“Señoras y señores, la reaprehensión de este criminal y su cómplice, es resultado de un profundo trabajo de inteligencia, investigación y coordinación entre las distintas instituciones de seguridad del Gobierno de la República”, dijo casi al final de su conferencia el 9 de enero de 2016 quien era Procuradora General de la República, Arely Gómez González. Se refería a la tercera y última captura de Joaquín Guzmán Loera, sucedida un día antes en Los Mochis, Sinaloa.

En promedio, cuatro de cada 10 personas privadas de la libertad en México no cuentan con sentencia. Pero el porcentaje es mayor en el caso de las mujeres presas, donde es de casi el 50 por ciento.

Son parte de los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal 2024, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruíz Contreras renunció a su cargo este jueves, aludiendo cuestiones “estrictamente personales y profesionales“.

El fiscal acudió a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de San Luis para entregar su dimisión, y serán las Comisiones de Gobernación y la de Justicia las que revisen su solicitud.

El Sistema de Justicia Penal (SJP) de la Ciudad de México, está saturado, por lo que urge se implementen medidas para agilizar los procesos, así lo consideró México Evalúa.

De acuerdo con el informe “Hallazgos desde lo local 2022”, la asociación detectó que la capital tiene una tasa de congestión del 53.7%.

En el Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Jalisco se abusa de la prisión preventiva oficiosa detonando actos de corrupción y frenando la reinserción social en el estado, coinciden especialistas en temas de seguridad y de justicia.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Daniel Espinosa Licón, reconoce que en el Poder Judicial se ha hecho un “uso excesivo de la prisión preventiva”. Sin embargo, aclara que no por ello debe asegurarse que el modelo de impartición de justicia ha fracasado; en todo caso –asegura– puede mejorarse.

El más reciente desencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre una resolución de un tribunal colegiado en torno a la prisión preventiva oficiosa, dictada a algunos militares por el caso Ayotzinapa, revela un problema de fondo. Veamos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que de 2019 a 2023 obtuvo 456 millones 95 mil 835.64 pesos a favor del Estado mexicano a través de 114 sentencias de extinción de dominio emitidas por jueces federales.

“Se destaca que, con la recuperación de activos de referencia, se afecta la operación de personas y grupos delictivos de alto perfil criminal con presencia en diversos estados de la República Mexicana”, presumió la FGR.

El Estado de Derecho en México empeoró por quinto año consecutivo, al obtener un puntaje de 0.42 y colocarse en el lugar 116 de 142 países evaluados, según datos del Índice Global de Estado de Derecho del presente año, difundido, el 27 de diciembre de 2023, por la organización no gubernamental internacional World Justice Project (WJP).

Según el citado informe de la organización no gubernamental internacional, México ocupó el lugar 116 de 142 países, con un puntaje de 0.42 en una escala de 0 a 1, en donde 0 es una débil adherencia al Estado de Derecho y 1 una muy fuerte.