Iguales, pero diferentes

Las propuesta de Enrique Peña Nieto y la que hizo Felipe Calderón hace cuatro años para crear un Mando Único policial tienen como objetivo final sanear a las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, hay una diferencia clave: Con Calderón la iniciativa era selectiva, con Peña Nieto es obligatoria.

El lunes, Enrique Peña Nieto envió al Congreso la propuesta de reforma a la Constitución que permitirá contar con 32 policías estatales únicas.

La intención es crear mecanismos que permitan revisar a gobiernos municipales cuando haya sospechas de que esté involucrado el crimen organizado.

Peña Nieto reconoció que lo ocurrido en Iguala exhibió las vulnerabilidades de los gobiernos municipales.

“México requiere de una transformación institucional en materia de seguridad pública que cimbre las bases mismas sobre las que está construido”, dijo.

Hace más de cuatro años, el 7 de octubre de 2010, el entonces presidente Felipe Calderón envió al Congreso una iniciativa similar.

“Es necesario dar un golpe de timón en el modelo de organización policial que permita el Estado mexicano garantizar la seguridad pública en todo el país”, señaló en ese entonces el panista. 

La iniciativa se quedó en comisiones del Senado, ni siquiera los senadores panistas estuvieron de acuerdo.

Los principales argumentos en contra fue que la propuesta quería darle todo el poder al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Enrique Peña Nieto

> El Mando Único Estatal será obligatorio para evitar que los mandatarios locales puedan eludir la responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio a su cargo.

> La intervención de la Federación en los municipios coludidos con el crimen organizado deberá ser resultado de un proceso en el que participen los poderes Legislativo y Ejecutivo federales y estatales.

> No incluye policías metropolitanas ni reacción inmediata.

Felipe Calderón

> Contemplaba solo a los municipios con cuerpos policiacos débiles o penetrados por el crimen organizado y que se retirara en función de la profesionalización de los policías municipales.

> La Secretaría de Seguridad Pública –entonces a cargo de Genaro García Luna– tendría la facultad de intervenir un municipio, sin mediar procedimiento entre los Poderes de la Unión.

> Proponía la creación de policías metropolitanas y del concepto “reacción inmediata”, para lo cual eliminaba la frontera entre los fueros federal y común.

Coincidencias

> La homologación de los ingresos
> Los criterios de profesionalización de los policías

> La homologación de los protocolos de actuación y operación

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Entregan a la PGR lista de 25 narcoalcaldes de Guerrero

MÉXICO, D.F: José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. (CCSPJP) entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una lista con los nombres de 25 acaldes y exalcaldes de Guerrero presuntamente ligados con el crimen organizado.

El listado incluye al detenido exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, implicado directamente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

También aparecen Armando Ríos Piter, exedil de Iguala y actual senador por el PRD; Lázaro Mazón, exsecretario de Salud de Iguala y frustrado candidato al gobierno de Guerrero por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Socorro Sofío, titular de Desarrollo Rural de Guerrero y el actual diputado Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero.

En conferencia de prensa, Ortega Sánchez explicó que la lista se integró a partir de señalamientos y hechos recogidos en un estudio llamado Guerrero: atrapado en el círculo de la violencia, que también fue presentado ante la PGR.

En la lista figuran priistas, perredistas y panistas. Además de los ya mencionados están, del PRI: César Miguel Peñaloza Santana, de Cocula; Salomón Majul González, de Taxco; Mario Moreno Arcos, de Chilpancingo; Francisco García González, de Chilapa; Ignacio Basilio García, del municipio de Eduardo Neri; Norberto Figueroa Almazo, de Huitzuco; Erick Fernández Ballesteros, de  Zihuatanejo de Azueta.

Así como  Eucelio Gonzalez Rodríguez, Antonio Navarrete Cortés, Taurino Vázquez Vázquez y Alejandro Contreras Velazco.

Del PRD están en la lista Efraín Peña Damacio, de Apaxtla; Gustavo Abarca Alcalá, de Tixtla; Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez, de Leonardo Bravo; Mario Alberto Chávez Carbajal, de Eliodoro Castillo; Severo Espirito Valenzo, de Mochitán; Feliciano Álvarez Mecino, de Cuetzala del Progreso; Jesús Valladares Salgado, de Teloloapan.

Crecencio Reyes Torres, Eleuterio Aranda Salgado, Rey Ilario Serrano, Javier Adame Montealban y Juan Carlos Medino González.

Del PAN sólo aparece Antonio Galarza Zabaleta, del municipio de Tepecoacuilco.

Además de los mencionados en la lista Ortega Sánchez solicitó revisar “cuidadosamente” a potenciales candidatos a gobernador, porque –dijo– también existen señalamientos en su contra que los vincula en algún momento con posibles hechos ilícitos.

“El gobierno del presidente Peña no comprende la sangrienta disputa entre facciones políticas que condujo a las atrocidades de Iguala”, acusó el activista quien además criticó que el presidente tampoco considere el saqueo impuesto a la sociedad guerrerense por los grupos criminales asociados con los políticos, “hecho muy similar al de Tamaulipas”.

“En Guerrero es urgente una intervención del gobierno federal, pero más profunda y contundente que la de Michoacán, que erradique la colisión de la clase política con la delincuencia organizada, la violencia política y el expolio criminal”, reclamó presidente del CCSPJP.


Ortega Sánchez señaló que toca a la PGR verificar si los señalamientos en contra de alcaldes son ciertos o no pues ellos son el Ministerio Público.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

PAN y PRD, en desacuerdo con desaparición de policías municipales

Anuncian senadores que harán consultas a gobernadores y alcaldes y que no avalarán "ocurrencias" con enfoques centralistas y autoritarios.

Las iniciativas presidenciales no fueron recibidas de la mejor manera en el Senado de la República.

Las bancadas del PAN y PRD expresaron su intención de modificar la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para desaparecer las policías municipales y disolver los ayuntamientos infiltrados por el narco.

Los vicepresidentes del Senado, el panista José Rosas Aispuro y el perredista Luis Sánchez, anunciaron que realizarán consultas con gobernadores y alcaldes para hacer cambios a la iniciativa.

Los legisladores coincidieron en criticar que se pretenda culpar a los municipios del problema de violencia e inseguridad que vive el país.

La bancada panista adelantó que no está dispuesta a aprobar “ocurrencias”, con enfoques centralistas o recursos autoritarios.

Por su lado, la fracción del PRD anunció que buscará “corregirle la plana” al mandatario, tras de afirmar que la iniciativa presidencial podría empeorar los problemas de violencia, sobre todo porque los gobernadores no están exentos de tener vínculos con la delincuencia.


Por otra parte, la dirigencia nacional del PAN advirtió sobre riesgos de intervenciones discrecionales y autoritarias del gobierno federal en el ámbito municipal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Envía Peña al Congreso iniciativa para eliminar policías municipales

MÉXICO, D.F: La creación de policías únicas estatales, que el presidente Enrique Peña Nieto anunció el pasado jueves, empezó a tomar su cauce legislativo al ser enviada hoy al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional para eliminar policías municipales.

Al iniciar su tercer año de gobierno, el mandatario priista planteó una vez más un nuevo ciclo de reformas, esta vez, encaminadas al tema de seguridad, tras dos años de concentrarse en impulsar reformas de naturaleza esencialmente económicas.

De gira por Chiapas, Peña Nieto anunció el asunto sin muchas precisiones. Aunque, por lo expuesto, se trata de una reforma constitucional para que el Congreso de la Unión pueda expedir la ley correspondiente y contar con bases constitucionales para la otra pretensión presidencial de extinguir ayuntamientos bajo sospecha de infiltración del crimen organizado.


El pasado jueves 27, Peña Nieto anunció la iniciativa de ley contra la infiltración de autoridades municipales, propuesta con la que encabezó el llamado “decálogo” por la paz, la justicia y el desarrollo. Ese día anunció que las primeras iniciativas de reforma serían enviadas al Congreso este lunes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Jalisco, la otra crisis de seguridad pública

Por sus índices de inseguridad, el estado es considerado por el presidente entre los que atenderán con mayor urgencia. No es la primera vez que la actividad criminal en Jalisco preocupa al Gobierno Federal.

La inclusión de Jalisco entre las cuatro entidades del país consideradas por el presidente Enrique Peña Nieto, como las de “mayor urgencia” para atender, por sus condiciones de inseguridad, evidenció la profundidad de la problemática en el estado. 

Es significativo que Jalisco sea emparentado por el presidente con el grupo de estados con las peores crisis de inseguridad y descomposición institucional (Tamaulipas, Michoacán y Guerrero), como lo hizo en su mensaje Por un México en Paz con Justicia Unidad y Desarrollo, del 27 de noviembre pasado.

Distintos aspectos que delinean esta fortaleza del crimen organizado en Jalisco han sido expuestos en Reporte Indigo. Nunca fue un dato menor su segundo lugar en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped) con 2 mil 113 casos, sólo atrás de Tamaulipas. 

La postura del presidente no deja lugar a interpretaciones. Al hablar de su iniciativa para crear policías estatales únicas, dijo:

“Esta reforma implicará un enorme reto presupuestal y por ello requerirá un proceso de transición administrativa responsable que dé prioridad a las entidades con mayor urgencia de atención, en este sentido, la iniciativa propone que los primeros cuatro estados en adoptar este modelo sean Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas”.

Durante la actual gestión estatal se ha registrado el 44 por ciento de las desapariciones del Rnped (926), y más de un tercio de todos los homicidios tienen la huella del crimen organizado: 572 de los mil 682 ocurridos de 2013 a octubre de 2014, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Sin el impacto social y mediático que ha tenido en este año la desaparición de 43 normalistas en Guerrero, entre noviembre de 2013 y marzo de 2014 fueron hallados en Jalisco 116 cuerpos en distintas fosas clandestinas.  

Un factor clave es la prominencia que ha adquirido el Cartel Jalisco Nueva Generación, y que lo ha llevado incluso a enfrentar al Ejército Mexicano, como en Guachinango, el 12 de mayo pasado, donde se presume que el grupo delictivo emboscó y asesinó a cuatro efectivos tras un operativo contra el robo de combustible. 

La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) reveló que en Jalisco los cárteles obtienen 600 millones de pesos al mes por el hurto de gasolina, y que la mitad de las estaciones de servicio en el interior del estado -200- son extorsionadas para vender hidrocarburo robado. 

En la investigación del asesinato del alcalde panista de Ayutla, Manuel Gómez, ocurrido el 3 de agosto de 2014, la FGE difundió que el CJNG ordenaba sobre su Policía y que le habían cedido antes una comandancia en la fuerza de Unión de Tula.  

Así que no es la primera vez que el Gobierno Federal demuestra su preocupación por Jalisco, pues es aquí a donde envió uno de los primeros frentes de su Gendarmería. 

Todo ello, y algunas columnas publicadas en medios nacionales que abordaban sobre la situación estatal, hizo decir al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, el 18 de septiembre: 

“Es falta de información que no se tiene en el centro de cómo se está avanzando en el tema de seguridad (…) no hay focos que nos indiquen que se recrudece la violencia en Jalisco. Hoy está por debajo de la media nacional, por debajo de la media en homicidio doloso y secuestro (…) La Gendarmería yo la solicité”. 

Tras el mensaje presidencial del jueves pasado, el mandatario estatal admitió: 

“En Jalisco hay una célula criminal, una organización criminal fuerte que nos ha generado muchos problemas de inseguridad, desde los anteriores gobiernos, desde el anterior gobierno hasta el mío por ser una causa de foco rojo”. 

La propia Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió la relevancia de Jalisco en la producción de metanfetaminas y como plataforma de tráfico hacia Estados Unidos, dentro de su informe Evaluación Global de las Drogas Sintéticas 2014.

Cuando el presidente Peña Nieto habló de desplegar operativos federales urgentes, de reacción y no preventivos, de nuevo citó a Jalisco:

“He ordenado al gabinete de seguridad que realice un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente. También he instruido que se incremente el apoyo de las fuerzas federales en los municipios que lo requieran de los estados de Jalisco y Tamaulipas”. 

Jalisco, otra vez, con Tamaulipas, el de los 196 migrantes asesinados en San Fernando; con Michoacán, el de Servando Gómez “La Tuta”, quien cooptó a Policías y Ayuntamientos enteros; y con Guerrero, el de la afrenta nacional. 

Otra solución Única

El gobierno estatal ha destinado cerca de 400 millones de pesos en una imagen mediática que gira en torno al concepto de “Bienestar”. 

Pero el propio Peña Nieto ha exhibido a la entidad frente a todo el país. Y ahora el estado deberá adoptar un verdadero mando único policial. 

El fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco aseguró el mismo día del mensaje presidencial que si Jalisco fue elegido para un reforzamiento en sus áreas de seguridad pública es porque hay un “reconocimiento” por los avances de la Fuerza Única y “va adelantado en el tema”, así lo consignó el diario local El Informador. 

Reporte Indigo ha expuesto las 54 quejas que tiene la Fuerza Única ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, además de testimonios de ciudadanos que se dicen violentados por sus policías y publicado en Los excesos de Fuerza Única y Denuncia a funcionario por tortura. 


De la Fuerza Única han sido detenidos 10 de sus oficiales por acusaciones criminales, nueve por extorsión y uno por pertenecer a una banda de robo de vehículos en Casimiro Castillo con 17 integrantes, siete de estos, por cierto, policías municipales.

Fue cuestionada también por su falta de reacción en el plagio y asesinato del diputado federal Gabriel Gómez, en pleno Periférico de la zona metropolitana de Guadalajara, el 23 septiembre pasado.

Pese a todo, las autoridades de Jalisco se dieron el lujo de hallar una prórroga velada a la depuración policial que debió concretarse el 30 de octubre, optando por reevaluar al 70 por ciento de los oficiales no confiables, un total de 3 mil 90 de los 4 mil 415 que resultaron reprobados.

Esto lleva a repetir un gasto por 8.3 millones de pesos en esos exámenes, así como a mantener en las calles a todos esos elementos no aptos.

Cambia opinión

La realidad siempre alcanza. Varios de los que ahora se suman sin chistar a la policía única estatal, fueron sus vehementes opositores cuando la propuso el expresidente panista Felipe Calderón en una iniciativa avalada por la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

El 12 de octubre del 2010, los medios plasmaron esta declaración al respecto del entonces alcalde de Guadalajara, Aristóteles Sandoval:

“Muchos presidentes municipales no estamos de acuerdo. Yo recurriría a cualquier controversia constitucional, a cualquier recurso legal, porque la mayoría de alcaldes de Jalisco no está a favor”. 

El 26 de octubre del 2010, los entonces alcaldes: de Guadalajara, Aristóteles Sandoval; de Zapopan, Héctor Vielma; de Tlaquepaque, Miguel Castro (hoy diputado local); y de Tonalá, Antonio Mateos, todos ellos del PRI, acudieron al Senado de la República para defender su “autonomía municipal”. 

Ahí se reunieron con los senadores Manlio Fabio Beltrones –hoy líder de diputados del PRI en San Lázaro-, Jesús Murillo Karam–hoy procurador- y Ramiro Hernández –hoy alcalde tapatío-. Finalmente lograron detener la reforma y todo siguió como hasta ahora. 

El día del mensaje presidencial, Sandoval Díaz, ya como gobernador, expresó: “Por fin, hoy por ley, se establecerá ya la Policía Única”. 

Y aunó: “Debo de ser muy enfático, muy claro: en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero ya sucedieron cosas muy, muy lamentables, ahí es más reactivo y en el caso de Jalisco hoy es el momento en poder tener acciones concretas de manera preventiva”.

La alerta

En los números de la inseguridad en Jalisco, un tercio de los homicidios en la entidad tienen el sello del crimen organizado

600
millones de pesos
mensuales gana la delincuencia organizada con el robo de combustible

116
cuerpos encontrados entre 2013 y 2014 en fosas clandestinas de varios municipios

4,415
policías de la entidad reprobaron las pruebas de control de confianza

54
quejas ha recibido la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de elementos de Fuerza Única

2,113

desaparecidos hay en el estado, según datos oficiales

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA