Gobierno de la CDMX niega que existan saqueos en la ciudad

Sin embargo, el jueves se registraron dos robos a tiendas departamentales, en las delegaciones Gustavo Madero e Iztapalapa. 

El procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, negó que existan saqueos en la capital. Sin embargo, el jueves se registraron dos robos a tiendas departamentales, en las delegaciones Gustavo Madero e Iztapalapa.

Inseguridad, violencia, homicidios y saqueos recrudecen en Baborigame, alertan ONG

Estigmatizado por ser “el corazón” del Triángulo Dorado del narcotráfico y parte del municipio de Guadalupe y Calvo, el pueblo de Baborigame ha sido víctima de violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero en los últimos tiempos éstas “han recrudecido de manera muy alarmante”, advierte una veintena de organizaciones civiles.

“Los habitantes viven momentos muy difíciles de inseguridad, violencia, homicidios, enfrentamientos, incendios provocados, saqueos de tiendas y casas, acciones que los han hecho temer que esta situación se siga incrementando”, alertaron las ONG a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Ventas de Walmart, afectadas por saqueos durante protestas por ‘gasolinazo’

Ciudad de México. El crecimiento de las ventas de la empresa Walmart durante enero se vio afectado por los saqueos que sufrieron algunas de sus sucursales en medio de las protestas por el gasolinazo, además de que a la fecha todavía mantiene 27 unidades cerradas.

“Derivado de tales disturbios, estimamos que nuestro crecimiento en ventas en México se vio afectado entre aproximadamente 150 y 200 puntos base (pbs), tomando en cuenta la tendencia mensual de aquellas tiendas que fueron afectadas por los saqueos y de las que cerraron de forma temporal”, informó la transnacional a sus inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La empresa precisó que sus ventas crecieron 6.2 por ciento a tasa anual durante el primer mes de 2017, pero el incremento podría haber sido de entre 7.7 y 8.2 por ciento de no haber perdido los 150 o 200 puntos base que mencionó y que se traducen en 1.5 o 2 puntos porcentuales.

El resultado de enero contrasta además con los crecimientos de 7.7 y 10.9 por ciento que Walmart obtuvo en enero de 2015 y 2016, respectivamente. También representa el crecimiento mensual más bajo desde hace 5 meses, ya que en agosto del año pasado se ubicó en 4.8 por ciento.

En total, la transnacional obtuvo 37 mil 571 millones de pesos por las ventas y precisó que el monto promedio de compra por cliente subió 6.8 por ciento, aunque el número de transacciones bajó 1.5 por ciento.

Las 27 sucursales dañadas en los disturbios que Walmart mantiene cerradas y en las cuales trabaja “para reanudar operaciones lo antes posible” representan apenas 1.17 por ciento respecto a las 2 mil 291 tiendas que la transnacional tiene en todo México y de las cuales 77 por ciento son Bodegas Aurrerá, la última inaugurada en este mes de febrero en Monterrey.

En su reporte de enero, Walmart indicó que las tiendas afectadas se ubican en el Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, además de que las protestas también afectaron a sus proveedores y centros de distribución.


“Gracias a las medidas preventivas que tomamos, logramos salvaguardar la integridad de nuestros asociados, clientes y socios durante estos acontecimientos”, indicó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/07/ventas-de-walmart-afectadas-por-saqueos-durante-protestas-por-2018gasolinazo2019

En Guerrero, la fuerza estatal protege a los saqueadores y se colude con los civiles armados

La población  vive presa del terror, porque la autoridad no sólo está ausente sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone a las comunidades el sobrevivir y andar a salto de mata, porque la legalidad que impera protege a los victimarios

Actualmente la política  ya no está operando  dentro de los mismos límites  en que normalmente funciona. Se ha difuminado la acción política debido a intereses propios de los grupos de poder. Lo más  grave es que estos intereses están conectados  con los de las organizaciones de la delincuencia organizada.  A los políticos,  la población ya no los vincula únicamente  con las instituciones estatales,  ni son  meros actores dentro del ámbito gubernamental, más bien,  los nuevos personajes de la política responden a intereses macroeconómicos, al grado que se supeditan  a los corporativos trasnacionales  para fortalecer un modelo de desarrollo fincado  en el despojo  y la privatización  de los recursos estratégicos.  Su ímpetu por la ganancia crasa  y su falta  de compromiso con la sociedad  los ha llevado  a enrolarse con actores no estatales  que han hecho del crimen organizado el negocio más próspero  en una sociedad  sometida  por el terror delincuencial.

Esta descomposición de nuestro sistema político ha engendrado nuevos actores con gran poder  que desempeñan nuevos roles e imponen normas ajenas al sistema  jurídico que nos rige. Se ha creado un ambiente de miedo que  coloca  a las personas  en un estado de suma vulnerabilidad. Con muchas restricciones  legales  y políticas, con nulo acceso a la justicia, desconectados  de las redes de apoyo  gubernamental  y sometidos  por actores  gubernamentales que usan la violencia para amedrentar  y someter  a la población. Se  trata  ahora de un mundo feroz donde se han roto los pactos sociales  y se ha profundizado  gravemente la desigualdad. La gente  tiene un sentimiento de orfandad, siente que camina a la deriva, en medio del caos, sometida  a los dictados   de  la  macroeconomía  que  se rige  por la acumulación del capital.

Vivimos en una sociedad en riesgo permanente con actores que han surgido a nivel internacional  y local.  El poder de las trasnacionales es  tan grande que  sus directrices económicas van normando los nuevos marcos jurídicos de los países periféricos. Puede más el poder económico de un corporativo minero que maneja miles de millones de dólares que un gobernante que no cuenta con el respaldo del Estado y de toda la clase política, a veces ni de la misma población. Este poder  macroeconómico  avasalla  a la política y a los políticos, somete a su lógica  capitalista  todo intento  de  construir una sociedad menos desigual  y más incluyente.  Es un poder ciego,  sin corazón. Deseoso  de extraer la vida de la clase trabajadora. Se vuelve violento  porque necesita explotar al mayor número de trabajadores con jornadas extenuantes para tener cuentas alegres en la bolsa de valores. Estos actores no estatales  tienen a su servicio a las corporaciones, a la policía, al  ejército y la marina  para proteger los intereses supremos del capital. Toda la  fuerza del Estado está focalizada en salvaguardar la riqueza de los saqueadores.

La represión  contra la población que se rebela y protesta,  tiene rango jurídico que justifica y legitima la fuerza,  con el argumento de que se atenta  contra las instituciones  y se pone en riesgo la convivencia pacífica. Se genera una opinión  en los medios de comunicación afines a los grupos de poder de que la violencia directa es legítima porque se pone a salvo el orden constitucional  y el régimen dominante  cuando los sectores sociales excluidos ejercen su derecho a protestar.

Existen también actores no estatales que pululan en el ámbito local y que forman parte de las redes del crimen organizado. Son organizaciones que tienen como caldo de cultivo la misma estructura de poder  que fomenta la corrupción  y que permite que los interese privados se mezclen con los proyectos  de justicia  a los que aspira la sociedad. La  fragilidad institucional  y la crisis misma de representación política  han desdibujado los límites que existían entre el campo legal  y el terreno abrupto de la ilegalidad. Se ha socavado el muro de la legalidad que protegía a  los ciudadanos y ciudadanas por parte del crimen organizado que se ha infiltrado en los sótanos del poder.

Actualmente  el poder público opera con intersecciones sumamente perversas,  donde el Estado aparece como  el gran aparato que protege  y brinda todas las facilidades a las grandes corporaciones trasnacionales. En estas  circunstancias las leyes, las instituciones y las  mismas autoridades  están al servicio de los interese macroeconómicos. Este poder visible  protege y encubre  al poder oculto, es decir  a los actores no estatales que tienen gran influencia en la toma de decisiones políticas, al grado que también controlan el poder del Estado y las mismas agendas políticas  en varias regiones del país.

En Guerrero están  los poderes ocultos  vinculados con el crimen organizado, que han tomado el control de varias instituciones  y dominan vastos territorios. Son los que ponen las reglas  y construyen  las nuevas narrativas que justifican la violencia  y la hacen aparecer  como parte de la normalidad. Lo más grave  es que  el poder formal, el que  usa la fuerza de las instituciones para gobernar, es el que se ha confabulado con el poder oculto, con los actores no estatales, cuyo modo de vivir es delinquir. Es atentar contra la vida  y la seguridad de los demás. Es desaparecer y arremeter violentamente contra  quienes se oponen  a sus negocios  truculentos. En  este escenario caótico el poder formal y el oculto se utilizan uno al otro, se retroalimentan  y usan  los poderes  mediáticos,  normativos, culturales, ideológicos y religiosos  para reforzar  su propio poder destructor.

Estamos lejos de contar  con un Estado regido por las normas constitucionales, de un estado que lucha contra la desigualdad social, que focaliza su acción pública en la redistribución de la riqueza  y genera redes de protección de los derechos fundamentales de las personas. Experimentamos más bien  una  práctica sistemática para criminalizar la movilización social y hacer un uso indebido del sistema de justicia.  En Guerrero se criminaliza a los líderes sociales fincándoles delitos graves y haciendo imposible su defensa legal. Se trata de una medida  que tiene afectaciones en los recursos financieros, en la capacidad para mantener la organización y  alterar la sostenibilidad del movimiento. La criminalización impacta en la persona, en la familia, en la organización y en la misma comunidad.  Se trata de socavar  el tejido comunitario, de destruir  los esfuerzos  ciudadanos que aspiran a construir una sociedad más justa y menos violenta.  De extirpar  el cáncer de la corrupción  y de contener al crimen organizado  que hunde sus raíces en un sistema  que utiliza la fuerza y la violencia  para mantener el viejo orden dominante.

En Guerrero han incubado en diferentes regiones del estado actores no estatales vinculados al crimen organizado que la misma sociedad  los cataloga como grupos civiles armados. Son  hombres armados, “paramilitares” que irrumpen en los poblados para arremeter contra familias y comunidades enteras. Atacan a balazos. Buscan hacer el mayor daño posible y no importa privar de la vida a los ancianos o ancianas; a mujeres, jóvenes, niñas, niños y hasta  bebés. Su armamento es de un alto poder destructor. Dejan una estela de dolor y de  muerte  con el uso letal de sus armas que es la marca más funesta que  dejan  al tomarla comunidad por asalto.

La población  vive presa del terror, porque la autoridad no solo está ausente sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone el que sobrevivir y andar a salto de mata,  porque la legalidad imperante  protege a los victimarios. Los cuerpos de seguridad y el mismo ejército  han sido incapaces de contener  este desorden institucional porque están llamados a proteger los intereses macroeconómicos y los diferentes giros de la economía criminal que se lavan con los negocios de las trasnacionales. Nunca están en el lugar ni en el momento en que la población requiere protección. En contraste, los civiles armados se desplazan con total libertad a sabiendas de que el camino está bajo su control. Lo más duro y cruento es que se ha normalizado la violencia en Guerrero. Las mismas autoridades han encontrado argumentos triviales para explicar las atrocidades  que padecemos. Justifican  su ineptitud y construyen sus discursos  para legitimar el caos y la falta de garantías  a una  población  que vive en el acecho permanente.

Los civiles armados, como actores  no estatales vinculados al crimen organizado  cabalgan  por toda la geografía guerrerense. Son la amenaza latente para un gran número de comunidades que ante el destino funesto de vivir en la precariedad  y en la lejanía de las instituciones  gubernamentales tienen que resignarse a la fatalidad.

Ante esta escalada de la violencia irrefrenable, donde el poder visible está ausente y más bien se hace cómplice de la criminalidad expresada en los civiles armados, los mismos pueblos y comunidades luchan desde sus propios espacios  para recuperar  sus territorios. Resisten  para enfrentar al poder ominoso y a los criminales a los que el Estado protege, tanto de las empresas  mineras  que se coluden o contratan a estos grupos civiles, como a las mismas organizaciones delincuenciales.

El caso de la minera Media Luna es un ejemplo atroz  de cómo una empresa se niega a reparar los daños ocasionados a un grupo de pescadores del Nuevo Balsas y se vale de civiles armados  para impedir  que prospere la protesta y  llegue la solidaridad  de organizaciones hermanas. Esta alianza criminal  entre  una multinacional que, a cualquier costo social  y ambiental,  quiere extraer el oro apoyados por grupos civiles armados que tienen el control del territorio, nos muestra  cómo en esta región los actores no estatales unen  sus intereses para destruir  un movimiento legítimo que lucha por sus derechos como colectividad y se asume como protector del medio ambiente.

Las autoridades estatales en lugar de proteger a los pescadores hacen alianza con la empresa minera y los grupos civiles armados, justificando sí sus acciones delincuenciales.

Fuente: Desinformémonos

Autor: CDH De La Montaña Tlachinollan

https://desinformemonos.org/guerrero-la-fuerza-estatal-protege-los-saqueadores-se-colude-los-civiles-armados/

Aseguradoras no cubrirán pérdidas y daños por saqueos en Edomex

La Unión Industrial del Estado de México (Unidem) consideró que los saqueos de las tiendas comerciales que se han registrado en los últimos días tendrán consecuencias millonarias, pues al ser actos vandálicos, las pérdidas en inventarios así como los daños en los inmuebles, no serán cubiertos por los seguros.

Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la Unidem sostuvo que las empresas afectadas tendrán que hacer provisiones contables para hacer frente a ese tipo de delitos, ello tendrá un efecto inflacionario ya que se podrían incrementar los precios.

Agregó que tras estos incidentes se corre el riesgo de que algunas empresas decidan ya no abrir algunas sucursales, tal como ocurrió en Acapulco con la empresa Costco en el 2013, que después de los efectos de una tormenta, se dieron actos de rapiña en contra de una de sus sucursales sin que las autoridades lo evitaran.

Hizo un llamado al gobierno federal, a los estatales y municipales a implementar protocolos de seguridad para evitar que se repitan saqueos y actos vandálicos en centros comerciales y tiendas, y garantizar actuación oportuna de la policía, pues podría desatarse un conflicto social que acabe con la gobernabilidad y el Estado de Derecho.

“Consideramos que el gobierno tuvo una respuesta tardía y en algunos casos hasta pasiva. Comprendemos que por un lado, las afectaciones más importantes fueron contra las grandes cadenas de almacenes de autoservicio y departamentales y por el otro, quisieron evitar los costos políticos al no reprimir con mayor dureza ese tipo de acciones”, señaló.

Destacó que fue evidente que las corporaciones policiacas tanto municipales, estatales y federales, se vieron rebasadas por lo ocurrido, y se carecía de un protocolo de actuación ante los saqueos, pues los policías solo corrían de un lado a otro hacia las tiendas que ya habían sido vandalizadas.

“Consideramos que estamos a muy buen tiempo de contener este tipo de actos y evitar que se dé una revuelta social que acabe con la gobernabilidad y el Estado de Derecho, ya que ésta no tendría un líder que pudiera moderarla o detenerla o al menos darle sentido”, manifestó.

Fuente: La Jornada

Autor: Javier Salinas Cesáreo

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/09/aseguradoras-no-cubriran-perdidas-y-danos-por-saqueos-en-edomex

Estado de México: una “marea roja” lideró los atracos

Los videos de los saqueos ocurridos en el Estado de México muestran que gente vestida de rojo organizó y encabezó los atracos. Esas personas daban instrucciones, difundían el miedo, invitaban a sumarse al robo… Osmar León, director de una organización que monitorea la violencia en dicha entidad, asegura que ese modus operandi recuerda el de la “Marea Roja”, que surgió en 2000 para movilizar el voto a favor del PRI justo en el Estado de México. “Lo que el gobierno busca es que se prefiera el caos antes que el gasolinazo, que haya pretexto para la represión”, afirma el investigador.

El miércoles 4, un grito cundió desde Ecatepec, en el Estado de México, hasta los límites con la Ciudad de México: hombres con megáfonos fueron por las calles vociferando: “¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen!”, mientras grupos organizados y dirigidos por gente con camisa roja azuzaban a los habitantes para que saquearan tiendas de autoservicio y de electrodomésticos.

Aunque los primeros saqueos ocurrieron desde el domingo 1, el caos se multiplicó el miércoles 4 en diversos municipios mexiquenses. Cundió el pánico. Las marchantas se encerraron en sus casas, los comerciantes cerraron sus locales. En las calles se esparcía el rumor de que los manifestantes contra el gasolinazo saqueaban las tiendas, robaban a la gente, quemaban sucursales y provocaban el caos.

En un recorrido por algunas colonias ecatepequenses, la reportera recabó testimonios de vecinos –quienes prefirieron omitir su nombre por temor a represalias– que tienen algo en común: los actos vandálicos se realizaron, al mismo tiempo, desde Ecatepec hasta las delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, y desde Naucalpan de Juárez hasta los límites de la delegación Azcapotzalco.

En Ecatepec hubo saqueos en zonas como Guadalupe Victoria, Ciudad Cuauh­témoc, San Andrés de la Cañada, Jardines de Morelos, Valle de Aragón, Granjas Valle y Hank González (Plaza de las Américas).

Según la alcaldía, ese día fueron detenidas 53 personas por su presunta participación en saqueos en la avenida Recursos Hidráulicos, de la colonia Luis Donaldo Colosio; en la vía José López Portillo a la altura de Guadalupe Victoria; la vía Morelos, por Santa María Tulpetlac; la Avenida Nacional, en torno a Chiconautla, en la colonia Ciudad Azteca, y Jardines de Morelos, donde tres policías resultaron heridos.

En Naucalpan de Juárez se reportaron desvalijamientos, en particular en San Mateo y en El Molinito, así como en los municipios de Villa Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza, inclusive en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Algunos vecinos afectados por el vandalismo dicen a Proceso que sospechan que se trató de “una acción orquestada por el gobierno”.

Un vendedor de una pequeña tienda de abarrotes relata: “Alrededor de las tres de la tarde empezaron a correr los rumores de que venían saqueando los comercios. La gente empezó a entrar en pánico y pues por obvias razones todo mundo empezó a cerrar, incluso el Soriana. Se cerró alrededor de una hora, hora y media, y fue cuando vimos que aquí enfrente se estaban organizando los socios del mercado para defenderse si era necesario, porque decían que (los ladrones) estaban viniendo.

“Todo el tiempo se estuvo viviendo pánico, si iba a suceder algo y toda la cosa, y sí se veía gente muy sospechosa. Sospechosa porque venían en carros compactos alrededor de 15 o 16 personas y la apariencia de los jóvenes… se veía que andaban buscando nada más saquear establecimientos.

“Después, como seis o seis y media, empezaron a escucharse gritos que provenían de una Bodega Alianza aquí adelante, y ya estaban ahí saqueando. Los comerciantes del mercado navideño, que ya estaban planeando defenderse, se quedaron sobre la avenida. Traían palos y cosas, porque al final ellos requerían trabajar.

“Después de eso la calle se quedó completamente vacía. Al final se veía el temor, se escuchaban muchas cosas, había muchas patrullas y la gente ya no quiso salir.”

Las cifras oficiales

El jueves 5, un día después de los hechos más violentos en Ecatepec, el gobierno del Estado de México emitió comunicados para difundir su versión.

En una nota publicada en la página oficial del gobierno del estado el viernes 6, se asienta que la noche del jueves y la mañana del viernes el gobernador Eruviel Ávila “supervisó los operativos de seguridad que se desplegaron para evitar actos vandálicos”, ante los rumores de que seguirían las rapiñas. Como sea, su actuación no detuvo los ataques, que seguían hasta el cierre de esta edición.

Los reportes del gobernador Ávila (“al último corte”, del jueves 5) consignaron que su gobierno, en todo el estado, había detenido a 537 personas por “saqueo en flagrancia”.

En el boletín BOL-DCSECA/005/2017, emitido por el ayuntamiento ecatepequense, se indica que hasta el jueves 5 se habían reportado 116 detenidos en flagrancia.

El alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos Velázquez, informó que mil 500 elementos fijos fueron habilitados “para contener los hechos que se iniciaron el lunes 1 por la noche, lo que ha permitido continuar con las actividades normales en la mayor parte del territorio municipal”.

Pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por mensajes en redes sociales que incitan a realizar “actos ajenos a la paz social”.

El gobierno del estado informó en otro comunicado (7232/2017) “que son falsos los mensajes, publicaciones y audios que circulan en redes sociales sobre un supuesto toque de queda o presencia de grupos armados en algunos municipios mexiquenses, “los cuales han sido difundidos irresponsablemente con el único propósito de generar psicosis y temor ante la gente”.

Tiroteo de acusaciones

Un ecatepequense de alrededor de 50 años relata: “Vinieron varias personas a robar. Yo regresaba de traer comida y todos los negocios ya estaban cerrados. Donde sí nos tocó –bueno, escuchamos– es que habían llegado a las seis de la tarde ahí a la tienda Alianza, estaban robando. Hay un vecino que los grabó.

“A nosotros nos tocó ver, en la noche que salimos de aquí, ahí en la avenida Gobernadora, donde hay un Aurrerá, que había muchísima gente y estaban unos muchachos en unas motocicletas. Venía mucha gente que traía aparatos y se estaba robando las cosas. Yo no vi policías, dice mi hijo que sí había uno, pero que se fue la policía, no hizo nada. Y así, varias personas han comentado que había policías pero no hacían nada.”

El jueves 4, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó al “régimen fascista” que gobierna al país de articular una estrategia para generar caos y miedo entre la gente mediante los actos vandálicos.

“Hay ciudadanos que de manera espontánea están participando en estos actos, lo hacen por rabia, para desquitarse o porque piensan que así van a resolver el problema. Pero hay también otros que están siendo manipulados por la misma derecha, por los conservadores, por la mafia en el poder, porque quieren que nos distraigamos, que la nota (en los diarios) sea el caos. Y luego viene el repudio. Y al mismo tiempo infunden miedo. Son estrategias fascistas para dominar mediante el terror”, indicó en un video difundido en internet.

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, acusó al PRI de ser el orquestador de los saqueos, con la finalidad de que la ciudadanía se atemorice, “no se organice y no continúe con las legítimas manifestaciones en contra del incremento a los precios de la gasolina”.

Por la noche, el PRI, en un comunicado de prensa, exigió a Barrales “que sea responsable por sus declaraciones. Que no haga señalamientos infundados contra el gobierno federal o el partido. Debe retractarse”. La jornada siguiente Barrales siguió con la misma línea.

En su boletín, el PRI, además de acusar a López Obrador y a Morena de ser violentos e intentar “capitalizar a su favor esta coyuntura”, se curó en salud ante las acusaciones:­

“Rechazamos tajantemente cualquier señalamiento de las redes sociales que trate de vincular al PRI con el origen de diversos actos vandálicos. Afirmaciones de esa naturaleza, que pretenden confundir a la ciudadanía, no tendrán éxito.”

Camisetas rojas

Para el director de México Suma, Osmar León Aquino, la estructura electoral del PRI conocida como “Marea Roja” fue usada para desatar el caos en la entidad, con una estrategia similar a la que usó el actual gobernador mexiquense contra Antorcha Campesina entre 2012 y 2013. Aquella vez también se caracterizó por el grito de “¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen!”.

México Suma se dedica a dar seguimiento a la seguridad en el Estado de México.

Lo primero que le llama la atención a Osmar León es que los saqueos se iniciaron en el Estado de México. Ahí, este año se renueva la gubernatura y está pendiente el debate de la llamada Ley Atenco, cuyo objetivo es legitimar el uso de la fuerza pública sin distinguir a las manifestaciones sociales de la delincuencia.

En segundo lugar, dice, “en la mayoría de los videos que se han analizado de los saqueos que hubo el día 2 y el día 3 de enero participa gente vestida de rojo.

“Viendo el modus operandi, el desarrollo de los videos que se han mostrado, recuerdo la ‘Marea Roja’ que fue inventada por el priismo mexiquense en los tiempos en que Isidro Pastor era presidente del Comité Estatal del PRI”. Pastor es hoy en día secretario de Transporte del gobierno de Eruviel Ávila.

A León le queda claro que la estructura priista está operando este “desencuentro social”: “La masa por sí misma no se conduce de manera caótica”. Y en los videos, abunda, se puede ver a la gente con camisetas rojas dando instrucciones.

“Estamos en un escenario en el que lo que el gobierno busca es infundir miedo, que la gente se atemorice, que deje de participar, que se prefiera el gasolinazo antes que el caos, que haya pretexto para la represión.”

Los saqueos, reconstruye, duraron entre 10 y 15 minutos; en cada uno operan entre 50 y 150 personas por grupo, y todos los ataques ocurrieron en zonas controladas básicamente por agrupaciones priistas: “Son partes de amplia participación priista, donde el PRI tiene controles en sitios aledaños a los centros comerciales donde se registraron los saqueos”.

Recuerda que la “Marea Roja” –o los “camisas rojas”– es una estructura electoral priista surgida entre 2000 y 2003 para movilizar el voto en favor de dicho partido. Fue orquestado por los comités seccionales de ese partido. Fue efectivo y ese modelo se extrapoló a escala nacional.

“Cuando uno ve cómo están operando, uno no puede evitar remitirse a aquellos años en que la ‘Marea Roja’ operaba electoralmente. Pero ahora se dejan ver en el conflicto social, el caos, el saqueo, la violencia a centros comerciales."

Fuente: Proceso

Autores: Rosalía Vergara y José Gil Olmos

http://www.proceso.com.mx/469267/mexico-una-marea-roja-lidero-los-atracos

Los saqueos en Veracruz: orquestados, organizados, sospechosos…

Veracruz fue una de las entidades más vapuleadas por la reciente ola de saqueos. Hubo más de cien robos multitudinarios. Y, por paradójico que suene, todo el fenómeno se ve demasiado “ordenado” como para pensar que haya sido espontáneo, según admiten las propias autoridades del estado. El gobernador –quien apareció en un extraño video en las redes sociales tratando de contener el vandalismo– asegura que ya sabe quién instigó la asonada, pero no lo ha dado a conocer, y, de hecho, su gobierno ofreció medio millón de pesos a quien lo revele…

En 48 horas (miércoles 4 y jueves 5), un centenar de tiendas Chedraui, Aurrerá, Coppel, Soriana, Contino, Oxxo, Yepas, Bamba, de empeño, farmacias y cinco gasolineras fueron atacadas por vándalos, organizaciones delictivas, civiles de colonias populares, pandilleros y estudiantes menores de edad, tras el incremento a los combustibles conocido como gasolinazo, impuesto por el gobierno federal.

La ola de saqueos orilló al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a anunciar la tarde del jueves 5 que 250 elementos de la Gendarmería Nacional reforzarían la seguridad en la entidad. Aseguró que habrá 10 años de cárcel “o más” para los autores intelectuales de los saqueos: se les acusará de robo agravado, lesiones, “motín y terrorismo”. También ofreció 500 pesos en vales de despensa a las amas de casa que saqueaban el Chedraui Plaza Las Brisas.

Con las críticas desatadas en redes sociales, una hora después y en rueda de prensa, negó que fuera a “negociar con saqueadores” y sólo prometió comida en caso de desabasto. Los policías federales llegaron el viernes por la mañana y contuvieron el saqueo en la zona turística, pero no más al sur.

Mediante reportes en vivo, la ciudadanía observó –encerrada en sus casas– cómo vándalos irrumpían en el Soriana y el Coppel del Núcleo Deportivo, en la zona norte del puerto de Veracruz. Ahí hurtaron motocicletas, refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados, juegos de video y otros electrónicos y objetos ajenos a la canasta básica.

Las fotografías en el Chedraui Ponti, en tanto, eran elocuentes: medio millar de personas robándose hasta la cortadora de jamón. Los carritos del supermercado se veían repletos de juguetes, ropa y ferretería; señoras y jovencitas se arrebatan discos y latas de comida.

Los saqueos, sólo en el puerto, Boca del Río y el conurbado de Medellín, se extendieron como en un “operativo carrusel” a tiendas, almacenes de electrónicos, casas de empeño. Persistieron toda la mañana y hasta entrada la noche del jueves. El último corte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dado el viernes 6 por la mañana, daba cuenta de más de 300 detenidos. Sólo nueve de ellos tenían antecedentes penales u órdenes de aprehensión.

“Fueron ataques de manera simultánea, pareciera que estaban orquestados para ir atacando plaza por plaza en la zona norte de la ciudad y después en la norponiente”, expresó el titular de la SSP, Jaime Téllez Marie.

El fiscal estatal, Jorge Winckler, dijo que se habían dado instrucciones a los jueces de control de la zona conurbada para negar el auto de libertad a todos los detenidos, y que enfrentaran así su juicio “tras las rejas”.

Este anuncio provocó que en el llamado “Penalito” de Playa Linda, padres de familia, amigos y familiares de los saqueadores se enfrentaran a golpes con los policías estatales.

Los saqueos se extendieron a Tierra Blanca, Agua Dulce, Ciudad Isla, Paso del Macho, Minatitlán y Coatzacoalcos, tanto que, de forma poco ortodoxa y sin entrar en detalles, el secretario de Gobierno, Rogelio Franco, ofreció recompensas de medio millón de pesos a quienes “denunciaran” y “dieran pormenores de ubicación” de los principales instigadores de los saqueos.

Operativo Yunes

Con apenas 35 días en el gobierno, Yunes Linares –quien desde hace 20 años aspiraba a gobernar Veracruz– decidió la tarde del jueves 5 ir a corretear y dispersar a saqueadores en la Plaza Las Brisas.

Acompañado de Winckler Ortiz, de Téllez Marie y de un pequeño grupo de policías de la Fuerza Civil, Yunes Linares bajó de un helicóptero en el estacionamiento del centro comercial, encaró y persiguió a jóvenes saqueadores, y pidió a mujeres y hombres que se retiraran del sitio para “evitar una detención”.

Winckler devino community manager del mandatario, pues se dedicó a transmitir en vivo por Facebook el extraño operativo del gobernador panista-perredista. Ahí mismo, Yunes prometió “iniciar pláticas” con empresarios de todos los centros comerciales para garantizar el abasto de alimentos.

También dijo que fue detectada una banda de asaltantes oriundos de Minatitlán que había llegado a Veracruz-Boca del Río para delinquir. Y aseveró que ya tiene identificados a los autores intelectuales del llamado a los saqueos.

En internet, mientras tanto, se difundieron masivamente videos de marinos, policías estatales y soldados disparando al aire en un intento de dispersar a la turba de saqueadores. Algunos veracruzanos crearon la etiqueta #MeDuelesVeracruz. Y mientras algunos ciudadanos apoyaban la intervención de Yunes contra los ladrones, otros lo tildaban de “loco” y de haber montado “un circo”.

El caos en Veracruz se agravó porque el mismo jueves 5, centenares de transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas cerraron accesos carreteros estratégicos para repudiar el gasolinazo. Así, tomaron la autopista Coatzacoalcos-Minatitlán en los cruces de Las Matas y Canticas, también la Insurgentes y el puente Patria Libre en Minatitlán; los accesos a Las Choapas, municipio colindante con Tabasco, y en Acayucan bloquearon el acceso a la cabecera de San Juan Evangelista y la carretera federal Sayula-Ciudad Alemán.

En el puerto de Veracruz taponaron las entradas a la ciudad. Así, las líneas de autobuses ADO, AU y TRV tuvieron que suspender su servicio toda la mañana del jueves 5.

Yunes Linares reprochó que para el aumento en los combustibles, el presidente Enrique Peña Nieto no haya consultado a los gobernadores de las entidades, a sabiendas de que el malestar ciudadano se desataría.

Y, de hecho, el descontento y la violencia llegaron al homicidio: un joven murió en Agua Dulce al ser arrollado por vándalos que huían de la policía en una camioneta, tras hurtar electrónicos de un Coppel. Y en el puerto de Veracruz dos presuntos saqueadores fueron abatidos a tiros por hombres desconocidos en la unidad habitacional Palmas del Coyol.

En Veracruz-Boca del Río, la mayoría de comercios de ropa, zapatos, electrónicos, refacciones y otros insumos cerraron sus puertas durante los tres días de saqueo. La zona de los portales y el malecón de Veracruz, de tradición turística centenaria, se vieron vacíos.

En Coatzacoalcos, Xalapa y Boca del Río, las tiendas Liverpool y los negocios vecinos de éstas decidieron cerrar el jueves 5.

Este reportero solicitó de manera formal a la SSP y a la Fiscalía General datos concretos sobre el número total de denuncias penales interpuestas por empresarios, las averiguaciones previas comenzadas contra los líderes de los saqueos y el número de detenidos en flagrancia. Al cierre de esta edición el gobierno de Yunes Linares no había respondido.

Fuente: Proceso

Autor: Noé Zavaleta

http://www.proceso.com.mx/469269/los-saqueos-en-veracruz-orquestados-organizados-sospechosos

La historia de cómo inventaron un cuento para tirar un pueblo porque había cobre, oro y plata

Les dijeron que había una falla geológica en el pueblo y que se tenían que mudar. La realidad es que hay una mina en sus pies y Carlos Slim tiene planes de hacer un tajo a cielo abierto para extraer cobre, oro y plata. El 23 de diciembre se hizo su voluntad y la policía llegó con buldozers para destruir todo el pueblo, casas, escuela y derechos humanos. Aquí la historia…

Salaverna está ubicado en el municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas. Su extensión territorial es de 4 mil 650 hectáreas y es habitado por 20 familias–antes eran 40–, quienes desde diciembre pasado luchan para evitar la extinción del pueblo, luego de que el Gobierno de Alejandro Tello Cristerna concediera una concesión a la minera Frisco–Tayahua, propiedad de Carlos Slim Helú, uno de los hombres más ricos del

mundo.

Este es el cadáver de un pueblo en el que habitaban más de 40 familias. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Esto que ves aquí era la escuela.

Era.

Aquel era el molino.

Era.

Esto era la agencia municipal, con su juzgadito y todo.

Era.

Aquella la plaza principal y su fuentecita.

Eran.

Esa montaña de piedras era la iglesia.

Era.

Ya estaba agrietada la iglesia, pero no para eso todavía,

“Cuando el hundimiento, la iglesia se agrietó”, dice Roberto.

Aquellas ruinas que ves allá eran casas, las casas de los pobladores.

Eran.

Y ese de ahí era el salón sindical, que después fue sala de cine.

Era.

Mira ahí se ven las rodadas de la máquina.

Llegaron y tumbaron todo, dice Roberto.

Esto era una biblioteca donde sobresalen libros sobre paz, democracia y derechos humanos. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Roberto está parado sobre lo que hasta hace algunos días, la víspera de la Navidad, era Salaverna con su escuela, su molino, su agencia municipal, su plaza principal, su iglesia, sus

casas, su salón sindical. Y dice que no, que esta vez no fue la naturaleza.

Fueron la minera Frisco – Tayahua de Carlos Slim Helú, uno de los hombres más ricos del mundo, y el Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna.

“Ya es mucho que un Gobernador ordene que se haga esto. Ya no está actuando como administrador del pueblo, sino como administrador del capital. Es lo peor que le puede pasar a un país: tener gobernantes que estén dominados por los capitalistas“, dice Roberto.

Desde entonces Salaverna parece la foto de una zona de guerra, de un pueblo azotado por un terremoto poderoso.

Se me ocurre que Salaverna es como Afganistán, después de un bombardeo.

Salaverna es así:

Cuatro mil 650 hectáreas de barrancas parduzcas y montañas de pinos, con sus casas en ruinas y sus cerca de 20 familias que, a pesar de esta catástrofe provocada, dice Roberto, de estos atentados terroristas, más tarde sabré por qué, se resisten a salir de aquí.

A pesar de que ya, de Salaverna, no queden más que los puros derribos.

Es un mediodía tenue, las nubes cenicientas volando en el índigo, el viento crudo bramando entre las ruinas.

Fúrico.

Mientras camino dando trompicones entre los despojos de Salaverna, pienso que es como si sobre este pueblo, municipio de Mazapil, en el norte zacatecano, se hubiese cumplido aquella profecía dictada por Jesús de Nazaret hace 2017 años:

“De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada”. (Mateo 24:2).

Y Salaverna es eso, un montón de piedras.

De polvo.

Un pueblo enterrado bajo sus propios restos: sus entrañas, sus cartílagos, sus huesos, su piel.

Escombros, sobre los que aún se cierne otra profecía: la profecía mundana lanzada hace unos años por la minera Frisco – Tayahua de abrir, encima del cadáver de Salaverna, un tajo a cielo abierto para la extracción de cobre catódico de alta ley, me contarán sus pobladores.

Entonces sí que de Salaverna no quedará piedra sobre piedra.

Esto quedó del altar de la iglesia construida en 1940. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Aquí estaba el altar de la iglesia, -dice Roberto -, construida hacia 1940, era de mármol el altar.

Ahora está enterrado. No queda nada.

“Perros desgraciados”, estalla Miguel Sánchez, un lugareño que viene con nosotros.

Allá están, arrumbadas, las cruces de las cúpulas, son dos cruces de fierro que apenas y sobresalen entre la destrucción.

Acá era el cuarto donde se quedaba el sacerdote.

Y este parece un florero, sí mira es un florero, está enterrado.

Estaba bonita la iglesia, dice Roberto.

Aquí mismo fue donde Daniela Monserrat Sánchez Zamarripa, una vecina que se nos ha unido en la caminata, hizo su primera comunión, dice, también aquí la bautizaron.

“Es una profanación fea para nosotros los católicos, aunque el señor obispo de Zacatecas

haya dicho que está bien que la hayan tumbado”.

Y esta era la biblioteca de la escuela, donde Roberto terminó su primaria.

Se llama “Vicente Guerrero”.

Se llamaba.

“¿Crees que no nos va a doler?, Esto es lo que han hecho con nosotros”.

Aquí un Atlas del Mundo, un Enciclopédico Universal y libros, libro, libros de texto, y encima de los libros de texto Salavema.

Roberto está contando que cuando los exterminadores, unos 60 policías estatales y ministeriales, varios funcionarios de Protección Civil y dos bulldozer, tumbaron todo aquí, al amanecer del día 23 de diciembre del año pasado, llevaban arrastrando un busto de Miguel Hidalgo, “El Padre de la Patria”, que había en la escuela, “lo llevaban en rastra por ái, así, con una cadena, por ái lo dejaron”, dice Roberto.

Y pregunta si acaso no es esa una falta de respeto para los símbolos patrios.

Y yo pienso que sí.

Días después le llevaron a Roberto los hilachos de algo que parecía una bandera.

Era la bandera de la escuela que quedó desgarrada cuando la máquina le pasó por arriba, durante la demolición.

Roberto hurga entre los derribos de la biblioteca y encuentra tres como cuadernillos con tapas que dicen “Justicia”, “democracia”, “libertad”, las letras redondas, a colores.

“’Justicia’, ‘democracia’, ’libertad’”, – lee Roberto -, las cosas que a nosotros nos están quitando. No se aplica la justicia, no hay democracia y también nos están robando nuestra libertad de pensamiento y de acción”.

Esta era la iglesia, aquella la escuela, eso el salón sindical y allá la máquina.

“La que hizo el desmadre aquí”.

Dice Roberto y señala un bulldozer parado junto al tiro de la mina subterránea que, desde hace años, opera en Salaverna la compañía Frisco –Tayahua, del millonario Carlos Slim.

Roberto narra que ya fueron con la Procuraduría y con Derechos humanos pero no han tenido respuesta. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Le pregunto a un minero que recién salió del tiro y está a punto de irse en su viejo Nissan, que

qué piensa de lo que pasó aquí.

El minero me responde con otra pregunta: que cómo va darle patadas al pesebre si la empresa le está dando de comer, dice y se va.

Roberto de la Rosa Dávila, sesentaitantos, espigado, moreno, correoso, bigotes nevados, el delegado municipal de Salaverna, está sentado ahora sobre las piedras que, por casi ocho décadas, fueron la iglesia de este pueblo.

La iglesia de piedra que hombres tardaron en levantar y las máquinas de Slim arrasaron en nada.

Roberto sentado sobre los restos de Salaverna y a mí se me ocurre que si estas piedras hablaran tendrían historias para contar.

Todo vino tan rápido, tan de sorpresa, tan de sopetón, que la gente de Salaverna no pudo hacer nada, más que mirar cómo las máquinas tiraban sus casas, el pueblo, todo.

Lo primero que se ve al entrar en Salaverna son los escombros de la casa de Juan Hernández, “El Pequeño”, y a un lado Juan y María, su mujer, sentados en dos sillas a la intemperie, como dos desvalidos.

Juan y su esposa llegaron a Salaverna y encontraron puro escombro de su casa, ahora viven debajo de este toldo. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Ese día, el día de atentado, Juan, estaba en Mazapil, durmiendo, cuando los toquidos del miedo lo sacaron de sus sueños.

Era Leticia Mendoza, su vecina.

Le avisaba que unas máquinas andaban tumbando las casas allá arriba, en Salaverna.

De camino al pueblo Juan se topó con un piquete de unos 100 policías resguardado la carretera, traían escudos, miraban feo, no los dejaban pasar a nadie.

Lo primero que vio Juan cuando llegó a Salaverna fue su vivienda hecha añicos, polvo, piedras, como una tumba, y debajo, sepultados, enterrados, sus muebles.

Ma. de los ángeles narra que estaban dispuestos a tumbar su casa con su esposo adentro, pero ella logró evitarlo. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

“Nos dicen tercos, que esto era lo que queríamos que pasara”, dice Juan.

Y yo no creo que lo que Juan quería era vivir en un toldo, Juan vive en un toldo con catre y unos cartones que hacen de cama y dos sillas, esperando, esperando, esperando: no sabe qué, algo, lo que sea.

Ese día, el día del atentado, los policías llegaron golpeando y escupiendo amenazas sobre la gente de Salaverna.

Parecían endemoniados.

Patearon la puerta de la casa de doña Micaela Zamarripa Hernández y sacaron sus muebles a la calle.

Que se saliera, le ordenaron, porque iban a tumbar su casa.

También le pegaron a su hijo.

Y al hijo de doña María de los Ángeles Guevara.

60 policías con 2 buldozers llegaron el 23 de diciembre a derrumbar casas, esuela, oficina municipal y la iglesia, hasta convertir este pueblo en un cadáver. Foto: Luis Castrejón, Vanguardia.

Los agentes habían amagado con derribar su casa, con todo y su esposo de silla de ruedas en la puerta.

Hace cuatro meses que el esposo de María de los Ángeles perdió el brazo derecho y la pierna derecha en un accidente de mina.

Fue en la Frisco-Tayahua de Carlos Slim.

Ese día Ángeles y su marido se preparaban para salir a una cita médica a Saltillo.

“A mi muchacho lo cachetearon, rodearon mi casa los policías, la acordonaron, pusieron la bulldozer en frente, como haciendo señas de que la iban a tumbar, y mi esposo allá afuera en la silla de ruedas, ‘usté cree? Les dije ‘pos metan la máquina conmigo, a ver si me tumban’”.

Aunque Salaverna es un pueblo en ruinas, parece que el silencio no es su virtud.

De día y de noche, de noche y de día, se oye por todas partes el ruido, como de planta industrial, que hacen los pozos robbin.

En los días que estaré aquí no escucharé cantos de gallos, perros ladrando, balidos de cabras, burros rebuznando, sólo el bufido opaco, monótono, terco de los robbin, que, a simple vista parecen cubetas gigantescas de lámina sobre las montañas.

Robbin, así se llaman estos pozos, dice Roberto, porque son construidos con una máquina que se llama así, robbin.

Y los pozos robbin no son otra cosa que respiraderos que sirven para ventilar la mina de los gases tóxicos que expele en el fondo de la tierra.

Cuando se lo pregunto, Roberto, que no es ingeniero en minas, me lo explica así: los respiraderos jalan a la mina el aire límpido que sopla de las montañas, y sacan el aire viciado, contaminado, que exhala la garganta del subsuelo.

La gente de Salaverna no sabía que era un robbin, lo supo hasta hace ocho o nueve años que la minera construyó el primero y después otro y otro y otro y otro…

En total 14.

Entonces empezó para el pueblo de Salaverna la batalla en contra uno de los hombres más poderosos del mundo: Carlos Slim.

“Metimos denuncias, estábamos en contra de los robbin porque generan contaminación y aflojan el terreno. En ese tiempo el kínder estaba en frente de uno de los pozos y nosotros protestamos ante la Secretaría de Salud de Concha, (Concepción del Oro, Zacatecas), pero fue en vano nuestras protesta, nunca las autoridades nos hicieron caso”, dice Roberto.

Un día de 2010, los de la minera de Carlos Slim llegaron al pueblo enseñando un papel que advertía sobre una supuesta falla geológica y el riesgo de que a Salaverna se lo tragara la tierra de una tarascada junto con sus casas y sus más de 80 familias.

La gente de Salaverna tendría que cambiar de pueblo, dijeron los de la minera.

Para eso la minera, – me imagino a una hermanita de la caridad -, había dispuesto ya un terreno con casitas, saliendo de Concha del Oro rumbo a Saltillo, en un lugar llamado “El Arenal”.

Hacía tiempo que en el pueblo había caído la noticia de que la minera Frisco – Tayahua, – quien se ha proclamado dueña y señora de Salaverna, los campesinos dicen que no, que los dueños son ellos -, proyectaba construir aquí un tajo a cielo abierto para la explotación de cobre catódico de alta ley, además de oro, plata, plomo y zinc.

Y no era para menos.

Rosario Antonio Zamarripa Hernández, uno de esos viejos sabios de pueblo, dice que aquí, donde estamos parados, es mineral, “una veta muy rica, eh”, sobre una mancha que se extiende desde Salaverna y hasta Durango.

No por nada la minera se ha empecinado en desterrar con ahínco y decisión a la gente de Salaverna.

“Ellos dicen que tiene las escrituras, nosotros tenemos la posesión, el derecho de ser dueños del lugar donde hemos radicado por muchas generaciones”, dice Roberto.

Por eso cuando los de la minera llegaron queriendo correr a la gente con el cuento del apocalipsis en Salavena, y las casas de “El Arenal”, la tierra prometida, los de Salaverna no se fueron.

Sus sembradíos, sus animales, sus casas con solar, el buen clima de Salaverna, eran más fuertes que su miedo.

No por mucho tiempo.

El 4 de diciembre de 2010 sucedió en el pueblo un trueno tan fuerte, tan fuerte, dice Roberto, que se sintió hasta Melchor Ocampo, Zacatecas, municipio situado a unos 60 kilómetros de Salaverna.

Era mediodía.

El trueno aquel había brotado del inframundo, una explosión de dinamita en los entresijos de la mina, que cimbró todo Salaverna, hundió sus suelos, desgajó sus cerros, cuarteó sus casas.

“Ellos han seguido con eso de ir aflojando tierra, ir aflojando tierra. Empezaron a usar maquinaria muy sofisticada, de barrenación larga. Yo creo que los pozos son de cuatro pulgadas de diámetro y de hasta 15 metros de largo y tienen una capacidad hasta de 200 kilos de dinamita. Entonces con esa dinamita es con lo que están aflojando el terreno.

“Aquí no hay tal falla geológica, no hay fenómenos naturales, todo ha sido provocado y esa forma de dinamitar es lo que ha ocasionado los hundimientos”, dice Roberto.

Sus tierras, sus animales, sus casas, el clima.

La gente de Salaverna se quedó. Beto, no.

“Ninguna puta casa, ningún puto pleito, vale la vida mis hijos”.

Dice Beto una mañana, el sol ardiendo en el corral de la nueva casa que levantó con sus manos para su mujer y sus cuatro hijos, en el ejido Santa Olalla, a uno siete kilómetros de Salaverna.

“Me tuve que traer a mi familia porque mi casa ya se está cayendo. Estamos cansados de que cualquier cabrón venga a quitarnos de nuestras tierras, Carlos Slim puede tener todo el dinero del mundo, pero hay cosas que no se venden y es la dignidad”, dice Beto.

La mayoría la gente de Salaverna había migrado de pueblos del norte de Zacatecas, como Providencia, también arruinados, devastados, por las mineras.

Dos años después, en 2012, a Salaverna llegó la noticia de que la minera de Carlos Slim estaba construyendo unas casitas sobre un yermo despellejado cerca de Mazapil.

La nada.

En abril de ese mismo año la nada se transfiguró en una especie de villaprogreso con casas tipo Infonavit, calles asfaltadas, iglesia, escuelas y clínica del Seguro Social.

Entonces la nada se llamó Nuevo Salaverna.

Esta vez los de la minera no tuvieron que gastar mucha saliva para convencer a los pobladores de Salaverna de que se mudaran al complejo.

40 familias se mudaron.

Don Manuel Montoya Cárdenas está al timón de su pick up pasada de moda, afuera de su casa de interés social con puerta, ventanita y tejado, en Nuevo Salaverna.

“Pos bien fregaos. Nos vinimos pa acá y estamos bien fregaos, Yo enfermo y todo. En Salaverna viejo andaba con mis chivas en el monte, jalaba en la mina. Noooo aquí estamos de la fregada, ora todo chueco, ¿cómo ve? Nomás me vine pacá y a la fregada, ya no caminé”, dice.

Y dice que ya no le queda ni una cabra, porque todas las vendió, las yeguas se las robaron y la minera le echó mentiras.

“Nos prometieron que nos iban a dar sabe cuánto y ¿cuánto cree que nos dieron?, 15 mil pesos. Una baba ¿Qué no habrá gobierno pa castigarlos a ellos?”, pregunta.

Varias casas más allá Matilde Muñoz Tovar me contará que ella y su esposo fueron los primeros en salirse de Salaverna y en llegar a esta colonia con vista al desierto.

Dos años después la minera despidió a su marido y amenazó con echarlos de la vivienda que les había dado en el nuevo fraccionamiento.

“Y siempre vivemos así pues… pensado nos la van a quitar o algo y no tenemos a dónde meternos”, dice Matilde.

Después las cosas con la minera ya fueron por las malas.

Que o se iban al nuevo fraccionamiento o los corría del trabajo, les dijo a los que trabajaban para ella.

Muchos se fueron.

Beto no.

“Cuando nos rehusamos a irnos al Nuevo Salaverna ellos nos liquidaron, nos corrieron del trabajo. Duraron un mes para pagarnos nuestra liquidación, nuestra semana de trabajo”, dice

Beto.

Apenas dejaron el pueblo, la empresa, previendo a los arrepentidos, borró sus casas del mapa de Salaverna, las tiró, para que nadie pudiera regresar ya.

El resto, otras 40 familias, resistió, resisten.

Oscureciendo el 6 de diciembre de 2012, otra vez diciembre, en Salaverna se escuchó un trueno, surgido del averno, que estremeció al pueblo.

Roberto dice que fue un trueno, sus vecinos que tres.

“Yo tuve que salir a Concha del Oro antes de que amaneciera. De rato me hablaron que había habido un hundimiento”.

Unas casas que estaban cerca del derrumbe se partieron.

La gente andaba asustada.

“Nosotros lo tomamos como un atentado terrorista en contra de la comunidad. La misma frustración que sentían porque no queríamos irnos los llevó a cometer esos actos el 4 de diciembre de 2010, el 6 de diciembre de 2012 y ahora en diciembre pasado. Dicen que no, pero sí, eso fue provocado”, dice Roberto.

El terrorismo desplazó a otras 20 familias de Salaverna al Salaverna nuevo.

“Quedamos 20. De esas 20 pos sí han sacado dos, tres y se las han llevado“.

Roberto dice que ya se aburrió de esperar la respuesta a las denuncias hechas ante la PGR y Derechos Humanos en contra de la minera Frisco – Tayahua de Carlos Slim, por la construcción de los pozos robbin y el uso de explosivos.

“No hay respuesta porque todos están comprados”, dice.

En cambio la minera no se aburre de hostigarlos para que se vayan.

Ya les corta el agua.

Ya les corta la luz.

Ya les tumba sus huertas para construir sus robbin.

“Nos ha hecho, señor, tantas cosas y es el coraje que tiene de que nos hemos aguantado y que hemos estado al pie de la lucha. No nos van sacar así nomás como así”, dice Micaela Zamarripa Hernández.

Pero esto no es lo peor, no, dice Roberto y lanza una profecía feroz:

Lo peor vendrá el día en que la minera consiga hacerse con las tierras de Salaverna y las convierta en un tajo a cielo abierto.

Entonces se acabará el agua y desaparecerán pueblos enteros, desde Mazapil hasta Saltillo y Monterrey.

“Aquí es un centro de recarga para los mantos acuíferos que proveen al este de Coahuila, parte de Nuevo León y el norte de Zacatecas. Si devastan aquí van a afectar la recarga”, dice Roberto con la seguridad de un geólogo.

Roberto, sentado sobre las piedras que un día fueron iglesia.

Al fondo Salaverna, como una llaga abierta, punzante, sangrante.

Fuente: Sin Embargo/Vanguardia

Autor: Jesús Peña

http://www.sinembargo.mx/08-01-2017/3134023