Por tercer año consecutivo la cifra de personas encarceladas en México creció. El 2021 cerró con casi 10 mil internos más en los penales en el país en comparación con las que había en 2020. En total, la población penitenciaria ascendió a casi 215 mil mujeres y hombres privados de su libertad, el 42% de ellos sin que se les haya probado que cometieron un delito.

El de 2021 es el segundo incremento más grande de personas en prisión de los últimos ocho años, solo detrás del ocurrido en 2020, también en el actual sexenio. Además, la cifra de personas en condiciones de hacinamiento en los reclusorios se disparó y el año cerró con más reos que espacios disponibles en prisiones, lo que no ocurría desde 2018. El encarcelamiento de mujeres subió, en proporción, 80% más que el de los hombres.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se revirtieron los términos de los contratos de los ocho penales privatizados durante el gobierno de Felipe Calderón y con Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria expuso que el gobierno federal logró una reducción del costo al gobierno de México del 15 por ciento.

Al cierre de febrero pasado casi 218 mil hombres y mujeres estaban privadas de su libertad en cárceles municipales, estatales o federales del país. Más del 40 por ciento de ellos de forma preventiva, sin que se haya probado si cometieron o no un delito.

El crecimiento ha sido tal que tan solo en los últimos doce meses se sumaron cerca de 16 mil personas más a las cárceles lo que ha provocado que, por primera vez desde 2016, haya más reos que espacios disponibles. Es decir, que a nivel nacional haya otra vez condiciones de hacinamiento.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló esta mañana que los cuñados del exmandatario Carlos Salinas de Gortari se benefician con los contratos que tiene el Gobierno federal por las prisiones privadas en el país, los cuales fueron entregados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador; el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra; y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dieron a conocer hoy los contratos por prisiones privadas por miles de millones que entregaron Felipe Calderón y Genaro García Luna. En resumen: se les pagarán enormes cifras, pero ni los edificios de las prisiones le pertenecen al Gobierno.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la Secretaria de Seguridad detalló que existen contratos con ocho centros penales privados: dos en Guanajuato, uno en Sonora, otro en Oaxaca, uno más en Durango, uno en Chiapas, el femenil de Morelos y uno en Michoacán.

María murió de un coma diabético a los pocos días de ser trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16 (Cefereso 16) en Coatlán del Río, Morelos. Tres internas testificaron que la mujer dijo a las custodias que necesitaba de insulina dos veces al día, pero no se la dieron. La falta de debida atención médica provocó su muerte. Fue en diciembre de 2015, cuando recién empezaban a operar los llamados centros penitenciarios privados.

El caso de María, a quien por razones de resguardo de identidad se le modificó el nombre, quedó asentado en la Recomendación 27/2016 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en ese entonces.

La privatización de cárceles federales inició en México en 2010. Entonces el país llevaba cuatro años sumido en una guerra contra el narcotráfico que hizo que la tasa de homicidios dolosos aumentara 55.8 por ciento real desde 2006; y en esa vorágine de violencia el Sistema Penitenciario no se daba abasto.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que los gobiernos anteriores firmaron contratos con privados para entregarles las cárceles, y que incluso antes de que no hubiera un solo preso se les empezó a pagar. Anunció que estos contratos serán revisados pero que, por lo pronto, los mexicanos ya pagamos a esos empresarios “miles de millones” equivalentes a 2019 y 2020 –su sexenio–, y, por supuesto, todo lo que ya erogaron las administraciones pasadas.

El mandatario federal expuso que estas prácticas surgieron con gobiernos anteriores y que buscaron la privatización de las cárceles de México para que el Gobierno “sólo pague una renta” a los privados por el uso de los reclusorios.

En 2020 la cifra de personas que ingresan a cárceles crece a niveles récord en México. En tan solo 10 meses, con todo y pandemia sanitaria, el número de reos se ha elevado en 13 mil 840 internos respecto a los que había al arranque del año. Y con ello la sobrepoblación se ha agravado: más del 40% de los penales ya registran condiciones de hacinamiento.

Este disparo en la población penitenciaria, el mayor de la última década y que revierte una tendencia a la baja que se había logrado tras la reforma al sistema penal, no es resultado de un mayor número de sentencias condenatorias sino del creciente encarcelamiento de personas de manera “preventiva”. Es decir: personas detenidas, pero sin sentencia.