En su Informe Mundial 2025, la organización Human Rights Watch aseguró que “el sistema de justicia penal es extremadamente ineficaz”, pues las fiscalías no investigan de manera eficaz los delitos, para llegar a judicializarlos.

“Las fiscalías no investigan de manera eficaz la mayoría de los delitos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo los abusos cometidos por agentes del Estado y los delitos graves como el homicidio y las desapariciones forzadas”; destaca el informe.

Este viernes 10, Bertha María Alcalde Luján recibirá la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) con grandes retos: abatir el rezago de miles de carpetas de investigación, reducir los tiempos para interponer una denuncia, tener “cercanía” con los ciudadanos y las víctimas, capacitar a sus trabajadores, eliminar la corrupción en sus oficinas y ayudar a combatir el 99% de impunidad que persiste en el sistema de justicia local.

Pero sin duda su desafío más grande será ejercer la autonomía de la Fiscalía frente a los gobiernos de Morena y la llamada 4T, tanto de la Jefatura de Gobierno como en la Presidencia de la República, gobernados por el partido que preside a nivel nacional su hermana Luisa María Alcalde Luján.

Aquel 19 diciembre de 2024, ante los diputados de distintos partidos, la abogada por la UNAM y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York marcó sus propios desafíos de llegar a ser electa fiscal, mismos que a partir de este viernes 10 deberá comenzar a trabajar para hacerlos realidad en los cuatro años que estará al frente de la FGJ local:

En su diagnóstico, la hija de Arturo Alcalde, reconocido abogado laborista, y Bertha Luján, obradorista de cepa y fundadora de Morena, aseguró que la Fiscalía capitalina necesita mejorar la colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para cumplir las medidas precautorias, dar mayor impulso a Casas de la Justicia de la Mujer y poner más atención a casos de violencia contra la mujer y los niños.

Otros temas urgentes

En el mismo proceso de entrevistas, Anaid Valero, la más cercana “contrincante” de Alcalde Luján en el proceso interno, marcó también las urgencias a implementar en la Fiscalía local:

Mejoras de servicio

Ulrich Richter Morales, el tercer integrante de la terna designada por el Consejo Judicial Ciudadano, marcó otras necesidades de la FGJ local para mejorar su servicio y que pasan a ser pendientes para la nueva fiscal capitalina. Entre ellas se cuentan las siguientes:

Rezago, intereses internos y “limpia”

Abogados litigantes consultados en breve coinciden en el reto que tendrá la nueva titular de la FGJCDMX en cuanto a los miles de casos rezagados y la “falta de una verdadera política de persecución penal”.

Lamentan que la Fiscalía no prioriza la atención de casos penales que lo ameritan o los que les puede encontrar salidas alternativas como la solución de controversias y, con ello, desahogar la saturación. “En las fiscalías de asuntos familiares tardan tres, cuatro meses en darte una cita para iniciar una investigación después de que presentas la denuncia”, ejemplifican. Peor aún, dicen, el sistema de denuncia digital es “deficiente”.

Los litigantes hablan también del problema existente al interior de la Fiscalía de intereses económicos y políticos que “impiden que la justicia sea efectiva e imparcial”. Incluso, mencionan los casos de agentes del MP, policías de Investigación y demás personal que tiene nexos con grupos criminales y que algunos han sido sancionados; es decir, el enemigo en casa.

“Señoras y señores, la reaprehensión de este criminal y su cómplice, es resultado de un profundo trabajo de inteligencia, investigación y coordinación entre las distintas instituciones de seguridad del Gobierno de la República”, dijo casi al final de su conferencia el 9 de enero de 2016 quien era Procuradora General de la República, Arely Gómez González. Se refería a la tercera y última captura de Joaquín Guzmán Loera, sucedida un día antes en Los Mochis, Sinaloa.

En promedio, cuatro de cada 10 personas privadas de la libertad en México no cuentan con sentencia. Pero el porcentaje es mayor en el caso de las mujeres presas, donde es de casi el 50 por ciento.

Son parte de los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal 2024, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruíz Contreras renunció a su cargo este jueves, aludiendo cuestiones “estrictamente personales y profesionales“.

El fiscal acudió a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de San Luis para entregar su dimisión, y serán las Comisiones de Gobernación y la de Justicia las que revisen su solicitud.

El Sistema de Justicia Penal (SJP) de la Ciudad de México, está saturado, por lo que urge se implementen medidas para agilizar los procesos, así lo consideró México Evalúa.

De acuerdo con el informe “Hallazgos desde lo local 2022”, la asociación detectó que la capital tiene una tasa de congestión del 53.7%.

En el Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Jalisco se abusa de la prisión preventiva oficiosa detonando actos de corrupción y frenando la reinserción social en el estado, coinciden especialistas en temas de seguridad y de justicia.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Daniel Espinosa Licón, reconoce que en el Poder Judicial se ha hecho un “uso excesivo de la prisión preventiva”. Sin embargo, aclara que no por ello debe asegurarse que el modelo de impartición de justicia ha fracasado; en todo caso –asegura– puede mejorarse.

El más reciente desencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre una resolución de un tribunal colegiado en torno a la prisión preventiva oficiosa, dictada a algunos militares por el caso Ayotzinapa, revela un problema de fondo. Veamos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que de 2019 a 2023 obtuvo 456 millones 95 mil 835.64 pesos a favor del Estado mexicano a través de 114 sentencias de extinción de dominio emitidas por jueces federales.

“Se destaca que, con la recuperación de activos de referencia, se afecta la operación de personas y grupos delictivos de alto perfil criminal con presencia en diversos estados de la República Mexicana”, presumió la FGR.

El Estado de Derecho en México empeoró por quinto año consecutivo, al obtener un puntaje de 0.42 y colocarse en el lugar 116 de 142 países evaluados, según datos del Índice Global de Estado de Derecho del presente año, difundido, el 27 de diciembre de 2023, por la organización no gubernamental internacional World Justice Project (WJP).

Según el citado informe de la organización no gubernamental internacional, México ocupó el lugar 116 de 142 países, con un puntaje de 0.42 en una escala de 0 a 1, en donde 0 es una débil adherencia al Estado de Derecho y 1 una muy fuerte.

A cinco años de su creación, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado concretar sentencias contra funcionarios públicos en casos como la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados, la trama de corrupción Odebrecht, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa o el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, además de la investigación que mantiene en contra de Juan Collado, abogado de exfuncionarios priistas y a quien acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Luego de destacar en varias actos públicos el trabajo de Ernestina Godoy y llamarla “compañera de lucha”, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que ya propuso al Congreso capitalino que la actual fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sea ratificada en el cargo para los próximos cuatro años.

Esta mañana, en la ceremonia de entrega de reconocimientos a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la propia Fiscalía en la base Guerreros de la policía local, el mandatario local anunció que cumplió con uno de los requisitos del proceso de ratificación de Godoy Ramos.

Por segundo mes consecutivo, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, usó el Informe Mensual de la Alerta por Violencia de Género del gobierno capitalino para pedir apoyo en el proceso de su ratificación en el cargo, que será discutido en los próximos días en el Congreso de la Ciudad de México.

De la misma forma, y previo a que envíe su opinión sobre la ratificación de Godoy Ramos a los legisladores locales, el jefe de gobierno, Martí Batres, aprovechó el evento oficial para reiterar su apoyo al trabajo de la exlegisladora desde hace más de 20 años.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió esta mañana a Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, y a quien calificó de “íntegra, honesta, incorruptible”.

El mandatario destacó el accionar de la actual Fiscal de la Ciudad de México en el caso del Cártel Inmobiliario panista en la Alcaldía Benito Juárez, donde se han asegurado 60 inmuebles como parte de las investigaciones de la red de corrupción y se han detenido exservidores públicos de la demarcación.

Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno capitalino, informó anoche que el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) le notificó la opinión favorable que tiene para la ratificación de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por cuatro años más, por lo que turnará la propuesta al Congreso local.

A través de una publicación en su red social X, Batres Guadarrama detalló que ayer a las 20:00 horas el Consejo le dio a conocer formalmente su opinión respecto a la posible ratificación de Godoy Ramos como Fiscal capitalina.

En 2022, las fiscalías del país dejaron sin concluir 2 millones 915 mil 899 de carpetas de investigación, un aumento del 10.9% respecto a 2021, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del total de carpetas de investigación sin concluir, el 1.7% corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR) y el 98.3% a fiscalías estatales.

“Ya tengo 68 años y no tengo miedo de hablar. Si me van a matar que me maten, pero esto se tiene que resolver”, señaló Jorge Fernández Villareal, padre de Jorge Fernández González, encarcelado por el feminicidio de la española Pilar Garrido. La familia del inculpado acusa al Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, de tener preso a un inocente, a quien encarceló con una investigación llena de irregularidades y cuyo proceso tiene que ser restituido debido a que fue desechado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región en Tamaulipas.

Tres de las fiscalías de la General de la República (FGR) que investigan los principales temas de interés para el Ejecutivo federal arrastran falta de resultados: de 8 mil 440 carpetas que iniciaron, apenas 872 (10.33%) llegaron ante un juez.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, entre el 1 de diciembre de 2018 y junio pasado las fiscalías especializadas en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Delitos Electorales (Fisel) y Combate a la Corrupción de la FGR iniciaron 3 mil 303; 2 mil 743 y 2 mil 394 carpetas de investigación, respectivamente.

En cinco años, el Poder Judicial de Oaxaca no ha emitido sentencias condenatorias por los delitos de homicidio doloso y feminicidio, según un análisis realizado por la asociación civil Impunidad Cero. Otro estado que no ha condenado feminicidas desde 2016 es Tlaxcala. 

De acuerdo con Impunidad Cero, estos dos delitos “son el reflejo de la violencia extrema que afecta a la sociedad mexicana”, ya que todos los días se contabilizan 94 víctimas de homicidio doloso y 10 de feminicidio en todo el país.

El Estado mexicano debe resolver las deficiencias en que incurren las fiscalías del país al investigar las muertes violentas de mujeres, exigió este viernes la organización Amnistía Internacional (AI).

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres, AI anunció en un comunicado que participará en la marcha que celebrará en México para apoyar las demandas de cientos de colectivas cuyo movimiento ha estremecido en el país las estructuras de un sistema que genera todo tipo de violencias de género.