En su segundo informe sobre la situación carcelaria en el Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero presenta una visión descarnada de lo que priva en los 22 penales mexiquenses: cobros múltiples a los internos, corrupción en todos los niveles, negocios millonarios con la venta de alimentos o lugares para dormir… Pero el subsecretario de Control Penitenciario del Estado de México, Manuel Palma Rangel, lo niega todo. Dice que el problema es la sobrepoblación.
Los penales de la entidad son un negocio subterráneo integral que cada año genera miles de millones de pesos de los que nadie rinde cuentas. Cada uno de los 34 mil internos de las 22 cárceles mexiquenses y sus familias se convierten en clientes que pagan por la satisfacción de sus necesidades básicas… y por su supervivencia.
