La Fiscalía admite que las indagaciones sobre la tortura a una mujer en 2014 están sin avances; anuncia reapertura del proceso y revisión de los funcionarios que presuntamente participaron en el crimen.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, presentó la Recomendación 05/2023 dirigida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por la detención “arbitraria e ilegal” y “tortura” de Francisco Alvarado Hernández y un adolescente, el 19 de abril de 2022 en la alcaldía Álvaro Obregón. 

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que autoridades mexicanas torturaron y detuvieron arbitrariamente a Mario Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez, quienes llevan más de 20 años en prisión sin sentencia.

Los tres imputados fueron detenidos sin orden de aprehensión el 13 de agosto de 2002 por agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala vestidos de civil, a bordo de vehículos no balizados, y fuera del área territorial de su competencia.

María Luisa Villanueva, quien pasó 25 años en prisión por un delito que no cometió, protestó en la Fiscalía de Morelos para exigir que sea judicializada su carpeta y que los responsables de inculparla y torturarla sean castigados. María Luisa, en compañía de sus abogados y una comisión de ciudadanos solidaridad, acudió para solicitar un informe sobre el estado de su carpeta.

Pidió hablar directamente con Carlos Montes Téllez , fiscal metropolitano, pero le informaron que no se encontraba.

El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue imputado esta tarde por supuestamente torturar a Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", identificado como presunto integrante de los Guerreros Unidos e implicado en la desaparición los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La defensa del exfuncionario solicitó al juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica en este caso será definida hasta el próximo viernes.

El exprocurador Jesús Murillo Karam presenció y autorizó actos de tortura en contra de maestros de la sección 22 de Oaxaca dentro de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), afirmó David Vargas Araujo, expreso político.

Óscar Kabata y su madre, Laura, mantienen desde hace 10 meses un plantón frente a las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la avenida Industria Militar de la Ciudad de México, para exigir justicia porque hace 12 años el joven fue privado de la libertad y torturado por militares en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Pero a la indiferencia de los militares, que no han cumplido la recomendación que acredita las violaciones a derechos humanos, se suma que recientemente personal de la CNDH insultó y golpeó a Óscar, lo que derivó en el despido de un coordinador general del organismo.

La Fiscalía General de la República (FGR) dejó en el olvido denuncias por tortura que involucran a autoridades en por lo menos los últimos 10 años, así lo confirman 19 sentencias emitidas por juzgados y tribunales colegiados federales.

Estos fallos involucran a la Fiscalía General, las fiscalías especiales y los ministerios públicos porque no investigaron con la debida diligencia, ni en los plazos correspondientes, lo cual, fue en detrimento de las personas sobrevivientes a estos tratos, revela la misma información.

“Tenemos cinco horas hasta Veracruz para que hables. Así que, o hablas, o ya te cargó la chingada”.

El Congreso local aprobó hoy la creación de la Fiscalía especializada en la investigación de delitos de tortura  y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que de acuerdo con el dictamen estará dotada de autonomía técnica y operativa.

Con el voto de los 23 legisladores locales presentes, se adicionó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Colima para establecer la nueva fiscalía, a propuesta de la diputada morenista Ana Karen Hernández Aceves.

Aunque la ONU ha documentado que en México la tortura es sistemática, la Fiscalía General de la República desacata la ley que combate ese crimen de lesa humanidad: por más de 4 años ha omitido crear el Registro Nacional del Delito de Tortura, señala el abogado Netzaí Sandoval.

El titular del Instituto Federal de Defensoría Pública revela a Contralínea que una fiscal de la FGR le advirtió que en vez de crear el Renadet buscarán cambiar la legislación. El maestro en derecho explica que ese registro permitiría ubicar focos rojos donde las autoridades recurren a actos crueles. A la fecha, los defensores públicos han denunciado 3 mil casos de este ilícito, en su mayoría de gobiernos pasados

La muerte de José Eduardo Ravelo, presuntamente torturado, violado y asesinado a manos de policías en Mérida, Yucatán, supuso un antes y un después para un estado que siempre presumió de su tranquilidad. Las autoridades del estado hacen gala de una baja cifra de violencia en comparación con otros territorios y defienden a sus fuerzas de seguridad por sus tasas de aceptación, que superan el 70%.

Sin embargo, cifras obtenidas por Animal Político a través de una solicitud de transparencia revelan que aquel homicidio, perpetrado hace dos meses, solo es la punta del iceberg: en los últimos cuatro años, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 1 mil 025 denuncias por tortura, una cada dos días.

Familiares de Mónica Cuevas, torturada y presa hace más de una década en México, pidieron este sábado a las autoridades que sea liberada cuanto antes en medio de la promesa del Gobierno de liberar a personas injustamente encarceladas.

En los primeros 18 meses del sexenio, la fiscalía general de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las ya existentes en años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259 de los cuales sólo tres fueron enviados a un juez, y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria”.

Los datos forman parte del informe coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) dado a conocer este jueves y que echan por tierra el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que en su gobierno ya no se tortura.

Los internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 14 en Gómez Palacio, Durango, fueron vejados y torturados durante un operativo de seguridad en presencia de la Guardia Nacional e incluso de personal de la Comisión de Derechos Humanos Estatal de Durango, denunciaron familiares de los internos.

Alejandra, hermana de un interno, y Lucia Alvarado, del Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad, que forma parte de la organización civil Documenta, dieron a conocer a SinEmbargo que el pasado 1 de julio los internos fueron sometidos a malos tratos y posteriormente fueron incomunicados por varios días.

La Fiscalía General de la República (FGR) se negó revelar los nombres de las corporaciones de seguridad a la que pertenecen los policías y funcionarios que figuran como probables responsables en 522 denuncias por posible tortura presentadas a nivel federal en los primeros 18 meses del actual sexenio.

Lo anterior pese a que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) le había ordenado a la FGR hacer una búsqueda exhaustiva de dicha información tras considerar que son datos que debería tener en su poder.

Al interior del gobierno de México existe una preocupante falta de coordinación entre diversos organismos y funcionarios con respecto a la gravedad de la tortura y las formas de erradicarla, lo cual ha incidido en que dicha práctica siga siendo común en el país y sus responsables continúen en la impunidad.

Así lo indicaron organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, las cuales advirtieron que en el país sigue habiendo pocos recursos y voluntad política para acabar con los tratos inhumanos, crueles y degradantes, a pesar de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para avanzar en esa materia.

Un reo del penal de El Amate, denunció que él y su esposa fueron víctimas de tortura por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que lo detuvieron en octubre del 2019 para auto incriminarse de un delito que según el interno no cometió.

Carlos Antonio López Robles, quien se encuentra en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 14 conocido como “El Amate”, ubicado en Cintalapa de Figueroa, narró que fue detenido y privado de su libertad de manera injusta por agentes de la Fiscalía de Alto Impacto, quienes con violencia entraron a su domicilio ubicado en la Colonia las granjas en Tuxtla Gutiérrez.

En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció por primera vez a México por tortura sexual cometida por militares en contra de dos mujeres indígenas de la montaña de Guerrero, Inés Fernández y Valentina Rosendo. Estas sentencias fueron emblemáticas porque se reconoció la existencia en México de una “violencia institucional castrense” en un contexto de desigualdad, pobreza y discriminación, y bajo un sistema de justicia militar que permitía la impunidad. También, porque nombró por primera vez a esta violencia cometida por militares como tortura sexual, lo que elevó el delito a una grave violación a los Derechos Humanos (DH). 

Para evitar nuevos casos de tortura sexual, la CoIDH ordenó al Estado mexicano reformar sus leyes para que, en violaciones a DH y delitos contra civiles cometidos por militares, éstos fueran juzgados bajo el fuero ordinario y no militar como ocurrió durante todos estos años.