próximos 12 meses y 27.9 por ciento que empeoraría.
La sensación de inseguridad por temor al delito y las expectativas que tiene la población sobre la seguridad pública se generaron por diversos elementos, como la atestiguación de conductas delictivas y antisociales que ocurren en el entorno de la población y la percepción que se tiene sobre el desempeño de la policía.
Al considerar los resultados obtenidos en diciembre de 2013, se observa que es mayor la proporción de población que considera que la situación de la delincuencia “seguirá igual de mal” o que “empeorará”, y en particular este último tuvo un incremento de 1.8 puntos porcentuales. Asimismo, hay una disminución en la expectativa de “mejora” de la seguridad pública de 3.4 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2013.
Sobre las conductas delictivas o antisociales, para el pasado mes de diciembre de 2014 las tres de mayor frecuencia que la población ha escuchado o visto en los alrededores de su vivienda en los últimos tres meses fueron el consumo de alcohol en las calles (68.3 por ciento), robos o asaltos (67.9 por ciento) y vandalismo (60 por ciento).
Las de menor frecuencia fueron, venta o consumo de drogas (41.5 por ciento), bandas violentas o pandillerismo (36.4 por ciento) y disparos frecuentes con armas (27.2 por ciento).
En la percepción del desempeño de las policías estatales y municipales para prevenir y combatir la delincuencia, el Inegi documentó que el 70.7 por ciento de la población consideró el trabajo de los uniformados como “poco o nada efectivo”, mientras que el 28.8 por ciento lo calificó como “muy o algo efectivo”.
“Se puede observar que es mayor la proporción de población que considera que el desempeño de las policías estatales y municipales para prevenir y combatir la delincuencia es ‘poco o nada efectivo’, así como un incremento de 1.1 puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2013″, refiere el informe.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana se realiza durante los primeros 20 días del último mes de cada trimestre en una muestra de 2 mil 336 viviendas urbanas distribuidas en todas las entidades federativas del país.
La ENSU tiene una periodicidad trimestral e incluye conceptos relevantes en el tema de la seguridad pública, tales como: la sensación de inseguridad por temor al delito (percepción); expectativa social sobre la tendencia del delito (percepción); atestiguación de conductas delictivas o antisociales (conocimiento); cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito (experiencias) y percepción del desempeño de la policía estatal y municipal como autoridades responsables en materia de seguridad pública.
AUTOR: REDACCIÓN.
En ello ha influido la trayectoria profesional del Jefe de Gobierno capitalino –quien antes de asumir el cargo se desempeñaba como Procurador en la Ciudad de México y, previamente, había laborado en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)– y la ausencia de contrapesos de los poderes Legislativo y Judicial locales, consideraron Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, y Sergio Soto, de la Liga de Abogados 1º de Diciembre .
“La visión del gobierno es la visión de un Ministerio Público”, plantea Soto, integrante del colectivo de abogados que desde el 1 de diciembre de 2012 ha defendido legalmente a personas detenidas en la capital del país en contextos de protesta social o de forma arbitraria.
El señalamiento de Soto alude a la trayectoria profesional del actual Jefe de Gobierno fue como servidor público de la SSPDF y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la que incluso fue titular. Previamente a sus labores como funcionario público, se había desempeñado como abogado litigante.
Su trayectoria en el servicio público ha incidido en que sean precisamente tales dependencias las que han destacado más en lo que va de su administración, por encima de otras como Desarrollo Social, Salud o Educación.
“El tema de seguridad, desde una perspectiva judicial sumamente restrictiva de derechos, ha ocupado la centralidad de la administración de Mancera. Es decir, no se ha destacado la presente administración por sus políticas sociales, o por hacer algún contrapeso real al gobierno federal, como lo fueron las dos anteriores administraciones, o por alguna propuesta política novedosa, creativa”, expone Maldonado.
A esto, Soto agrega: “La visión de las áreas fuertes es una visión formada en la procuración de justicia, en la investigación y persecución de delitos, y la visión del gobierno del Distrito Federal está muy contaminada en términos de ver a la política como una prolongación de la función del Ministerio Público”.
Pero a ello también ha contribuido el hecho de que quienes estaban, hasta hace poco, al frente de ambas dependencias eran personas cercanas a Mancera.
Por un lado, al frente de la PGJDF se encuentra Rodolfo Ríos Garza, cercano a Mancera desde hace muchos años y quien entre 2010 y 2011 se desempeñó como su secretario particular, cuando Mancera era Procurador.
En 2012, Mancera dejó el cargo para contender por la Jefatura de Gobierno para el periodo 2012-2018. Ríos Garza se convirtió en coordinador de asesores de la PGJDF. Al frente de la PGJDF quedó Jesús Rodríguez Almeida, quien se desempeñaba como subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.
Mancera y Rodríguez Almeida se habían conocido en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde el primero daba clases. Rodríguez Almeida fue alumno suyo en tres asignaturas.
Fue Mancera quien invitó a su ex alumno a trabajar en la PGJDF como fiscal de procesos de Juzgados Penales Norte en 2008. De ahí, Rodriguez Almeida pasó a la subprocuraduría y luego reemplazó a su ex profesor.
Una vez que Mancera se convirtió en Jefe de Gobierno, lo propuso para ocupar la titularidad de la SSPDF, mientras que a Ríos Garza lo propuso para ocupar la PGJDF. El Presidente Enrique Peña Nieto avaló ambos nombramientos.
Rodríguez Almeida fue titular de la SSPDF hasta el pasado 5 de diciembre, cuando renunció al cargo tras denuncias de abusos del uso de la fuerza por parte de granaderos y policías auxiliares, al término de la marcha del 1 de diciembre, y de una polémica declaración en la que defendió el trabajo de los policías capitalinos durante las movilizaciones del 20 de noviembre.
Ese día, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías tanto en el aeropuerto como en el Zócalo. Fue en la plaza central donde los policías hicieron detenciones arbitarias y agredieron a manifestantes.
Cuatro días después, Rodríguez Almeida felicitó a los policías por su actuación, “porque restablecieron el orden público, le guste a quien le guste”.
Durante toda su gestión fueron recurrentes los señalamientos de abusos policiales durante las protestas sociales. La última fue ese 1 de diciembre, cuando al finalizar una movilización pacífica y luego de que un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos vandalizó negocios ubicados sobre Paseo de la Reforma durante unos 40 minutos, cientos de elementos de la Policía Auxiliar y de los granaderos se replegaron sobre la avenida, a la altura del Senado.
Ahí agredieron a personas que no habían sido responsables de los actos vandálicos, y en algunos casos ni siquiera habían participado en la marcha. Un grupo de unas cien personas también fue “encapsulado” por los policías, y sólo la intervención de visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta evitó su detención.
TRADICIÓN ROTA
“Con la entrada de Mancera a la Jefatura de Gobierno se rompe tajantemente esta tradición que se venia cuajando, en el ámbito de gobernanza en el Distrito Federal”, considera.
Él y Maldonado coinciden en que uno de los más claros reflejos de esta política policial es la “mano dura” frente a las muestras de descontento social, donde se ha hecho comunes prácticas como las detenciones arbitrarias y violentas, se recurre de forma sistemática a los “encapsulamientos” durante las protestas, e incluso de han restringido los espacios para manifestarse.
La “cereza en el pastel” de esta política ha sido la Ley de Movilidad del Distrito Federal, promulgada el 14 de julio de este año, afirma el abogado de Artículo 19.
El pasado 3 de diciembre, la juez Segunda de Distrito en Materia Administrativa, Paula García Villegas, declaró inconstitucionales los artículos 212, 231 y 214 de dicha ley al considerar que violan el derecho a la asociación y a la libertad de expresión.
La resolución de inconstitucionalidad vino luego de que una decena de organizaciones civiles, agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, interpusieron 14 mil amparos contra la Ley, que establece una serie de condiciones a quienes quieran manifestarse.
Particularmente los artículos impugnados refieren que se tiene que dar aviso previo (por lo menos de 48 horas) a la SSPDF para llevar a cabo una manifestación de cualquier índole, que éstas no pueden utilizar vitalidades primarias y que la SSPDF “tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación”.
Pero la visión policial del gobierno capitalino no sólo es perceptible durante las protestas en las calles, señala Maldonado. También está presente en el día a día en el sistema de procuración de justicia, donde la tortura sigue siendo una práctica habitual como método de investigación, y donde se siguen atendiendo a criterios de cuotas de detenciones y consignaciones.
A ello se suma “un Poder Judicial carente de independencia que prácticamente convalida todo lo que hace la Procuraduría. Es decir, una serie de deficiencias estructurales en el sistema de procuración y administración de justicia que provocan violaciones sistemáticas al debido proceso”.
El Poder Legislativo, representado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), tampoco es un contrapeso real al Ejecutivo local, considera el abogado.
La explicación que da al respecto es que Mancera ha logrado imponer su agenda política en la Asamblea a partir de negociaciones y componendas con las distintas corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mayoritario en la ALDF.
A pesar de que el PRD se erigió como un partido de izquierda, lo que sus corrientes internas han demostrado, dice Maldonado, es que sus intereses de grupo están por encima de una voluntad de establecer un programa progresista.
Bajo esta lógica, “se ha sacrificado el programa político por los intereses de las ‘tribus’, y por eso [Mancera] ha logrado impulsar esta agenda policiaca”, expone.
SIN CAMBIOS
Al asumir el cargo, Almeida Estrada dijo que no se tolerarían los abusos de autoridad o del uso de la fuerza contra los ciudadanos.
Para Soto, la llegada de Almeida Estrada a la SSPDF no supone cambio alguno.
Ejemplo de ello, dice, es que sigue pendiente el cumplimiento de la recomendación 7/2013, emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tras los abusos policiales en el operativo del 1 de diciembre de 2012.
En ella se planteó, entre otras cosas, revisar los protocolos de actuación de los policías para el control de multitudes, así como crear un modelo que garantizase el respeto a los derechos humanos, y fue dirigida a la SSPDF, así como a la PGJDF, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Maldonado también ve el nuevo nombramiento con poco optimismo, pues considera que una primera señal necesaria para hablar de una transformación en la visión del gobierno sería que los policías, incluidos sus mandos medido y altos, comenzaran a rendir cuentas de los abusos que han cometido.
“No basta con decir que se va a hacer sino que se debería empezar a hacer, a partir de muchísimas evidencias que hay en los últimos dos años, eso sería una señal positiva pero cuando se comience a hacer. Y sanciones que de verdad impliquen un inicio hacia una reparación del daño a todas las víctimas de estos abusos”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MAYELA SÁNCHEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-01-2015/1202168.
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