Avala Peña como mando de la SSPDF a inexperto en seguridad y cuerpos policiacos

MÉXICO, D.F: Hiram Almeida será el nuevo secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), luego de que el presidente Enrique Peña Nieto lo avaló a propuesta del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

Hasta antes del nombramiento, Almeida Estrada se desempeñaba como contralor general del GDF, cargo que asumió al inicio de la administración mancerista.

La experiencia de este abogado de 48 años de edad en asuntos de seguridad y de cuerpos policiacos es casi nula, ya que sólo se ha desempeñado como subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF y fiscal en las delegaciones Miguel Hidalgo, Tlalpan y Coyoacán, así como docente en diversas universidades.

La Presidencia de la República informó que, con base en los términos del artículo 34 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el jefe de Gobierno sometió a la consideración del presidente el nombramiento de Almeida Estrada.

“En atención a que la persona propuesta cumple con los requisitos legales, y toda vez que al titular del Ejecutivo federal le corresponde el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal, ha firmado el nombramiento respectivo”, se informó esta noche en un comunicado emitido en la residencia oficial de Los Pinos.

Hiram Almeida es licenciado en Derecho por la UNAM. Fue director titular jurídico del ISSSTE en Morelos, subdirector técnico normativo y administrativo de los Servicios de Salud Pública del DF, asesor de la Secretaría de Salud local en materia de regulación sanitaria, abogado en la Contraloría Interna de la PGR, secretario técnico en la SCT y asesor técnico de la Dirección de Política Económica de la SRE.

Según su semblanza curricular, se ha desempeñado como investigador analista en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Legislativas de la Cámara de Diputados; ha realizado cursos y estudios profesionales en Filosofía en Derecho, Derecho Parlamentario Iberoamericano, Derecho de Familia, Criminalística en Derecho Penal, Ciencias Penales y Ciencia Política, entre otros.

Al frente de la Contraloría General del DF, Hiram Almeida fue el encargado de encabezar la investigación sobre los responsables de las fallas de la Línea 12 del Metro y de ordenar la inhabilitación de Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, entre otros 33 funcionarios sancionados.

Almeida Estrada sustituirá a Jesús Rodríguez Almeida, quien el viernes 5 presentó su renuncia a la SSPDF luego de las severas críticas que recibió sobre la actuación violenta y violatoria de derechos humanos de la policía capitalina –en particular el cuerpo de granaderos–, en las recientes manifestaciones realizadas en la Ciudad de México en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

El jefe de la policía del DF tiene a 10 familiares contratados en puestos directivos

Con la contratación de un hermano, primos, yerno y sobrinos, el llamado "Jefe Apolo" incurre en un conflicto de interés y sería objeto de una sanción que podría ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo.

Diez familiares del actual encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Luis Rosales Gamboa, están contratados en distintos puestos de dirección en la dependencia, con lo cual, incurre en un conflicto de interés y sería objeto de una sanción que podría ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo, según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Federales –que rige a los funcionarios capitalinos–.

Rosales Gamboa, conocido como “Jefe Apolo”, es titular de la Subsecretaría de Operación Policial, la más importante en la Secretaría, encargada prácticamente de todos los agrupamientos policiales y operativos realizados en la Ciudad de México.

En conjunto, los familiares del subsecretario (hermano, yerno, cuatro primos y cuatro sobrinos) reciben un sueldo mensual de 463 mil 812 pesos; los salarios por laborar en el área que Rosales dirige desde 2012, van de 23 mil pesos y hasta 94 mil pesos .

La legislación Federal, establece que los servidores públicos deben “abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción (…) de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar (…) o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refieren”.


Pero el “Jefe Apolo” sí interviene en el nombramiento de los cargos, pues entre las facultades como subsecretario está “proponer al Secretario la permanencia, adscripción o remoción de los mandos de las unidades que se encuentren bajo su adscripción”, según se explica en el reglamento interior de la dependencia.

En el directorio de personal de estructura de la SSP DF aparecen 10 de sus familiares, nueve de ellos en la subdirección de operación y, por tanto, son sus subordinado, pues el artículo 17 del ordenamiento interno establece que “las Coordinaciones Generales, Direcciones Generales y Direcciones Ejecutivas policiales se adscribirán a la Subsecretaría que determine el reglamento interior”.

Entre los más cercanos está su hermano, Felipe Rosales Gamboa, director Ejecutivo Regional de Policía de Proximidad en la delegación Venustiano Carranza, perteneciente a la Subsecretaría de Operación Policial, con un salario mensual de 76 mil 743 pesos.

Además, una de las cinco Direcciones Generales de Policía de Proximidad es ocupada por el yerno de Rosales, Edgar Bautista Ángeles, quien percibe 94 mil 610 pesos mensuales por hacerse cargo de la zona Centro.

En su currículum se informa que tiene estudios de bachillerato, aunque la descripción del puesto advierte que la escolaridad solicitada es de “licenciatura, maestría o equivalente en experiencia laboral” y el área del conocimiento requerida es “Administración pública, Economía, Derecho o Ciencias Políticas”.

En el portal de transparencia se asienta que para obtener dicho puesto, se requieren cinco años de experiencia, pero de acuerdo con su currículum, Bautista Ángeles ha tenido cargos dentro de la SSP DF a partir de 2010, como director de área de la 35 Unidad de Protección Ciudadana Narvarte-Álamos; en 2012 dirigió la misma unidad correspondiente a “Nápoles”; en 2013 pasó a la “Cuauhtémoc” y desde abril de 2013 a la fecha ocupa una dirección general.

Solo el primo de Rosales, Francisco Javier Alcocer Rosales, trabaja en una unidad distinta, pues es subdirector de Operación vial Zona 2, dependiente de la Subsecretaría de Control de Tránsito, área que fue encabezada por “El Jefe Apolo” en 2011.

Animal Político solicitó al área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal un posicionamiento respecto a la relación familiar del “Jefe Apolo” y sus subordinados. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que prefiere omitir su nombre por miedo a represalias, asegura a Animal Político que el “nepotismo” ha sido una práctica constante por parte del subsecretario.

Algunos de los puestos de dirección están reservados para familiares y amigos y sus nombramientos son por “dedazo”, mientras que el resto de los aspirantes que “no tienen amigos poderosos”, no consiguen ascender, advierten las fuentes.

Los subalternos tienen miedo de denunciar este tipo de anomalías pues afirman que Rosales Gamboa tiene poder e influencia dentro de la SSP DF, toda vez que como subsecretario es responsable de prácticamente todos los agrupamientos de la policía y su permanencia en la dependencia por 42 años le ha dejado buenas relaciones con otros funcionarios.

Además, nada ni nadie ha podido restarle injerencia en la Secretaría, ni siquiera los señalamientos de organismos de Derechos Humanos que lo ubicaron como responsable de los fallidos operativos del News Divine, por el cual murieron 12 personas, y del 1 de diciembre de 2012, en el que hubo 102 detenidos de manera arbitraria.

¿Qué dice la ley?

En el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Federales , en la fracción XI, se advierte que los funcionarios deberán “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios”.

Esto también incluye los casos donde “pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios”.

De no cumplir con la ley, los servidores públicos incurrirán en una falta administrativa que, como lo indica el artículo 13, podría derivar en sanciones como: “amonestación privada o pública; suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año; destitución del puesto; sanción económica; inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sector público”.

La legislación prevé que ante la denuncia por presunto incumplimiento o violación de ordenamientos, el caso debe ser analizado por la contraloría interna de la dependencia para realizar la investigación y aplicar las sanciones correspondientes o deslindar responsabilidades.


Por el momento, el “Jefe Apolo”, percibe una remuneración mensual de 98 mil 801 pesos, y como subsecretario, es el encargado de suplir al secretario de Seguridad Pública ante alguna ausencia, como lo establece la Ley Orgánica de la SSP DF. Por ello, luego de la renuncia de Jesús Rodríguez Almeida el pasado cinco de diciembre, Rosales Gamboa ocupa el máximo cargo de la Secretaría de manera interina.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2014/12/el-jefe-de-la-policia-del-df-contrata-10-familiares-en-puestos-directivos/

El corredor del secuestro

Los recientes casos de asesinato de una estudiante y un abogado, cuyos cuerpos fueron encontrados en el Ajusco, levantan alerta sobre la inseguridad de esa zona del DF que conecta con el Estado de México y Morelos, y que permite a grupos delictivos esconderse y huir.

En medio del blindaje policiaco desplegado por autoridades del Distrito Federal y del Estado de México, Álvaro Sánchez Mirus, abogado presuntamente retirado del Ejército Mexicano, fue decapitado en su casa del Ajusco.

El crimen del abogado, junto con el secuestro y asesinato de la estudiante de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, Anayeli Bautista Tecpa, son la forma más violenta de exhibir al procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, quien hace un mes soltó la desafortunada declaración de que el Ajusco no era un foco rojo de inseguridad en la ciudad.

Maribel Sánchez López, hija del abogado, acudió al Ajusco en busca de su padre luego de que éste no le contestara las llamadas telefónicas.

Al llegar al domicilio ubicado en la carretera Picacho-Ajusco 16+700, en el Pueblo de Santo Tomás Ajusco, lo encontró muerto.

El crimen del abogado fue sanguinario. Lo decapitaron y, por si fuera poco, sus agresores le cortaron también el brazo izquierdo. 

Autoridades policiacas cercanas al caso dieron a conocer que el abogado había presentado tres denuncias por la inseguridad que aqueja esa zona montañosa del Distrito Federal, dos por robo y una por narcomenudeo. Se presume fue un escarmiento.

Zona histórica… de plagios

Pese a los hechos de las últimas semanas y meses, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) mantienen su postura de que la inseguridad en el Ajusco es sólo un tema de percepción, así lo dijo hace dos días el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Óscar Montes de Oca.

El Ajusco está que arde. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, explica que en el Ajusco ocurren secuestros y homicidios de manera permanente.

Es una zona histórica de plagios, subrayó la activista, quien dio a conocer que la situación de abandono policiaco, falta de vigilancia y la nula señal de telefonía, es propicia para que grupos dedicados al robo, extorsión y secuestro operen con impunidad en la parte alta de la capital.

Miranda de Wallace destaca que el Ajusco forma parte de un corredor del secuestro, pues se localiza en un punto clave del Distrito Federal que conecta con el Estado de México y con Morelos; éste último ha padecido históricamente el delito de plagio.

Esta posición geográfica estratégica permite que los secuestradores huyan con las víctimas a otros municipios aledaños cuando son localizados por la autoridades. 

“Taparse los ojos y los oídos no resuelve el problema”, sentenció la activista, quien a través de Alto al Secuestro ha documentado diversos casos donde las víctimas son mantenidas en cautiverio en esta zona montañosa.

Los Camacho y el pueblo que los encubre

La zona del Ajusco está dominada por un grupo de secuestradores altamente organizado conocido como “Los Camacho”.

La banda comenzó con los hermanos Peralta Camacho, a quienes las autoridades ubican como parte del clan Camacho dedicado al secuestro, y que se caracterizan por la extrema violencia con la que trata a sus víctimas y amenaza a los familiares de éstas para presionar el cobro de rescates.

El clan Camacho, que a decir de la presidenta de Alto al Secuestro, ya no está compuesto por familiares, sino por todo un pueblo que los protege y los encubre ante las autoridades, utiliza la complejidad del bosque del Ajusco para esconder a sus víctimas, y también para mantener ellos mismos sus escondites.

En los pueblos de San Nicolás y Santo Tomás “Los Camacho” son temidos por la población, debido a las balaceras que han protagonizado en la zona con otros pobladores o con algunas autoridades.

Pese a que ya fueron detenidos algunos de sus integrantes, los secuestradores vinculados con el grupo de “Los Camacho” siguen operando ahí y mantienen bajo amenaza a gran parte de los habitantes de esos apartados lugares. Quien denuncia, se muere.

Por eso, cuando el abogado Álvaro Sánchez Mirus apareció decapitado y sin un brazo, fue inevitable la pregunta: ¿a quién denunció por robo y narcomenudeo? Esa es la línea de investigación que hoy sigue la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

Apenas hace un mes, en torno al secuestro de un grupo de atletas en el Ajusco, el procurador declaró que no había antecedentes similares en esa zona.

“Cuando tenemos focos rojos en algún punto de la ciudad nosotros hacemos las investigaciones que sean necesarias cuando conocemos de los temas. En esa zona no teníamos ningún tema similar a éste, no hay modus operandi como suceden las cosas, no teníamos registrados ninguno aquí en la Ciudad de México”, dijo Rodolfo Ríos.

“Rudy”, como le llaman al procurador capitalino los abogados cercanos al grupo del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, luce desencanchado.

El secuestro de los atletas y de otros empresarios que terminaron asesinados en manos de sus plagiarios, el reciente crimen de la estudiante de la UNAM, y ahora el abogado decapitado, son motivos suficientes para evaluar el desempeño del procurador y de su equipo.

Porque al grupo compacto que rodea al jefe de Gobierno ya les quedó claro el mensaje de que no basta ser amigo de Mancera para mantenerse en el cargo. 


En el tercer año de gobierno urge dar resultado… sino que le pregunten a Jesús Rodríguez Almeida, exjefe de Seguridad Pública del DF, quien fue expulsado del gabinete hace algunos días.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Cierran 100 escuelas de Guerrero por inseguridad

MÉXICO, D.F: El secretario de Educación de Guerrero, Salvador Martínez della Roca, informó que cien escuelas de dicha entidad cerraron sus puertas por la inseguridad.

En entrevista con Giro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el funcionario mencionó que directivos de escuelas y padres de familia le pidieron cerrar las escuelas debido a que la violencia ponía en riesgo a los alumnos.

Martínez della Roca refirió que no tiene la certeza de que las clases reinicien en enero próximo: “Mira si es necesario incluso contrato empresas privadas, como tú sabes la policía en Guerrero está muy metida en el crimen organizado, están metidos grupos que traen por consecuencia una alteración muy fuerte, como hay tantos intereses en juego no tengo un interlocutor con quien sentarme a negociar, porque son muchos interlocutores con diferentes intereses”.

Aparte, el delegado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en La Montaña baja, Félix de Jesús Jiménez, informó que diez mil estudiantes de nivel básico se quedaron sin clases por la inseguridad.

En una nota informativa publicada en el diario El Sur, el funcionario estatal informó que en el municipio han cerrado 110 escuelas, “de todos los niveles educativos y todas en la zona rural, por la falta de condiciones para garantizar la seguridad de los profesores”.

Explicó que del 2 de diciembre a la fecha comenzó a recibir actas de acuerdo firmadas por autoridades locales, padres de familia y maestros para suspender clases en las escuelas porque simplemente “no existen garantías de seguridad para laborar”.

La mayoría de los centros educativos abandonados están ubicados en los poblados de Xiloxuchican, Mexcalcingo, Santa Catarina, Ayahualulco y Tlamixtlahuacan, comunidades colindantes con el municipio de Quechultenango, donde actualmente mantienen una confrontación dos grupos criminales que operan impunemente en la zona bajo el manto protector de autoridades de los tres niveles.

Las bandas que disputan las zonas de producción, acopio y trasiego de droga en la Montaña baja son Los Rojos, que tienen su bastión en Chilapa y dirige un sujeto identificado como Zenén Nava Sánchez, así como Los Ardillos, grupo afincado en Quechultenango y que encabezan los hermanos del presidente del Congreso estatal, el diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez, de acuerdo con reportes oficiales del gobierno federal.

La narcoviolencia en Chilapa afecta directamente a 10 mil 245 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de todos los sistemas en la región que se han quedado sin clases, indicó el funcionario de la SEG.


Dijo que también se han suspendido las rutas del transporte público en esta franja de la entidad, situación que también obligó a los docentes a dejar de laborar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Delitos federales golpean a Jalisco

El estado se perfila para cerrar el año como una de las entidades en las que más agravios contra la salud se han cometido. También destaca en otro tipo de infracciones federales y supera la tasa nacional delictiva, de acuerdo con la PGR.

A menos de 20 días para que concluya el 2014, Jalisco se perfila para ser una de las entidades en la que más delitos del orden federal se han cometido en el país en este año.

Las estadísticas de la incidencia delictiva nacional de la Procuraduría General de la República (PGR) manifiestan que el estado oscila entre los primeros sitios en cuanto a delitos contra la salud y de otro tipo, contemplados en el Código Penal Federal (CPF), así como en tasa delictiva por cada 100 mi habitantes.

En delitos contra la salud, por ejemplo, Jalisco está en el tercer sitio de las cifras que la PGR ha acumulado entre enero y octubre de este 2014.

La entidad está por debajo de Baja California, a la cabeza del listado con 3 mil 82 casos, y Sonora con mil 124. En este año, en Jalisco se han registrado 901 delitos contra la salud.

Los tres estados anteriores, junto con Michoacán (607 casos), Sinaloa (con 503), Tamaulipas (498), Distrito Federal (433), Chihuahua (431), Chiapas (371) y Oaxaca (359), acumulan el 73 por ciento de los 11 mil 342 delitos contra la salud que se han registrado durante este año en todo el país, violando así el CPF, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO) y la Ley General de Salud.

Pero la PGR hizo un corte más específico, uno relacionado con los delitos contra la salud que están contemplados únicamente en el Código Penal Federal.

En esa sublista, la PGR ubicó a Jalisco en el primer lugar con 850 casos, muy por encima de otras entidades como Sonora con 753, Baja California con 597, Michoacán con 553 y Tamaulipas con 497. 

Según ese listado, durante el 2014 en el estado se cometieron ocho delitos contra la salud relacionados a la producción de estupefacientes, 10 más vinculados con el transporte, 65 por comercio, dos por suministro; 661 que fueron por posesión, y 104 de otro tipo.

A escala nacional, del total de delitos contra la salud documentados en 10 meses, un 58.46 por ciento fueron sólo contra la salud, un 41.26 por ciento en la modalidad de narcomenudeo, y un 0.19 por ciento son contra la salud inmersos en la LFCDO.

En los primeros sitios

En lo que va del año, en todo el territorio mexicano se han perpetrado 70 mil 419 delitos federales de otro tipo, de acuerdo con los indicadores de la PGR.

Entre los estados en los que más se han llevado ese tipo de delitos está de nueva cuenta Jalisco, con 4 mil 723 casos, sólo por debajo del Distrito Federal con 11 mil 795, el Estado de México con 6 mil 43 y Tamaulipas, que ha registrado 4 mil 812.

Después de Jalisco están Veracruz con 4 mil 23, Baja California con 3 mil 545, Guanajuato con 3 mil 61, Michoacán con 2 mil 939, Sonora con 2 mil 570 y Sinaloa con 2 mil 354. 

La decena de entidades conforma el 64 por ciento del universo total de delitos federales del país en este 2014, sancionados dentro del CPF y la LFCDO.

De nueva cuenta, la PGR elaboró una lista de los delitos federales que atentan solamente al Código Penal Federal. Y ubicó a Jalisco en el quinto sitio, por debajo del Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz.

Según la Procuraduría General de la República, entre enero y octubre pasados, en la entidad se cometieron 2 mil 931 delitos federales definidos dentro del CPF. 

Así, en estos 10 meses se han efectuado en el estado unos 219 delitos cometidos por servidores públicos, otros 97 contra el medio ambiente y la gestión ambiental, 61 más contra la integridad corporal, 33 de tipo electoral, 17 en materia de derechos de autor, 256 por falsedad (Título Décimo Tercero).

Además, mil 124 patrimoniales, 61 contra las vías de comunicación y correspondencia, y 213 corresponden a otros.

La PGR señala también que en Jalisco, 131 delitos han estado relacionados con el Código Fiscal de la Federación, 203 con la Propiedad Industrial, 32 con la Ley de Vías Generales de Comunicación, 60 con la Ley Federal del Derecho de Autor, mil 224 con la Ley Federal de Armas y Explosivos, entre otras faltas.

Tasa superada

Dentro de los números de la incidencia delictiva nacional que la PGR ha acumulado desde el inicio del año, también está el de la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes del país.

A nivel nacional, la media nacional es de 73.70 delitos federales cometidos en una población de 100 mil personas.

Jalisco supera el indicador. De acuerdo con la tabla de la Procuraduría General de la República (PGR), en la entidad se efectúan unos 77.87 delitos por cada 100 mil habitantes.

El estado ocupa así el lugar 10 de la lista de la PGR, después de Baja California (188.44), Tamaulipas (159.04), Sonora (142.39), Distrito Federal (138.12), Colima (126.03), Sinaloa (107.67), Michoacán (90.89), Baja California Sur (79.34) y Nayarit (78.32).

Situación delicada

El estado de salud de la seguridad pública en Jalisco es delicado. 

El 27 de noviembre pasado, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que Jalisco, junto con Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, serán intervenidas con urgencia por la Federación ante la inseguridad que las acechan.

El anuncio del titular del Ejecutivo federal incluyó la adopción de mandos únicos en el cuarteto de estados y una inyección de recursos para tal figura.

Sin embargo, el mensaje de Peña Nieto fue minimizado por las autoridades locales. 

El fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, mencionó que se trató de un “reconocimiento” del mandatario a los avances que la entidad ha tenido en el combate a la delincuencia.


Pero los números de la PGR dejan en relieve el escenario de seguridad pública que aquí se vive y la situación del estado en el contexto nacional.

De hecho, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del 2013, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), tampoco calificó bien el primer año del gobierno estatal de Aristóteles Sandoval Díaz.

En delitos contra la salud, según el Inegi, Jalisco se ubicó como la tercera entidad con más de este tipo. 

Fueron mil 636 los casos, sólo por debajo del Distrito Federal, con 7 mil 726, y Baja California con 2 mil 715. Jalisco superó incluso, casi dos veces más a la entidad que le siguió, Guanajuato –que registró 597– y triplicó a Nuevo León, en donde hubo 482 casos.


El censo del Inegi arrojó también que poco más de 3 mil personas fueron ingresadas en el complejo penitenciario federal de Puente Grande, por delitos contra la salud, mientras que unas mil 223 fueron encarceladas por violar la norma en cuanto a armas de fuego y explosivos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MAURICIA FERRER.

Situación en Michoacán es peor que antes: exautodefensas

MÉXICO, D.F: Hipólito Mora Chávez y Jorge Vázquez Valencia, dos exlíderes de autodefensas de Michoacán, afirmaron que están dispuestos a retomar las armas debido a que la situación que prevalece en el estado es peor que antes de que se armaran, en febrero de 2013.

En una entrevista que difunde Grillonautas en su canal de YouTube, ambos coinciden en que todas las acciones realizadas por fuerzas federales han sido inútiles.

En su opinión, todo indica que “se eliminó un cártel para crear otro” y que los asesinatos registrados en meses recientes, después de la intervención de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo, han sido por la disputa de las plazas.

Mora Chávez, quien es comandante de las Fuerzas Rurales, declinó mencionar a qué grupos criminales o personas se refería pero advirtió que una nueva lucha contra la delincuencia podría ser más sangrienta.

Por ello, urgió al gobierno a que actúe y detenga a los que cambiaron la camiseta de delincuentes por la de autodefensa y luego por la de Fuerza Rural, “que son los que andan armados en las calles volviendo a los crímenes de antes: secuestro, ejecuciones y cobro de cuotas”.

Incluso sugirió a Servando Gómez, La Tuta, único líder vivo de Los Templarios, ponerle unas estrellas a su camioneta y pasearse por todo Michoacán porque de cualquier forma nadie lo va a detener. “Acá andan todos los socios de él bien armados y no hay quién les diga algo”, criticó Mora.

En su oportunidad, Jorge Vázquez afirmó que algunos comandantes de la Fuerza Rural encabezan a los nuevos grupos de delincuentes, entre ellos a los del grupo criminal Los Viagras, extemplarios en proceso de reagrupación provenientes de regiones de Jalisco y Colima, entre otras.

Mora y Vázquez dijeron estar conscientes de que sus declaraciones pueden acarrearles consecuencias, como acusarlos de delitos no cometidos.


A pesar de ello, advirtieron que si los gobiernos federal y estatal no enderezan el rumbo, volverán a tomar las armas, porque no queda nada del movimiento limpio de las autodefensas.  “Todo se enturbió con la estrategia equivocada de seguridad”, afirmó Vázquez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se busca súper policía

Al interior del gabinete de Miguel Ángel Mancera se analizan a los candidatos para ocupar la Secretaría de Seguridad  Pública del DF.  Los nombres que suenan más fuerte van desde el actual procurador Rodolfo Ríos, el subsecretario operativo Luis Rosales Gamboa, hasta un exjefe policiaco en tiempos de un regente priista.

Entre los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) ya se barajean nombres para suceder a Jesús Rodríguez Almeida. 

Uno de los que suenan es Arturo Mansilla Olivares, visitador judicial del Consejo de la Judicatura del DF, un estudioso que publicó un libro para detallar los derechos y obligaciones de la policía.

Entre los candidatos destaca Luis Rosales Gamboa, actual subsecretario de Operación Policial de la SSPDF, quien en estos momentos está a cargo de la dependencia. 

Al interior de la secretaría se habla también de la posible llegada del actual procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza.

La lista de candidatos crece con José Ramón Amieva Gálvez, actual consejero jurídico del DF; Meyer Klip Gervitz, titular del Instituto de Verificación Administrativa (InveaDF), y David Garay Maldonado, de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, y quien ya se desempeñó en este cargo durante el mandato del exregente priista Óscar Espinoza Villarreal.

Tampoco se descarta a Víctor Hugo Ramos Ortiz, quien se desempeña como subsecretario de Información e Inteligencia en la SSPDF, ni a Gabriel Regino García, quien fue subsecretario de la SSPDF en la pasada administración.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, deberá presentarle al presidente Enrique Peña Nieto el nombre del nuevo titular de seguridad pública, para su ratificación.

La labor de Mansilla

Mansilla Olivares conoce desde hace algunos años al grupo de abogados cercanos al jefe de Gobierno capitalino, fundamentalmente al consejero jurídico y de servicios legales, José Ramón Amieva, funcionario clave en las decisiones que se toman en la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) y de la SSPDF.

Mansilla Olivares presentó hace unos meses su más reciente libro “Seguridad Pública en el Siglo XXI”, donde compartió con Amieva y la ministro Olga Sánchez Cordero.

En el evento, Amieva fungió como presentador del libro, del que dijo que es una obra de conocimiento pero sobre todo de reflexión, porque presenta una prospectiva del sistema de procuración y seguridad pública en el Distrito Federal. 

Como si el consejero jurídico vaticinara lo que ocurriría en la SSPDF.

Dicha obra que presentó en abril del 2014 fue prologada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien escribió en una de las hojas que “es un tema prioritario que nos concierne a todos”.

En el 2008, Mansilla fue coordinador de asesores de Joel Ortega Cuevas cuando éste se desempeñó como el jefe de la policía preventiva en el DF.

Por esos años, Mansilla conoció y se rodeó de otros personajes destacados en la administración pública del Distrito Federal, como la exconsejera jurídica de Marcelo Ebrard, Leticia Bonifaz.

Hace seis años, cuando el ahora director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Ortega Cuevas, salió de la Secretaría de Seguridad Pública, el nombre de Arturo Mansilla se mencionó como uno de los probables sucesores en la administración de Marcelo Ebrard.

También desde esas fechassonaba el nombre de Luis Rosales Gamboa como uno de los probables sucesores.

El ‘Jefe Apolo’ 

Aunque ambos han trabajado en la corporación de Liverpool, Zona Rosa, el perfil de Luis Rosales Gamboa, el“Jefe Apolo”,  es operativo, un pieza que está en la calle, acude a las manifestaciones, bloqueos, protestas, que traza operativos policiacos y los ejecuta.

Aunque aún no anuncia quién será el sucesor de Jesús Rodríguez Almeida al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el jefe de Gobierno sabe que algunos grupos de activistas y anarquistas rechazan la labor de Rosales Gamboa.

El “Jefe Apolo” es uno de los viejos elementos de la policía preventiva de la capital que conoce a detalle el tema de las manifestaciones, bloqueos, cortes a la circulación y uso de la fuerza pública.

Ha sobrevivido a diferentes crisis en materia de seguridad pública. Hace dos años, esta casa editorial publicó la forma en que supuestos anarquistas y familiares de los detenidos en las manifestaciones del 1 de diciembre ubicaron como “blanco” al “Jefe Apolo” y se dedicaron por días a rodearlo.

A finales de diciembre de 2012, un grupo numeroso que protestaba por las detenciones del 1DMX lo encapsularon mientras el jefe policiaco tomaba un café en un restaurante de avenida Reforma.

Con pancartas que exigían la liberación de los detenidos, lo responsabilizaron de la violencia y los disturbios en las marchas que se realizaron el día en que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia.

La escena entre el llamado “Jefe Apolo” y los inconformes fue tensa y el policía de la SSPDF tuvo que abandonar el lugar para evitar roces con los inconformes.

Caballo de múltiples batallas, así definen a Rosales Gamboa los funcionarios, mandos y policías que lo conocen. 

Durante todos estos años en la SSPDF, ha visto llegar y despedirse a muchos equipos, mientras que él mismo cambia de mando: director ejecutivo regional, director general de la policía sectorial, coordinador de proyectos especiales, subsecretario de seguridad pública, jefe del estado mayor policial, subsecretario de control de tránsito y hasta encargado de despacho. Como ahora.

Pese a todo, Rosales Gamboa “es un hombre que se cuadra al mando”, al que sea, como se llame, sin importar el grupo o fuerza política que lo ponga.


Por estos días, el jefe de Gobierno deberá proponer al Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, el candidato a suceder a Jesús Rodríguez Almeida como jefe de la policía más numerosa del país, la del Distrito Federal.

FUENTE. REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Mando Único exhibe contradicción del PAN

Curiosamente el PAN ahora se opone al Mando Único Policial propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, el mismo modelo que intentó impulsar el partido blanquiazul en el sexenio pasado con Felipe Calderón.

La iniciativa presidencial para crear el Mando Único Policial, que implica la desaparición de las policías municipales, enfrenta el rechazo del PAN…curiosamente el partido político que intentó impulsar este modelo policiaco en el sexenio pasado con Felipe Calderón.

De todas las iniciativas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, en su plan de seguridad lanzado por la tragedia de Iguala, la eliminación de las corporaciones municipales ha sido el que mayor resistencia ha encontrado el gobierno federal.

Uno de los principales opositores ha sido el PAN, que en el 2011 intentó durante el gobierno calderonista implementar el Mando Único Policial y en consecuencia disolver por decreto presidencial la seguridad municipal.

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, ha adelantado que la bancada panista en el Congreso federal no apoyará la propuesta de crear una Policía Única en los estados en lugar de las corporaciones municipales.

“La desaparición de todas las policías municipales, de manera indiscriminada, es inaceptable desde la perspectiva municipalista del Partido Acción Nacional”, ha advertido el líder blanquiazul.

“Reconociendo que no todos los municipios tienen las capacidades requeridas para contar con una policía profesional, la generalización no es la solución. Deben establecerse, con toda precisión, los requisitos y las condiciones que los municipios tendrían que cumplir para poder contar con policía propia”.

Esta iniciativa forma parte del decálogo de acciones que el presidente Peña Nieto envió al Congreso el pasado 1 de diciembre buscando que sea aprobada antes de que concluya este año.

Sin embargo, la desaparición de las policías municipales es el tema donde hasta ayer no existía consensos entre las fuerzas políticas del Poder Legislativo para aprobarse en los próximos días.

La idea de eliminar las policías municipales fue planteada por primera vez en el sexenio pasado que encabezó el entonces presidente Felipe Calderón.

La tesis del exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, era que la mayoría de las corporaciones estaban infiltradas por el crimen organizado.

El plan nunca prosperó por la falta de apoyos políticos del PRI y del grupo de gobernadores tricolores.

La crisis social provocada por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa obligó hoy al presidente Enrique Peña Nieto a retomar la iniciativa del Mando Único Policial y pretender que sea aprobada de manera express en las próximas semanas en el Congreso federal.

El presidente propuso comenzar el Mando Único Policial en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán, azotados por la violencia del narcotráfico.

El PAN también ha expresado sus reservas a la iniciativa para crear la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales, que permitirá al Gobierno federal disolver un municipio en caso de que se compruebe que existen vínculos con el crimen organizado.

La falta de coordinación entre las diferentes corporaciones de seguridad que existen en México es un problema añejo y reconocido incluso desde hace 20 años en el Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, publicado el 18 de julio de 1996 durante el sexenio del entonces presidente, Ernesto Zedillo.


El domingo un grupo de organismos de la sociedad civil y los ciudadanos integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública solicitaron llevar a cabo un debate para analizar la iniciativa presidencial que pretende desaparecer las policías municipales en México.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

‘Atoran’ reformas

El PRI se topó en el Congreso con el PAN y el PRD. Y es que la oposición se niega a desaparecer las policías municipales para crear un Mando Único. Acción Nacional había apoyado en la era calderonista.

La reforma en materia de seguridad en los municipios propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto para desaparecer los cuerpos de policía locales, se topó en el Congreso con una pared construida por el PAN y el PRD.

Fuentes cercanas a la negociación señalaron que es “casi imposible” que la iniciativa presidencial sea aprobada en lo que resta del año, pues se requiere hacerle cambios de fondo a todo el esquema que propone.

Así, lo que comenzó como una propuesta rápida del Ejecutivo para solucionar la crisis luego de los hechos de Iguala, se transformó en uno de los temas más polémicos de la agenda en el Legislativo para intentar crear una contrapropuesta.

Aunque en un principio los coordinadores parlamentarios afirmaron que la reforma constitucional pasaría sin sobresaltos en el Congreso de la Unión, ya después de pensarlo dos veces, tanto a bancada del albiazul como la del partido del sol azteca ya no les parece tan buena idea quitar tantas facultades a los gobiernos locales.

Este lunes, después de una reunión en la que participaron los coordinadores parlamentarios del PRI, el PAN y el PRD tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, el pronunciamiento fue que estudiarán “a fondo” la propuesta presidencial para garantizar que sea aprobada con el mayor consenso posible.

No existe una fecha previsible de cuándo pueda ser esa aprobación.

El presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa de reforma constitucional para modificar varios artículos, en los que destaca la desaparición de las policías municipales y su sustitución por cuerpos estatales, además de la posibilidad de disolver los ayuntamientos ante la sospecha de infiltración del crimen organizado.

Luis Miguel Barbosa, presidente del Senado y coordinador de la bancada del PRD en la Cámara alta, aseguró que la iniciativa presidencial no pasará tal como fue enviada por el Ejecutivo.

“Sí tendrá que haber modificaciones desde la posición que los grupos parlamentarios del Poder Legislativo determinen y siempre salvaguardando los principios de federalismo, municipio libre, pero siempre también aportando, en la nueva estrategia que tiene que haber en esta materia, para dotar al Ejecutivo de las herramientas necesarias”, sostuvo Barbosa.

Un cheque en blanco

En la reunión de los coordinadores parlamentarios, que se llevó a cabo en la antigua sede del Senado, tanto el PAN como el PRD expresaron al PRI su inconformidad con la desaparición de las policías locales para la creación de un Mando Único.

Los legisladores de oposición expusieron, además, que la disolución de los ayuntamientos puede prestarse a un control político contra los opositores al Gobierno, por lo que advirtieron que no permitirán dar un cheque en blanco a las autoridades federales contra los gobiernos locales.

La otra preocupación de la oposición es que los municipios puedan quedarse sin un cuerpo de policía municipal que auxilie directamente a la población en tareas de prevención, disuasión y ayuda a la ciudadanía.

Miguel Alonso Raya, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara Baja, señaló que la iniciativa presidencial es intransitable si se mantiene como fue enviada.

“En los términos en que está planteado, (de aprobarse) indiscutiblemente lo que haremos simplemente es cometer o sentar bases para que se puedan cometer arbitrariedades en lo general con los municipios sin que se combata de fondo el asunto que se pretende con la iniciativa”, advirtió Alonso Raya.

Busca el PRI consenso

Además de la necesidad de contar con los votos de la oposición para aprobar la reforma constitucional -pues se requieren dos terceras partes de los votos que el PRI no reúne con sus aliados del PVEM y Nueva Alianza-, el tricolor busca que esta reforma pase con el mayor consenso posible.

Así, tendría garantizado su paso por los Congresos estatales y aquellos gobiernos municipales que se opongan podrán ser “controlados” desde la cúpula de sus partidos.

La reunión entre los coordinadores parlamentarios fue muy dura. Por un lado, los priistas intentando salvar con esta aprobación fast track al presidente Enrique Peña Nieto de su crisis política y de imagen que vive a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida hace más de dos meses.

Por otro, los opositores haciendo ver a los priistas que esta negociación no se trata de un “toma y daca”, de intercambiar posiciones políticas o beneficios a cambio de modificar el esquema federalista con que se rige el país.

“Debo decirles que fue una reunión muy positiva. Las reuniones positivas no tienen que ser fáciles, ¿eh? Son positivas porque se llega a condiciones finales, no piensen que es un asunto de sobaditas y alabanzas, ‘¿Quiere tomar una tacita de café?; No, pase usted; Después de usted’. No, no”, afirmó el propio Barbosa.

Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que existe una preocupación de las bancadas en el Congreso por dar instrumentos jurídicos para evitar que haya infiltración del crimen organizado en todos los niveles de Gobierno.

Sin embargo, dijo, también está presente la otra preocupación de que debe existir el respeto a la competencia de cada uno de los ámbitos de los tres niveles de Gobierno, y es eso lo que está frenando el avance de la iniciativa presidencial en el Senado.

“Llegar, o intentar llegar, a lo que puede ser una combinación de las dos de las preocupaciones tanto por la infiltración de la delincuencia organizada en algunos ayuntamientos, como el de la consolidación de los ayuntamientos, amerita un trabajo legislativo profundo sobre el cual tenemos compromiso de llevarlo a cabo”, adelantó Beltrones.


Van sin prisas

José Isabel Trejo, coordinador de la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, aseguró que en este tema no se impondrán las prisas, pues se trata de un paquete de reformas que tendrán un impacto importante en el sistema político del país.

“La reflexión tiene que ser profunda, rigurosa. Nosotros nos sentimos con la posibilidad de hacer algunas aportaciones a la iniciativa del Presidente, y en eso no queremos realmente precipitarnos, pero sí trabajar estos días. Ojalá y lo logremos en periodo ordinario; si no, tendríamos que buscar un extraordinario, pero estaríamos trabajando de manera profesional y muy enfática”, advirtió Trejo.

Así, mientras hace una semana se anunciaba con bombo y platillo la realización de un periodo extraordinario en este mes de diciembre para aprobar esta reforma, ahora no hay una fecha aproximada para que esto pueda ocurrir, pues la reforma presidencial entrará a quirófano para someterse a una cirugía mayor.

“Decidimos no decir allá adentro (sobre la posible fecha del periodo extraordinario). Decidimos que no fuera ya para crear una expectativa, ¿sí? Pero, si es necesario que sea en este año, será en este año (…) así fue la forma como acordamos decirlo para no crear un escenario que después no tenga todos los amarres necesarios”, reiteró Barbosa.

Aunque la iniciativa fue enviada al Senado como Cámara de origen, en los grupos de trabajo que se han organizado para su análisis participarán también algunos diputados para que trabajen en conjunto y, si existe el consenso, pueda transitar a la brevedad.

Los legisladores adelantarán la instalación de la Comisión Permanente para este jueves 11 de diciembre –aunque el periodo ordinario concluye el 15 de diciembre-, para que ésta pueda citar a la realización de un periodo extraordinario si fuera necesario.

Lo que sí acordaron


Diputados y senadores, empero, sí se pusieron de acuerdo en otras materias. Saldrán adelante la iniciativa de desvinculación de los salarios mínimos enviada por el Ejecutivo, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía General de la República, la creación de una Comisión bicameral para la revisión de la deuda de estados y municipios, la Ley de Obra Pública, la Ley de Juegos y Sorteos, así como el nombramiento de los nuevos Fiscales anticorrupción y contra delitos electorales.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Usan programas viejos para el nuevo Plan Guerrero

La estrategia que Peña Nieto presentó busca, como la del año pasado, el crecimiento económico y desarrollo de Guerrero a través de programas de empleo y de promoción turística en los que ya se invirtieron 275 millones de pesos.

En la estrategia para rescatar Guerrero, que anunció el presidente Enrique Peña Nieto el 4 de diciembre pasado, se repiten algunos de los programas que presentó un año antes en el Plan para la recuperación de la entidad, tras el paso del huracán Manuel.

En ambos casos, el gobierno federal argumenta que el objetivo es impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de la región.

En el Plan Nuevo Guerrero, presentado en noviembre de 2013 e incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se han invertido 37 mil millones de pesos y, aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenta un desglose —hasta septiembre pasado— sobre cuánto ha gastado cada instancia de gobierno involucrada, no hay un reporte de resultados.

Un año después, el gobierno federal anunció la ampliación del plan, aunque algunos de los programas ya existen y recibieron recursos.

El jueves pasado, Peña Nieto anunció que con la “estrategia emergente para la reactivación económica” del Plan Nuevo Guerrero se pondría en operación un programa de empleo temporal, a cargo de las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para beneficiar a 130 mil familias guerrerenses.

Sin embargo, ese programa ya está en marcha y a lo largo de este año se entregaron 203 millones de pesos a esas tres secretarías de Estado.

Otro punto clave de la nueva estrategia es la promoción turística, especialmente de Acapulco.

Éste también fue pieza fundamental del Plan de hace un año y para ello se entregaron 72 millones de pesos a la Secretaría de Turismo para campañas nacionales e internacionales, eventos, ferias y relaciones públicas.

Lo que Peña Nieto llamó una “estrategia emergente para la reactivación económica” se presentó tras la crisis que implicó para la entidad la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala en septiembre pasado, y las consecuentes manifestaciones en diferentes municipios de la entidad para exigir su presentación con vida.

La visita del presidente a la entidad para presentar esta estrategia ocurrió 13 meses después de que se echo a andar el Plan Nuevo Guerrero.

Éste último, según el mismo Peña Nieto, promovería “el desarrollo estatal integral”, por lo que además de enfocarse en la reconstrucción tras el paso del huracán Manuel, que dejó 100 muertos en la entidad y pérdidas por 5,000 millones de pesos en carreteras y viviendas, se busco atender problemas de seguridad y violencia.

Por ejemplo, en 2014, en Guerrero se invirtieron 80 millones de pesos en el “fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial” y otros 149.6 millones de pesos en implementar el Programa Nacional de Prevención del Delito.

Pese a esta inversión de 229.6 millones de pesos en fortalecer cuerpos policiales y prevenir el delito, las cifras oficiales muestran que Guerrero está entre las cinco entidades del país con el mayor número de homicidios dolosos; además de que tras la desaparición de los 43 normalistas se confirmó la intromisión del crimen organizado en policías municipales.

Plan Nuevo Guerrero, un año después

Según el reporte de la Secretaría de Hacienda, el monto autorizado para invertir en la entidad para la reconstrucción de infraestructura afectada por el huracán Manuel y el impulso económico y social del estado fue de 40,833 millones de pesos.

Lo anterior, incluye el Fondo Guerrero —una partida extraordinaria que autorizaron los diputados por 7,000 millones de pesos— más lo del Fondo de Desastres Naturales y las partidas federales.

Hasta septiembre pasado, Hacienda sólo reporta el gasto en obras y programas por 15,515.6 millones de pesos de los 37,715 millones aprobados para inversión.


De éstas, destaca que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha recibido 850 millones de pesos, sin haber reportado un proyecto con descripción y objetivos. Tampoco existe un informe de resultados o ejercicio del monto.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Policía municipal en la discordia

Organismos civiles y ciudadanos exigen que plan de EPN para desaparecer las policías municipales sea debatido antes de su aprobación en el Congreso.

Un grupo de organismos de la sociedad civil y ciudadanos integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública solicitaron ayer realizar un debate para analizar la iniciativa presidencial que pretende desaparecer las policías municipales en México.

En un comunicado, las ONG señalan que la reforma propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto debe ser discutida –antes de su aprobación en el Congreso– en el órgano rector en materia de seguridad en el país.

“La aprobación de esa propuesta significaría una transformación radical del sistema nacional de seguridad pública, tal vez la más importante en la historia nacional”, advierten los organismos.

“Conduciría a una redistribución mayúscula de poderes, facultades y recursos entre federación, estados y municipios.

“Dada la magnitud de los cambios propuestos, es indispensable someter la iniciativa a consulta, evaluación y deliberación”.

El pronunciamiento está firmado por los cinco ciudadanos que conforman el bloque civil del CNSP: Andrea Ambrogi, Edna Jaime Treviño, Alejandro Martí, María Elena Morera y Miguel Treviño.

La postura está firmada también por el empresario Claudio X. González, la periodista Denise Dresser, además del especialista en seguridad, José Martín Treviño, y el abogado Miguel Carbonell, entre otros.

“Las organizaciones e individuos firmantes no tenemos una posición unificada sobre el contenido de la iniciativa”, se aclara en el comunicado.

 “Sin embargo, estamos de acuerdo en un punto esencial: una transformación de la envergadura propuesta amerita una deliberación informada”.

Hace dos semanas, a raíz de la crisis social que ocasionó la tragedia de Iguala, Peña Nieto propuso como parte de un nuevo plan de seguridad la desaparición de las policías municipales y la conformación de 32 corporaciones estatales.


Hoy esta iniciativa será discutida en la Cámara Baja y se espera que sea aprobada esta semana.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

Buscan revertir narcoviolencia en Tierra Caliente… con más policías, más militares

IGUALA, Gro: Luego de la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada hace más de dos meses en esta ciudad colapsada por la narcoviolencia, el gobierno federal admitió que en la región de la Tierra Caliente existen territorios completos controlados por la delincuencia.

Es por ello que anunció la puesta en marcha de un operativo policiaco-militar en 36 municipios de los estados de Guerrero, Michoacán, México y Morelos.

También se informó que elementos de la Policía Federal División Gendarmería asumirán el control de las labores de seguridad en el puerto de Acapulco, donde policías y agentes de tránsito municipal mantienen un paro de labores desde abril de este año.

Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que de esta manera pretenden revertir los efectos de la narcoviolencia generada por la corrupción e indolencia oficial en la región de Tierra Caliente, con el fin de garantizar que la ciudadanía pueda transitar libremente por las vías de comunicación de esta zona.

Osorio Chong dijo que para el puerto de Acapulco la Gendarmería desplegará acciones enfocadas en mantener este balneario como “el polo de desarrollo y fuente de ingresos” para el estado de Guerrero.

Lo anterior, durante un acto oficial realizado en la cima del cerro del Tehuehue, donde se encuentra el asta, sitio emblemático de la ciudad de Iguala conocida también como “La cuna de la bandera”.

No obstante, el evento se caracterizó por la ausencia de alcaldes de la zona norte y la región de Tierra Caliente de la entidad, así como del presidente del Congreso guerrerense, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, todos ellos señalados por sus presuntos nexos con el narco.

Sobre este tema, Osorio Chong dijo que el gobierno federal está investigando a los políticos guerrerenses donde “tienen elementos para investigar”, aunque advirtió que se actuará cuando se tengan los datos suficientes para detener, consignar y procesar.

“No vamos a llevar una acción donde no tengamos elementos suficientes. La PGR va a seguir adelante con las investigaciones y, donde estemos seguros de que no se va a caer un proceso, donde un alcalde detenido salga en libertad por falta de elementos, entraremos en un proceso serio y transparente”, ofreció el funcionario federal entrevistado sobre el tema de la narcopolítica que desató una crisis de vacío de autoridad e ingobernabilidad en la entidad tras el caso Ayotzinapa.

Ello a pesar de que desde diciembre pasado el gobierno federal tiene abierta una investigación en contra de más de una decena de ediles y políticos que han sido exhibidos públicamente por sus presuntos nexos con el narco, pero a la fecha sólo ha sido detenido el exalcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, en abril de este año, y el defenestrado expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez , luego de la matanza y desaparición de los normalistas de Ayotzoniapa.

El lugar donde se realizó el acto oficial prácticamente fue sitiado por policías federales y soldados, no obstante en el acceso principal una veintena de habitantes de Iguala se manifestó portando pancartas para exigir al gobierno federal que no reintegre a los policías municipales, pues éstos fueron acusados de participar no sólo en la campaña de exterminio de normalistas de Ayotzinapa, sino también en la desaparición de decenas de personas en este lugar considerado como un cementerio clandestino por el número de fosas encontradas durante la búsqueda de estudiantes.

Por su parte, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, explicó que el operativo especial en la región de Tierra Caliente abarca 36 municipios de los estados de Guerrero, Michoacán, Estado México y Morelos.

Las fuerzas federales se van a desplegar en 22 municipios de Guerrero; ocho del Estado de México; cuatro de Morelos y dos de Michoacán donde operan varias bandas delincuenciales que han exhibido “la debilidad institucional”, admitió.

Rubido García explicó que luego de la masacre de Iguala, 16 de los 22 municipios guerrerenses anunciados ya estaban bajo control de las fuerzas federales, es decir, sólo seis fueron incorporados al operativo federal.

El funcionario federal también destacó que la llegada de la Gendarmería al puerto de Acapulco pretende establecer condiciones de seguridad permanente y, de manera particular, en la temporada vacacional de diciembre.

En el operativo especial en la Tierra Caliente participarán al menos 2 mil agentes federales y la coordinación de la estrategia federal recae en el Ejército, indicó Rubido.

En Guerrero, los municipios bajo control de la Federación están ubicados en las regiones Tierra Caliente y Zona Norte: Iguala, Taxco, Teloloapan, Eduardo Neri, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Apaxtla de Castrejón, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Argelia, Tlalchapa, Buenavista de Cuellar, Zirándaro, Pedro Ascencio de Alquiciras, Pilcaya, Tlapehuala, Cuetzala, Cocula, General Canuto A. Neri, Ixcateopan, Cutzamala de Pinzón y Tetipac.

Del Estado de México son Tlatlaya; Tejupilco, Amatepec, Ixtapan de la Sal; Tonatico, Zultepec, Zacualpan y Zumpahuacán.

De Michoacán: Huetamo y San Lucas.

Finalmente, de Morelos: Puente de Ixtla, Amacuzac, Coatlán y Tetecala.

En el acto oficial estuvieron los gobernadores de Michoacán, Salvador Jara Guerrero; de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu; del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, quien en su discurso volvió a ofrecer diálogo al movimiento conformado por padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes y organizaciones sociales, entre ellas el magisterio disidente.

“Lo que hoy vivimos en Guerrero es una crisis social y política, por eso yo ofrezco diálogo, diálogo y diálogo, así como flexibilidad y tolerancia al extremo”, expresó el mandatario interino que se ha caracterizado por la falta de operación política para destrabar el conflicto que tiene paralizados ayuntamientos y oficinas de gobierno estatal.

De manera paralela, en Chilpancingo integrantes del magisterio disidente volvieron a salir a las calles para irrumpir nuevamente en la sede del Poder Ejecutivo, donde desalojaron el edificio y quemaron los bustos de los exgobernadores en la entrada principal del inmueble.


Los manifestantes advirtieron que no permitirán que burócratas y autoridades estatales laboren en este inmueble que alberga la estructura administrativa del gobierno de Guerrero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Presidente del PAN critica iniciativa en seguridad de Peña; la califica de imprecisa y limitada

(2 de diciembre, 2014).- Contrario a la postura que asumieron durante el Pacto por México, Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la iniciativa de reforma en seguridad presentada por Peña Nieto la semana pasada, cuenta con múltiples riesgos además de resultar imprecisa y limitada.

“Los mecanismos expuestos en dicha iniciativa en materia de infiltración, Mando Único y competencias de las autoridades, deja abierta la puerta a intervenciones discrecionales y autoritarias”, expresó el político blanquiazul.

Por medio de un comunicado, Anaya expuso que la propuesta de Peña “atenta contra el federalismo, al no plantear con suficiente claridad los supuestos, la temporalidad y las condiciones en que está justificada la intervención de la Federación, así como las acciones que deben emprenderse para fortalecer a los municipios, a fin de prevenir la infiltración del crimen organizado”.

“No hay espacio para improvisar. Tenemos que estar seguros de que las reformas mejoren la situación de México “, sentenció el panista, quien además solicitó a los grupos parlamentarios de su partido y a las fundaciones adjuntas, realizar un análisis profundo para posteriormente presentar propuestas serias en la próxima discusión que sostendrán en el Congreso.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0

AUTOR: REDACCIÓN.