En el último año hubo 82 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de damnificados por el sismo del 19S en la CDMX: en el 45.7% de los casos fueron por la tardanza de las obras de reconstrucción.

En tanto, el 31.7% de las quejas han sido por reclamos de quienes acusan no haber sido inscritos como beneficiarios, pese a que se acreditó que sus viviendas resultaron dañadas, y 23.1% por personas que ya recibieron su casa, pero esta requirió reparaciones posteriores o se detectó que fue edificada con material de mala calidad.

El Colectivo Damnificadxs Unidxs de la Ciudad de México emitió un comunicado este martes 19 de septiembre en el que refirió que miles de personas continúan sin vivienda tras seis años del terremoto de magnitud 7.1, siendo que la política de reconstrucción en la capital “ha sido un fracaso”. 

De acuerdo con la agrupación, las y los damnificados del sismo del 2017 se han enfrentado a los incumplimientos de cuatro Jefes de Gobierno. Además, señalaron la falta de un censo de personas damnificadas, de una política de reconstrucción orientada hacia los derechos humanos, así como de interés en restituir las viviendas.

Seis años después del sismo de 7.1 grados que sacudió al país el 19 de septiembre (19S)  de 2017, el 32% de los damnificados de la Ciudad de México –que forman parte del censo elaborado por autoridades para programas de apoyo– continúan sin volver a sus viviendas, ya que estas se encuentran en obra, o en algunos casos ni siquiera se ha comenzado con la reconstrucción.

Aún cuando más de dos mil familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017 no han regresado a sus casas como se los prometieron en 2018, el jefe de gobierno, Martí Batres, defendió el Programa de Reconstrucción en la Ciudad de México y aseguró que “el gobierno va a cumplir con el 100% de los damnificados”.

Agregó que, con dicho programa, los damnificados beneficiados “no son titulares de deuda alguna”. Sin embargo, esa declaración choca con los testimonios recolectados por Proceso, en su edición que circula este mes, de damnificados que aseguran que el Instituto de Vivienda (Invi) les ofrece adquirir créditos con éste para poder recuperar sus viviendas en su tamaño original.

A más de cinco años y medio del sismo del 19 de septiembre de 2017, en la Ciudad de México aún se tiene pendiente la atención y entrega de 3 mil 558 viviendas que resultaron dañadas, una responsabilidad que ahora debe concluir el Instituto de Vivienda capitalino (Invi) y ya no de la Comisión de Reconstrucción, según lo determinó el Ejecutivo local a principios de este 2023.

De acuerdo con Anselmo Peña Collazo, director del Invi, se trata de mil 188 viviendas unifamiliares y 2 mil 370 en multifamiliar, en 29 edificios que necesitan rehabilitación y 63 que es necesario reconstruir.

En plena calle, le informaron que muchas de esas viviendas ya fueron entregadas y que ellos no han recibido el pago correspondiente. Lo peor es que, en algunos casos, la Comisión para la Reconstrucción, primero dirigida por el actual senador César Cravioto y ahora por Jabnely Maldonado, les pidió avanzar en las obras con sus propios recursos y ahora, ante la falta de cumplimiento del gobierno, tuvieron que despedir a decenas de empleados y están a punto de la quiebra.