Miles de niños y jóvenes desde preescolar hasta el nivel preparatoria o bachillerato y sus docentes suspendieron hoy sus clases de forma indefinida en más de 100 localidades, luego de que los agentes rurales de todo el municipio determinaran en una asamblea que “no existen las condiciones de seguridad” por la operación de un grupo armado al servicio de la alcaldesa, Rosa Pérez Pérez.
En un acuerdo tomado el pasado fin de semana, los representantes de la mayoría de los barrios, parajes, rancherías y comunidades de Chenalhó, establecieron que no se reiniciarán las clases hasta que estén dadas las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes puedan retornar a las aulas.
ras la irrupción armada de un grupo de seguidores y simpatizantes de Pérez Pérez, quienes tomaron la presidencia municipal el pasado 22 de febrero, los líderes de las diferentes comunidades se reunieron para acordar las acciones a seguir.
En un documento dirigido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado, entre otras instancias, explicaron que el objetivo de la suspensión de clases es “evitar la pérdida de vidas humanas, ya que no existen condiciones de seguridad para los alumnos y para los docentes”.
Recordaron que el pasado 28 de febrero, los profesores de la Zona Escolar 016, firmaron un acta en la que acordaron no laborar en las escuelas “hasta que existan condiciones de seguridad, paz y tranquilidad de Chenalhó”.
Los firmantes, partidarios del síndico Miguel Sántiz Álvarez, quien fungió varios meses como presidente sustituto de Chenalhó, exigieron que “cesen las amenazas, intimidaciones y disparos de arma de fuego en las comunidades y que se tomen medidas cautelares en las localidades en las que viven hombres, mujeres y niños que repudiamos y desconocemos a Rosa Pérez”, del Partido Verde Ecologista de México.
Presionada por sus opositores y por funcionarios estatales, Rosa Pérez solicitó licencia al cargo el 26 de mayo pasado y en su lugar, el Congreso local designó a Sántiz Alvarez, alcalde sustituto.
Sin embargo, el 17 de agosto, el TEPJF ordenó la restitución de Pérez Pérez, quien instaló una oficina en San Cristóbal para despachar como la alcaldesa constitucional, mientras que Miguel permaneció en el palacio municipal, pero el pasado 22 de febrero, cientos de sus partidarios tomaron el palacio, aunque ella continúa atendiendo a sus seguidores en esta ciudad, pues desde su reinstalación recibe el presupuesto oficial.
La toma del edificio y un enfrentamiento posterior entre partidarios de ambos dejó un muerto, Jonhny Orlando Vásquez Ruiz, y 16 heridos, según los agentes municipales.
“Posterior a la toma del palacio municipal por simpatizantes de Rosa Pérez se han suscitado hechos violentos en la cabecera municipal y en las comunidades de Tzanembolom, La Libertad y Beumpla, donde ha habido disparos de armas de fuego para intimidar a la población y que Rosa Pérez imponga su autoridad”, manifestaron los agentes en el documento.
Los inconformes exigieron “castigo inmediato a los autores materiales e intelectuales de la toma violenta del palacio municipal y del asesinato de Vásquez Ruiz, pues este crimen no puede quedar impune; reparación de los daños por su muerte, por los saqueos a comercios y casas y la quema de una tienda ocurrido el pasado viernes”.
Fuente: Proceso
Autor: Isaín Mandujano
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