Claudia Selene Ávila, legisladora de Morena, se sumó a la iniciativa y destacó la creación de Transparencia del Pueblo. “Se crea un instituto, además, garante de esta protección, con sanciones para que nuestros datos estén cuidados”, expresó la legisladora.

Morena y sus aliados concretaron la desaparición del INAI bajo el argumento de que era costoso e ineficiente. El bloque oficialista señaló que la Secretaría Anticorrupción absorberá el 80% de las funciones del Instituto, pero con el 35% del costo de su estructura.

“El derecho ciudadano no se toca, no se elimina y no se debilita, sino todo lo contrario, con esta reforma se consolidan reglas claras, mecanismos ágiles y, sobre todo, austeridad, como debe de ser con los tiempos actuales”, expresó Javier Herrera Borunda, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los diputados dieron una primera aprobación a las leyes secundarias luego de un debate de casi dos horas. En estos momentos los legisladores siguen debatiendo propuestas de modificación, especialmente presentadas por los partidos de oposición, aunque no se prevé que alguna sea admitida.

Oposición critica leyes secundarias de transparencia

Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticaron que no se haya realizado un parlamento abierto antes de aprobar las leyes secundarias, al mismo tiempo que acusaron al gobierno de convertirse en juez y parte en temas de transparencia.

MC presentó una moción suspensiva para evitar que las leyes secundarias se pusieran a votación, pero su propuesta fue desechada por la mayoría morenista y sus aliados. El PAN emitió un voto particular para expresar su rechazo a las minutas que ya fueron aprobadas por el Senado de la República hace casi tres semanas.

“El órgano de transparencia, al ser parte del Poder Ejecutivo, es evidente que no representa ningún tipo de garantía respecto a la independencia de sus acciones y decisiones. Si hubiese una inconformidad de un ciudadano que hizo una solicitud de información de alguna compra o de algún contrato multimillonario de su gobierno, en lugar de que un externo autónomo asegure que esa información se la entregue, sería su mismo gobierno quien tomaría esta decisión”, criticó Iraís Reyes de la Torre, diputada de MC.

La  bancada del PAN criticó que la desaparición del INAI, y la creación de Transparencia del Pueblo, podría provocar que actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos queden impunes, pues no habrá una institución independiente que garantice el acceso a este tipo de información que debería ser pública.

“Con estas leyes se coloca el último clavo del ataúd del pilar para combatir la corrupción y garantizar que los ciudadanos puedan conocer cómo se usan sus impuestos, qué contratos firma el gobierno y qué decisiones se toman en su momento”, señaló Éctor Jaime Ramírez, diputado panista.

La bancada del PRI se unió a esta postura a través de su legislador Arturo Yáñez, quien señaló que “hoy estamos frente a esta reforma que desmantela la rendición de cuentas y pone en riesgo la verdad. Se nos dice que es una medida de simplificación administrativa, pero la realidad es otra, centraliza el control de información al Ejecutivo federal”.

La reserva, presentada por la senadora morenista Nora Ruvalcaba, fue aprobada a mano alzada por la coalición mayoritaria. Minutos antes, los senadores de Morena, PT y PVEM habían aprobado la iniciativa con 71 votos a favor y 21 en contra.

Dependencias exentas de transparencia

La propuesta presidencial de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que en cada dependencia de gobierno deberá integrarse un Comité de Transparencia con acceso a la información para determinar su clasificación. Sin embargo, también propone que distintas dependencias de seguridad no estarán obligadas a seguir las determinaciones de esos Comités y pueden gestionar el resguardo, acceso y clasificación de la información conforme a sus propios protocolos.

En esos casos, las funciones de los Comités de Transparencia serán responsabilidad de la persona titular de la dependencia o unidad administrativa. 

Esos organismos exentos son el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Federal de Protección a Personas, las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal Ministerial y Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Federal de Investigación Criminal, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada o las unidades administrativas que lo sustituyan. 

Aprobación acelerada

En menos de tres horas, el Senado aprobó la reforma que crea Transparencia para el Pueblo, el nuevo órgano gubernamental que sustituye al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La presidenta Sheinbaum nombrará al funcionario que presidirá el nuevo organismo.

La coalición mayoritaria aceleró su aprobación y omitió la segunda lectura del dictamen, para que fuera aprobada desde este martes y enviada a la Cámara de Diputados.

La iniciativa es una propuesta de la presidenta Claudia Sheinnbaum, con la que crecen las causales para que dependencias gubernamentales puedan ocultar información, con los argumentos de que ello compromete el desarrollo de proyectos prioritarios o la paz social.

Con la propuesta, los órganos internos de control de las propias instituciones públicas deberán atender las denuncias y los recursos de revisión cuando las personas consideren que se vulnera su derecho a la información.

Los argumentos principales de la coalición morenista para la aprobación de la iniciativa recayeron en gastos excesivos por parte del INAI. En la presentación del dictamen, la morenista Margarita Valdez argumentó que los comisionados del INAI cambiaban su actividad por boletos de futbol soccer.

La senadora enfatizó que uno de los objetivos de la reforma busca suprimir gastos onerosos, duplicidades y burocracias privilegiadas.

La iniciativa también busca armonizar las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales con la reforma constitucional que desapareció al INAI y otros órganos autónomos, así como tutelar el acceso a la información pública y protección de datos personales.

Así, el Senado aprobó expedir la Ley general de transparencia y acceso a la información pública, la Ley general de protección de datos personales en posesión de particulares, la Ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, además de una reforma al artículo 37 de la ley orgánica de la administración pública federal.

Legislar sobre transparencia sin transparencia

El senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, aprovechó para denunciar que la iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Primera para su dictamen, en lugar de la de Anticorrupción y Transparencia que él preside y que, conforme al reglamento, debería recibirla.

“¿A quién le beneficia no escuchar a una Comisión que preside la oposición?”, cuestionó.

El priista Rolando Zapata Bello también preguntó a la coalición mayoritaria si la necesidad de rendición de cuentas desaparece cuando se llega al poder y calificó como una argucia el criterio de austeridad con el que se sostiene la reforma.

“No estamos ante un recorte presupuestal genuino que busque eficiencia, estamos ante una estrategia deliberada para centralizar el poder en el Ejecutivo, eliminando los organismos que garantizaban la fiscalización independiente”. 

El exgobernador de Yucatán subrayó que la institución fiscalizada y el fiscalizador serán lo mismo, lo que minará los procedimiento, ya que el acceso a la verdad dependerá exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno.

Hubo seis reservas realizadas, pero sólo se aprobó la realizada por la morenista Nora Ruvalcaba. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados.

En una decisión unánime, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la AEFCM, exigiéndole realizar una nueva búsqueda de la información y entregarla al solicitante. 

Esto incluye la estadística de primarias con el mayor número de quejas, denuncias o reclamos relacionados con abusos o intentos de abusos sexuales, así como el nombre de las primarias donde han ocurrido los casos.

“En el caso de protección de datos […] van a corresponder al Ejecutivo […] la Constitución, la última reforma también de la esa facultad a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, agregó Buenrostro Sánchez, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Lo más importante es que se mantiene el derecho al acceso a la información pública. ¿Qué es lo que cambia?, lo que cambia prácticamente son las autoridades encargadas de garantizar ese derecho”, detalló la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Según lo explicó Buenrostro Sánchez, Transparencia para el Pueblo será un órgano autónomo descentralizado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero que en lugar de tener siete comisionados, como el INAI, sólo tendría un titular, además de que sólo funcionará para el acceso a la información del Poder Ejecutivo Federal.

En cambio, agregó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los otros dos poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial, también tendrían, cada uno, un organismo garante de transparencia. Asimismo, habría otros organismos garantes, para otros sectores como los sindicatos, los partidos políticos, entre otras instituciones. En total serán 18 organismos de este tipo para la Administración Pública Federal.

“Por lo tanto no se restringe, ni se limita nada de lo que ya ha sido público en información. Se mantienen todas las obligaciones que existen hasta ahorita y además se amplía la obligación de mantener informada a la ciudadanía”, consideró Buenrostro Sánchez.

Según lo indicó la funcionaria federal, para el caso de derecho a la protección de datos personales, también habría 18 organismos por cada sector del Gobierno de México, mientras que la defensa de los datos personales en posesión de particulares, la realizaría la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Asimismo, la funcionaria federal expresó que a nivel estatal y municipal, se pasaría de 32 organismos homólogos al INAI, a contar con entidades responsables en cada nivel de gobierno.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Acceso a la Información ahora estará compuesto por 40 instituciones y será presidido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Algunos de sus integrantes serían el Poder Ejecutivo local, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Archivo General de la Nación (AGN) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Además, tal como lo indicó Buenrostro Sánchez, habría 32 subsistemas integrados por los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales estatales, así como los órganos constitucionales autónomos de cada entidad y los municipios.

Según datos presentados por Buenrostro Sánchez, la Secretaría a su cargo absorbería 80 por ciento del trabajo del INAI, con 35 por ciento del costo de su estructura. Además, afirmó que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) seguiría en funcionamiento, con al menos la información que mantenía hasta la actualidad. En esta página web, se concentran más de 15 mil millones de archivos públicos.

“La Plataforma Nacional de Transparencia es donde contiene toda esta información, todos los datos que ya se ha estado construyendo durante varios años de acceso público. Esta plataforma no estaba regulada en ley”, expuso la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Para garantizar su prevalencia y que se mantenga y se preserve y se queden todos los datos históricos y para garantizar que se va a mantener al menos la misma información si no es que más, la plataforma va a estar regulada en la ley”, afirmó la funcionaria federal.

“Nosotros ya estamos en pláticas con los comisionados del INAI, y lo que acordamos es que en el caso de la plataforma, que cuando no las entreguen le vamos a poner un validador criptográfico”, una especie de huella digital para hacer auditorías forenses, comentó Buenrostro Sánchez.

“Es decir, si en algún momento alguien pudiera pensar que se violó la información, se puede hacer una auditoría forense tecnológica para ver si estaba o no estaba desde origen”, apuntó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal mostró una lámina que decía: “Buen Gobierno absorbe 80 por ciento del trabajo del INAI, con 35 por ciento del costo de su estructura”. Sobre ese tema, la mandataria nacional destacó que se ampliaría la transparencia y se protegerán los datos personales, con “mucho menos presupuesto”.

“Como ven se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35 por ciento del presupuesto que tenía el INAI”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces se están enviando el día de hoy estas leyes para su consideración en el Senado de la República y después en la Cámara Diputados, eso es parte de la reforma constitucional de la desaparición del INAI, como tal en la Constitución, manteniendo y fortaleciendo la transparencia y la seguridad de los datos personales”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

Con los cambios se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se reforman las siguientes leyes: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

La ponencia determinó que el IMSS-Bienestar empleó un criterio de interpretación erróneo y restrictivo, pues sólo tomó en consideración que su sistema de atención médica no contempla la atención a derechohabientes.

“Los argumentos utilizados para declarar su incompetencia los basa en el uso especializado de términos que el solicitante no está obligado a conocer”, indicó la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.

La petición ciudadana se da en un contexto de denuncias por falta de insumos y quejas por tener que esperar varios meses por una cita médica.

A inicios de este año, al menos seis hospitales que pasaron a manos del IMSS Bienestar, denunciaron escasez de víveres para brindar servicios de alimentación tanto al personal como a pacientes, así como deficiencias en el suministro de medicamentos.

Algunos problemas se han presentado en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán; en los hospitales generales de Tehuacán, de Huejotzingo, de Teziutlán y del Sur, así como en el Hospital de la Mujer en la ciudad de Puebla. En Oaxaca, el Hospital General Aurelio Valdivieso suspendió cirugías por falta de insumos.

Entrega de medicamentos bajó en el gobierno de AMLO

Recientemente, Animal Político publicó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registró la mayor caída en el surtimiento de recetas en siete años en los hospitales del IMSS-Bienestar, antes Seguro Popular, donde atienden a la población sin seguridad social.

De acuerdo con informes de la institución, el surtimiento de recetas completas fue de 76 % a nivel nacional en 2020, el menor número registrado desde 2014, cuando comenzó la aplicación de encuestas a los usuarios de las Unidades Médicas Rurales y de las que se desprenden estos resultados.

En contraste, en 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue el año con mayor porcentaje de surtimiento de recetas, pues entregaron todos los medicamentos recetados en 9 de cada 10 recetas.

Aunque el lema del gobierno morenista ha sido “primero los pobres”, la atención médica que recibe esta población ha ido en decremento, como lo denuncia personal médico de diversos hospitales y usuarios.

Además, como lo reveló la investigación No fuimos Dinamarca, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó sin consultas médicas a la mitad de los enfermos más pobres del país; dejó de hacer 20 millones de estudios de laboratorio; y al comparar con el sexenio pasado, medio millón de personas más no pudieron lograr que les hicieran una cirugía que necesitaban.

El número de consultas en los servicios que ofreció la Secretaría de Salud pasó de 95 millones en 2018 a 51 millones en 2022. Una caída de 44 millones, es decir, 46 % menos consultas para quienes no tienen seguridad social, como demuestran cifras oficiales, esto bajo el pretexto de austeridad que afectó a servicios tan básicos como el agua.

Una vez que el Instituto recibió la queja del ciudadano por la información denegada, la ponencia del comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, analizó el caso y encontró que, de acuerdo con las disposiciones normativas, países u organizaciones extranjeras sí pueden ser donatarias, “siempre y cuando sea conveniente para los intereses de Pemex o bien se trate de una ayuda humanitaria en el marco de tratados o de acuerdos suscritos por el gobierno federal”.

La ponencia advirtió que Pemex sólo turnó la solicitud a dos de sus unidades administrativas y omitió buscar en otras áreas competentes, por lo que emitió una respuesta restrictiva en perjuicio del derecho de acceso a la información.

“El criterio de búsqueda empleado por las unidades administrativas que sí fueron consultadas no puede validarse, ya que lo informado no guarda correspondencia con la normativa con la que se pretende justificar la inexistencia de la información”, concluyó Alcalá Méndez al presentar el caso.

El Pleno del INAI revocó por unanimidad la respuesta de Pemex para que realice una nueva búsqueda exhaustiva y con criterio amplio en todas las unidades competentes y entregue a la persona solicitante la información que pidió.

Afirmó que publicar y actualizar los contratos es una obligación prevista en la Ley Federal de Transparencia.

El Pleno del INAI revocó por unanimidad la respuesta del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. y le ordenó entregar a la persona solicitante copia de los contratos con Petrus Aero Holdings y con cualquier otra empresa para el arrendamiento de aviones.