Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Nacional

Estados

Politica

Violencia

Gobierno de la CDMX niega que existan saqueos en la ciudad

Sin embargo, el jueves se registraron dos robos a tiendas departamentales, en las delegaciones Gustavo Madero e Iztapalapa. 

El procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, negó que existan saqueos en la capital. Sin embargo, el jueves se registraron dos robos a tiendas departamentales, en las delegaciones Gustavo Madero e Iztapalapa.

Inseguridad, violencia, homicidios y saqueos recrudecen en Baborigame, alertan ONG

Estigmatizado por ser “el corazón” del Triángulo Dorado del narcotráfico y parte del municipio de Guadalupe y Calvo, el pueblo de Baborigame ha sido víctima de violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero en los últimos tiempos éstas “han recrudecido de manera muy alarmante”, advierte una veintena de organizaciones civiles.

“Los habitantes viven momentos muy difíciles de inseguridad, violencia, homicidios, enfrentamientos, incendios provocados, saqueos de tiendas y casas, acciones que los han hecho temer que esta situación se siga incrementando”, alertaron las ONG a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Ventas de Walmart, afectadas por saqueos durante protestas por ‘gasolinazo’

Ciudad de México. El crecimiento de las ventas de la empresa Walmart durante enero se vio afectado por los saqueos que sufrieron algunas de sus sucursales en medio de las protestas por el gasolinazo, además de que a la fecha todavía mantiene 27 unidades cerradas.

“Derivado de tales disturbios, estimamos que nuestro crecimiento en ventas en México se vio afectado entre aproximadamente 150 y 200 puntos base (pbs), tomando en cuenta la tendencia mensual de aquellas tiendas que fueron afectadas por los saqueos y de las que cerraron de forma temporal”, informó la transnacional a sus inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La empresa precisó que sus ventas crecieron 6.2 por ciento a tasa anual durante el primer mes de 2017, pero el incremento podría haber sido de entre 7.7 y 8.2 por ciento de no haber perdido los 150 o 200 puntos base que mencionó y que se traducen en 1.5 o 2 puntos porcentuales.

El resultado de enero contrasta además con los crecimientos de 7.7 y 10.9 por ciento que Walmart obtuvo en enero de 2015 y 2016, respectivamente. También representa el crecimiento mensual más bajo desde hace 5 meses, ya que en agosto del año pasado se ubicó en 4.8 por ciento.

En total, la transnacional obtuvo 37 mil 571 millones de pesos por las ventas y precisó que el monto promedio de compra por cliente subió 6.8 por ciento, aunque el número de transacciones bajó 1.5 por ciento.

Las 27 sucursales dañadas en los disturbios que Walmart mantiene cerradas y en las cuales trabaja “para reanudar operaciones lo antes posible” representan apenas 1.17 por ciento respecto a las 2 mil 291 tiendas que la transnacional tiene en todo México y de las cuales 77 por ciento son Bodegas Aurrerá, la última inaugurada en este mes de febrero en Monterrey.

En su reporte de enero, Walmart indicó que las tiendas afectadas se ubican en el Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, además de que las protestas también afectaron a sus proveedores y centros de distribución.


“Gracias a las medidas preventivas que tomamos, logramos salvaguardar la integridad de nuestros asociados, clientes y socios durante estos acontecimientos”, indicó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/07/ventas-de-walmart-afectadas-por-saqueos-durante-protestas-por-2018gasolinazo2019

En Guerrero, la fuerza estatal protege a los saqueadores y se colude con los civiles armados

La población  vive presa del terror, porque la autoridad no sólo está ausente sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone a las comunidades el sobrevivir y andar a salto de mata, porque la legalidad que impera protege a los victimarios

Actualmente la política  ya no está operando  dentro de los mismos límites  en que normalmente funciona. Se ha difuminado la acción política debido a intereses propios de los grupos de poder. Lo más  grave es que estos intereses están conectados  con los de las organizaciones de la delincuencia organizada.  A los políticos,  la población ya no los vincula únicamente  con las instituciones estatales,  ni son  meros actores dentro del ámbito gubernamental, más bien,  los nuevos personajes de la política responden a intereses macroeconómicos, al grado que se supeditan  a los corporativos trasnacionales  para fortalecer un modelo de desarrollo fincado  en el despojo  y la privatización  de los recursos estratégicos.  Su ímpetu por la ganancia crasa  y su falta  de compromiso con la sociedad  los ha llevado  a enrolarse con actores no estatales  que han hecho del crimen organizado el negocio más próspero  en una sociedad  sometida  por el terror delincuencial.

Esta descomposición de nuestro sistema político ha engendrado nuevos actores con gran poder  que desempeñan nuevos roles e imponen normas ajenas al sistema  jurídico que nos rige. Se ha creado un ambiente de miedo que  coloca  a las personas  en un estado de suma vulnerabilidad. Con muchas restricciones  legales  y políticas, con nulo acceso a la justicia, desconectados  de las redes de apoyo  gubernamental  y sometidos  por actores  gubernamentales que usan la violencia para amedrentar  y someter  a la población. Se  trata  ahora de un mundo feroz donde se han roto los pactos sociales  y se ha profundizado  gravemente la desigualdad. La gente  tiene un sentimiento de orfandad, siente que camina a la deriva, en medio del caos, sometida  a los dictados   de  la  macroeconomía  que  se rige  por la acumulación del capital.

Vivimos en una sociedad en riesgo permanente con actores que han surgido a nivel internacional  y local.  El poder de las trasnacionales es  tan grande que  sus directrices económicas van normando los nuevos marcos jurídicos de los países periféricos. Puede más el poder económico de un corporativo minero que maneja miles de millones de dólares que un gobernante que no cuenta con el respaldo del Estado y de toda la clase política, a veces ni de la misma población. Este poder  macroeconómico  avasalla  a la política y a los políticos, somete a su lógica  capitalista  todo intento  de  construir una sociedad menos desigual  y más incluyente.  Es un poder ciego,  sin corazón. Deseoso  de extraer la vida de la clase trabajadora. Se vuelve violento  porque necesita explotar al mayor número de trabajadores con jornadas extenuantes para tener cuentas alegres en la bolsa de valores. Estos actores no estatales  tienen a su servicio a las corporaciones, a la policía, al  ejército y la marina  para proteger los intereses supremos del capital. Toda la  fuerza del Estado está focalizada en salvaguardar la riqueza de los saqueadores.

La represión  contra la población que se rebela y protesta,  tiene rango jurídico que justifica y legitima la fuerza,  con el argumento de que se atenta  contra las instituciones  y se pone en riesgo la convivencia pacífica. Se genera una opinión  en los medios de comunicación afines a los grupos de poder de que la violencia directa es legítima porque se pone a salvo el orden constitucional  y el régimen dominante  cuando los sectores sociales excluidos ejercen su derecho a protestar.

Existen también actores no estatales que pululan en el ámbito local y que forman parte de las redes del crimen organizado. Son organizaciones que tienen como caldo de cultivo la misma estructura de poder  que fomenta la corrupción  y que permite que los interese privados se mezclen con los proyectos  de justicia  a los que aspira la sociedad. La  fragilidad institucional  y la crisis misma de representación política  han desdibujado los límites que existían entre el campo legal  y el terreno abrupto de la ilegalidad. Se ha socavado el muro de la legalidad que protegía a  los ciudadanos y ciudadanas por parte del crimen organizado que se ha infiltrado en los sótanos del poder.

Actualmente  el poder público opera con intersecciones sumamente perversas,  donde el Estado aparece como  el gran aparato que protege  y brinda todas las facilidades a las grandes corporaciones trasnacionales. En estas  circunstancias las leyes, las instituciones y las  mismas autoridades  están al servicio de los interese macroeconómicos. Este poder visible  protege y encubre  al poder oculto, es decir  a los actores no estatales que tienen gran influencia en la toma de decisiones políticas, al grado que también controlan el poder del Estado y las mismas agendas políticas  en varias regiones del país.

En Guerrero están  los poderes ocultos  vinculados con el crimen organizado, que han tomado el control de varias instituciones  y dominan vastos territorios. Son los que ponen las reglas  y construyen  las nuevas narrativas que justifican la violencia  y la hacen aparecer  como parte de la normalidad. Lo más grave  es que  el poder formal, el que  usa la fuerza de las instituciones para gobernar, es el que se ha confabulado con el poder oculto, con los actores no estatales, cuyo modo de vivir es delinquir. Es atentar contra la vida  y la seguridad de los demás. Es desaparecer y arremeter violentamente contra  quienes se oponen  a sus negocios  truculentos. En  este escenario caótico el poder formal y el oculto se utilizan uno al otro, se retroalimentan  y usan  los poderes  mediáticos,  normativos, culturales, ideológicos y religiosos  para reforzar  su propio poder destructor.

Estamos lejos de contar  con un Estado regido por las normas constitucionales, de un estado que lucha contra la desigualdad social, que focaliza su acción pública en la redistribución de la riqueza  y genera redes de protección de los derechos fundamentales de las personas. Experimentamos más bien  una  práctica sistemática para criminalizar la movilización social y hacer un uso indebido del sistema de justicia.  En Guerrero se criminaliza a los líderes sociales fincándoles delitos graves y haciendo imposible su defensa legal. Se trata de una medida  que tiene afectaciones en los recursos financieros, en la capacidad para mantener la organización y  alterar la sostenibilidad del movimiento. La criminalización impacta en la persona, en la familia, en la organización y en la misma comunidad.  Se trata de socavar  el tejido comunitario, de destruir  los esfuerzos  ciudadanos que aspiran a construir una sociedad más justa y menos violenta.  De extirpar  el cáncer de la corrupción  y de contener al crimen organizado  que hunde sus raíces en un sistema  que utiliza la fuerza y la violencia  para mantener el viejo orden dominante.

En Guerrero han incubado en diferentes regiones del estado actores no estatales vinculados al crimen organizado que la misma sociedad  los cataloga como grupos civiles armados. Son  hombres armados, “paramilitares” que irrumpen en los poblados para arremeter contra familias y comunidades enteras. Atacan a balazos. Buscan hacer el mayor daño posible y no importa privar de la vida a los ancianos o ancianas; a mujeres, jóvenes, niñas, niños y hasta  bebés. Su armamento es de un alto poder destructor. Dejan una estela de dolor y de  muerte  con el uso letal de sus armas que es la marca más funesta que  dejan  al tomarla comunidad por asalto.

La población  vive presa del terror, porque la autoridad no solo está ausente sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone el que sobrevivir y andar a salto de mata,  porque la legalidad imperante  protege a los victimarios. Los cuerpos de seguridad y el mismo ejército  han sido incapaces de contener  este desorden institucional porque están llamados a proteger los intereses macroeconómicos y los diferentes giros de la economía criminal que se lavan con los negocios de las trasnacionales. Nunca están en el lugar ni en el momento en que la población requiere protección. En contraste, los civiles armados se desplazan con total libertad a sabiendas de que el camino está bajo su control. Lo más duro y cruento es que se ha normalizado la violencia en Guerrero. Las mismas autoridades han encontrado argumentos triviales para explicar las atrocidades  que padecemos. Justifican  su ineptitud y construyen sus discursos  para legitimar el caos y la falta de garantías  a una  población  que vive en el acecho permanente.

Los civiles armados, como actores  no estatales vinculados al crimen organizado  cabalgan  por toda la geografía guerrerense. Son la amenaza latente para un gran número de comunidades que ante el destino funesto de vivir en la precariedad  y en la lejanía de las instituciones  gubernamentales tienen que resignarse a la fatalidad.

Ante esta escalada de la violencia irrefrenable, donde el poder visible está ausente y más bien se hace cómplice de la criminalidad expresada en los civiles armados, los mismos pueblos y comunidades luchan desde sus propios espacios  para recuperar  sus territorios. Resisten  para enfrentar al poder ominoso y a los criminales a los que el Estado protege, tanto de las empresas  mineras  que se coluden o contratan a estos grupos civiles, como a las mismas organizaciones delincuenciales.

El caso de la minera Media Luna es un ejemplo atroz  de cómo una empresa se niega a reparar los daños ocasionados a un grupo de pescadores del Nuevo Balsas y se vale de civiles armados  para impedir  que prospere la protesta y  llegue la solidaridad  de organizaciones hermanas. Esta alianza criminal  entre  una multinacional que, a cualquier costo social  y ambiental,  quiere extraer el oro apoyados por grupos civiles armados que tienen el control del territorio, nos muestra  cómo en esta región los actores no estatales unen  sus intereses para destruir  un movimiento legítimo que lucha por sus derechos como colectividad y se asume como protector del medio ambiente.

Las autoridades estatales en lugar de proteger a los pescadores hacen alianza con la empresa minera y los grupos civiles armados, justificando sí sus acciones delincuenciales.





Fuente: Desinformémonos
Autor: CDH De La Montaña Tlachinollan
https://desinformemonos.org/guerrero-la-fuerza-estatal-protege-los-saqueadores-se-colude-los-civiles-armados/

Aseguradoras no cubrirán pérdidas y daños por saqueos en Edomex

La Unión Industrial del Estado de México (Unidem) consideró que los saqueos de las tiendas comerciales que se han registrado en los últimos días tendrán consecuencias millonarias, pues al ser actos vandálicos, las pérdidas en inventarios así como los daños en los inmuebles, no serán cubiertos por los seguros.

Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la Unidem sostuvo que las empresas afectadas tendrán que hacer provisiones contables para hacer frente a ese tipo de delitos, ello tendrá un efecto inflacionario ya que se podrían incrementar los precios.

Agregó que tras estos incidentes se corre el riesgo de que algunas empresas decidan ya no abrir algunas sucursales, tal como ocurrió en Acapulco con la empresa Costco en el 2013, que después de los efectos de una tormenta, se dieron actos de rapiña en contra de una de sus sucursales sin que las autoridades lo evitaran.

Hizo un llamado al gobierno federal, a los estatales y municipales a implementar protocolos de seguridad para evitar que se repitan saqueos y actos vandálicos en centros comerciales y tiendas, y garantizar actuación oportuna de la policía, pues podría desatarse un conflicto social que acabe con la gobernabilidad y el Estado de Derecho.

“Consideramos que el gobierno tuvo una respuesta tardía y en algunos casos hasta pasiva. Comprendemos que por un lado, las afectaciones más importantes fueron contra las grandes cadenas de almacenes de autoservicio y departamentales y por el otro, quisieron evitar los costos políticos al no reprimir con mayor dureza ese tipo de acciones”, señaló.

Destacó que fue evidente que las corporaciones policiacas tanto municipales, estatales y federales, se vieron rebasadas por lo ocurrido, y se carecía de un protocolo de actuación ante los saqueos, pues los policías solo corrían de un lado a otro hacia las tiendas que ya habían sido vandalizadas.

“Consideramos que estamos a muy buen tiempo de contener este tipo de actos y evitar que se dé una revuelta social que acabe con la gobernabilidad y el Estado de Derecho, ya que ésta no tendría un líder que pudiera moderarla o detenerla o al menos darle sentido”, manifestó.





Fuente: La Jornada
Autor: Javier Salinas Cesáreo
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/09/aseguradoras-no-cubriran-perdidas-y-danos-por-saqueos-en-edomex

Estado de México: una “marea roja” lideró los atracos

Los videos de los saqueos ocurridos en el Estado de México muestran que gente vestida de rojo organizó y encabezó los atracos. Esas personas daban instrucciones, difundían el miedo, invitaban a sumarse al robo… Osmar León, director de una organización que monitorea la violencia en dicha entidad, asegura que ese modus operandi recuerda el de la “Marea Roja”, que surgió en 2000 para movilizar el voto a favor del PRI justo en el Estado de México. “Lo que el gobierno busca es que se prefiera el caos antes que el gasolinazo, que haya pretexto para la represión”, afirma el investigador.

El miércoles 4, un grito cundió desde Ecatepec, en el Estado de México, hasta los límites con la Ciudad de México: hombres con megáfonos fueron por las calles vociferando: “¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen!”, mientras grupos organizados y dirigidos por gente con camisa roja azuzaban a los habitantes para que saquearan tiendas de autoservicio y de electrodomésticos.

Aunque los primeros saqueos ocurrieron desde el domingo 1, el caos se multiplicó el miércoles 4 en diversos municipios mexiquenses. Cundió el pánico. Las marchantas se encerraron en sus casas, los comerciantes cerraron sus locales. En las calles se esparcía el rumor de que los manifestantes contra el gasolinazo saqueaban las tiendas, robaban a la gente, quemaban sucursales y provocaban el caos.

En un recorrido por algunas colonias ecatepequenses, la reportera recabó testimonios de vecinos –quienes prefirieron omitir su nombre por temor a represalias– que tienen algo en común: los actos vandálicos se realizaron, al mismo tiempo, desde Ecatepec hasta las delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, y desde Naucalpan de Juárez hasta los límites de la delegación Azcapotzalco.

En Ecatepec hubo saqueos en zonas como Guadalupe Victoria, Ciudad Cuauh­témoc, San Andrés de la Cañada, Jardines de Morelos, Valle de Aragón, Granjas Valle y Hank González (Plaza de las Américas).

Según la alcaldía, ese día fueron detenidas 53 personas por su presunta participación en saqueos en la avenida Recursos Hidráulicos, de la colonia Luis Donaldo Colosio; en la vía José López Portillo a la altura de Guadalupe Victoria; la vía Morelos, por Santa María Tulpetlac; la Avenida Nacional, en torno a Chiconautla, en la colonia Ciudad Azteca, y Jardines de Morelos, donde tres policías resultaron heridos.

En Naucalpan de Juárez se reportaron desvalijamientos, en particular en San Mateo y en El Molinito, así como en los municipios de Villa Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza, inclusive en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Algunos vecinos afectados por el vandalismo dicen a Proceso que sospechan que se trató de “una acción orquestada por el gobierno”.

Un vendedor de una pequeña tienda de abarrotes relata: “Alrededor de las tres de la tarde empezaron a correr los rumores de que venían saqueando los comercios. La gente empezó a entrar en pánico y pues por obvias razones todo mundo empezó a cerrar, incluso el Soriana. Se cerró alrededor de una hora, hora y media, y fue cuando vimos que aquí enfrente se estaban organizando los socios del mercado para defenderse si era necesario, porque decían que (los ladrones) estaban viniendo.

“Todo el tiempo se estuvo viviendo pánico, si iba a suceder algo y toda la cosa, y sí se veía gente muy sospechosa. Sospechosa porque venían en carros compactos alrededor de 15 o 16 personas y la apariencia de los jóvenes… se veía que andaban buscando nada más saquear establecimientos.

“Después, como seis o seis y media, empezaron a escucharse gritos que provenían de una Bodega Alianza aquí adelante, y ya estaban ahí saqueando. Los comerciantes del mercado navideño, que ya estaban planeando defenderse, se quedaron sobre la avenida. Traían palos y cosas, porque al final ellos requerían trabajar.

“Después de eso la calle se quedó completamente vacía. Al final se veía el temor, se escuchaban muchas cosas, había muchas patrullas y la gente ya no quiso salir.”

Las cifras oficiales

El jueves 5, un día después de los hechos más violentos en Ecatepec, el gobierno del Estado de México emitió comunicados para difundir su versión.

En una nota publicada en la página oficial del gobierno del estado el viernes 6, se asienta que la noche del jueves y la mañana del viernes el gobernador Eruviel Ávila “supervisó los operativos de seguridad que se desplegaron para evitar actos vandálicos”, ante los rumores de que seguirían las rapiñas. Como sea, su actuación no detuvo los ataques, que seguían hasta el cierre de esta edición.

Los reportes del gobernador Ávila (“al último corte”, del jueves 5) consignaron que su gobierno, en todo el estado, había detenido a 537 personas por “saqueo en flagrancia”.

En el boletín BOL-DCSECA/005/2017, emitido por el ayuntamiento ecatepequense, se indica que hasta el jueves 5 se habían reportado 116 detenidos en flagrancia.

El alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos Velázquez, informó que mil 500 elementos fijos fueron habilitados “para contener los hechos que se iniciaron el lunes 1 por la noche, lo que ha permitido continuar con las actividades normales en la mayor parte del territorio municipal”.

Pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por mensajes en redes sociales que incitan a realizar “actos ajenos a la paz social”.

El gobierno del estado informó en otro comunicado (7232/2017) “que son falsos los mensajes, publicaciones y audios que circulan en redes sociales sobre un supuesto toque de queda o presencia de grupos armados en algunos municipios mexiquenses, “los cuales han sido difundidos irresponsablemente con el único propósito de generar psicosis y temor ante la gente”.

Tiroteo de acusaciones

Un ecatepequense de alrededor de 50 años relata: “Vinieron varias personas a robar. Yo regresaba de traer comida y todos los negocios ya estaban cerrados. Donde sí nos tocó –bueno, escuchamos– es que habían llegado a las seis de la tarde ahí a la tienda Alianza, estaban robando. Hay un vecino que los grabó.

“A nosotros nos tocó ver, en la noche que salimos de aquí, ahí en la avenida Gobernadora, donde hay un Aurrerá, que había muchísima gente y estaban unos muchachos en unas motocicletas. Venía mucha gente que traía aparatos y se estaba robando las cosas. Yo no vi policías, dice mi hijo que sí había uno, pero que se fue la policía, no hizo nada. Y así, varias personas han comentado que había policías pero no hacían nada.”

El jueves 4, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó al “régimen fascista” que gobierna al país de articular una estrategia para generar caos y miedo entre la gente mediante los actos vandálicos.

“Hay ciudadanos que de manera espontánea están participando en estos actos, lo hacen por rabia, para desquitarse o porque piensan que así van a resolver el problema. Pero hay también otros que están siendo manipulados por la misma derecha, por los conservadores, por la mafia en el poder, porque quieren que nos distraigamos, que la nota (en los diarios) sea el caos. Y luego viene el repudio. Y al mismo tiempo infunden miedo. Son estrategias fascistas para dominar mediante el terror”, indicó en un video difundido en internet.

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, acusó al PRI de ser el orquestador de los saqueos, con la finalidad de que la ciudadanía se atemorice, “no se organice y no continúe con las legítimas manifestaciones en contra del incremento a los precios de la gasolina”.

Por la noche, el PRI, en un comunicado de prensa, exigió a Barrales “que sea responsable por sus declaraciones. Que no haga señalamientos infundados contra el gobierno federal o el partido. Debe retractarse”. La jornada siguiente Barrales siguió con la misma línea.

En su boletín, el PRI, además de acusar a López Obrador y a Morena de ser violentos e intentar “capitalizar a su favor esta coyuntura”, se curó en salud ante las acusaciones:­

“Rechazamos tajantemente cualquier señalamiento de las redes sociales que trate de vincular al PRI con el origen de diversos actos vandálicos. Afirmaciones de esa naturaleza, que pretenden confundir a la ciudadanía, no tendrán éxito.”

Camisetas rojas

Para el director de México Suma, Osmar León Aquino, la estructura electoral del PRI conocida como “Marea Roja” fue usada para desatar el caos en la entidad, con una estrategia similar a la que usó el actual gobernador mexiquense contra Antorcha Campesina entre 2012 y 2013. Aquella vez también se caracterizó por el grito de “¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen!”.

México Suma se dedica a dar seguimiento a la seguridad en el Estado de México.

Lo primero que le llama la atención a Osmar León es que los saqueos se iniciaron en el Estado de México. Ahí, este año se renueva la gubernatura y está pendiente el debate de la llamada Ley Atenco, cuyo objetivo es legitimar el uso de la fuerza pública sin distinguir a las manifestaciones sociales de la delincuencia.

En segundo lugar, dice, “en la mayoría de los videos que se han analizado de los saqueos que hubo el día 2 y el día 3 de enero participa gente vestida de rojo.

“Viendo el modus operandi, el desarrollo de los videos que se han mostrado, recuerdo la ‘Marea Roja’ que fue inventada por el priismo mexiquense en los tiempos en que Isidro Pastor era presidente del Comité Estatal del PRI”. Pastor es hoy en día secretario de Transporte del gobierno de Eruviel Ávila.

A León le queda claro que la estructura priista está operando este “desencuentro social”: “La masa por sí misma no se conduce de manera caótica”. Y en los videos, abunda, se puede ver a la gente con camisetas rojas dando instrucciones.

“Estamos en un escenario en el que lo que el gobierno busca es infundir miedo, que la gente se atemorice, que deje de participar, que se prefiera el gasolinazo antes que el caos, que haya pretexto para la represión.”

Los saqueos, reconstruye, duraron entre 10 y 15 minutos; en cada uno operan entre 50 y 150 personas por grupo, y todos los ataques ocurrieron en zonas controladas básicamente por agrupaciones priistas: “Son partes de amplia participación priista, donde el PRI tiene controles en sitios aledaños a los centros comerciales donde se registraron los saqueos”.

Recuerda que la “Marea Roja” –o los “camisas rojas”– es una estructura electoral priista surgida entre 2000 y 2003 para movilizar el voto en favor de dicho partido. Fue orquestado por los comités seccionales de ese partido. Fue efectivo y ese modelo se extrapoló a escala nacional.

“Cuando uno ve cómo están operando, uno no puede evitar remitirse a aquellos años en que la ‘Marea Roja’ operaba electoralmente. Pero ahora se dejan ver en el conflicto social, el caos, el saqueo, la violencia a centros comerciales."





Fuente: Proceso
Autores: Rosalía Vergara y José Gil Olmos
http://www.proceso.com.mx/469267/mexico-una-marea-roja-lidero-los-atracos