Decomisan droga, dinero en efectivo y 400 artículos prohibidos en Puente Grande

GUADALAJARA, Jal: Una nuevo operativo al núcleo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco, derivó en el decomiso de 45 mil pesos en efectivo, droga y 400 objetos prohidos.

Entre los artículos asegurados se encuentran 145 televisores de formato de pantalla plana, seis grabadoras, cinco televisores convencionales, 55 bocinas, 21 reproductores de discos compactos. También 19 desarmadores, tres martillos, ocho espátulas, 13 pinzas, 47 cajetillas de cigarros, así como 39 encendedores.

También fue decomisada “una farmacia portátil” con gran variedad de medicamentos y diversas drogas.


En el operativo participaron más de 500 personas. En rueda de prensa, el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez anunció que se decomisaron 40 mil pesos en efectivo y que la revisión al núcleo carcelario se llevó a cabo entre la noche del lunes y la madrugada del martes en el Reclusorio para sentenciados de Puente Grande.

“Por estos hechos, la Fiscalía General inició averiguaciones previas por la venta y tráfico de droga, otra más que investiga a los funcionarios públicos que permitieron el ingreso de estos artículos y que podrían ser sancionados administrativa y penalmente, así como se levantó una acta de hechos por el dinero en efectivo encontrado”.

También se informó que se encuentra en calidad de presentado un custodio que intentó impedir o retrasar el ingreso de las autoridades estatales.

Eduardo Almaguer dijo que a raíz de ese operativo y las irregularidades encontradas se prevén cambios en la administración de Puente Grande:

“Esto me permite decirles a ustedes y adelantarles que en los próximos días habrá ajustes y cambios en los funcionarios que tienen diversas responsabilidades en los centros penitenciarios del estado y por supuesto destacar lo que hemos mencionando, y refrendar la decisión del gobierno del Estado de garantizar el orden, el control por parte de la autoridad y por supuesto el cumplimiento irrestricto de los reglamentos internos de cada centro penitenciario”.

El funcionario dijo que los operativos serán continuos en los distintos reclusorios.

Anunció que se implementará un proceso de modernización con cámaras y mecanismos de revisión en aduanas, lo que permitirá inhibir la introducción de artículos no permitidos en los reglamentos.

La FGE informó que ese operativo tuvo una duración aproximada de 5 horas y se pudo revisar cada uno de los dormitorios, del área de sentenciados, en una acción en la que se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.


La pasada revisión a Puente Grande ocurrió a finales de febrero, se logró el aseguramiento de diversos equipos de comunicación, teléfonos celulares, dinero en efectivo, droga, armas blancas, pantallas planas y hasta antenas o “platos” para conectar diferentes aparatos al sistema de cable o satelital.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO OSORIO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436034/decomisan-droga-dinero-en-efectivo-400-articulos-prohibidos-en-puente-grande-2

Recibió CNDH mil 151 quejas en 2015 por falta de atención médica en penales

CIUDAD DE MÉXICO: Al informar que emitió el Pronunciamiento sobre el Derecho a la Protección de la Salud de las Personas Internas en Centros Penitenciarios de la República Mexicana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que tan sólo en 2015 recibió mil 151 quejas.

Las quejas, señala en un comunicado, son “específicamente en relación con la negativa o dilación de atención médica o de proporcionar medicamentos en centros de reclusión, lo que equivale al 76% del total de las quejas recibidas en torno del sistema penitenciario”.

Sostuvo que el pronunciamiento, que contó con la aprobación de su Consejo Consultivo, se hizo de conocimiento a las dependencias federales y locales competentes, con el fin de que sean elaboradas políticas públicas para garantizar el respeto de este derecho en dichos centros.


“El derecho a la protección de la salud, para quienes se encuentran privados de la libertad, es reconocido en el artículo 4º Constitucional; así como en diferentes normas nacionales e internacionales”, menciona.

“Lo anterior resulta relevante dado que, al privar de la libertad a una persona, el Estado detenta una sujeción especial hacia ella, encontrándose bajo su custodia y, en este sentido, debe proporcionar la asistencia médica necesaria que le permita una vida digna en reclusión”.

Dijo que para la elaboración del pronunciamiento “se tomaron en cuenta documentos previamente emitidos por la CNDH, entre los que destacan Recomendaciones Generales y Específicas, así como Informes Especiales, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2014 y las quejas recibidas durante ese año, que sustentan la necesidad de atender el tema en específico, ya que en la actualidad aproximadamente 250,000 personas internas en centros de reclusión requieren de una atención médica adecuada”.

En el pronunciamiento, la CNDH destaca ocho puntos, entre ellos, el fortalecimiento del sistema de prevención de enfermedades, garantizando un esquema de vacunación para todas las personas internas, así como de los menores hijos que se encuentran con las mujeres privadas de la libertad.


También, el diseñar protocolos orientados a agilizar la prestación de los servicios médicos; establecer mecanismos para los casos de necesidad de atención médica inmediata y urgente; fortalecer la aplicación de sistemas permanentes de vigilancia epidemiológica y de información continua en materia sanitaria, para contar con un registro que proporcione a las autoridades la información necesaria para la toma de decisiones oportunas; así como desarrollar mecanismos con hospitales públicos y privados para que se utilice el sistema de “consulta remota”, por medio de la aplicación de tecnologías cuando sea requerida atención médica especializada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435019/recibio-la-cndh-mil-151-quejas-en-2015-falta-atencion-medica-en-penales

Hay “autogobierno” en penal de Chiapas: CNDH

La vigilancia en "El Amate" es de apenas 120 elementos de seguridad (varonil y femenil) en ambas guardias, ante una población de 2 mil 520 reclusos, señala.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó al gobierno de Chiapas a elevar el número de custodios en el penal El Amate y clasificar a los presos de acuerdo con el artículo 18 constitucional, entre otras medidas para erradicar las condiciones de “autogobierno” que aseguró hay en el lugar.

En un comunicado informó que ha emitido la recomendación 04/2016 dirigida al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por la muerte en 2014 de un reo de origen tzotzil.

Recordó que el 4 de agosto de ese año el convicto fue encontrado muerto en un baño del segundo piso del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 14 (CERSS 14) “El Amate”, ubicado en el municipio de Cintalapa.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación por ese suceso, que posteriormente fue atraída por el organismo nacional.

La CNDH concluyó que “la autoridad penitenciaria no tomó las medidas para garantizar una debida seguridad y custodia en los módulos, en particular en el lugar donde fue encontrada la víctima, lo que incidió en una afectación en su integridad física sin que el personal se hubiere percatado oportunamente”.

Ello debido a “la falta de cuidado, deficiencia en la seguridad, vigilancia y control por parte de las autoridades penitenciarias”, expresó el organismo autónomo.

La autoridad penitenciaria incumplió, entre otros aspectos, lo establecido en el artículo nueve del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas.

Entre sus observaciones, la CNDH destacó que el número de agentes de seguridad del penal –120 divididos en dos turnos para las áreas varonil y femenil- es insuficiente para cubrir las necesidades de los dos mil 520 presidiarios.

Para garantizar efectivamente el “derecho a la integridad personal” de los reclusos, la CNDH recomendó al gobierno chiapaneco incrementar el personal de seguridad y la vigilancia en los módulos del penal, erradicar el autogobierno, evitar que internos ejerzan funciones de mando que le competen al personal de seguridad y custodia .

Asimismo sugirió llevar a cabo “la clasificación de la población penitenciaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución federal”.

La Comisión Nacional solicitó además una colaboración más amplia en el procedimiento administrativo “que se inicie contra los servidores públicos responsables, derivado de la queja que se presente ante la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas”.

También pidió al gobierno brindar capacitación, de manera periódica, al personal técnico de seguridad y custodia en materias penitenciaria y de derechos humanos.


Todas las acciones que se emprendan deberán acatar los principios que rigen en el servicio público en materia de seguridad, con el objetivo de garantizar la no repetición de actos similares a los que dieron origen a la recomendación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2203/mexico/hay-autogobierno-en-penal-de-chiapas-cndh/

La corrupción, el otro castigo para los jóvenes infractores

Los adolescentes en conflicto con la ley enfrentan situaciones como la de agentes que les piden dinero para "arreglar su situación"; además no hay un trabajo adecuado para lograr la reinserción social.

Enriqueta y Pablo iban caminando por Paseo de la Reforma cerca de las 10 de la noche cuando Federico y Enrique intentaron asaltarlos.

Federico forcejeó con Pablo para quitarle la mochila. “¡Ya valió madre, saquen sus cosas!”, les dijo.

Enriqueta comenzó a gritar lo que puso nerviosos a sus agresores, quienes huyeron. No tardaron en sonar las sirenas de las patrullas y en menos de tres minutos un grupo de cinco unidades llegaba a la zona, en una estaba detenido Federico.

Enriqueta y Pablo les contaron del intento de asalto, y les pidieron reconocer al agresor, al hacerlo les pidieron que los acompañaran a la delegación a denunciar el hecho.

Lee >> 9 de cada 10 menores infractores esperan sentencia en la cárcel: Informe

La conversación en la patrulla fue informal. Preguntas y respuestas sobre el incidente. Entonces un oficial hizo una petición que los jóvenes no podían creer.

—¿Qué le parece si me da su celular —se dirigió a Enriqueta— y decimos que nosotros lo recuperamos después del asalto?

Si no hacían eso el robo quedaría solo en tentativa y no en un delito consumado lo que repercutiría en la sentencia de Federico.

—Si metemos el celular como que lo recuperamos la sentencia es más grande para el chamaco —replicó.

El ambiente se tensó en la patrulla que se dirigía a la delegación Miguel Hidalgo, ya ahí ambos rindieron su declaración.  A Enriqueta le fue retirado su celular dentro de la delegación. Terminaron el trámite después de las cuatro de la mañana y dieron seguimiento a las audiencias.

Federico tiene 17 años y recibió una medida de dos años en privación de su libertad, lo que determinó su sentencia fue que no era la primera vez que era detenido. Tenía antecedentes por el robo de una motocicleta.

Sin confianza en la policía

El 70.3% de los adolescentes no se siente seguro en las calles, el 19.5% dice haber sufrido violencia y el 17.4% (83,392) participado en actos violentos, según los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2015 realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la consulta participaron 2 millones 916,686 niñas, niños y adolescentes de los 6 hasta los 17 años.

19,079 adolescentes entre 14 y 17 años revela que han sido obligados a formar parte de un grupo de delincuentes.

Si se habla de confianza, 2l,7% dice confiar en la policía, el 25.2% en el ejército, el 4.9% en los partidos políticos y el 5.2% en los gobernantes. El factor confianza se centra en la familia con un 95.9% y en las amistades con un 70.3%

Sólo el 35% de los adolescentes encuestados pediría ayuda a un policía en una situación de peligro y el 5% a una institución de gobierno.

La corrupción abona a esta desconfianza en las instituciones.

Son los padres de familia los que denuncian este tipo de atraco, ya que cuando sus hijos son detenidos reciben ofertas por “arreglar” la situación, “porque efectivamente el familiar del adolescente no tiene conocimiento jurídico o de los pasos por lo menos que debe haber en el sistema de justicia para adolescentes”, dice María Guadalupe Chávez Contreras, directora del Área de Adolescentes en la Fundación Reintegra.

Los agentes les solicitan dinero “les dan sus teléfonos y les piden que les depositen, incluso en cuentas”.

Además no hay un trabajo de las autoridades para reinsertar a los jóvenes que tienen problemas con la ley.

“Hay muchos jóvenes que salen y vuelven a entrar, salen y vuelven a entrar, porque como autoridades lo están botando, ellos llegan por delitos no graves y cuando salen no trabajan con ellos. Creo que tiene que haber este apoyo, trabajar con los jóvenes y con sus familias para poder incidir, si no, no se puede incidir en generar procesos de cambio”, dice Chávez.

Un cambio de vida exitoso

Josué, Gil y Juan pensaron que sería una buena idea salir a asaltar en el Bosque de Aragón, sólo tenían 15 años.

Josué y Gil venían preparados, el primero traía unos nudillos de acero, mejor conocidos como bóxer y el segundo una navaja, además traían mariguana y pastillas de Rivotril, un medicamento controlado.

El plan era el siguiente: identificarían a una posible víctima y dos de ellos se encargarían del asalto mientras un tercero estaría pendiente de echar aguas y avisar si se acercaba un policía o alguna autoridad.

El trío logró asaltar a un adolescente, corrieron y después de unos metros fingieron que nada había pasado, pero siete vigilantes del bosque los detuvieron.

Josué y Gil ofrecieron entregarles todo el dinero que traían si los dejan marcharse, pero los guardias no aceptaron.

Al rato llegó un oficial en una cuatrimoto que funciona como patrulla en el bosque y continuaron los insultos: “Son bien marihuanos y ya se chingaron se van a ir a la chingada”. Revisaron sus mochilas, por el contenido determinaron que no habían entrado a la escuela y llamaron a otra patrulla, ahora una de la PGJ del Distrito Federal.

Nadie les informó por el motivo de su detención o sus derechos y fueron trasferidos a la delegación Gustavo A. Madero donde llegó el adolescente asaltado con su madre. En su declaración se agregó que había sido agredido verbalmente y que había sido golpeado, aunque ello no concordaría nunca con la declaración de los otros tres adolescentes.

Frente a ellos desfiló un policía que los llamó marihuanos y comenzó a insultarlos. Esculcaron sus teléfonos y se burlaron de la música que escuchaban.

De la Delegación Gustavo A. Madero fueron trasladados a la Agencia 57 y en el camino trataron de negociar. “Los hubiéramos dejado en el bosque pero ahora no se puede, el niño ya metió su demanda”, dijeron los oficiales.

En la Agencia 57 Especializada en Justicia para Adolescentes pasaron la noche en los separos y esperaron al día siguiente para que fuera tomada su declaración. Los tres recibieron una sentencia de 9 meses 11 días en internamiento por robo calificado con armas blancas y violencia moral.

Josué durmió en una colchoneta en malas condiciones. Poco se fue haciendo de algunas cosas, cuando les ganaba a sus compañeros en el frontón o apostando con los postres de la hora de la comida. Si corría suerte, algún compañero que se fuera en libertad le heredaría sus cosas.

Aunque estaba encerrado, Josué podía ir a la escuela y a los talleres de artes plásticas, como el de cartonería, su preferido.

Su libertad vendría pronto después de un mes una semana de internamiento y salió por medidas cautelares. Su sentencia incluía: terapia, vigilancia familiar, libertad asistida.

Su proceso en externación fue dirigido y acompañado por  la Fundación Reintegra.

Dice Josué que después de esa experiencia “maduras a temprana edad, como que te roban la infancia y te das cuenta lo que es la vida real. Como niño haces las cosas como son, no piensas lo que va a pasar después”. En la comunidad aprendió a valorar la comida de casa porque su experiencia no fue grata, no sólo eso, supo también valorar el papel de baño porque ahí “hasta por un cuadrito te peleabas”.

Ahora piensa “que los verdaderos amigos son los papás porque ellos siempre van a dar la cara por ti”. En sus nuevos días procura no dar preocupaciones, su padre está al pendiente y se siente orgulloso de la conducta de su hijo.

Actualmente, Josué está por terminar el último semestre de la preparatoria y espera hacer examen al Politécnico Nacional porque le gustaría estudiar mecánica.

Cómo es la reinserción de un joven

Lo que determina las sentencias y medidas de los adolescentes en conflicto con la ley, es el tipo de actividad tipificada como delito que cometieron.

La ley de justicia para adolescentes del Distrito Federal califica como delitos graves: homicidio, femnicidio, lesiones cometidas con armas o explosivos, retención o sustracción de menores o incapaces corrupción de menores de edad, robo calificado cometido con violencia, daño a la propiedad y la asociación delictuosa.

Después de recibir los beneficios, obtener su libertad y continuar con su medida en externación, los adolescentes deben sujetarse a la Comunidad de tratamiento, donde les darán seguimiento a sus medidas educativas, de trabajo y de atención psicológica.

Otra opción para los adolescentes es acercarse a organizaciones de asociación civil, Josué dio seguimiento a su medida en la Fundación Reintegra que ofrece los servicios de asesoría jurídica y psicosocial, servicio de orientación y apoyo legal.

La Fundación  elabora un reporte del contexto familiar, un perfil escolar y un diagnóstico sobre el contexto sociocomunitario del joven infractor.


Actualmente trabaja con 60 jóvenes y en un año llegan a atender a 150 jóvenes en externación desde 1992. La Fundación Reintegra mantiene un convenio con la Dirección de tratamiento para Adolescentes en la Comunidad Externa de Atención para Adolescentes, dicho convenio los faculta como la única institución en el Distrito Federal para la ejecución de la medida legal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO, CIDAC.
AUTOR: ALEJANDRA CASTILLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-corrupcion-el-otro-castigo-para-los-jovenes-infractores/

Desatino, una cárcel para secuestradores

CIUDAD DE MÉXICO: Empresarios de la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila se oponen a que el Cefereso Número 14 CPS Durango, recién establecido en esta región, albergue a secuestradores. Temen que se eleven los secuestros en la zona, ya que los criminales siguen operando desde los reclusorios.

Presentado por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, como un penal que “cubre la más alta seguridad y tecnología”, ellos insisten en “el alto nivel de corrupción en todos los niveles del sistema penitenciario”.

Agustín Arellano Saucedo, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, y Eugenio Treviño, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Torreón, así como seis regidores del PAN de Gómez Palacio, Durango, encabezados por el coordinador de la fracción, Oswaldo Santibáñez, presentaron al cabildo un punto de acuerdo para impedir que los secuestradores se concentren en ese penal.


Arellano solicita que en el CPS Durango se concentré a los reos de los municipios laguneros que fueron trasladados al Cereso de la ciudad de Durango. El dirigente empresarial dice que resulta muy caro a sus familiares sufragar los viajes para visitarlos.

El pasado 19 de enero, la CNS informó que a partir de ese mes, “todos los internos en el Sistema Penitenciario Federal por la comisión de este delito se concentrarán en dicho Centro. Así se pretende eliminar la posibilidad de que los grupos dedicados a sustraer a una persona para privarla ilegalmente de la libertad, continúen operando y generando inercias nocivas para el resto de la población en reclusión. El centro posee avanzados sistemas tecnológicos que garantizan la seguridad y el monitoreo constante de las actividades de la población interna”.

Treviño, por su parte, advierte sobre el riesgo de que se concentre a todos los secuestradores del país en ese penal: “Estamos pidiendo que al menos a los del sur no los trasladen para acá. Si concentras a todos aquí, se va a volver una universidad del secuestro”.

Y agrega: “Van a venir otras personas a establecerse a la Laguna, desde sus familiares hasta los socios que no agarraron. Además, lo que ellos saben hacer es secuestrar; y cuando queden libres, sin dinero, van a dedicarse al secuestro y lo van a hacer en La Laguna.

“El problema es que el secuestro es un delito, silencioso porque nadie lo denuncia, o se hace en muy baja escala, por lo que se desconocen las estadísticas exactas. Hace cuatro años tuvimos problemas, apenas estamos saliendo porque los delitos que se registran actualmente son del fuero común, los de alto impacto son muy pocos, estamos retomando la estabilidad.

“En La Laguna, hace un par de años, tuvimos grupos armados, secuestros, matanzas de alto impacto. Sabemos que esos delincuentes ya salieron de La Laguna; era cuando la disputa entre Los Zetas y (el Cártel de) Sinaloa”.

Los empresarios tuvieron un encuentro con Ricardo Rebollo, Flor Rentería y Refugio Sandoval, diputados federales de La Laguna, para discutir sobre un posible encuentro con el secretario de Gobernación, Migue Ángel Osorio Chong, y con el comisionado Sales Heredia.

“Nos preocupa ese Cefereso porque ya tuvimos un problema con el Cereso de Gómez Palacio, pues la directora del penal dejaba salir a los reos durante la noche sólo para delinquir. Salían a ejecutar sus crímenes y regresaban a dormir”, recuerda Treviño.

–Según Sales Heredia, al concentrar a los secuestradores se evitará la contaminación de los otros reos –se le comenta al empresario.

–Nuestra percepción es que a quienes están empezando y los agarran, van a aprender de quienes tienen mucho tiempo en el negocio. El CPS Durango se volverá una escuela del crimen. En Gómez Palacio no hay policía municipal desde hace cuatro años; las funciones preventivas están en manos de los militares. Tú sabes que los soldados se mueven lento, esperan órdenes para actuar.

–Pero el comisionado insiste en que esta medida evita la contaminación ­criminógena.

–Eso dicen de todos los Ceresos. Pero la realidad es que se siguen recibiendo llamadas de extorsión de personas que, por su acento, sabemos que son del sur del país. El Cereso está en la salida de Gómez Palacio, y en el pueblo cercano de Máximo, las familias de los presos ya están rentando casas para quedarse a vivir.

“Y aunque este Cefereso fue construido por gente de La Laguna que maneja todas las normas internacionales, e incluso certificado por Estados Unidos, su punto débil es la corrupción. Ese es nuestro miedo.”

Malestar generalizado

Los empresarios no son los únicos que han protestado. El panista Osvaldo Santibáñez, regidor en el municipio de Gómez Palacio, expone que la región aún no se repone de la inseguridad.

“Los tres municipios duranguenses estamos bajo el mando único del Ejército. Eso nos habla de que las cosas aún no están bien. Son los estragos que en el 2010 dejó la mala operación del Cereso de Gómez Palacio, cuando la directora Margarita Rojas Rodríguez permitía que un grupo de presos saliera por las noches a cometer ajustes de cuenta con bandas rivales”.

Desde entonces la Policía Municipal fue desmantelada. Y como los policías municipales estaban al servicio de los malhechores, el Ejército tomó el mando. En Gómez Palacio la contratación de policías se inició hace tres meses. Se necesitan 400, dice, apenas hay 100. Mientras, los delitos del fuero común, como los asaltos y robos a casas habitación, están desbordados.

“Analice cómo han evolucionado los municipios en donde han instalado penales de alta seguridad –dice a la reportera–. El Altiplano, que tiene capacidad para 800 reos, por ejemplo, recibió 36 mil vistas en 2008, incluidos familiares, amigos, abogados y presuntos cómplices de los internos.

“Si se hace un comparativo, en el penal federal de Gómez Palacio, con capacidad para 2 mil 500 reos, estaríamos recibiendo 86 mil personas en un año ¡Es demasiado!”

Dice que es una sinrazón concentrar a todos los secuestradores, cuando uno de los principales problemas que han agobiado a la región es precisamente ese delito. “Tenemos empresarios lecheros, metalúrgicos, una diversidad de inversión. Yo haría un paralelismo: es como si el gobierno federal decidiera enviar a todos los sentenciados por narcotráfico al penal de Culiacán”, comenta.

Y aun cuando los alcaldes comentan que habrá una derrama económica, el turismo penitenciario es el menos deseado por los municipios.

La reportera pregunta a Edna Jaime, de la organización no gubernamental México Evalúa, sobre el sistema penitenciario.

“Por lo general –responde– en las cárceles de México se violan sistemáticamente los derechos humanos; en algunos incluso existe el autogobierno. En resumidas cuentas, son un desastre.

“El problema es enorme y tenemos que replantearlo. Lo que está de por medio son vidas de sentenciados, quienes incluso privados de su libertad conservan la mayoría de sus derechos y el Estado mexicano está obligado a velar y garantizar esos derechos. No lo ha hecho.

“El gobierno federal está presionado por el apoyo que recibe por medio de la Iniciativa Mérida, a través de la ACA, organización que establece estándares básicos para certificar los penales. Esto está moldeando la política penitenciaria mexicana.”

Orlando Camacho, de la organización SOS, presidida por Alejandro Martí, la secunda: “El tema no es tanto separar o no a los secuestradores. El tema es de origen. De nada servirá un área exclusiva para secuestradores si el control del penal lo siguen teniendo delincuentes, si hay un cogobierno o corrupción de la propia autoridad”.

El asunto es más profundo: “Pueden tener un área exclusiva para cada tipo de delincuentes, pueden dividir a los diferentes brazos armados o modificar sus horarios siempre y cuando hayan tomado una decisión férrea de reformar íntegramente al penal. Si no es así, nada sirve, sólo es un parche”.


Asegura que los pernales pueden ser de la más alta tecnología, pero la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, demostró que pese al monitoreo, él se evadió debido a la corrupción; y la madre de la corrupción es la impunidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433395/desatino-una-carcel-secuestadores

El gran fracaso de la certificación penitenciaria

La certificación oficial de las cárceles mexicanas es una farsa. Desde abril de 2011, cuando empezó a aplicarse, a la fecha, la Asociación de Correccionales de América ha cobrado 14 millones de dólares provenientes de la Iniciativa Mérida. Sin embargo, ese organismo ha entregado resultados catastróficos. Los 26 penales que considera más seguros en el país distan de serlo, según el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria de 2014, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

CIUDAD DE MÉXICO: Desde el sexenio pasado, la Asociación de Correccionales de América (ACA) ha recibido 14 millones de dólares destinados por el gobierno de Estados Unidos al mexicano para la certificación de 29 de los 431 penales nacionales, pero los resultados son desastrosos, pues los amotinamientos, asesinatos, sobrepoblación, vulnerabilidad y corrupción en las prisiones continúan.

La certificación penitenciaria, iniciada en abril de 2011 a petición del entonces presidente Felipe Calderón a través del Programa de Correccionales financiado con recursos de la Iniciativa Mérida, es un gran fracaso.

Según la embajada estadunidense, el propósito de ese programa es brindar apoyo al gobierno de México para mejorar las capacidades del sistema penitenciario, que redunde en un manejo más eficiente de su población, e impulsar reformas sustantivas en los reclusorios federales, estatales y municipales para prevenir que las organizaciones criminales trasnacionales operen en ellos.

“A la fecha, señala la legación, más de 14 millones de dólares se han comprometido en entrenamiento, desarrollo de capacidades y equipo”. Los reclusorios certificados por la ACA incluyen 16 federales, ocho de Chihuahua, uno de Baja California y cuatro del Estado de México; ahí tres penales se sumaron apenas en febrero pasado.

Sin embargo, en su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que la consultora dirigida por James Gondles no cumple con gran parte de los 139 estándares internacionales que ella misma maneja. Según los diagnósticos del ómbudsman nacional al sistema penitenciario de 2014, en los penales estatales y federales la sobrepoblación es de 74%.

Asimismo, en un comunicado la CNDH sostiene que en el primer cuatrimestre de 2015 se registraron 78 incidentes, entre riñas, intentos de suicidio, huelgas de hambre, fallecimientos y agresiones que implicaron a 159 reos.

En Estados Unidos, la Prison Legal News –organización civil defensora de los derechos humanos de los reclusos– denunció a la ACA porque, aun cuando se presenta como asociación sin fines de lucro, cobra 3 mil dólares a cada penal y mil 500 dólares al día por cada auditor. En 2011, por ejemplo, la asociación de Gondles recibió 4.5 millones de dólares por acreditación, casi la mitad de sus ingresos de ese año (Proceso 2051).

La reportera se comunicó vía telefónica con Gondles para solicitarle una entrevista. Y como el director de la ACA pidió un cuestionario, se le hizo llegar uno de 35 preguntas por correo electrónico. Gondles devolvió la llamada y canalizó a la reportera con Eduardo Guerrero, representante de la ACA en México y comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Guerrero tampoco aceptó la entrevista. La Comisión Nacional de Seguridad respondió por medio de su área de Comunicación Social que las entrevistas “están suspendidas”.

Cifras negras

En 2011 la ACA certificó los primeros cuatro penales federales: el del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México; el de Occidente, en Jalisco; el Noreste, en Tamaulipas, y el del Rincón, en Nayarit.

Dos años después se sumaron el Sudeste, de Huimanguillo, Tabasco; el Nornoroeste, de Durango; el Norponiente, de Sinaloa, y el Oriente, de Veracruz. Asimismo se incorporaron al Programa de Correccionales de la Iniciativa Mérida cuatro penales de Chihuahua y uno de Baja California.

En 2014 se otorgó la acreditación al Centro Federal de Readaptación Social 9 Norte; al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, CPF Papantla; al Centro Federal Femenil de Readaptación Social Rehilete, y al Centro Federal de Readaptación Social Morelos.

Para enero de 2015, en Chihuahua ya estaban certificados los ocho penales estatales. Y el 16 de febrero último, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, presumió que la ACA certificó cuatro de los 21 penales mexiquenses: el de Otumba; el Guillermo Colín Sánchez, en Ciudad Nezahualcóyotl; el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Valle de Bravo, y la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes Quinta del Bosque, en Zinacantepec.

Según Ávila, fueron certificados por la ACA “después de pasar los más estrictos controles en temas como humanidad, justicia, protección, administración y seguridad”. Sin embargo, pese a la certificación, los problemas en las cárceles persisten.

En su Diagnóstico de 2014, la CNDH documentó 993 incidentes violentos en penales estatales (ceresos), 740 en los reclusorios federales (ceferesos) y cuatro en las prisiones militares (PM). Las riñas ocuparon el primer lugar: mil 435 y ocurrieron en 700 ceresos, 734 en ceferesos y uno en una PM.

Siguieron los desórdenes, con 126, todos ellos en ceresos; los suicidios, con 68 –62 en ceresos y seis en ceferesos–; los abusos, con 51; los homicidios, con 49, y los motines, con cinco, todos ellos en ceresos.

En el caso de homicidios, los penales con mayor índice fueron el Distrito Federal (18), Guerrero (seis), Tamaulipas y Estado de México (cinco cada uno), Sonora (cuatro), Chihuahua y Sinaloa (tres cada uno). La mayoría en los dormitorios.

Con respecto a los ceferesos, el incidente con mayor número de reportes fue el de riñas: 734. Los centros con más casos fueron los certificados por ACA: el Número 3 Noreste, de Matamoros, Tamaulipas (124); el Número 4 Noroeste varonil, de Tepic, Nayarit (119); el Número 2 Occidente El Salto, Jalisco (115); el Número 12 CPS Guanajuato (94); el Número 13 CPS Oaxaca (56). Por lo general ocurrieron en el comedor, las instalaciones deportivas y en los patios.

El Diagnóstico también expone que en los penales certificados se detectó falta de capacitación en los custodios y falta de elementos que cumplieran esa función; así como fallas administrativas. Ello, pese a que en mayo de 2009 se inauguró la Academia Nacional de Administración Penitenciaria en Xalapa, Veracruz, donde fueron capacitados 7 mil 519 nuevos oficiales.

De manera adicional, 120 oficiales se especializaron en técnicas de supervisión de primera línea y se impartieron dos cursos a 132 empleados de prisiones: uno de liderazgo en Denver, Colorado; otro sobre Grupos de Amenaza contra la Seguridad/Inteligencia, impartido por personal del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland.

Otros 118 oficiales de prisiones recibieron entrenamiento en procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia, impartidos por especialistas de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, y 22 instructores recibieron su certificación para impartir cursos de respuesta ante emergencias.

Se adquirieron también dos unidades móviles para el entrenamiento extramuros sobre el manejo de prisiones estatales y federales. Los instructores federales han capacitado a mil 561 custodios en materia de derechos humanos, desarrollo humano, emergencias, uso de la fuerza y simuladores de armas de fuego.

Y las quejas se multiplican

Hasta ahora, la certificación de la ACA a los penales nacionales ha sido infructuosa.

El Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014 otorga la máxima calificación a los penales de Guanajuato, 7.59, mientras la más baja es para Quintana Roo, 3.66.

En este rubro, la CNDH señala que el promedio obtenido en la aplicación del diagnóstico penitenciario en 2014 fue de 6.2 en los ceresos, menor al de 2011 (6.41), al de 2012 (6.28) y al de 2013 (6.10). Según la ACA, los penales certificados de Chihuahua obtuvieron 6.67; los de Baja California, 7.23, y los del Estado de México, 6.01.

En Chihuahua, el Cereso Número 3 –al que acudió el Papa Francisco durante su visita a Ciudad Juárez en febrero pasado–, obtuvo 5.61 en el Diagnóstico de la CNDH, mientras el Número 7 de Ciudad Cuauhtémoc, 6.86, y el Número 2, 6.19.

Este centro obtuvo 4.53 en cubrir aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; en aspectos que garantizan una estancia digna sacó 7.26; en condiciones de gobernabilidad, 6.2; en reinserción social del interno, 6.53, y en grupos de internos con requerimientos específicos, 3.52, muy lejos de los estándares de la ACA.

Respecto a “condiciones de gobernabilidad”, la CNDH indica que falta un manual de procedimientos para traslado de internos y para motines; existencia de áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población; presencia de cobros por parte de los custodios, así como por parte de los internos.

En dos de las cuatro prisiones mexiquenses certificadas por la ACA se repite el mismo fenómeno que en las de Chihuahua: el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba obtuvo 6.27, mientras el Dr. Alfonso Quiroz Cuarón llegó a 6.22.

La tendencia se repite en la mayoría de los ceferesos, en los cuales el promedio fue de 6.83, según el documento de la CNDH. El Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ciudad Ayala, de Morelos, obtuvo 8.18.

El Número 2 de Occidente, en Jalisco, el Número 7 de Guadalupe Victoria, Durango, el Número 5 de Villa Aldama, Veracruz, y el Número 4 de Tepic, Nayarit, obtuvieron calificaciones que fluctúan entre 7.22 y 7.76. Otros, de 6.02 a 6.37, mientras que el más bajo es el Número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 5.53.

La CNDH indica también que en los primeros cuatro meses de 2015 detectó una sobrepoblación de 74% en los ocho ceferesos donde están recluidos los criminales más peligrosos de México, pese a que son consideradas las instalaciones más seguras del país.

Ahí se han registrado 78 incidentes, como riñas, intentos de suicidio, huelgas de hambre, fallecimientos y agresiones entre internos, los cuales implicaron a 159 reos.

La vida cotidiana de los reclusos, incluidos los que purgan sus sentencias en las prisiones certificadas, dista mucho de los estándares de calidad que pregonan los especialistas de la ACA. Y ello se refleja en las quejas presentadas ante la CNDH: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 sumaron mil 542.

El caso del Altiplano es singular. El 26 de febrero del año pasado, 138 internos enviaron a la CNDH una carta en la que se quejaban por malos tratos. Según el portal Nayarit en Línea, entre los firmantes estaban Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; Héctor Beltrán Leyva, El H, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Meses después, el 11 de julio, El Chapo se fugó.

El 18 de mayo de 2015 Sayra Rodríguez, hija de Nestora Salgado, la exlíder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa entonces en el Cefereso Número 4 El Rincón, en Nayarit, por presunto secuestro, denunció que los derechos humanos de su madre eran violados de manera constante. Salgado inició una huelga de hambre.


El 26 de febrero último, un centenar de custodios del Cereso Número 3 de Ciudad Juárez denunciaron que la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales los envían a otros centros penitenciarios del estado sin apoyo económico. Se quejaron de la falta de uniformes y de la mala calidad de la comida.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433658/gran-fracaso-la-certificacion-penitenciaria

Decomisan armas, drogas, televisores, celulares y Xbox en penal de Reynosa

CIUDAD DE MÉXICO: Esta madrugada (Lunes) elementos de la Fuerza Tamaulipas llevaron a cabo un operativo sorpresa en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Reynosa, en donde aseguraron desde armas, drogas, televisores y celulares hasta aparatos de Xbox.

En un comunicado, el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) destacó que este operativo se realizó con la participación de 350 elementos de Fuerza Tamaulipas como parte de las acciones implementadas para mantener el orden al interior de ese penal.

También detalla que en esta acción se busca salvaguardar la integridad de los reclusos, además de reforzar el trabajo de readaptación social que se lleva a cabo en los penales de Tamaulipas.


Luego subraya que el operativo se realizó en estricto apego a los derechos humanos de los mil 888 internos durante la inspección de las celdas, los módulos, talleres y diversas áreas administrativas.

Además, indica que en el lugar aseguraron tres mesas de juegos, una jaula con una culebra pequeña, una báscula digital, un equipo para tatuaje, cinco máscaras, dos extensiones de luz de uso rudo, tres Xbox 360 con cuatro controles y 25 videojuegos de Xbox.

Incluso encontraron un radio despertador, 39 desarmadores, 35 cuchillos, 14 martillos, una lima grande, 33 tijeras y tres formones, un pelador de papas, siete cargadores de luz, 16 baterías de celular, un minidron incompleto, 91 puntas hechizas, un arco calador, seis teléfonos celulares y un radio portátil.

Asimismo, decomisaron seis bocinas con amplificador y entradas, 35 televisores Led, un reproductor de DVD, cinco reproductores de BluRay, una jaula con cuatro pájaros, un hacha, dos pinzas, 18 encendedores, cuatro cervezas en lata, una escuadra metálica grande, unas pinzas de asar carne, un cepillo de alambre y una tabla de castigo.

También dos dosis de cocaína, un cigarrillo de mariguana, un mazo, un cincel, un taladro, 36 cortauñas, una perica, un punzón, dos fierros cuadrados, dos tarjetas SIM y un microchip.

El GCT resalta que todos los objetos y artículos asegurados fueron puestos a disposición del MP, sin embargo, ningún interno fue consignado, ya que no fueron sorprendidos en posesión de lo decomisado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 14 MARZO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433456/decomisan-armas-drogas-tv-celulares-xbox-en-penal-reynosa

La cultura del abuso en los penales, arraigada: Miguel Sarre

CIUDAD DE MÉXICO: En septiembre de 2015 la CNDH dio a conocer un informe sobre la situación de las cárceles estatales y federales en México. El Cefereso número 1, El Altiplano, obtuvo una de las más bajas calificaciones en “aspectos que garantizan la integridad y moral del interno”. Se detectó sobrepoblación, deficiencias en la atención médica, deficiencias en la prevención de violaciones a derechos humanos y deficiencias de supervisión del funcionamiento de la cárcel por parte del director.

Desde el 12 de febrero pasado Emma Coronel denunció que a su esposo, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, recapturado en enero pasado tras su fuga del mismo penal, lo “torturan lentamente” en El Altiplano al no dejarlo dormir con el constante pase de lista y que esto ha dañado su salud e incluso ha puesto en riesgo su vida. Además se queja de que les han impedido tener las visitas familiares reglamentarias.

Consultado al respecto, el doctor Miguel Sarre, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y experto en derecho penal y derecho penitenciario, explicó que la cultura del abuso está arraigada en las cárceles mexicanas de máxima seguridad. Explicó que hace años, cuando abrió sus puertas El Altiplano, él recorrió el lugar junto con Juan Pablo de Tavira, quien desarrolló este concepto de prisiones en México.

“Los internos reclamaron por qué los despertaban en la noche y la justificación que me dio De Tavira es que tenían que asegurarse de que estuvieran vivos y no hubieran dejado un maniquí, como ocurrió en la cárcel de Alcatraz. Los despertaban cada media hora, lo cual era una práctica de tortura; son culturas que se van dando generación en generación y se toman con casos más significativos como el de Guzmán Loera.”

Detalla que esta práctica de no dejar dormir horas corridas a los internos, como se ha quejado la familia de Guzmán Loera, “es como la vieja tortura de la gotita de agua: una gotita de agua en el cráneo no nos hace nada, pero si nos ponen una cada varios segundos durante largo tiempo es uno de los métodos de tortura más infame. La tortura no es despertar a una persona una vez sino hacerlo sistemáticamente y romper los ciclos vitales; es muy grave”.

Señala que el artículo 17 constitucional ordena el cumplimiento de las resoluciones judiciales plenamente, “en sus términos, sin excesos y sin privilegios. No está en las funciones de la autoridad dar escarmiento a nadie, esos son desvíos del poder”.

Emma Coronel presentó en enero pasado una queja ante la CNDH por el trato discriminatorio a su esposo (Proceso 2047). Esta reportera comprobó con fuentes de la prisión, incluyendo un interno que acaba de ser liberado, que Guzmán es el único recluso al que se le da este trato de vigilancia física presencial fuera de su celda, con un perro en la puerta y el pase de lista cada hora, durante el día, y cada cuatro horas durante la noche. El gobierno mexicano ha justificado públicamente este trato por la “alta peligrosidad” del líder del Cártel de Sinaloa y el antecedente de sus dos fugas de penales de máxima seguridad.

“La Constitución previene el trato discriminatorio en perjuicio de cualquier persona. Esto desde luego es discriminatorio, es un trato diferenciado por razones no establecidas en la ley”, señala el doctor Sarre. Explica que a la autoridad administrativa del Cefereso 1, que depende de la Secretaría de Gobernación, “lo único que la legitima es el cumplimiento de un mandato judicial”: cumplir el auto de formal prisión contra Guzmán Loera. Por tanto, sus fugas no deberían ser argumento para darle un trato diferenciado a otros internos, porque en la Constitución no existe la categoría de presos de alta peligrosidad.

“En ninguna parte las normas de un mandato judicial establecen que haya de haber un trato especial, diferenciado, para determinadas personas en razón del comportamiento que hayan tenido antes o durante el internamiento. Es decir, está fuera de la ley y manda un mensaje muy equivocado: si las altas autoridades consienten esto, están transmitiendo el mensaje para que haya otros abusos y eso es la antítesis de la cultura de la legalidad.

“Con esto están diciendo que se vale poner ingredientes propios, no establecidos en la ley, y que se pueden cumplir las resoluciones judiciales a ‘nuestra manera’. ‘Tú ponle de lo tuyo que yo le estoy poniendo de lo mío’, es un mensaje tremendo. Es la ley del más fuerte, y en este momento el más fuerte es el Estado.”

El doctor del ITAM puntualizó que cuando esta cultura del “más fuerte” se genera en el Estado se replica en la propia delincuencia, “porque quien delinque está haciendo lo mismo que le enseñó el Estado: ‘Cuando tengas el poder, aprovéchate’. Eso es lo que hace el secuestrador, lo que hace el violador; es exactamente el mismo mensaje que socava la legalidad”.

Cuando una persona comete un delito y es sometida a proceso, continúa Sarre, “con eso ya se reivindicó la justicia y no hay que ir más lejos, porque si se va más lejos se pierde la ventaja moral. El Estado requiere tener una ventaja moral sobre quien delinque, y si el Estado comete delitos en contra de las personas que delinquieron pierde la ventaja moral y se coloca al nivel del rufián.

“Sólo tocaremos fondo cuando tengamos estado de derecho, el estado de derecho se construye o se destruye en escenarios como éste, justamente, no cuando nos enfrentamos con los buenos sino cuando nos enfrentamos con quienes han sido responsables de cometer graves delitos, en el trato que se les dé a ellos se demuestran las convicciones del estado de derecho.”

Sarre señaló que las prácticas de las que se queja la familia de Guzmán Loera son generalizadas, “las prisiones de alta seguridad se vuelven espacios de muerte lenta” y esto ocurre porque están “fuera de la mirada pública”.

El sábado 5 el Juzgado Primero en Materia de Amparo y Procesos Federales admitió la demanda de amparo 298/2016 que ese mismo día interpuso la defensa de Guzmán Loera y le concedió la suspensión de plano a favor del capo; en consecuencia, prohibió al gobierno federal los actos de “incomunicación, tortura, segregación, aislamiento, falta de atención médica y tratos crueles e inhumanos”, como consta en el expediente judicial consultado.

En la resolución quedó asentado que “tal medida cautelar se traduce en la posibilidad de tener comunicación con sus familiares autorizados y sus defensores, siempre y cuando tenga relación con la adecuada defensa del quejoso y de acuerdo a los requisitos y horarios que establezcan en los reglamentos correspondientes”.


Sin embargo, el pasado miércoles 9, el Tercer Tribunal Colegiado del Estado de México determinó que son válidos los protocolos de seguridad impuestos a Guzmán Loera por la Comisión Nacional de Seguridad, porque su aplicación es de “interés general de la sociedad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433394/la-cultura-del-abuso-en-los-penales-arraigada-miguel-sarre

Mujeres en reclusión, “las más vulnerables”: CADHAC

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la ONG hace un llamado a las autoridades para que tomen acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de las mujeres internas.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC), hace hincapié en que las damas en reclusión son “las más vulnerables”, debido a la grave situación en la que se encuentran.

“Si las mujeres sólo por su género son más vulnerables a ser víctimas de la desigualdad, discriminación y violencia, estas problemáticas se agravan para las mujeres que están privadas de su libertad porque al ser aisladas de la comunidad su realidad se vuelve invisible para la sociedad pues se desconoce cómo viven y cómo sus derechos fundamentales son transgredidos de múltiples formas. Más aún cuando las internas son trasladadas a centros penitenciarios lejos de su familia y lugar de origen, ya que esto potencializa su vulnerabilidad”, señaló CADHAC en un comunicado..

Asimismo recuerda que dentro del Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, publicado en 2015, se reiteró la gran preocupación por las condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y a los niños y niñas que viven con sus madres internas.

La CADHAC hace un llamado a las autoridades para que tomen acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de las mujeres internas.


El comunicado íntegro de la ONG:

7 de marzo de 2016

Boletín de Prensa No. 1603/15

“La situación de la mujer en prisión la hace más vulnerable, por el doble abandono de que es objeto. En primera instancia, por parte de la familia como una forma de reprocharle, en su condición de mujer, haber infringido la ley, y por haber sido etiquetada como delincuente y haber estado en prisión”. – Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas)

Mujeres en reclusión: las más vulnerables

El Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo es un evento que permite hacer un llamado público a poner fin a todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

En Nuevo León, la violación de los derechos de las mujeres es una constante. Problemas como la desaparición de mujeres, el feminicidio, la violencia doméstica, la violación y el acoso sexual son de gran preocupación, como lo han señalado instancias internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, un tema que preocupa a CADHAC particularmente en este momento es la grave situación en la que se encuentran las mujeres internas en los centros de reclusión. Si las mujeres sólo por su género son más vulnerables a ser víctimas de la desigualdad, discriminación y violencia, estas problemáticas se agravan para las mujeres que están privadas de su libertad porque al ser aisladas de la comunidad su realidad se vuelve invisible para la sociedad pues se desconoce cómo viven y cómo sus derechos fundamentales son trasgredidos de múltiples formas. Más aún cuando las internas son trasladadas a centros penitenciarios lejos de su familia y lugar de origen, ya que esto potencializa su vulnerabilidad.

Dentro del Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, publicado en 2015, se reiteró la gran preocupación por las condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y a los niños y niñas que viven con sus madres internas.

Menciona que en el caso del Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, un centro de reclusión mixto, las mujeres internas han sido víctimas de la prostitución, exponiéndolas al abuso sexual, físico y psicológico. Además, las mujeres que han ejercido el autogobierno dentro del área femenil son controladas por los grupos del área varonil.

Esto deja ver cómo el sistema patriarcial y los roles de género estereotipados asignados a las mujeres permean incluso en espacios aislados, como la prisión, lo que permite que sigan siendo víctimas de la violencia y del abandono por parte de su pareja y/o familia.

Los señalamientos que la CNDH hizo respecto a la situación de las internas en Nuevo León están basados en las visitas de supervisión que hizo en el Topo Chico, mismo en el que el 11 de febrero sucedió la masacre en la que hubo 49 internos muertos y 12 heridos. A raíz de estos hechos, fueron trasladados a centros penitenciarios de alta seguridad a 268 internos, de las cuales 32 son mujeres.

Estas irregularidades se repiten en la mayoría de los centros penitenciarios en México. Por ello, CADHAC hace un llamado a las autoridades para que tomen acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de las mujeres internas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTIICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0703/mexico/mujeres-en-reclusion-las-mas-vulnerables-cadhac/

Se enfrentan reos en penal de Zacatecas; un muerto y 4 heridos

Zacatecas, Zac. Un reo murió y cuatro más resultaron lesionados –dos de ellos se encuentran hospitalizados de gravedad-, cuando internos del penal de Cieneguillas pertenecientes a los cárteles del Golfo y Los Zetas se enfrentaron la mañana de este lunes, en el área de visita conyugal.

En la riña habrían participado al menos 20 internos, lo que provocó un motín general en el lugar.

La riña ocurrió minutos antes de las 9:00 de la mañana, y originó la movilización de más de 500 agentes de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Ministerial, de la Metropol, de la Policía Federal y el grupo de reacción especial del Ejército Mexicano, quienes montaron un perímetro de resguardo afuera del penal ubicado cinco kilómetros al noroeste de la ciudad de Zacatecas.

El general Jesús Pinto Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, salió del penal alrededor de las 11:15 horas e informó a los medios de comunicación que el reo que fue ejecutado es Cristian Iván Carrillo Castañeda, de 32 años de edad, quien murió, dijo el funcionario, “por un ataque directo de sus agresores, quienes ya habían planeado todo, y los atacaron (a él y sus acompañantes), a puñaladas”.

El ataque ocurrió a pesar de que en el interior del penal de Cieneguillas, las autoridades penitenciarias tienen divididos a los integrantes del Cártel del Golfo y a los Zetas, en dos zonas distintas.

Pero el general  Pinto Ortiz reveló este lunes que para atacar a sus oponentes, uno de los “grupos contrarios”,  sometió a un custodio y le quitaron las llaves de una celda, para luego brincarse por una azotea y llegar a la zona donde se encontraba su víctima.

Los dos reos lesionados de gravedad –y quienes inicialmente se informó estaban muertos-, fueron identificados como José Manuel Rodríguez Landeros y Rodolfo Landeros Sandoval, quienes fueron trasladados en ambulancias al Hospital General de Zacatecas, para ser atendidos por heridas punzo cortantes profundas en pulmones y estómago.

Asimismo se informó que otros dos reos que resultaron con “lesiones de menor consideración”, que no pondrían en riesgo sus vidas, son Hugo Reyes Perea y Armando Jacobo Almeida, quienes fueron atendidos de sus lesiones dentro del centro penitenciario.

El enfrentamiento de esta mañana en el penal de Cieneguillas ocurrió, dijo el general Jesús Pinto Ortiz, “porque detectamos que hay síntomas de repercusiones, después de lo ocurrido en Topo Chico, donde los reos de los penales de varias partes del país andan inquietos”.

La riña de hoy ocurrió a sólo dos semanas de que el gobierno de Zacatecas solicitó al gobierno federal la transferencia de 23 reos de alta peligrosidad, del penal de mediana de seguridad de Cieneguillas, a centros penitenciarios federales de máxima seguridad.


Pinto Ortiz informó al respecto que “nosotros desde Zacatecas enviamos al sistema penitenciario federal el nombre de 23 reos, pero la lista luego lo bajaron a 18, y finalmente fueron trasladados 14 internos de alta peligrosidad, nada más, que eran los que nos estaban haciendo ruido”. Sin esos 14 reos que hacían “ruido”, ocurrió la riña y motín de este lunes.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/07/se-enfrentan-zetas-con-reos-de-cieneguillas-1-muerto-y-4-heridos-2173.html

Tras revisión hallan 142 mil pesos en efectivo en Topo Chico

MONTERREY, NL: Una revisión sorpresa efectuada los días miércoles y jueves al interior del penal de Topo Chico arrojó el hallazgo de 142 mil pesos en efectivo, así como puntas hechizas y un teléfono celular, dio a conocer el gobierno estatal.


En el cateo efectuado a las 23:30 de ayer, como parte de las incursiones programadas, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Agencia de Administración Penitenciaria, revisaron los locutorios del Centro de Prevención y Reinserción Social (Cepreso).

En una primera inspección fueron encontrados 19 mil pesos en efectivo en un envoltorio, así como cuatro puntas metálicas y un teléfono celular.


En el siguiente operativo, efectuado esta mañana, custodios reportaron el hallazgo, en el interior de la capilla del penal, de otras dos bolsas de plástico que contenían billetes de distintas denominaciones que sumaban 123 mil 608 pesos.

La dirección del penal notificó de los hallazgos al Ministerio Público para que efectuara las investigaciones correspondientes.

“Estas revisiones aleatorias se llevarán a cabo de forma permanente y son posibles debido a las medidas de control que la Secretaría de Seguridad Pública ha realizado al interior de los penales. Esta dependencia, a través de la Agencia de Administración Penitenciaria, reitera el compromiso por avanzar hacia un apropiado proceso de reinserción social en Nuevo León”, informó el gobierno estatal en un comunicado.

Luego del incidente del 10 de febrero en el interior de este centro penitenciario, donde fueron asesinados 49 reclusos, la SSPE emprendió acciones para erradicar de manera permanente los sistemas de autogobierno en este y las otras dos cárceles en el estado.


Las autoridades señalaron que en la época en que los criminales controlaban el penal Topo Chico, eran obtenidos hasta 20 millones de pesos mensuales por el cobro de venta de droga, extorsiones y privilegios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432341/tras-revision-hallan-142-mil-pesos-en-efectivo-en-topo-chico

5 fallas que tiene el sistema de cárceles en México, según la CIDH

Sobrepoblación en 200 de 388 cárceles, prolongados regímenes de aislamiento y falta de atención diferenciada son algunas de las problemáticas identificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los problemas de que padece México, difundido el pasado miércoles 2 de marzo, se enumeran fallas del sistema de cárceles del país, como el hacinamiento, la corrupción y el autogobierno de los presos.

Esas carencias llevaron a que  el 10 de febrero murieran 49 personas en la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, tras desatarse una riña entre los internos. Y antes de ese caso, en años previos se han presentado tragedias similares en las prisiones.

A continuación puedes leer sobre una decena de problemas en las cárceles que identificó la Comisión Interamericana, tras la visita de sus especialistas a México el año pasado:

1.- Hacinamiento

En México, según los datos de las autoridades carcelarias que recabó la CIDH, hay 388 centros penales o cárceles: 17 centros federales; 12 en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); 285 dependientes de gobiernos estatales, y 74 de tipo municipal.

Hay una población penitenciaria total de 254,469 personas privadas de libertad, de las cuales 205,644 pertenecen al fuero común (80.81%) y 48,825 al fuero federal (19.19%).

“Aproximadamente el 42.22% de las personas privadas de su libertad se encuentra en prisión preventiva”, detalla la Comisión.

El dato de que hay 254, 469 personas presas, permita calcular que hay un déficit de 51,353 plazas.

“Es decir, hay un nivel de hacinamiento general del 25.5%, por encima de su capacidad de alojamiento. De los 388 centros penales del país, 200 se encuentran sobrepoblados”, indica la CIDH.

“El hacinamiento tendría como consecuencia el incremento del autogobierno descontrolado por la falta de supervisión por parte de la autoridad penitenciaria, corrupción y violencia en los últimos años”, agrega la Comisión en el reporte “Situación de Derechos Humanos en México”.

2.- Corrupción y autogobierno

El personal carcelario en México es insuficiente, labora en condiciones precarias y no cuenta con los elementos necesarios para desempeñar su función, y esos factores llevan a que se corrompa o que se permita a los internos hacerse del control absoluto de las prisiones, según la CIDH.

“Esta situación, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se presentaría particularmente en los estados del Norte del país donde hay una fuerte presencia de delincuencia organizada”, indica el reporte.

“En particular, han destacado la complejidad de la situación en centros penales como Topo Chico, en el estado de Nuevo León, donde supuestamente los propios internos golpean, e incluso han llegado a privar de la vida a aquéllos que se han negado a cubrir los montos de las extorsiones”, agrega.

En cárceles como la de Topo Chico, según la CIDH, no se permitía que los familiares dieran artículos de primera necesidad a los internos, porque una empresa dentro de la cárcel los vendía a “precios exorbitantes”.

3.- Aislamiento

La CIDH señala que en las cárceles mexicanas hay prolongados regímenes de aislamiento, con sanciones disciplinarias que resultan desproporcionadas en relación con el acto que se sanciona.

A menudo, según la Comisión, los castigos responden a “criterios discrecionales por parte del personal penitenciario, además de que las personas a las que se les imponen este tipo de sanciones no cuentan con los mecanismos independientes y eficaces para cuestionarlas”.

El régimen de aislamiento, agrega el estudio, es uno de los castigos más comunes. Se lleva a los internos a “celdas pequeñas y en condiciones deplorables, por periodos excesivamente prolongados –hasta por meses– y con restricción de visitas y llamadas con sus familiares”.

En una visita de la CIDH al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, se observó “las condiciones deplorables de las celdas de castigo utilizadas”, y se constató el prolongado tiempo de aplicación de este tipo de sanciones.

“Al respecto, una de las internas refirió llevar encerrada tres meses en celdas de castigo por haber discutido con un jefe de seguridad; este periodo de tiempo fue también confirmado por las autoridades, quienes afirmaron que habría sido el resultado de algunas infracciones seguidas cometidas por la persona castigada”, indicó la Comisión.

En una celda donde se tenía a tres internas sometidas a régimen de aislamiento, se observaron “condiciones deplorables en cuanto a limpieza; en particular, el excusado estaba sucio, la celda estaba repleta de basura; se encontraba comida en mal estado, papeles, e incluso, una toalla femenina usada estaba a la vista”.

4.- Privatización de las cárceles

Sobre este punto, la CIDH indicó que, según los reportes que logró obtener, “desde 2006 se estarían celebrando diversos contratos de prestación de servicios para la administración y manejo de los centros de detención, a fin de disminuir la carga financiera del Estado”.

Es decir, se ha otorgado a empresas privadas el derecho a operar prisiones.

“De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, a fin de dar cumplimiento a los contratos con empresas privadas, cada centro debe mantener el número de personas privadas de libertad en razón de la capacidad instalada, lo que incentivaría la utilización de la prisión como el único medio para combatir el delito”, apuntó en el estudio.

Al respecto, la CIDH expresó su preocupación porque hay poca información oficial “sobre los contratos celebrados por el Estado y las empresas respectivas señaladas por organizaciones de la sociedad civil”.

De hecho, según su reporte, la Comisión solicitó la información sobre los contratos vía transparencia, pero la negó el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por ser considerada reservada.

Otro punto de preocupación, según la CIDH, es la de que se habría iniciado en 2008 un “proceso de importación de un modelo carcelario de Estados Unidos, a través de la certificación internacional por parte del American Correctional Association (“ACA” por sus siglas en inglés)”.

De acuerdo con el reporte, el comisionado del Órgano Desconcentrado Administrativo Desconcentrado —que administra las prisiones— informó que al conseguir la certificación, a través del apoyo de la Iniciativa Mérida, “se consiguen apoyos en especie, tales como equipos tecnológicos y médicos”.

“Esta Comisión manifiesta su preocupación por la información recibida respecto a que por lo menos en algunos casos, los regímenes de los centros privatizados y la búsqueda por certificación internacional, serían planteados y ejecutados a partir de estructura de máxima seguridad estadounidense; lo que habría derivado en la aplicación de regímenes incompatibles con los derechos humanos”, indicó el reporte de la CIDH.

“En este sentido, dichos regímenes han implicado en la práctica excesivas restricciones de visitas por parte de familiares y defensores de las personas privadas de libertad; limitadísimo acceso al aire libre y actividades de recreación; revisiones físicas excesivas, incluso en partes íntimas del cuerpo de los visitantes”, agregó.

5.- Falta de atención diferenciada

La CIDH indicó que las mujeres que están encarceladas “se enfrentan a serios abusos y a condiciones que no están adaptadas a su condición; lo anterior, debido a la ausencia de perspectiva de género en la normativa local y políticas públicas”.

Organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión que aproximadamente el 60 % de la población femenina se encuentra en centros de reclusión masculinos, “por lo que se encuentran en espacios que las colocan en un mayor riesgo de abusos por parte de otros internos y funcionarios”.

En cuanto a las personas con discapacidad que están en prisión, la CIDH apuntó que en su mayoría se encuentra en centros inadecuados para su condición o tratamiento, en sectores reducidos de las prisiones, con condiciones de insalubridad y hacinamiento.


El reporte completo:

Situación de Derechos Humanos en México CIDH:

  Situación de Derechos Humanos en México CIDH by http://www.animalpolitico.com

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/5-fallas-que-tiene-el-sistema-de-carceles-en-mexico-segun-la-cidh/